B.IA.LEGAL

SCP 0360/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 28 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
54313-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento defensa material, legalidad, igualdad y acceso a la justicia, debido a que dentro del proceso de divorcio seguido en su contra, presentó un incidente de nulidad de citación que le causó indefensión, que al ser rechazado por el Juez a quo recurrió en apelación; sin embargo, los Vocales hoy demandados emitieron el Auto de Vista I-194/2022 de 19 de abril, donde confirmaron el Auto impugnado y su complementario, extremo que muestra que no consideraron sus argumentos presentados, lesionando de esta forma sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 046/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 356 a 362 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Denegatoria de la acción de amparo constitucional por actos consentidos expresamente
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0360/2025-S4 Sucre, 28 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 54313-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 046/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 356 a 362 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Celia Candelaria Guardia Baldiviezo, contra Isaías Jorge Vargas Chambi y Fanny Coaquira Rodríguez, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 07 de noviembre de 2022 y el de subsanación de 28 de noviembre de mismo año, cursante de fs. 286 a 303 vta. y 312 a 320 vta., respectivamente, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Indicó que tomó conocimiento que en el Juzgado de Partido de Familia Séptimo del departamento de La Paz, se había llevado un proceso de divorcio en su contra interpuesto por su esposo David Alanes Cuba el 10 de noviembre de 2011, el cual se encuentra concluido y ejecutoriado en fecha 09 de diciembre de 2013, en el cual se habría violentado de manera flagrante su derecho al debido proceso en su variante derecho a la defensa, con el agravante de existir fraude procesal comprobado, debido a que su esposo en su demanda señaló que desconocía su domicilio y que de acuerdo a lo dispuesto por el art 124.III del Código de Procedimiento Civil (CPC) se notifique por edictos, el Juez de la causa con carácter previo señaló que se oficie al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para que informe al juzgado sobre el último domicilio registrado de Celia Candelaria Guardia Valdiviezo, el documento que hizo llegar el SEGIP resultó ser falso y fraguado porque consigna una dirección que no era cierta, pues indicaba “Calle PICHINCHA N° 666 Zona Central…” (sic), mereciendo como providencia que se adjunte a los antecedentes; otra muestra de la patraña fue que el Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido de Familia Octavo del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Partido de Familia Séptimo del mismo departamento, informó que se constituyó en el domicilio señalado con el objeto de verificar y que nadie lo atendió en la puerta y averiguando con los vecinos desconocían el paradero de la persona a ser citada y consecuentemente no era el domicilio de la demandada. A solicitud del demandante por Auto de 12 de abril de 2012, el Juez del proceso admitió la demanda de divorcio y dispuso la citación a la demandada a través de edictos previo juramento de desconocimiento de domicilio por el demandado, adjuntando los edictos en el periódico Jornada prosiguiendo la demanda en su ausencia con evidentes vicios de nulidad, misma que a solicitud del demandante y autorizada por providencia de 4 de octubre de 2013 se notificó por edictos la Sentencia 353/2013 que declaró probada la demanda; estas actuaciones lesionaron su derecho a la defensa pues como se puede evidenciar en los antecedentes del proceso de manera posterior presentó certificación del SEGIP-DDLP/AL/CERTIFICACION 2365/2021 donde informan que su ultimo domicilio registrado seria en la AV. Costanera 1271 Zona Villa Copacabana, dejando claro que el certificado presentado por David Alanes Cuba para la demanda de divorcio no fue emitido por la citada entidad porque no aparece en el registro, por lo que deduce su falsificación incluido el hecho de que el actuar del Oficial de Diligencias no condice con sus atribuciones ya que no pueden realizar actos que no provengan de ordenes emanadas por la autoridad jurisdiccional, como sucedió en este caso debido a que sin alguna providencia previa fue a verificar el domicilio falso asegurando que ni los vecinos conocían a la demandada, denotando actos y conducta claramente ilegales y que fueron convalidadas por el Juez de la causa. Todos los aspectos señalados fueron denunciados en el incidente de nulidad de citación presentado por la hoy accionante el 26 de enero de 2022, de forma clara identificó los vicios procesales que le causaron indefensión total, ya que no se cumplieron con los presupuestos establecidos del debido proceso en sus vertientes de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, transparencia, incluido al hecho de que se produjo actos ilegales que involucran acciones penales como el exhibir certificaciones falsas; sin embargo, el Juez Público de Familia Séptimo del departamento de La Paz, mediante Auto de 26 de enero de 2022 rechazó el incidente por su manifiesta improcedencia, razón por la cual solicitó complementación y enmienda que fue declarada no ha lugar, por lo que en tiempo oportuno presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por Resolución I-194/2022 de 19 de abril, donde los Vocales hoy demandados confirmaron el Auto impugnado y su complementario, decisión que lesionan sus derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante señala como lesionado sus derechos al debido proceso en su elemento defensa material, legalidad, igualdad, acceso a la justicia, citando al efecto los arts. 117.I 128, 129, 155.II y 215.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se revoque la Resolución I-194/2022 de 19 de abril dictado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) Se disponga la nulidad de la citación con la demanda y la Sentencia que se produjo mediante edictos contra su persona.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 09 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 352 a 355 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos contenidos en el memorial de amparo constitucional y ampliándola manifestó lo siguiente: 1) Se inició el proceso de divorcio el 10 de noviembre de 2011, en el cual se violaron las garantías constitucionales de Celia Candelaria Guardia Baldiviezo, en especial el debido proceso en sus vertientes legalidad y a la defensa establecidos en el art 215 del CPP, con el agravante de que existe fraude procesal; 2) En la demanda que presenta David Alanes Cuba, señala que desconocería el domicilio de la demandada, razón por la cual el Juez del proceso oficia al SEGIP para que informe del ultimo domicilio, informe que hacen llegar con la dirección de calle Pichincha 666, este informe supuestamente emanado por los responsables del SEGIP, resulta ser falso y no se ajusta a los registros reales que se encuentran en la ficha kardex; 3) De manera posterior tuvo que sacar otra certificación donde sí se consignaba su dirección de manera correcta que era Avenida Costanera 1792, zona Villa Copacabana, lo que demuestra que el certificado presentado por el demandado resulta ser fraguado y no corresponde a la realidad; 4) Conforme se evidencia de los documentos que se presentaron, el SEGIP indica que no emitió el informe que fue utilizado en la demanda de divorcio, lo que muestra su completa falsedad ya que consigna un domicilio que no corresponde al verdadero y real que tiene Celia Candelaria Guardia Baldiviezo; 5) Por otra parte, sorprende que se haya tomado en cuenta el irregular acto del Oficial de Diligencias, quien actuó de forma ultra petita, pues el Juez de la causa no dispuso que vaya a verificar el domicilio de la demandada, pero aún no demuestra fotografías o nombres de las personas con las que hubiera hablado y genera un informe que es tomado en cuenta por el Juez del proceso; 6) El certificado presentado por el demandante la dejó en un estado de indefensión dentro del proceso que se llevó en su contra, pues después de prestar su juramento de desconocimiento de domicilio la notificaron por edictos en un periódico que ni siquiera es de circulación nacional y que para esa época solamente era nocturno; y, 7) Con todos esos antecedentes se presentó un incidente de nulidad de notificación, pues se demostró un accionar doloso de abogados, procuradores y otros que intervinieron en el fraude procesal, pero fue rechazado in limine por la autoridad judicial, debido a lo cual se recurrió al recurso de apelación donde los Vocales hoy demandados sin fundamento legal, violentaron el debido proceso, la legalidad y su derecho a la defensa, al confirmar el Auto emitido por el Juez a quo.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Fanny Coaquira Rodríguez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 336 a 338, manifestaron lo siguiente: i) De la simple lectura del amparo constitucional se puede advertir que el argumento central versa sobre que la accionante requirió la nulidad de obrados del proceso de divorcio que le siguió su ex conyugue, alegando que le habrían lesionado su derecho a la defensa, dado que no fue citada en su domicilio real, sino que al parecer existió informes de instituciones públicas que fueron aparentemente falsificadas; ii) Con ese antecedente sobre las autoridades demandadas se alega que supuestamente no habrían fundamentado y motivado debidamente, dado que utilizaron hechos incompletos dando lugar a pruebas efectuadas con fraude procesal y documentos falsos, como información incompleta; iii) Al respecto señala que la tarea del Tribunal de garantías está circunscrita únicamente a que la respuesta otorgada por ese Tribunal de segunda instancia fue o no debidamente fundamentada, pues es lo que se alega en la demanda de la acción tutelar, ya que el ingresar a analizar otros elementos devendría que de oficio se añadan hechos, lo cual claramente está prohibido para cualquier jurisdicción; iv) Señalan que, a pesar que en la Resolución está totalmente claro y preciso en sus argumentos, para confirmar el rechazo al incidente de nulidad propuesto por la hoy accionante, para que el presente informe no quede a medias, se puede leer en el apartado de actos procesales que expresamente relacionaron de los antecedentes de la causa que la demandada realizó varios actos procesales sin que haya reclamado la nulidad procesal que hoy refiere; v) El 13 de marzo de 2014 se apersonó y solicitó fotocopias simples, de la misma forma por memorial de 18 de marzo de ese año, solicitó liquidación de pensiones generando el pago por concepto de asistencia familiar a su favor por la suma de Bs7 759.- (siete mil setecientos cincuenta y nueve bolivianos), también por memorial de 8 de abril del citado año, pidió aprobación de la liquidación aprobándose la misma, por memorial de 23 de abril de ese año, solicitó copia legalizada del acta, el 7 de mayo de 2014 procedió a la entrega y restitución del certificado de depósito judicial, que fue recibido de manera personal por Celia Candelaria Guardia Valdiviezo, entre otros actos que cursan en antecedentes; vi) En base a las actuaciones mencionadas anteriormente, curiosamente no fueron mencionada en la presente acción de amparo, las autoridades hoy demandadas afirmaron, en el análisis del caso que se evidencia en lo sustancial que el incidente ha sido compulsado y considerado, asimismo en lo que respecta a la fundamentación que ingresa el Juez a quo que para arribar a la conclusión que la demandada tuvo conocimiento del proceso hace más de siete años y diez meses convalidando actuaciones a partir de la petición de asistencia familiar de la que se benefició; vii) Se evidenció el análisis de las actuaciones procesales que realizó que son coincidentes para establecer que la incidentista tuvo participación activa en el proceso con cuya conducta generó convalidación; viii) Como se puede evidenciar los argumentos que expone la Resolución de Vista, no cometió ninguna vulneración y menos incurrió en una falta de motivación ya que de varias formas se explicó que no procede un incidente de nulidad cuando se convalidó los actuados, ello porque no reclamó en el primer momento hábil; y, ix) En el caso se tiene que la accionante entre lo resaltante tramitó liquidaciones, pretensiones de asistencia familiar y mandamientos de apremio, extremos que denotan que a todas luces demuestran que estaba de acuerdo con el proceso, por ello el Tribunal de garantías solo debe ser congruente con lo actuado en el proceso y denegar la tutela, caso contrario se estaría modificando toda la jurisprudencia respecto al principio de convalidación.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Katherin Eliana y Yoroslava Alanes Guardia, Nathaly Alanes López y Nilda Judith Torrez Calle, en representación de los menores de edad AA y BB, al no contar con representación legal en audiencia se abstuvieron de decir algo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 046/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 356 a 362 vta., concedió en parte la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional conlleva fases de verificación para la superación de requisitos formales, los cuales en el presente caso fueron cumplidas, debido a que en el caso en ejecución de sentencia de un proceso de divorcio rechazó un incidente y el Auto de Vista identificado como objeto procesal el cual se encuentra signado con I-194/2022 de 19 de abril que en el fondo dispone confirmar el Auto de fecha 26 de enero de ese mismo año; b) Se establece que en ejecución de sentencia la única posibilidad por la cual se puede impugnar un acto es mediante una apelación, que en su concesión solo puede ser concedida en efecto devolutivo y en este caso así ha sido cumplido y se emitió resolución que es considerada como el objeto de esta acción; c) Este análisis hace establecer que se ha concluido el procedimiento en relación a una jurisdicción como es la ordinaria y no existe posibilidad de que pueda ser modificada, por otro lado el principio de inmediatez se tiene por cumplida; d) Se establece que en todo proceso el acto más importante de este proceso es la citación con la demanda, el proceso de diligenciamiento de prueba y cualquier debate que debe ser controvertido, que en este caso ha sido realizado simplemente con un citación por edictos conforme lo señalaba el antiguo Código de Procedimiento Civil, es decir que desde la demanda hasta la sentencia e inclusive la ejecutoria, la demandada no conocía, no sabía ni se apersono en la primera fase de este proceso; e) Concluido el proceso en etapa de ejecución se apersona y sin ninguna observación de fondo solicita liquidación como un tema accesorio de pagos que se tenían pendientes, sin observación alguna lo que permite establecer que la accionante estuvo de acuerdo y en concordancia con lo desarrollado, no hay ninguna afirmación y solo hay actuados de una liquidación del desglose de un monto de dinero que se trata simplemente de un tema accesorio de ejecución; f) Pasaron los años y la impetrante recién tomó conocimiento del contenido de la acción de divorcio y la forma de su citación por lo que ante las irregularidades planteó un incidente por fraude procesal, el cual fue rechazado y en apelación confirmado debido a que habría operado el principio de preclusión, por lo que conviene señalar que el derecho a la defensa es un derecho amplio, reconocido e irrestricto, por el cual se debe garantizar que las partes asuman conocimiento de un proceso, por ello se debe optar por mecanismos idóneos de comunicación; g) Se debió garantizar que las partes conozcan a plenitud inclusive cuales son los elementos que han llevado a decidir a una autoridad de una u otra manera, todos son elementos precisos para establecer que ha existido una correcta defensa; h) Independientemente del estado de sucesión procesal en el que se encuentra este proceso, se ha suprimido una parte esencial del debido proceso, porque no conocer, no diligenciar la prueba, no valorar la misma, ocasiona indefensión, razón por la cual el incidente debió ser resuelto inter pares, siendo claro que nada de las reglas de un proceso incidental se cumplió; e, i) El rechazo in limine es un acto lesivo vulnerador que el Tribunal de alzada no tomo en cuenta los elementos sobre los cuales debió versar en realidad este incidente, pues en este caso no se valoró el derecho a la defensa, la prueba y ningún aspecto y simplemente se manifiesta en fortalecer argumentos de etapas preclusivas de convalidación de actos y consentimiento independientemente del tiempo que haya transcurrido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial de demanda de divorcio presentado el 11 de noviembre de 2011 David Alanes Cuba contra Celia Candelaria Guardia Baldiviezo, indicando en el mismo que por el tiempo transcurrido de separación (más de quince años), desconoce su domicilio y previo juramento de desconocimiento se la notifique por edictos (fs. 7 y vta.). II.2. Consta providencia de 12 de noviembre de 2011, donde el Juez de la causa, oficia para que el SEGIP informe al juzgado sobre el último domicilio de la demandada (fs. 8). II.3. Por Informe de 02 diciembre de 2011, el SEGIP de La Paz hizo conocer que la dirección de la hoy accionante, seria en la calle Pichincha 666 de la Zona Central (fs. 11). II.4. A Través de Informe de 27 de febrero de 2012, el Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido de Familia Cuarto en suplencia legal, hace conocer al Juez de la causa que habiéndose apersonado al domicilio señalado por el SEGIP no fue atendido por ninguna persona y con vecinos del lugar quienes señalaron que no conocían a la demandada (fs. 13). II.5. Mediante Auto de 12 de abril de 2012, la autoridad judicial admitió, la demanda de divorcio contra Celia Candelaria Guardia Baldiviezo para que previa citación y emplazamiento pueda responder en el plazo de quince días (fs. 20). II.6. Consta acta de juramento de desconocimiento de domicilio de 24 de abril de 2012, donde David Alanes Cuba, señala que desconoce el domicilio actual, así como el paradero de su esposa (fs. 23). II.7. Por Sentencia 353/2013 de 2 de septiembre, el Juez Público Séptimo de Partido de Familia del departamento de La Paz, declaro probada la demanda de divorcio interpuesta por David Alanes Cuba contra Celia Candelaria Guardia Baldiviezo y por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial (fs. 66 a 67 y vta.). II.8. Mediante memorial de 13 de marzo de 2014, la accionante se apersonó al Juzgado de Partido de Familia Séptimo del departamento de La Paz y solicitó fotocopias simples de todo lo obrado dentro del proceso de divorcio llevado en su contra (fs. 87). II.9. Por memorial de 18 de marzo de 2014, la impetrante de tutela solicitó que a efectos de cumplimiento de las obligaciones del demandante se proceda con la liquidación de pensiones (fs. 88).

II.10. A través de memorial de 8 de abril de 2014, solicitó al Juez del proceso aprobación de la liquidación, debido al incumplimiento del pago por parte del obligado (fs. 95). II.11. Cursa memorial de 23 de abril de 2014, donde la demandada en el proceso de divorcio solicitó fotocopias legalizadas del acta cursante a fojas 41 de obrados dentro del proceso llevado en su contra (fs. 101). II.12. Consta memorial de 23 de abril de 2014, en que Celia Candelaria Guardia Badiviezo, demanda fijación de asistencia familiar por su evidente estado de necesidad (fs. 116 a 118). II.13. Por memorial de 30 de abril de 2014, la hoy accionante pidió se expida mandamiento de apremio contra David Alanes Cuba, debido al incumplimiento en el pago de la asistencia familiar que la ley le otorga (fs. 120). II.14. A través de memorial presentado el 20 de junio de 2014, interpuso recurso de reposición contra la providencia de 29 de abril de mismo año emitido por el Juez del proceso (fs. 122 y vta.). II.15. Se evidencia memorial presentado el 14 de agosto de 2014, donde Celia Candelaria Guardia Baldiviezo, presentó recurso de apelación contra el Auto de 18 de junio de ese mismo año que rechazo su recurso de reposición planteado (fs. 125 a 126 y vta.). II.16. Cursa Resolución I-194/2022 de 19 de abril, por la cual la Vocal de Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirma el Auto de 26 de enero de 2022 y Auto Complementario de 16 de febrero (fs. 276 a 279 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento defensa material, legalidad, igualdad y acceso a la justicia, debido a que dentro del proceso de divorcio seguido en su contra, presentó un incidente de nulidad de citación que le causó indefensión, que al ser rechazado por el Juez a quo recurrió en apelación; sin embargo, los Vocales hoy demandados emitieron el Auto de Vista I-194/2022 de 19 de abril, donde confirmaron el Auto impugnado y su complementario, extremo que muestra que no consideraron sus argumentos presentados, lesionando de esta forma sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Denegatoria de la acción de amparo constitucional por actos consentidos expresamente

La SCP 0136/2024-S3 de 2 de mayo, con relación al tema, señala que: «Conforme a lo establecido por el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una acción de amparo constitucional no procederá “Contra actos consentidos libre y expresamente…”, a ese efecto la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…para dilucidar dicho problema, debemos conceptualizar el significado de ‘acto consentido’, en primer lugar diremos que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, el vocablo ‘acto’ es: ‘Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Hecho o acción, como simple resultado de un movimiento. Instante en que se concreta la acción. Ejecución, realización frente a proyecto, proposición o tan solo intensión. Hecho a diferencia de la palabra, y más aún del pensamiento. Celebración, solemnidad. Reunión. Periodo o momento de un proceso, en sentido general. El empleo de la palabra como documento es galicismo, infiltrado en algunos Códigos Civiles de Hispanoamérica y propenso a crear equívocos con otros significados del vocablo (L. Alcalá-Zamora)’. El mismo diccionario, establece que ‘consentimiento’, es: ‘acción y efecto de consentir’, y la palabra ‘consentir’ según el mismo diccionario, es: `Permitir algo, condescender en que se haga. Aceptar una oferta o proposición. No presentar recurso contra una resolución judicial dentro del término dado para ello. Obligarse. Otorgar´.

En tal sentido, para que exista un acto consentido, debe existir una voluntad manifiesta sobre una acción, siendo muy importante la determinación de la voluntad expresa o manifiesta sobre hechos y actos.

De esta forma, se deben establecer las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y éste no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos” (…).

Sobre el particular, la SCP 0198/2012 de 24 de mayo, señaló que: “…la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha enunciado ciertas causales de improcedencia, entre las que se encuentra el consentimiento libre y expreso del acto ilegal u omisión indebida supuestamente lesivo de derechos y garantías fundamentales. En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aun cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna.

En la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, se concluyó que: ‘…Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo’; y luego, la referida Sentencia finalizó declarando que: ‘…para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias…’.

Es decir que, la tutela que brinda la acción de amparo constitucional, debe ser denegada contra los actos libre y expresamente consentidos por el accionante, los que pueden ser expresos, cuando se aceptó fehaciente o tácito el acto ilegal o la omisión indebida, dejando transcurrir el plazo que se tiene para impugnar, procediendo a ejecutar o cumplir el acto, o en su caso, sin cuestionar en la primera oportunidad que se tuvo dentro de la tramitación del proceso, ya sea judicial o administrativo” (…).

De lo referido se concluye que los actos consentidos en materia de acción de amparo de constitucional, constituyen una causal de improcedencia reglada que de concurrir, impiden a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debiendo emitirse en la etapa de admisibilidad un auto motivado declarando su improcedencia y en caso de que la acción tutelar hubiese sido admitida, corresponde denegar la tutela solicitada ante la imposibilidad de ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta, si después de adquirido conocimiento sobre el acto o resolución que consideraba lesivo a sus derechos fundamentales, si la parte accionante no efectuó reclamo alguno, promoviendo contrariamente la tramitación del proceso que se le sigue o permitiendo que los actos supuestamente vulneratorios continúen siendo ejecutados con manifestaciones de voluntad tácita o implícita, originado que el supuesto acto continúe causándole una vulneración a sus derechos» (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que la peticionante de tutela expresa que las autoridades demandadas vulneraron su derecho al debido proceso en su elemento defensa material, legalidad, igualdad, y acceso a la justicia, toda vez que dentro del proceso de divorcio seguido en su contra, presentó un incidente de nulidad de citación que le causó indefensión, que al ser rechazado por el Juez a quo recurrió en apelación; sin embargo los Vocales hoy demandados emitieron el Auto de Vista I-194/2022 de 19 de abril, confirmaron el Auto impugnado y su complementario extremo que muestra que no consideraron sus argumentos presentados, lesionando de esta forma sus derechos y garantías constitucionales. Dentro de ese contexto, se llegó a evidenciar que David Alanes Cuba presentó demanda de divorcio en su contra el 11 de noviembre de 2011, indicando que por el tiempo transcurrido de separación (más de quince años), desconocía su domicilio, razón por la cual el Juez de la causa por providencia de 12 de ese mismo mes y año, oficia al SEGIP para que certifique sobre el último domicilio de la demandada, es así que la indicada instancia por Informe de 02 diciembre de 2011, hizo conocer que la dirección de la hoy accionante, seria en la calle Pichincha 666 de la Zona Central; posteriormente, a través de Informe de 27 de febrero de 2012, el Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido de Familia Cuarto en suplencia legal, puso a conocimiento del Juez de la causa que habiéndose apersonado al domicilio señalado por el SEGIP no fue atendido por ninguna persona y conversando con vecinos del lugar le señalaron que no conocían a la demandada, de forma posterior por Auto de 12 de abril de 2012, la autoridad judicial admitió, la demanda de divorcio contra Celia Candelaria Guardia Baldiviezo para que previa citación y emplazamiento pueda responder en el plazo de quince días. A solicitud del demandante se realizó audiencia de juramento de desconocimiento de domicilio, en la que el demandante señaló desconocer el paradero de su esposa, por lo que a partir de ese momento todas las actuaciones procesales le fueron notificadas mediante edictos publicados en la prensa, entre las cuales se encuentra la Sentencia 353/2013 de 02 de septiembre, emitida por el Juez Público Séptimo de Partido de Familia del departamento de La Paz, donde declaró probada la demanda de divorcio y por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial. De manera posterior y habiendo tomado conocimiento del proceso en su contra, mediante memorial de 13 de marzo de 2014, la hoy accionante se apersonó al Juzgado de Partido de Familia Séptimo del departamento de La Paz y solicitó fotocopias simples de todo lo obrado dentro del proceso de divorcio llevado hacia Celia Candelaria Guardia Baldiviezo, días después con otro memorial de fecha 18 de ese mismo mes y año, pidió que se proceda a la liquidación de las pensiones que le adeudaba David Alanes Cuba lo que generó una liquidación de asistencia familiar de Bs7 759.- (setecientos cincuenta y nueve bolivianos), que por memorial de 08 de abril pidió sea aprobado, procediéndose con la entrega y restitución del certificado de depósito de manera personal, continuando con sus actuaciones el 23 de abril de ese año solicitó fotocopias legalizadas de un acta cursante en obrados dentro del proceso llevado en su contra, por otro memorial de la misma fecha demandó se fije nueva asistencia familiar por su estado de necesidad. El 30 de abril de 2014 solicitó se expida mandamiento de apremio contra el demandante por el incumplimiento del pago total de la asistencia familiar. Ahora bien, la demanda de fijación de asistencia familiar impetrada por la accionante fue desestimada por el Juez del proceso, razón por la cual planteó recurso de reposición que fue declarado no ha lugar, mediante providencia de 18 de julio de 2014, lo que ocasionó que presente recurso de apelación que resuelto por los superiores jerárquicos confirmaron la decisión asumida por el Juez a quo. En ese orden, realizado el correspondiente análisis de los documentos que cursan, se constata que la situación fáctica descrita se acomoda a los actos consentidos libremente, toda vez que después que tomó conocimiento del proceso en su contra en lugar de objetar la mala o supuesta fraudulenta notificación, convalidó todos los actos realizados en el proceso con diferentes actuaciones procesales, enfocadas a aspectos económicos de asistencia familiar, púes en ningún momento a partir de su apersonamiento cuestionó o denunció los hechos que hoy acusa no fueron considerados por las autoridades demandadas, puesto que extraña sobre manera que solo después de ocho años de su apersonamiento al proceso de divorcio, recién lo haga presentado un incidente de nulidad de citación, es decir once meses después de enterarse que su ex esposo falleciera, lo que denota un interés ilegítimo, pues cuando pudo objetar la lesión a sus derechos como el incidente que presentó de manera posterior a la muerte del demandante en su divorcio no lo hizo, por el contrario consintió y se sometió a los efectos del supuesto acto lesivo, permitiendo que continúen siendo ejecutados con manifestaciones de voluntad tácita o implícita como sucedió en este caso. En definitiva, se concluye que lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional y la diversa jurisprudencia constitucional sobre este tipo de actos que señala que: “… la persona que ha podido sufrir una vulneración a algún derecho fundamental, atendiendo a razones particulares, puede consentir de manera expresa la lesión o amenaza a esos derechos, o simplemente adoptar una posición pasiva, el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo” (sic), concepto aplicable al caso pues supone la acción voluntaria de la persona afectada de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, estas acciones que reflejan el consentimiento expreso, concreto libre e inequívoco del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso ordinario, sometiéndose a sus incidencias, lo cual impide a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, debido a la improcedencia de la acción de amparo constitucional frente a actos consentidos libre y expresamente por el titular de los derechos, conforme al Fundamento Jurídico antes mencionado y lo determinado por el art. 53.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), en ese entendido, no corresponde realizar mayores consideraciones sobre este caso, debiendo en consecuencia denegarse la tutela impetrada. Por lo expuesto precedentemente, la Sala Constitucional, al haber concedido en parte la tutela solicitada, no realizó una adecuada compulsa de los antecedentes del caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 046/2023 de 9 de marzo, cursante de fs. 356 a 362 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0360_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): f5ada1c4557c67ac4b6ee9b252fecb23ba5343307e180f635853a510f928ee64

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