B.IA.LEGAL

SCP 0360/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
47293-2022-95-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La Clínica accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho de petición; puesto que mediante Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-, solicitó al Gerente General del SSU Beni ahora accionado respuesta formal, pronta y por escrito, sobre el pago solicitado en la Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes y año- y en caso de no haberse realizado el mismo, responder igualmente de manera formal, pronta y por escrito, el motivo por el cual no se efectuó el pago a la Clínica Santa Gracia S.R.L. por los servicios médicos prestados a las personas afiliadas al Seguro Social Universitario Beni; sin embargo, hasta la presentación de esta acción de amparo constitucional, no mereció respuesta alguna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 042/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho de petición; y,

Disponer que el Gerente General del Seguro Social Universitario Beni emita una respuesta formal, material, fundamentada y motivada a la solicitud efectuada en la Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada el 17 de igual mes y año-, sea dentro las cuarenta y ocho horas siguientes a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que dicha respuesta hubiese sido otorgada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el derecho de petición
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0360/2023-S3 Sucre, 3 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47293-2022-95-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 042/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Walter Fernando Villarroel Noriega en representación legal de la Clínica Santa Gracia Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), contra Virgilio Ortiz Camama, Gerente General del Seguro Social Universitario (SSU) Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La Clínica accionante a través de su representante legal por memorial presentado el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 10 a 11, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de representante legal de la Clínica Santa Gracia S.R.L. mediante Cartas Notariadas de 3 de diciembre de 2019 y Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes de “2021” -lo correcto es 2022- solicitó al Jefe Médico a.i. y Gerente General del SSU Beni ahora accionado, el pago de prestaciones de servicio de atención médica a personas afiliadas a dicha entidad en la gestión “2020”, cuyo monto en primera instancia fue de Bs77 274.- (setenta y siete mil doscientos setenta y cuatro bolivianos), suma que luego de ser amortizada parcialmente por el referido Seguro, fue actualizado al monto de Bs62 274.- (sesenta y dos mil doscientos setenta y cuatro bolivianos). En ese sentido, ante la inexistencia de respuesta positiva o negativa a la solicitud de pago realizada por Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 de igual mes y año- la Clínica accionante, mediante Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-, dirigida al Gerente General del SSU Beni ahora accionado pidió respuesta formal, pronta y por escrito, sobre el pago solicitado en la Carta de 18 de febrero de 2022 y en caso de no haberse realizado el mismo, responder de manera formal, pronta y por escrito, el motivo por el cual no se efectuó el pago a la referida Clínica por los servicios prestados; sin embargo, hasta la presentación de la acción de amparo constitucional, no mereció respuesta alguna por parte del Gerente General del SSU Beni ahora accionado. En ese contexto, al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la SCP 0003/2022-S3 de 27 de enero, denunció la vulneración del derecho de petición, solicitando que el Gerente General del SSU Beni ahora accionado conteste de manera formal, pronta, oportuna y motivada a la Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La Clínica accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho de petición; citando al efecto el art. 24 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al Gerente General del SSU Beni ahora accionado conteste de manera formal, pronta, oportuna y motivada a la Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La Clínica accionante a través de su representante legal y éste mediante su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que el Gerente General del SSU Beni ahora accionado reconoció en la presente acción tutelar de manera expresa que no contestó la solicitud realizada; asimismo, refirió que se reconoció la deuda que ostenta el SSU Beni con la Clínica Santa Gracia S.R.L.; por lo que, solicitó copia legalizada del acta de audiencia y el audio para iniciar las acciones ordinarias que correspondan.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Virgilio Ortiz Camama, Gerente General del SSU Beni, a través de su abogado en audiencia manifestó que: a) Fueron legalmente notificados con la Carta de 16 de marzo de 2022 -notariada y recibida el 17 de igual mes y año- y reconoce que se tienen una deuda con la Clínica Santa Gracia S.R.L.; empero, debido a una falta de coordinación no se pudo emitir una respuesta pronta, oportuna y por escrito a la referida Carta; sin embargo, se responderá formalmente en el trascurso del día; y, b) Asimismo, solicitó un plazo prudencial “hasta la cuatro de la tarde” (sic) para dar respuesta a lo solicitado por la Clínica accionante a través de su representante legal.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 042/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., concedió la tutela solicitada y ordenó al Gerente General del SSU Beni ahora accionado, que en el plazo de cuarenta y ocho horas de su notificación emita respuesta escrita a lo peticionado por la Clínica accionante a través de su representante legal, bajo los siguientes fundamentos: 1) Mediante Cartas Notariadas de 3 de diciembre de 2019 y 18 de febrero de 2022 -Notariada el 25 de igual mes y año-, la Clínica accionante a través de su representante legal solicitó Gerente General del SSU Beni ahora accionado el pago por las prestaciones de servicio de atención médica a personas afiliadas a dicho Seguro; asimismo, por Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año- la citada Clínica pidió al referido Gerente General del SSU Beni responda de manera formal, pronta y por escrito si procedió al pago solicitado mediante la Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes y año-, en ese sentido, a través de Acta Circunstancial 36/2022 de 19 de abril, se verificó que hasta “ese momento” no existía respuesta alguna a dicho requerimiento; 2) En el informe oral presentado en audiencia por el abogado del representante legal del SSU Beni, reconoció que dicha entidad no dio respuesta a la solicitud realizada mediante Cartas el 18 de febrero y reiterada el 16 de marzo ambos del 2022; y, 3) De lo expuesto se evidenció que hasta la presentación de la acción de amparo constitucional, notificación con el Auto de Admisión e incluso la audiencia de consideración de esa acción tutelar, el Gerente General del SSU Beni ahora accionado no dio respuesta a la solicitud de pago realizada por la Clínica accionante, o en su caso indicar la autoridad o instancia ante la cual debió realizar dicha solicitud o mencionar los motivos por los cuales no corresponde dicho pago.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Número de Identificación Tributaria (NIT) del Régimen General 289092021 del contribuyente Santa Gracia S.R.L., Walter Fernando Villarroel Noriega como su representante legal (fs. 3).

II.2. Consta Certificado emitido por el Servicio Departamental de Salud de Beni a través de la Unidad de Gestión de Calidad que identifica a Walter Fernando Villarroel Noriega como responsable y representante legal de la Clínica Santa Gracia S.R.L -hoy accionante- (fs. 4). II.3. Mediante Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada el 25 del referido mes y año- dirigido a Virgilio Ortiz Camama, Gerente General del SSU Beni -ahora accionado-, por la cual la Clínica accionante solicitó el pago por concepto de prestación de servicios de atención médica a personas afiliadas al referido Seguro, que luego de atender la solicitud de conciliación de cuentas, no recibieron una respuesta satisfactoria al pago solicitado y respaldado de Bs62 274.- y siendo que la suma adeudada es considerable y de larga data es que pidió procesar y hacer efectivo el pago en el plazo fatal e improrrogable de tres días, dicha Cata fue recibida el 25 de febrero de “2021” -lo correcto es 2022- por Secretaría de la Gerencia General del SSU Beni (fs. 7 y vta.). II.4. Mediante Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año- dirigido al Gerente General del SSU Beni ahora accionado por la cual la Clínica accionante a través de su representante legal solicitó respuesta formal, pronta, oportuna y por escrito y si procedió o no al pago solicitado mediante Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes y año-, “…y en caso negativo…” (sic), responder también de manera formal, pronta y por escrito, el motivo por el cual no se pagó a la Clínica Santa Gracia S.R.L. por los servicios prestados, ocasionándoles daños y perjuicios (fs. 8 y vta.). II.5. A través de Acta Circunstancial 36/2022 de 19 de abril, la Notaría de Fe Pública 4 de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni a requerimiento verbal del representante legal de la Clínica accionante se hizo presente en la secretaria de Gerencia General del SSU Beni, a efectos de verificar la respuesta a la Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-, pudiendo evidenciar que no existe respuesta a dicha Carta Notariada (fs. 9 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La Clínica accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho de petición; puesto que mediante Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-, solicitó al Gerente General del SSU Beni ahora accionado respuesta formal, pronta y por escrito, sobre el pago solicitado en la Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes y año- y en caso de no haberse realizado el mismo, responder igualmente de manera formal, pronta y por escrito, el motivo por el cual no se efectuó el pago a la Clínica Santa Gracia S.R.L. por los servicios médicos prestados a las personas afiliadas al Seguro Social Universitario Beni; sin embargo, hasta la presentación de esta acción de amparo constitucional, no mereció respuesta alguna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el derecho de petición

La SCP 0810/2012 de 20 de agosto, señaló que el derecho de petición debe entenderse como: “…esa facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener a una pronta Resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho”. En ese sentido, la SCP 0044/2021-S3 de 29 de marzo, indicó que: «La SCP 0820/2019-S2, determinó que: “El art. 24 de la CPE, establece que: ‘Toda persona tiene derecho de petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando que: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición”» (las negrillas nos corresponden).

III.1.1. Contenido esencial del derecho de petición

La SCP 0044/2021-S3 refiriéndose al entendimiento señalado en la SCP 0820/2019-S2 de 17 de septiembre, estableció que: “‘…el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos’ (…). La SCP 1103/2019-S2 de 18 de diciembre, señaló que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando el derecho de petición.

De manera complementaria al entendimiento anterior, se tiene que la jurisprudencia constitucional en la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció que también se considera como vulnerado el derecho de petición cuando se presenta la negativa de recibir la solicitud o se obstaculiza su presentación; en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-236/05 de 14 de marzo de 2005), señaló que el núcleo esencial del derecho de petición incluye la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

Con relación a la notificación o comunicación de la respuesta, la SCP 0462/2021-S3 de 12 de agosto, señaló que: «…la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-369/13 de 27 de junio de 2013 […] señaló que: “…la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma. Es por esto, que en sentencia T- 249 de 2001 esta Corporación precisó: ‘Cabe recordar que en relación con el derecho de petición, no basta que se expida la respuesta, sino que además, es necesario que ésta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestación la que solo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”’.

Además, sobre la notificación de la respuesta como componente del derecho de petición, David Cienfuegos Salgado refirió que: “…es claro y evidente que quien contesta debe buscar la forma de que su contestación llegue a conocimiento del interesado, máxime tratándose de una autoridad que debe guardar constancia de que fue recibida la respuesta que la ley ordena ya sea que se remita por correo o se entregue personalmente. Y como además en el juicio de garantías todo hecho está sujeto a prueba y la carga de esta incumbe a quien afirma (…) para satisfacer el mandato constitucional (…) dicha autoridad debe acreditar que la contestación que dio, llego al conocimiento del interesado pues de otra suerte resultaría nugatoria la garantía aludida” (…).

El mismo autor refiere que queda abierta la posibilidad de explorar opciones que ofrezcan certidumbre; es decir, que permitan la demostración fehaciente de la notificación. Conforme a lo expuesto, es evidente que no es solo la respuesta la que da cumplimiento a los términos del derecho de petición sino que es necesario que la misma sea efectivamente conocida por el peticionante; asimismo, la constancia de entrega de la respuesta puede ser escrita mediante la recepción o notificación que conste en papel. No obstante, ante la imposibilidad de esa forma de comunicación, es válida la notificación por cualquier medio de comunicación electrónica que permita tener constancia o certeza de la recepción, teniendo el obligado la carga de demostrar que el peticionante tuvo conocimiento de la respuesta emitida a su solicitud. Además, la comunicación verbal que no permita tener constancia de la recepción de la respuesta por el solicitante, también vulnera el derecho de petición» (las negrillas son nuestras).

III.1.2. Requisitos de procedencia para que sea viable la tutela del derecho de petición

La SCP 0044/2021-S3 citando nuevamente el entendimiento de la SCP 0820/2019-S2, señaló respecto al derecho de petición que: “‘…a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: b.1) Ausencia de respuesta formal; b.2) Falta de respuesta material; b.3) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, c) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito’”.

III.1.3. Legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición

La SCP 0044/2021-S3, estableció que: “La SCP 0820/2019-S2, determinó que: ‘Del análisis del art. 24 de la CPE, se tiene que la legitimación activa para solicitar la tutela del derecho de petición, la tiene toda persona individual o colectiva que realizó la petición de forma oral o escrita; con el único requisito, de identificar al peticionario; en igual sentido lo estableció la SCP 0470/2014 de 25 de febrero’”.

III.1.4. Legitimación pasiva en los supuestos de vulneración del derecho de petición

La SCP 0820/2019-S2, concluyó que: “La referida SC 218/01- R, entendió que la legitimación pasiva en los supuestos de lesión del derecho de petición no tiene excepción alguna, alcanzando a cualquier autoridad o servidor público. Así, la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, subrayó que el derecho de petición consiste en la facultad que tiene toda persona de dirigirse a las autoridades públicas con el fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe a aquella, caracterizado como un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades de la administración pública y hacer valer sus derechos; asimismo, alcanza a las autoridades judiciales, tal cual las SSCC 0560/2010-R de 12 de julio y 1136/2010-R de 27 de agosto, tutelaron este derecho respecto a las mismas. Sobre el particular, es necesario mencionar que cuando los destinatarios son las autoridades públicas, en principio, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0310/2004-R, sostuvo que la petición debió ser formulada necesariamente ante una autoridad pertinente o competente, a efectos de su tutela; sin embargo, la SC 1995/2010-R […] precisó que las autoridades públicas a quienes se dirige la petición, tienen legitimación pasiva incluso cuando carecen de competencia o pertinencia para resolver lo peticionado, debido a que de igual forma tienen la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; sin embargo, la SCP 2051/2013 de 18 de noviembre […], determinó que no es posible conceder la tutela cuando la autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, sea positiva o negativamente, porque la petición fue realizada ante autoridad incompetente; empero, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0470/2014 y 0083/2015-S3 de 10 de febrero, ratificaron el razonamiento de la citada SC 1995/2010-R, constituyéndose en el precedente en vigor. Respecto a personas particulares, las SSCC 0820/2006-R de 22 de agosto y 1500/2010-R de 11 de octubre, reconocieron su legitimación pasiva, cuando presten servicios públicos o ejerzan funciones de autoridad; este razonamiento fue modulado por la SCP 0085/2012 de 16 de abril, señalando que el derecho de petición, en el marco de la doctrina de la eficacia horizontal de derechos, es oponible no solamente en relación a los poderes públicos, sino también en cuanto a los particulares; en este contexto, la SCP 1419/2012 de 24 de septiembre, refrendó este entendimiento indicando: ‘…el derecho a la petición cuenta con eficacia directa y es oponible frente a particulares por lo que su ejercicio no requiere esté refrendada por autoridad pública alguna…’. En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares” (las negrillas son agregadas).

III.2. Análisis del caso concreto

La Clínica accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de su derecho de petición; puesto que mediante Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-, solicitó al Gerente General del SSU Beni ahora accionado respuesta formal, pronta y por escrito, sobre el pago solicitado en la Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes y año- y en caso de no haberse realizado el mismo, responder igualmente de manera formal, pronta y por escrito, el motivo por el cual no se efectuó el pago a la Clínica Santa Gracia S.R.L. por los servicios médicos prestados a las personas afiliadas al referido Seguro; sin embargo, hasta la presentación de esta acción de amparo constitucional, no mereció respuesta alguna. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, Walter Fernando Villarroel Noriega, en su calidad de responsable y representante legal de la Clínica Santa Gracia S.R.L, aspecto que fue corroborado en el NIT y el Certificado emitido por Servicio Departamental de Salud de Beni a través de la Unidad de Gestión de Calidad (Conclusiones II.1. y II.2.), mediante Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada el 25 y recibida el referido mes y año- dirigido al Gerente General del SSU Beni ahora accionado, la Clínica accionante a través de su representante legal solicitó el pago por concepto de prestación de servicios de atención médica a personas afiliadas al SSU Beni, que luego de atender la solicitud de conciliación de cuentas, no recibieron una respuesta satisfactoria al pago solicitado y respaldado de Bs62 274.- y siendo que la suma adeudada es considerable y de larga data; por lo que pidió procesar y hacer efectivo el pago en el plazo fatal e improrrogable de tres días, dicha Cata fue recibida el 25 de febrero de “2021” -lo correcto es 2022- por Secretaría de la Gerencia General del SSU Beni (Conclusión II.3.). Posteriormente, mediante Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año- dirigido al Gerente General del SSU Beni ahora accionado por la cual la Clínica accionante a través de su representante legal solicitó respuesta formal, pronta, oportuna y por escrito y si procedió o no al pago solicitado mediante Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes y año-, “…y en caso negativo…” (sic), responder también de manera formal, pronta y por escrito, el motivo por el cual no se pagó a la Clínica Santa Gracia S.R.L. por los servicios prestados, ocasionándoles daños y perjuicios (Conclusión II.4.) misma que hasta el 19 de abril de referido año, no mereció respuesta alguna, conforme se evidencia del Acta Circunstancial 36/2022 suscrito por la Notaria de Fe Pública 4 de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni (Conclusión II.5.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. y III.1.1. de este fallo constitucional, el derecho de petición comprende la potestad que tiene toda persona de dirigirse con solicitudes puntuales ante autoridades, funcionarios públicos e incluso personas particulares, y el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna.

Además, el contenido esencial del mencionado derecho implica obtener una respuesta oportuna, formal, material y argumentada; puesto que, se considera como vulnerado el derecho de petición cuando la respuesta no está debidamente fundamentada, motivada, clara, precisa, completa y congruente; es decir, dando una respuesta material al fondo de la pretensión y no de manera evasiva; asimismo, es preciso que la misma sea comunicada formalmente al peticionante. Es así que, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece como requisitos de procedencia para la tutela del derecho de petición, los siguientes: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus elementos; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para efectivizar dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, habiendo cumplido también ese requisito. Ahora bien, en el presente caso, se advierte que la Clínica accionante a través de su representante legal mediante Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-, solicitó al Gerente General del SSU Beni ahora accionado emita una respuesta formal, pronta y por escrito, si efectuó el pago solicitado en la Carta de 18 de febrero de 2022 -Notariada y recibida el 25 del citado mes y año-, por los servicios médicos prestados a las personas afiliadas al SSU Beni, y en caso de no haberse realizado el mismo, responder igualmente de manera formal, pronta y por escrito, el motivo por el cual no se efectuó el pago a la Clínica Santa Gracia S.R.L.; es decir, que al existir una petición escrita se cumplió el primer requisito de procedencia; asimismo, respecto al tercer requisito, referido al agotamiento de medios de impugnación específicos, no se constata que la Clínica accionante cuente con un medio de impugnación específico para reclamar la falta de respuesta a las Cartas presentadas; puesto que, el Gerente General del SSU Beni ahora accionado tampoco señaló los medios o recursos que debieron ser activados previamente por la Clínica accionante, dándose por cumplido el tercer requisito. Respecto al segundo requisito en cuanto a la omisión de cualquiera de los elementos del derecho de petición; es decir, ante una: a) Ausencia de respuesta formal, pronta y oportuna; b) Falta de respuesta material; y, c) Inexistencia de argumentación -motivación y fundamentación- en la respuesta. En el caso concreto, se evidencia que el Gerente General del SSU Beni ahora accionado no emitió una respuesta formal, pronta y oportuna a la Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-, que responda el fondo de lo solicitado por la Clínica accionante a través de su representante legal, conforme se advierte del Acta Circunstancial 36/2022 de 19 de abril, emitido por la Notaría de Fe Pública 4 de la ciudad de Trinidad del departamento de Beni; por la cual refiere que de la verificación realizada en la Secretaría de Gerencia General del SSU Beni se pudo advertir que no existe respuesta a la referida Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año-; asimismo, el abogado del Gerente General del SSU Beni ahora accionado en audiencia manifestó que “…debido a una falta de coordinación no se ha podido dar una respuesta pronta, oportuna y por escrito como solicita el accionante, en ese sentido se le va responder en el transcurso del día…” (sic), advirtiendo con ello, la vulneración al derecho de petición de la Clínica accionante. Por consiguiente, ante la falta de respuesta a la Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada y recibida el 17 de igual mes y año- esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera pertinente conceder la tutela solicitada ante la evidente vulneración del derecho de petición de la Clínica accionante, debiendo el Gerente General del SSU Beni ahora accionado emitir respuesta que cumpla con todo los elementos del derecho de petición; es decir, formal, pronta, oportuna, debidamente fundamentada, motivada y que satisfaga materialmente la solicitud contenida en la referida Carta, desglosada en la Conclusión II.4. de este fallo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 042/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho de petición; y,

Disponer que el Gerente General del Seguro Social Universitario Beni emita una respuesta formal, material, fundamentada y motivada a la solicitud efectuada en la Carta de 16 de marzo de 2022 -Notariada el 17 de igual mes y año-, sea dentro las cuarenta y ocho horas siguientes a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que dicha respuesta hubiese sido otorgada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0360_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): c3484d65564318ae3d145c37ee8874de9356ec1694c7997495cbde55cb4da5c6

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