Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de abril de 2025
Deniega la tutela
La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y “su derecho preferente de contratación”; por cuanto la autoridad demandada, pese a tener conocimiento de que es madre progenitora de una menor con discapacidad, no se la volvió a recontratar al finalizar el último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Excepción al principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional respecto a personas con discapacidad; ii) Marco jurisprudencial, legal, alcance y efectos de los contratos administrativos de consultoría en línea; iii) Puede tutelarse la estabilidad laboral de consultores en línea, cuando se encuentre vigente su contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de marzo de 2022 -siendo lo correcto 2023-, cursante de fs. 73 a 79vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2025-S1 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54388-2023-109-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 21 marzo de 2022 -siendo lo correcto 2023-, cursante de fs. 73 a 79, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elsa Martínez Subia contra Irineo Flores Martínez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Bermejo.
Por memoriales presentados el 2 y 9 de marzo de 2023, cursantes de fs. 26 a 34; y, fs. 46 a 52, la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que ingresó a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo el 14 de septiembre de 2021, mediante Contrato Administrativo 632/2021 de 14 de septiembre, como consultora individual de línea en el cargo de Psicóloga para el Servicio Integral Municipal (SLIM) de la Dirección de Desarrollo Integral Dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano del GAM de Bermejo, con un salario de Bs3 806.-(tres mil ochocientos seis 00/100 bolivianos), hasta el 31 de diciembre de ese año; volviendo a ser reincorporada mediante Contrato Administrativo 116/2022 de 3 de febrero, al mismo cargo, con un salario de Bs.3 907.-(tres mil novecientos siete 00/100 bolivianos), hasta el 2 de julio de ese año; realizándose en forma posterior el contrato modificatorio 001/2022 de 1 de julio, que amplió el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022, manteniéndola en su mismo cargo, con la misma remuneración, y el contrato modificatorio 002/2022 de 2 de diciembre, ampliando el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022 hasta el 30 de diciembre de 2022, con el mismo cargo y remuneración.
El 23 de diciembre de 2022, a través de una nota dirigida a la autoridad ahora demandada, hizo conocer que tiene bajo su cuidado a su hija con discapacidad auditiva y solicitó el cumplimiento a la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-; así como también, el 9 de enero de 2023, mediante memorial presentado al GAM de Bermejo, solicitó su contratación preferente por tener bajo su cuidado a su hija menor de edad que cuenta con una discapacidad auditiva del 42%, demostrado a través del carnet de discapacidad 06-20151125DCM emitido por el Ministerio de Salud; sin embargo, no obtuvo respuesta a sus solicitudes, pese a que espero pacientemente, sin acudir al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, por cuanto, le indicaban que estaba encaminado su trámite de contratación; sin embargo, lo único que hicieron fue que transcurra el tiempo, viéndose perjudicada su situación económica para cubrir los gastos de necesidad de salud de su hija menor de edad.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y “su derecho preferente de contratación”; citando al efecto los arts. 15.I, 46.I y II, 49, 62 y 64.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la entidad demandada su contratación preferente al último cargo que venía desempeñando, y la cancelación de sus sueldos devengados del mes de enero de 2023 hasta la fecha de presentación del presente amparo constitucional.
Celebrada la audiencia virtual de consideración de la presente acción tutelar el 21 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 71 a 72, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela ratificó los términos de la acción tutelar, y ampliando los mismos, señaló que, una vez que la parte demandada tuvo conocimiento de la presente acción de amparo constitucional, recién quisieron llegar a una conciliación para que se suspenda la misma.
Irineo Flores Martínez, Alcalde del GAM de Bermejo, mediante informe escrito presentado el 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 69 a 70 vta., así como en audiencia virtual a través de su abogado, indicó: a) La obligación de contratación preferente prevista en el art. 4 del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, no es aplicable al caso concreto, ya que la misma es adaptable a personas con discapacidad que se encuentren en etapa laboral, criterio además descrito por la propia norma en sus arts. 1 y 2; en ese sentido, según los antecedentes se tiene que no puede aplicarse la misma pues no se acreditó que la ahora accionante cuente con algún grado de discapacidad que le haga acreedora de dicha contratación preferente; b) La nombrada señaló que se encontraba encaminado su trámite de contratación mediante contrato administrativo, al respecto cabe manifestar que existió siempre la intención de contratación, prueba de ello es el informe presentado por el Director de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo con visto bueno de la “Lic. Laura Quispe” (sic), siendo que la misma demandante de tutela fue la que rechazó el trabajo en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; c) La parte impetrante de tutela no cumplió con el principio de subsidiariedad, puesto que existían otras vías para hacer valer sus derechos supuestamente vulnerados; y, d) Solicitó se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional. 1.2.3. Resolución La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 21 de marzo de 2022, cursante de fs. 73 a 79vta., denegó la tutela solicitada, exhortando a la parte demandada a pronunciarse sobre las notas presentadas por la parte accionante para que la misma tenga certeza de lo solicitado; con base en los siguientes fundamentos: 1) La contratación preferente que establece la demandante de tutela, al amparo de la SCP 1135/2016-S3 de 19 de octubre, no se aplica al caso, ya que no es análogo, puesto que los accionantes estaban contratados a plazo fijo a través de contrato administrativo como personal eventual y las medidas de acción positiva adoptadas por el Estado, en su función normativa reglamentaria, en coherencia con el mandato establecido en el art. 71.II de la CPE, la Ley 977 y la regulación que prevé el art. 2 del Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2022, modificatoria del art. 4 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, que en aquellos casos en los que se requiera la intermediación laboral, ésta será ejercida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la bolsa de trabajo del servicio público de empleo, siendo esta última institución la única autorizada para ejercer la intermediación laboral de cualquier persona natural o jurídica respecto a persona con discapacidad, o la madre o padre, cónyuge o tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad; 2) La peticionante de tutela ingresó a trabajar como consultora en línea en el GAM de Bermejo el 14 de septiembre de 2021, mediante primer contrato administrativo 632/2021, contratación de consultor individual de línea en el cargo de psicóloga para el SLIM de la Dirección de Desarrollo Integral dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano del citado gobierno municipal, con un salario de Bs3 806.-(tres mil ochocientos seis 00/100 bolivianos) hasta el 31 de diciembre de ese año; un segundo contrato administrativo 116/2022 de contratación de consultor individual de línea de 3 de febrero de 2022, recontratada en el cargo mencionado, en la misma dependencia, con un salario de Bs3 907.-(tres mil novecientos siete 00/100 bolivianos) hasta el 2 de julio de 2022, realizándose dos contratos modificatorios; el primer contrato modificatorio 001/2022 de 1 de julio, realizando una ampliación del plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022 hasta el 2 de diciembre, manteniéndose su cargo y remuneración; y, el segundo contrato modificatorio 002/2022 que realiza la ampliación de plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022 desde el 3 de diciembre de igual año hasta el 30 de diciembre de la misma gestión, con el mismo cargo y remuneración; y, el 23 de diciembre de 2022, mediante nota hizo conocer a su empleador sobre la situación de su hija menor de edad con discapacidad auditiva y solicitó el cumplimiento a la normativa correspondiente a la Ley 977. En ese sentido, respecto a la modalidad de contratación de consultora en línea la SCP 0586/2021-S3 de 6 de septiembre, estableció que la reinserción a personas con discapacidad o de quienes dependan personas con discapacidad en el ámbito laboral, en un determinado porcentaje, en todas las instituciones públicas descentralizadas, autárquicas; sin embargo, esa obligación debe ser realizada, controlada y revisada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no pudiendo conminar a la recontratación al estar supeditada a una consultoría de línea; 3) El 9 de enero de 2023, la ahora accionante por memorial solicitó al mencionado Gobierno Municipal su contratación preferente por tener a su cuidado a su hija menor de edad que cuenta con discapacidad auditiva del 42%, con carnet de Discapacidad 06/20151125DCM, emitido por el Ministerio de Salud; 4) El DS 0181 de 28 de julio de 2009, modificado por el DS 1497 de 20 de febrero de 2013, regula las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios que mantienen la regulación de los procesos de contratación y la disposición de bienes y servicios, cuyo objetivo es lograr eficiencia y agilidad en los procesos de contratación realizados por el Estado, es necesario contar con normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, los contratos de línea se encuentran sujetos a régimen especial previsto en dicha normativa no así al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo; 5) Por ello no corresponde un despido indirecto, teniendo un plazo de inicio y fin los contratos de consultoría en línea, siendo el último contrato modificatorio 002/2022 que realizó el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022, tiene fecha cierta desde el 3 de diciembre de 2022, hasta el 30 de igual mes y año, manteniendo su cargo y remuneración, por lo que no corresponde su reincorporación como hecho controvertido de su contratación preferente, correspondiendo al Ministerio del trabajo revisar ese extremo, no pudiéndose conminar a través de la jurisdicción constitucional al Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, para proceder a la recontratación de la peticionante de tutela al estar supeditada a una consultoría de línea o establecer al mismo cargo y los sueldos devengados y definir hechos controvertidos del rechazo de la impetrante de tutela del ofrecimiento de la contratación ofrecida o establecer conciliación entre partes; 6) La estabilidad laboral de un consultor que tenga bajo su dependencia directa a una persona con capacidades diferentes es viable mientras se encuentran vigentes los términos de su contrato de consultoría de línea y siempre y cuando no existan causales de resolución atribuibles al consultor; es decir, que la estabilidad laboral responda a la vigencia misma del contrato, dado que la jurisdicción constitucional no puede disponer la inamovilidad laboral y/o contratación preferente, más pago de sueldos devengados sin considerar los diferentes aspectos que rodean a cada caso en particular; 7) En cuanto al pago de sueldos devengados, la justicia constitucional no se encuentra habilitada a determinar la dimensión ni la cuantía, el pago de salarios no puede operativizarse a través de la justicia constitucional ya que deberá ser la propia autoridad administrativa o judicial que determine en qué medida corresponde dichos pagos, pues ellos deben emerger de un acervo probado en el que se pueda demostrar la justa medida de los mismos, tal como señala la referida SCP 0586/2021-S3; 8) La jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, incluyendo la prueba, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral, que son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo de la situación laboral del consultor en línea; sin embargo, se exhorta a la parte demandada pronunciarse sobre las notas presentadas por la parte demandante de tutela para que la misma tenga certeza de su situación jurídica solicitada y acudir de corresponder a la vía administrativa conforme a la Ley 977; y, 9) No se conculcaron los derechos de la accionante, pues la estabilidad laboral de un consultor que tenga bajo su dependencia directa a una persona con capacidades diferentes es viable mientras se encuentran vigentes los términos de su contrato de consultoría de línea, es decir, que la estabilidad laboral responde a la vigencia misma del contrato, dado que la jurisdicción constitucional no puede disponer la inamovilidad laboral y/o contratación preferente al mismo cargo y pago de sueldos devengados, no siendo posible dilucidar hechos controvertidos, por la naturaleza sumaria en materia constitucional, esa obligación debe ser realizada, controlada y revisada por el Ministerio de Trabajo y la jurisdicción constitucional no puede conminar al Gobierno Municipal demandado para que proceda a la recontratación de la peticionante de tutela al mismo cargo y sueldo devengados al estar supeditada a una consultoría de línea.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato Administrativo 632/2021 de 14 de septiembre, contratación de consultor individual de línea, mediante el cual el GAM de Bermejo contrató a Elsa Martínez Subia, ahora solicitante de tutela, como consultora, para la prestación de servicio de Psicóloga para el SLIM de la Dirección de Desarrollo Integral Dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano de ese Gobierno Municipal, por el lapso de tres meses y diez días, que fueron computados desde el 15 de septiembre de 2021, por un monto mensual de Bs3 806.-(tres mil ochocientos seis 00/100 bolivianos), (fs. 1 a 7). II.2. A través del Contrato administrativo 116/2022, contrato de consultor individual de línea, suscrito el 3 de febrero de 2022, mediante el cual se contrató a la ahora impetrante de tutela en el cargo de Psicóloga I para el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral de ese Gobierno Municipal, desde el 3 de febrero de 2022 hasta el 2 de julio de ese año (fs. 8 a 10). II.3. Consta Contrato Modificatorio 001/2022, al contrato de servicios de consultoría individual de línea 116/2022, por el cual se amplió el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022, para contratación de consultor individual de línea profesional a Psicóloga I del SLIM, desde el 3 de julio de 2022 hasta el 2 de diciembre de igual año (fs.11). II.4. Mediante Contrato Modificatorio 002/2022, se amplió el plazo de vigencia del Contrato Administrativo 116/2022 de 3 de febrero y el Contrato Modificatorio 001/2022 de 1 de julio, para contratación de consultor individual de línea Profesional A Psicóloga I para el SLIM, dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral de ese Gobierno Municipal, ampliando el plazo del mismo desde el 3 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022 (fs. 12). II.5. Cursa Certificado de Nacimiento de la menor AA, nacida en Bermejo el 25 de noviembre de 2015, sexo femenino, constando como madre Elsa Martínez Subia, ahora accionante y como padre Marco Antonio Cáceres Farfán (fs. 14); así como también, carnet de discapacidad correspondiente a la menor nombrada, con una discapacidad auditiva en un 42%, vigente hasta el 23 de julio de 2023 (fs. 16). II.6. El 23 de diciembre de 2022, la ahora impetrante de tutela, por nota dirigida a Irineo Flores Martínez, Alcalde Municipal de Bermejo, ahora demandado, puso a su conocimiento que tiene a su cargo una hija con discapacidad auditiva, por lo que se encuentra respaldada por el art. 2 de la Ley 977 (fs. 21). II.7. La ahora peticionante de tutela, a través del memorial presentado el 9 de enero de 2023, dirigido a la autoridad ahora demandada, solicitó su contratación preferente, al haber comunicado sobre la discapacidad auditiva que padece su hija, que cuenta con el carnet de discapacidad, emitido por el Ministerio de Salud, sin que hasta esa fecha tenga una respuesta sobre su recontratación preferente (fs. 22 a 24 vta.). II.8. Mediante “CITE: OF SECRET DES HUMANO 042/2023 de 16 de marzo”, el Director y la Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, al Secretario Jurídico de esa institución informaron que la ahora accionante sabía que fue contratada bajo la modalidad de consultoría en línea conforme al DS 181, por lo que no está sujeta ni a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público, además que se convocó a la ahora demandante de tutela y se le ofreció el trabajo en la Unidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien no aceptó el mismo (fs. 61 a 62).
La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y “su derecho preferente de contratación”; por cuanto la autoridad demandada, pese a tener conocimiento de que es madre progenitora de una menor con discapacidad, no se la volvió a recontratar al finalizar el último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: i) Excepción al principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional respecto a personas con discapacidad; ii) Marco jurisprudencial, legal, alcance y efectos de los contratos administrativos de consultoría en línea; iii) Puede tutelarse la estabilidad laboral de consultores en línea, cuando se encuentre vigente su contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor; y, iv) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en la SCP 0105/2019-S1 de 5 de abril, bajo el siguiente razonamiento:
La jurisprudencia constitucional a partir de la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, estableció que no era obligatorio acudir ante el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) previo a interponer la acción de amparo constitucional, estableciendo una excepción al principio de subsidiariedad, tratándose de personas con discapacidad; posteriormente la SC 1483/2011-R de 10 de octubre señaló:
…si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado... Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad.
En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en la SCP 0159/2021-S1 de 10 de junio que formuló el siguiente razonamiento: A partir de la SC 0351/2003-R de 24 de marzo, con referencia al trabajo de los consultores en línea, al definir los contratos de prestación de servicios profesionales, se asumió el siguiente entendimiento:
Que, el contrato de prestación de servicios es aquel a través del cual una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio a cambio de una remuneración convenida, como se desprende de la lectura de las previsiones contenidas en los arts. 732 y siguientes del Código Civil, de 06 de agosto de 1975 (CC). Al estar el contrato de prestación de servicios regulado en el Código Civil (Libro Tercero, de las obligaciones, parte segunda, título II, de los contratos en particular) queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y en la esfera jurídica de lo laboral equivale al desempeño de funciones o tareas contratadas de 2El FJ III.1, refiere: “Ahora bien, en el marco estrictamente proteccionista de velar por el interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad, la jurisprudencia constitucional a instituido la excepción al principio de subsidiariedad, a partir de la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, que marcó el cambio de línea jurisprudencial con relación al principio de subsidiariedad tratándose de personas con discapacidad, pues sostuvo: ʽ…no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado´; entendimiento que fue reiterado por la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, entre otras, que además agregó: ʽEsta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada´ (las negrillas son nuestras); entonces, los progenitores o personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad tienen expedita la acción de amparo constitucional a efectos de evitar la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los discapacitados”.
acuerdo con su especialidad y cuya forma de pago de la remuneración convenida se determina de un modo preciso en el contrato que al efecto se suscribe.
A partir de dicha definición, la SCP 0281/2013-L de 2 de mayo determinó que la relación laboral de los consultores en línea, no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, y tampoco se encuentra inmersa en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente de la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público; por lo que, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios, bajo esa perspectiva, en cuanto al financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ya de manera posterior por mandato del art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación- Gestión 2000, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados, concluyendo que:
…la definición de remuneración para consultores en línea, se encuentra prevista en función a la escala salarial, debiendo las Unidades Administrativas de cada entidad elaborar el cuadro de equivalencia de funciones, avalada por la 3 En su F.J. III:1 señaló que: La relación laboral descrito por nuestra jurisprudencia, a tiempo de referirse a los consultores en línea, sostiene que tal situación laboral no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, tampoco se encuentra inmerso en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por la Ley del Estatuto del Funcionario Público, sino que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente de la modalidad de prestación de servicios en calidad de empleados, pues el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público, así lo señaló la SC 0605/2004-R de 22 de abril.
El art. 5 inc. q) del DS 0181 de 28 de junio de 2009, sobre la naturaleza de los servicios, que cumple el consultor individual de línea, señala: “Son los servicios prestados por un consultor individual, para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato”. De dicha definición podemos concluir que, por excelencia el consultor en línea es una persona natural, que presta servicios especiales en el sector público, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Dentro de esa perspectiva el entendimiento del Tribunal Constitucional, determinó lo siguiente: Los consultores en línea, al no ser funcionarios públicos, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios.
Por otro lado, sobre el financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ya de manera posterior por mandato del art. 5 de la Ley del Presupuesto General de la Nación - Gestión 2000, ninguna entidad puede comprometer, ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.
En consecuencia, la definición de remuneración para consultores en línea, se encuentra prevista en función a la escala salarial, debiendo las Unidades Administrativas de cada entidad elaborar el cuadro de equivalencia de funciones, avalada por la Unidad Jurídica y autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, de donde podemos concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad.
Unidad Jurídica y autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, de donde podemos concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad (las negrillas y el subrayado es nuestro). De igual forma, a fin de determinar lo que son los contratos de consultoría en línea, la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio, haciendo referencia a la SC 0165/2005-R de 28 de febrero, puntualizó que el DS 0181 de 28 de junio de 2009, modificado por el DS 1497 de 20 de febrero de 2013, que regula las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que mantiene la regulación de los procesos de contratación y la disposición de bienes y servicios:
…asume el mismo criterio en cuanto al contrato en línea, al indicar en su art. 5 inc. qq): ‘Servicios de Consultoría Individual de Línea: son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato’. Esta modalidad de contratación se encuentra bajo la denominación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, cuya cuantía es de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) hasta Bs1 000 000.- (un millón bolivianos); determinación que se encuentra en el art. 13 del indicado DS 0181, que está modificado por DS 1497; es así, que considerando el entendimiento que hace el DS 0181 de lo que es contratos en línea, se tiene que en este cuerpo legal mantiene la naturaleza de esta modalidad de contratación; y, por ende sujetos a régimen especial previsto en dicha normativa no así al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General de Trabajo (negrillas agregadas). En ese ámbito, la SCP 0510/2019-S2 de 12 de julio, determinó que el DS 0181 en cuanto a la prestación de servicios intelectual, distingue los servicios de consultoría individual de línea para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.qq de la NBSABS); y, los “Servicios de Consultoría por Producto” para un consultor individual o por una empresa consultora, por un tiempo determinado, cuyo resultado es la obtención de un producto conforme los términos de 4En su F.J. III.1. señaló que: Previamente a examinar el presente caso, cabe distinguir el carácter y alcances de los contratos de consultoría para determinar si se encuentran vinculados a la Ley General del Trabajo y al Estatuto del Funcionario Público.
En ese orden, el 31 de enero de 2004 ha sido emitido el DS 27328, con el objeto de establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, las obligaciones y derechos que se derivan de estos, en el marco de la LSAFCO que establece el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
El art. 47 de dicho Decreto Supremo señala que la “contratación de servicios de Consultoría Individual es la modalidad competitiva que permite la participación de un número indeterminado de profesionales independientes que reúnan las condiciones de solvencia académica e idoneidad profesional (...) La contratación de servicios de consultoría individual será por producto y tiempo determinado, y siempre que el servicio no sea de carácter multidisciplinario. El proceso de contratación de Consultores Individuales, los tipos de convocatoria, las condiciones, los términos de referencia, forma de presentación y evaluación de las propuestas así como los requisitos, procedimientos y plazos, se efectuarán de acuerdo a la magnitud del servicio y cuantías establecidas”.
referencia y las condiciones establecidas en el contrato (art. 5.rr de la NBSABS), definiendo que.
…el consultor individual en línea es la persona física que presta servicios intelectuales para realizar actividades o trabajos recurrentes, que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, en sujeción a los términos de referencia y las condiciones fijadas en el contrato; en otros términos, lo que prácticamente realiza el consultor individual en línea es la prestación de trabajo intelectual en forma personal, bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración. De lo señalado, se colige que la naturaleza de los contratos de consultoría de línea, se encuentran sujetos a un régimen normativo especial -Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios- y la contratación de servicios será de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato, por producto y tiempo determinado bajo condiciones de subordinación, dependencia y exclusividad a cambio de una remuneración.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en la SCP 0159/2021-S1 de 10 de junio que formuló el siguiente razonamiento: Al respecto, la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio señaló que:
…se establece que las personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea no están sujetas ni a la Ley General de Trabajo y tampoco al Estatuto del Funcionario Público, ello debido a que están regulados por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que está sujeto a las condiciones en las que se suscribe el mismo, y la naturaleza de los servicios a prestarse, acordándose como contraprestación una remuneración…
Consecuentemente, al no existir una relación obrero patronal propiamente dicha sino una naturaleza distinta sujeta a un régimen especial, la cual dispone una vigencia previamente establecida para la adquisición de un determinado servicio, no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad laboral, dado que la naturaleza de su contratación responde a una necesidad temporal que tiene una determinada institución, por otro lado no se puede exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajusta a sus necesidades o presupuesto.
En ese sentido, la estabilidad laboral tanto de padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con capacidades distintas es viable mientras se encuentre vigente los términos de su contrato de consultoría en línea y siempre que no existan causales de resolución atribuibles al consultor, dado que la justicia constitucional no puede disponer la inamovilidad laboral sin considerar los diferentes aspectos que rodean a cada caso en concreto. A partir de dicha percepción, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0230/2017-S2 de 20 de marzo, definió que la excepción establecida respecto a la estabilidad laboral de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año de edad, así como también de personas con discapacidad, debe ser extendida a otros casos en los que se advierta que una entidad contratante haya afectado de manera arbitraria la vigencia de los contratos suscritos con los consultores en línea, con argumentos que se encuentran al margen de las estipulaciones contenidas en dichos convenios y las normas que las sustentan, ya que se estaría ante actos que atentan flagrantemente la estabilidad laboral de dichos trabajadores, que por las labores que desempeñan, se constituyen también en trabajadores, que realizan servicios a favor de una entidad contratante, por un tiempo determinado, en horarios establecidos y bajo una remuneración mensual, lo cual a su vez implica, que las consultorías individuales en línea, son una forma de contrato de trabajo, que encuentran su marco de protección en el art.46 de la CPE; toda vez que, al ser contratos de trabajo (con matices especiales como la temporalidad y tarea específica), regulados por la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamentales, DS 0181, Ley de Procedimiento Administrativo y el DS 27113 de 23 de julio de 2003, entre otras normas, no pueden estar al margen de la protección constitucional, con el único argumento que no se encuentran regulados por la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público, ya que por mandato constitucional, cualquier tipo de trabajo en relación de dependencia, debe ser entendido en el marco de esta disposición constitucional y encontrar su protección en la misma, concluyendo, que:
…la estabilidad laboral, no sólo podrá ser exigida cuando se trate de empleados (protegidos por la Ley General del Trabajo) o servidores públicos (protegidos por el Estatuto del Funcionario Público), sino también podrá ser exigido por los consultores en línea, claro está de acuerdo a matices diferenciados, pero bajo ninguna circunstancia podrá dejárselos sin protección y tutela constitucional, ya que es deber del Estado proteger el ejercicio del trabajo y la estabilidad laboral en todas sus formas tal como se tiene precisado, incluyendo en este marco a los trabajos realizados por los consultores en línea, en el marco de su regulación especial y diferenciada. Ya que el principio de la estabilidad laboral ‘…Denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido’ (SCP 0177/2012 de 14 de mayo); merece protección especial por nuestro Estado puesto que cuando se lo vulnera, no solo se lesiona el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, y también de todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, por lo que su protección debe ser pronta e inmediata, debiendo incluso hacerse abstracción del principio de subsidiariedad.
Consecuentemente, podrá invocarse estabilidad laboral ante la jurisdicción constitucional, en casos en los que una entidad contratante determine dar por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté aún vigente y la resolución no sea atribuible al consultor; no siendo necesario acudir ni agotar las instancias de solución de controversias establecidas en el propio contrato, ya que si se llegase a evidenciar lesión alguna al derecho a la estabilidad laboral, la jurisdicción constitucional, sólo procederá a efectuar una tutela provisional, que podrá ser modificada con posterioridad en proceso judicial o administrativo, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de consultoría. Bajo ese marco conforme se expresó en la SCP 0807/2018-S1 de 28 de noviembre, se extrae que no puede invocarse estabilidad e inamovilidad laboral, cuando se trate de personas contratadas bajo la modalidad de consultoría en línea, debido a que no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público; pero, también que puede operar una excepción a esta regla, y ser viable de esa manera la inamovilidad y estabilidad laboral, cuando se trate de consultores en línea que sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año, personas con discapacidad o cuando se dé por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan, siempre y cuando el contrato esté vigente y no existan causales de resolución atribuibles al consultor.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0289/2020-S1 de 10 de agosto; 0679/2020-S1 de 3 de noviembre; 0285/2021-S1 de 21 de julio; 0516/2021-S1 de 11 de octubre; 0475/2022-S1 de 24 de junio; 1182/2022-S1 de 11 de octubre; 0162/2023-S1 de 29 de marzo; y, 1089/2023-S1 de 13 de septiembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:
Artículo 14.
(…)
II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona (el resaltado nos corresponde).
Artículo 45.
(…)
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales (las negrillas adicionadas).
Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:
1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Artículo 71
I.Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.
II.El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.
III.El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Artículo 300.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: (…)
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (…)
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe:
Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)
I.El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.
debidamente su despido.
III.Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.
IV.Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo (las negrillas son añadidas). Por su parte, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, refiere lo siguiente:
Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios:
Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia.
Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena.
Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno.
Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad.
Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión (el subrayado y negrillas nos corresponden).
Artículo 5°.- (Inamovilidad)
II.Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente” (el resaltado es ilustrativo). Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo etáreo; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero que refiere: …la inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, 5Fundamento Jurídico III.2. “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.
Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto…”.
6“En ese orden de ideas, de los Fundamentos Jurídicos III.2. desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento; bajo ese razonamiento, la Ley de la Persona con Discapacidad y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental, enaltecen la exclusiva protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral como resguardo de sus derechos fundamentales como el trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa que le asegure una vida digna para sí y su familia.
La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social.
desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social (las negrillas son añadidas). Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato laboral indefinido, y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio, sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, otorgó la tutela constitucional bajo el siguiente análisis: …de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial (las negrillas y el subrayado nos corresponde). Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así 7III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia. A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Ley Fundamental de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); art. 4.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. La garantía de inamovilidad laboral, está instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017…
(…)
Conforme a dicha norma, la garantía de inamovilidad laboral alcanza a la persona con discapacidad o a la trabajadora o trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad; garantía que encuentra su fundamento en la dignidad humana; así como, en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado; con la aclaración que dicha protección no es absoluta; por cuanto, se mantiene en tanto la o el trabajador cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.
como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la OIT; buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.
La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la seguridad social, al trabajo, a la estabilidad laboral y “su derecho preferente de contratación”; por cuanto la autoridad demandada, pese a tener conocimiento de que es madre progenitora de una menor con discapacidad, no se la volvió a recontratar al finalizar el último Contrato Administrativo de Prestación de Servicio de Consultoría Individual de Línea.
Ahora bien, de los antecedentes que cursan en el expediente se tiene el Contrato Administrativo 632/2021, contratación de consultor individual de línea, mediante el cual el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo contrató a Elsa Martínez Subia, ahora impetrante de tutela, como consultora, para la prestación de servicio de Psicóloga para el SLIM de la Dirección de Desarrollo Integral Dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano de ese Gobierno Municipal, por el lazo de tres meses y diez días, que serán computados desde el 15 de septiembre de 2021, por un monto mensual de Bs3 806.-(tres mil ochocientos seis bolivianos) (Conclusión II.1.).
Posteriormente, a través del Contrato Administrativo 116/2022, contrato de consultor individual de línea, suscrito el 3 de febrero de 2022, mediante el cual se contrató a la ahora solicitante de tutela en el cargo de Psicólogo I para el SLIM dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral de ese Gobierno Municipal, desde el 3 de febrero de 2022 hasta el 2 de julio de ese año (Conclusión II.2.).
Consta Contrato Modificatorio 001/2022 de 1 de julio, al contrato de servicios de consultoría individual de línea 116/2022, por el cual se amplió el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022, para contratación de consultor individual de línea profesional a Psicóloga I del SLIM, desde el 3 de julio de 2022 hasta el 2 de diciembre de igual año (Conclusión II.3.).
Mediante contrato modificatorio 002/2022 de 2 de diciembre, se amplió el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022 y el contrato modificatorio 001/2022, para contratación de consultor individual de línea Profesional A Psicóloga I para el SLIM, dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral de ese Gobierno Municipal, ampliando el plazo del mismo desde el 3 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022 (Conclusión II.4.).
Por otro lado, cursa Certificado de Nacimiento de la menor AA, nacida en Bermejo el 25 de noviembre de 2015, sexo femenino, constando como madre Elsa Martínez Subia, ahora accionante y como padre Marco Antonio Cáceres Farfán; así como también, carnet de discapacidad correspondiente a la menor nombrada, con una discapacidad auditiva en un 42%, vigente hasta el 23 de julio de 2023 (Conclusión II.5.).
El 23 de diciembre de 2022, la ahora impetrante de tutela, por nota dirigida a Irineo Flores Martínez, Alcalde Municipal de Bermejo, ahora demandado, puso a su conocimiento que tiene a su cargo una hija con discapacidad auditiva, por lo que se encuentra respaldada por el art. 2 de la Ley 977 (Conclusión II.6.).
La ahora peticionante de tutela, a través del memorial presentado el 9 de enero de 2023, dirigido a la autoridad ahora demandada, solicitó su contratación preferente, al haber comunicado sobre la discapacidad auditiva que padece su hija, que cuenta con el carnet de discapacidad, emitido por el Ministerio de Salud, sin que hasta esa fecha tenga una respuesta sobre su recontratación preferente (Conclusión II.7.).
Finalmente, mediante “CITE OF SECRET DES HUMANO 042/2023 de 16 de marzo”, el Director y la Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, el Secretario Jurídico de esa institución informó que la ahora accionante sabía que fue contratada bajo la modalidad de consultoría en línea conforme al DS 181, por lo que no está sujeta ni a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público, además que se convocó a la ahora solicitante de tutela y se le ofreció el trabajo en la Unidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien no aceptó el mismo (Conclusión II.8.). Antes de ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada, corresponde remitirnos a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual dejo claramente establecido que una persona con discapacidad o que tenga bajo su dependencia personas con tal calidad puede acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa; es decir, sin que le sea exigible que agote previamente los mecanismos en la vía ordinaria o administrativa para resguardar sus derechos, al demandarse derechos de personas pertenecientes a grupos de prioritaria atención y de protección reforzada; por lo que, la solicitante de tutela al activar directamente esta acción tutelar sin que en forma previa acuda a la instancia administrativa laboral a fin de que se emita la conminatoria de reincorporación laboral, actuó conforme a derecho; aspecto que, permite ingresar al análisis de fondo de la problemática, prescindiendo de la subsidiariedad exigida en acciones de amparo constitucional. Ahora bien, considerando la problemática identificada precedentemente, corresponde remitirnos a la jurisprudencia constitucional establecida en cuanto al alcance y efectos de los contratos administrativos de consultoría en línea, misma que se encuentra citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, determinándose que la situación laboral de los consultores en línea, no ingresa en el ámbito de los trabajadores asalariados protegidos por la Ley General del Trabajo, tampoco se encuentra inmerso en el ámbito de la carrera administrativa, prevista por el Estatuto del Funcionario Público; puesto que dicho régimen contractual, tiene un tratamiento especial y diferente, regido por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS); consecuentemente, el consultor no es un empleado en esencia, por lo mismo no es un servidor público; por lo que, no se constituye en titular de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios. Así, en cuanto al financiamiento que se emplea para el pago de los servicios que prestan los consultores en línea, anualmente las entidades públicas elaboran sus Planes Operativos Anuales (POA), que posteriormente se presentan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, de donde se puede concluir que, el presupuesto aprobado para la contratación de consultores en línea, en cada entidad pública se encuentra programada con anterioridad. Bajo ese contexto, tal como lo refiere la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional se tiene establecido que en los contratos de consultoría de línea no se puede impetrar estabilidad o inamovilidad laboral, dado que la naturaleza de su contratación responde a una necesidad temporal que tiene una determinada institución, en tal sentido, no se puede exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajusta a sus necesidades o presupuesto; sin embargo, existe una excepción a dicha regla, siendo posible que los consultores de línea reclamen la estabilidad laboral cuando los mismos sean padres progenitores, madres con hijos menores de un año y personas con discapacidad, siempre y cuando esté vigente el contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor, excepción que fue ampliada ante los casos en los que se advierta que una entidad contratante haya afectado de manera arbitraria la vigencia de los contratos suscritos con los consultores de línea, con argumentos que se encuentran al margen de las estipulaciones contenidas en dichos convenios y las normas que las sustentan. De igual manera, en relación a la inamovilidad laboral de personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, indicó que las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como también las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, conforme a la previsión del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades. En ese sentido, conforme se tiene de los antecedentes citados supra, es preciso señalar que en el caso de autos, a través del Contrato Administrativo 632/2021 de 14 de septiembre, contratación de consultor individual de línea, el GAM de Bermejo contrató a Elsa Martínez Subia, ahora accionante, para la prestación de servicio de Psicóloga para el SLIM de la Dirección de Desarrollo Integral Dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano de ese Gobierno Municipal, por el plazo de tres meses y diez días, computados desde el 15 de septiembre de 2021, por un monto mensual de Bs 3 806.-( tres mil ochocientos seis 00/100 bolivianos); posteriormente, mediante el Contrato Administrativo 116/2022, contrato de consultor individual de línea, suscrito el 3 de febrero de 2022, la mencionada institución contrató a la ahora accionante en el cargo de Psicóloga I para el SLIM dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral, desde el 3 de febrero de 2022 hasta el 2 de julio de ese año; el cual mereció el Contrato Modificatorio 001/2022 de 1 de julio, por el cual se amplió el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022, para contratación de consultor individual de línea profesional A Psicóloga I del SLIM, desde el 3 de julio de 2022 hasta el 2 de diciembre de igual año; y finalmente, mediante contrato modificatorio 002/2022 de 2 de diciembre, se amplió el plazo de vigencia del contrato administrativo 116/2022 y el contrato modificatorio 001/2022, para contratación de consultor individual de línea Profesional A - Psicóloga I para el SLIM, dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral de ese Gobierno Municipal, ampliando el plazo del mismo desde el 3 de diciembre de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022; plazo de contratación que conforme sostuvo la jurisprudencia constitucional desarrollado supra responde a una necesidad temporal de la institución; por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, no se podría exigir al empleador a mantener una relación laboral o suscribir un nuevo contrato de consultoría que no se ajuste a sus necesidades o presupuesto; haciendo notar, que los consultores de línea no pueden invocar estabilidad e inamovilidad laboral, salvo que se trate de consultores de línea que sean padres progenitores o madres de hijos menores de un año y personas con discapacidad, siempre y cuando esté vigente el contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor, o cuando una entidad contratante determine dar por concluido un contrato de consultoría, fuera de las estipulaciones del contrato suscrito y de las normas que las regulan. En ese marco, si bien la hija menor de edad de la accionante (fs. 14) tiene discapacidad auditiva del 42%, conforme al carnet de discapacidad cursante a fs. 16; y que bajo el entendimiento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, gozaría del beneficio de inamovilidad laboral por tener bajo su guarda y protección una persona con discapacidad; no obstante, hay que tener en cuenta, que conforme a la citada jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia, dicho beneficio solo puede ser tutelado siempre y cuando esté vigente el contrato no alcanzando la antedicha protección en Contratos Administrativos de Prestación de Servicios de Consultoría de Línea cuando ya hayan cumplido el plazo de duración y por lo mismo no se encuentren vigentes; lo cual ocurre en el presente caso; puesto que, el Contrato Administrativo 116/2022 de contratación de consultor individual de línea, profesional A - Psicóloga I del SLIM dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo de 3 de febrero, modificado por los contrato modificatorios 001/2022 de 1 de julio y 002/2022 de 2 de diciembre -último contrato firmado por la solicitante de tutela- tenía una duración y vigencia hasta el 30 de diciembre de 2022, aspectos que denota la inexistencia de una desvinculación sin causa justa; toda vez que, se cumplió con el plazo de duración de la consultoría; consecuentemente, -se reitera- al no alcanzar el beneficio de inamovilidad laboral de personas que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad en contratos que ya no se encuentran vigentes a momento de presentar el reclamo, no se advierte la vulneración de los derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral denunciada por la peticionante de tutela, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
Finalmente en cuanto al derecho a la contratación preferente, ante las solicitudes efectuadas por la parte impetrante de tutela ante la autoridad demandada (fs. 21 y 22 a 24 vta.), corresponde que el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo dé respuesta a las mismas en aplicación de la normativa establecida para dicho efecto, por lo que este Tribunal Constitucional Plurinacional, no emitirá pronunciamiento alguno al respecto;
así como tampoco sobre el derecho a la vida, por cuanto la accionante únicamente se limitó a citarlo, sin realizar fundamentación alguna sobre el mismo, consecuentemente, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 21 de marzo de 2022 -siendo lo correcto 2023-, cursante de fs. 73 a 79vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de Bermejo del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, señala: “Sin embargo del fallo mencionado, dichos organismos encargados de proteger a los discapacitados, no constituyen en sí una vía reparadora y efectiva para el restablecimiento de los derechos de aquellos que se lesionan, sino un medio para llegar a esa instancia en la que deben restablecerse las garantías y los derechos reclamados, pues conforme a las disposiciones legales por los que han sido instituidos, únicamente asumen la defensa ante las instancias respectivas, es decir que no están facultados para solucionar las situaciones que son puestas en su conocimiento, lo que no hace obligatorio acudir previamente a esos organismos para interponer el amparo constitucional y declararlo improcedente por su carácter subsidiario, por cuanto con esa omisión no resulta afectado este principio ante el hecho de que el acudir o no a esos organismos creados para la protección de personas discapacitadas, no incide en la subsidiariedad del recurso de amparo, Por el contrario éste abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0359_2025-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): cf9a87bcdf53dcd776b351e1da32ba9a25748be0451a2f6791f8424565d30f06
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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