B.IA.LEGAL

SCP 0359/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de junio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
64716-2024-130-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y salud de su hijo menor de edad AA, al trabajo a la remuneración, al debido proceso, a la inamovilidad laboral e indefensión, discriminación e “igualdad” toda vez que, a raíz de varios procesos disciplinarios instaurados en su contra, los ahora accionados de manera errónea y arbitraria hubieran ejecutado las sanciones emergentes de los procesos, realizando la sumatoria de dieciocho meses de suspensión de sus labores, sin goce de haber, cuando la sanción máxima disciplinaria por faltas graves es de seis meses,, además de no considerar su inamovilidad laboral por ser madre de un lactante menor de un año de edad, empeorando aún más su situación, cuando ante una emergencia de salud de su hijo, le fue negada la atención medica del seguro de la CNS, por no contar con una papeleta de pago vigente a consecuencias de las sanciones. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2024 de 26 de mayo y decreto complementario de 27 del mismo mes de 2024, cursantes de fs. 52 a 56 y 68, pronunciado por el Juez Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia,

1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho de inamovilidad laboral, al trabajo, a la remuneración y la salud; disponiendo, la inmediata reincorporación de: Marcia Teresa Nina Rodríguez, al mismo cargo que venía ejerciendo antes de ser suspendida; computando los dos meses y días que faltaba cumplir para el cese de la inamovilidad laboral por maternidad conforme los Fundamentos Jurídicos, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales por ese lapso, con la habilitación al seguro médico de la funcionaria y dependiente.

2° Denegar la tutela impetrada, en cuanto los derechos a la vida, debido proceso, igualdad y discriminación; y,

3° Ordenar al Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, para que, en el plazo máximo de tres meses de su legal notificación con el presente fallo constitucional, modifique el Acuerdo 020/2018, Reglamento y conexos, conforme al Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La conversión de las acciones constitucionales está reservada para grupos que demanden una protección constitucional reforzada
  2. III.2. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  3. III.3. Postergación de la sanción impuesta a la mujer embarazada trabajadora o al progenitor hasta un año del nacimiento de su hija o hijo
  4. III.4. Sobre la inembargabilidad de los sueldos (control de convencionalidad y constitucionalidad)
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2024-S3 Sucre, 27 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 64716-2024-130-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2024 de 26 de mayo, y decreto complementario de 27 del mismo mes de 2024, cursantes de fs. 52 a 56 y 68, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Marcia Teresa Nina Rodríguez por sí y en representación de su hijo AA contra Juan Carlos Apaza Canaviri y Wendy Jacqueline Ponce Herrera, actual y ex encargados de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Dirección Departamental del Consejo de la Magistratura de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2024, cursante de fs. 38 a 45; la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 18 de agosto de 2022, fue posesionada como Secretaria del Juzgado Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, del cual emergieron varios procesos disciplinarios en su contra, muchos de ellos por la misma causa, inventados por los Jueces Disciplinarios del Consejo de la Magistratura, más allá de lo injusto de estas resoluciones, que no es el motivo de la presente acción tutelar, sino el hecho que estas sanciones fueron programadas y ejecutadas ilegalmente por la Unidad de RR.HH. de la Dirección Departamental de! Consejo de la Magistratura de La Paz, a través de los accionados, suspendiéndola de sus funciones "SIN GOCE DE HABERES" a partir de febrero de 2024 y así sucesivamente, por el lapso de dieciséis meses; es decir, hasta el 31 de agosto de 2025; no obstante, la suspensión solo era de un mes, con excepción del Memorando CMLP/URH/SD 105/2024 de 8 de abril, que se determinó su suspensión por cuatro meses. Agregó que estos actos administrativos, devienen de un constante acoso laboral practicados en su contra, vulnerando varios derechos y garantías constitucionales que ponen en peligro eminente la seguridad, estabilidad, subsistencia digna y hasta la vida de su hijo AA, quien nació el 7 de marzo de 2023, situación que conocían los accionados; sin embargo, no respetaron su inamovilidad laboral, establecida en el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE); en cuyo caso, su hijo AA, cumpliría un año recién el 7 de marzo de 2024; empero, la ex Encargada de RR.HH. -hoy accionada- se precipitó y ejecutó ilegalmente la sanción a partir del 1 de febrero de 2024, cuando su hijo contaba con siete meses de edad, sin respetar la Ley Fundamental, que prohíbe taxativamente cualquier desvinculación laboral o suspensión de funciones de los progenitores que estuvieran a cargo de los menores de edad, protegiendo netamente el interés superior del niño; siendo que, en su caso la sanción esgrimida en los dieciséis memorandos es de: "SUSPENSIÓN PROGRAMADA DURANTE DOS AÑOS Y SIN GOCE DE HABERES Y POR ENDE SIN DERECHO AL SERVICIO DE SALUD" (sic). Refirió, que como consecuencia de su suspensión hasta agosto de 2025, se le impide, así como a su hijo menor de edad a contar con un seguro de salud; toda vez que, a los dos meses de no percibir salarios y las "consecuentes deducciones" a la Caja Nacional de Salud (CNS) se suspenden los servidos de médicos, que experimentó el 24 de mayo de 2024, cuando acudió al seguro de salud por urgencia grave de su hijo menor, la misma que fue negada por no estar habilitada, como consecuencia de no haber percibido salario mensual, poniendo en serio riesgo, no solo la integridad de su hijo menor, sino su vida, tal como evidencia las pruebas adjuntas; pues una cosa es que, reciba sus salarios a causa de sus suspensiones y otra, que el Consejo de la Magistratura deje de cumplir las obligaciones de seguridad social, tomando en cuenta que no está desvinculada de la institución, pues solo se encuentra suspendida. Manifestó, que los primeros cinco memorandos están firmados por la ex Encargada y once por el actual Encargado de RR.HH. de la indicada institución; por ende, los accionados de manera ilegal realizaron una programación de sanciones "SUMANDO Y ACUMULANDO" las mismas hasta el 31 de agosto de 2025, cuando aquello está prohibido por el derecho punitivo donde también se encuentra el derecho sancionador o disciplinario; dado que, en Bolivia está prohibido la sumatoria y acumulación de sanciones y más aún la programación a conveniencia de las mismas. Asimismo, el art. 208.11 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- claramente establece que las sanciones de suspensión no pueden sobrepasar el lapso de los seis meses de suspensión sin goce de haberes; sin embargo, los ahora accionados en los hechos, la suspenden por un periodo de dieciocho meses, sin goce de haber, seguro, prestaciones y otros beneficios; por lo que, plantea la presente acción de libertad bajo la modalidad instructiva y reparadora, tomando en cuenta que el “vivir bien, vivir con dignidad y vivir con salud” (sic) se encuentran en peligro.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló la lesión de sus derechos a la vida y salud de su hijo AA menor de edad; al trabajo, a la remuneración, al debido proceso, a la inamovilidad laboral, a la indefensión, discriminación e "igualdad"; citando al efecto, los arts. 46, 48.VI, 62, 115, 116, 118.II y III de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) "DEJAR SIN EFECTO ALGUNO" la suspensión de funciones sin goce de haberes dispuesta en los: Memorandos CMLP/URH/SD 179, 180, 181, 182, todos de noviembre de 2023; 087, 090 del 14 de marzo de 2024; y, 105/2024 de 8 de abril; puesto que, ya habría cumplido la sanción de cerca de cuatro meses; y, b) Disponer: b.1) La restitución inmediata a su fuente laboral; b.2) La habilitación tanto de su persona como de su hijo AA al servicio de salud a través de la CNS; b.3) Al pago de sus salarios devengados; b.4) La remisión al Ministerio Público para el procesamiento penal de los accionados; b.5) Así como la sanción de Bs22 765 00.- (veintidós mil setecientos sesenta y cinco bolivianos), el equivalente a los cuatro meses de salarios; y, b.6) La calificación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 26 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 51, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y destacando que: 1) Se debe tener presente que tanto ella como el menor AA, pertenecen a grupos vulnerables o de atención prioritaria, contando su hijo con once meses de vida cuando acontecieron estos sucesos de suspensiones (1 de febrero de 2024), incumpliendo lo establecido por el art. 48.VI de la CPE, así como la SCP 0130/2018-S2 de 16 de abril; y, 2) En este segundo ilícito de indefensión total y ausencia de medios de subsistencia para su familia durante 2024-2025, realizando un detalle de los Memorandos emitidos por los accionados, llegando a suspenderla hasta el 31 de agosto de 2025; es decir, con una sumatoria de dieciocho meses, actos que vulneran sus derechos invocados anteriormente, privándole de contar con una remuneración, sin considerar que es la única persona encargada de la manutención, salud vestimenta, alimentación y seguridad de su hijo menor, afectando también un debido proceso ya que realiza una ilegal sumatoria de sanciones, en contrario con lo establecido por la norma, respecto a que el proceso disciplinario no puede exceder de los seis meses.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Juan Carlos Apaza Canaviri, actual Encargado de RR.HH. de la Dirección departamental del Consejo de la Magistratura de La Paz, en audiencia manifestó que: i) Efectivamente se formularon los referidos Memorandos; sin embargo, los mismos son emitidos conforme el art. 20 del Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero -Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental-, el cual establece que, los Encargados de RR.HH. tienen tres días para ejecutar las sanciones disciplinarias; toda vez que, la ahora accionante fue disciplinada en varios proceses disciplinarios los cuales se encuentran ejecutoriados; por lo que, como Encargados de RR.HH. no tienen otra alternativa que notificar y ejecutar la sanción, conforme el citado Acuerdo; ii) Con relación a lo que refiere, respecto a que el menor de edad, no estuviera siendo atendido, atentando contra su vida y salud, no es evidente; puesto que, el menor estaría con subsidio; y, iii) Por último tampoco estaría infringiendo las notificaciones de la impetrante de tutela, puesto que al estar suspendida se le debe notificar en su domicilio real; por lo que, ellos tienen que en un informe con las diligencias respectivas a los Juzgados que conocieron los procesos disciplinarios a fin de asegurarse que el disciplinado ya se encuentre cumpliendo la sanción ejecutoriada solicitó se deniegue la tutela solicitada. Wendy Jacqueline Ponce Herrera, ex Encargada de RR.HH., de la mencionada institución, a través de informe escrito de 26 de mayo de 2024, cursante a fs. 60 refirió que, habiendo sido notificada en la presente acción de defensa, en calidad de ex funcionaria del referido cargo, como instancia responsable del Régimen disciplinario e inherente al control y fiscalización correspondiente, habría expedido los memorandos administrativos de 23 de noviembre de 2023 contra la accionante; sin embargo, recién hace su reclamo cuando ya han trascurrido más de seis meses del hecho, que no implicó en ningún momento una ilegal persecución, ni un indebido proceso, menos aún privación de libertad para suponer que se estaría vulnerando su derecho a la libertad física o de locomoción, peor aun cuando su persona ya no obstante el cargo; por lo que, pidió se deniegue la tutela impetrada

I.2.3. Resolución

El Juez Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Sexto del departamento de la Paz, constituido en Juez de garantías mediante la Resolución 07/2024 de 26 de mayo y decreto complementario de 27 del mismo mes de 2024, cursante de fs. 52 a 56 y 68, concedió en parte la tutela solicitada, entendiendo que los accionados han realizado su labor en cuanto al ejercicio de sus funciones: por lo que, no se determinó ninguna responsabilidad penal, como solicitó la accionante; sin embargo, se dispone, dejar sin efecto los Memorandos 180, 181, 182, 179, todos del 23 de noviembre de 2023, así como los Memorandos “204 de fecha de 27 de diciembre de 2023” (sic); 026, 035, 037, 049, 067, de febrero de 2024; 074, 079; 087, 090, marzo de 2024 y 105/2024 de 8 de abril, debiendo el actual Encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, adecuar sus determinaciones a los elementos del derecho sancionador como el principio proactione, pro omine y las demás determinaciones en esta Resolución, tomando en cuenta que al tratarse de sectores vulnerables exista una personalidad en función a la atención prioritaria y reforzada de estos sectores, como son los niños, con base en los siguiente fundamentos: a) En este caso, tomando en cuenta el deber de dar prioridad al menor, conforme el art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificado por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, el art. 5 del Código Niña Niño y Adolescente (CNNA); además, la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, entre otras; frente a esta problemática, también se debe verificar el tema de la vulneración a la inamovilidad debiendo establecer si es legal la sumatoria acumulación y programación de sanciones; lo cual, es un tema debatible; b) En cuanto los dieciséis memorandos de suspensiones, sin goce de haber de forma sistemática, acumulada y programada a partir de febrero de 2024 al 31 de agosto de 2025, verificada en audiencia, al respecto el art. 178 de la CPE y el art. 3.7 de la LOJ, dispone, que las sanciones deberían ser ejecutadas y cumplidas inmediatamente por las determinaciones disciplinarias que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada; observándose en este caso, que todos los memorandos refieren a una sanción de faltas graves, previstas en el art. 187 de esa Ley, cuya máxima sanción es la suspensión de seis meses sin goce de haber, este parámetro también debió ser revisado y tomar en cuenta lo que desencadenaría la acumulación, debiendo considerarse que ninguna persona puede subsistir por un periodo tan largo de tiempo; no obstante, el art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que debe ser aplicado de manera análoga, ante cualquier vacío de la norma disciplinaria; y, c) Con relación al derecho a la vida y salud, tomando en cuenta que la accionante como su hijo menor, al no contar con un seguro de salud, que permita el acceso al mismo, mucho más cuando la madre ha expresado que es soltera, a la fecha no cuenta con otro ingreso tampoco tiene un salario mensual haber sido suspendida de sus funciones sin goce de haberes, siendo evidente su estado de indefensión, de su derecho a la salud al carecer del seguro médico en la CNS, resaltando que: "es necesario presentar la última boleta de pago" (sic); por ello, ante la falta de pago de salario, lógicamente se le va a suspender el servicio médico, puede que haya un vacío legal al respecto, situación que no depende de los accionados ni de la solicitante de tutela, por ende, se debe dar un enfoque que permita no vulnerar derechos y garantías.

En vía de aclaración, complementación y enmienda solicitada por el encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz (fs. 67), respecto a qué memorandos se debe dejar sin efecto; en atención a ello, el Juez de garantías, mediante decreto complementario de 27 de mayo de 2024 (fs. 68), estableció que, el accionado cumpla con lo dispuesto en la acción de libertad de 25 de ese mes y año, instituido para lo venidero; es decir, si ya se cumplieron algunas sanciones que se las dé por cumplidas, debiendo emitir el accionado cualquier disposición sobre los parámetros considerados en el "Auto” constitucional de la acción de libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 71 a 76 se dispuso la priorización en el sorteo de causas de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presenta causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Memorandos CMLP/URH/SD 180, 181, 182 y 179 todos de 23 noviembre de 2023, Wendy Jacqueline Ponce Herrera ex RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz -ahora accionada- a través de los cuales, dando cumplimiento a las distintas resoluciones definitivas, en la que se declaró probada la de comisión de faltas graves contra Marcia Teresa Nina Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de igual departamento -hoy accionada-, previsto por el art. 187.14 de la LOJ y al encontrarse estas ejecutoriadas, conforme el Acuerdo 020/2018, se suspende del ejercicio de sus funciones a la indicada funcionaria, por un mes, sin goce de haberes, debiendo cumplirse desde el 1 al 29 de febrero; 1 al 31 de marzo; 1 al 30 de abril y del 1 al 31 de mayo, todos de 2024; respectivamente, notificados el 2 de enero de 2024 a la accionante (fs. 62 a 65).

II.2. Por Memorandos CMLP/URH/SD 204/2023 de 27 de diciembre, emitido por Wendy Jacqueline Ponce Herrera, ex Encargada de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz, través de los cuales, se suspende del ejercicio de sus funciones a la impetrante de tutela, por un mes, sin goce de haber, del 1 al 30 de junio de 2024, notificado el 2 de enero de 2024 a la disciplinada (fs. 66). II.3. A través de Memorandos CMLP/URH/SD 026/2024 de 1 de febrero; 032, 035, ambos de 5 de febrero de 2024; 037/2024 de 6 del mismo mes y año; 049 y 067 de 20 y 27 de igual mes y año; Juan Carlos Apaza Canaviri, actual encargado del RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz -hoy accionado-, suspende del Ejercido de Funciones a la peticionante de tutela, por un mes sin goce de haberes; decir, del 1 al 31 de julio; 1 al 30 de agosto; 1 al 30 de septiembre; 1 al 31 de octubre; 1 al 30 de noviembre: 1 al 31 de diciembre, todos de 2024; respectivamente, siendo notificados con todos ellos a la accionante mediante cédula, el 24 de mayo de 2024 (fs. 7 a 12 vta.). II.4. Mediante Memorandos CMLP/URH/SD 074 y 079 de 5 de marzo de 2024;

087 y 090 de 14 del mismo mes y año; Juan Carlos Apaza Canaviri, actual Encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz, suspende del Ejercicio de Funciones a la impetrante de tutela, por un mes sin goce de haberes; es decir, del 1 al 31 de enero de 2025; 1 al 28 de febrero de 2025; 1 al 31 de Marzo de 2025; 1 al 30 de abril de 2025, con fecha de notificación también por cédula de 24 de mayo de 2024 (fs. 13 a 16 vta.). II.5. Por memorandos CMLP/URH/SD 105/2024 de 8 de abril; Juan Carlos Apaza Canaviri, actual Encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz, suspende del ejercicio de funciones a la accionante, por cuatro meses, sin goce de haberes; del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025; notificado por cédula a la impetrante de tutela, el 24 de mayo de 2024 (fs. 6). II.6. Cursa certificado de Nacimiento, emitida por la Oficial de Registro Civil del Servicio de Registro Civil (SERECI) de La Paz, en el que se puede evidenciar que el menor AA, nació el 7 de marzo de 2023, figurando como progenitora, Marcia Teresa Nina Rodríguez (fs. 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y salud de su hijo menor de edad AA, al trabajo a la remuneración, al debido proceso, a la inamovilidad laboral e indefensión, discriminación e “igualdad” toda vez que, a raíz de varios procesos disciplinarios instaurados en su contra, los ahora accionados de manera errónea y arbitraria hubieran ejecutado las sanciones emergentes de los procesos, realizando la sumatoria de dieciocho meses de suspensión de sus labores, sin goce de haber, cuando la sanción máxima disciplinaria por faltas graves es de seis meses,, además de no considerar su inamovilidad laboral por ser madre de un lactante menor de un año de edad, empeorando aún más su situación, cuando ante una emergencia de salud de su hijo, le fue negada la atención medica del seguro de la CNS, por no contar con una papeleta de pago vigente a consecuencias de las sanciones. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La conversión de las acciones constitucionales está reservada para grupos que demanden una protección constitucional reforzada

En cuanto a ello , la SCP 0273/2022-S2 de 11 de mayo, “Sobre el intitulado, la SCP 0615/2012 de 23 de julio, citando la SCP 0345/2012 de 22 de junio, respecto a la reconducción o conversión de acciones constitucionales, señala lo siguiente: ‘…el intérprete advierta que los contenidos de la demanda se acomodan más a la tramitación de otra acción de defensa (acción de libertad, de protección de privacidad, amparo constitucional, acción popular) y de esta manera pueda, al amparo de los principios de eficacia de los derechos fundamentales, economía procesal, prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo, pro actione y iura novit curia, reconducir la tramitación de la acción de cumplimiento a un proceso de acción de libertad, de protección de privacidad, amparo constitucional o acción popular, atendiendo ciertos requisitos a ser desarrollados por la jurisprudencia constitucional en el caso específico, donde se advierta la necesidad de reconducir su tramitación a otro proceso constitucional. (…) Así, la SCP 2271/2012 de 9 de noviembre, recondujo una acción de libertad a una acción de amparo constitucional, al constatar que existía una evidente vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, pero el mismo equivocó la vía de reclamo; «…toda vez que en base a los principios de eficacia de los derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo, favorabilidad, pro actione, iura novit curia y justicia material consagrado en nuestra Ley Fundamental, los actos denunciados por el agraviado merecen un pronunciamiento en el fondo por la jurisdicción constitucional…». Con base en los antecedentes jurisprudenciales antes referidos, la SCP 0210/2013 de 5 de marzo, concluyó que la reconducción de acciones constitucionales: «…es posible en sede constitucional cuando los jueces y tribunales de garantías, así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, adviertan que es imprescindible otorgar una tutela inmediata a los derechos y garantías invocados, ya sea porque, de postergarse la tutela, ésta sería tardía, tornándose en irreparable la lesión a los derechos o garantías de la o el accionante, o porque se trata de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, que merecen una atención prioritaria por parte del Estado y de la justicia constitucional, la cual no puede subordinarse a aspectos formales que demoren la tutela de sus derechos. (…) En el contexto anterior, el grado de vulnerabilidad de las personas depende de distintos factores, ya sean estos físicos, económicos, sociales y políticos, de ahí que surge la necesidad de identificar grupos en mayor grado de vulnerabilidad para adoptar medidas que mitiguen los efectos de las lesiones a sus derechos fundamentales. Por lo tanto, la reconducción o reconversión de las acciones constitucionales, está reservada única y exclusivamente para grupos que demanden una protección constitucional reforzada; es decir, para personas con capacidades especiales o diferentes (discapacitados); para la minoridad (niños, niñas y adolescentes); para pueblos indígena originario campesinos, así como afrodescendientes; personas de la tercera edad o adultos mayores; mujeres en estado de gestación; y, personas con enfermedades graves o terminales. Debiendo tomarse en cuenta el presente razonamiento efectos de la reconducción o reconversión de acciones». Entendimiento reiterado por la SCP 0065/2020-S2 de 17 de marzo’”.

III.2. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

La SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, estableció que: “Por disposición del art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone:

‘I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.

(…)

Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley’.

Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema.

En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres.

Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’.

Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes…” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Postergación de la sanción impuesta a la mujer embarazada trabajadora o al progenitor hasta un año del nacimiento de su hija o hijo

El Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, en su art. 2 establece que: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni sus ubicación en su puesto de trabajo”; es decir, hasta que el menor cumpla un año de edad es protegido hasta que su padre trabajador o madre progenitora permanezca en un mismo cargo en el que se dio la gestación o embarazo y si se dio el movimiento ingresando en el puesto laboral, siendo exigible hasta que el menor cumpla un año de edad; es decir, no estaba en ascenso considerando su inamovilidad laboral, siendo deber de la trabajadora madre o del padre progenitor cumplir en el cargo inherente a sus funciones para la protección del DS 0012.

Al respecto la SCP 1309/2022-S1 de 11 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0086/2012 de 16 de abril, expresó que: “El Tribunal Constitucional, desarrolló líneas jurisprudenciales procesales con relación a la mujer embarazada y del padre progenitor hasta el año de nacimiento de la hija o hijo, en los siguientes precedentes constitucionales:

La línea jurisprudencial sobre la postergación de la sanción administrativa en caso de solicitud de tutela de inamovilidad de progenitores, que afecten su estabilidad laboral es la siguiente:

Las SSCC 0785/2003-R[1] y 1749/2003-R, entre otras, determinaron la protección de la mujer embarazada y madre de hijas e hijos menores a un año y la postergación de la sanción en caso de inicio de procesos disciplinarios hasta el año de nacido la o el hijo. En ese mismo sentido, la SC 1580/2011-R, aplicó dicho entendimiento jurisprudencial con relación al trabajador progenitor, estableciendo la postergación de las sanciones administrativas que podría imponérsele.

(…)

Posteriormente, la SCP 0086/2012, recondujo el entendimiento jurisprudencial señalando que las sanciones administrativas sólo pueden ser concretadas luego de cumplido el año de edad de la o el hijo de la mujer trabajadora o progenitor trabajador, por lo mismo, dejó sin efecto la modulación contenida en la SCP 0076/2012. El precedente constitucional que contiene el estándar más alto de protección, es el contenido en la SCP 0086/2012, por cuanto establece la postergación de la sanción administrativa en caso de solicitud de tutela de inamovilidad de progenitores, que afecten su estabilidad laboral.

Bajo esa comprensión, es posible concluir que la inamovilidad laboral de la que gozan tanto la mujer embarazada y en estado de lactancia, así como el progenitor varón, implica que cualquier sanción a imponérsele en proceso administrativo sancionador, sea la destitución u otra que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o los del nuevo ser, debe diferirse hasta un año del nacimiento del hijo o hija, a efecto de garantizar y precautelar los derechos de carácter fundamental, como la salud, vida y seguridad social que pudieran ser vulnerados de manera irreparable e irremediable”.

III.4. Sobre la inembargabilidad de los sueldos (control de convencionalidad y constitucionalidad)

En ese entendido este Tribunal Constitucional Plurinacional ante la necesidad inminente de garantizar el bienestar de las familias bolivianas, así como cualquier forma de discriminación y desproporcionalidad, garantizando el cumplimiento de sus derechos con equidad e igualdad, conforme a nuestra Ley Fundamental, así como las normas y tratados internacionales, reconocidos por el Estado Boliviano, es imperioso señalar dentro del nuevo ordenamiento civil, el art. 318 del Código Procesal Civil (CPC) referente a que son bienes inembargables.

1. Los sueldos y salarios salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar (…)

Asimismo, el art. 286 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) en cuanto a (SUELDO Y SALARIO EMBARGABLES), establece que: “los sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, rentas y otros beneficios solo podrán ser embargables dentro de la pretensión de asistencia familiar, hasta el cuarenta por ciento (40%) del total mensual”.

Al respecto en cuanto a las retenciones del salario la SCP 1775/2013 de 21 de octubre, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado, reconoce de manera amplia los derechos sociales, su importancia radica en que el mismo Constituyente identificó a los trabajadores como la principal fuerza productiva de la sociedad; por lo tanto, no podían merecer menor protección de parte del Estado. En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, asumiendo su rol de contralor y de los derechos y garantías constitucionales y garante de la eficacia y el ejercicio pleno de los mismos, debe efectuar el resguardo correspondiente frente a acciones y omisiones que vulneren o menoscaben tales derechos fundamentales.

En principio, es importante considerar el contenido del art. 46. de la CPE, cuyo tenor literal, señala: “I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

Ley Fundamental del Estado efectivamente reconoce y garantiza el derecho al trabajo y como consecuencia de ello, a percibir una remuneración o salario justo; sin embargo, tal reconocimiento no es más que una muestra de la coherencia y armonía con las normas de orden internacional en materia social, tomando en cuenta que, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde los primeros años de su creación, asumió el rol protagónico de proteger la remuneración de todo trabajador; en ese sentido, el Convenio sobre la Protección del Salario (Convenio 95, con vigencia desde el 24 de septiembre de 1952), ratificado mediante Ley 2120 de 11 de septiembre de 2000, en su art. 1 estableció: “A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”. Como podrá advertirse, el tema del salario y su protección ha sido una preocupación central para la OIT, de ahí que desde los primeros años de su creación, el citado Organismo, pretendió establecer políticas y comprometer a los Estados miembros para que a través de sus legislaciones internas garanticen y protejan la remuneración de todo trabajador. Por otro lado, el art. 2 de la referida norma internacional, en cuanto al ámbito de aplicación, dispuso que dicho Convenio es aplicable “…a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un salario”; consiguientemente, la observancia de la referida norma es obligatoria para servidores públicos y personas particulares.

Otra de las peculiaridades a ser resaltada, es la relativa a la libre disposición salarial, ello implica que, por el sólo hecho de efectuar el pago total de la remuneración, no se satisface de manera absoluta los derechos inherentes a la protección del salario, sino que, el obrero debe además tener la libertad de disponer o gastar de la manera que estime más conveniente; a tal efecto, el Estado debe asumir su rol de forma responsable haciendo que tales propósitos sean materializados a través de las instituciones y autoridades encargadas en vigilar y garantizar el cumplimiento de tal situación. En ese sentido, el art. 6 del Convenio 95, señala: “Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario.

La inembargabilidad del salario tiende además a garantizar no sólo los derechos del trabajador, sino también, de cuantas personas dependan de él; es decir, si el obrero resulta ser padre de familia, entonces, su salario mensual constituye una garantía para la existencia digna de su entorno, por lo tanto, la privación de su retribución también afectará a cuantas personas se beneficien indirectamente con el mismo, entre ellos el (la) cónyuge, descendientes y en otros casos hasta los ascendientes, de ahí que dicha asignación mensual debe ser inmune a los embargos u otras formas que afecten la integridad de percibir un salario o remuneración justa. En ese sentido, el art. 48.IV de la CPE, establece: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”. En ese mismo contexto, el art. 10 del Convenio 95 de la OIT, señala:

‘1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional.

2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia’.

(…)

De otro lado, también existe la posibilidad de que surjan acuerdos de naturaleza contractual que tiendan a vulnerar o afectar los derechos sociales, a tal efecto, la sabiduría del constituyente boliviano, con una percepción atinada de proteger los derechos sociales, a través del art. 48.III de la CPE, dispuso que: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”. En ese contexto, corresponde señalar que, las normas contenidas en la Ley Fundamental del Estado, particularmente en lo concerniente a los derechos del trabajador, no pueden estar supeditadas a convenios o contratos que restrinjan o supriman la eficacia de los derechos del trabajador, por lo tanto, cualquier contrato que en lo mínimo pretenda afectar derechos sociales, son nulos y carecen de eficacia, entre tanto contravengan los postulados de la Norma Suprema del Estado.

Finalmente, dada la importancia del derecho a un salario y remuneración justa, y por las consecuencias que provocan su vulneración, principalmente por la vinculación con otros derechos fundamentales como la vida, la alimentación, entre otros, corresponde establecer que, ante la evidente vulneración del mismo, sea que provengan de particulares o servidores públicos, empleadores o personas ajenas que con sus acciones u omisiones vulneren o amenacen de lesionar la eficacia y el ejercicio pleno del derecho al trabajo con una retribución justa, la persona afectada podrá acudir de manera directa a la justicia constitucional, solicitando la tutela de sus derechos vulnerados; y, por lo tanto, no se exigirá que el agraviado acuda previamente a las instancias ordinarias o administrativas pretendiendo recibir la protección de sus derechos lesionados, sino que, en el supuesto de existir la evidente vulneración del referido derecho, como consecuencia de las arbitrariedades del empleador o personas ajenas, se prescindirá de las reglas de subsidiariedad que rigen la presente acción tutelar” (las negrillas nos corresponden).

Para el sector público el Estado boliviano cuenta con norma específica que establece el máximo del veinte por ciento para la afectación del salario del proceso interno y el Órgano Judicial mediante los entes que lo constituyen se encuentran impedidos a consignar en sus reglamentos el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de junio de 1990-, dispone “la responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinara por proceso interno de cada entidad que tomara en cuenta los resultados de la auditoria si la hubiere. La autoridad competente aplicara según la gravedad de la falta, las sanciones de multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de treinta días o destitución”; asimismo, el art. 4 de la citada Ley prevé: “Los poderes legislativo y judicial aplicaran a sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y coordinación de poderes”; por otro, lado el art. 208.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) referente a las sanciones dispone: “Por faltas graves serán sancionados con la suspensión del ejercicio de sus funciones de uno a seis meses, sin goce de haberes” dada la exigencia al salario y remuneración justa y que la ley 1178 frente a la ley 025, respecto al salario y remuneración justa con afectación solo con el veinte por ciento del salario mes por proceso interno, impuesto el art. 29 de la Ley 1178 de aplicación inexcusable en el trámite de los principios pro homine, pro actione y de favorabilidad.

III.5. Análisis del caso concreto

La problemática jurídica radica en el hecho que la parte impetrante de tutela por sí y por el menor AA, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y salud de su hijo menor de edad; al trabajo, a la remuneración, al debido proceso, a la inamovilidad laboral, e indefensión, discriminación e "igualdad"; toda vez que, a raíz de varios procesos disciplinarios instaurados en su contra, los ahora accionados de manera errónea y arbitraria hubieran ejecutado las sanciones emergentes de los procesos, realizando la sumatoria de dieciocho meses de suspensión de sus labores, sin goce de haber, cuando la sanción máxima disciplinaria por faltas graves es de seis meses; además, de no considerar su inamovilidad laboral por ser madre de un lactante menor de un año de edad; empeorando aún más su situación, cuando ante una emergencia de salud de su hijo, le fue negada la atención médica del seguro de la CNS, por no contar con una papeleta de pago vigente a consecuencia de las sanciones.

En este caso, la accionante denuncia sanciones disciplinarias interpuestas por RR.HH. del Consejo de la Magistratura a través de los accionados, presuntamente sin el debido proceso, además de afectar directamente su inamovilidad laboral por ser madre gestante de un menor del año de edad, desde que inicio las suspensiones; es decir, del 1 de febrero de 2024, cuando el menor aún contaba con once meses de edad; sería suspendida de sus funciones sin goce del total de su haber mensual por más de dieciocho meses, transcurrió más de tres meses a la fecha de interposición de la presente acción tutelar -25 de mayo de 2024-, que le fueron negados sus ingresos, poniéndola en un estado de indefensión, considerando que es la única proveedora de su hogar, llegando a restringir el derecho a la salud y a la vida de su hijo menor; toda vez que, a consecuencia de las suspensiones emergentes de los procesos disciplinarios en su contra, no tienen acceso al seguro médico de salud, tampoco puede solventar un médico particular para su hijo; se acoge al principio del "vivir bien".

III.5.1. Sobre la reconducción de la acción tutelar

La parte accionante, a través de la acción de libertad denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y salud de su hijo menor de edad; al trabajo, a la remuneración, al debido proceso, a la inamovilidad laboral, e indefensión, discriminación e "igualdad"; si bien la acción tutelar señalada tutela el derecho a la vida; sin embargo, de acuerdo a los argumentos expuestos, esta acción de defensa se acomoda a la tramitación vía acción de amparo constitucional, por ser sanciones disciplinarias que se habrían dado a través de Resoluciones definitivas, ejecutadas por una instancia administrativa, alegando la falta de un debido proceso y una errónea aplicación de la norma; en ese entendido, debe observarse el condicionante normativo que el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que estableció, es posible la conversión o reconducción de una acción tutelar, siempre y cuando el intérprete advierta una mejor tramitación mediante otra acción de defensa; y que la misma, solo puede darse a grupos que demanden una protección constitucional reforzada; en este caso, se cumple tanto la primera condicionante, como la segunda, por tratarse de una madre de un hijo menor de once meses de edad, comprendidos en grupo vulnerable; por lo que, atañe realizar la conversión o reconducción de la acción de libertad presentada por la solicitante de tutela hacia la acción de amparo constitucional para poder ingresar a analizar los actos referidos como vulnerados.

Una vez resuelta la reconversión de la acción de libertad a una acción de amparo constitucional, y antes de ingresar a analizar la problemática traída en revisión, por la naturaleza propia que reviste esta última, cabe hacer mención a dos elementos constitutivos de la misma, como ser la subsidiariedad y la inmediatez; al respecto, de acuerdo al art. 129 de la CPE, la acción de amparo constitucional podrá interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos y amenazados, aspecto que correspondería al principio de subsidiariedad, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, cuando se trata de derechos de niñas, niños y adolescentes, este debe abstraerse en consideración a que son parte de los grupos vulnerables que merecen una atención prioritaria; con relación a la inmediatez, se tienen identificados como lesionados los Memorandos CMLP/URH/SD 180, 181, 182 y 179 que datan de 12 de noviembre de 2023, siendo notificados a la parte accionante el 2 de enero de 2024, (Conclusión II. 1 y 2); asimismo, los Memorandos CMLP/URH/SD; 026/2024 de 1 de febrero; 032, 035, ambos de 5 de febrero de 2024; 037/2024 de 6 del mismo mes y año; 049 y 67 de 20 y 27 de igual mes y año; CMLP/URH/SD 074 y 079 de 5 de marzo de 2024; 087 y 090 del 14 del citado mes y año; CMI P/URG/SD 105/2024 de 8 de abril, de los que se advierte que han sido notificados a la disciplinada mediante cédula el 24 de mayo de 2024 (Conclusiones II. 3 a 5); por tanto, considerando la fecha de interposición de la presente acción tutelar -25 de mayo de 2024-, se encuentran dentro del término previsto por la Norma Suprema para su interposición.

III.5.2. En cuanto a la inamovilidad laboral

Ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, respecto a la inamovilidad laboral, la jurisprudencia constitucional razonó, la protección de la mujer embarazada y madre de hijas e hijos menores a un año y la postergación de la sanción en caso de inicio de procesos disciplinarios hasta el año de nacido la o el hijo"; señalando además que "las sanciones administrativas sólo pueden ser concretadas luego de cumplido el año de edad de la o el hijo de la mujer trabajadora o progenitor trabajador"; asimismo instituye que la inamovilidad laboral de la que goza la madre o padre progenitor, "implica que cualquier sanción a imponérsele en proceso administrativo sancionador, sea la destitución u otra que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o los del nuevo ser; debe diferirse hasta un año del nacimiento del hijo o hija, a efecto de garantizar y precautelar los derechos de carácter fundamental, como la salud, vida y seguridad social que pudieran ser vulnerados de manera irreparable e irremediable (Fundamento Jurídico III.3).

En ese entendido, en cuanto a las actuaciones de Wendy Jacqueline Ponce Herrera, ex Encargada de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz -ahora accionada- quien ejecutó la primera sanción a través de la notificación de 2 de enero de 2024 con el Memorando CMLP/URH/SD 180/2023, suspendiendo a la solicitante de tutela de su funciones laborales desde 1 al 29 de febrero de 2024, sin goce de haber mensual, cuando la sanción no podía ser concretada; toda vez que, la disciplinada en ese entonces contaba con inamovilidad por ser progenitora del menor lactante nacido el 7 de marzo de 2023 (Conclusión II.6); correspondiéndole aún hasta el 7 de marzo 2024, inamovilidad laboral en el cargo de Secretaria del Justado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, así cumplido un año su hijo menor, recién podía ejecutarse la sanción impuesta conforme el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; es decir, en efecto diferido hasta que el menor cumpla un año de edad al 7 del mes y año señalados; dado que, la impetrante de tutela aún se encontraba dentro del ámbito de protección del art. 2 de la Ley 012 que establece: "La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestión hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo"; al respecto, la coaccionada el 2 de enero de 2024, lesionó el derecho al trabajo e inamovilidad laboral, cuando la misma hasta el 7 de marzo de 2024, contaba con inamovilidad en su cargo y para mayor arbitrariedad en ese mismo acto el 2 de enero de 2024, notificó y ejecutó la suspensión de funciones, sin goce de haber contra la hoy accionante, dispuesto por los Memorandos CMLP/URH/SD 180, 181, 182, 179 y 204/2023, conforme se verifican de las Conclusiones II. 1 y 2, actuación que importa mayor impacto en la lesión de la inamovilidad laboral de la impetrante de tutela, sancionándola más allá del 20% de su haber mensual como sanción disciplinaria; por lo cual, no cuenta con boleta de pago. Al haber sido sancionada con suspensión de funciones sin goce de haber de forma conjunta por un mes y por varios meses por las diferentes sanciones disciplinarias que de forma conexa a merecer de una remuneración justa; es decir, además del 80% del salario restante por mes que no puede afectarle, resulta que no cuenta con boleta de pago y acceder a la salud el menor a un año su hijo, cuando la accionante goza de inamovilidad laboral en su cargo hasta que su hijo cumpla un año de edad, hecho ante el cual, recién corresponde la ejecución de suspensión contra la misma conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la sanción del 20% del salario mensual y no como se evidencia en el caso en análisis que llevó a la impetrante de tutela con la suspensión de funciones y que goce del 100% del haber de salario, en lesión a los derechos al trabajo, inamovilidad laboral, remuneración y salud, para su hijo menor de edad.

Respecto a las actuaciones de Juan Carlos Apaza Canaviri, actual Encargado de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de La Paz -hoy accionado-, quien ejecutó los Memorandos CMLP/URH/SD; 026/2024; 032, 035; 037, 049, 67, 074, 079, 87, 090, 105; derivados de las Resoluciones definitivas emitidas por un Juez disciplinario; notificados a la impetrante de tutela el 24 de mayo de 2024, como consta en las Conclusiones II. 3 a 5, del presente fallo constitucional, quien justificó su actuar indicando que simplemente cumplió un mandato conforme el art. 20 del Acuerdo 020/2018; computando las sanciones notificadas del 2 de enero de 2024, atribuible a la accionada, importa que el accionado incurrió en total arbitrariedad; puesto que, la accionada en ese primer grupo de suspensiones sin goce de haberes agravando aún más la situación laboral de la peticionante de tutela, con mayor razón cuando esas sanciones disciplinarias debieron ejecutarse al cumplimiento de un año de edad de su hijo, así también el accionar atribuido al accionado evitó que el hijo menor de edad, cuente con un seguro médico. Otras consideraciones

Bolivia es un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad donde predomine la búsqueda del "vivir bien"; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra.

Asimismo, el art. 46.I.1 de la CPE establece que toda persona tiene derecho: "Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna".

Por otro lado, se tiene el art. 29 de la Ley 1178 que dispone: "La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaría del servidor público, se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoria si la hubiere. La autoridad competente aplicará según la gravedad de la falta, las sanciones de multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; suspensión hasta un máximo de treinta días; o destitución".

Sin embargo, el art. 208 de la LOJ, prevé; "I. Las sanciones por faltas leves son: 1. Amonestación escrita; y 2. Multas del veinte por ciento (20%) del haber de un mes. II. Por faltas graves serán sancionados con la suspensión del ejercicio de sus funciones de uno a seis meses, sin goce de haberes. III. Por la comisión de faltas gravísimas, serán sancionados con la destitución del cargo”.

El art. 20 del Acuerdo 020/2018 de 27 de febrero, en cuanto a la ejecución de sanción, dispone: "Una vez que la resolución definitiva, adquiera firmeza, la o el Encargado de Recursos Humanos del Distrito dependiente del Consejo de la Magistratura, deberá ejecutar la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado en el plazo máximo de tres días hábiles, computables a partir de su legal notificación bajo las siguientes modalidades: I. Si el disciplinado se encuentra desempeñando las mismas funciones con la que fue procesado y sancionado, se ejecutara la sanción conforme a lo dispuesto en la resolución definitiva. II. Si el disciplinado se encuentra fungiendo otras funciones dentro el Órgano Judicial, será sancionado con todos los efectos del cargo que fungía y por el que fue denunciado. III. Si el disciplinado ha cesado en sus funciones, la ejecución procederá únicamente a efectos de registro. El incumplimiento de esta obligación implicara responsabilidades previstas en el ordenamiento legal vigente".

Para las garantías jurisdiccionales, la teoría constitucional ha desarrollado criterios particulares como ser el principio pro actione, que a la luz de la presente problemática, está directamente vinculado con los derechos a la tutela constitucional efectiva y al acceso a la justicia constitucional; por lo que, este es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual la interpretación de una disposición constitucional, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca la justicia que cualquier formalismo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva, aplicación siempre el principio de favorabilidad e interpretación más favorable y extensiva de los derechos humanos en el marco de Tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humano.

En ese entendido, ante la importancia del derecho al trabajo y a una remuneración justa, frente a cualquier afectación (procesos disciplinarios, etc.), los sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, rentas y otros beneficios sociales, sólo podrán ser afectados en el veinte por ciento del haber mensual por imperio del art. 29 de la Ley 1178, siendo la ley específica que regula la afectación máxima del veinte por ciento de un salario; por ende, ningún servidor público podrá ser afectado en su salario más de lo mencionado, la afectación por más de este porcentaje establecido por ley, conlleva a la vulneración de otros derechos y principios; toda vez que, detrás de ese titular afectado están también los derechos de sus dependientes ya sean estos ascendientes, descendientes y/o cualquier persona que se encuentre bajo su protección; por tanto, ningún boliviano puede ser privado de más del porcentaje establecido por ley, peor aún del total de sus ingresos.

Consiguientemente, bajo ningún motivo, circunstancia o figura de suspensión disciplinaria de funciones, está permitido la privación del funcionario público de percibir el total de su haber mensual; salvo que por sanción de proceso interno ejecutoriado se le afecte máximo el veinte por ciento de su salario, debiendo guardar su remuneración incólume del ochenta por ciento del mismo; es así que, la norma citada de la Ley de Organización Judicial y el Acuerdo 020/2018, impetra una medida desproporcional y totalmente arbitraria por parte del Consejo de la Magistratura, el hecho que se imponga una sanción a un funcionario privándole del total de su haber mensual, cuando conforme a nuestro ordenamiento interno y tratados internacionales, ratificados por Bolivia, la sanción es totalmente infractora de los derechos al trabajo y a una remuneración justa, de acuerdo al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, esta privación del total de sus salarios, conlleva a la afectación de otros derecho (alimentación, salud, vivienda, etc.), resulta excesiva e inhumana que lesionan el principio del "vivir bien" garantizado en el art. 8.II de la CPE, más gravoso aun cuando la accionante tiene bajo su guarda a un menor de edad, siendo ella su único sustento, corresponde que el Consejo de la Magistratura, adecue el art. 208.II de la LOJ, así como su Reglamento, Acuerdo 020/2018 a los arts. 29 de la Ley 1178 y 46 de la CPE y demás normas conexas, tomando en cuenta los principios precedentemente expuesto; por ende, atañe conceder la tutela impetrada respecto a la inamovilidad laboral, al trabajo a una remuneración justa y a la salud; por lo que, el Consejo de la Magistratura deberá regular la aplicación de estas sanciones conforme el citado Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional no se evidencio lesión a los derechos a la vida, debido proceso, discriminación, ni a la igualdad siendo argumentos líricos de la accionante.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada aunque con otros fundamentos obro de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2024 de 26 de mayo y decreto complementario de 27 del mismo mes de 2024, cursantes de fs. 52 a 56 y 68, pronunciado por el Juez Anticorrupción y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia,

1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho de inamovilidad laboral, al trabajo, a la remuneración y la salud; disponiendo, la inmediata reincorporación de: Marcia Teresa Nina Rodríguez, al mismo cargo que venía ejerciendo antes de ser suspendida; computando los dos meses y días que faltaba cumplir para el cese de la inamovilidad laboral por maternidad conforme los Fundamentos Jurídicos, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales por ese lapso, con la habilitación al seguro médico de la funcionaria y dependiente.

2° Denegar la tutela impetrada, en cuanto los derechos a la vida, debido proceso, igualdad y discriminación; y,

3° Ordenar al Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, para que, en el plazo máximo de tres meses de su legal notificación con el presente fallo constitucional, modifique el Acuerdo 020/2018, Reglamento y conexos, conforme al Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0359_2024-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 04b15dc7610ff730401c0ba92bc3ded8bb1ac9cd3eeca7600742d643c3eb54ec

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