Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso a la defensa e igualdad de las partes, así como de las garantías de seguridad jurídica y presunción de inocencia, toda vez que la sanción de baja definitiva sin derecho a reincorporación que le fue impuesta, mediante la Resolución Administrativa 125/2021 de 16 de septiembre, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba dentro del proceso disciplinario que le fue instaurado, y contra la cual interpuso recurso de apelación, fue confirmada por el Tribunal Disciplinario Superior a través de la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, siendo declarado improbado el recurso sin pronunciarse sobre los agravios formulados, bajo el argumento de no haber observado el apelante las exigencias establecidas en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución RAC-SCIII 037/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 884 a 889 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, dispone: CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, pronunciada por los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, quienes deberán emitir una nueva Resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente, pronunciándose sobre cada uno de los agravios del memorial de apelación planteado por el impetrante de tutela, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2023-S1 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 46748-2022-74-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 037/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 884 a 889 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhamil Jhasmani Sandy Gonzales contra Álvaro Marcelo Flores López, Gunther Luis Agudo Mendoza y Freddy Rolando Calsina Guachalla, Presidente y Vocales del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.
Mediante memorial presentado el 2 de febrero de 2022 cursante de fs. 783 a 799 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que en su condición de funcionario policial, fue sometido a un proceso disciplinario en Cochabamba, por supuestas faltas graves en las que hubiera incurrido en noviembre de 2019, en el cual se determinó su baja definitiva de la institución al haber sido ratificada la resolución de primera instancia, dictada por el Tribunal Disciplinario Departamental por Resolución emitida por el Tribunal Disciplinario Superior, cometiéndose durante su tramitación una serie de vulneraciones a sus derechos y garantías constitucionales. A raíz de la denuncia del Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización en su contra, cuyo único elemento de prueba fue un disco compacto, en el que supuestamente demostraría que incurrió en las faltas establecidas en los numerales 3) y 10) de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, referidos a participar en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme y a instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medios de presión. Motivo por el cual, el 7 de abril de 2021 la Comisión de Fiscales asignados al caso, emitieron Requerimiento Fiscal Policial al Director del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad “Mariscal Antonio José de Sucre - IITCUP La Paz”, con la finalidad de proceder a la designación de peritos de las Divisiones correspondientes para realizar los puntos de pericia. En ese cometido, el perito designado recibió el 22 del indicado mes y año, el disco compacto para que realice el desdoblamiento del dispositivo de almacenamiento y emita el informe pericial correspondiente. Es así que haciendo uso de su derecho a la defensa amplia e irrestricta, el 14 de junio del citado año, solicitó la notificación con el resultado de la pericia y el señalamiento de día y hora para que le entreguen el soporte digital mencionado, con el objeto de realizar la pericia de parte, teniendo en cuenta que el 7 de abril del referido año, propuso mediante memorial al perito de parte especializado en criminalística José Antonio Goitia Durán, al amparo de los arts. 42 y 49.4) de la Ley 101; sin embargo, no le fue entregado dicho disco compacto, remitiendo el cuaderno de investigaciones directamente al Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, señalándose audiencia de proceso oral para el 20 de julio de 2021. Por otra parte, al memorial de proposición probatoria que presentó el 2 de agosto de 2021, se providenció que se emitan las citaciones a los testigos propuestos para que comparezcan en la audiencia señalada y en relación a la proposición de peritaje, no fue aceptada con el argumento que tenía la oportunidad de proponer los actos investigativos cuando fue notificado para la realización de la pericia, no siendo posible hacerlo en esa etapa del proceso, con lo cual en el proceso disciplinario se actuó de forma parcial, dado que su persona sí solicitó la prueba pericial correspondiente y la Comisión de Fiscales no solo aceptó la idoneidad del perito propuesto, sino que inclusive decretaron que una vez que retorne la prueba material correspondiente, se daría lugar a su solicitud; sin embargo, directamente remitieron ante el Tribunal Disciplinario Departamental; instancia que emitió la Resolución Administrativa de 16 de septiembre de 2021, sancionándole con la baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación; decisión adoptada sin la debida fundamentación y sin guardar la congruencia con los antecedentes que cursan en el expediente disciplinario. Apelada la referida Resolución de primera instancia, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana emitió la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, declarando improbado el recurso de apelación y confirmando la resolución apelada, cuestionando que el apelante no expuso argumentos de orden legal que den lugar al recurso, al no mencionar específicamente cuáles serían los actos procedimentales que se hubieran obviado o vulnerado, sin precisar qué artículos y en qué forma éstos hubieran sido transgredidos para que pueda ser procedente el recurso planteado estableciendo en la parte considerativa la relación de actuaciones en primera instancia, relativas a faltas disciplinarias contenidas en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, a consecuencia del conflicto social originado a principios de noviembre de 2019, que derivaron en la insurgencia de la Policía Boliviana mediante motines policiales en distintos departamentos del país, difundidos por medios de comunicación y redes sociales, siendo difundido un video de un grupo de efectivos policiales de la EPI SUR Cochabamba, quienes en una muestra de insubordinación, cortaron la bandera wiphala de los uniformes, identificándolo como el funcionario policial que participó con parte del rostro cubierto con una pañoleta liderando el suceso, hecho por el cual se emitió el Auto de inicio de investigación por las presuntas faltas previstas en el art. 14, numerales 3) y 10) de la citada Ley 101, determinando en conformidad con el art. 93 de la mencionada norma, imponerle la sanción máxima de baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación, pero contradictoriamente a los argumentos mencionados, concluyó que el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, valoró correctamente los elementos de prueba ofrecida por las partes, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida, por lo que resolvieron declarar improbado el recurso de apelación y confirmar la Resolución Administrativa 125/2021 de 16 de septiembre, impugnada.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa e igualdad de las partes, así como “la garantía constitucional de seguridad jurídica” (sic) y la “garantía constitucional denominada presunción de inocencia” (sic); citando al efecto los arts. 115.I y 180.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, anulando la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre.
En la audiencia de acción de amparo constitucional, celebrada el 15 de marzo de 2022, según consta en el Acta cursante de 882 a 883 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su representante legal y abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, efectuando las siguientes puntualizaciones: a) La Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, que resolvió en segunda instancia, confirmó la Resolución Administrativa de 6 de septiembre de 2021, mediante la cual se dispuso su baja definitiva, contraviene los postulados del derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, así como su derecho de valoración razonable de la prueba; b) Dicha Resolución señala que fue procesado administrativamente por haber adecuado su conducta a las faltas contenidas en los incisos 3 y 10 del art. 14 de la Ley 101, referidos a incurrir en actos públicos deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial, además porque hubiera irrumpido el servicio; c) Tramitado que fue el proceso disciplinario en Cochabamba, el Tribunal Disciplinario Departamental estableció que el ahora impetrante de tutela hubiera incurrido en las mencionadas faltas disciplinarias, por lo que dispusieron su baja; sin embargo, del análisis de los elementos de prueba que fueron producidos en audiencia de juicio oral, se tomaron declaraciones testificales de cargo, se produjo prueba pericial de cargo y dentro de esos elementos que fueron objeto de análisis por el mencionado Tribunal, en la resolución emitida no se llegó a establecer cómo se llega a concluir la responsabilidad en su contra; d) La referida Resolución 061/2021, señala que la resolución impugnada efectuó una relación de los antecedentes que motivaron la denuncia, que desde la página 4 a 26, efectuó una transcripción inextensa de la apelación y que de fs. 26 a 28 en el considerando tercero resolvió el recurso interpuesto, enfocándose en aspectos formales, empero omitió analizar y ponderar la forma arbitraria en la que el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, había motivado su resolución; y, e) No se consideró que no existe ninguna declaración que establezca que su persona se encontraba en el lugar de los hechos y el motín de la UTOP, limitándose a efectuar el análisis de los testigos sobre la base de la resolución dictada por el Tribunal de primera instancia y el disco compacto presentado como prueba el cual fue valorado por el IITCUP, no determinó que sea él quien aparece en las imágenes, consiguientemente no hubo una valoración adecuada que pueda sostener la baja con la cual se le sancionó; aspecto que fue objeto de reclamo en el recurso de apelación, pero que el Tribunal Superior respondió en dos páginas limitándose a señalar que el referido Tribunal Disciplinario Departamental cumplió con la valoración y análisis correspondientes. Concluyó solicitando que se conceda tutela anulando la Resolución 061/2021 y se disponga su restitución a la función policial con el mismo grado.
El abogado del Presidente y Vocales del Tribunal Superior de la Policía Boliviana, expuso lo siguiente: 1) La Ley 101 es una norma especial que se aplica únicamente a los miembros de la institución policial; 2) El accionante fue denunciado por Pelagio Condori Yana, porque este fue reconocido en las imágenes del video de los acontecimientos con el rostro cubierto con una bandana verde, en las que se aprecia que procedió a destruir el símbolo patrio de la wiphala, cortando de su uniforme, habiendo sido identificado liderando ese acto; 3) En relación a la apelación, corresponde aclarar que el Tribunal Superior no realiza la revalorización de las pruebas, dado que la valoración es una facultad privativa del Tribunal de primera instancia, cuestión que fue modulada por varias sentencias constitucionales; 4) La Resolución cuestionada por el impetrante de tutela, respondió cada uno de los puntos de agravio de la apelación y si bien se realizó un “copy pege” (sic) de la apelación se puso las partes más sobresalientes; 5) “El TCP ya ha establecido la responsabilidad que tienen todos los miembros de la Policía Boliviana, existe la S.C. N° 094/2012 de 19 de abril de 2012 concordante con la S.C. N° 1089/2014 que refiere que ante cualquier inconducta de los servidores públicos sancione la instancia correspondiente” (sic); 6) La parte accionante planteó una acción de inconstitucionalidad contra el art. 31 del Reglamento de la Fiscalía, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado porque no se establece la validez constitucional con la norma impugnada con la excepción de la resolución que deba emitir el Tribunal Disciplinario; y, 7) Sobre la solicitud del impetrante de tutela para que como medida cautelar se lo restituya a su cargo y en el mismo grado, correspondía notificar a la Dirección Nacional de Personal y al Comandante de la Policía Boliviana, como terceros interesados porque tendrían que asumir conocimiento de la determinación en el hipotético caso que se dé curso a lo solicitado.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, a través de la Resolución RAC-SCIII 037/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 884 a 889 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) De la lectura de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana 061/2021 de 7 de diciembre, se advierte que se encuentra debidamente motivada y fundamentada, teniendo una secuencia y estructura, expresando los motivos por los que se declaró improbado el recurso de apelación, no siendo necesario que para estar debidamente fundamentada una resolución deba ser ampulosa, sino que debe ser concisa y clara, además se exige que exista correspondencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo, debiéndose expresar las convicciones determinativas que las justifiquen razonablemente la decisión, en cuyo caso, las normas del debido proceso se tendrán por cumplidas conforme establece la jurisprudencia constitucional, por lo que no se evidencia que la Resolución de segunda instancia mencionada, no traduzca las razones o motivos por los cuales se adoptó la decisión asumida de declarar improbada el recurso de apelación, explicando de manera clara que no se cumplieron los requisitos establecidos por el art. 97 de la Ley 101, sin ingresar a la resolución de los agravios que fueron esgrimidos por el apelante; ii) La jurisdicción constitucional no es un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces ordinarios como las autoridades administrativas; tarea en la que no está permitido inmiscuirse a los Jueces y Tribunales de garantías constitucionales, tampoco puede convertirse en un tribunal supranacional con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que el accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, una errónea interpretación del derecho precisando las normas que fueron erróneamente interpretadas y cómo la errada interpretación vulneró derechos fundamentales de manera puntal y concreta y cómo los elementos de congruencia fueron vulnerados al emitirse una resolución judicial o administrativa, siendo obligación del accionante cumplir con la carga argumentativa y probatoria que demuestre objetivamente tales vulneraciones, debiendo cumplir ciertos requisitos imperativos, además de demostrar la relevancia constitucional; y, iii) En cuanto se refiere a la interpretación de la legalidad ordinaria, debe acreditarse bajo el principio de la carga argumentativa y probatoria, por qué resulta insuficientemente motivada, arbitraria, inconcurrente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su caso las reglas omitidas por el órgano jurisdiccional o administrativo, los derechos y garantías constitucionales vulnerados con la interpretación y el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación y cuál la relevancia constitucional, por lo que la conclusión a la que arriba el accionante, no resulta ser evidente, debiendo ser denegada la tutela pretendida.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Desarrollada la audiencia el 2 de septiembre de 2021 del proceso oral y público seguido contra Jhamil Jhasmani Sandy Gonzales, ahora accionante, por los Fiscales Policiales a denuncia de Pelagio Condori Yana, fue pronunciada la Resolución Administrativa 125/2021 de 16 del mismo mes y año, mediante la cual el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía de Cochabamba, de conformidad con el art. 93 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, resolvió emitir resolución sancionatoria contra el procesado, ahora accionante, por haber cometido la falta grave prevista en el art. 14, numerales 3) y 10) de la Ley 101, imponiéndole la máxima sanción de baja definitiva de la institución, sin derecho a reincorporación. Asimismo, en mérito a lo previsto por los arts. 85 y 86 de la citada Ley 101, rechazó la observación de exclusión probatoria planteada por la defensa del acusado al no haber sido ofrecida como prueba literal por la Fiscalía Policial y/o por el denunciante; además que de acuerdo a lo dispuesto por el Memorando Circular 001/2017, dispuso que si el procesado cuenta con arma de fuego de dotación o individual, realice la devolución de la misma al Departamento de Armamento y Equipo Policial del Comando Departamental de Policía (fs. 671 a 710 vta.). II.2. Por memorial presentado ante el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana el 8 de octubre de 2021, el ahora impetrante de tutela, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Administrativa 125/2021 de 16 de septiembre, señalando que el análisis valorativo vulneró el art. 115 de la CPE, al no haberse aplicado los principios de imparcialidad y objetividad, dado que el Tribunal favoreciendo la teoría expuesta por el pseudo denunciante y la Fiscalía Policial, sin que exista prueba de cargo que pruebe los hechos acusados, decidió sancionarlo no obstante que no se probó sin que con prueba objetiva se hubiera probado que su persona incurrió en las faltas graves, debiendo haber establecido el Tribunal A quo, más allá de toda duda razonable que su persona es autora y responsable de incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos (fs. 736 a 747 vta.). II.3. A través de la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, declaró improbado el recurso de apelación planteado por el ahora accionante y confirmó la Resolución Administrativa 125/2021 pronunciada en su contra, disponiendo la remisión de una copa de la Resolución al Comando General de la Policía Boliviana para efectos de la ejecución y cumplimiento de la sanción de baja definitiva impuesta, a cuya emergencia se emitió el Memorándum ESC/TRGGJJ000 893/21 30 30 de diciembre ejecutando la sanción (fs. 748 a 775 y 796).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso a la defensa e igualdad de las partes, así como de las garantías de seguridad jurídica y presunción de inocencia, toda vez que la sanción de baja definitiva sin derecho a reincorporación que le fue impuesta, mediante la Resolución Administrativa 125/2021 de 16 de septiembre, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba dentro del proceso disciplinario que le fue instaurado, y contra la cual interpuso recurso de apelación, fue confirmada por el Tribunal Disciplinario Superior a través de la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, siendo declarado improbado el recurso sin pronunciarse sobre los agravios formulados, bajo el argumento de no haber observado el apelante las exigencias establecidas en el art. 97 de la Ley 101 y concluyendo contradictoriamente al referido fundamento, que el Tribunal a quo valoró correctamente los elementos de prueba ofrecida por las partes, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida, por lo que solicita que se le conceda tutela y se deje sin efecto la referida Resolución 061/2021. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales; b) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; c) Análisis del caso concreto.
La jurisprudencia constitucional con relación a la revisión de las decisiones de la jurisdicción ordinaria, estableció que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello, implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones; toda vez que, es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Ley Fundamental y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, no implica que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria, no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Es así que la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, en relación a la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales por parte de la jurisdicción constitucional, en lo que respecta a la debida fundamentación, motivación, congruencia de las resoluciones ordinarias, así como una razonable valoración de prueba y aplicación objetiva de la norma, refirió: De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de “legalidad ordinaria”, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de “reglas admitidas por el Derecho” rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico -argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional; sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa -argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En la presente acción de amparo constitucional, el accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa e igualdad de las partes, así como de las garantías de seguridad jurídica y presunción de inocencia, toda vez que dentro del proceso disciplinario instaurado en su contra por la denuncia planteada por el Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, basada en imágenes de la insurgencia policial suscitada en noviembre de 2019 donde se le acusó de haber participado indicando que sería uno de los funcionarios policiales que aparecen con el rostro cubierto, sacando la Wiphala del uniforme policial, los miembros del Tribunal Disciplinario Superior en conocimiento del recurso de apelación que interpuso contra la Resolución de primera instancia que determinó sancionarlo con la baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, a través de la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, resolvieron declarar improcedente su recurso y confirmar la sanción impuesta; decisión de segunda instancia que de manera incongruente por un lado argumentó que el apelante no hubiera observado las exigencias establecidas en el art. 97 de la Ley 101, referidas a no haber señalado en el recurso las normas constitucionales, de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana que hubieran sido vulnerados, ni cuál es la norma a ser aplicada, ni haber precisado cuáles serían los actos procedimentales que se hubieran obviado y que simplemente el recurso se limitaría escuetamente a señalar lo relacionado a la valoración probatoria, sin especificar qué valoración fue errónea; para luego concluir que el Tribunal a quo valoró correctamente los elementos de prueba ofrecida por las partes, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba producida.
De acuerdo con los antecedentes que cursan en el expediente remitido en revisión, se tiene que en el memorial de apelación presentado el 8 de octubre de 2021 ante el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana, el ahora impetrante de tutela, impugnó la Resolución Administrativa 125/2021 de 16 de septiembre, señalando los siguientes agravios:
i) La Resolución sancionatoria apelada vulneró el art. 115.I y II de la CPE, al no haber aplicado los principios de imparcialidad y objetividad, obrando dolosamente para favorecer la teoría expuesta por el denunciante y la Fiscalía Policial, sin que exista prueba que demuestre los hechos acusados, careciendo el fallo de objetividad porque debió establecer si su persona incurrió en las faltas graves determinadas en el art. 14, numerales 3) y 10) de la Ley 101, estableciendo que es autor y responsable de incurrir en actos públicos deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme, además de determinar cómo hubiera instigado o liderado un motín, huelga, suspensión o interrupción de servicio como acto de protesta o medida de presión, subsumiendo su conducta en los verbos rectores de cada falta, adecuando los hechos probados y su accionar a cada uno de los mismos, sobre la base de prueba que demuestre que cometió los actos acusados; ii) Las declaraciones testificales de ninguna manera establecieron que su persona hubiera cometido los actos por los cuales se lo sancionó, dado que refirieron hechos que acontecieron en la UTOP, sin embargo fue sindicado, porque los mismos supuestamente se hubieran producido en la EPI-SUR, además de no haber ninguna declaración que hubiera afirmado haberlo visto en el lugar de los hechos investigados y tampoco ninguno de los testigos lo identificó en las imágenes grabadas de los acontecimientos, no existiendo vinculación alguna entre los hechos testificados y las faltas disciplinarias que se le atribuyen; y, iii) No valoró que el informe pericial realizado por el IITCUP, no llegó a determinar mediante topografía facial y los puntos característicos para establecer su identidad, puesto que no concluyó que el uniformado que aparece en las imágenes peritadas sea su persona y contraponiéndose a las conclusiones del peritaje, el Tribunal Disciplinario Departamental llegó a la conclusión de que por los rasgos fisonómicos resaltantes y por el timbre de voz, asumieron que se trataría de su persona, vulnerando de esa manera los arts. 87 y 90 de la Ley 101, dado que la afirmación incriminatoria base de la sanción impuesta, no se encuentra sustentada en prueba alguna, ni pericial, testifical o documental. La Resolución 061/2021 pronunciada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, declaró improbado el recurso de apelación confirmando la resolución apelada, con los siguientes fundamentos:
1) El art. 97 de la Ley 101 establece que el recurso de apelación procede contra resoluciones administrativas emitidas por el Tribunal de primera instancia, siendo la condicionante principal, que se hubiera vulnerado la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, que deben ser explicadas por separado, cada uno de los derechos vulnerados y cuál sería la norma jurídica que se pretende aplicar y en el caso concreto no existe ningún fundamento de orden legal que pueda originar el recurso, al no mencionar la apelación planteada cuáles serían los actos procedimentales que se hubiera obviado o vulnerado, menos refiere la norma legal que se pretende aplicar, limitándose a referir escuetamente lo relacionado a la valoración sin especificar cuál valoración fue errónea por parte del Tribunal a quo;
2) El apelante no fundamentó en derecho cómo o de qué manera el Tribunal Disciplinario Departamental inobservó la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana o la Ley 101, no especificó qué artículos fueron transgredidos para que pueda ser procedente el recurso planteado; 3) La apelación planteada no cumplió con lo previsto por el art. 97.2) dado que no precisó algún defecto de procedimiento sobre el cual hubiera interpuesto un reclamo oportuno para su saneamiento, ni que se hubiera anunciado la reserva de recurrir, ni estableció cuáles serían los vicios de la Resolución Administrativa 125/2021. Ahora bien, efectuando una contrastación entre el recurso de apelación interpuesto por el accionante y la Resolución 061/2021 precedentemente citada, para poder establecer si es evidente la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa e igualdad de las partes, así como de las garantías de seguridad jurídica y presunción de inocencia alegada, se tiene que los argumentos de la Resolución cuestionada para declarar improbado el recurso no son evidentes, puesto que el recurso de apelación expuso de manera precisa que la Resolución Administrativa 125/2021, objeto de impugnación, vulneró el art. 115.I y II de la CPE, al no haber aplicado los principios de imparcialidad y objetividad, porque sin que exista prueba alguna que demuestre las faltas graves previstas en los numerales 3) y 10) del art. 14 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, estableciendo que es autor y responsable de incurrir en actos públicos deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme, además de determinar cómo hubiera instigado o liderado un motín, huelga, suspensión o interrupción de servicio como acto de protesta o medida de presión, omitiendo subsumir su conducta en las previsiones de cada una de las mencionadas faltas atribuidas, adecuando los hechos probados y su accionar a cada uno de los mismos, sobre la base de prueba que demuestre que cometió los actos acusados, además de manera detallada analizó cada una de las declaraciones testificales estableciendo que ninguna de ellas lo identificó en las imágenes de los actos por los cuales se inició la investigación en su contra, además de que los hechos que relataron indicaron que acontecieron en la UTOP. Sin embargo, la investigación se realizó por hechos producidos en la EPI-SUR, esto añadido a que ninguno de los testimonios afirmó que hubiera sido visto en el lugar de los hechos. Asimismo, señaló que el Tribunal a quo le impuso la sanción de baja definitiva no obstante que el informe pericial realizado sobre las imágenes de los acontecimientos que generaron el proceso, no concluyó que quien aparece en ellas quitando la wiphala de su uniforme se trate de su persona, y a pesar de ello, el Tribunal de primera instancia, con criterios totalmente subjetivos llegó a establecer que se trata de él por los rasgos fisonómicos y por el timbre de voz; sin embargo, de los agravios claramente expuestos, el Tribunal Disciplinario Superior omitió resolver respecto a los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación bajo argumentos que no son evidentes, de donde se concluye que se produjo la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso, ni aplicó correctamente los alcances de la presente acción tutelar.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución RAC-SCIII 037/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 884 a 889 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, dispone: CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución 061/2021 de 7 de diciembre, pronunciada por los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, quienes deberán emitir una nueva Resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente, pronunciándose sobre cada uno de los agravios del memorial de apelación planteado por el impetrante de tutela, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0359_2023-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): e8543169da80e3f57f89b3c1c332022220e8a295b49eeff6efad34e597089a1f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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