B.IA.LEGAL

SCP 0358/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
7 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51846-2022-104-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y de locomoción, y al debido proceso, así como al principio de seguridad jurídica; puesto que: 1) El 21 de septiembre de 2022, fue objeto de una aprehensión ilegal y arbitraria ejecutada por el funcionario policial ahora coaccionado, quien sin contar con orden emitida por autoridad competente, ni existir denuncia formal previa, procedió a privarlo de su libertad alegando inicialmente la existencia de un caso anterior; y, posteriormente, que fue a pedido de particulares, resultando relevante que la formalización de dicha aprehensión recién se realizó en horas de la noche; y, 2) Situación que, pese de haber denunciado en audiencia de aplicación de medidas cautelares, posterior a la intervención del Ministerio Público, su abogado particular, intentó plantear un incidente por aprehensión ilegal; empero, la Jueza accionada no dio lugar a su interposición ni concedió la apelación correspondiente, convalidando en el fondo el indebido procedimiento de su aprehensión. Ante ello, la Jueza accionada, refirió que, en audiencia de medidas cautelares, tras constatar la ausencia injustificada del abogado particular del accionante, quien fue notificado previamente y solo comunicó su retraso mediante mensaje de texto sin respaldo formal, a fin de garantizar el derecho a la defensa, designó un defensor de oficio; una vez presente el abogado particular, intentó plantear un incidente por aprehensión ilegal de forma extemporánea, cuando ya se había otorgado la palabra a la autoridad fiscal y a la parte víctima, por lo que no dio …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 34 a 40, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos y razonamientos expuestos supra, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Yerick José Luis Núñez y Henry Mamani Huayllani, Jueces del mencionado Tribunal de Sentencia Penal Primero, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo intra proceso penal, para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales
  3. III.3. Análisis el caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0358/2025-S2 Sucre, 7 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51846-2022-104-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 06/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 34 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Edgar Ayllón Quispe contra Gabriela Ramos Medrano, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Villazón del departamento de Potosí; y, Alexander Ticona Caracara, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 4, ambos de octubre de 2022, cursantes a fs. 2, 10 a 11 vta.; y, 14 y vta., el accionante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 21 de septiembre de -2022-, fue aprehendido de manera ilegal y arbitraria por Alexander Ticona Caracara, funcionario policial -hoy coaccionado-, quien actuó sin una orden de detención ni denuncia previa, ya que al momento de la intervención, el mismo le manifestó que su aprehensión se debía a un caso anterior, y posteriormente cambió su versión, indicando que había sido detenido a solicitud de particulares, sin brindar explicación alguna a la consulta realizada, y recién en horas de la noche se formalizó su aprehensión mediante una supuesta orden fiscal; situación que, a pesar de haber sido denunciada ante Gabriela Ramos Medrano, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Villazón del departamento de Potosí, -ahora accionada-, omitió su denuncia, negándose a tramitar un incidente por aprehensión ilegal y sin conceder la apelación correspondiente, convalidando en el fondo el indebido procedimiento de su aprehensión.

En tal sentido, solicita que en el fondo de su demanda constitucional solo se considere la ilegalidad de su aprehensión, en base a la SCP 0263/2018-S1 -de 19 de junio-, que establece que los incidentes de aprehensión ilegal deben resolverse a través de un incidente formal; empero, en su caso, no se dio curso a ese procedimiento. Aclara que, si bien inicialmente accionó a la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, “Carmen Huata”, pero de manera posterior se le notificó “…con que la apelación interpuesta…” (sic) -contra la resolución que resolvió su situación jurídica-ya había sido remitida a la Sala Penal de turno -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí-; por lo que, retira la acción incoada contra la precitada y aclara que su pretensión se dirige a la “aprehensión ilegal”.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y de locomoción, y al debido proceso, así como al principio de seguridad jurídica, citando al efecto el art. “7 num.E)” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga su libertad. En audiencia pidió, se declare la ilegalidad de su aprehensión y la restitución de sus derechos fundamentales.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de octubre 2022, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 34, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia, refirió que: a) El 21 de septiembre de 2022, aproximadamente a horas 13:00 fue objeto de una “detención” ilegal y arbitraria, por el funcionario policial ahora coaccionado a raíz de una denuncia presentada por Katy Yesenia Limachi Quispe, sin que existiera en ese momento una orden de aprehensión emitida por autoridad competente, siendo que recién a horas 19:00 del mismo día se formalizó la aprehensión legalmente, para luego ser trasladado a las oficinas del Ministerio Público, donde se le notificó por primera vez con una citación para prestar declaración y se le hizo conocer la resolución fundamentada de aprehensión emitida por la autoridad fiscal; como consecuencia de ello, se procedió al inicio de investigaciones y una imputación formal; b) Habiéndose señalado audiencia de aplicación de medidas cautelares, su abogado fue notificado a horas 9:50, solo diez minutos antes de la hora programada (10:00); c) Su abogado defensor informó al personal judicial que solicitaría la suspensión de la audiencia por llegar con un pequeño retraso; sin embargo, esa petición no fue considerada, pues la audiencia se instaló sin su presencia, asignándole un abogado defensor de oficio, quien no conocía el caso, lo que impidió ejercer una defensa técnica adecuada; d) Cuando finalmente llegó su abogado particular, la audiencia ya había iniciado y el Fiscal de Materia tenía la palabra; posterior a ello, la Jueza accionada no permitió que expusiera la ilegalidad de su “detención”, argumentando que el momento procesal ya había precluido, cuando su defensa intentó interponer un incidente por aprehensión ilegal o por actividad procesal defectuosa, pero dicha autoridad rechazó su planteamiento sin analizar el fondo del reclamo; y, e) Tales actuaciones, tanto del funcionario policial coaccionado que ejecutó la aprehensión y de la autoridad judicial accionada que convalidó el acto ilegal, constituyeron vulneraciones directas a sus derechos fundamentales.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Gabriela Ramos Medrano, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Villazón del departamento de Potosí, por informe escrito, cursante de fs. 22 a 24, refirió que: 1) Ante la presentación de la imputación formal por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fijó audiencia de medidas cautelares para el 23 de septiembre de -2022- a horas 10:00; una vez instalada la audiencia, se constató que todos los sujetos procesales se encontraban presentes, excepto el abogado defensor del prenombrado, quien al ser consultado, manifestó desconocer la situación, mientras que la Secretaria informó que el abogado defensor había solicitado mediante mensaje de texto, que se le esperara quince minutos, alegando que tenía otra audiencia en curso, a pesar de haber sido notificado de manera personal con anticipación, no presentó ninguna justificación formal que respaldara su ausencia; 2) Ante la falta de representación legal, y considerando que el imputado se encontraba privado de libertad, designó a un defensor de oficio, siendo reanudada la audiencia a horas 10:35, y se concedió la palabra a la autoridad fiscal para fundamentar la imputación, luego se escuchó a la víctima a través de la representante del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) -se entiende del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Villazón del departamento de Potosí-; posteriormente, concedió la palabra al abogado particular del impetrante de tutela, quien arribó a la audiencia a las 10:39; durante su intervención, intentó de forma extemporánea plantear un incidente de actividad procesal defectuosa, alegando aprehensión ilegal, a lo que no dio lugar, debido a que la fase de interposición de incidentes en audiencia de medidas cautelares deben ser formuladas antes de la fundamentación de la imputación formal; en el caso, el defensor de oficio ni el abogado particular realizaron planteamiento alguno en el momento procesal oportuno, ni ejercieron recursos legales o excepciones como establece la norma; y, 3) Finalmente, en virtud de los elementos valorados, determinó la detención preventiva del imputado, con el fin de garantizar la integridad física y psicológica de la víctima, en estado de vulnerabilidad; en tal sentido, el peticionante de tutela no demostró lesión alguna a su derecho a la libertad ni acreditó la existencia de una actuación arbitraria o ilegal; por lo que, no corresponde el reclamo a través de una acción de libertad por no existir una afectación directa a sus derechos. Alexander Ticona Caracara, funcionario policial, por informe prestado en audiencia de garantías, manifestó que: i) El 21 de septiembre de 2022, aproximadamente a horas 13:00, personal de Radio Patrulla 110 recibió una llamada de emergencia y se constituyó en la av. “Las Banderas”, en atención a un reporte de riñas y peleas de índole familiar; en el lugar, el personal policial procedió a trasladar al hoy accionante junto con su concubina y los padres de ésta, hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Villazón, donde no se procedió inmediatamente al arresto del mismo, pues como funcionarios policiales deben escuchar a ambas partes involucradas antes de asumir cualquier acción; ii) Una vez escuchados, tanto la víctima como sus familiares y el denunciado, la mujer en llanto, manifestó que había sido víctima de agresiones físicas previas, señalando particularmente un episodio ocurrido el 29 de agosto en su domicilio, así como un hecho reciente la mañana del 21 de septiembre; durante su entrevista, el ahora accionante mostró actitud agresiva e intentaba interrumpir a la víctima, lo que motivó a tomar medidas precautorias, en particular de lo dispuesto en el art. 58 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que establece las medidas de actuación obligatorias de la FELCV, entre ellas, evitar la proximidad entre la víctima y su presunto agresor, pero debido a la falta de infraestructura adecuada en sus oficinas para mantener separados a ambos, se procedió al arresto del impetrante de tutela como medida de protección y prevención; iii) Aclara enfáticamente que no se procedió a la aprehensión del precitado, ya que como funcionario policial no tiene esa atribución legal, correspondiendo dicha medida únicamente al Ministerio Público, siendo el procedimiento realizado un arresto preventivo, conforme al marco normativo mencionado y en cumplimiento de sus funciones como servidor público de la Policía Boliviana; y, iv) Finalmente, emitió una papeleta de arresto, que el caso fue remitido al Ministerio Público, y que el abogado defensor del imputado fue informado oportunamente de la situación legal de su defendido, quien permanecía en calidad de arrestado, no de aprehendido, en resguardo de los derechos y la integridad de la presunta víctima.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Javier Alonzo Torrejón Tirao, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, expresó que, la acción de libertad interpuesta por el impetrante de tutela no tiene sentido ni fundamento, puesto que no existió vulneración de derechos ni garantías del imputado durante el proceso, la aprehensión se realizó conforme al principio de informalidad, amparado por el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y otras normativas aplicables, sin que se haya producido una aprehensión ilegal o una privación de libertad arbitraria. Además, que la defensa no activó en el momento oportuno el cuestionamiento sobre la supuesta ilegalidad de la aprehensión, incurriendo en la preclusión de su derecho a impugnar el acto procesal; asimismo, dado que ya existe un recurso de apelación pendiente sobre la detención preventiva, no es procedente interponer una acción de libertad en paralelo, citando al efecto la SCP 0263/2018-S1, que establece que, cuando existe un recurso de apelación pendiente, no puede activarse otra acción de libertad.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 06/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 34 a 40, denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al haber sido aprehendido de forma ilegal por un funcionario policial y que dicho acto fue convalidado por la Jueza ahora accionada; sin embargo, de acuerdo a los antecedentes procesales y la documentación presentada, se evidenció la existencia de un mandamiento de aprehensión debidamente emitido por el Fiscal de Materia asignado al caso, en el marco de una denuncia por violencia familiar, lo cual descarta la supuesta ilegalidad de la privación de libertad; b) Conforme a la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad procede únicamente ante la inexistencia de mecanismos procesales idóneos para restituir el derecho afectado o cuando estos resultan ineficaces. En el presente proceso, se constató que el accionante tuvo pleno conocimiento de las actuaciones procesales, fue asistido por su defensa técnica, participó en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 23 de septiembre de 2022, y su abogado interpuso un recurso de apelación incidental contra la medida cautelar impuesta; y, c) No obstante, no se evidenció que se hubiera solicitado el control jurisdiccional por actividad procesal defectuosa, ni que se hubieran agotado los medios impugnativos previstos por el Código de Procedimiento Penal; por lo que, no se acreditó un estado de indefensión absoluta ni la inexistencia de mecanismos procesales eficaces.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución fundamentada de aprehensión de 21 de septiembre de 2022, emitida por Javier Alonzo Torrejón Tirao, Fiscal de Materia, dentro de la investigación del caso 397/2022, a instancia de Katy Yesenia Limachi Quispe contra Erick Edgar Ayllon Quispe -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 3 a 4); orden de citación a fin de que el precitado comparezca en igual data a horas 19:00 para prestar su declaración informativa asistido de su abogado defensor (fs. 5); orden de aprehensión extendida por la referida autoridad fiscal de la misma fecha, por la cual se ordena al investigador asignado al caso y/o cualquier autoridad policial aprehenda y conduzca al prenombrado ante su autoridad (fs. 6).

II.2. Cursa imputación formal de 22 de septiembre de 2022, presentada por Armando Mendoza Ruiz, Fiscal de Materia contra el hoy accionante, por el citado delito, ante el Juzgado Público e Instrucción Penal de turno de Villazón del departamento de Potosí; en cuyo efecto, por Auto de igual data, se fijó audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 23 del citado mes y año, a horas 10:00 (fs. 7 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y de locomoción, y al debido proceso, así como al principio de seguridad jurídica; puesto que: 1) El 21 de septiembre de 2022, fue objeto de una aprehensión ilegal y arbitraria ejecutada por el funcionario policial ahora coaccionado, quien sin contar con orden emitida por autoridad competente, ni existir denuncia formal previa, procedió a privarlo de su libertad alegando inicialmente la existencia de un caso anterior; y, posteriormente, que fue a pedido de particulares, resultando relevante que la formalización de dicha aprehensión recién se realizó en horas de la noche; y, 2) Situación que, pese de haber denunciado en audiencia de aplicación de medidas cautelares, posterior a la intervención del Ministerio Público, su abogado particular, intentó plantear un incidente por aprehensión ilegal; empero, la Jueza accionada no dio lugar a su interposición ni concedió la apelación correspondiente, convalidando en el fondo el indebido procedimiento de su aprehensión. Ante ello, la Jueza accionada, refirió que, en audiencia de medidas cautelares, tras constatar la ausencia injustificada del abogado particular del accionante, quien fue notificado previamente y solo comunicó su retraso mediante mensaje de texto sin respaldo formal, a fin de garantizar el derecho a la defensa, designó un defensor de oficio; una vez presente el abogado particular, intentó plantear un incidente por aprehensión ilegal de forma extemporánea, cuando ya se había otorgado la palabra a la autoridad fiscal y a la parte víctima, por lo que no dio lugar a dicho planteamiento al no haberse presentado oportunamente, considerando que el momento procesal había precluido. Por su parte, el funcionario policial coaccionado sostuvo que, no realizó una aprehensión, sino un arresto preventivo, en atención a una llamada de emergencia por violencia familiar, como medida de protección, debido a la actitud agresiva del impetrante de tutela y la falta de condiciones para separar a las partes, además, que la aprehensión formal fue dispuesta posteriormente por el Ministerio Público. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sostuvo que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.

En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo intra proceso penal, para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales

La SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, recogiendo la línea jurisprudencial desarrollada sobre este medio y su alcance como mecanismo idóneo y eficaz intra proceso penal precisó que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”.

Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis el caso concreto

Identificado el objeto procesal de la presente acción de defensa, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Katy Yesenia Limachi Quispe contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 21 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió una resolución fundamentada de aprehensión contra el precitado, junto con una orden de citación para que comparezca a horas 19:00 del mismo día a prestar su declaración informativa, asistido por su abogado defensor (Conclusión II.1). No obstante, el impetrante de tutela alega que fue aprehendido de manera previa e irregular aproximadamente a horas 13:00 del mismo día, por el funcionario policial hoy coaccionado, sin que se le notificara con resolución alguna, ni se le informara sobre los motivos concretos de su detención. Posteriormente, ya en horas de la noche, se habría formalizado su aprehensión conforme a la resolución fiscal. El 22 de septiembre de 2022, la autoridad fiscal presentó la imputación formal ante el Juzgado de turno -Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí-, fijándose por Auto de igual fecha, la audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 23 de dicho mes y año a horas 10:00 (Conclusión II.2); durante ese acto, ante la ausencia inicial de su abogado particular -quien llegó minutos después-, se designó un defensor de oficio, y al incorporarse su abogado defensor, intentó plantear un incidente por aprehensión ilegal, a lo cual la Jueza accionada no dio curso bajo el argumento de que la fase de interposición de incidentes en audiencia de medidas cautelares deben ser formuladas antes de la fundamentación de la imputación formal, y en su caso su derecho habría precluido, aspecto que fue ratificado por la mencionada autoridad, en el informe presentado. En ese contexto fáctico, amerita resolver en primer lugar la omisión atribuida a la autoridad jurisdiccional accionada, referida a la no resolución del incidente de nulidad de aprehensión que su defensa intentó formular en la audiencia de medidas cautelares -descrita en el inc. 2) del objeto procesal-. Así, de la relación efectuada, se evidencia que el sustento argumentativo de la alegada vulneración a los derechos y principio invocados dentro de esta acción tutelar, converge en lo central en la observación a una actuación considerada omisiva, en la cual la Jueza accionada presuntamente habría incurrido desde el momento en que fue instalada la audiencia de medidas cautelares donde ante la ausencia del abogado defensor del accionante designó un defensor de oficio a fin de proseguir el desarrollo de la misma, y una vez que se hizo presente el abogado particular del precitado teniendo la palabra -después de la intervención de la autoridad fiscal y víctima-, pretendió plantear el incidente de la ilegalidad de la aprehensión, a lo que la mencionada autoridad no dio lugar arguyendo ser extemporánea, negándole la posibilidad de apelar al no existir ningún pronunciamiento sobre su denuncia -traducida en los términos expuestos por el impetrante de tutela- sobre su aprehensión el 21 de septiembre de 2022 a horas 13:00, de forma ilegal y arbitraria por el funcionario policial -hoy coaccionado-, sin que exista una orden de aprehensión librada por autoridad competente, dado que recién en horas de la noche habría sido notificado legalmente con el requerimiento fundamentado de aprehensión por parte del Fiscal de Materia asignado al caso; conllevando -en criterio del peticionante de tutela- un procesamiento indebido. En este contexto, se advierte que, lo que pretende el accionante es que esta jurisdicción revise si la actuación de la Jueza accionada de no permitir la interposición de un incidente en el momento procesal en el que la defensa del imputado lo intentó, durante la celebración de la audiencia de consideración de las medidas cautelares, lesionó su derecho al debido proceso, lo que en los hechos implica una presunta actividad procesal defectuosa en la que hubiese incidido la autoridad judicial ahora accionada, vinculada a la alegada aprehensión ilegal; por lo que, la misma requiere, con carácter previo a cualquier análisis que esta jurisdicción pueda efectuar, de un despliegue propio de la jurisdicción ordinaria penal, siendo el medio idóneo, efectivo y oportuno para su reparación o restablecimiento el incidente de actividad procesal defectuosa, previsto en el art. 169 del CPP, el cual conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional -en virtud a su naturaleza procesal- se encuentra destinado y tiene como finalidad la reparación de posibles irregularidades de procedimiento que se hubiesen suscitado en la tramitación de la causa penal y que, en una consecuencia emergente, provoquen afectación y/o agravios a las partes procesales, que incluso, de verificarse la existencia de actividad procesal defectuosa, podrían conllevar la nulidad de actuaciones procesales o se deje sin efecto las mismas. En ese sentido, el incidente de actividad procesal defectuosa, debió haber sido activado por la parte accionante previamente a acudir a esta jurisdicción constitucional, procurando la reparación de las denunciadas anomalías, las cuales -como se tiene denotado- se encuentran estrechamente vinculadas con presuntas irregularidades y/o vicios de índole procesal-jurisdiccional, que como se tiene denunciado se habrían suscitado en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, al momento de la pretensión de la defensa de interponer el incidente de aprehensión supuestamente ilegal, a objeto de obtener una resolución previa a la determinación de su situación jurídica; sin embargo, esta necesaria promoción de dinámica procesal específica no fue asumida, lo cual impide que este Tribunal pueda examinar el fondo de la denuncia planteada, debiéndose en consecuencia denegar la tutela solicitada. Sobre la denunciada aprehensión ilegal -descrita en el inc. 1) del objeto procesal-, el accionante reclama haber sido aprehendido de manera ilegal y arbitraria por un funcionario policial, sin orden fiscal ni denuncia previa, señalando que la formalización de dicha aprehensión se realizó recién en horas de la noche. Sobre el particular, se debe precisar que, este Tribunal no puede abordar el análisis sobre el presunto acto lesivo descrito, toda vez que el mismo se encuentra estrechamente vinculado al incidente de nulidad por defectos absolutos en relación con la no resolución por parte de la Jueza accionada sobre el incidente de nulidad de aprehensión, sobreviniendo al efecto la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; por lo que, de igual manera corresponde denegar la tutela impetrada.

III.4. Otras consideraciones

Resuelta la problemática planteada, amerita en el presente caso remarcar que de acuerdo a la nota de remisión del cuaderno de control jurisdiccional (fs. 25), así como de la descripción realizada en la resolución de la presente acción de libertad, se advierte que el Tribunal de garantías tuvo acceso a los antecedentes del proceso que generaron la presente acción de defensa; sin embargo, no remitió los mismos para su revisión, omitiendo cumplir con lo dispuesto por el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), aclarándose que si bien dicha omisión no repercute en la resolución del presente caso, pues por la connotación del reclamo, por economía y celeridad procesal, es que en la situación fáctica concreta se resuelve de acuerdo a la documentación acompañada por la parte peticionante de tutela, así como a la verificación de antecedentes efectuada por el Tribunal de garantías y lo alegado por ambas partes procesales; sin embargo, esta situación, no salva la negligencia del Tribunal de garantías, siendo evidente e innegable que incurrió en una omisión inherente al procedimiento y trámite procesal constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 6 de octubre, cursante de fs. 34 a 40, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villazón del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos y razonamientos expuestos supra, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Llamar la atención a Yerick José Luis Núñez y Henry Mamani Huayllani, Jueces del mencionado Tribunal de Sentencia Penal Primero, conforme las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0358_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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