B.IA.LEGAL

SCP 0358/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
54358-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al agua, debido a que las autoridades demandadas, actuaron evasivamente sin responder a sus solicitud de acceso al agua potable, arguyendo que previamente debían resolver los conflictos judiciales pendientes sobre el bien inmueble de su propiedad. En consecuencia, dentro del presente caso corresponde en revisión, verificar si tales extremos denunciados por la parte accionante son o no evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto, se considera necesario el analizar los siguientes temas: i) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; ii) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; iii) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; iv) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; v) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; vi) El derecho al agua en su dimensión individual y colectiva y el manejo y gestión sustentable de dicho recurso; y, vii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 28/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 59 a 61 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que conforme a lo señalado por la referida Sala Constitucional, la actual Directiva de la Junta de Vecinos de Santa Bárbara Anat Collo Asangalla de la Comunidad Pucarani, del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, considere una medida provisional y excepcional para proveer de agua a los impetrantes de tutela y sus cuatro hijos, mientras concluya la regularización del título de propiedad sobre su bien inmueble ubicado en dicha comunidad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho
  4. III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia
  5. III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  6. III.6. El derecho al agua en su dimensión individual y colectiva y el manejo y gestión sustentable de dicho recurso
  7. III.7. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 20 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0358/2025-S1 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 54358-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 59 a 61 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alicia Medrano Condo y Oscar Mamani Blanco contra Clemente Mayta, Presidente y Carmen Ninaja, Secretaria de Hacienda, ambos del Sistema de Agua Potable de Zona Santa Bárbara Anat Collo Asangalla de Achocalla del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2023, cursante de fs. 23 a 27, los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que el 28 de abril de 2021, compraron un bien inmueble -con trámite de fraccionamiento pendiente por parte de la propietaria y vendedora-, procediendo a construir una vivienda para su familia -compuesta por cuatro hijos y su esposa-a partir del 28 de igual mes y año, habiendo realizado el trámite ante la empresa DELAPAZ para tener el servicio de electricidad; además, intentaron hablar con los demandados para proceder a la conexión de agua -ante la falta de servicio de la Empresa Pública del Servicio de Agua (EPSAS)-, empero recibieron respuestas evasivas. Agregan que el 2 de enero de 2023, Clemente Mayta y Carmen Ninaja -Presidente y Secretaria del agua potable Winchicalla de la zona Santa Barbara Anat Collo-, le comunicaron que no permitirían la conexión de agua a su domicilio, dado que tendrían problemas judiciales que deberían ser resueltos previamente. Por tal motivo, se encuentra viviendo de la recolección de agua de lluvia, encontrándose en estado de zozobra, miedo y preocupación, al quedar suprimido su derecho al agua por la negativa a la conexión del servicio solicitado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al agua; citando al efecto los arts. 20. I y III, 373.I y 374 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, se otorgue en el día la autorización para la conexión del agua a su domicilio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional fue realizada el 24 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 52 a 58, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante por medio de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de su acción tutelar, añadiendo que el agua es un derecho fundamentalísimo, vinculado al vivir bien, que no puede ser restringido por medidas de hecho, más aún en un lugar como Achocalla que es ecológico y rústico, sin que posibles procesos judiciales puedan motivar la negación del derecho al agua; por lo que, anunciaron cubrir la suma de dinero que les permita el “ingreso”. En atención a la preguntas de los Vocales Constitucionales, precisaron que no presentaron las cartas en las que solicitaron la conexión de agua, dado que no había constancia se recepción por negativa de las autoridades demandadas, salvo una carta recibida por Samuel Ninaja, Presidente de la zona Santa Bárbara, con lo que ya habrían ingresado a la zona, sin embargo, cada zona tiene un Directorio, esto debido a las vertientes; empero, sostuvieron la presente acción de defensa con la citada carta de 2021. Asimismo, aclararon que “EPSAS” no tiene participación en el servicio de agua potable, dado que en el municipio de Achocalla se provee este servicio de vertientes de agua. Oscar Mamani Blanco, precisó que en el lote de terreno que adquirió, solo cuentan con agua para riego, precisando que sí tomó contacto con “Don Clemente” con quien compartió y del que recibió respuestas reiteradas sobre analizar su solicitud en las siguientes semanas, habiendo recibido la visita de ambos demandados en su terreno el 2 de enero de 2023, momento en el que le dijeron que le darían agua, pese a que la cañería pasa por su terreno para beneficiar a otros vecinos. Añadió que optó por llevar agua de El Alto, pero le fue cerrado un camino por instrucción de Willy Ajno, señalando que Clemente Mayta se cree dueño de los ojos de agua, quien les habría pedido $us5 000 (cinco mil dólares estadounidenses), manifestando que tiene miedo de ser agredido. Asimismo, precisó que llevó una nota de solicitud, empero los demandados no la recibieron, exigiendo la previa presentación del folio real, documento que aún está pendiente debido a la división y partición del predio en que se encuentra su lote de terreno.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Clemente Mayta, Presidente, y Carmen Ninaja, Secretaria de Hacienda, ambos del Sistema de Agua Potable de Zona Santa Bárbara Anat Collo Asangalla de Achocalla del departamento de La Paz, mediante nota de 10 de marzo de 2022, cursante de fs. 36 y 37 a 38 y a través de sus abogados, en audiencia manifestaron: a) La presente acción de defensa fue interpuesta en enero, pero los demandados recién fueron notificados “anteayer”, faltando a la lealtad procesal ya que recién por la mañana pudieron presentar pruebas, dado que se suspendió la audiencia de “ayer”; b) Los accionantes compraron un lote de terreno que no tenía conexión de agua, adquirieron el bien mediante un documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas de 28 de abril de 2021, sin que durante dos años hubieran podido sanear su derecho propietario, por cuanto no pueden acreditar tal calidad con el folio real correspondiente; c) No es suficiente solicitar la conexión de agua, se debe tener en cuenta que hay treinta y siete afiliados, además que se debe cumplir con un procedimiento riguroso, mismo que es de conocimiento de los impetrantes de tutela; d) Los accionantes deben acudir a la junta de vecinos presentando los requisitos de afiliación en la zona, tales como acreditar el interés legal, documento de propiedad, testimonio, folio real, plano visado o cuando menos referenciado, condiciones que no fueron cumplidas, adicionalmente deben presentar un croquis de ubicación, sus fotocopias de cédula de identidad actualizada, y esperar a que una magna Asamblea de afiliados determine si es posible o no la conexión, que debe pasar por varios fundos, por cuanto no es suficiente formular la solicitud; e) Los referidos requisitos corresponden al art. 374.II de la CPE; f) Existe otro servicio de agua denominado “AMAP”, que se encuentra más cerca del referido lote de terreno, que corresponde al Gobierno Autónomo Municipal, empero entre los requisitos se exige el testimonio de propiedad, documento que no tienen los accionantes; y, g) En atención a las preguntas de los Vocales Constitucionales, manifestaron que el Presidente de la Junta de Vecinos es la máxima autoridad de la Junta de Vecinos de la zona Santa Bárbara, de la que dependen los demandados; reconociendo la existencia de un reglamento interno o estatuto orgánico, que no lo tenían en ese momento. Clemente Mayta, manifestó que no tuvo conversación con los impetrantes de tutela, menos el “2 de enero”, momento en el que se encontraba brindando en su casa, además precisó que deben obtener un certificado de afiliación y luego recién solicitar -se infiere la conexión de agua-, aclarando que no es dueño del agua y que se requiere una decisión de todos los afiliados.

Carmen Ninaja, señaló que no conoce a Alicia Medrano Condo, y que no hablaron el “2 de enero”, ya que debido a la fiesta de año nuevo estaba compartiendo con su familia en su casa, además que tampoco se contactó con el “presidente del agua potable”

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante la Resolución 28/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 59 a 61 vta., denegó la tutela solicitada, empero dispuso dirigir oficio a la Presidencia de la Junta de Vecinos Santa Bárbara Anat Collo Asangalla de la comunidad de Pucarani, del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, para que su Presidente o Secretario General, identificado en la persona de “Samuel Ninaja”, en la próxima Asamblea ordinaria o extraordinaria analice el requerimiento efectuado por los accionantes respecto a la solicitud de conexión de agua potable conforme a los criterios expuestos en el numeral 4 de la referida resolución, en la vía de la concertación y prosecución para la consolidación de derechos de los impetrantes de tutela, sin otorgar la tutela solicitada, considerando que la Presidencia o Secretaría General no fueron demandadas; con base en los fundamentos siguientes: 1) El problema jurídico planteado refiere a que el 2 de enero de 2023, los demandados respondieron negativamente a los accionantes, pidiendo la solución previa de conflictos judiciales sobre la propiedad del bien que ocupan los impetrantes de tutela, motivo por el que se provocó la supresión del derecho al agua mediante medidas de hecho ante la inexistencia de motivos para la provisión del recurso hídrico; 2) No se cuenta con el baremo necesario para establecer si los demandados desplegaron la conducta omisiva denunciada, dado que conforme la documental adjunta, solo se tiene lo afirmado por ambas partes en audiencia, sin que exista un elemento objetivo para establecer la responsabilidad de los demandados; 3) Se refirió en audiencia de garantías, una reunión que fue negada por los demandados, haciendo imposible la verificación de la acción u omisión ilegal e indebida atribuida a los demandados; 4) Se tiene que los accionantes y su bien inmueble se encuentran dentro de la zona Santa Bárbara Anat Collo Asangalla, comunidad Pucarani, Achocalla del departamento de La Paz, en la que existe una junta de vecinos fundada el 4 de diciembre de 1984, conforme a la documental presentada por los demandados, que se rige por un estatuto y un reglamento; 5) Se debe tener presente que no se pretende dejar en la incertidumbre el derecho a los impetrantes de tutela, empero previamente se debe presentar un plano, fotocopias simples y el certificado de pertenencia a ser emitido por el Presidente de la Junta de Vecinos, motivo por el que la Sala Constitucional consideró necesario poner en conocimiento de dicha autoridad la presente resolución constitucional para que en la siguiente asamblea ordinaria o extraordinaria, evalúe y analice el requerimiento de los hoy accionantes para acceder al servicio de agua potable; 6) Las autoridades originarias no pueden dirimir cuestiones posesorias ni a partir de ello reprimir el requerimiento de conexión de agua potable, tampoco analizar la pertinencia del derecho propietario exhibido por alguno de los afiliados; y, 7) Si bien se debe tramitar previamente el requerimiento del servicio de agua para los accionantes, las autoridades de la zona Santa Bárbara Anat Collo Asangalla de la comunidad de Pucarani, deben obrar en el marco de los principios de razonabilidad y objetividad, motivos por los que corresponde poner en conocimiento de dichos representantes el contenido íntegro de esta resolución, para que sea analizada y se pueda verificar la solicitud de conexión de agua potable formulada por los accionantes. En atención a la solicitud formulada por los impetrantes de tutela, la Sala Constitucional Tercera dispuso remitir oficio a Agustín Humerez Celso, actual Secretario General y máxima autoridad de la Comunidad Pucarani.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan las facturas emitidas por la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. (DELAPAZ), correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2021, marzo a agosto y octubre a noviembre de 2022, a favor de “MAMANI MEDRANO DAYANA ANAHI”, documental presentada por la parte accionante (fs. 2 a 15). II.2. Cursa el contrato de compra venta con reconocimiento de firmas y rúbricas, cursante en el formulario 0163720, por ante la Notaría de Fe Pública 20 de El Alto, del departamento de La Paz, suscrito por Wilma Mamani Alarcón, en calidad de heredera de su esposo Vicente Fredy Paco Callisaya y vendedora; y, Oscar Mamani Blanco y Alicia Medrano Condo, sobre la transferencia de propiedad, venta real y enajenación perpetua de una superficie de 300 m2, en acciones y derecho equivalente al 32.26% del terreno ubicado en la ex Comunidad Pucarani, Achocalla, registrado en la Oficina de Derechos Reales con matrícula 2.01.3.01.0027332, cuya cláusula tercera establece que Wilma Mamani Alarcón quedó a cargo del trámite de saneamiento y de poner en orden los documentos sobre la división y partición del citado lote de terreno, por cuanto la matrícula madre debe darse de baja y nacer otras matrículas; cursando además el citado Folio Real, fotocopia simple de la cédula de identidad de Wilma Mamani Alarcón y plano aprobado (fs. 18 a 22). II.3. Mediante las notas de 22 de febrero, 23 de mayo, 4 y 18 de octubre y 14 de noviembre, dirigidas por Guillermo Willy Agno Espejo y Susana Paco Foronda, denunciaron y reiteraron atropellos, despojo, agresiones psicológicas, avasallamiento, amenazas de muerte y corte de agua de riego suscitados por Oscar Mamani Blanco y Alicia Medrano Condo (fs. 39 a 44). II.4. A través del Acta de Aprobación de Nombre de 20 de mayo de 2009, se determinó por unanimidad asignar el nombre “ASOCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE WECHENCALLA (ASAPW)”, con la presencia de todos los usuarios del sistema de agua potable con personalidad jurídica 340/99 “RM 014/99” (fs. 45). II.5. Por Acta de Asamblea General Afiliados en la Instalación de Agua Potable Wichincalla, en el que entre otros puntos fueron aprobadas las sanciones y formas de ingreso de nuevos afiliados para la instalación de agua potable (fs. 47 y vta.) II.6. Consta la nómina de afiliados según antigüedad, en fotocopia legalizada por Clemente Mayta, “PRESIDENTE AGUA POTABLE WICHINCALLA ZONA SANTA BARBARA ANAT COLLO ASANGALLA” (fs. 48 a 49). II.7. Cursan los requisitos para solicitar instalación de agua potable y para solicitar afiliación a la zona, correspondientes a “AGUA POTABLE WICHINCALLA” “SANTA BÁRBARA ANATKOLLO ASANGALLA” (fs. 50 y 51).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al agua, debido a que las autoridades demandadas, actuaron evasivamente sin responder a sus solicitud de acceso al agua potable, arguyendo que previamente debían resolver los conflictos judiciales pendientes sobre el bien inmueble de su propiedad. En consecuencia, dentro del presente caso corresponde en revisión, verificar si tales extremos denunciados por la parte accionante son o no evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para tal efecto, se considera necesario el analizar los siguientes temas: i) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; ii) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; iii) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; iv) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; v) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; vi) El derecho al agua en su dimensión individual y colectiva y el manejo y gestión sustentable de dicho recurso; y, vii) Análisis del caso concreto.

III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, reiterada por las SSCCPP 0119/2018-S2 de 11 de abril y 0373/2018-S2 de 24 de julio -entre otras-, sistematizó y desarrolló el siguiente razonamiento: La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1 expresó que la acción de amparo constitucional:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:

…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida (las negrillas son nuestras). Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.

III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

…sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho.

Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas). 2El FJ III.1, señala: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”. 3El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”.

Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de 4La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”.

Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras. 5La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble. 6La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”.

Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras. 7Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.

violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema (las negrillas son agregadas). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos, que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece:

El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión (las negrillas son incorporadas). Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril-que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC)-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-. En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: a) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, b) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: 1) Preventiva y/o 2) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto.

Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente. Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria. La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: i) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; ii) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; iii) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, iv) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. A lo anotado, corresponde señalar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros. Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina:

13La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 14La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 15SCP 0998/2012, FJ III.4.

Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial.

III.6. El derecho al agua en su dimensión individual y colectiva y el manejo y gestión sustentable de dicho recurso

La SCP 0052/2012 de 5 de abril, precisó: “El derecho al agua tiene una doble dimensión constitucional, tanto como un derecho individual fundamental como un derecho colectivo comunitario fundamentalísimo…”. En razón de su dimensión colectiva, las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), tienen el derecho de que sus normas y procedimientos propios que regulan el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos -con fuente en sus usos y costumbres-, deban ser reconocidos, respetados y protegidos por el Estado, conforme dispone el art. 374.II de la CPE. Sobre lo señalado, a nivel internacional, se puede citar al autor Ingo Gentes, quien en su Documento Conceptual para el Programa WALIR – Water Law and Indigenous Rights. Towards structural recognition of indigenous rights and water management rules in national legislation, con estudios en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y los EE.UU., coordinado por la Universidad de Wageningen, Países Bajos, y las Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2001; sobre Derecho de Agua y Derecho Indígena, hacia un reconocimiento estructural de la gestión indígena del agua en las legislaciones nacionales de los Países Andinos, refiere que:

Pudiendo extraerse del texto señalado, el realce de la necesidad de que los Estados, a través de su normativa, política e instituciones, tomen medidas internas para efectivizar el reconocimiento de formas de uso y gestión indígenas sobre el agua; es decir, dejar de ignorar la existencia y la importancia de los marcos normativos consuetudinarios -regulaciones, usos, derechos- de las comunidades indígena-campesinas locales, para gestionar sus sistemas de agua conforme a sus realidades; claro está, sin contravenir el ordenamiento que rige a nivel general en el Estado, debiendo en todo momento observar el cumplimiento de la Norma Suprema. De igual manera, conforme al autor Bernardo Anwar Azar López, el agua es un derecho a favor del ser humano para que el mismo tenga una vida digna tanto en el sentido material como para el desarrollo de todas sus potencialidades, lo que significa que será responsabilidad del Estado, poner los medios y las condiciones para que los mismos se puedan ejercer, de lo contrario únicamente se caería en un ilusionismo constitucional. El mismo autor señala, que el derecho al agua, consiste en que todas las personas tengan acceso al vital líquido y puedan utilizarla en cantidades suficientes y en condiciones adecuadas para que sus necesidades de vida sean satisfechas de manera digna. Ahora bien ante este derecho, trasciende el interés individual para convertirse en un derecho colectivo, siendo inherente a todo ser humano, debiendo ser resguardado como derecho que le corresponde a todo hombre, mujer y niño en igualdad de condiciones, como miembro de la comunidad.

III.7. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al agua, debido a que las autoridades demandadas, actuaron evasivamente sin responder a su solicitud de acceso al agua potable, arguyendo que previamente debían resolver los conflictos judiciales pendientes sobre el bien inmueble de su propiedad.

De los antecedentes que se adjuntan y los alegatos formulados por los demandados, tanto en el informe como en audiencia de garantías, se establece con claridad que los impetrantes aún no están afiliados al Sistema de Agua Potable de Winchicalla Zona Santa Bárbara Anat Collo Asangalla y que deben cumplir con los requisitos tanto para solicitar afiliación en la zona -entre los que se exige “TESTIMONIO,FOLIOREAL,PLANO VISADO O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA CON RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y PLANO GEOREFERENCIADO”- como para la instalación de agua potable -entre los que se requiere “CERTIFICACIÓN DE AFILIADO EXTENDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA ZONA SANTA BARBARA ANARCOLLO ASANCALLA”-, conforme consta en el Acta de Asamblea General de 13 de enero de 2021 y en la Nómina de Afiliados según Antigüedad (Conclusiones II.6 y 7). En sentido contrario, los impetrantes de tutela no acreditaron documentalmente que el derecho al agua que reclaman mediante la presente acción de amparo constitucional, hubiera estado previamente consolidado en su favor, con carácter previo a la interposición del presente mecanismo de defensa. Sobre el particular, en las facturas del servicio de energía eléctrica provisto por la empresa DELAPAZ, aún se encuentran registrada como beneficiaria Dayana Anahi Mamani Medrano (Conclusión II.1) y el contrato de compra venta con reconocimiento de firmas y rúbricas de una superficie 300 m2, equivalentes a 32.26% de un predio con una extensión de 930 m2 de propiedad de Wilma Mamani Alarcón, heredera de su esposo Vicente Fredy Paco Callisaya, quien mediante el referido documento contractual, transfirió la señalada fracción se hizo cargo del trámite de saneamiento y de poner en orden los documentos sobre división y partición del citado lote de terreno (Conclusión II.2); elementos que demuestran que incluso la titularidad sobre el predio para el que solicitan la instalación de agua potable, se encuentra pendiente de regularización. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional, que refiere los presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho, entre los que se exige que la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria; la condición antes expuesta, permite ratificar la ausencia de acreditación del derecho al agua previamente consolidado a favor de los impetrantes de tutela, ni la realización de justicia por mano propia con prescindencia de los mecanismos institucionales que les hubieran impedido acceder al indicado servicio de agua; quienes conforme se tiene señalado, aún tienen pendiente su afiliación a la Junta de Vecinos de Santa Bárbara Asangalla y Anat Collo y al Sistema de Agua Potable Wichincalla de Santa Bárbara Anatkollo Asangalla, ambos de Achocalla del departamento de La Paz. Por los motivos antes expuestos, corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto a la determinación de remitirse oficio de recomendación y reflexión a Agustín Humerez Celso, Presidente de la Junta de Vecinos de la zona Santa Bárbara Anat Collo Asangalla, se tiene que siendo una medida exhortativa conforme prevé el art. 374.II de la CPE, debe generar en el destinatario y miembros de la Directiva de la Junta Vecinal, la determinación urgente de medidas provisionales y excepcionales, tendientes a proveer del servicio de agua a favor de los ahora impetrantes de tutela y sus cuatro hijos, más aún si se considera que tienen una vivienda construida en el predio aún sujeto a regularización de titularidad, bajo la premisa de que el acceso al agua y el acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable son derechos fundamentalísimos y derecho humano, cuidando que su provisión sea real en virtud de los principios solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentatiblidad (arts. 16. I, 20.I y III y 373.I de la CPE). En tal sentido, las notas de 22 de febrero, 23 de mayo, 4 y 18 de octubre y 14 de noviembre, dirigidas por Guillermo Willy Agno Espejo y Susana Paco Foronda, por las que denunciaron y reiteraron atropellos, despojo, agresiones psicológicas, avasallamiento, amenazas de muerte y corte de agua de riego, suscitados por Oscar Mamani Blanco y Alicia Medrano Condo -ahora accionantes- (Conclusión II.3), deberán ser consideradas y sancionadas por las instancias competentes para tal fin, empero no deben ser motivo para impedir la provisión de agua a los impetrantes de tutela. Por lo expuesto, la Sala Constitucional al denegar la acción tutelar, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 28/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 59 a 61 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que conforme a lo señalado por la referida Sala Constitucional, la actual Directiva de la Junta de Vecinos de Santa Bárbara Anat Collo Asangalla de la Comunidad Pucarani, del municipio de Achocalla del departamento de La Paz, considere una medida provisional y excepcional para proveer de agua a los impetrantes de tutela y sus cuatro hijos, mientras concluya la regularización del título de propiedad sobre su bien inmueble ubicado en dicha comunidad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, expresa: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y

8 El FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.

9 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”. 10La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

11 La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 12La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”. En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación.

…el nexo entre la temática de un reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas en torno al agua y la gestión de su uso integrado, que incluye los aspectos económicos, sociales y ambientales, es un hecho muy reciente. En el Foro Mundial del Agua llevado a cabo en La Haya en marzo de 2000, se dedicó una sesión especial al tema del `Agua y los Pueblos Indígenas’, en la cual se concluyó que: ‘...los pueblos indígenas y sus sistemas propios de valores, conocimientos y prácticas han sido ignorados en el proceso de una visión global del agua (...) Este es un problema recurrente para los pueblos indígenas quienes están frecuentemente obligados a enfrentar asuntos vitales en términos dictados por otros. Muchos compartieron su experiencia sobre como el conocimiento tradicional de sus pueblos fue visto como inferior en el sistema político, legal y científico imperante y como sus argumentos son una y otra vez descartados por las Cortes y otras instituciones’. 16Disponible en: https://www.cepal.org/drni/proyectos/walir/doc/walir10.pdf

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0358_2025-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): e1d8010ed054cef164d7158e673d46bf116ab4f7ed79680750ca50d7592035cf

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →