Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a la propiedad; toda vez que, dentro del incidente de liquidación de sociedad y devolución de dineros aportados, seguido por su persona contra Natalia Estrada Gallardo -tercera interesada-, los Vocales demandados de forma ilegal emitieron el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, por el que confirmaron la prescripción extintiva quinquenal, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Con una incongruencia omisiva, no dieron respuesta a los dos motivos de su apelación; b) No explicaron ni realizaron un argumento lógico jurídico respecto a los actos declarados nulos que fueron parte de la actividad procesal en la causa, ni establecieron cómo se realizó el cómputo para determinar la prescripción por el paso de los cinco años; y, c) No se refirieron sobre las causas de fuerza mayor sufridas por el COVID-19 y que a causa de la misma, el Tribunal Supremo de Justicia por medio de circulares dispuso la suspensión del cómputo de plazos de la prescripción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; 3) Sobre la tutela judicial efectiva como garantía constitucional; 4) El derecho a la propiedad privad…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 037/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 932 a 940, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de motivación, respecto a la tercera subproblemática, como también a los derechos de tutela judicial efectiva y propiedad, por consiguiente:
1.1° Dejar sin efecto el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, emitido por las autoridades demandadas, debiendo en el plazo de setenta y dos horas de notificados con el presente fallo constitucional, emitir nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° DENEGAR la tutela, en relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia en relación a la primera subproblemática, así como al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación respecto a la segunda subproblemática y en su elemento de fundamentación sobre la tercera subproblemática, conforme a los argumentos de la presente Resolución Constitucional. 3° DENEGAR la tutela, en relación a la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, por no haber sido admitida la acción de defensa contra ésta, en base a los argumentos desarrollados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0358/2023-S1 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46697-2022-94-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 037/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 932 a 940, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Caupolican Amir Mendivil Cavero contra Julio Cesar Sandi Ustarez y Hugo Bernardo Córdova Egüez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Jannete Roxana Calvo Muñoz, Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 843 a 857, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso sumario de exclusión de socio de la Sociedad Accidental o de Cuentas por Participación de “MULTIROCA EMPRESA” iniciado en su contra, por Natalia Estrada Gallardo, se emitió la Sentencia 037/2015 de 9 de abril, por la cual el Juez a quo, quien declaró “improbada la excepción perentoria de improcedencia de la acción reconvencional y probada la de falta de derecho en el reconvencionista, improbada en la demanda reconvencional, e improbadas las excepciones perentorias de falta de derecho y mérito y de ausencia de los presupuestos y dispone: La exclusión del socio y de igual forma en ejecución de Sentencia se procederá a la liquidación” (sic), apelada que fue la misma, fue confirmada por el Auto de Vista 29/2015 de 5 de junio, emitido por el superior en grado, y debidamente ejecutoriado al no haberse presentado el recurso de casación por ninguna de las partes.
Es así, que el 9 de mayo de 2019, solicitó que se proceda a la liquidación en ejecución de sentencia, y que al desconocer el domicilio de la demandante en el proceso civil, se solicitó al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y al Servicio de Registró Cívico (SERECÍ) certificar el último de domicilio de la misma, siendo notificada el 2 de octubre del mimo año, en el domicilio certificado, para de forma posterior solicitar el embargo y anotación preventiva, y la designación de perito auditor financiero que determine el monto económico a ser liquidado. El 1 de marzo de 2021, Natalia Estrada Gallardo interpuso incidente de nulidad de citación, resuelto por Auto de 12 de abril del mismo año, por el que se declaró la nulidad de obrados hasta fs. 626 vta., disponiendo la citación con la demanda de ejecución en el domicilio real de la demandante -ahora tercera interesada-, dicha determinación fue cumplida el 9 de junio de 2021, respondiendo la misma de forma negativa el incidente de liquidación y solicitando se disponga la prescripción del derecho al haber transcurrido más de cinco años desde que la Sentencia fue ejecutoriada. Por lo que, el Juez a quo emitió de forma arbitraria el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021, disponiendo la prescripción extintiva quinquenal del derecho a pedir la ejecución de la Sentencia inicial y desestimando el incidente de ejecución de la misma; por lo que, interpuso recurso de apelación refiriendo que: a) No se debía realizar una nueva citación, teniendo la finalidad de presentar la prescripción y no dejar la ejecución de la Sentencia; b) El art. 1503.II del Código Civil (CC), dispone que la prescripción se interrumpe por otro acto que constituya en mora al deudor, siendo ratificado por el Auto de 12 de septiembre de 2019 que no fue anulado; c) Existió actividad procesal en el proceso antes de la citación a contrario, como embargos, provisiones, anotaciones preventivas; d) Existe línea jurisprudencial respecto a que la notificación u otro acto interrumpe la prescripción; e) La SCP 1082/2014 de 10 de junio, es de aplicación al caso respecto a la prescripción; y, f) La resolución de la Jueza a quo no está fundamentada, pues no establece los motivos de suspensión de labores judiciales por el COVID-19, recurso de apelación que fue resuelto por los Vocales demandados a través del Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, por el cual confirmaron de forma ilegal la Resolución apelada, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, ya que se basaron en que no se estaba discutiendo la nulidad de la notificación, y que la prescripción solo puede ser interrumpida por una demanda judicial, decreto, acto de embargo o cualquier acto procesal debiendo ser notificados a la parte contraria; y, que no es coherente señalar que la suspensión de las actividades judiciales por el COVID-19, ya que existen actuados en pandemia. Los Vocales accionados al dictar el Auto de Vista 264/2021, cometieron las siguientes vulneraciones: 1) Al derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación y motivación a las resoluciones judiciales referente al primer motivo de apelación; ya que, consideraron de forma errónea al instituto de la prescripción, pues no consideraron las causas de su inacción y el transcurso del tiempo, debiendo analizar si la declaratoria de nulidad de la notificación tenía efectos positivos o negativos para considerar que dichos actos procesales eran causales de suspensión del término de la prescripción; que de igual manera, tendrían que haber considerado si los efectos de la nulidad se traduciría como la inexistencia de actos procesales, pues se demostró que sí existió actividad procesal pues se presentó el incidente de ejecución de sentencia el 9 de mayo de 2019 -3 años, 9 meses y 14 días de ejecutoriada la Sentencia-; pues, al no considerar que los actos nulos interrumpen la prescripción, la determinación emanada por los Vocales demandados también radicó en una incongruencia omisiva, ya que se salieron por la tangente y no ingresaron a analizar el fondo del reclamo respecto a las actividades procesales realizadas antes del vencimiento de los cinco años, rechazando sin fundamento de forma superficial sus pretensiones incumpliendo el principio de verdad material inserto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), cayendo en un razonamiento netamente formalista; 2) Al derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación y motivación a las resoluciones judiciales referente al segundo motivo de apelación; puesto que, no consideraron que a causa de la pandemia del COVID-19, se suspendió las actividades jurisdiccionales, quedando el Estado sin la potestad de administrar justicia a causa de las cuarentenas, no pudiendo considerarse como un factor aislado dicho aspecto a momento de interpretar el término de la prescripción, pues conforme la Circular 07/2020 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia se dispuso la suspensión de la prescripción, que si bien no fue una norma procesal; empero, resultó una fuente de interpretación del derecho, considerando los valores, principios y fines del Estado, que dio una pauta de interpretación a ser cumplida por los administradores de justicia, sobre las causas respecto a la prescripción, la cual no es contraria a lo establecido en el art. 1503 del CC, ordenado a los jueces a que realice dicha interpretación en apego a los arts. 9.4, 115.I y 180 de la Norma Suprema en relación al art. 1492 del sustantivo civil; por lo que, el razonamiento formalista y legalista que realizaron las autoridades demandadas es erróneo que contradice el principio de verdad material y no formalismo, pues niegan los efectos que produjo la pandemia y las respectivas cuarentenas al momento de considerar la suspensión o interrupción de plazos, aplicando de forma errónea aspectos formalistas que contradicen el bloque de constitucionalidad, pues tampoco consideraron que a causa de la pandemia no existió accesibilidad a la justicia, pues existió una suspensión total en la función pública, hechos no considerado por los Vocales accionados, incumpliendo el principio de igualdad de las partes, y que al no resolver el fondo del reclamo sobre la consideración de suspensión de plazos por la pandemia incurrieron de igual manera en una incongruencia omisiva; 3) Al derecho al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales referente al Auto Interlocutorio dictado por la Juez a quo; pues, al declarar la prescripción, no fundamentó ni motivó su resolución, al no considerar el efecto de los actos declarados nulos para poder interrumpir la prescripción, y solo se limitó a referir que el auto que declaró la nulidad de obrados no fue impugnado; por lo cual, los actos nulos no surtieron efectos, la que de manera errónea y fuera del principio de verdad material, accesibilidad de la justicia y no formalismo, pues no consideró la suspensión del tiempo de la prescripción por la pandemia, siendo una resolución superficial y contraria a los arts. 9.4, 109, 115 y 180 de la CPE; y, 4) Al derecho de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y derecho a la propiedad, ya que la declaratoria de prescripción impide solicitar la ejecución de la sentencia, negando su acceso a la justicia y atenta su propiedad, pues le prohíben solicitar el dinero que le corresponde de la liquidación de la sociedad.
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a la propiedad, citando al efecto los arts. 56 y 115.II de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre; ii) Se emita nuevo fallo debidamente fundamentada y motivada, en el que se ingrese al análisis de fondo de la apelación, resolviendo todos los puntos y aspectos apelados; y, iii) Se condene en costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el “12 de marzo” -siendo lo correcto 11 de abril- de 2022, según se tiene del acta cursante de fs. 920 a 931 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela se ratificó en los extremos planteados en su memorial de acción de amparo constitucional.
Julio César Sandy Ustarez y Hugo Bernardo Córdova Egüez, Vocales de las Sala Civil y Comercial Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 28 de marzo de 2022, cursante de fs. 883 a 884 vta., señalaron lo siguientes: a) El Auto de Vista 264/2021, está debidamente fundamentado, pues se respondió y resolvió cada agravio que se formuló en el recurso de apelación, interpretando correctamente el art. 1503.I del CC; b) La declaratoria de nulidad se notificó a la demandante en un domicilio que no le correspondía; por lo que, no se interrumpe la prescripción en base a lo determinado en el art. 1504 núm. 1) del sustantivo civil; y, c) La Resolución cuestionada si bien menciona que existen actos idóneos con los que se demostraría la intención de hacer valer derechos; empero, los mismos no surten efectos para constituir en mora al deudor, los cuales se los deben hacer conocer, y tal hecho sucedió recién el 9 de junio de 2021, cuando transcurrió el término de prescripción quinquenal señalado en el art. 1507 del CC, y que las suspensiones causadas por el COVID-19 no suspenden la prescripción, no evidenciándose la vulneración de derechos y garantías constitucionales, solicitando se deniegue la tutela.
Natalia Estrada Gallardo, por memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 891 a 898 vta., señaló que: 1) Existen actos consentidos en el proceso, ya que se aceptó que no podía cobrar ningún valor económico al no tener derecho de hacerlo, como también dio su consentimiento de la falsedad de su domicilio; 2) No se identificó los cánones de interpretación de la ley supuestamente omitidos; 3) Se citó línea jurisprudencial antitécnica; 4) No existió mala fe por parte del Tribunal de alzada al considerar la dirección de su domicilio como falso; 5) Se confundió los institutos jurídicos de prescripción y caducidad; y, 6) En ningún momento la pandemia afectó la actividad procesal del peticionante de tutela, pues no demostró cómo le hubiese perjudicado en el ejercicio de sus derechos.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 037/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 932 a 940, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La Sentencia 037/2015 en su parte resolutiva dispuso la exclusión del solicitante de tutela, y en ejecución de sentencia la liquidación de la sociedad; ii) El 9 de mayo de 2019, en ejecución de Sentencia el demandante de tutela peticionó se proceda a la liquidación, siendo notificada la tercera interesada el 2 de octubre del mismo año; empero, dicha notificación fue declarada nula por Auto de 12 de abril de 2021, solicitando la tercera interesada se aplique la prescripción del derecho a la ejecución de la sentencia al haber transcurrido más de cinco años de ejecutoriada la misma, la cual fue resuelta por Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021, declarando la prescripción extintiva quinquenal del derecho a pedir la ejecución de la Sentencia inicial en apego al art. 1507 del CC, que fue confirmada por el Auto de Vista 264/2021; iii) Se establece que la tercera interesada fue debidamente notificada recién el 9 de junio de 2021, donde se puede evidenciar en el contenido del Auto de Vista 264/2021, evidenciándose que las autoridades demandadas emitieron la resolución acorde a las disposiciones legales que regulan a la prescripción, siendo correcta la determinación; y, iv) Sobre las suspensiones de plazos, se tiene que la citación con el incidente fue realizada el 21 de marzo de 2021, y que las circulares no resultan verosímiles, ya que la presentación de memoriales y otros documentos estaban contemplados en diferentes circulares emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia, lo que no importa la suspensión de actividades judiciales, las cuales fueron desarrollados con estándares de bioseguridad con diferentes modalidades.
De la revisión de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Testimonio 947/2008 de 3 de octubre, sobre la constitución de una Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación bajo la razón social de MULTIROCA EMPRESA, entre Natalia Estrada Gallardo -tercera interesada-y Caupolican Amir Mendivil Cavero -ahora accionante- (fs. 7 a 8 vta.). II.2. Por memorial presentado el 5 de febrero de 2010, la tercera interesada presentó contra el impetrante de tutela demanda de exclusión de socio, solicitando al Juez de la causa:
…pronuncie sentencia declarando PROBADA la demanda, con costas, más daños y perjuicios calificables en ejecución de sentencia, disponiendo la exclusión y separación del señor Caupolicán Amir Mendivil Cavero, de su calidad de socio de la Asociación Accidental o de Cuentas en Participación referida y consiguientemente se disponga la disolución de la Asociación Accidental o de Cuentas en Participación cual establece el Art. 378-8) del Cód. Com. por reducción del número de socios a uno solo (mi persona) (sic [fs. 27 a 30]). Demanda que fue respondida por parte del peticionante de tutela de forma negativa, oponiendo excepciones y reconvención el 17 de marzo de 2010 (fs. 161 a 167 vta.). II.3. Por Sentencia 049/2013 de 19 de mayo, la entonces Jueza de Instrucción Civil Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, declaró:
…PROBADA la demanda de fs. 25 a 28 subsanada a fs. 30 a 31, Improbadas las excepciones perentorias de improcedente de la Acción Reconvencional y Falta de derecho en el reconvencionista PROBADA en parte la demanda reconvencional de fs. 133 a 139 e improbadas las excepciones perentorias de falta de derecho y mérito y de ausencia de los presupuestos que hacen procedente la acción de exclusión. En consecuencia se dispone: 1. La exclusión del socio Caupolicán Amir Mendivil Cavero de la Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación “MULTIROCA EMPRESA”, con domicilio legal en la calle Linares No. 88 en Potosí y en la Hacienda Lechuguillas en la ciudad de Sucre. 2. Que, en ejecución de Sentencia se procederá a la liquidación Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación “MULTIROCA EMPRESA” y a los efectos de lo establecido por los arts. 375 y 378 del Código de Comercio.
3. Sin costas por ser juicio doble (sic [fs. 295 vta. a 298 vta.]). Sentencia que fue apelada por el solicitante de tutela, el 2 de agosto de 2013, solicitando la revocatoria de dicha resolución, anulando obrados hasta la emisión de una nueva Sentencia (fs. 303 a 306 vta.). II.4. Cursa Auto de Vista 38/2013 de 12 de diciembre, emitido por el Juzgado de Partido Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el cual se determinó que:
…Se ANULA la sentencia de fs. 294 vuelta a 297 vuelta de obrados, de conformidad al Art. 237 inc. 4) del C.P.C. debiendo la Juez a quo pronunciar nueva sentencia observando lo exigido por el Art. 192 del citado procedimiento… (sic [fs. 326 a 327]). II.5. Por lo que, en cumplimiento a dicho Auto de Vista, el Juzgado de Instrucción Civil Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió el 11 de febrero de 2014, la Sentencia 011/2014, en la que se dispuso declarar:
…PROBADA la demanda de fs. 25 a 28 subsanada a fs. 30 a 31. IMPROBADAS las excepciones perentorias de improcedencia de la Acción Reconvencional y Falta de derecho en el reconvencionista, PROBADA en parte la demanda reconvencional de fs. 133 a 139 e IMPROBADAS las excepciones perentorias de falta de derecho y mérito y de ausencia de los presupuestos que hacen procedente la acción de exclusión. En consecuencia se dispone: 1. La exclusión del socio Caupolicán Amir Mendivil Cavero de la Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación “MULTIROCA EMPRESA”, con domicilio legal en la calle Linares No. 88 en Potosí y en la Hacienda Lechuguillas en la ciudad de Sucre. 2. Que, en ejecución de Sentencia se procederá a la liquidación de la Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación “MULTIROCA EMPRESA” y a los efectos establecido por los arts. 375 y 378 del Código de Comercio.
3. Sin costas por ser juicio doble (sic [fs. 334 a 337 vta.]). Determinación apelada por el representante legal del demandante de tutela por memorial presentado el 24 de febrero de 2014, solicitando se revoque la resolución impugnada y se dicte una nueva sentencia (fs. 339 a 342). II.6. Emitiéndose el Auto de Vista 24/2014 de 30 de julio, pronunciado por el Juzgado de Partido Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, en la que se dispuso:
…ANULA obrados hasta el auto de observación de demanda de fs. 28 vuelta inclusive, debiendo la Sra. Jueza a quo declinar competencia en razón de la materia y naturaleza de la demanda de fs. 25 al 28 de obrado, a un Juez de Partido en Materia Civil y Comercial de la Capital… (sic [fs. 348 a 380]). Auto de Vista, que fue objeto de recurso de casación, por parte de la tercera interesada el 12 de agosto de 2014, solicitando se deje sin efecto dicha determinación, debiendo dictarse nuevo fallo en base al art. 236 de Código de Procedimiento Civil (CPC) (fs. 385 a 388 vta.). II.7. Cursa Auto Superior SCCFI 23/2014 de 1 de diciembre, pronunciado por la entonces Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que determinó:
...anula el Auto de Vista de fojas 372-374, y en consecuencia se dispone que el órgano Ad quem proceda a pronunciar nueva resolución en estricta observancia de la norma procesal entrañada, resolviendo las apelaciones deducidas (sic [fs. 403 a 404]). II.8. Por lo que, en cumplimiento a dicho Auto Superior, se emitió el Auto de Vista 03/2015 de 12 de enero, por el Juez de Partido Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Chuquisaca, disponiendo que:
…ANULA obrados hasta Fs. 330 inclusive, debiendo emitirse una nueva Sentencia en base a los fundamentos de derecho señalados anteriormente; sin responsabilidad por ser excusable (sic [fs. 411 a 413 vta.]). II.9. Consta Sentencia 037/2015 de 9 de abril de 2015, emitido por la Jueza de Instrucción Civil Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, en cumplimiento al Auto de Vista 03/2015, disponiéndose:
…PROBADA la demanda de fs. 25 a 28 subsanada a fs. 30 a 31, IMPROBADA las excepción perentoria de improcedencia de la Acción Reconvencional y PROBADA la de Falta de derecho en el reconvencionista, IMPROBADA en la demanda reconvencional de fs. 133 a 139 e IMPROBADAS las excepciones perentorias de falta de derecho y mérito y de ausencia de los presupuestos que hacen procedente la acción de exclusión. En consecuencia se dispone: 1. La exclusión del socio Caupolicán Amir Mendivil Cavero de la Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación “MULTIROCA EMPRESA”, con domicilio legal en la calle Linares No. 88 en Potosí y en la Hacienda Lechuguillas en la ciudad de Sucre. 2. Que, en ejecución de Sentencia se procederá a la liquidación Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación “MULTIROCA EMPRESA” y a los efectos de lo establecido en los arts. 375 y 378 del Código de Comercio.
3. Sin costas por ser juicio doble (sic [fs. 427 a 431 vta.]). Resolución que fue apelada por el representante legal del accionante el 27 de abril de 2015, solicitando la nulidad de obrados (fs. 436 a 437 vta.). II.10. Emitiéndose el Auto de Vista 29/2015 de 5 de junio, por parte del Juzgado de Partido Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de Chuquisaca, por el que determinó:
…CONFIRMANDO en forma total la SENTENCIA de 09 de abril de 2015 cursante a fs. 423-427 vta de obrados, con costas en ambas instancias, las cuales deberán hacerse cumplir por la juez a quo (sic [fs. 454 a 455]). II.11. Por lo que, el 22 de julio de 2019, el impetrante de tutela, interpuso el proceso de ejecución de sentencia, solicitando al Juez de la causa, se proceda a la liquidación de la mencionada Sociedad y por consiguiente la devolución de dineros aportados (fs. 606 a 608), la cual fue ampliada por memorial presentado el 3 septiembre del mismo año, teniendo como petición principal:
…en cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia, y de conformidad con el art. 115 del C.P.C. amplío el incidente de LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS POR PARTICIPACIÓN “MULTIROCA EMPRESA”, y se me haga la devolución de $us. 129.982 (Ciento Veinti Nueve Mil Novecientos Ochenta y Dos Dólares Americanos 00/100), solicitando designe de OFICIO a un auditor financiero para que desempeñe el cargo de PERITO para que proceda a establecer y corroborar el monto invertido por mi persona en la referida sociedad, de conformidad con los alcances que establece el Art. 375, 378 y demás disposiciones del Código de Comercio aplicables a la presente causa (sic [fs. 626 a 627]). II.12. Por memorial presentado el 1 de marzo de 2021, la tercera interesada interpuso incidente de nulidad de citación, solicitando al Juez a quo:
…planteo el presente INCIDENTE DE NULIDAD DE CITACIÓN con la demanda o solicitud de ejecución de Sentencia de fojas 602 y Auto de admisión de 12 de septiembre de 2019 de fojas 625 vlta, pidiendo a su probidad que luego de los trámites de rigor y recibida la prueba en audiencia, se digne pronunciar resolución declarando NULA Y SIN VALOR LEGAL la diligencia citatoria de 2 de octubre de 2019 que corre a fojas 628 del expediente, disponiendo se vuelva a citar correctamente en mi domicilio real ubicado en la Hacienda “Bella Vista” de la Zona “Lechuguillas”, frente al Barrio “Pueblo Nuevo” de esta ciudad de Sucre. Como consecuencia, se anule todo lo obrado a partir de fojas 628, todo en resguardo de mis derechos y garantías constitucionales de carácter procesal (sic [fs. 732 a 736]). II.13. Cursa Auto de 12 de abril de 2021, emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Chuquisaca, el cual resolviendo el incidente de nulidad presentado por la tercera interesada, determinó que:
…se admite y se declara probado el incidente de nulidad de citación, deducido por Natalia Estrada Gallardo, de fs. 730 a 734 de obrados, en consecuencia, se dispone: 1) La nulidad de obrados hasta fs. 626 vta., de obrados. 2) En vía de saneamiento procesal del Auto No. 782/2019 de fs. 625 vta., obrados. Al otrosí primero se dispone: “Cítese con la demanda incidental, su ampliación, el presente auto y demás actuados procesales a la señora: Natalia Estrada Gallardo, en su domicilio real, sito en la hacienda “Bella Vista” de la Zona de “Lechuguillas”, frente al Barrio “Pueblo Nuevo” de eta ciudad, tome nota el particular el Oficial de Diligencias del Juzgado, a objeto de practicar la diligencia de citación ordenada (sic [fs. 745 vta. a 748 vta.]). II.14. El 14 de junio de 2021, la tercera interesada a tiempo de contestar el incidente de ejecución de sentencia incoada por el peticionante de tutela, interpuso incidente de prescripción, solicitando al Juez de la causa:
…se digne pronunciar resolución DESESTIMANDO el incidente de ejecución de sentencia planteado a fojas 602 y ampliado a fojas 624, con costas y costos; y, en el fondo:
1. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A PEDIR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA N° 037/2015 de 9 de abril de 2015, por haber transcurrido más de 5 años desde el 24 de junio de 2015 al 9 de junio de 2021; 2. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A PEDIR EL PAGO de los dineros y valores contenidos en los recibos ofrecidos en calidad de prueba del incidente, debido al transcurso de más de 5 años desde la fecha de su emisión (sic [fs. 762 a 765 vta.]). II.15. Ante dicha petición, el solicitante de tutela presentó memorial el 30 de junio de 2021, y respondiendo a la solicitud de prescripción, indicó que:
…teniendo en cuenta que jamás transcurrieron 5 años continuos e ininterrumpidos, ni tampoco hubo abandono o inacción de mi parte, respecto del presente proceso el cual haya durado por más de 5 años, pues antes de los 5 años se procedió a la presentación de memoriales y por consiguiente a la ejecución de Actos Jurídicos en el presente proceso, y ratificándome en mi memorial de fs. 602-604 y fs. 624-625, solicito a su autoridad, rechazar in lime, dicha solicitud de contrario, y por consiguientemente, disponer la prosecución del presente tramite conforme a derecho (sic [fs. 770 a 772 vta.]). II.16. Cursa Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021, pronunciado por la Jueza a quo, en el que se determinó:
…se rechaza y se desestima el incidente en ejecución de Sentencia, de liquidación de sociedad y devolución de dineros aportados de fs. 602 a 604 ampliado de fs. 624 a 625, de obrados, deducido por Caupolicán Amir Mendívil Cavero, en consecuencia, se declara: 1) La prescripción extintiva quinquenal, del derecho a pedir la ejecución de la Sentencia No. 037/2015 de 9 de abril cursante de fs. 423 a 427 vta., de obrados. 2) Con costas y costos, conforme a lo regulado en el art. 223.IV del Código Procesal Civil (sic [fs. 780 a 783]). II.17. El demandante de tutela, mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2021, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS, señalando que:
No correspondía efectuar ninguna nueva citación en ejecución de sentencia, en cumplimiento a lo señalado por el anterior código en su art. 119 del C.P.C. concordante con el art. 113 del C.P.C., modificado por ley 1760 de 28 de febrero 1997, y actualmente por el art. 73 y art. 117 de la Ley N° 439, y art. 82 del mismo cuerpo legal. Por lo que al haber interpuesto nulidad a dicha citación, fue simplemente, el actuar de mala fe de contrario, y donde su autoridad, fue sorprendida. Pues el fondo del asunto, es decir de esa NULIDAD DE CITACIÓN, era presentar una prescripción, pese a los antecedentes procesales existentes, es decir los memoriales presentados por mi parte, y que hasta ese momento cursaban en el expediente. Ahora bien. El art. 1503-II) del C.C., ordena claramente:
“La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirve para constituir en mora al deudor” Al respecto el Dr. Carlos Morales Guillen en su obra: “Código Civil, Concordado Anotado”, en su pag. 1931 y 1932 señala: “La notificación de cualquier actuación judicial, sea proceso ordinario, ejecutivo, sumario, sea simple petición de medidas precautorias, o de medidas preparatorias, así se proponga ante juez incompetente produce efecto interruptivo” “Cualquier otro acto que constituye en mora al deudor o beneficiario presunto de la prescripción, también la interrumpe” Lo que da a entender y enseña de manera contundente que, no necesariamente o imprescindiblemente, debe existir una citación para que se proceda al cómputo, y determinar si corresponde o no, una prescripción. Sino que enseña, a que también debe tenerse o tomarse en cuenta, cualquier otra acto judicial, es decir a aquel acto, que produce un efecto jurídico. Es así que en el caso presente, mi memorial de fs. 468 y 468vta., de fecha 7 de mayo de 2019, con timbre electrónico de 9 de mayo de 2019, que ha merecido su decreto de 14 de mayo de 2019, (fs.469 de obrados), con notificación a ambas partes (fs.470 y fs.471), memorial de fs. 602 a 604, de fecha 18 de julio de 2019 y con timbre electrónico de fecha 22 de julio de 2019, con su decreto de 29 de julio de 2019, como los memoriales fs. 624-625, presentado en fecha 3 de septiembre de 2019 (según timbre electrónico), constituyen un acto jurídico y por tanto, producen un efecto jurídico, lo que es ratificado por su Auto de fecha 12 de septiembre de 2019 (fs.625vta.), dictado por su misma autoridad y que dicho sea de paso, jamás quedo anulado o dejado sin efecto, por decreto o resolución alguna, al igual que el resto de las piezas procesales señaladas hasta el presente. No se trató jamás, de un simple memorial de mero trámite, o de simple solicitud de fotocopias legalizadas y/o simples, y tampoco, mereció un decreto de mero trámite, pues su autoridad, dictó un Auto, y con el valor probatorio y dispositivo, conforme a derecho. Pero no solo fue ese actuado que se realizó. Las siguientes piezas procesales (embargos, provisiones, anotaciones preventivas, oficios, etc. etc.), a las ya señaladas y especificadas en mi memorial de fecha 30 de junio de 2021, cursante de fs. 768 a fs.770, de obrados, también tienen el mismo fin y valor, es decir el de producir consecuencias jurídicas, y que han sido realizadas e incorporadas al proceso, dentro o antes de los cinco años de dictada o ejecutoriada la sentencia dictada por su autoridad. Es decir, ha existido Actividad Procesal en el presente expediente, mucho antes de las citaciones a la parte contraria. Y que en todo caso demuestran que en ningún momento, ha existido una dejadez, descuido o negligencia, por parte nuestra, respecto del presente proceso, en ejecución de sentencia, en lo más absoluto. No siendo sin embargo considerado de esa manera por su autoridad, pese a que también, aunque con poca relevancia jurídica, a fs. 457, 459, 4671, 463, 465, se presentaron memoriales de solicitud de fotocopias y desarchivos, por ambas partes. (…) El auto ahora apelado, de fecha 28 de julio de 2021, además de lo señalado, y no referirse en lo más mínimo a los antecedentes del proceso, en cuanto se refiere al no pronunciamiento de su autoridad, sobre los antecedentes que cursan en el expediente es decir sobre la actividad procesal, desde su inicio y hasta el presente, es que tampoco cuenta con ningún tipo de fundamentación legal ni argumentación jurídica, llegando al extremo de no señalar o especificar, las fechas para computar, establecer o determinar la existencia o no de una prescripción, menos aún, no indica cómo llegó su autoridad a dicho análisis, limitándose a señalar que se cumple el plazo de la prescripción extintiva por más de 5 años, y nada más. Se vulnera el debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones cuando no se señala de manera concreta y certera, los justificativos legales de la decisión. Extremo que transgrede disposiciones constitucionales, y donde su autoridad, no podrá llegar a determinar cuál la verdad material, que a su vez, me ocasiona la negación de mi derecho a la defensa, teniendo en cuenta que soy el demandado en el proceso principal, que solo busco, que se me haga justicia, más cuando tampoco, no tomó en cuenta, la suspensión de actividades judiciales, ocasionado por la pandemia (covid-19), que es de conocimiento mundial, para que el proceso se haya paralizado, pero no por causa de mi persona como señala su autoridad, en lo más absoluto. (…) Por lo señalado, dentro del término de ley, y siendo incluso que dicho auto, no cumple lo señalado proel art.213-I), II-3) del C.P.C., pues entre otros, no cuenta con los elementos y pruebas existentes en el proceso, menos es clara ni precisas, es que tengo a bien solicitar a su digna autoridad, y consiguientemente, admitir el presente recurso de apelación, a fin de que el Tribunal de Alzada, con mayor criterio y en base a las infracciones e ilegalidades efectuadas por parte de su autoridad, proceda a revocar la misma, y por consiguiente, disponer la prosecución del presente tramite en ejecución de sentencia, a fin de dar cumplimiento a la sentencia N° 037/2015, de fecha 9 de abril de 2015, dictada por su misma autoridad (sic [fs. 796 a 799]). II.18. Cursa Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora autoridades accionadas-, por el cual confirmaron la resolución apelada, bajo los siguientes argumentos: CONSIDERANDO II: En juicio de admisibilidad, se advierte que el recurso que nos ocupa, se encuentra interpuesto dentro del plazo otorgado por Ley y al hallarse debidamente fundamentado, se admite el mimo y se ingresa a su resolución en el fondo, concluyéndose en los siguientes extremos: 1.- Respecto al primer motivo de apelación; en el que el apelante acusa que no correspondía efectuar ninguna nueva citación en ejecución de Sentencia, en cumplimiento al art. 73, 82 y 117 del CPC, toda vez, que la interposición de la nulidad de citación fue de mal fe, con el fin de presentar la prescripción pese a existir antecedentes procesales, pues de conformidad a lo establecido en el Art. 1503.II del CC, la prescripción fue interrumpido por memorial de fs. 468 vta. y posteriores actuados en ese, contraviniendo la SC N° 1082/2014 de 10 de junio de 2014; al respecto y en relación al incidente de nulidad de notificación a la demandante en esta causa, con la demanda incidental de liquidación de sociedad en ejecución de la sentencia dictada en el caso de autos, se advierte que el Auto que acogió tal incidente de fecha 12 de abril de 2021, de fs. 745 vta. a 746 y vta; no fue apelado por el hoy recurrente, por lo que lo deducido en él, ha sido consentido por éste, debido a ello, a la fecha se encuentra plenamente ejecutoriado y no puede volverse a discutir un hecho ya juzgado, que no ha sido motivo del Auto hoy apelado; consiguientemente, tal sub reclamo del presente motivo recursivo, no puede ser acogido; así como no lo puede ser el segundo reclamo efectuado en este primer motivo del recurso, vinculado a que según el apelante, el término de la prescripción fue interrumpido con la presentación del memorial de fs. 468 y vta. y posteriores actuados a ese, ello, porque, conforme lo establece el art. 1503 del Código Civil, que prevé: (Interrupción por citación judicial y mora) I “La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor” (sic);se tiene, que para que opere la interrupción del término de la prescripción; primero, debe tratarse de una demanda, un decreto o un acto de embargo, pero notificados a quien se quiera que prescriba el derecho pretendido, aún sean efectuados por un Juez incompetente y segundo, cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor; en este último caso, por ejemplo, un requerimiento de pago de lo adeudado, mediante nota expresa o intervención notarial, pero hecho llegar a conocimiento del deudor; siendo que en el caso y conforme la Jueza A-quo correctamente lo ha evidenciado, nada de eso ha ocurrido, pues una vez ejecutoriada la sentencia dictada dentro del presente proceso y notificadas las partes con el previsto del cúmplase la misma, en fecha 25 de junio de 2015; surgió a partir de ese momento, el derecho del hoy apelante a solicitar la ejecución de la misma, en la forma que viera por conveniente; sin embargo, recién lo hizo a través de la presentación del incidente de liquidación de sociedad y de devolución de aportes de fs. 468, de 09 de mayo de 2019, que al haber sido observado, recién fue subsanado y ampliado a través del memorial de fs.624 a 625, de 03 de septiembre de 2019; mismo que una vez admitido, recién fue notificado a la actora dentro de la presente causa, el 9 de junio de 2021, conforme da cuenta la diligencia de comunicación procesal practicada a fs. 752 de actuados; actuado este último que, conforme lo establece la primera parte del parágrafo I del art. 1503 del CC; tuvo la cualidad procesal y legal de interrumpir recién el transcurso de término de la prescripción del derecho a que se le devuelvan y/o cancelen los aportes patrimoniales reclamados por el ahora impugnante; pues la solicitud de liquidación de sociedad y devolución y/o pago de los aportes efectuada a la misma, resulta ser idónea para los fines de lo dispuesto en la citada disposición sustantiva civil, como es el de interrumpir el término de la prescripción, para el cobro de dichos aportes societarios; pero para que ello ocurra, necesariamente debían ser notificados y puestos efectivamente en conocimiento de la demandante en esta causa, conforme lo requiere y exige dicha norma sustantiva civil; hecho que recién tuvo lugar, como se tiene ya señalado; el día 9 de junio del año en curso, conforme emerge de la diligencia de notificación asentada a fs. 752 de obrados, por lo que, este primer reclamo del recurso, no puede ser acogido. 2.- Respecto del segundo motivo de apelación; en el que se acusa que la juez no hace mención a los antecedentes y actuados del proceso, incurriendo en vulneración al debido proceso en su elemento motivación, al no señalar de manera correcta las fechas para el computo de la prescripción, bajo el único fundamento de que se cumple el plazo de las prescripciones extintiva por más de 5 años, sin tomar en cuenta la suspensión de actividades judiciales por el Covid-19, contraviniendo lo establecido en la SC N° 1234/2017-S1 de 28 de diciembre, al respecto y de la revisión del Auto apelado, se advierte que lo acusado en este motivo recursivo no resulta evidente, pues en dicho fallo judicial, la Juzgadora de mérito, ha efectuado un resumen de las pretensiones de las partes, así como ha analizado los antecedentes principales que contiene el presente proceso y ha determinado que fue a partir de la notificación con el decreto de cúmplase de la sentencia dictada en el caso, ocurrida fecha 25 de junio de 2015, en que nació el derecho del hoy impugnante a solicitar la devolución y pago de los aportes a la sociedad conformada con la demandante en la causa, sin que tal solicitud haya sido efectuada, sino, hasta el 2019, demanda incidental y su ampliación con la que recién pudo ser notificada la demandante Natalia Estrada Gallardo, en fecha 9 de junio de 2021 (fs. 752); cuando ya había transcurrido el plazo de los 5 años, previstos por el art. 1507 del CC; para que opere la prescripción de los derechos patrimoniales solicitada su devolución y pago por el hoy impugnante; consiguientemente, no resulta evidente que el fallo judicial apelado, no contenga la debida, coherente y suficiente fundamentación que debe contener toda decisión judicial; no pudiendo dicha Juzgadora considerar otras causales de interrupción del término de la prescripción, como la extrañada por el apelante (suspensión de actividades jurisdiccionales por la pandemia del covid-19); porque las únicas causales que tiene esa cualidad (interrumpir el término de la prescripción), son las enumeradas y detalladas en el art. 1503 del Código Civil, por lo que, este segundo reclamo del recurso en examen, tampoco puede ser acogido; correspondiendo fallarse acorde a lo que establece el art. 218-II-2) del CPC (sic [fs. 880 a 882]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a la propiedad; toda vez que, dentro del incidente de liquidación de sociedad y devolución de dineros aportados, seguido por su persona contra Natalia Estrada Gallardo -tercera interesada-, los Vocales demandados de forma ilegal emitieron el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, por el que confirmaron la prescripción extintiva quinquenal, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Con una incongruencia omisiva, no dieron respuesta a los dos motivos de su apelación; b) No explicaron ni realizaron un argumento lógico jurídico respecto a los actos declarados nulos que fueron parte de la actividad procesal en la causa, ni establecieron cómo se realizó el cómputo para determinar la prescripción por el paso de los cinco años; y, c) No se refirieron sobre las causas de fuerza mayor sufridas por el COVID-19 y que a causa de la misma, el Tribunal Supremo de Justicia por medio de circulares dispuso la suspensión del cómputo de plazos de la prescripción. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; 3) Sobre la tutela judicial efectiva como garantía constitucional; 4) El derecho a la propiedad privada y sus restricciones; y, 5) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Ley Fundamental, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, la cual expresó que:
…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (sic [el resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad… En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’ Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras). 4La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita). El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: i) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que
Al respecto el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, señala que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. El nuevo modelo constitucional progresivo y garantista, también consagra en su catálogo de derechos fundamentales, el derecho de acceso efectivo a la justicia cuando en el art. 115.I de la CPE, señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, para ese cometido la Norma Suprema estableció los principios rectores en los que se debe fundamentar la jurisdicción ordinaria, señalando en el art. 180.I que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; por lo que, son estos preceptos constitucionales que exigen a los Jueces y Tribunales aplicar y observar el valor eficacia de la función jurisdiccional, por el que se pueda concebir una noción moderna de tutela judicial efectiva de los derechos y al que los actuales juzgadores deben comprometerse de manera irrenunciable.
En ese marco, el máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado como es el Tribunal Constitucional, interpretando el contenido y alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, en la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, señaló:
La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley (las negrillas son nuestras). Este entendimiento fue reiterado entre otras por las SSCC 0492/2011-R de 25 de abril y 1967/2011-R de 28 de noviembre, así como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0861/2012 de 20 de agosto y 1478/2012 de 24 de septiembre, en esta última refiriéndose al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, señaló que:
…el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado-contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho (las negrillas nos corresponden).
Siguiendo la normativa y el lineamiento jurisprudencial descrito precedentemente, este Tribunal en la SCP 0015/2018-S1 de 1 de marzo, citando entre otras a la SCP 0404/2013-L de 28 de mayo, establece que:
“…toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley…” (las negrillas nos pertenecen). De lo señalado y descrito en forma precedente se establece que la tutela judicial efectiva implica la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además involucra la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley.
El derecho a la propiedad privada, se encuentra previsto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; así, el art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Asimismo, el mismo cuerpo internacional, en su art. 29.2 establece que:
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Por su parte, el art. 21 de la CADH, reconoce el derecho a la propiedad privada, refiriendo que:
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las normas establecidas por la ley (las negrillas fueron añadidas). Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) definió el derecho al uso y goce de bienes a los que hace referencia el art. 21, como: “…todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona”.
De igual manera, afirmó que el concepto de bienes comprende: “a) Todos los muebles y los inmuebles; b) los elementos corporales e incorporales; y, c) cualquier otro objeto material susceptible de valor”. El derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es absoluto, el referido art. 21.1, establece que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, refiriéndose a las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias, al uso y goce de la propiedad impuesta por el Estado generalmente para evitar el ejercicio abusivo del mismo, limitaciones que no suponen la privación o supresión del derecho como tal, ya que entonces se configuraría el instituto de la expropiación, que se encuentra regulado por el art. 21.2 de la CADH, donde se contemplan los casos de expropiación de bienes y los requisitos para que el actuar del Estado se considere justificado. De esa manera, la Corte IDH establece que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el art. 21 de la CADH, si tal restricción respecto a los intereses de la sociedad. Para la Corte IDH, los conceptos de orden público y bien común, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática de acuerdo al art. 32 de la CADH, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para que resulten compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido. Para considerar de interés de la sociedad, se requiere que las restricciones: a) Hayan sido previamente establecidas por ley; b) Sean necesarias e inexistencia de otro tipo de medidas menos restrictivas; c) Sean proporcionales; y, d) Tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En el caso de restricciones a la propiedad colectiva o comunal de los pueblos indígenas y tribales, la Corte IDH además incluyó que la restricción no puede implicar una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes. La carga de probar que estas limitaciones cumplen dichos requisitos recae sobre el Estado que las impone. Finalmente, el requisito de legalidad se ha interpretado de forma estricta en gran parte de la jurisprudencia de la Corte IDH -al analizar las restricciones legítimas a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, y constituye un elemento esencial para evitar la arbitrariedad en las decisiones de los Estados. Se ha interpretado que el requisito exige la existencia de una ley en sentido formal y material, que las causas de dicha restricción estén expresas, taxativa y previamente fijadas por la ley, que sean necesarias para asegurar el fin legítimo perseguido y que no deban, de modo alguno, más allá de lo estrictamente necesario el derecho afectado. Por otra parte, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido como un derecho fundamental en el art. 56 de la CPE, que prevé lo siguiente:
I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. El Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido que el núcleo duro de este derecho se identifica a tres elementos esenciales: 1) El derecho de uso; 2) El derecho de goce; y, 3) El derecho de disfrute; los cuales tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia, y que este núcleo esencial que genera obligaciones negativas tanto para el Estado como para los particulares siendo esas la i) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, ii) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad. Ahora bien, la Norma Suprema en su art. 109.II, determina que: “Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley”. En ese mismo sentido, la SCP 0203/2015-S1 de 26 de febrero, estableció que: “Todo derecho fundamental puede ser limitado; es así que, en el derecho de propiedad su restricción tiene que ser necesariamente mediante una ley, aprobada por el órgano legislativo y en casos específicos…”. Ahora bien, la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, también hizo referencia al principio al principio de razonabilidad que constituye el estándar axiomático para la directa aplicación para la directa justiciabilidad del derecho a la propiedad en ese orden, puntualizó que las:
...decisiones jurisdiccionales que incurran en privación o limitación arbitraria de la propiedad, implican una directa afectación al principio de razonabilidad y como consecuencia directa afectan también el contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute. En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del CC, identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Por lo expuesto, se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad.
Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a la propiedad; toda vez que, dentro del incidente de liquidación de sociedad y devolución de dineros aportados, seguido por su persona contra Natalia Estrada Gallardo -tercera interesada-, los Vocales demandados de forma ilegal emitieron el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, por el que confirmaron la prescripción extintiva quinquenal, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Con una incongruencia omisiva, no dieron respuesta a los dos motivos de su apelación; b) No explicaron ni realizaron un argumento lógico jurídico respecto a los actos declarados nulos que fueron parte de la actividad procesal en la causa, ni establecieron cómo se realizó el cómputo para determinar la prescripción por el paso de los cinco años; y, c) No se refirieron sobre las causas de fuerza mayor sufridas por el COVID-19 y que a causa de la misma, el Tribunal Supremo de Justicia por medio de circulares dispuso la suspensión del cómputo de plazos de la prescripción.
De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, el 3 de octubre de 2008 entre el impetrante de tutela y la tercera interesada constituyeron una Sociedad Accidental o de Cuentas por Participación denominada “MULTIROCA EMPRESA”, interponiendo la tercera interesada el 5 de febrero de 2010 contra el peticionante de tutela, demanda de exclusión de socio, solicitando al Juez de la causa la disolución de la sociedad, la que fue respondida de forma negativa y reconvenida por el prenombrado el 17 de marzo de igual año; fruto de dicha demanda, el Juzgado de Instrucción Civil Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 049/2013 de 19 de mayo, determinando la exclusión del solicitante de tutela de la sociedad y la liquidación de la misma, la que fue apelada por el prenombrado el 2 de agosto de 2013, emitiéndose el Auto de Vista 38/2013 de 12 de diciembre, por parte del Juzgado de Partido Civil y Comercial Sexto de la Capital del mismo departamento, anulando la antedicha Sentencia y disponiendo la emisión de nueva resolución en apego al art. 192 del CPC (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Por lo que, cumpliendo con la determinación del superior, la Jueza a quo emitió la Sentencia 011/2014 de 11 de febrero, excluyendo al demandante de tutela de la sociedad y disponiendo la liquidación de la misma en ejecución de sentencia, determinación impugnada por parte del accionante el 24 de febrero de igual año, la cual fue resuelta por el Juzgado de Partido Civil y Comercial Cuarto de la Capital del referido departamento, por medio del Auto de Vista 24/2014 de 30 de julio, el cual anuló obrados, instando a la Jueza de la causa a declinar competencia y remitir antecedentes a un Juez de Partido, el cual fue recurrido en casación por la tercera interesada el 12 de agosto de idéntico año, emitiéndose el Auto Superior SCCFI 23/2014 de 1 de diciembre, por parte de la Sala Civil y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el cual se anuló el Auto de Vista 24/2014, ordenando al de alzada emitir nueva resolución, surgiendo el Auto de Vista 03/2015 de 12 de enero, pronunciado por la autoridad de alzada, en el que se dispuso la emisión de nueva Sentencia (Concusiones II.5, II.6, II.7 y II.8). En cumplimiento a dicha determinación, el 9 de abril de 2015 la Jueza a quo emitió la Sentencia 037/2015, por la cual dispuso la exclusión del accionante de la Sociedad Accidental, y en ejecución de sentencia la liquidación de dicha Sociedad, impugnado que fue el 27 de abril del mismo año, la cual fue resuelta por el Juzgado de Partido Civil y Comercial Séptimo de la Capital del aludido departamento, mediante el Auto de Vista 29/2015 de 5 de junio, confirmando la antedicha Sentencia y condenando en cosas a las partes, es así, que el 22 de julio de 2019, el impetrante de tutela peticionó al Juez de la causa en ejecución de sentencia, se liquide a la sociedad y se realice en su favor la devolución de dineros aportados, ampliado el 3 de septiembre de igual año, pidiendo la devolución de $us129 982.- (ciento veintinueve mil novecientos ochenta y dos dólares estadounidenses), y la designación de un perito auditor financiero para corroborar los montos aportados (Conclusiones II.9, II.10 y II.11). Ante dicha situación, la tercera interesada presentó ante la Jueza a quo el 1 de marzo de 2021, incidente de nulidad de citación, siendo resuelta por el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital de departamento de Chuquisaca, por medio del Auto de 12 de abril de 2021, determinando la nulidad de obrados, y ordenándose la notificación de la tercera interesada con la demanda de liquidación en su domicilio real; por lo que, el 14 de junio del mismo año, la tercera interesada, además de contestar la demanda, interpuso incidente de prescripción, pidiendo a la autoridad de instancia declare la prescripción del derecho a pedir la ejecución de la sentencia y del derecho a pedir el pago, siendo respondida por el peticionante de tutela el 30 de igual mes y año, indicando que jamás transcurrió los cinco años, y solicitando se prosiga con el tramite respectivo; en ese contexto, dicha excepción fue resuelta por la Jueza a quo por medio del Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021, declarando la prescripción extintiva quinquenal de pedir la ejecución de la sentencia con las respectivas costas y costos; por lo que, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación el 16 de agosto de 2021, solicitando la revocatoria del auto apelado, identificando dos motivos de agravio, siendo resuelta por los Vocales demandados por medio del Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, confirmando el Auto impugnado en todas sus partes (Conclusiones II.12, II.13, II.14, II.15, II.16, II.17 y II.18). En ese orden de cosas, se advierte la existencia de una problemática general, en la que conforme al memorial de acción de amparo constitucional se denuncia a dos autoridades jurisdiccionales: 1) La Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamental de Chuquisaca; y, 2) Los Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Chuquisaca, de la que se subdividen sub problemáticas, en las que se denuncia la falta de fundamentación, motivación y congruencia en el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, pronunciada por los demandados, al confirmar el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021 pronunciado por la autoridad a quo, incurriendo en las ilegalidades de: i) Con una incongruencia omisiva, no dieron respuesta a los dos motivos de apelación; ii) No explicaron ni realizaron un argumento lógico jurídico respecto a los actos declarados nulos que fueron parte de la actividad procesal en la causa, ni establecieron cómo se realizó el cómputo para determinar la prescripción por el paso de los cinco años; y, iii) No se refirieron sobre las causas de fuerza mayor sufridas por el COVID-19, y que a causa de la misma el Tribunal Supremo de Justicia por medio de circulares dispuso la suspensión del cómputo de plazos de la prescripción, siendo analizado dichos agravios con el fin de verificar si las denuncias son o no evidentes, de la siguiente forma:
Respecto a la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca
El impetrante de tutela, denuncia que la Jueza a quo vulneró sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, ya que al emitir el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021, y declarar la prescripción, no fundamentó ni motivó su resolución, al no considerar el efecto de los actos declarados nulos para poder interrumpir la prescripción, y solo se limitó a referirse que el auto que declaró la nulidad de obrados no fue impugnado, por lo cual los actos nulos no surtieron efectos, el que de manera errónea y fuera del principio de verdad material, accesibilidad de la justicia y no formalismo, pues no consideró la suspensión del tiempo de la prescripción por la pandemia, siendo una resolución superficial y contraria a los arts. 9.4, 109, 115 y 180 de la CPE. En ese contexto, si bien es cierto, que en el memorial de acción de amparo constitucional, el peticionante de tutela dirige la misma contra la autoridad judicial de primera instancia; empero, tanto en su petitorio final, como en su ratificación en audiencia de garantías, solicitó a la Sala Constitucional, que se deje sin efecto simplemente el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, pronunciado por los Vocales demandados, y no así de la resolución de la Jueza a quo, pues solamente a manera de referencia indicó una somera descripción de los supuestos actos vulneratorios, además que en el auto de admisión de la acción de defensa, el Tribunal de garantías simplemente la admitió contra los Vocales accionados y no así contra la Jueza de instancia; por lo que, esta jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar las denuncias vertidas por el solicitante de tutela, ya que no fue admitida por el Tribunal de garantías, al solicitar simplemente dejar sin efecto la resolución del de alzada, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no ingresó al estudio de fondo de la misma. Sobre los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca El peticionante de tutela denuncia la falta de fundamentación, motivación y congruencia en el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, pronunciado por los Vocales demandados, al tiempo confirmar el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021, pronunciado por el a quo, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Con una incongruencia omisiva, no dieron respuesta a los dos motivos de apelación; b) No explicaron ni realizaron un argumento lógico jurídico respecto a los actos declarados nulos que fueron parte de la actividad procesal en la causa, ni establecieron cómo se realizó el cómputo para determinar la prescripción por el paso de los cinco años; y, c) No se refirieron sobre las causas de fuerza mayor sufridas por el COVID-19 y que a causa de la misma, el Tribunal Supremo de Justicia por medio de circulares dispuso la suspensión del cómputo de plazos de la prescripción.
En cuanto a la primera subproblemática
En ese sentido, el impetrante de tutela considera que el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, no cuenta con la debida congruencia como elemento del derecho al debido proceso, ya que no dio respuesta a los dos motivos de apelación descritas en su memorial, aspectos estos que hacen necesario remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que indica que la congruencia conlleva dos acepciones, las cuales son:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese contexto, el accionante denuncia que las autoridades demandadas a momento de emitir el Auto de Vista ahora cuestionado, no consideraron los fundamentos en los que se basó su recurso de apelación, por lo cual carece de congruencia en el contenido de dicha resolución. Ahora bien, conforme la Conclusión II.17 de este fallo constitucional, el 16 de agosto de 2021, el accionante, interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de igual año, solicitando al superior en grado, revoque dicha resolución y que se prosiga con el trámite respectivo, argumentando que:
No correspondía efectuar ninguna nueva citación en ejecución de sentencia, en cumplimiento a lo señalado por el anterior código en su art. 119 del C.P.C. concordante con el art. 113 del C.P.C., modificado por ley 1760 de 28 de febrero 1997, y actualmente por el art. 73 y art. 117 de la Ley N° 439, y art. 82 del mismo cuerpo legal. Por lo que al haber interpuesto nulidad a dicha citación, fue simplemente, el actuar de mala fe de contrario, y donde su autoridad, fue sorprendida. Pues el fondo del asunto, es decir de esa NULIDAD DE CITACIÓN, era presentar una prescripción, pese a los antecedentes procesales existentes, es decir los memoriales presentados por mi parte, y que hasta ese momento cursaban en el expediente. Ahora bien.
El art. 1503-II) del C.C., ordena claramente: “La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirve para constituir en mora al deudor” Al respecto el Dr. Carlos Morales Guillen en su obra: “Código Civil, Concordado Anotado”, en su pag. 1931 y 1932 señala: “La notificación de cualquier actuación judicial, sea proceso ordinario, ejecutivo, sumario, sea simple petición de medidas precautorias, o de medidas preparatorias, así se proponga ante juez incompetente produce efecto interruptivo” “Cualquier otro acto que constituye en mora al deudor o beneficiario presunto de la prescripción, también la interrumpe” Lo que da a entender y enseña de manera contundente que, no necesariamente o imprescindiblemente, debe existir una citación para que se proceda al cómputo, y determinar si corresponde o no, una prescripción. Sino que enseña, a que también debe tenerse o tomarse en cuenta, cualquier otra acto judicial, es decir a aquel acto, que produce un efecto jurídico. Es así que en el caso presente, mi memorial de fs. 468 y 468vta., de fecha 7 de mayo de 2019, con timbre electrónico de 9 de mayo de 2019, que ha merecido su decreto de 14 de mayo de 2019, (fs.469 de obrados), con notificación a ambas partes (fs.470 y fs.471), memorial de fs. 602 a 604, de fecha 18 de julio de 2019 y con timbre electrónico de fecha 22 de julio de 2019, con su decreto de 29 de julio de 2019, como los memoriales fs. 624-625, presentado en fecha 3 de septiembre de 2019 (según timbre electrónico), constituyen un acto jurídico y por tanto, producen un efecto jurídico, lo que es ratificado por su Auto de fecha 12 de septiembre de 2019 (fs.625vta.), dictado por su misma autoridad y que dicho sea de paso, jamás quedo anulado o dejado sin efecto, por decreto o resolución alguna, al igual que el resto de las piezas procesales señaladas hasta el presente. No se trató jamás, de un simple memorial de mero trámite, o de simple solicitud de fotocopias legalizadas y/o simples, y tampoco, mereció un decreto de mero trámite, pues su autoridad, dictó un Auto, y con el valor probatorio y dispositivo, conforme a derecho. Pero no solo fue ese actuado que se realizó. Las siguientes piezas procesales (embargos, provisiones, anotaciones preventivas, oficios, etc. etc.), a las ya señaladas y especificadas en mi memorial de fecha 30 de junio de 2021, cursante de fs. 768 a fs.770, de obrados, también tienen el mismo fin y valor, es decir el de producir consecuencias jurídicas, y que han sido realizadas e incorporadas al proceso, dentro o antes de los cinco años de dictada o ejecutoriada la sentencia dictada por su autoridad. Es decir, ha existido Actividad Procesal en el presente expediente, mucho antes de las citaciones a la parte contraria. Y que en todo caso demuestran que en ningún momento, ha existido una dejadez, descuido o negligencia, por parte nuestra, respecto del presente proceso, en ejecución de sentencia, en lo más absoluto. No siendo sin embargo considerado de esa manera por su autoridad, pese a que también, aunque con poca relevancia jurídica, a fs. 457, 459, 4671, 463, 465, se presentaron memoriales de solicitud de fotocopias y desarchivos, por ambas partes. (…)
El auto ahora apelado, de fecha 28 de julio de 2021, además de lo señalado, y no referirse en lo más mínimo a los antecedentes del proceso, en cuanto se refiere al no pronunciamiento de su autoridad, sobre los antecedentes que cursan en el expediente es decir sobre la actividad procesal, desde su inicio y hasta el presente, es que tampoco cuenta con ningún tipo de fundamentación legal ni argumentación jurídica, llegando al extremo de no señalar o especificar, las fechas para computar, establecer o determinar la existencia o no de una prescripción, menos aún, no indica cómo llegó su autoridad a dicho análisis, limitándose a señalar que se cumple el plazo de la prescripción extintiva por más de 5 años, y nada más. Se vulnera el debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones cuando no se señala de manera concreta y certera, los justificativos legales de la decisión. Extremo que transgrede disposiciones constitucionales, y donde su autoridad, no podrá llegar a determinar cuál la verdad material, que a su vez, me ocasiona la negación de mi derecho a la defensa, teniendo en cuenta que soy el demandado en el proceso principal, que solo busco, que se me haga justicia, más cuando tampoco, no tomó en cuenta, la suspensión de actividades judiciales, ocasionado por la pandemia (covid-19), que es de conocimiento mundial, para que el proceso se haya paralizado, pero no por causa de mi persona como señala su autoridad, en lo más absoluto. (…) Por lo señalado, dentro del término de ley, y siendo incluso que dicho auto, no cumple lo señalado proel art.213-I), II-3) del C.P.C., pues entre otros, no cuenta con los elementos y pruebas existentes en el proceso, menos es clara ni precisas, es que tengo a bien solicitar a su digna autoridad, y consiguientemente, admitir el presente recurso de apelación, a fin de que el Tribunal de Alzada, con mayor criterio y en base a las infracciones e ilegalidades efectuadas por parte de su autoridad, proceda a revocar la misma, y por consiguiente, disponer la prosecución del presente tramite en ejecución de sentencia, a fin de dar cumplimiento a la sentencia N° 037/2015, de fecha 9 de abril de 2015, dictada por su misma autoridad (sic). Medio recursivo, que mereció la emisión del Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, por parte de los Vocales accionados, en el que dispusieron confirmar el Auto apelado, condenando en costas y costos en ambas instancias, bajo los siguientes fundamentos:
CONSIDERANDO II: En juicio de admisibilidad, se advierte que el recurso que nos ocupa, se encuentra interpuesto dentro del plazo otorgado por Ley y al hallarse debidamente fundamentado, se admite el mimo y se ingresa a su resolución en el fondo, concluyéndose en los siguientes extremos: 1.- Respecto al primer motivo de apelación; en el que el apelante acusa que no correspondía efectuar ninguna nueva citación en ejecución de Sentencia, en cumplimiento al art. 73, 82 y 117 del CPC, toda vez, que la interposición de la nulidad de citación fue de mal fe, con el fin de presentar la prescripción pese a existir antecedentes procesales, pues de conformidad a lo establecido en el Art. 1503.II del CC, la prescripción fue interrumpido por memorial de fs. 468 vta. y posteriores actuados en ese, contraviniendo la SC N° 1082/2014 de 10 de junio de 2014; al respecto y en relación al incidente de nulidad de notificación a la demandante en esta causa, con la demanda incidental de liquidación de sociedad en ejecución de la sentencia dictada en el caso de autos, se advierte que el Auto que acogió tal incidente de fecha 12 de abril de 2021, de fs. 745 vta. a 746 y vta; no fue apelado por el hoy recurrente, por lo que lo deducido en él, ha sido consentido por éste, debido a ello, a la fecha se encuentra plenamente ejecutoriado y no puede volverse a discutir un hecho ya juzgado, que no ha sido motivo del Auto hoy apelado; consiguientemente, tal sub reclamo del presente motivo recursivo, no puede ser acogido; así como no lo puede ser el segundo reclamo efectuado en este primer motivo del recurso, vinculado a que según el apelante, el término de la prescripción fue interrumpido con la presentación del memorial de fs. 468 y vta. y posteriores actuados a ese, ello, porque, conforme lo establece el art. 1503 del Código Civil, que prevé: (Interrupción por citación judicial y mora) I “La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor” (sic);se tiene, que para que opere la interrupción del término de la prescripción; primero, debe tratarse de una demanda, un decreto o un acto de embargo, pero notificados a quien se quiera que prescriba el derecho pretendido, aún sean efectuados por un Juez incompetente y segundo, cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor; en este último caso, por ejemplo, un requerimiento de pago de lo adeudado, mediante nota expresa o intervención notarial, pero hecho llegar a conocimiento del deudor; siendo que en el caso y conforme la Jueza A-quo correctamente lo ha evidenciado, nada de eso ha ocurrido, pues una vez ejecutoriada la sentencia dictada dentro del presente proceso y notificadas las partes con el previsto del cúmplase la misma, en fecha 25 de junio de 2015; surgió a partir de ese momento, el derecho del hoy apelante a solicitar la ejecución de la misma, en la forma que viera por conveniente; sin embargo, recién lo hizo a través de la presentación del incidente de liquidación de sociedad y de devolución de aportes de fs. 468, de 09 de mayo de 2019, que al haber sido observado, recién fue subsanado y ampliado a través del memorial de fs.624 a 625, de 03 de septiembre de 2019; mismo que una vez admitido, recién fue notificado a la actora dentro de la presente causa, el 9 de junio de 2021, conforme da cuenta la diligencia de comunicación procesal practicada a fs. 752 de actuados; actuado este último que, conforme lo establece la primera parte del parágrafo I del art. 1503 del CC; tuvo la cualidad procesal y legal de interrumpir recién el transcurso de término de la prescripción del derecho a que se le devuelvan y/o cancelen los aportes patrimoniales reclamados por el ahora impugnante; pues la solicitud de liquidación de sociedad y devolución y/o pago de los aportes efectuada a la misma, resulta ser idónea para los fines de lo dispuesto en la citada disposición sustantiva civil, como es el de interrumpir el término de la prescripción, para el cobro de dichos aportes societarios; pero para que ello ocurra, necesariamente debían ser notificados y puestos efectivamente en conocimiento de la demandante en esta causa, conforme lo requiere y exige dicha norma sustantiva civil; hecho que recién tuvo lugar, como se tiene ya señalado; el día 9 de junio del año en curso, conforme emerge de la diligencia de notificación asentada a fs. 752 de obrados, por lo que, este primer reclamo del recurso, no puede ser acogido. 2.- Respecto del segundo motivo de apelación; en el que se acusa que la juez no hace mención a los antecedentes y actuados del proceso, incurriendo en vulneración al debido proceso en su elemento motivación, al no señalar de manera correcta las fechas para el computo de la prescripción, bajo el único fundamento de que se cumple el plazo de las prescripciones extintiva por más de 5 años, sin tomar en cuenta la suspensión de actividades judiciales por el Covid-19, contraviniendo lo establecido en la SC N° 1234/2017-S1 de 28 de diciembre, al respecto y de la revisión del Auto apelado, se advierte que lo acusado en este motivo recursivo no resulta evidente, pues en dicho fallo judicial, la Juzgadora de mérito, ha efectuado un resumen de las pretensiones de las partes, así como ha analizado los antecedentes principales que contiene el presente proceso y ha determinado que fue a partir de la notificación con el decreto de cúmplase de la sentencia dictada en el caso, ocurrida fecha 25 de junio de 2015, en que nació el derecho del hoy impugnante a solicitar la devolución y pago de los aportes a la sociedad conformada con la demandante en la causa, sin que tal solicitud haya sido efectuada, sino, hasta el 2019, demanda incidental y su ampliación con la que recién pudo ser notificada la demandante Natalia Estrada Gallardo, en fecha 9 de junio de 2021 (fs. 752); cuando ya había transcurrido el plazo de los 5 años, previstos por el art. 1507 del CC; para que opere la prescripción de los derechos patrimoniales solicitada su devolución y pago por el hoy impugnante; consiguientemente, no resulta evidente que el fallo judicial apelado, no contenga la debida, coherente y suficiente fundamentación que debe contener toda decisión judicial; no pudiendo dicha Juzgadora considerar otras causales de interrupción del término de la prescripción, como la extrañada por el apelante (suspensión de actividades jurisdiccionales por la pandemia del covid-19); porque las únicas causales que tiene esa cualidad (interrumpir el término de la prescripción), son las enumeradas y detalladas en el art. 1503 del Código Civil, por lo que, este segundo reclamo del recurso en examen, tampoco puede ser acogido; correspondiendo fallarse acorde a lo que establece el art. 218-II-2) del CPC (sic [Conclusión II.18]). 1) Sobre el primer motivo de apelación -primer agravio-, referido a que no correspondía efectuar ninguna otra nueva citación en ejecución de sentencia, ya que la presentación de la nulidad fue de mala fe, con el único fin de presentar la prescripción, pese a existir actos procesales, estando interrumpida la prescripción con memoriales y posteriores actuados, contraviniendo a la SC 1082/2014 de 10 de junio; las autoridades demandadas refirieron que: i) El incidente de nulidad de notificación fue acogido por el Auto de 12 de abril de 2021, mismo que no fue apelado por el recurrente -ahora accionante-, siendo consentido por el mismo en sus efectos, estando plenamente ejecutoriado siendo imposible volverlo a revisar, pues no es motivo de apelación; ii) Conforme lo establecido en el art. 1503 del CC, se tiene que para que pueda operar la interrupción del término de la prescripción los actos que son admitidos radican en una demanda, un decreto o un embargo, pero con el requisito de que dicho acto deba ser notificado a la parte contraria o cualquier otro acto con el mismo fin, aspecto que no ocurrió en el caso concreto; y, iii) Luego de ejecutoriada la sentencia de primera instancia -25 de junio de 2015- comenzó el computo del derecho para pedir la ejecución de la misma; empero, el recurrente solicitó dicho acto el 9 de mayo de 2019 siendo subsanado el 3 de septiembre de igual año, y recién notificado a la demandada el 9 de junio de 2021, cumpliendo de cierta forma la finalidad establecida en el art. 1503 del adjetivo civil; empero, el acto fue notificado de forma posterior al cumplimiento del tiempo de la prescripción, concluyéndose la existencia de respuesta a dicho agravio. 2) Respecto al segundo motivo de apelación -segundo agravio-, referente a que la Jueza a quo no hizo mención a los antecedentes y actuados dentro del proceso, sin señalar las fechas concretas para el computo de la prescripción, declarando la prescripción sin tomar en cuenta la suspensión de actividades judiciales causadas por el COVID-19 en franca desobediencia de la SCP 1234/2017-S1 de 28 de diciembre; las autoridades accionadas señalaron que: a) Se determinó que el 25 de junio de 2015 surgió el derecho del recurrente de pedir la devolución y pago de sus aportes, sin que hasta la gestión 2019 se haya realizado a través de su demanda incidental, la cual fue recién de conocimiento de la tercera interesada el 9 de junio de 2021, cuando ya transcurrió los cinco años establecidos en el art. 1507 del CC; y, b) No se podía analizar otras causales de interrupción del término de la prescripción como la suspensión de las actividades judiciales causadas por el COVID-19 ya que las únicas causas están insertas en el art. 1503 del sustantivo civil, denotándose la existencia de una respuesta a dicho agravio.
En ese entrever, de la lectura de ambos documentos procesales, es posible remitirnos inicialmente a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, referido a la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, que consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerados y argumentos contenidos en la resolución; debiendo ser comprendida como congruencia externa, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador o autoridad administrativa, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva. Bajo ese marco, conforme a lo descrito respecto del recurso de apelación y el Auto de Vista cuestionado, se puede establecer que el mismo contiene una debida congruencia, ya que las autoridades demandadas dieron respuesta a cada uno de los agravios deducidos por el impetrante de tutela, por lo que corresponde denegar la tutela respecto a esta denuncia. Sobre la segunda subproblemática El accionante considera que las autoridades demandadas, al momento de emitir el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto al primer motivo de apelación; ya que, consideraron de forma errónea al instituto de la prescripción, pues no consideraron las causas de su inacción y el transcurso del tiempo, debiendo analizar si la declaratoria de nulidad de la notificación tenía efectos positivos o negativos para considerar que dichos actos procesales eran causales de suspensión del término de la prescripción; que de igual manera, tendrían que haber considerado si los efectos de la nulidad se traduciría como la inexistencia de actos procesales, pues se demostró que sí existió actividad procesal pues se presentó el incidente de ejecución de sentencia el 9 de mayo de 2019 -3 años, 9 meses y 14 días de ejecutoriada la Sentencia-; pues, al no considerar que los actos nulos interrumpen la prescripción, la determinación emanada por los Vocales demandados también radicó en una incongruencia omisiva, ya que se salieron por la tangente y no ingresaron a analizar el fondo del reclamo respecto a las actividades procesales realizadas antes del vencimiento de los cinco años, rechazando sin fundamento de forma superficial sus pretensiones incumpliendo el principio de verdad material inserto en el art. 180 de la CPE, cayendo en un razonamiento netamente formalista. Ahora bien, respecto a la obligación que tienen todas las autoridades sean estas judiciales o administrativas de emitir resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, como elementos que componen al debido proceso, es necesario remitirnos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que en relación a estos dos elementos indicó que:
…la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos: Sobre la fundamentación El Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, a momento de confirmar el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio del mismo año, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 1503 del CC y 218.II.2) del CPC.
Justificando y argumentado de manera legal la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021 pronunciado por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, que determinó declarar la prescripción extintiva quinquenal del incidente de liquidación de la Sociedad Accidental o de Cuentas por Participación de “MULTIROCA EMPRESA”, incoada por el accionante; por lo que, puede observarse que el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, basó su determinación en las normas vigentes estableciéndose que los demandados cumplieron con lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; por lo que, se puede evidenciar que la antedicha resolución se encuentra debidamente fundamentada, en consecuencia corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto a la motivación Las autoridades demandadas, al momento de emitir el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, por el cual confirmaron el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio del mismo año, indicaron que: i) El incidente de nulidad de notificación fue acogido por el Auto de 12 de abril de 2021, mismo que no fue apelado por el recurrente -ahora accionante-, siendo consentido por el mismo en sus efectos estando plenamente ejecutoriado siendo imposible volverlo a revisar, pues no es motivo de apelación; ii) Conforme lo establecido en el art. 1503 del CC, se tiene que para que pueda operar la interrupción del término de la prescripción los actos que son admitidos radican en una demanda, un decreto o un embargo, pero con el requisito de que dicho acto deba ser notificado a la parte contraria o cualquier otro acto con el mismo fin, aspectos que no ocurrieron en el caso concreto; y, iii) Luego de ejecutoriada la sentencia de primera instancia -25 de junio de 2015-comenzó el computo del derecho para pedir la ejecución de la misma; empero, el recurrente solicitó dicho acto el 9 de mayo de 2019 siendo subsanado el 3 de septiembre de igual año, y recién notificada a la demandada el 9 de junio de 2021, cumpliendo de cierta forma la finalidad establecida en el art. 1503 del adjetivo civil; empero el acto fue notificado de forma posterior al cumplimiento del tiempo de la prescripción. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada cuenta con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no cuenta con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, los que deben ser cumplidos por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada al Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, emitido por las autoridades ahora demandadas, conforme a la Conclusión II.18 de este fallo constitucional, se tiene que:
…en relación al incidente de nulidad de notificación a la demandante en esta causa, con la demanda incidental de liquidación de sociedad en ejecución de la sentencia dictada en el caso de autos, se advierte que el Auto que acogió tal incidente de fecha 12 de abril de 2021, de fs. 745 vta. a 746 y vta; no fue apelado por el hoy recurrente, por lo que lo deducido en él, ha sido consentido por éste, debido a ello, a la fecha se encuentra plenamente ejecutoriado y no puede volverse a discutir un hecho ya juzgado, que no ha sido motivo del Auto hoy apelado; consiguientemente, tal sub reclamo del presente motivo recursivo, no puede ser acogido; así como no lo puede ser el segundo reclamo efectuado en este primer motivo del recurso, vinculado a que según el apelante, el término de la prescripción fue interrumpido con la presentación del memorial de fs. 468 y vta. y posteriores actuados a ese, ello, porque, conforme lo establece el art. 1503 del Código Civil, que prevé: (Interrupción por citación judicial y mora) I “La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor” (sic);se tiene, que para que opere la interrupción del término de la prescripción; primer, debe tratarse de una demanda, un decreto o un acto de embargo, pero notificados a quien se quiera que prescriba el derecho pretendido, aún sean efectuados por un Juez incompetente y segundo, cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor; en este último aso, por ejemplo, un requerimiento de pago de lo adeudado, mediante nota expresa o intervención notarial, pero hecho llegar a conocimiento del deudor; siendo que en el caso y conforme la Jueza A-quo correctamente lo ha evidenciado, nada de eso ha ocurrido, pues una vez ejecutoriada la sentencia dictada dentro del presente proceso y notificadas las partes con el previsto del cúmplase la misma, en fecha 25 de junio de 2015; surgió a partir de ese momento, el derecho del hoy apelante a solicitar la ejecución de la misma, en la forma que viera por conveniente; sin embargo, recién lo hizo a través de la presentación del incidente de liquidación de sociedad y de devolución de aportes de fs. 468, de 09 de mayo de 2019, que al haber sido observado, recién fue subsanado y ampliado a través del memorial de fs.624 a 625, de 03 de septiembre de 2019; mismo que una vez admitido, recién fue notificado a la actora dentro de la presente causa, el 9 de junio de 2021, conforme da cuenta la diligencia de comunicación procesal practicada a fs. 752 de actuados; actuado este último que, conforme lo establece la primera parte del parágrafo I del art. 1503 del CC; tuvo la cualidad procesal y legal de interrumpir recién el transcurso de término de la prescripción del derecho a que se le devuelvan y/o cancelen los aportes patrimoniales reclamados por el ahora impugnante; pues la solicitud de liquidación de sociedad y devolución y/o pago de los aportes efectuada a la misma, resulta ser idónea para los fines de lo dispuesto en la citada disposición sustantiva civil, como es el de interrumpir el término de la prescripción, para el cobro de dichos aportes societarios; pero para que ello ocurra, necesariamente debían ser notificados y puestos efectivamente en conocimiento de la demandante en esta causa, conforme lo requiere y exige dicha norma sustantiva civil; hecho que recién tuvo lugar, como se tiene ya señalado; el día 9 de junio del año en curso, conforme emerge de la diligencia de notificación asentada a fs. 752 de obrados, por lo que, este primer reclamo del recurso, no puede ser acogido. Así las cosas, se tiene que los accionados a momento de emitir la resolución ahora impugnada, indicaron que si bien el accionante interpuso su incidente de liquidación de la sociedad de la que era parte, y correspondiente devolución de dineros aportados a dicha sociedad, fue interpuesto ante la Jueza a quo el 9 de mayo de 2019; empero, dicha demanda recién fue notificado de forma legal a la demandada -Natalia Estrada Gallardo-, recién el 9 de junio de 2021, y que los efectos de la prescripción empezaron a computarse desde el 25 de junio de 2015 -fecha en que se ejecutorio la sentencia inicial-, y que al haberse notificado en el mes de junio de 2021 se cumplió el plazo de los cinco años, por lo que no puede referir que con los actos declarados nulos o con la presentación del incidente en 2019 se hubiera cumplido con lo establecido en el art. 1503 del CC. Ahora bien, a ese efecto, es necesario referirnos a los arts. 1493, 1503 y 1507 del sustantivo civil, que establecen:
ARTÍCULO 1493. (COMIENZO DE LA PRESCRIPCIÓN).- La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo (las negrillas nos corresponden). ARTÍCULO 1503. (INTERRUPCIÓN POR CITACIÓN JUDICIAL Y MORA).-I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. (las negrillas fueron añadidas). ARTÍCULO 1507. (DISPOSICIÓN GENERAL).- Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años, a menos que la ley disponga otra cosa (las negrillas son nuestras). En ese contexto, conforme a los preceptos normativos descritos supra, se tiene que, en aplicación del art. 1493 del CC, el cómputo para la prescripción en la causa que pretendía el impetrante de tutela empezó a correr desde la fecha de ejecutoría de la Sentencia 035/2015 de 9 de abril, que fue realizada el 25 de junio de 2015, teniendo el plazo de cinco años para hacer valer sus derechos patrimoniales, es decir, que tenía hasta el 25 de junio de 2020 para solicitar la liquidación de su derecho patrimonial, y en su caso, también poder realizar la interrupción de la prescripción del derecho siempre y cuando sea notificado de forma legal a la parte contraria conforme lo determina el art. 1503 del sustantivo civil, siendo el escenario que pretendió el impetrante de tutela, a través de memorial de 9 de mayo de 2019, el que si bien tenía la finalidad de suspender dicho cómputo, si las citaciones no hubieran sido anuladas por un incidente hubieran surtido dicho efecto -de interrumpir la prescripción-; empero, tras las nulidades efectivizadas por parte de la Jueza a quo, el incidente planteado por parte del impetrante de tutela fue puesto en conocimiento legal de la parte contraria, recién el 9 de junio de 2021, de lo que se puede observar que dicho acto que tenía la finalidad de interrumpir el plazo de los cinco años, tiempo en que prescriben los derechos patrimoniales -art. 1507 del CC- fue efectivizado once meses y dieciséis días posteriores a la prescripción de sus derechos, por lo que lo determinado por parte de los Vocales demandados, no se encuentran fuera del ordenamiento legal, actuando conforme a lo determinado en las normas vigentes. Por lo que, en el contenido del Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, pronunciado por las autoridades demandadas, se evidencia que cuenta con la debida motivación desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Respecto a la tercera subproblemática El impetrante de tutela considera que los Vocales accionados, al momento de emitir el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto al segundo motivo de apelación; puesto que, no consideraron que a causa de la pandemia se suspendió las actividades jurisdiccionales, quedando el Estado sin la potestad de administrar justicia a causa de las cuarentenas, no pudiendo considerarse como un factor aislado dicho aspecto a momento de interpretar el término de la prescripción, pues conforme la Circular 07/2020, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia se dispuso la suspensión de la prescripción, que si bien no fue una norma procesal; empero, resultó una fuente de interpretación del derecho, considerando los valores, principios y fines del Estado, la que dio una pauta de interpretación a ser cumplida por los administradores de justicia, sobre las causas respecto a la prescripción, la cual no es contraria a lo establecido en el art. 1503 del CC, ordenado a los jueces a que realice dicha interpretación en apego a los arts. 9.4, 115.I y 180 de la Norma Suprema en relación al art. 1492 del sustantivo civil; por lo que, el razonamiento formalista y legalista que realizaron las autoridades demandadas es erróneo que contradice el principio de verdad material y no formalismo, pues niegan los efectos que produjo la pandemia y las respectivas cuarentenas al momento de considerar la suspensión o interrupción de plazos, aplicando de forma errónea aspectos formalistas que contradicen el bloque de constitucionalidad, pues tampoco consideraron que a causa de la pandemia no existió accesibilidad a la justicia, pues existió una suspensión total en la función pública, hechos no fueron considerados por los Vocales accionados, incumpliendo el principio de igualdad de las partes, y que al no resolver el fondo del reclamo sobre la consideración de suspensión de plazos por la pandemia incurrieron de igual manera en una incongruencia omisiva.
En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos: Sobre la fundamentación El Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, al momento de confirmar el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio del mismo año, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 1503 y 1507 del CC; y, 218.II.2) del CPC. Justificando y argumentado de manera legal la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio de 2021, pronunciado por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, que determinó declarar la prescripción extintiva quinquenal del incidente de liquidación de la Sociedad Accidental o de Cuentas por Participación de “MULTIROCA EMPRESA”, incoada por el accionante; por lo que, puede observarse que el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, basó su determinación en las normas vigentes estableciéndose que los demandados cumplieron con lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo que se puede evidenciar que la antedicha resolución se encuentra debidamente fundamentada, en consecuencia corresponde denegar la tutela solicitada.
Respecto a la motivación Las autoridades demandadas, al momento de emitir el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, por el cual confirmaron el Auto Interlocutorio Simple 541-BIS de 28 de julio del mismo año, señalaron que: a) Se determinó que el 25 de junio de 2015 surgió el derecho del recurrente de pedir la devolución y pago de sus aportes, sin que hasta la gestión 2019 se lo haya realizado a través de su demanda incidental, la cual fue recién de conocimiento de la tercera interesada el 9 de junio de 2021 cuando ya transcurrió los cinco años establecidos en el art. 1507 del CC; y, b) No se podía analizar otras causales de interrupción del término de la prescripción como la suspensión de las actividades judiciales causadas por el COVID-19 ya que las únicas causas están insertas en el art. 1503 del sustantivo civil. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada cuenta con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no cuenta con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, los que deben ser cumplidos por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada al Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, emitido por las autoridades ahora demandadas, conforme a la Conclusión II.18 de este fallo constitucional, se tiene que:
…de la revisión del Auto apelado, se advierte que lo acusado en este motivo recursivo no resulta evidente, pues en dicho fallo judicial, la Juzgadora de mérito, ha efectuado un resumen de las pretensiones de las partes, así como ha analizado los antecedentes principales que contiene el presente proceso y ha determinado que fue a partir de la notificación con el decreto de cúmplase de la sentencia dictada en el caso, ocurrida fecha 25 de junio de 2015, en que nació el derecho del hoy impugnante a solicitar la devolución y pago de los aportes a la sociedad conformada con la demandante en la causa, sin que tal solicitud haya sido efectuada, sino, hasta el 2019, demanda incidental y su ampliación con la que recién pudo ser notificada la demandante Natalia Estrada Gallardo, en fecha 9 de junio de 2021 (fs. 752); cuando ya había transcurrido el plazo de los 5años, previstos por el art. 1507 del CC; para que opere la prescripción de los derechos patrimoniales solicitada su devolución y pago por el hoy impugnante; consiguientemente, no resulta evidente que le fallo judicial apelado, no contenga la debida, coherente y suficiente fundamentación que debe contener toda decisión judicial; no pudiendo dicha Juzgadora considerar otras causales de interrupción del término de la prescripción, como la extrañada por el apelante (suspensión de actividades jurisdiccionales por la pandemia del covid-19); porque las únicas causales que tiene esa cualidad (interrumpir el término de la prescripción), son las enumeradas y detalladas en el art. 1503 del Código Civil, por lo que, este segundo reclamo del recurso en examen, tampoco puede ser acogido; correspondiendo fallarse acorde a lo que establece el art. 218-II-2) del CPC (sic).
Así las cosas, se tiene que los demandados a momento de pronunciar la resolución ahora cuestionada, indicaron que el derecho que amparaba al recurrente -ahora impetrante de tutela- para lograr la ejecución de la sentencia de primera instancia surgió a partir del 25 de junio de 2015, y que ante el descuido del incidentista, dicho acto recién fue ejercicio en la gestión 2019, y puesta en conocimiento de la parte contraria -Natalia Estrada Gallardo- el 9 de junio de 2021; es decir, de forma posterior a los cinco años permitido por el art. 1507 del CC, y que las causales específicas para la interrupción de la prescripción están debidamente estipuladas en el art. 1503 del mismo cuerpo legal, no pudiendo analizarse otros aspectos como la supuesta suspensión de actividades judiciales causadas por el COVID-19. Ahora bien, la Circular 07/2020 de 7 de abril, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el título de “INTERPRETACIÓN Y UNIFORMIDAD DE CRITERIOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN, POR LA CUARENTENA EXISTENTE EN BOLIVIA, POR LA PANDEMIA DEL COVID-19” (sic), estableció que:
En virtud al estado de Emergencia Sanitaria y Cuarentena Total, declaradas mediante Decretos Supremos N° 4196, 4199 y 4200, con el fin de prevenir el contagio y la propagación del Coronavirus (COVID-19), se han impuesto una serie de medidas en resguardo de la salud de la población boliviana, tales como la suspensión de actividades públicas y privadas y prohibiciones de movilidad y traslado entre otras, generado restricciones en el desenvolvimiento normal de las actividades cotidianas, tanto del sistema de administración de justicia como de la población litigante, limitantes que imposibilitan, en muchos casos, el acceso a la justicia para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de derechos. Ante estas circunstancias extraordinarias que atraviesa el país, es deber de Órgano Judicial, en concreción del principio constitucional de Acceso a la Justicia, no solo promover mecanismos de alcance, aplicables de manera excepcional ante eta contingencia, sino también el de garantizar el ejercicio de los derechos de aquellos, quienes, a causa de esta pandemia mundial, no pueden acceder al sistema de judicial para hacerlos valer, pudiendo encontrarse en muchos casos, dichos derechos en riesgo de extinción o pérdida, por efecto del transcurso del tiempo, tras haber operado los plazos de los institutos jurídicos de la prescripción y la caducidad, reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, conforme los arts. 1492 y 1514 del Código Civil, que textualmente expresan: Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción). Los derechos se extinguen por la prescripción cuando el titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Art. 1514. (Caducidad de los derechos). Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijado para el efecto. Los efectos de los institutos jurídicos de la prescripción y caducidad, como lo son la extinción y pérdida de derechos, constituyen sanciones para el titular, que no los ejerció, por circunstancias atribuibles a sus propias acciones y/o negligencia. Al respecto, y con la finalidad de precisar el objeto de la presente circular, es necesario establecer si, en un estado de excepción, como el ahora vigente por efecto de la declaratoria de cuarentena general, que impide el ejercicio libre de algunos derechos, ¿pueden operar los efectos de la caducidad y la prescripción, afectando a un titular imposibilitado de ejercerlos?. Nuestra Constitución Política del Estado en su art. 9 num. 4, establece como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, por su parte el art. 115.I. dispone que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.”, garantizando además el derecho al debido proceso y a la defensa, que se encuentran también reconocidos como principios rectores de la jurisdicción ordinaria en el art. 180 constitucional, junto a la accesibilidad e igualdad; todos ellos, preceptos que reconocen e imponen la obligación al Estado a través del Órgano Judicial de garantizar el ejercicio y protección de los derechos a través de mecanismos que aseguren el acceso a una justicia real y no solo formal, que reconozca y resuelva los factores de desigualdad que puedan surgir entre los justiciables, debiendo considerarse para ello las situaciones y circunstancias extraordinarias que afecten a restrinjan de forma directa o incluso tangencial, el efectivo goce o ejercicio de derechos, y en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para suprimir o atenuar en lo posible el perjuicio que pudiera generar en el ámbito de protección judicial. Para una mayor claridad en el análisis, se debe tener siempre presente los alcances de los elementos denominados Derechos subjetivos, Acción y Jurisdicción. La precisión de éstos tres elementos, sirve para comprender que toda persona titular de derechos subjetivos, tiene la facultad de ejercer los mismos ante la autoridad jurisdiccional competente y atendiendo las formas y plazos que estipulan las leyes. Empero, ante la falta del elemento jurisdicción, el ejercicio de estos derechos se encuentra limitado, puesto que no resulta factible que las personas puedan hacerse justicia por sí mismas, ni ejerzan violencia para reclamar sus derechos. Efectuando una compulsa de las normas legales en análisis, cuales son las que regulan los institutos jurídicos de la caducidad y la prescripción y ponderadas las mismas a la luz de la Constitución Política del Estado, podemos señalar que la previsión contenida en el art. 1489 del Código Civil, que establece el transcurso continuo de los plazos de prescripción y caducidad, resulta inaplicable el transcurso continuo de los plazos de prescripción y caducidad, resulta inaplicable al Estado de Emergencia Sanitaria y Cuarentena Total dispuesto en el país, por encontrarnos en una situación excepcional en la que no puede exigirse el ejercicio de derechos a sus titulares, por encontrarse esta potestad restringida por el mismo Estado, en procura de preservar un bien mayor como es la vida y salud pública; menos aún, podría presumirse la inacción voluntaria del titular de derechos en este tiempo e invocarla en su contra, para que a futuro repercuta en la extinción y pérdida de esos derechos. Bajo éste análisis y tomando en cuenta que la limitación en el ejercicio de los derechos es solo temporal, mientras transcurra la cuarentena total decretada por autoridad competente, este lapso de inactividad, SUSPENDERÁ todo plazo que se encuentre corriendo para el ejercicio de un derecho. Consiguientemente, es posible concluir afirmando, que los plazos legales de caducidad y prescripción, no transcurren en perjuicio del titular del derecho, mientras se encuentre vigente el estado excepcional de declaratoria de Cuarentena Total, por cuanto esta situación se constituye en una limitante completamente ajena a la voluntad del individuo, que le impide ejercer de forma plena sus derechos, al encontrarse limitado el desplazamiento de personas, transporte, así como suspendida las labores judiciales. Una eventual sanción a la inacción inevitable e involuntaria del titular de derechos, como lo sería determinar la extinción o pérdida de derechos, como efecto de la caducidad o prescripción, resultaría contraria a los principios constitucionales de acceso a la justicia y equidad. Por cuanto, esgrimido como se encuentra el análisis interpretativo de los institutos jurídicos de la caducidad y la prescripción, se pone a consideración de los administradores de justicia y los litigantes, para su observancia al momento de resolver las causas sujetas a litigio (sic).
Ahora bien, del contenido del Auto de Vista cuestionado, se puede observar, que los Vocales demandados de forma muy formalista y legalista, refirieron que las únicas causales por las que se puede interrumpir el cómputo de la prescripción, eran los insertos en el art. 1503 del CC, sin considerar que la Circular 07/2020 de 7 de abril, descrita supra, en una interpretación progresiva de los derechos, indicó que de forma temporal y hasta que dure la cuarentena total causada por el COVID-19 el cómputo del plazo de la prescripción quedaba suspendido, aspectos estos que no fueron analizados por los Vocales demandados, violentando así la tutela judicial efectiva y la propiedad descritas en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de esta Resolución Constitucional, ya que con un análisis más minucioso y en procura de los derechos de las partes, era deber de las autoridades determinar si los efectos de la cuarentena total no afectaban a la prescripción determinada por los Vocales demandados. Por lo que, en el contenido del Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, pronunciado por las autoridades demandadas, se evidencia que no cuenta con la debida motivación desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 037/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 932 a 940, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela, respecto al derecho al debido proceso en su elemento de motivación, respecto a la tercera subproblemática, como también a los derechos de tutela judicial efectiva y propiedad, por consiguiente:
1.1° Dejar sin efecto el Auto de Vista 264/2021 de 5 de octubre, emitido por las autoridades demandadas, debiendo en el plazo de setenta y dos horas de notificados con el presente fallo constitucional, emitir nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
2° DENEGAR la tutela, en relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia en relación a la primera subproblemática, así como al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación respecto a la segunda subproblemática y en su elemento de fundamentación sobre la tercera subproblemática, conforme a los argumentos de la presente Resolución Constitucional. 3° DENEGAR la tutela, en relación a la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, por no haber sido admitida la acción de defensa contra ésta, en base a los argumentos desarrollados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallado
MAGISTRADA
1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se
ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales”.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’.
6 El FJ III. 3 refiere que: “A su vez, aquel desconocimiento a una resolución que causa estado por haber adquirido la calidad de cosa juzgada, vulnera la tutela judicial efectiva, pues se estaría desconociendo la efectividad de una resolución que declara la extinción de la acción penal, dejando al justiciable en un estado de incertidumbre. No obstante, hay que aclarar que, los alcances de los fundamentos expuestos líneas precedentes, única y exclusivamente están dirigidos a restablecer el derecho al debido proceso en su elemento non bis in ídem y la tutela judicial efectiva del accionante, respecto al impedimento de continuar el proceso penal instaurado en su contra por el hecho de haber omitido denunciar supuestos ilícitos relacionados a la suscripción de 24 proyectos…”.
7 El FJ III.3.3 señala: “…al margen de dicha conclusión el Auto Supremo hace mención a dos documentos, el primero, la carta notariada de fs. 25 del expediente, que fue de conocimiento de los accionantes el 19 de abril de 2002, manifestando no ser lógico que dicha prueba se reserve para intentar la revisión de la Sentencia condenatoria, y el segundo documento, la declaración de Gonzalo David Lazcano Murillo, Asesor Legal del “TRANSNAVAL”, señalando que la sola afirmación de esta persona en sentido de que la situación jurídica del inmueble era de conocimiento de quienes realizaron las gestiones, no desvirtúa la responsabilidad penal de los accionantes; determinación de la que se colige existió vulneración de los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva de los accionantes, toda vez que los Ministros demandados no fundamentaron en forma debida el rechazo a la solicitud de revisión de sentencia, omitiendo compulsar la totalidad de la prueba aportada…”.
8 Corte IDH, Caso Ivcher Brostein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 122.
9 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127.
10 Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción preliminar y fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 75.
11 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yekye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145; Corte IDH, Caso Ivcher Broestein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145.
12 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 144 y 145.
13 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 128.
14 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 210.
15 SCP 0121/2012 de 2 de mayo.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0358_2023-S1.pdf · páginas 1 a 45.
Huella digital del PDF (SHA-256): 76fe6baadb9dc8b083d22d23c05cc3f4319462c64ab6eec6bdebb96a320dc4ae
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