Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad por indebida detención; toda vez que, el Juez demandado, emitió ilegalmente un mandamiento de captura con el que fue privado de libertad, sin considerar que se encontraba pendiente el recurso de apelación planteado contra la Resolución 87/2023, pronunciada el 14 de agosto por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del departamento de La Paz; a través de la cual, fue rechazada su solicitud de aplicación de sanciones alternativas a la condena impuesta por Sentencia 28/2023 de 19 de mayo por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica; por lo cual, solicita que se conceda la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 72/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58769-2023-118-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 72/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Pérez Limari contra Gonzalo Enrique Montaño y Jorge Nina Tinta, Juez y Secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 16 a 17, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el delito de violencia familiar o doméstica, el 19 de mayo de 2023, la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 28/2023; por la cual, le condenó a cumplir tres años de privación de libertad, proceso en el que solicitó la aplicación de sanción alternativa que fue rechazada a través de la Resolución 87/2023 de 14 de agosto. Interpuso recurso de apelación, mismo que fue radicado en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 15 de agosto de 2023; sin embargo, mientras la señalada impugnación se encontraba pendiente de resolución, el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del mismo departamento, en franca vulneración de sus derechos, emitió un mandamiento de captura que fue ejecutado a las 13:25 del 18 de septiembre de 2023, siendo remitido al Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, sin aguardar el resultado de la apelación planteada; o en su caso, tramitar una revocatoria de medidas cautelares; razón por la que, se encuentra indebidamente detenido.
Denunció la vulneración de su derecho a la libertad por indebida detención, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó que se conceda la tutela impetrada.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 26 a 28, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) Fue sometido a proceso penal por violencia familiar o doméstica incoado por su ex pareja, pronunciándose la Sentencia 28/2023 de 19 de mayo; por la cual, fue condenado a cumplir una pena privativa de libertad de tres años de reclusión en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz; b) Rechazada la solicitud de aplicación de sanciones alternativas y mientras se encontraba pendiente de resolución la apelación deducida, Rosario Rondo Trujillo como parte denunciante, maliciosamente solicitó la emisión de un mandamiento de condena para el cumplimiento de la referida sentencia; providenciando el juez del proceso, que se solicite revisando los datos del proceso y a procedimiento, de manera que en ningún momento dispuso la emisión del citado mandamiento para que por lo menos, tenga competencia el Juzgado de Ejecución Penal, más aún si se considera que estaba pendiente la tramitación de su recurso de apelación; no obstante, fue detenido por funcionarios policiales que no quisieron identificarse en el domicilio en el que estaba cumpliendo su detención domiciliaria; y, c) El hecho grave que vulnera su derecho a la libertad se encuentra precisamente, en la detención con un mandamiento de captura emitido cuando estaba pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto contra la negativa de concesión de una sanción alternativa.
Gonzalo Enrique Montaño y Jorge Nina Tinta, Juez y Secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 19 de septiembre de 2023, cursante de fs. 24 a 25, informaron: 1) Su actuación se basó únicamente en las fotocopias remitidas por el juzgado de origen y como se puede advertir del cuaderno de control que remite el mismo, contiene actuados hasta el 2 de agosto de 2023; por lo que, desconoce los extremos referidos en la acción de libertad acerca de una supuesta solicitud de aplicación de sanciones alternativas, de una resolución negativa y de una eventual apelación en trámite; y, 2) En ese contexto, el juzgado actuó conforme a los antecedentes remitidos, de manera que no ha sido identificada correctamente la legitimación pasiva en la presente acción tutelar.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 72/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., denegó la tutela solicitada, exponiendo los siguientes fundamentos: i) Cuando el proceso se encontraba en conocimiento de la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del citado departamento, se emitió la Sentencia 28/2023 que se encuentra ejecutoriada; asimismo, dicha autoridad conoció la solicitud de concesión de sanciones alternativas, interponiéndose recurso de apelación contra la resolución que denegó su aplicación, misma que fue remitida al Tribunal competente; ii) Asimismo, se enviaron las piezas procesales necesarias al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del mismo departamento; iii) Dicho Juez de Ejecución Penal demandado, tuvo conocimiento del mandamiento de condena que es la pieza procesal que abre su competencia; y, iv) Respecto al agravio que constituiría vulneración al derecho a la libertad del accionante; porque existiría un recurso de apelación pendiente de resolución, debió ser considerado por éste, antes de la presentación de la acción de defensa; se tiene que, el referido Juez de Ejecución Penal actuó en el marco de los antecedentes remitidos a su conocimiento; por lo que, cumplió con el mandato que le impone la ley debido a que no fue informado de la impugnación presentada; por tanto, carece de legitimación pasiva para ser demandado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 28/2023 de 19 de mayo; por la que, la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del departamento de La Paz, declaró a Iván Pérez Limari, autor y culpable de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado y sancionado por el art. 272 Bis, núm. 1 del Código Penal (CP) y le condenó a cumplir la pena de privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento (fs. 2 a 6 vta.). II.2. A través de memorial presentado el 8 de agosto de 2023, el impetrante de tutela solicitó a la referida Jueza, señalar nuevo día y hora de audiencia para la aplicación de sanción alternativa (fs. 7 y vta.). II.3. Por Resolución 87/2023 de 14 de agosto, la precitada Jueza, rechazó la solicitud de aplicación de sanciones alternativas (fs. 8 a 9). II.4. Mediante nota de 15 de agosto de 2023, reiterada el 5 de septiembre de similar año, se remitió a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el legajo de apelación de la Resolución 87/2023 de 14 de agosto (fs. 10 y 14). II.5. Consta Mandamiento de Captura de 15 de septiembre de 2023 contra el accionante, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento (fs. 15).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad por indebida detención; toda vez que, el Juez demandado, emitió ilegalmente un mandamiento de captura con el que fue privado de libertad, sin considerar que se encontraba pendiente el recurso de apelación planteado contra la Resolución 87/2023, pronunciada el 14 de agosto por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del departamento de La Paz; a través de la cual, fue rechazada su solicitud de aplicación de sanciones alternativas a la condena impuesta por Sentencia 28/2023 de 19 de mayo por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica; por lo cual, solicita que se conceda la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La violencia de género se presenta como un reflejo de la discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales en las que predomina una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, debida a un modelo de masculinidad hegemónica basada en la distribución de roles sociales que fue trascendiendo históricamente y que engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho, comprende la violencia que sufre en el ámbito doméstico o familiar que es un problema que no debe resolverse entre particulares por su trascendencia y connotación social, puesto que es una violencia a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender; en tal sentido, el abordaje de una problemática vinculada a un tema de violencia de género, no puede perder de vista este componente básico que subyace y es su razón última, como son las relaciones de dominación y subordinación. En ese contexto, el reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual y a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones afirmativas, también denominadas medidas o prestaciones positivas -medidas legislativas y administrativas, entre otras- que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos y responder a los Tratados y Convenios Internacionales en la materia y las normas de Derecho Comunitario que forman parte del bloque de constitucionalidad. Sobre el particular, la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, agregó:
En el marco de los instrumentos internacionales antes anotados, los Estados Partes deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, así como las pautas culturales, que con una visión patriarcal, atribuyen diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad; asimismo, tienen el mandato expreso de sancionar al agresor, y ello, se justifica como una medida tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el cumplimiento de una sentencia, después de un proceso penal, en el cual, se expone a la víctima a un potencial escenario de violencia. Ahora bien, en el marco de los fundamentos internacionales desarrollados en el punto anterior, el constituyente boliviano incidió en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)
no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son añadidas). Cabe señalar, que los estándares del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con relación a la discriminación y violencia debido a género, deben ser aplicados por todas las juezas, jueces y tribunales, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado boliviano; es decir, sometiéndose al control de convencionalidad y a las normas contenidas en los arts. 13 y 256 de la CPE. En cuanto a las normas internas de desarrollo, debe recordarse que hasta antes de la promulgación de la Ley 348, el tema de la violencia hacia la mujer, fue abordado desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-; posteriormente, la Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así, la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, como establece el art. 3.I de la Ley 348, al disponer que: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. La declaratoria de prioridad nacional implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 define como tareas específicas, las de coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA); rompiendo de esta manera, progresivamente, las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. Así, el art. 1 de la citada Ley 348, establece que la misma: …se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. Existiendo, por lo mismo, un mandato imperativo tendiente a la erradicación de la violencia contra las mujeres, estableciendo como obligación subyacente, la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en aquellos delitos que contienen hechos de violencia contra las mujeres, que comprometen su vida e integridad sexual, entre los cuales, estarían inmersos los tipos penales de feminicidio, homicidio, suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación, abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, así como la violencia familiar o doméstica, que se halla contemplada en el art. 272 bis del Código Penal (CP). Así, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, establece un marco jurídico específico para el tratamiento de la violencia familiar o doméstica en Bolivia, partiendo de un claro enfoque de derechos humanos y de género que reconoce la violencia contra las mujeres como una manifestación de relaciones de poder desiguales; por ello, se sustenta en principios como la igualdad, no discriminación y la protección reforzada. Se trata de un proceso especial y preferente, caracterizado por su celeridad y por la flexibilización de ciertas formalidades, en virtud de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de violencia; y, requiere de la intervención de equipos técnicos especializados en áreas como la psicología y el trabajo social, lo cual permite un abordaje integral del fenómeno de la violencia, más allá del ámbito estrictamente jurídico. En ese contexto, la naturaleza jurídica del proceso se configura como mixta, con predominio penal y una marcada finalidad protectora; vale decir, que se trata de un proceso de acción penal pública cuya persecución corresponde al Estado a través del Ministerio Público, independientemente de la voluntad de la víctima, ello implica que, aun en ausencia de impulso procesal de su parte, la autoridad debe continuar con la investigación y el ejercicio de la acción penal, en atención al interés público comprometido. No obstante, este proceso no se agota en su dimensión punitiva; por el contrario, presenta una finalidad eminentemente protectora, orientada a garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima; en ese sentido, la norma legal prevé la adopción de medidas de protección de carácter inmediato, las cuales pueden ser dispuestas incluso, desde las primeras etapas del proceso, priorizando la seguridad de la persona afectada por encima de formalismos procesales. En consecuencia, la finalidad de la sanción por violencia de género, no es simplemente castigar sino lograr una transformación integral para garantizar la integridad y dignidad de las mujeres para erradicar la violencia, la reparación integral del daño porque busca reparar el daño causado a la víctima, lo que incluye la rehabilitación y restitución de sus derechos así como interrumpir y prevenir futuras agresiones; y, contempla la rehabilitación de los agresores a través de tratamientos psicológicos especializados. Establecido lo anterior, entre las sanciones previstas por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, se encuentran las sanciones alternativas a las cuales nos referiremos a continuación.
El art. 76 de la Ley 348, establece: I. En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando:
1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será remplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley. 2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera cumplido al menos la mitad de ésta, las sanciones alternativas no podrán superar el tiempo de la pena principal impuesta. II. La autoridad judicial aplicará una sanción alternativa junto a otras, cuando sea necesario para proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia. Siguiendo lo señalado por la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, respecto a la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348, establece:
Del conjunto de disposiciones legales desarrolladas, a partir de un análisis integral de las mismas, se puede concluir que la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano, hace especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.
(…)
La Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer;
es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia.
Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. Esta disposición legal, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mismas una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien; mandato que se dota de contenido, cuando nos remitimos a los distintos instrumentos internacionales, por los cuales se impone el deber de evitar la impunidad, a través del ejercicio de dos funciones que atañan a la administración de justicia: a) Esclarecer los hechos; y, b) Sancionar a los culpables; porque solo de ese modo, se desalientan futuras violaciones a los derechos de las mujeres. Así, la obligación de sancionar a los culpables debe ser cumplida indefectiblemente, no existiendo posibilidad de perdonar el cumplimiento de la pena o suspender de modo condicional su cumplimiento; pues lo contrario, implicaría incumplir las obligaciones internacionales del Estado; más aún, cuando al nivel interno existe una norma que expresamente prevé la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años; sanciones que de acuerdo a la Ley 348, deben ir acompañadas de las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medida que cumple con el objeto y la finalidad de la Ley 348, que es erradicar la violencia y no permitir la impunidad. Consecuentemente, en el contexto de lo analizado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es posible conceder sanciones alternativas cuando se cumplan las condiciones señaladas por el art. 76 de la Ley 348; no obstante, su concesión en el marco del enfoque integral es posible cuando tales medidas cumplan con la finalidad de proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia, puesto que los distintos instrumentos internacionales, imponen el deber de evitar la impunidad a través del ejercicio de dos funciones que atañen a la administración de justicia, como son esclarecer los hechos y sancionar a los culpables porque solo de ese modo se desalientan futuras violaciones a los derechos de las mujeres.
La SCP 1316/2015-S1 de 28 de diciembre, señaló que:
“El art. 430 del CPP, señala que: ‘Ejecutoriada la sentencia condenatoria, se remitirá copias autenticadas de los autos al Juez de ejecución penal para que proceda según este Código. Si el condenado se hallare en libertad se ordenará su captura’. De la norma citada, se extrae que una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, el Juez de la causa, debe emitir el mandamiento de condena y enviarla junto con las copias autenticadas de la sentencia al Juez de ejecución penal, para su cumplimiento, para que luego éste emita el mandamiento de captura junto con el mandamiento de condena, en aquellos casos en los que la persona sentenciada no pueda ser habida para poder ejecutar el mandamiento de condena” (las negrillas son agregadas). Asimismo, con respecto a los fines de los mandamientos de condena, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que:
“Al respecto, la SC 0262/2011-R de 29 de marzo, señaló que: ‘Los mandamientos de condena en sí no cuentan con un plazo perentorio para su ejecución, como ocurre con los mandamiento de allanamiento librados con fines investigativos, ya que el objeto principal de un mandamiento de condena es justamente hacer cumplir con la pena impuesta por la comisión de cualquier delito tipificado en el Código Penal, razón por la cual se faculta al Juez de ejecución penal la realización de cualquier medida que sea necesaria para cumplir los efectos de una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada (art. 430 del CPP), como por ejemplo la emisión de un mandamiento de captura con facultad de allanamiento, por lo que este último tampoco cuenta con un plazo establecido, esto en razón a que el fin que persigue es justamente la ejecución del mandamiento de condena... ’ Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el mandamiento de condena, tiene por fin hacer cumplir la pena impuesta por una sentencia con calidad de cosa juzgada; en cambio, el mandamiento de captura, tiene por fin la ejecución del mandamiento de condena” (las negrillas son nuestras). Concluyéndose que es el Juez de la causa, el que una vez ejecutoriada la Sentencia, emite el mandamiento de condena y lo remite con las copias legalizadas de la Sentencia al Juez de Ejecución Penal, siendo éste a quien corresponde el cumplimiento de la pena impuesta por una sentencia.
De la revisión de los antecedentes, se tiene que, mediante Sentencia 28/2023 de 19 de mayo, la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de El Alto del departamento de La Paz, declaró a Iván Pérez Limari, autor y culpable de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica tipificado y sancionado por el art. 272 Bis núm. 1 del CP y lo condenó a cumplir la pena de privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro del mismo departamento (Conclusión II.1). A solicitud formulada el 8 de agosto de 2023 por el impetrante de tutela (Conclusión II.2), se pronunció la Resolución 87/2023 de 14 de agosto, por el que la Jueza del proceso, rechazó la solicitud de aplicación de sanciones alternativas (Conclusión II.3), lo que; a su vez, motivó la interposición de un recurso de apelación, que fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con nota de 15 de agosto de 2023, reiterada el 5 de septiembre de similar año (Conclusión II.4); posteriormente, el 15 de septiembre de 2023, el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y Ejecución Penal Primero de El Alto del citado departamento, emitió Mandamiento de Captura (Conclusión II.5). Con dichos antecedentes y, toda vez que, el solicitante de tutela señala que fue vulnerado su derecho a la libertad por indebida detención debido a que no era posible la ejecución del mandamiento de captura por encontrarse en trámite su recurso de apelación, corresponde señalar lo que sigue: Como se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el proceso penal por violencia familiar o doméstica no se agota en su dimensión punitiva; puesto que, presenta una finalidad eminentemente protectora, orientada a garantizar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima; en ese sentido, la norma legal prevé la adopción de medidas de protección de carácter inmediato, las cuales pueden ser dispuestas incluso, desde las primeras etapas del proceso, priorizando la seguridad de la persona afectada por encima de formalismos procesales; en consecuencia, la finalidad de la sanción por violencia de género, no es simplemente castigar, sino, lograr una transformación integral para garantizar la integridad y dignidad de las mujeres para erradicar la violencia, la reparación integral del daño, porque busca reparar el daño causado a la víctima, lo que incluye la rehabilitación y restitución de sus derechos así como interrumpir y prevenir futuras agresiones; y, contempla la rehabilitación de los agresores a través de tratamientos psicológicos especializados. En ese contexto, como se expresa en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aunque es posible conceder sanciones alternativas cuando se cumplan las condiciones señaladas por el art. 76 de la Ley 348, su autorización -en el marco del enfoque integral-, es posible cuando tales medidas cumplan la finalidad de proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia, puesto que los distintos instrumentos internacionales, imponen el deber de evitar la impunidad a través del ejercicio de dos funciones que atañen a la administración de justicia, como son esclarecer los hechos y sancionar a los culpables porque solo de ese modo, se desalientan futuras violaciones a los derechos de las mujeres. Establecido como está el fundamento y razón de ser del proceso por violencia familiar o doméstica al que fue sometido el accionante, el cual se encuentra concluido con sentencia ejecutoriada por disposición del art. 126 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es evidente que, se encuentra permitida la concesión de sanciones alternativas siempre con la finalidad de proteger a la mujer víctima de violencia, sus hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia, aun en ejecución de sentencia. Tales solicitudes se formulan por la vía incidental y la resolución judicial que rechace las mismas, es apelable en resguardo de la garantía de impugnación, de acuerdo a las reglas establecidas en el art. 403.2 del CPP; empero, su tramitación y efecto no suspende el proceso que se encuentra concluido con sentencia condenatoria ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, por no caber contra ella otro recurso o instancia para recurrir; por lo que, debe ser cumplida indefectiblemente. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, el objeto principal de un mandamiento de condena es justamente hacer cumplir con la pena impuesta por la comisión de cualquier delito tipificado en el CP; razón por la cual, se faculta al Juez de Ejecución Penal la realización de cualquier medida que sea necesaria para cumplir los efectos de una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, como por ejemplo la emisión de un mandamiento de captura. Como se corrobora en el presente caso, al existir sentencia con calidad de cosa juzgada, es permisible la emisión del mandamiento de captura; no obstante, que se encuentre pendiente de resolver el recurso de apelación incidental interpuesto en ejecución de sentencia contra la Resolución 87/2023 de 14 de agosto, por la cual se rechazó la solicitud de aplicación de sanciones alternativas; toda vez que, este recurso de ninguna manera suspende la ejecución del fallo ejecutoriado, no se constituye en una instancia más del proceso ni constituye un recurso más contra la sentencia; por ende, no se puede considerar al recurso de apelación incidental en ejecución de sentencia como un recurso que pueda suspender la ejecución o el cumplimiento de una sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada, la tramitación de dicha apelación no suspende la competencia del Juez de Ejecución Penal para emitir los mandamientos necesarios orientados a hacer efectiva la condena impuesta; consecuentemente, la impugnación de la misma no impide la ejecución de la sentencia condenatoria ejecutoriada. Por todo lo fundamentado, no es evidente que el Juez y Secretario demandados, hayan vulnerado el derecho a la libertad alegado por el impetrante de tutela; toda vez que, al gozar la sentencia condenatoria de la calidad de cosa juzgada, su cumplimiento es obligatorio e indefectible; en consecuencia, el Juez de Ejecución Penal se encuentra plenamente facultado para emitir los mandamientos de ley correspondientes, sin necesidad de esperar los resultados de la apelación incidental mencionada tantas veces, priorizando así el principio de protección reforzada a las víctimas de violencia de género y evitando la impunidad; concluyéndose que, no fue indebidamente detenido; por ende, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 72/2023 de 19 de septiembre, cursante de fs. 29 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-.
2 Sobre el enfoque integral la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, en forma extensa, ha señalado que en los casos de violencia en razón de género, el análisis que realice la autoridad jurisdiccional ordinaria como la constitucional, debe expresar: a) Un equilibrio entre los derechos de la víctima, con los de la parte que está siendo imputada; b) El derecho de las mujeres que tienen a vivir libres de violencia y discriminación; y, c) Un enfoque integral del problema jurídico, como así se desarrolló y manifestó en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0357_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): a95eb1d9ca4b8c779981eb54cacaf6b049eabbe0af16d0eaf435af4d835bfb5e
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