B.IA.LEGAL

SCP 0357/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
54106-2023-109-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, derecho de acceso a la justicia, al trabajo, al principio procesal de acceder a la verdad material, a la seguridad jurídica y a sus derechos como persona adulta mayor; puesto que, mediante Resolución 443/2015 emitida por el Juez de control jurisdiccional, en primera instancia y confirmada por Resolución 252/2016, por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazaron su solicitud de devolución de las dos retroexcavadoras que se encontraban en su poder y fueron entregadas en depósito judicial en el marco de la investigaciones; pese a que, en la denuncia de robo de dicha maquinaria, interpuesta en su contra por los terceros interesados, fue desestimada en el Ministerio Público, así como por el Juez de la causa, que declaro la extinción de la acción penal en su favor. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 189 a 194 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez. Plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2025-S4 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 54106-2023-109-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 189 a 194 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Angelino Ali Gutiérrez contra Virginia Crespo Ibáñez y Willy Arias Aguilar, ex Vocales César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, actuales Vocales, todos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del mismo departamento; y, Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 y 27 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 78 a 93; y, 97 a 101 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 26 de junio de 2015, Serapio Aduviri Cruz, Ernesto Lazo Mamani, Esteban Cruz Quispe y Jaime Luis Quispe Mendoza, interpusieron denuncia en su contra, indicando que robó dos retroexcavadoras; es así que, el 27 de agosto del mismo año, se emitió Auto de allanamiento, procediendo al secuestro de las indicadas maquinarias, las que se encontraban en su poder. Al respecto, por contrato privado de 15 de junio del mismo año, suscrito por Carlos Mamani, Sergio Mamani Lazo, Mario Cruz, Mario Zonco, socios de la Cooperativa Frutillani, consta que los inicialmente prenombrados, entregaron las dos retroexcavadoras y cuatro volquetas, como parte de pago de una deuda contraída por la Cooperativa respecto de su persona; empero, la indicada denuncia fue rechazada por Resolución 106/2015 de 11 de noviembre, siendo confirmada mediante Resolución Jerárquica FDLP/MHRB/R 993/2015 de 18 de diciembre. Posteriormente a través de Resolución 443/2015 de 9 de diciembre, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, dispuso de manera ilegal y sin base jurídica, la entrega de dos retroexcavadoras en favor de los denunciantes, representantes de la Cooperativa; y, como consecuencia de esa devolución provisional, prohibieron la venta o arrendamiento de las mismas, para su presentación cuando así sea requerido; además que, el Poder 812/2014 de 3 de junio, fue emitido fraudulentamente, con el que lograron el secuestro y depósito eventual de la indicada maquinaria, incurriendo así en su ilegal devolución. Refirió que la determinación asumida, no consideró tampoco la Resolución Ejecutoriada, por la cual la indicada autoridad judicial, declaró en su favor la extinción de la acción penal, lo que significaba que nunca cometió el delito de robo, por el que fue denunciado, respecto de dichas maquinarias, las cuales se encontraban en su poder, como resultado de una conciliación voluntaria a la que había llegado con sus detractores, quienes al arrepentirse de la indicada entrega lo denunciaron de robo de las mismas. Ante esta circunstancia, planteó recurso de apelación contra lo determinado por el Juez accionado; instancia, en a que fue confirmada por Resolución 252/2016 de 4 de julio, pronunciada por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, lesionando así sus derechos. Por su parte, el Fiscal de materia ahora accionado, fue quien procedió a la entrega de las dos retroexcavadoras, cuando debió representar la orden judicial y no dar cumplimiento a resoluciones ilegales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, derecho de acceso a la justicia, al trabajo, al principio procesal de acceder a la verdad material, a la seguridad jurídica y a sus derechos como persona adulta mayor, citando al efecto los arts. 46, 47, 115, 117 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.I y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 443/2015 de 9 de diciembre, emitido por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz y la Resolución 252/2016 de 4 de julio, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) La entrega de las dos retroexcavadoras a su persona, más el pago de costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 185 a 188 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, aclarando que: 1) Invirtió en la Cooperativa Frutillani más de un millón de dólares americanos, de la que tuvo que retirarse haciendo conciliaciones de lo invertido y lo devuelto, recibiendo como parte de pago de la inversión realizada, dos excavadoras a cuyo efecto suscribieron un documento de entrega de dicha maquinaria, arrepentidos de ese hecho, inventaron la denuncia de robo en su contra, presentada el 26 de junio de 2015, la misma que fue rechazada y confirmada por el Fiscal Departamental de La Paz, sumándose a ello la Resolución de extinción de la acción penal emitida por el Juez de la causa; 2) En el desarrollo de la investigación se dispuso el secuestro de las retroexcavadoras, procediéndose al depósito de dicha maquinaria en el garaje de Huber Huanca Aguilar, ubicado en la zona se Zencata, Avenida 6 de marzo, número 25 de El Alto; es así que solicitó la aplicación de lo previsto por el art. 189 del Código de Procedimiento Penal (CPP), puesto que sin la existencia de materia justiciable, los objetos que no estén sujetos a secuestro, decomiso o embargo, debían devolverse a la persona de cuyo poder fueron obtenidos, lo que no ocurrió en este caso, añadiéndose a ello que el poder otorgado a los señores para que recuperaran la maquinaria era falso, pues la Cooperativa no les había conferido esas facultades, ya que el notario que lo elaboró, fue procesado y exonerado del cargo; 3) Cuando solicitó la devolución de las retroexcavadoras, el Juez, solo emitió la providencia del 16 de noviembre de 2022, indicando que estuvieran a los datos del proceso, lesionando así sus derechos, mas aun tratándose de una persona de la tercera edad, que pertenece a un grupo vulnerable; puesto que, no era necesario agotar ningún otro procedimiento, conforme lo establecido por la amplia jurisprudencia constitucional, existiendo prueba abundante que acreditaba lo descrito precedentemente; y, 4) El 14 de noviembre de 2022, con documentación original indicaron que los señores Aduviri y otros, le entregaron los motorizados por rendición de cuentas, y el Juez, por decreto del 16 del mes ya año señalados, dispuso “estese a los datos del proceso”.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Silvia Maritza Portugal Espinoza y César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, remitieron informe escrito de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 163 y vta., peticionando se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) En la acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela no precisó cual era el acto ilegal o la omisión indebida en la que hubieran incurrido los accionados, tampoco señaló el nexo causal entre los supuestos actos ilegales y los derechos constitucionales lesionados, por lo que la demanda tutelar no sería procedente, aclarando que la Resolución 252/2016, fue emitida por los entonces Vocales Adán Willy Arias Aguilar y Janeth Virginia Crespo Ibáñez; y, ii) La acción de amparo constitucional es una acción extraordinaria que únicamente realiza una revisión de vulneración de derechos y garantías constitucionales, y no se constituye en un recurso ordinario por el cual se pueda revisar la legalidad ordinaria, para lo cual el accionante debe cumplir con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia. Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; Ramiro Nelson Prieto Villegas, Fiscal de Materia; Virginia Janeth Crespo Ibáñez y Adán Willy Arias Aguilar, ex Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no comparecieron en audiencia, tampoco presentaron informe alguno, pese a su notificación legal, cursante de fs. 133 y 135.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Serapio Aduviri Cruz, Jaime Luis Quispe Mendoza, Esteban Cruz Quispe, y Ernesto Lazo Mamani, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2023, cursante de fs. 159 a 162, solicitaron se deniegue la tutela, arguyendo que: a) La acción de amparo constitucional no fue presentada dentro del plazo establecido por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, la Resolución de Rechazo de la denuncia 106/2015 es de 11 de noviembre de ese año, confirmada por Resolución Jerárquica FDLP/MHRB/R 993/2015 de 18 de diciembre, refiriendo igualmente a la Resolución 122/2021 de 14 de abril, que resolvió la extinción de la acción penal, resoluciones ejecutoriadas hace más de seis meses; b) La Cooperativa Minera Frutillani, mediante su representante Angelino Ali Gutiérrez (accionante) resolvieron diferencias económicas por documento de 12 de marzo de 2009, no existiendo obligaciones pendientes entre las partes, quedando sin efecto cualquier otro documento anterior, con ese antecedente el prenombrado formuló demanda civil contra la Cooperativa Minera Frutillani, por el cobro de $us320 000.- (trescientos veinte mil dólares estadounidenses), que fue declarada improbada por Resolución 50/2016 de 1 de abril, y probada la excepción de pago documentado, emitida por el Juez Público Civil Sexto del departamento de La Paz, decisión confirmada en apelación mediante Resolución I-413/2021 de 5 de octubre, por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; c) Es así que, la Cooperativa Minera Frutillani, no realizó ninguna entrega de maquinaria, a través de sus personas; empero, en el caso EAL 7420/2015 de 27 de julio de 2015 iniciado contra el accionante, bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Cuarto del El Alto del departamento de La Paz, se secuestró la maquinaria pesada de dos retroexcavadoras y no así tres volquetas y una cisterna, denunciado como robados el 15 de junio de 2015, habiéndose seguido un debido proceso, toda vez que, en el allanamiento y secuestro de 31 de agosto de 2015, estuvo presente el accionante Angelino Ali Gutiérrez, quien no acreditó derecho propietario alguno, sobre los indicados motorizados; d) Las autoridades accionadas adecuaron sus conductas procesales a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, determinando en resolución la devolución de los referidos motorizados a quien acreditase mejor derecho propietario; por lo cual, no se vulneró derecho alguno; y, e) En respuesta a la interrogante de la Sala Constitucional, sostuvo que la Resolución de devolución de la maquinaria data de la gestión 2015 dictada por el Juez de Instrucción Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, confirmada de manera íntegra por la Resolución 252/2916 de 4 de julio, con la que el accionante fue notificado el 13 de septiembre de 2016, las que de acuerdo al principio de inmediatez estarían fuera de los seis meses, establecido por la norma para la presentación de la acción de amparo constitucional; pidiendo por lo expresado, denieguen la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 29/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 189 a 194 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) Dentro del caso signado con el “CUD” EAL 1507420, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Serapio Aduviri y otros contra el accionante, ratificaron la Resolución de Rechazo de denuncia 106/RN/15 de 11 de noviembre de 2015, por la presunta comisión de robo, robo agravado, asociación delictuosa; y por Resolución 443/2015, el Juez de la causa dispuso que las dos retroexcavadoras (la primera del año 2000, marca Cater Pillar, Serie AKH01288 y la segunda del año 2005, de igual marca, Serie MAB 0046) sean devueltas a la Cooperativa Minera Aurífera Frutillani, la misma que impugnada en apelación por el impetrante de tutela, mereció la Resolución 252/2016 que confirmó la resolución cuestionada, seguidamente Angelino Alí Gutiérrez presentó incidente de actividad procesal defectuosa, declarado infundado por Resolución 153/2017 de 16 de abril, así como este dedujo otro tipo de incidentes, hasta el formulado el 14 de noviembre de 2022, de devolución de motorizados en el que, adjuntaron documental relativa a la entrega que efectuaron Serapio Aduviri Cruz, Ernesto Lazo Mamani, Esteban Cruz Quispe y Jaime Luis Quispe Mendoza, de dos retroexcavadoras y cuatro volquetas, como parte de una deuda contraída con la Cooperativa Frutillani, realizado en la localidad de Tacoma, documento firmado también por Carlos Mamani, Severo Mamani, Mario Cruz y otros, memorial que dio lugar al proveído de 16 de noviembre de 2022, indicando “estese a los datos del proceso”, considerando que la causa concluyó con la extinción de la acción y que la devolución ya había sido resuelta; 2) La jurisprudencia constitucional (AC 0193/2012-RCA de 7 de noviembre), los Arts.

53 del CPCo; y, 129.II de la CPE, se refieren al principio de inmediates, estableciendo la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando esta es presentada fuera del plazo establecido en la norma, en el caso la Resolución 443/2015, fue confirmada por Resolución 252/2016, notificándose al accionante el 13 de septiembre de 2016, contra la que no interpuso ninguna acción tutelar, tampoco lo hizo contra la Resolución 152/2017 que rechazó el incidente de actividad procesal defectuosa, a partir del cual transcurrieron más de los seis meses descritos por la norma, periodo que no amerita flexibilización por tratarse de una persona involucrada en un grupo vulnerable, pues no existe justificativo alguno respecto a la prueba acompañada; y, 3) El acto vulnerador de derechos anotado por el peticionante de tutela, estaría referido a las resoluciones 443/2015 y la Resolución 252/2016, emitidas a su turno por las autoridades accionadas, respecto de las cuales corresponde efectuarse el cómputo de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional, las cuales, solicitó en su petitorio sean dejadas sin efecto. En la vía de aclaración complementación y enmienda, la parte accionante, solicitó a la Sala Constitucional, aclare los siguientes extremos: i) En que quedaría el decreto de “16 de noviembre de 2022” y otros anteriores; ii) La prueba original de la entrega de los motorizados de junio de 2015, realizada en Tacoma, no fue valorado por el Juez a cargo ni la Sala Penal, por lo que solicitaron con posterioridad pronunciamiento al respecto; y, iii) Porqué para el computo del plazo de los seis meses no tomaron en cuenta las ultimas decisiones del Juez, como el proveído descrito. Al respecto la Sala Constitucional, resolvió: a) En su oportunidad observaron que el accionante efectuara la identificación del acto lesión así como la última decisión judicial, estableciendo el nexo de causalidad entre los hechos y derechos supuestamente lesivos, si bien los Tribunales de garantías estarían obligados a pronunciarse sobre el principio de subsidiariedad e inmediatez de una acción, efectuaron una relación de antecedentes desde el rechazo de la denuncia, las resoluciones emitidas por el Juez de control jurisdiccional, respecto del incidente de devolución de bienes, donde el impetrante de tutela, debió hacer valer la documentación adjuntada como prueba, consistente en la documental de agosto de 2015; y, b) Realizaron la ponderación de derechos, sobre el último acto emitido por las autoridades accionadas, ya que si bien fueron presentados diferentes memoriales adjuntando documental, no atinge al Tribunal de garantías efectuar valoración probatoria, labor que concierne al tribunal y jueces ordinarios, es así que debido al tiempo transcurrido, siendo la notificación con la última resolución emitida por los Vocales de la Sala Penal de 13 de septiembre de 2016, así como la Resolución 153/2017, realizaron el cómputo a partir de ello, declarando la improcedencia por razón de inmediatez, no dando lugar a lo solicitado por el peticionante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En la denuncia penal formulada por Serapio Aduviri Cruz y otros contra Angelino Ali Gutiérrez -hoy accionante-, y otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado y asociación delictuosa, el Fiscal de Materia asignado al caso, emitió la Resolución Fiscal de Rechazo 106/RN/2015 de 11 de noviembre, rechazo la precitada denuncia e interpuso incidente de devolución de motorizado (fs. 16 a 21), que fue respondido por los denunciantes peticionando la devolución de motorizados (fs. 25 a 26 vta.).

II.2. El Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de la Paz, por Resolución 443/2015 de 9 de diciembre, “AUTO INTERLOCUTORIO DE CONSIDEREACION DE INCIDENTE DE DEVOLUCIÓN DE VEHICULO”; dispuso que, por el representante del Ministerio Público se proceda a la devolución de la excavadora marca Caterpilar modelo 320 -C con número de Serie MAB00460 al ciudadano Jaime Luis Quispe Mendoza y la excavadora Marca Caterpilar Modelo 320-C con Serie AKH01288 a la Cooperativa Minera Aurífera Frutillani asimismo tratándose de una devolución judicial se determina la prohibición de vender de o arrendar debiendo los mismos presentarlas cuando así lo requiera el ministerio Público…” (sic [fs. 32 a 33 vta.]), contra la que el accionante interpuso recurso de apelación (fs. 34 a 35). II.3. La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Resolución 252/2016 de 4 de julio, por la que declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas en apelación y confirmó la Resolución 443/2015 (fs. 45 a 48). II.4. El accionante por memorial de 15 de noviembre de 2022, planteó incidente de devolución de motorizados, argumentando que fue rechazada la denuncia el 9 de diciembre de 2015, confirmado en objeción el 18 de igual mes y año y se extinguió la acción penal el 14 de abril de 2021 (fs. 73 a 74 vta.), que mereció el decreto de 16 de ese mes y año de: “Estese a los datos del proceso considerando que la causa concluyó con extinción de la acción penal y que la devolución de motorizados ya fue resuelta por este despacho judicial” (fs. 76). II.5. Constan memoriales de la acción de amparo constitucional, del impetrante de tutela presentados el 14 y 27 de diciembre de 2022, según formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 204057548 (fs. 78 a 94; y, 97 a 101 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, derecho de acceso a la justicia, al trabajo, al principio procesal de acceder a la verdad material, a la seguridad jurídica y a sus derechos como persona adulta mayor; puesto que, mediante Resolución 443/2015 emitida por el Juez de control jurisdiccional, en primera instancia y confirmada por Resolución 252/2016, por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazaron su solicitud de devolución de las dos retroexcavadoras que se encontraban en su poder y fueron entregadas en depósito judicial en el marco de la investigaciones; pese a que, en la denuncia de robo de dicha maquinaria, interpuesta en su contra por los terceros interesados, fue desestimada en el Ministerio Público, así como por el Juez de la causa, que declaro la extinción de la acción penal en su favor. En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez. Plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional

Sobre el particular el art. 129.II de la CPE, prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional, podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” norma constitucional que guarda relación con el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que estipula: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.

II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace”. En coherencia con las normas citadas, la SCP 1140/2017-S2 de 6 de noviembre, señala que: “De acuerdo a lo previsto por el art. 129.II de la CPE, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; precepto normativo que se complementa con el contenido del art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que prevé que dicha acción tutelar podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegado de conocido el hecho; postulados de los cuales se desprende con claridad el concepto de la presentación extemporánea de la acción; es decir, fuera del plazo máximo de seis meses, término que se encuentra sustentado en el principio de preclusión; por cuanto, las partes no pueden pretender que el órgano jurisdiccional constitucional de manera irrestricta se encuentre a su disposición para otorgar protección. De ahí que, en estricta coherencia con el nuevo orden constitucional, el constituyente ha establecido el plazo máximo de seis meses para que la persona afectada por una acción u omisión ilegales o indebidas que supriman o amenacen restringir o suprimir derechos, pueda acudir ante la jurisdicción constitucional, a fin de obtener el restablecimiento de sus derechos y garantías supuestamente vulnerados; La SCP 0040/2012 de 26 de marzo, concluyó que: ‘…el principio de inmediatez está basado en el principio de preclusión de los derechos para accionar, lo que significa que para poder ingresar al análisis de fondo de la problemática que se plantea en este tipo de acciones tutelares, quien recurre de amparo constitucional debe interponer su acción dentro del plazo de seis meses de conocido el acto o hecho ilegal o de agotados los medios o recursos que la ley le otorga para subsanar la supuesta lesión, caso contrario, se estaría incumpliendo con el citado principio del recurso de amparo constitucional’. (…) ‘La amplia jurisprudencia constitucional emanada del Tribunal Constitucional, establece que la acción de amparo constitucional «…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial» (art. 129.II de la CPE); de ese modo, se pretende acentuar el propósito de esta acción, consistente en otorgar protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados, dentro de un plazo razonable fijado al efecto; considerando que el agraviado no puede disponer indefinidamente de la jurisdicción constitucional (con similar afirmación, las SSCC 0551/2010-R, 0554/2010-R, 0626/2010-R, 0782/2010-R, entre otras)’. (…) Concluyendo que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (énfasis añadido). Como se advierte, el principio de inmediatez es inherente a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, que la hace viable en su interposición con la observancia del mismo; toda vez que el plazo de su presentación constituye un mandato constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de la presente acción tutelar, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente fundamentación y motivación, derecho de acceso a la justicia, al trabajo, al principio procesal de acceder a la verdad material, a la seguridad jurídica y a sus derechos como persona adulta mayor; toda vez que, mediante Resolución 443/2015 emitida por el Juez de control jurisdiccional, en primera instancia y confirmada por Resolución 252/2016, por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazaron su solicitud de devolución de las dos retroexcavadoras que se encontraban en su poder y fueron entregadas en depósito judicial en el marco de la investigaciones; pese a que, en la denuncia de robo de dicha maquinaria, interpuesta en su contra por los terceros interesados, fue desestimada en el Ministerio Público, así como por el Juez de la causa, que declaró la extinción de la acción penal en su favor.

Al respecto de los antecedentes procesales se constata que, en la denuncia presentada por los ahora terceros interesados contra el accionante por la presunta comisión del delito robo y otros, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, emitió la Resolución 443/2015 (Conclusión II.1) disponiendo la entrega de dos retroexcavadoras, al señalar: “…por el Ministerio Público se proceda a la devolución de la excavadora marca Caterpilar modelo 320-C con número de Serie MAB00460 al ciudadano Jaime Luis Quispe Mendoza y la excavadora Marca Caterpilar Modelo 320-C con Serie AKH01288 a la Cooperativa Minera Aurífera Frutillani…”; determinación contra la que el accionante planteó recurso de apelación incidental; instancia en la cual, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, la confirmó mediante Resolución 252/2016 de 4 de julio (Conclusión II.2).

De la misma manera, como se verifica de la Conclusión II.5, del presente fallo constitucional, la presente demanda tutelar, fue presentada el 14 de diciembre de 2022.

Ahora bien, conforme al entendimiento asumido por el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de amparo constitucional es un mecanismo extraordinario de defensa sujeta al cumplimiento de los principios de subsidiariedad e inmediatez, la observancia de este último supone que la persona natural o jurídica que considere que sus derechos fundamentales y garantías constitucionales fueron lesionados o amenazados de serlo, tiene el plazo máximo de seis meses para activar la justicia constitucional en procura de la restitución y tutela de los mismos; término acorde al Fundamento Jurídico expuesto y según lo previsto en los arts. 129.II de la CPE; y, 55.I del CPCo, se debe computar desde la comisión de la vulneración alegada, conocido el hecho, o desde la notificación con la última resolución judicial o administrativa. En ese contexto, se advierte que los hechos alegados como lesivos de los derechos del impetrante de tutela, se produjeron el 4 de julio de 2016, a través de la Resolución 252/2016, extremo que armoniza con el petitorio por él expresado, al solicitar se dejen sin efecto tanto la predicha resolución emitida en alzada como el Auto Interlocutorio pronunciado en primera instancia, disponiendo la devolución de las retroexcavadoras; constando en antecedentes que la jurisdicción constitucional fue activada mediante memorial de acción de amparo constitucional de 14 de diciembre de 2022; vale decir, después de más de seis años, extremo que acredita el incumplimiento del plazo máximo de caducidad de seis meses establecido en el art. 129.II de la CPE; situación que imposibilita realizar el análisis de fondo a la problemática jurídica expuesta por el demandante de tutela, ante la inobservancia del principio de inmediatez.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 13 de febrero, cursante de fs. 189 a 194 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0357_2025-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5c4aad99b54da271711137ae9ca8725495cd962de82a1e12944ddb2d7b66d2c5

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