Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y locomoción vinculado al principio de celeridad y seguridad jurídica; alegando que, habiendo el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del departamento de Cochabamba, señalado audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, para el 14 de noviembre de 2022; en la fecha indicada, se negó a llevar adelante dicho acto procesal, argumentando que, el prenombrado debía presentar la fotocopia legalizada de la audiencia de medidas cautelares, en lugar de la fotocopia simple que pretendía hacer valer en el mencionado verificativo. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando que, el impetrante de tutela no presentó el acta de audiencia de medidas cautelares y requieren que el referido documento sea legible y esté legalizado por el respetivo funcionario judicial, con la finalidad de evitar pronunciarse sobre fotocopias adulteradas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2025-S2 Sucre, 7 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51791-2022-104-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 a 30 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua en representación sin mandato de Ademar Jimenez García contra José Joaquín Claros Gomez, José Antonio Arze Cortez y Remberto Acosta Sandoval, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 14 a 15 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:
A consecuencia del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, con la agravante prevista en el art. 310 inc. m) del Código Penal (CP), se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba; por lo que, el 8 de noviembre de 2022, solicitó la cesación de dicha medida cautelar; a ese efecto, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del indicado departamento -donde radica la acusación formal- mediante providencia de 9 del mismo mes y año, señaló audiencia pública para el 14 de igual mes y año; sin embargo, en la fecha aludida no se realizó dicho acto procesal; debido a que, el Presidente del mencionado Tribunal de Sentencia Penal rechazó la fotocopia simple del acta de audiencia de medida cautelar de 3 de junio del citado año, llevado a cabo en el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Totora del referido departamento, exigiendo en su lugar fotocopia legalizada de ese actuado; incurriendo de esa manera en dilación indebida, pues encontrándose privado de libertad, debieron omitir la exigencia de esa formalidad y resolver su situación jurídica con la mayor celeridad.
El accionante mediante su representante sin mandato alega la lesión de su derecho a la libertad y locomoción vinculado al principio de celeridad y seguridad jurídica, sin citar disposición constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela, ordenando al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del departamento de Cochabamba realizar la audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas en ambientes del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento y se admita la fotocopia simple del acta de audiencia de medidas cautelares de 3 de junio de 2022, a objeto de considerar su petición; sea con costas y costos procesales.
Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 27 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó el tenor íntegro de la acción de defensa.
José Joaquín Claros Gomez, José Antonio Arze Cortez y Remberto Acosta Sandoval, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante a fs. 26 y vta., manifestaron que, asumieron conocimiento del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela con la acusación formal presentado por el Ministerio Público; de manera que, no cuentan con el acta de audiencia de medidas cautelares, para verificar los riesgos procesales que dieron lugar a su detención preventiva y si bien el Auto Supremo “181/2016” establece la permisión para presentar fotocopias simples de actuados procesales; sin embargo, dicha documentación debe ser legible o en su caso legalizado por el juzgado de origen, con la finalidad de pronunciamientos sobre documentos adulterados; condiciones que no cumplió el prenombrado. Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 a 30, concedió la tutela impetrada, disponiendo que, los jueces accionados señalen día y hora de audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas, para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante; ello, conforme a los siguientes fundamentos: a) Efectivamente existen actos vulneratorios que impidieron resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, quien se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del indicado departamento y el hecho de no resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva al no haber presentado el nombrado copia del Acta de aplicación de medidas cautelares debidamente legalizada, no es razón suficiente para que se incurra en dilación indebida; b) Los accionados, en respeto del debido proceso y el derecho a “…ser atendida en forma oportuna en su peticiones…” (sic), debió resolver en el día y hora señalada la solicitud de cesación de la detención preventiva, sin exigir el acta referida, más aún porque el propio abogado del impetrante de tutela tenía los actuados requeridos por las autoridades accionadas; y, c) Por lo expuesto, se lesionó el derecho de locomoción del nombrado.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 3 de junio de 2022 y la Resolución de la misma fecha; a través de la cual, el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Totora del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal instaurado contra Ademar Jiménez García -accionante- por la presunta comisión del delito de violación con la agravante prevista en el art. 310 inc. m) del CP, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del referido departamento por el plazo de seis meses (fs. 4 a 13 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó, la cesación a la detención preventiva; en ese sentido, por decreto de 9 del mismo mes y año, el indicado Tribunal de Sentencia Penal señaló audiencia pública virtual para el 14 de ese mes y año a horas 9:30, a realizarse en el salón de audiencias del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 2 a 3).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y locomoción vinculado al principio de celeridad y seguridad jurídica; alegando que, habiendo el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del departamento de Cochabamba, señalado audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, para el 14 de noviembre de 2022; en la fecha indicada, se negó a llevar adelante dicho acto procesal, argumentando que, el prenombrado debía presentar la fotocopia legalizada de la audiencia de medidas cautelares, en lugar de la fotocopia simple que pretendía hacer valer en el mencionado verificativo. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando que, el impetrante de tutela no presentó el acta de audiencia de medidas cautelares y requieren que el referido documento sea legible y esté legalizado por el respetivo funcionario judicial, con la finalidad de evitar pronunciarse sobre fotocopias adulteradas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0791/2015-S3 de 10 de junio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó que: «“El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.
Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”’» (las negrillas nos corresponden).
A través de la acción de libertad, el accionante pretende que los jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Aiquile del departamento de Cochabamba -ahora accionados- señalen día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y admitan las fotocopias simples del acta de audiencia de medidas cautelares que presentó a objeto de llevar adelante dicho verificativo; toda vez que, el 14 de noviembre de 2022, los prenombrados se negaron a realizar el citado acto procesal por no contar con la fotocopia legalizada de la indicada acta; incurriendo de esa forma en dilación indebida y afectando su derecho a la libertad por encontrarse privado de éste en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del señalado departamento. De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que, ante la solicitud de cesación a la detención preventiva efectuada por el accionante, las autoridades accionadas a través del decreto de 9 de noviembre de 2022, señalaron audiencia pública para el 14 del mismo mes y año (Conclusión II.2); acto procesal que no se llevó adelante en la fecha señalada; debido a que, los jueces accionados rechazaron la fotocopia simple del acta de medidas cautelares, exigiendo que dicho documento se encuentre legalizado. La jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, estableció que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa ante dilaciones indebidas en todo lo concerniente a la resolución de la situación jurídica de personas privadas de libertad, como consecuencia del incumplimiento de plazos procesales, dilación y suspensiones innecesarias de audiencias, entre otros; tal es el caso de las audiencias de cesación a la detención preventiva, que según la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, no pueden suspenderse por causas injustificadas o no previstas en la norma procesal. En el presente caso, la suspensión de la audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante, por falta de la fotocopia legalizada del acta de audiencia de medidas cautelares, no es una causal prevista en la norma procesal penal, ni se constituye en un justificativo válido; toda vez que, si bien dicho documento es imprescindible para la verificación de los motivos que derivaron en la concurrencia de los riesgos procesales que sustentaron la aplicación de la detención preventiva, las autoridades demandadas tuvieron a su disposición la fotocopia simple del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 3 de junio de 2022 y la respectiva resolución de la misma fecha, conforme se evidencia de la copia presentada juntamente con la acción de libertad (Conclusión II.1). Además, debe tenerse en cuenta que en materia penal rige el principio de libertad probatoria y que la audiencia de cesación a la detención preventiva igualmente está sujeta al principio de contradicción, de manera que los demás sujetos procesales (Ministerio Público, víctima y otros) pueden objetar la legalidad o veracidad de la documentación presentada en dicho acto procesal. Asimismo, las autoridades judiciales tienen el deber de ejercer sus funciones de manera proactiva para el desarrollo óptimo de sus actuaciones. Asimismo, los jueces accionados habiendo tomado conocimiento de toda la documentación presentada juntamente con el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, tuvieron la oportunidad de advertir que el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares no cumplía la condición que ellos exigían; de manera que, debieron requerir al Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Totora del departamento de Cochabamba la documentación requerida y todos los antecedentes necesarios. En ese sentido, los jueces accionados al suspender de manera injustificada la audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante, incurrieron en dilación indebida; toda vez que, omitieron considerar que la solicitud del prenombrado está directamente vinculada con la restricción de su derecho a la libertad y que por ello requiere atenderse con celeridad; consiguientemente, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0357_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): f8d3515b7a141a90eec1facc4aba94ecb83e4661596425b5585998e9ab02dd3e
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