Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 7 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” e igualdad de partes, así como el principio de celeridad; esto debido a que el Juez accionado reprogramó la audiencia de control del plazo de duración de su detención preventiva de manera arbitraria y dando tiempo al Ministerio Público para que presente requerimiento de acusación o una solicitud de ampliación de su detención preventiva; pues al no contar con defensa técnica en la misma audiencia, la autoridad judicial accionada debió disponer un defensor de oficio y que la determinación de su situación jurídica se haga el mismo día, dado que hasta ese día se cumplió el plazo de duración de la medida cautelar, caso contrario debió disponer su libertad u otra medida menos gravosa. Ante ello, el Juez accionado señaló que la referida audiencia fue reprogramada dentro de las cuarenta y ocho horas, en consideración del derecho a la defensa del impetrante de tutela, dado que este asistió sin su defensa técnica. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 23 vta. a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada en base a los fundamentos precedentemente expuestos y con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática formulada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 8 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0355/2025-S2 Sucre, 7 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51754-2022-104-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 009/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 23 vta. a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Arturo Cabrera Lima contra Raúl Arnold Barriga Villegas, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2022, cursante a fs. 1; y, 7 a 8, el accionante manifiesta lo siguiente:
Por Auto de 10 de agosto de 2022, Raúl Arnold Barriga Villegas, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí -ahora accionado-, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del referido departamento y señaló audiencia para la consideración de su situación procesal para el 9 de noviembre del mismo año. Al presente, el Ministerio Público no presentó requerimiento conclusivo ni solicitó la ampliación de plazo de su detención preventiva, ante lo cual correspondía que la autoridad accionada, ya sea de oficio o a petición de parte, le otorgue su libertad o modifique su detención preventiva a otra menos gravosa; sin embargo, se limitó de manera arbitraria a reprogramar la referida audiencia para la consideración de su situación procesal, alargando el plazo que tiene el Ministerio Público para presentar su requerimiento conclusivo o solicitar la ampliación de la detención preventiva, encontrándose al presente indebidamente privado de su libertad por un plazo mayor al determinado para su detención preventiva. Si bien en dicha audiencia se encontraba sin defensa técnica, el Juez accionado podría haberle designado un defensor de oficio con la finalidad de que se lleve adelante; asimismo, estos extremos fueron denotados por su abogado defensor en otra audiencia que se llevó a cabo el mismo día a horas 11:00, en la que se consideró su solicitud de cesación a la detención preventiva.
El impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” e igualdad de partes, así como el principio de celeridad, citando al efecto los arts. “15”, 22, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene su inmediata libertad o se modifique su detención preventiva por una medida menos gravosa.
Celebrada la audiencia pública el 10 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 23 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de defensa; y, ampliando en audiencia, señaló los siguientes extremos de relevancia: a) Al reprogramar la audiencia, la autoridad judicial accionada advirtió al Ministerio Público para que corrija su omisión respecto a la presentación de requerimiento conclusivo o de ampliación de la detención preventiva, ampliando el plazo de su detención que vencía el 9 de noviembre de 2022, a horas 9:00; b) Lo que correspondía al Juez accionado era designar un defensor de oficio y reprogramar para el mismo día la audiencia de control jurisdiccional del plazo y la determinación de su situación jurídica, o en su caso disponer su libertad o una medida cautelar menos gravosa; y, c) En la audiencia de cesación a la detención preventiva llevada a cabo ese día a horas 11:00, la autoridad accionada no dejó que se dilucide el tema del plazo de duración de esta medida cautelar.
Raúl Arnold Barriga Villegas, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito cursante a fs. 20 y vta., refirió que: 1) Por Auto de 10 de agosto de 2022, dispuso la detención preventiva del accionante por tres meses, fijando audiencia de control para el cumplimiento del plazo para el 9 de noviembre del mismo año, un día antes del vencimiento del término; 2) En el transcurso del cumplimiento de la medida de detención preventiva, el impetrante de tutela presentó varias solicitudes de cesación a la detención preventiva, que fueron rechazadas porque su abogado no se presentó en audiencia; 3) El peticionante de tutela presentó una última solicitud de cesación a la detención preventiva, fijándose audiencia también para el 9 de noviembre de igual año, a horas 11:00; 4) A la audiencia de control para el cumplimiento del plazo de la detención preventiva, el accionante se presentó sin su abogado; por lo que, se reprogramó la audiencia para el 11 de octubre de dicho año, dentro de las cuarenta y ocho horas, a efecto de no vulnerar su derecho a la defensa; 5) Por su parte, la audiencia de cesación a la detención preventiva se realizó con total normalidad, a la cual asistieron todas las partes incluyendo el impetrante de tutela con su abogado, disponiéndose el rechazo de la solicitud a través de Auto de 9 de noviembre de ese año; y, 6) El peticionante de tutela no puede pretender que se lleve adelante la audiencia de control del plazo de su detención preventiva sin que tenga defensa técnica como imputado, no pudiendo suplirse la negligencia de su abogado.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 009/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 23 vta. a 26 vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que: i) La audiencia de control de plazo a efectos de determinar la continuidad de la medida cautelar impuesta al accionante fue instalada conforme a lo programado, ante lo cual su abogado debió considerar que esta no se podía llevar adelante sin su presencia porque se vulneraría el derecho a la defensa de su patrocinado; ii) No se advierte la vulneración del debido proceso alegada por el impetrante de tutela, dado que el Juez accionado reprogramó la audiencia por falta de defensa técnica del imputado; y, iii) El Ministerio Público fue el que solicitó la indicada reprogramación en resguardo del derecho a la defensa del peticionante de tutela, además de que lo relativo al control jurisdiccional del plazo para presentar requerimiento conclusivo no está estrechamente ligado a la libertad del imputado ni al plazo de duración de la detención preventiva, sino a la secuencia procedimental penal.
De la revisión de los antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto de 10 de agosto de 2022, -del Sistema de Registro Judicial (SIREJ)- emitido por Raúl Arnold Barriga Villegas, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí -ahora accionado-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Soledad Rosemery Clemente Cruz contra Arturo Cabrera Lima -hoy accionante-, por la supuesta comisión del delito de tentativa de violación; mediante el cual se dispuso la detención preventiva de este último en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del referido departamento por el plazo de tres meses, por razones de necesidad procesal; asimismo, señaló audiencia del cumplimiento para el 9 de noviembre de dicho año (fs. 3 a 6).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” e igualdad de partes, así como el principio de celeridad; esto debido a que el Juez accionado reprogramó la audiencia de control del plazo de duración de su detención preventiva de manera arbitraria y dando tiempo al Ministerio Público para que presente requerimiento de acusación o una solicitud de ampliación de su detención preventiva; pues al no contar con defensa técnica en la misma audiencia, la autoridad judicial accionada debió disponer un defensor de oficio y que la determinación de su situación jurídica se haga el mismo día, dado que hasta ese día se cumplió el plazo de duración de la medida cautelar, caso contrario debió disponer su libertad u otra medida menos gravosa. Ante ello, el Juez accionado señaló que la referida audiencia fue reprogramada dentro de las cuarenta y ocho horas, en consideración del derecho a la defensa del impetrante de tutela, dado que este asistió sin su defensa técnica. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
En cuanto al alcance del principio de subsidiariedad excepcional en acciones de libertad, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sistematizando el desarrollo de entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, sostuvo que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas corresponden al texto original).
Sobre el particular, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, recogiendo la línea jurisprudencial desarrollada sobre este medio y su alcance como mecanismo idóneo y eficaz intra proceso penal, precisó que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas nos corresponden).
Identificado el objeto procesal, de la revisión de los antecedentes procesales aparejados al expediente constitucional, se tiene que se trata de un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Soledad Rosemery Clemente Cruz contra el ahora accionante por la supuesta comisión del delito de tentativa de violación; en el cual, mediante Auto de 10 de agosto de 2022, el Juez accionado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santo Domingo de Cantumarca del departamento de Potosí, por el plazo de tres meses y señaló audiencia para control del cumplimiento de dicho plazo para el 9 de noviembre del mismo año (Conclusión II.1). Ahora bien, el impetrante de tutela señala que a pesar de la inasistencia de su abogado defensor a dicha audiencia, la autoridad accionada debió disponer un defensor de oficio y definir su situación jurídica el mismo día; sin embargo, reprogramó la referida audiencia para otro día, ampliando la privación de su libertad más allá del plazo dispuesto para su detención preventiva y otorgando igualmente al Ministerio Público más tiempo para presentar un requerimiento de acusación o solicitar la ampliación de la medida cautelar; por lo que, solicita se ordene su inmediata libertad o se modifique la medida cautelar a una menos gravosa. Asimismo, el peticionante de tutela señaló que dichos extremos fueron denotados por su defensa técnica en otra audiencia llevada a cabo el mismo día a horas 11:00, en la que se resolvió una anterior solicitud de cesación a la detención preventiva. En ese sentido, en atención a lo argumentado, los derechos señalados como vulnerados y el petitorio de la acción de libertad, se denuncia una especie de procesamiento indebido a partir de la reprogramación de audiencia de control de plazo de la detención preventiva dispuesta por la autoridad judicial accionada para otro día bajo el justificativo de que no asistió el abogado defensor del accionante. Entonces, si bien la dilucidación de medidas cautelares en el proceso penal es de naturaleza incidental, se tiene que su tramitación esta reglada por el Código de Procedimiento Penal y que cualquier determinación del Juez accionado que el impetrante de tutela considere actividad procesal defectuosa, es un aspecto de índole procesal que previamente debió ser reclamado por su abogado defensor ante la autoridad judicial accionada como contralor de garantías constitucionales, a través de un incidente de actividad procesal defectuosa, siendo este el medio idóneo para impugnar lo dispuesto por la autoridad accionada y lograr la restitución de sus derechos fundamentales (Fundamento Jurídico III.2); sin embargo, el peticionante de tutela y su abogado defensor no plantearon ningún incidente de forma escrita u oral en la audiencia de cesación a la detención preventiva llevada a cabo el 9 de noviembre de 2022 a horas 11:00, limitándose a realizar un simple señalamiento de dichos extremos. Por lo expuesto, al no haberse agotado el medio de impugnación idóneo para reclamar el indebido procesamiento, en la presente causa operó la subsidiariedad excepcional razonada por la jurisprudencia constitucional en acciones de libertad (Fundamento Jurídico III.1), correspondiendo denegar la tutela impetrada con la aclaración de que no se ingresó a resolver el fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2022 de 10 de noviembre, cursante de fs. 23 vta. a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada en base a los fundamentos precedentemente expuestos y con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática formulada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0355_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4152c11a52b13883af89e15510ff63894649e8e8b364c4750bb4d2c9e26e9493
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →