Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia que los Vocales demandados vulneraron sus derechos al debido proceso en su elemento a la fundamentación, a la libertad y a la presunción de inocencia, y al principio de in du bio pro reo; en razón a que, mediante Resolución de 26 de mayo de 2025, indebidamente rechazaron su denuncia de incumplimiento en el que incurrió el Auto de Vista 104/2025 de 30 de abril, que fue emitido como efecto de la concesión de la tutela por la Resolución 041/2025 de 22 de abril, que resolvió una primera acción de amparo constitucional; incidiendo en la misma omisión de la citada Sala Penal al diferir que en juicio oral se efectuará la valoración del Informe Pericial del IDIF, que desvirtuaba la probabilidad de autoría, prevista en el art. 233.1 del CPP.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/25 de 6 de junio de 2025, cursante de fs. 77 a 78 vta., pronunciada por la la Sala Civil, Social, de la Familiar, Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo, en suplencia legal de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del acto lesivo denunciado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0354/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 74295-2025-149-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 001/25 de 6 de junio de 2025, cursante de fs. 77 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Mamani Ventura en representación sin mandato de Walter Kumasuke Sosa Barriga contra Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocales de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.
Por memorial presentado el 4 de junio de 2025, cursante de fs. 1 a 3, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, se ordenó su detención preventiva, misma que se justificó en la existencia de investigaciones pendientes a realizarse, puesto que, se esperaba la llegada del resultado de las pruebas efectuadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), es así que, el Certificado Médico Forense mencionó que el desgarro himenial es de data antigua, no existe rastro de semen ni antígeno prostático, confirmando que no existió coito vaginal. Por lo anterior, solicitó la cesación de la medida cautelar impuesta, conforme a los arts. 233.1 y 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al considerar que la ausencia de coito vaginal desvirtuaba la probabilidad de autoría y los elementos del tipo penal que se le atribuye; sin embargo, el juez de primera instancia denegó lo peticionado, argumentando que el peritaje del IDIF debía valorarse en el juicio oral. Ante ello, interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, sin responder al motivo de la impugnación; razón por la cual, planteó acción de amparo constitucional, siendo concedida -por Resolución 041/2025 de 22 de abril- y ordenando la emisión de una nueva decisión, efectuando la valoración del Informe Pericial del IDIF; es así que, dando cumplimiento a lo referido, la citada Sala Penal pronunció el Auto de Vista 104/2025 de 30 de abril, mencionando que respecto al Informe Pericial del IDIF validó la decisión del juez a quo de diferir su valoración en el juicio oral y consideró dicha postergación coherente con el debido proceso, omitiendo así la orden emergente de la concesión del amparo constitucional. De manera que, denunció ese aspecto a la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -conformada por los Vocales ahora demandados- siendo respondida -por la Resolución de 26 de mayo de 2025-, rechazando la indica denuncia; ante ello, consideró que postergar la valoración pericial del IDIF para la etapa de juicio oral configura una sentencia anticipada, la presunción de culpabilidad induce a la acusación fiscal sin que esta prueba sea compulsada por esa instancia.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento a la fundamentación y a la libertad, sin citar preceptos constitucionales que los contenga.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se anule la Resolución de 26 de mayo de 2025; y, b) Se dicte una nueva resolución debidamente fundamentada “…puesto que no se puede señalar textualmente que al igual que al AUTO DE VISTA se disponga que el informe de IDIF sea valorado en JUICIO ORAL…” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 6 de junio de 2025, según consta en acta cursante de fs. 72 a 76 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló: 1) Se denunció un hecho suscitado el 4 de diciembre de 2024, en el que, la madre de la víctima afirmó que dos individuos introdujeron a su hija en un vehículo negro y sostuvieron relaciones sexuales con ella sin su consentimiento; por lo que, con base en el certificado médico -no especifica- y la declaración de la víctima se llevó acabo la audiencia de medidas cautelares -personales-, en la cual, lo referido fue determinante para establecer la probabilidad de autoría y su detención preventiva, como única garantía para asegurar la prosecución de la labor investigativa pendiente, consistente en la remisión de las muestras de hisopos al IDIF para establecer con certeza la existencia de coito vaginal; por consiguiente, una vez conocidos los resultados del mismo, el IDIF por Informe Pericial desacreditó su autoría en el delito que se le atribuye, puesto que, el certificado médico forense evidenció ausencia de lesiones genitales o paragenitales, así como, de desgarros himeneales antiguos; 2) El certificado médico forense establece que efectivamente hubo un hecho de violación de infante, niña, niño o adolescente “…pero no ha habido delito de violación…” (sic) de modo que, ante indicios de otro delito, la ley exige modificar la situación jurídica del detenido; 3) Pese a que la acción de amparo constitucional ordenó emitir un nuevo auto de vista valorando el citado Informe y certificado médico forense, solo se analizó la declaración de la víctima y de forma escueta lo señalado en primera instancia, inclusive se indicó “…que el art. 233 núm. 1 sobre la probabilidad de autoría no está hecho sobre piedra y que si o si puede ser modificado en cualquier momento…” (sic); 4) Los Vocales demandados al igual que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, admitieron no analizar de fondo el certificado médico forense ni el peritaje del IDIF, postergando su valoración al juicio oral; esta omisión lesiona sus derechos al debido proceso, la libertad personal y la presunción de inocencia, prevista en el art. 6 del CPP y garantizada por el art. 116 de la CPE, al convertir la detención preventiva en sentencia anticipada; 5) Se exige aplicar la norma más favorable y el in dubio pro reo; si bien, la víctima es una niña perteneciente a un grupo vulnerable, amparada por el principio de presunción de veracidad del Código Niña, Niño y Adolescente “…se le ha escuchado de que fue presumiblemente víctima de violación…” (sic); empero, dicha presunción cede ante pruebas objetivas que la desvirtúan, como el indicado Informe que descarta agresión sexual; 6) Surge una colisión entre el deber de proteger la declaración inicial de la víctima y el derecho del imputado a no ser juzgado bajo presunción de culpabilidad; 7) Ante la eventual referencia del amparo constitucional puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, se aclara que no se pretende suplantar dicha instancia, sino que el cuestionamiento se centra en el incumplimiento del deber procesal de valorar el peritaje del IDIF y el certificado médico forense, conforme al art. 233.1 del CPP, dado que, existe una resolución judicial inimpugnable mediante recursos ordinarios, salvo a través de esta acción de libertad; 8) Se aproximan seis meses de su detención preventiva durante ese tiempo se aportaron “diligencias” probatorias que acreditan su no participación en los hechos; 9) En el sistema acusatorio vigente, corresponde al Ministerio Público demostrar objetivamente la autoría, la ausencia de sentencia en este plazo convierte la prisión preventiva en una pena anticipada propia del sistema inquisitivo; 10) El art. 323 del CPP, establece que el Ministerio Público, al concluir la investigación debe definir los actos conclusivos correspondientes; sin embargo, dichos actos no pueden emitirse debido a la ausencia de elementos probatorios suficientes que los sustenten; y, 11) No solicita su libertad sino la nulidad de la Resolución de 26 de mayo de 2025, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; asimismo, que en la nueva resolución se conmine nuevamente al Vocal -se entiende de la jurisdicción ordinaria penal- para que las pruebas referidas sean valoradas en etapa preparatoria y establezca si concurren los presupuestos de los arts. 239.1 y 233.1 del CPP y no posponerlos para juicio oral.
Celsa Salazar Rodas, Vocal de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en audiencia solicitó declarar “improcedente” la acción de libertad y denegar la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: i) En el caso concreto, se tramita una acción de libertad y no un proceso penal, por lo que, la participación delictiva del accionante se dilucidará en la investigación o etapa de juicio oral; ii) Existen causales de “improcedencia”, en el marco del AC 0025/2018-RCA de 8 de febrero, que a su vez se sustenta en la Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1387/2019” y 1190/2019, que prevén el rechazo in limine en casos que se impugne o busque la modificación o anulación de una resolución constitucional; de igual modo, las Sentencias Constitucionales Plurinacional “0473” y 0353/2021-S3 de 14 de julio -esta última emergente de una acción tutelar planteada en su contra- declararon la improcedencia de acciones de defensa contra jueces o tribunales de garantías; así también, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0750/2017-S3 de 14 de agosto y 081/2014-S3 de 27 de octubre, establecen que resulta inviable impugnar o cuestionar resoluciones procedentes de acciones de defensa; y, iii) Se planteó una acción de amparo constitucional que fue resuelta por la Sala Constitucional a la cual pertenece, siendo concedida la tutela impetrada, posteriormente, la correspondiente Sala Penal dictó resolución en cumplimiento a lo antes señalado, empero, la parte accionante denunció ante su autoridad el incumplimiento de lo ordenado, y por consiguiente, a la lectura de la nueva decisión dio por cumplido lo decidido; en consecuencia, en el presente caso se ha interpuesto “dos amparos constitucionales”; por lo cual, es improcedente la formulación de este mecanismo constitucional. Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal -convocado para integrar la Sala Constitucional Primera- del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, no se apersonó a audiencia de consideración de esta acción de defensa ni presentó informe escrito, a pesar de su citación cursante a fs. 18.
La Sala Civil, Social, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo, en suplencia legal de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 001/25 de 6 de junio de 2025, cursante de fs. 77 a 78 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) En el proceso penal seguido contra el accionante, se solicitó la cesación de su detención preventiva, ante el rechazo de dicha solicitud, interpuso un recurso de apelación incidental, el cual confirmó la decisión impugnada, contra esta última resolución, el nombrado interpuso una acción de amparo constitucional, que fue resuelta mediante Resolución 041/2025 de 22 de abril, la cual concedió la tutela solicitada y ordenó a la Sala Penal y Administrativa del mencionado Tribunal emita una nueva resolución debidamente fundamentada; en consecuencia, se dictó el Auto de Vista 104/2025, que fue denunciado ante la citada Sala Constitucional por presunto incumplimiento, que a su vez fue resuelta por Resolución de 26 de mayo del citado año, rechazando la señalada denuncia al considerar que fue emitida en el marco del debido proceso; b) La parte accionante solicita la invalidación de la citada Resolución constitucional, argumentando que los documentos presentados como prueba demostrarían la no comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente por parte del imputado; c) A través de esta acción de libertad, se pretende viabilizar la valoración de dichas pruebas, que se alega no fueron consideradas en instancia de apelación para modificar su situación jurídica del accionante en el proceso penal; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido la improcedencia de impugnar total o parcialmente las resoluciones emitidas por jueces de garantías y el Tribunal Constitucional; y, d) En el presente caso, la Resolución de 26 del referido mes y año, dictada por la referida Sala Constitucional rechazó expresamente la denuncia por incumplimiento de la Resolución 041/2025, al no evidenciarse vulneración alguna; en consecuencia, no concurren los presupuestos que la jurisprudencia exige para la procedencia de esta acción de defensa. En vía de enmienda, complementación y aclaración, la parte accionante solicitó que se precise si la Resolución de 26 de mayo de 2025 -objeto de esta acción de libertad- es inimpugnable; si dicho pronunciamiento debe ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional para que esta instancia revise el rechazo de la denuncia por incumplimiento; y, cuál es el mecanismo procesal idóneo para cuestionar judicialmente dicho rechazo, ante el presunto incumplimiento de la Resolución 041/2025. Sobre el particular, la Sala Constitucional precisó que la jurisprudencia constitucional establece la improcedencia de acciones de defensa destinadas a impugnar -total o parcialmente- decisiones relativas al cumplimiento de resoluciones constitucionales.
A través del Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 85 a 90, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, resolvió la priorización en el sorteo de casos que involucran la vulneración de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes; en ese sentido, la Comisión de este Tribunal, procedió con el sorteo adelantado de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 92 a 96), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución 041/2025 de 22 de abril, dictada por Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, integrada por Celsa Salazar Rodas, Vocal Constitucional, con convocatoria de Jorge Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal del mismo Tribunal -demandados-, para resolver la acción de amparo constitucional presentada por Walter Kumasuke Sosa Barriga -accionante- contra Alex Eddy Pardo Zeballos, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del referido Tribunal, que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 062/2025 de 10 de marzo, disponiendo que en el plazo máximo de tres días, la autoridad judicial demandada emita una nueva resolución enmarcada en el derecho al debido proceso (fs. 49 a 51). II.2. Por Auto de Vista 104/2025 de 30 de abril, emitido en cumplimiento de la Resolución 041/2025 -constitucional-, Alex Eddy Pardo Zeballos, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del mencionado Tribunal, declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio 42/2025 de 28 de febrero, argumentando que el Informe Pericial del IDIF debe ser valorado en etapa de juicio (fs. 45 a 48). II.3. Cursa Resolución de 26 de mayo de 2025, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, a través de la cual, se rechazó la denuncia sobre incumplimiento de la Resolución 041/2025 presentada por el accionante mediante memorial de 6 del citado mes y año, con el pronunciamiento del Auto de Vista 104/2025, al evidenciar una explicación clara y fundamentada emergente de la actividad valorativa del Informe Pericial del IDIF y certificado médico forense -no especifica- para determinar la concurrencia de la probabilidad de autoría y la determinación de posponer la valoración final de dicho informe hasta el juicio oral es coherente con el derecho al debido proceso (fs. 5 a 7). II.4. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia la existencia de la acción de amparo constitucional interpuesta por el hoy accionante contra Alex Eddy Pardo Zeballos, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, signada con el número de expediente 72963-2025-146-AAC, y que fue resuelta por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 041/2025 de 22 de abril, por el que la citada Sala Constitucional concedió la tutela solicitada.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia que los Vocales demandados vulneraron sus derechos al debido proceso en su elemento a la fundamentación, a la libertad y a la presunción de inocencia, y al principio de in du bio pro reo; en razón a que, mediante Resolución de 26 de mayo de 2025, indebidamente rechazaron su denuncia de incumplimiento en el que incurrió el Auto de Vista 104/2025 de 30 de abril, que fue emitido como efecto de la concesión de la tutela por la Resolución 041/2025 de 22 de abril, que resolvió una primera acción de amparo constitucional; incidiendo en la misma omisión de la citada Sala Penal al diferir que en juicio oral se efectuará la valoración del Informe Pericial del IDIF, que desvirtuaba la probabilidad de autoría, prevista en el art. 233.1 del CPP.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0529/2018-S2 de 14 de septiembre, sobre ese tópico señaló que: «La improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe sentencia constitucional de una primera acción, del cual emerge el que se interpone, es otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el art. 53 del CPCo, cuyo origen tiene construcción jurisprudencial, con dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, como son: a) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, b) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-.
1En este sentido, el AC 0085/1999-R de 24 de agosto, señala: "…en lo sustancial se tiene que en los casos de 'desobediencia' a las resoluciones dictadas en recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso, sino la aplicación de las previsiones contenidas en el Art. 179 bis del Código Penal que sanciona con 2 a 6 años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 'funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; disposición legal que es desarrollo de la previsión constitucional del Art. 18-V de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 104 de la Ley 1836, todo ello sin perjuicio de la ejecución cabal e inmediata de lo determinado en la Resolución Constitucional correspondiente; por lo que no es de aplicación al caso de Autos, el recurso previsto por el Art. 18 carta fundamental del País". Entendimiento, que fue reiterado en las SSCC 0992/2000-R, 0477/2001-R, 1005/2003-R, entre muchas otras. Del mismo modo, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, sostiene: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala (…) `…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…´”. Así también, la SCP 0008/2012 de 16 de marzo, indica que: “…cuando las autoridades accionadas no dan cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior”. La SCP 0344/2012 de 22 de junio, también resaltó la ineficacia de la acción de amparo constitucional para el cumplimiento de otro amparo, refiriendo que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe mencionar la jurisprudencia constitucional que fue emitida con anterioridad en supuestos similares. Así se tiene que la SC 0591/2010-R de 12 de julio, refiriéndose a la falta de idoneidad en la presentación de una acción tutelar para lograr el cumplimiento de resoluciones de hábeas corpus -hoy acción de libertad- y amparo constitucional, señaló: 'Las resoluciones de la jurisdicción constitucional, deben ser cumplidas a través de los mecanismos que franquea la ley, no pudiendo activarse la acción de amparo constitucional, con el único fin de buscar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en un anterior amparo constitucional'”. Siguiendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, también manifiesta que sobre el supuesto incumplimiento a resoluciones pronunciadas en acciones tutelares: “`Este Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones´. Así en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: 'Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla general: «…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…», entendimiento que se puede encontrar en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre…'”. 2En esa línea de razonamiento, la SC 1387/2001-R de 19 de diciembre, expresa: "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" (el resaltado es nuestro). Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, establece que toda decisión asumida -por una autoridad o persona particular- en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional -emitida por el Tribunal de garantías o Tribunal Constitucional- es inimpugnable a través de otra acción de defensa: “Por lo anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: `contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno´, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: `Las En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”. En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el juez o tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de parte -accionante, demandada y también de manera excepcional, los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad, [SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero]- de remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP) modificado por la Disposición Final Cuarta del CPCo, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del CPCo, posibilita a las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno´. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas” (las negrillas son nuestras). Con el mismo criterio, la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determina que: “…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material” (el resaltado es nuestro). Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R, 0929/2003-R, entre otras. 3El FJ III.1 señala: “Ahora bien, en esta misma línea argumentativa se debe reconocer esta potestad a los terceros interesados. Empero, de manera excepcional, cuando el presunto acto lesivo converja sobre los mismos aspectos tutelados en una antelada acción de defensa, es preciso resaltar que si bien el art. 15.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresamente señala que: `Las sentencias declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional…´; circunscribiendo los alcances imperativos de los pronunciamientos constitucionales como la exigencia de su cumplimiento, a las partes -entendiéndose a las mismas en una concepción genérica, al accionante y a los demandados-; sin embargo, a fin de garantizar la eficacia y cumplimiento de los fallos constitucionales, excepcionalmente se reconoce la posibilidad que el tercero ajeno al proceso constitucional, pueda exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional, en la cual primigeniamente no fue parte -en un sentido estricto-, posibilidad que únicamente resulta admisible cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad; en pro de la objetivización del proceso constitucional, mismo que no puede en una miopía procesal proteger únicamente la situación individual del accionante, sino que debe evitar la activación recurrente, homogénea y sucesiva que emerja del ejercicio de la jurisdicción constitucional en acciones de defensa, que trasunten en circunstancias análogas de las cuales otra persona -tercero interesado- pueda resultar afectada”.
partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los jueces y tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla. De ahí, que la línea jurisprudencial citada precedentemente tiene la finalidad esencial de resguardar y proteger la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, siendo un derecho fundamental que emerge a su vez del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional; así como de resguardar la inmutabilidad e irrevisabilidad de la cosa juzgada constitucional, que se presenta cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa; es decir, identidad entre el problema jurídico resuelto en un primer amparo con el problema jurídico del segundo amparo; cosa juzgada que se encuentra prescrita en los art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional “…no cabe recurso ordinario ulterior alguno” y 16 del CPCo; pues se desnaturalizaría ese mandato, si se pretendería reabrir el debate en la justicia constitucional sobre el mismo problema jurídico constitucional ya resuelto, quedando afectado el principio de seguridad jurídica. En ese orden de ideas, se aclara que el cumplimiento de una sentencia constitucional tiene carácter principal, pues es la esencia misma de una acción de defensa, en cambio el proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales es una figura distinta, que puede seguirse de manera separada a la ejecución de la sentencia constitucional, pues tiene la finalidad de imponer una sanción penal al reticente que debe cumplir la orden adoptada. De ahí, que es posible dentro de la propia jurisdicción constitucional exigir a la autoridad o el particular que hubiere sido declarado responsable de la violación o amenaza a derechos fundamentales o garantías constitucionales a cumplir la orden en los términos pronunciados por la sentencia constitucional, independientemente a iniciar un proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales».
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento a la fundamentación, a la libertad, a la presunción de inocencia, y al principio de in du bio pro reo; toda vez que, los Vocales demandados de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando por Resolución de 26 de mayo de 2025, rechazaron la denuncia de incumplimiento de la Resolución 041/2025 de 22 de abril, que le concedió la tutela solicitada en una acción de amparo constitucional; puesto que, mediante la misma dejó sin efecto el Auto de Vista 062/2025 de 10 de marzo y ordenó al Vocal de la Sala Penal y Administrativa del citado Tribunal de Justicia a pronunciar una nueva resolución en marcada en el derecho al debido proceso.
Expuesto como se tiene el acto lesivo denunciado por el accionante, es pertinente hacer mención a las piezas procesales que contiene el expediente, es así que, se observa la Resolución 041/2025 de 22 de abril, pronunciada por Sala Constitucional del señalado Tribunal de Justicia, que resolvió la acción de amparo constitucional presentada por el accionante contra Alex Eddy Pardo Zeballos, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del referido Tribunal, que concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 062/2025 de 10 de marzo, disponiendo que en el plazo máximo de tres días, la autoridad judicial demandada emita una nueva resolución enmarcada en el derecho al debido proceso (Conclusión II.1); por consiguiente, el prenombrado Vocal dictó el Auto de Vista 104/2025 de 30 de abril, bajo el fundamento que el Informe Pericial del IDIF debe ser valorado en etapa de juicio, por lo que, declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio 42/2025 de 28 de febrero, que rechazó la solicitud de la cesación de la detención preventiva (Conclusión II.2).
Asimismo, se tiene, la Resolución de 26 de mayo de 2025, pronunciada por la indicada Sala Constitucional, rechazando la denuncia realizada por el accionante denunciando el incumplimiento de la Resolución 041/2025, ya que, considera que el Auto de Vista 104/2025 no obedeció lo determinado en los fundamentos jurídicos vertidos por la aludida Sala Constitucional; sin embargo, la misma al evidenciar que la explicación formulada por la última decisión por el citado Auto de Vista fue clara y fundamentada emergente de la actividad valorativa del Informe Pericial del IDIF y certificado médico forense -no especifica-para determinar la concurrencia de la probabilidad de autoría y la determinación de posponer la valoración final de dicho informe hasta el juicio oral es coherente con el derecho al debido proceso (Conclusión II.3). Ahora bien, previamente a ingresar al análisis de la problemática planteada por el accionante, es conveniente hacer alusión al precedente jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual establece la imposibilidad procesal de iniciar nuevas acciones de defensa cuando derivan de una antelada ya resuelta por la jurisdicción constitucional; puesto que, esa práctica desnaturaliza la ejecución inmediata de resoluciones de tribunales, jueces de garantías o salas constitucionales, quienes por disposición del Código Procesal Constitucional en su art. 40.II, prevé que, “…para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”, tienen las facultades para hacer cumplir sus determinaciones, es así que, no es posible dilucidar el cumplimiento o impugnar decisiones de acciones de defensa planteando un nuevo mecanismo tutelar, aspecto que restaría eficacia a las mismas y generaría una cadena interminable de acciones tutelares provocando una inseguridad jurídica.
De acuerdo a lo mencionado precedentemente, este Tribunal advierte que el accionante se encuentra imputado por la presunta comisión del ilícito penal de violación a infante, niño, niña y adolescente, encontrándose con detención de detención preventiva, por lo que, solicitó la cesación de la medida extrema, que fue rechazada por el juez de la causa, ante ello, planteó recurso de apelación incidental, siendo resuelta por Auto de Vista 62/2025, que confirmó la decisión impugnada, por lo cual, interpuso acción de amparo constitucional que fue concedida por la Sala Constitucional del referido Tribunal dictando la Resolución 041/2025, que dejó sin efecto el señalado Auto de Vista y ordenó a la autoridad demandada emitir una nueva resolución, es así que, en cumplimiento a lo dispuesto el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del citado Tribunal de Justicia pronunció el Auto de Vista 104/2025, que declaró la improcedencia del recurso de impugnación y confirmó el Auto Interlocutorio cuestionado.
Al no encontrarse conforme con esa decisión, el 6 de mayo de igual año, el accionante formuló denuncia de incumplimiento de la Resolución 041/2025 a la aludida Sala Constitucional, que fue resuelta por Resolución de 26 de ese mes y año, rechazando la indicada denuncia, dado por cumplida la citada Resolución; ante ello, el impetrante de tutela planteó la presente acción de libertad demandando a los Vocales que conformaron la Sala Constitucional y denunciando que el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del referido Tribunal de Justicia no dio cumplimiento a la Resolución 041/2025, por lo que, considera que se vulneró sus derechos al debido proceso en su elemento a la fundamentación, a la libertad, a la presunción de inocencia, y al principio de in du bio pro reo. De acuerdo a lo expuesto, se evidencia con claridad que lo pretendido por el peticionante de tutela con esta acción de defensa es que este Tribunal ingrese a analizar el supuesto incumplimiento de la Resolución 041/2025 que fue dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que concedió la tutela, pese a que, la referida Sala Constitucional por Resolución de 26 de mayo de ese año, rechazó la denuncia de desobedecimiento y dio por cumplida su anterior decisión; por consiguiente, lo peticionado por el accionante -anulación de la prenombrada Resolución- resulta ser improcedente, conforme el desarrollo jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que, la Resolución 041/2025 deviene de la primera acción tutelar presentada por el accionante y no es permisible que para su ejecución o cumplimiento, la parte accionante otra vez active la jurisdicción constitucional para ese objetivo, ya que, a través de la contestación a la denuncia la Sala Constitucional efectuó la exegesis correspondiente del nuevo Auto de Vista 104/2025 dictada por la Sala Penal y Administrativa y dio por cumplida con su determinación, encontrándose conforme con los fundamentos jurídicos esgrimidos, ante ello, actuó acorde a sus facultades y atribuciones legales. Por consiguiente, la vía constitucional no puede volver aperturarse para la revisión de decisiones dispuestas por un juez, tribunal de garantías y salas constitucionales, dado que, forman parte de la jurisdicción constitucional y por lo mismo, sus decisiones son de cumplimiento obligatorio e inmediato, por esa razón, resulta imposible acudir a la jurisdicción constitucional con esas pretensiones, puesto que, lo contrario solo ocasionaría una innumerables e inagotable interposiciones de los mecanismos de tutela desnaturalizando los motivos de su constitución legal, jurisprudencial y doctrinal. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que el expediente 72963-2025-146-AAC de acción de amparo constitucional interpuesta por el hoy accionante contra el Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, fue resuelta por la Sala Constitucional del citado Tribunal de Justicia, mediante Resolución 041/2025 de 22 de abril (Conclusión II.4); encontrándose el mismo en la Comisión de Admisión aguardando turno para su sorteo y correspondiente revisión de acuerdo al art. 202.6 de la Ley Fundamental, siendo evidente con esto, que aún queda pendiente el análisis que este Tribunal efectuara del acto lesivo que denunció, en consecuencia, en concordancia de lo razonado no es permisible interponer una nueva acción tutelar, en el presente caso una acción de libertad, para pedir el cumplimiento de la decisión constitucional en primera instancia de la anterior acción de amparo constitucional, ante ello, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar a la dilucidación de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/25 de 6 de junio de 2025, cursante de fs. 77 a 78 vta., pronunciada por la la Sala Civil, Social, de la Familiar, Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo, en suplencia legal de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del acto lesivo denunciado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0354_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4b829211decd016f265ef2797fa03052d5721e6e15411584bade63d7c6b13da2
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