Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa, toda vez que: la autoridad judicial accionada, habiendo considerado la solicitud de procedimiento inmediato impetrada por la representación del Ministerio Público, admitiendo la misma a través de la resolución 115/2022 de 17 de febrero, sin ningún fundamento concreto para su procedencia, incurrió en las siguientes irregularidades: i) Se apartó de la exigencia taxativa inserta en el art. 393.II Ter del CPP, debido a que en audiencia, sin fundamento o mención alguna del porque era viable, arbitrariamente acepto otorgar los treinta días de plazo para realizar actos complementarios, pese a que la representación del Ministerio Público no justificó si dicho plazo era requerido para realizar actos investigativos o para recuperación de evidencia complementaria; ii) La resolución, al sustentarse en el art. 230 del CPP, más no en la disposición inserta en el art. 393 Bis y Ter del mismo compilado legal, lesiona el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y ..
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 41/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto al derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por las razones y fundamentos expuestos en las problemáticas III.3.1 y III.3.2 de la presente sentencia constitucional plurinacional. 2° Disponer la nulidad del Auto Interlocutorio N° 115/2022 de 17 de febrero, y en su caso la autoridad judicial accionada, en el plazo de 24 horas de conocer el presente fallo emita otro, bajo el razonamiento asumido y descrito en las problemáticas III.3.1 y III.3.2 del citado fallo en cuestión. 3° DENEGAR la tutela, en cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y derecho a la defensa, descritas en la problemática III.3.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0354/2023-S1 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46668-2022-94-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 41/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 108 vta, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gerardo David Costas León contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro.
Por memoriales presentados el 23 de marzo de 2022, cursante de fs. 64 a 68 la parte accionante expresó los siguientes argumentos.
Al haber sido aprehendido en “flagrancia” e imputado por el supuesto delito de Estafa y Estelionato con agravante de víctimas múltiples, fue sometido a audiencia de medidas cautelares, donde previamente el Juez de la causa, desnaturalizando el objeto de la flagrancia inserta en el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP), consideró la solicitud de procedimiento inmediato impetrada por el Ministerio Público, siendo admitida a través del Auto Interlocutorio 115/2022 de 17 de febrero, apartándose de la exigencia inserta en el art. 393.II Ter del CPP, debido a que en audiencia, sin fundamento o mención alguna del porque era viable, arbitrariamente acepto otorgar treinta días de plazo para realizar actos complementarios, pese a que la representación del Ministerio Público no justificó si dicho plazo era requerido para realizar actos investigativos o para recuperación de evidencia complementaria; además que la resolución se sustentó en el art. 230 del CPP, más no en la disposición inserta en el art. 393 Bis y Ter del mismo compilado legal. Finalmente al ser imputado, se consignó el monto de Sus131 000.- (Ciento treinta y un mil dólares estadounidenses), cuando el día del hecho, al ser aprehendido, se ..
encontraba recibiendo el monto de Bs69 700.- (Sesenta y nueve mil setecientos bolivianos), desviándose del objeto del procedimiento inmediato.
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación y motivación, derecho a la defensa, citando al efecto los arts. 115. II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
El peticionante de tutela solicita se conceda la tutela, y se anule el Auto Interlocutorio 115/2022 de 17 de febrero evacuado por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas convoque a nueva audiencia y emita nuevo fallo conforme la exigencia inserta en el art. 393 Ter del CPP, rechazando la aplicación de procedimiento inmediato.
Celebrada la audiencia el 28 de marzo de 2022, según se tiene del acta de audiencia cursante de fs. 97 a 101, se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela, a través de su abogado defensor, se ratificó inextenso en el contenido del memorial de acción tutelar.
Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito de 28 de marzo de 2022, cursante a fs. 88 de obrados, solicito se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que la aceptación del procedimiento inmediato conllevaría a realizar un juicio oral con celeridad según el art. 393 CPP quinquier, más no un proceso ordinario que puede tardar varios meses, ya que a la compulsa de los antecedentes, aceptó el procedimiento inmediato conforme con lo estipulado en los arts. 230 y 393 Bis del CPP, donde el Ministerio Público hizo conocer en audiencia el acta de aprehensión en flagrancia del imputado –accionante- recibiendo sumas de dinero, facultando al juzgador dar aplicabilidad al procedimiento inmediato; que la suma varíe, no resultan aspectos para rechazar el procedimiento inmediato, disponiéndose el plazo de treinta días de investigación complementaria, para luego ser dilucidado en juicio oral.
Lidia Mamani Ortiz, pese a su legal notificación cursante a fs. 75 de obrados, no presento informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de acción de defensa.
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Pedro Luís Claros Torrico y Ximena Quispe Mamani, no presentaron informe escrito, empero participando en audiencia de acción tutelar, mediante su abogado apoyaron la solicitud de concesión de tutela y pidieron la nulidad de la resolución cuestionada, expresando lo siguiente: a) Las víctimas del hecho, han sido estafadas por el imputado –accionante-, en razón a depósitos discontinuos depositados a su persona, y el día del hecho fue sorprendido en flagrancia al estar recibiendo otro monto, donde se percataron que el mismo no era propietario del inmueble utilizando un poder de una persona fallecida, siendo el delito instantáneo; b) Conforme expresa el art. 230 del CPP, este se activa a momento de cometer el hecho, adquiriendo la flagrancia bajo los alcances del art. 393 núm. 3 de la cita norma procesal penal; c) Es evidente que la autoridad judicial accionada, en su informe no considera lo que supone la garantía del debido proceso inserto en los art. 115.II y 119.II de la CPE, mismos que buscan la verdad material del hecho, extremo que no consideró el juez de la causa para llevar adelante un proceso justo, no solo para el imputado, sino para las partes en conflicto; y, d) La solicitud del Ministerio Público en cuanto al tiempo ha sido insuficiente para poder llevar adelante un juicio oral, medida que puede dejar en impunidad lo denunciado, siendo necesario llevar adelante un juicio ordinario donde se abra una etapa preparatoria para esclarecer el hecho, por tal razón la resolución no se encuentra debidamente fundamentada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante la Resolución 41/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 108 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo anular el Auto Interlocutorio 115/2022 de 17 de febrero, como los demás actos emitidos con posterioridad, vinculados a la pre citada resolución, para que en el plazo de veinticuatro horas se emita nuevo pronunciamiento en cuanto a la aplicación del procedimiento inmediato, bajo los siguientes fundamentos: 1) El juez accionado, dispuso la aceptación del instituto jurídico de procedimiento inmediato para delitos en flagrancia; y sin señalar cuales dispusieron la realización de actos complementarios por treinta días; 2) La resolución adolece de razonamiento básicos para dar continuidad efectiva al procedimiento penal, uno de estos razonamientos básicos es la discusión sobre lo que constituye la flagrancia, resolución que no contempla ni su minino contenido expresamente inserto en el art. 230 del CPP, que en su oportunidad debe ser advertido por autoridades policiales, servidores, inclusive personas particulares, para aprehender a una persona a momento de cometer un delito; 3) No se analizó los componentes del delito de estafa y de estelionato, que tiene como presupuesto esencial la disposición patrimonial; 4) En cuanto a la imputación formal, se establece que de manera secuencial, continua se procedió a la disposición patrimonial, independientemente de que si el hecho constituyera o no delito, no resulta labor del tribunal de garantías analizar ese elemento; 5) Referente al art. 393 bis del CPP, la autoridad jurisdiccional se limitó a manifestar que existió un acta de aprehensión en flagrancia, y sin mayor fundamento, sin realizar ningún contraste legal y doctrinal de los tipos penales, entendiendo como único requisito la presentación y acreditación de la aprehensión en flagrancia, que ..
al final constituyó como elemento para la autoridad judicial, lesionando el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, argumentación lógico jurídico razonable de los hechos, tocando el derecho a la defensa del imputado como de los terceros interesados, impidiendo el desarrollo del proceso en un grado de igualdad procesal; 6) El fallo carecería de efectividad, no contando con estructura, siendo insuficiente e incompleto; que bajo el razonamiento asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en sentido de ninguna resolución que se encuentre ejecutoriada, puede ser efectiva al ser obtenida mediante la vulneración de derechos primordiales; y, 7) La tutela se activa por lo componentes descritos, modulando sus efectos en la vía de su dimensionamiento.
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de imputación formal de 15 de febrero de 2022, de fs. 6 a 13 por el cual el Ministerio Público, imputa formalmente a Gerardo David Costas León –accionante-, por los delitos de Estafa y Estelionato, solicitando entro otros la aplicación de procedimiento inmediato señalando lo siguiente:
“Conforme la teoría fáctica, probatoria, y jurídica que presenta el Ministerio Público, se establece la existencia de un hecho flagrante, a este conforme establece el art. 230 conexo al Art. 393 Bis. y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se SOLICITA, LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO INMEDIATO, en el antecedente de que se cuenta con suficientes elementos de convicción en contra de: GERARDO DAVID COSTAS LEÓN, por la comisión del delito de ESTAFA Y ESTELIONATO CON AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLES, TIPOS PENALES PREVISTOS Y SANCIONADOS POR LOS Art. 335 y Art. 337 EN RELACION DEL Art. 346 Bis CONEXO AL Art. 20 TODOS DEL CODIGO PENAL.- Asimismo si bien se cuenta con suficientes elementos de convicción en contra del imputado, conforme establece el Art. 393 Numeral i) inciso 2) del Código de Procedimiento Penal solicitando que se nos otorgue el plazo de 30 (Treinta) días para realizar actos complementarios en la etapa preparatoria, por lo que cumpliendo el plazo el Ministerio Público hará llegar a su autoridad el requerimiento conclusivo conforme a ley” (sic [fs. 6 a 13]).
“Lo que más nos habla del Art. 335 y 337, asimismo se establece la concurrencia de flagrancia, siendo que establece el Art. 230 del C.P.P. ha sido aprendido en flagrancia magistrado, el artículo 30 dolo ha existido desde un principio dolo por parte del ahora imputado y así mismo el articulo 20 como el autor, del código Penal, con esa teoría fáctica probatoria y jurídica se puede establecer que la conducta del ahora imputado se subsume plenamente a los tipos penales que hemos venido a denunciar que son estafa y estelionato con agravante de víctimas múltiples tipos penales previstos en los artículos 335, 337 con relación al artículo ..
346 bis del Código Penal conexo al Art. 20 como autor siendo que el ahora imputado a sabiendas que su hermano estaba fallecido hace un uso indiscriminado de este poder para obtener para si un beneficio económico, magistrado, siendo que la parte victima despliegue su patrimonio que haciende a 120,000 dólares americanos esa es la actitud o conducta que asumido para el delito de estafa a echo caer en error y el estelionato magistrado ha seguido usando ese poder como si fuera propietario ha intentado vender a las víctimas el bien inmueble que tiene declaratoria de herederos es decir que la esposa del difunto y sus hijos se han declarado herederos, como les corresponde y por ley les faculta magistrado, en ese entendido magistrado conforme al artículo 301, 302 del Código de Procedimiento Penal, asimismo el articulo 40 numeral 11 de la Ley del Ministerio Publico, imputa formalmente al señor Gerardo David Costas León por la presunta comisión del delito de estafa y estelionato con agravante de víctimas múltiples el mismo sancionado por artículos ya mencionados del Código Penal, vamos a solicitar la aplicación de procedimiento inmediato magistrado, en el entendido y conforme establece en el artículo 230 conexo al artículo 393 bis, que el imputado ahora aprendido ha sido sorprendido en flagrancia tal como corresponde y se va analizar en el acta de consignación de registro de persona sorprendida en flagrancia es decir que el único requisito que pueda activar este procedimiento especiales la aprehensión en flagrancia tal como establece el artículo 230 conforme al artículo 393 bis si bien se tiene suficientes elementos de convicción magistrado vamos a solicitar a su digna autoridad conforme al artículo 393 bis numeral 1) inc. 2 del Código de Procedimiento Penal un tiempo de 30 días Para hacer las complementaciones en el presente caso una vez cumplido el plazo el Ministerio Publico hará llegar a su digna autoridad el requerimiento conclusivo correspondiente...” (sic [fs. 33). II.3. Consta Auto Interlocutorio 115/2022 de 17 de febrero, por el cual, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro –accionado-, haciendo referencia a la solicitud de procedimiento inmediato impetrada por el Ministerio Público, resolvió disponer lo siguiente:
“…VISTOS 17 de febrero de 2022 vistos la imputación formal a resuelto el procedimiento inmediato lo ha fundamentado en la presente audiencia por las partes procesales y demás antecedentes, el Ministerio Publico fundamenta que afecto de poder disponer el procedimiento inmediato simplemente se debe cumplir con el Art. 230 del Código de Procedimiento Penal aspecto que es probado y demostrado manifiesta mediante el acta de aprehensión del ahora imputado, por lo mismo solicita se aplique dicho instituto jurídico, el abogado del imputado viene en este caso a objetar dicho instituto jurídico manifestando en concreto que existe contradicciones en las fundamentaciones del Ministerio Publico, pues solicita 30 días a efecto de realizar actos investigativos pero contrariamente solicita dos meses de detención preventiva, también para realizar actos investigativos, contrariedad que a criterio del abogado del imputado pondría en duda la aplicación del procedimiento inmediato, así mismo refiere contar con elementos de convicción o pruebas suficientes a efectos de que este asuma su defensa ya sea en la presente causa, o en juicio oral, de ahí que menciona que incluso requiere el secuestro del celular y la pericia científica de dicho aparato celular de ahí que solicita se niegue el procedimiento inmediato y que disponga el procedimiento inmediato siendo que esto es así este despacho jurisdiccional entiende lo siguiente, efectivamente el Art. 230 establece los requisitos que debe cumplir a efectos de que pueda establecer si el imputado a subsumido su conducta de estafa y estelionato e incluso si ha sido detenido en flagrancia, de ahí que también ..
se tiene que tomar en cuenta el Art.239 bis del Código de Procediendo Penal, en ese mérito del fundamento del Ministerio Publico, el acta del aprehensión en flagrancia son requisitos especiales que se requiere a efectos de poder disponer procedimiento inmediato las cuales se han cumplido por el represéntate del Ministerio Publico y que además mediante resolución este despacho jurisdiccional ha señalado que probablemente se han cumplido con los requisitos establecidos a efectos de poder disponer o analizar el delito de estafa y estelionato en favor del ahora imputado por esos fundamentos este despacho jurisdiccional a de extender una prueba documental idónea otorgado por la otra competente donde señala que el imputado es aprehendido en flagrancia este despacho jurisdiccional entiende que es procedente el procedimiento inmediato, por lo mismo vamos a disponer lo siguiente:
Al amparo del Art. 54,123, 230, 293 bis del Código de Procedimiento Penal, por los fundamentos emitidos precedentemente este tribunal acepta el instituto jurídico de procedimiento inmediato en la presente causa a ese efecto se dispone de que el Ministerio Publico en el plazo solicitado de 30 días realice actos complementarios de la etapa preparatoria y a su cumplimiento debe referir lo que en derecho corresponda, 30 días de que se computa conforme a derecho y que no vamos a permitir conforme a Control Jurisdiccional, ampliar dichas medidas porque es taxativo el Art. 293 bis del Código de Procedimiento Penal, la presente resolución que acabo de disponer no es susceptible de recurso de apelación están notificados con la misma el Ministerio Publico, víctima y parte imputada y hágase conocer a los demás sujetos procesales conforme a derecho, alternativamente las partes procesales deben tomar en cuenta que el ciudadano al ser una persona adulta mayor y que además tener un enfermedad de base conforme relata el abogado, pero con solo verificar su cedula de identidad se tiene que el mismo tiene más de 65 años de edad por lo mismo se están tomando en cuenta y juzgado con esta perspectiva del adulto mayor, detenerlo al ahora imputado seria transgredir la normativa establecida en el Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, y que además transgredir su derecho a la salud por este fundamento se están disponiendo medidas cautelares distintas a la detención preventiva por secretaria expídase el correspondiente mandamiento de libertad provisional en favor del mimo a Concluido la presente audiencia” (sic [fs. 43 y vta.).
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa, toda vez que: la autoridad judicial accionada, habiendo considerado la solicitud de procedimiento inmediato impetrada por la representación del Ministerio Público, admitiendo la misma a través de la resolución 115/2022 de 17 de febrero, sin ningún fundamento concreto para su procedencia, incurrió en las siguientes irregularidades: i) Se apartó de la exigencia taxativa inserta en el art. 393.II Ter del CPP, debido a que en audiencia, sin fundamento o mención alguna del porque era viable, arbitrariamente acepto otorgar los treinta días de plazo para realizar actos complementarios, pese a que la representación del Ministerio Público no justificó si dicho plazo era requerido para realizar actos investigativos o para recuperación de evidencia complementaria; ii) La resolución, al sustentarse en el art. 230 del CPP, más no en la disposición inserta en el art. 393 Bis y Ter del mismo compilado legal, lesiona el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y ..
motivación; iii) Al ser imputado, se consignó el monto de Sus131 000.- (Ciento treinta y un dólares estadounidenses), cuando el día del hecho, al ser aprehendido, se encontraba recibiendo el monto de Bs 69 700.- (Sesenta y nueve mil setecientos bolivianos), desviándose del objeto del procedimiento inmediato. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El contenido esencial de la debida fundamentación y motivación; y, la arbitrariedad en la fundamentación y motivación; b) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, en su art. 117.I, dispone que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos constitucionales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido y comprende una triple dimensión; es decir, como principio, garantía y derecho, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.
En ese marco, y siendo que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y leyes específicas, éste debe entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; en tal razón, y por la fuerza fundamental que tiene como garantía, el debido proceso contiene numerosos elementos que lo configuran, siendo algunos: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones.
Ahora bien, este importantísimo derecho fundamental en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como exigencias ineludibles en la emisión de toda resolución sea esta judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, ..
sentencia, auto, u otros, que resuelva un conflicto o una pretensión, ha merecido un desarrollo especial por la jurisprudencia constitucional efectuándose interpretaciones amplias y protectoras de este derecho, otorgando parámetros para su consideración y aplicación en la administración de justicia; así, se fueron emitiendo líneas uniformes sobre su alcance; entre ellas es menester citar a la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual se constituye en precedente en vigor, ya que efectuó un desarrollo interpretativo sobre el contenido esencial de estos elementos de la fundamentación y motivación, con la finalidad que a través de la aplicación directa de los mismos garanticen el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos; por lo que, identificando cuatro finalidades determinantes para el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, desarrolló las mismas, siendo las siguientes:
“1. El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de 1 En su F.J. III.1 “El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública. Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo. En ese orden de ideas, conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos. En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.”
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constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). 2. Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:
a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”.
En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”.
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b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]”. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”. En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”.
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Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto” (el resaltado es añadido).
En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidades, derecho a la impugnación y principio de publicidad-; pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia de que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y estas deben ser subsumidas específicamente al derecho, y ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento ..
jurídico, en el entendido de que la Constitución Política es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia.
En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la citada SCP 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida de que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que esta compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señala que:
“3. Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión. Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP. (…) 4. La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo las decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas.
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Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando, por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: ‘…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...’” (las negrillas adicionadas).
Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, relacionada con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:
“(5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las ..
pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada. De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento.” En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal Constitucional vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad.
La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala:
La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
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I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. En ese contexto, el entonces Tribunal Constitucional en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, refiriéndose a la subsidiariedad señaló que debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el amparo constitucional. Asimismo, la SC 0492/2003-R de 15 de abril, sobre el mismo tema precisó que:
“…el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras que no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo...” Siguiendo dicho razonamiento a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre 2 , sostuvo que: ”…el recurso de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria”, del cual se extraen las siguientes sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad:
1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en ..
el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución. (Las negrillas son incorporadas) De lo que se concluye que, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros los medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establece los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.
La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, a la defensa, toda vez que: la autoridad judicial accionada, habiendo considerado la solicitud de procedimiento inmediato impetrada por la representación del Ministerio Público, admitiendo la misma a través de la resolución 115/2022 de 17 de febrero, sin ningún fundamento concreto para su procedencia, incurrió en las siguientes irregularidades: i) Se apartó de la exigencia taxativa inserta en el art. 393.II Ter del CPP, debido a que en audiencia, sin fundamento o mención alguna del porque era viable, arbitrariamente acepto otorgar los treinta días de plazo para realizar actos complementarios, pese a que la representación del Ministerio Público no justificó si dicho plazo era requerido para realizar actos investigativos o para recuperación de evidencia complementaria; ii) La resolución, al sustentarse en el art. 230 del CPP, más no en la disposición inserta en el art. 393 Bis y Ter del mismo compilado legal, lesiona el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; iii) Al ser imputado, se consignó el monto de Sus131 000 (Ciento treinta y un dólares estadounidenses), cuando el día del hecho, al ser aprehendido, se encontraba recibiendo el monto de Bs 69 700.- (Sesenta y nueve mil setecientos bolivianos), desviándose del objeto del procedimiento inmediato. Identificada la problemática, incumbe remitirnos a los antecedentes; así, se tiene que: Por imputación formal de 15 de febrero de 2022, el Ministerio Público imputo formalmente al hoy accionante por los delitos de Estafa y Estelionato, entre otros solicitó la aplicación de procedimiento ..
inmediato, en el antecedente de contar con suficientes elementos de convicción en contra del imputado –accionante- por la comisión del delito de ESTAFA Y ESTELIONATO CON AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLES, requiriendo se les otorgue treinta días para realizar actos complementarios en la etapa preparatoria (Conclusión II.1) Consta Acta de audiencia, en la que el Ministerio Público fundamentado su requerimiento en cuanto al procedimiento inmediato, señalo que el imputado al haber sido sorprendido en flagrancia, constando el acta de consignación de registro de persona sorprendida, conforme prevé el artículo 393 bis numeral 1) inc. 2 del CPP, requiere un plazo de treinta días para hacer complementaciones en el presente caso, una vez cumplido el tiempo hará llegar el requerimiento conclusivo correspondiente (Conclusiones II.2). Mediante Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2022, la autoridad accionada, considerando la solicitud de procedimiento inmediato, dispuso al amparo del Art. 54, 123, 230, 293 bis del CPP, aceptar el pedido formulado por el ministerio público, otorgando el plazo solicitado de treinta días para que realice actos complementarios de la etapa preparatoria (Conclusión II.3). Bajo esos antecedentes, la parte accionante en esencia denuncia tres actos vulneratorios, mismos que serán compulsados seguidamente:
Se denuncia que: El juez accionado, al momento de emitir la resolución 115/2022 de 17 de febrero, se apartó de la exigencia taxativa inserta en el art. 393.II Ter del CPP, debido a que en audiencia, sin fundamento o mención alguna del porque era viable, arbitrariamente acepto otorgar los treinta días de plazo para realizar actos complementarios, pese a que la representación del Ministerio Público no justificó su dicho plazo era requerido para realizar actos investigativos o para recuperación de evidencia complementaria.
A efectos de contraste, en audiencia de medidas cautelares de 17 de febrero, la autoridad fiscal, pronunciándose en cuanto a su requerimiento de procedimiento inmediato señalo lo siguiente:
“…vamos a solicitar la aplicación de procedimiento inmediato magistrado, en el entendido y conforme establece en el artículo 230 conexo al artículo 393 bis, que el imputado ahora aprendido ha sido sorprendido en flagrancia tal como corresponde y se va analizar en el acta de consignación de registro de persona sorprendida en flagrancia es decir que el único requisito que pueda activar este procedimiento especiales la aprehensión en flagrancia tal como establece el artículo 230 conforme al artículo 393 ..
bis si bien se tiene suficientes elementos de convicción magistrado vamos a solicitar a su digna autoridad conforme al artículo 393 bis numeral 1) inc. 2 del Código de Procedimiento Penal un tiempo de 30 días Para hacer las complementaciones en el presente caso una vez cumplido el plazo el Ministerio Publico hará llegar a su digna autoridad el requerimiento conclusivo correspondiente...” Citando la resolución cuestionada, el juez accionado, en relación al procedimiento inmediato, resolviendo lo peticionado por el accionante. resolvió que: “POR TANTO: Al amparo del Art. 54,123, 230, 293 bis del Código de Procedimiento Penal, por los fundamentos emitidos precedentemente este tribunal acepta el instituto jurídico de procedimiento inmediato en la presente causa a ese efecto se dispone de que el Ministerio Publico en el plazo solicitado de 30 días realice actos complementarios de la etapa preparatoria y a su cumplimiento debe referir lo que en derecho corresponda…” (Conclusión II.2). Bajo tales argumentos, corresponde en primera instancia remitirnos al Fundamento Jurídico III.1, el cual estableció que la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica; En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”. En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la ..
prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. Bajo dicha descripción constitucional, compulsando lo antecedentes de la causa, se establece que la denuncia resulta evidente, ya que inicialmente verificamos que la autoridad fiscal a momento de intervenir en audiencia de medidas cautelares, fundamentando su requerimiento en cuanto a la solicitud de procedimiento inmediato textualmente señalo requerir “un tiempo de trienta días para hacer las complementaciones en el presente caso una vez cumplido el plazo el Ministerio Publico hará llegar a su digna autoridad el requerimiento conclusivo correspondiente…” (Conclusión II.2); bajo dicho pedido la autoridad judicial accionada, realizando una descripción genérica, sin detallar cuales o que actos complementarios serían necesarios de realización por parte de la Fiscalía, además omitiendo que dicha instancia acusadora no detallo o incidió sobre qué base fáctica requería la otorgación de dicho plazo, admitió el mismo, error que desemboco en aceptar en instituto jurídico de procedimiento inmediato; entonces, aquel razonamiento no resultando lógico, porque el presente caso en cuanto a lo desarrollado en la resolución cuestionada, este no se ajusta a la razón de la decisión asumida, porque no se detalló el tema probatorio sobre cual trabajaría el Ministerio Público en aquellos treinta días; extremo equivoco que incidió para aceptar el procedimiento inmediato.
En consecuencia, se establece que tal cuestionamiento resulta cierto, en razón de que el argumento genérico inserto en la parte dispositiva del Auto Interlocutorio 115/2022 de 17 de febrero, contiene una motivación arbitraria, porque fue sustentada con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio.
Por los fundamentos vertidos, corresponde conceder la tutela requerida respecto a esta problemática.
Habiéndose denunciado que: La resolución, al sustentarse en el art. 230 del CPP, más no en la disposición inserta en el art. 393 Bis y Ter del mismo compilado legal, lesiona el derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación.
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Ahora bien, contrastando la denuncia en cuanto a esta problemática, es imperioso citar lo resuelto por la autoridad accionada, quien a través de su fallo hoy cuestionado, determinó lo siguiente: “POR TANTO: Al amparo del Art. 54, 123, 230, 293 bis del Código de Procedimiento Penal, por los fundamentos emitidos precedentemente este tribunal acepta el instituto jurídico de procedimiento inmediato en la presente causa a ese efecto se dispone de que el Ministerio Publico en el plazo solicitado de 30 días realice actos complementarios de la etapa preparatoria y a su cumplimiento debe referir lo que en derecho corresponda, 30 días de que se computa conforme a derecho y que no vamos a permitir conforme a Control Jurisdiccional, ampliar dichas medidas porque es taxativo el Art. 293 bis del Código de Procedimiento Penal…” (Conclusión II.2). El Fundamento Jurídico III.1, señalo que, la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la Constitución Política es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales; en cuanto a la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica; En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”.
b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]”.
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Con dicha referencia, al contraste de los antecedentes, se establece que la denuncia formulada por el accionante en cuanto a este punto, también resulta evidente, en razón de que la autoridad demandada, en la parte dispositiva de su fallo, de manera equivoca hace alusión al art. 293 del CPP, el cual está referido a la intervención policial preventiva (diligencias preliminares), más no así al instituto jurídico de procedimiento inmediato para delitos flagrantes inserto en el art. 393 bis y ter del CPP. Cabe establecer que dicha cita legal no conlleva relación con el caso en concreto, además dentro del fallo no mereció mayor desarrollo al respecto. Se concluye, que la autoridad accionada omitió realizar un enlace en cuanto a ambos institutos jurídicos: flagrancia (art. 230 CPP ) y procedimiento inmediato respecto a delitos en flagrancia (art. 393 bis y ter CPP); demostrándose que el citado fallo, en su parte conclusiva desarrolló razonamiento con norma legal ajena al caso traído en revisión, pues como autoridad tenía la obligación de señalar con certeza la disposición legal sobre la cual justificaría su decisión, aplicando pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, y de ser necesario interpretando la normativa aplicable que constituya una 3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Artículo 230º.- (Flagrancia). Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo, de cometerlo o inmediatamente después mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o los testigos presenciales del hecho. 4 Artículo 393 bis. (Procedencia). En la resolución de imputación formal, el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes conforme a las normas del presente Título, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia.
Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo será posible si todos se encuentran en la situación prevista en el párrafo anterior y estén implicados en el mismo hecho.
Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumularán al procedimiento inmediato por flagrancia. Artículo 393 ter. (Audiencia). En audiencia oral el juez de instrucción escuchará al fiscal, al imputado y su defensor, a la víctima o al querellante, verificará el cumplimiento de las condiciones de procedencia previstas en el Artículo precedente y resolverá sobre la aplicación del procedimiento.
Si el juez acepta la aplicación del procedimiento inmediato por flagrancia, en la misma audiencia el fiscal podrá:
1. Solicitar la aplicación de una salida alternativa, incluyendo el procedimiento abreviado cuando concurran los requisitos previstos en este Código;
2. Si requiere realizar actos de investigación o de recuperación de evidencia complementarios, solicitará al juez el plazo que considere necesario, que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días. El juez resolverá sobre el pedido del fiscal, previa intervención de la víctima y de la defensa; 3. Si considera que cuenta con suficientes elementos de convicción, presentará la acusación y ofrecerá la prueba en la misma audiencia. El querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente en la misma audiencia y ofrecerá su prueba de cargo. La acusación pública, y en su caso la acusación particular, se pondrán en conocimiento del imputado en la misma audiencia, para que en el plazo máximo de cinco (5) días ofrezca su prueba de descargo. Vencido este plazo, inmediatamente el juez de instrucción señalará día y hora de audiencia de preparación de juicio, misma que se realizará dentro de los tres (3) días siguientes. No obstante, a pedido fundamentado de la defensa, el juez podrá ampliar el plazo para la presentación de la prueba de descargo por el término máximo de cuarenta y cinco (45) días.
4. Solicitar la detención preventiva del imputado, cuando concurra alguno de los requisitos establecidos en el Artículo 233 del presente Código, para garantizar su presencia en el juicio. La solicitud no podrá ser denegada por el juez de instrucción, salvo los casos de improcedencia de la detención preventiva.
Las resoluciones que el juez dictare respecto a los numerales 2 y 3 en conformidad a lo dispuesto en este Artículo, no serán susceptibles de recurso alguno.
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justificación razonable en cuanto al procedimiento inmediato; también a través de una argumentación lógico-jurídica, la relacione a la justificación de su decisión, precisando los hechos facticos; sin embargo sin establecer mayor razón del porque resultaba factible su aceptación, obvio hacer mayor incidencia sobre del procedimiento establecido en el art. 393 Bis y Ter del CPP. En consecuencia, corresponde atender la denuncia, al evidenciarse que el citado fallo, se funda en una norma ajena al procedimiento inmediato para delitos flagrantes, haciendo injustificable la decisión asumida; que además al no darse mayor razón que justifique aquella postura, la decisión se torna insuficiente y carente de motivación, correspondiendo conceder la tutela impetrada por vulneración del debido proceso ante falta de fundamentación y motivación en la resolución cuestionada.
Respecto a este punto, se denuncia que: Al haber sido imputado, se consignó el monto de Sus 131 000 (Ciento treinta y un dólares estadounidenses), cuando el día del hecho, al ser aprehendido, se encontraba recibiendo el monto de Bs 69 700.- (Sesenta y nueve mil setecientos bolivianos), desviándose del objeto del procedimiento inmediato. Ahora bien, a efectos de verificar si la parte peticionante de tutela agoto los mecanismos de impugnación en la vía ordinaria, resulta pertinente remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que en referencia a la subsidiariedad de la acción de amparo prevista en el art. 129.I de la CPE concordante con el art. 54 del CPCo, determinó que la Acción de amparo constitucional se podrá interponer ante cualquier Juez o Tribunal Competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; esta situación fue complementada por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, misma que estableciendo reglas y subreglas para considerar la improcedencia de la acción de amparo constitucional refirió que:
…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación…
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Previamente, debe tenerse presente que, aquel cuestionamiento en cuanto a que, al momento de su aprehensión se lo encontró recibiendo un monto distinto al que figura en la imputación formal, y que por ello se estuviera desnaturalizando el objeto del procedimiento inmediato; el mismo por su naturaleza se asemeja a una aparente actividad procesal defectuosa en la imputación, las cuales deben ser analizadas y resueltas a través de los incidentes y excepciones de actividad procesal defectuosa, atacando o denunciando la irregular imputación emitida por el representante del Ministerio Público.
Con dicha premisa, cabe referir que la norma adjetiva penal, estableció mecanismos legales inmediatos de protección de derechos y garantías ante su restricción, como los incidentes y/o excepciones previstas en el art. 314 y ss. de la ley adjetiva penal; medida que además resulta conexa con el razonamiento asumido en el párrafo III del art. 393 Ter del CPP, modificado por la Ley 586, el cual que señala: “Los incidentes y/o excepciones podrán ser planteados de manera oral, por única vez, en audiencia. La o el Juez resolverá en la misma audiencia”.
Bajo ese entender, conforme a los datos del caso traído en revisión, se tiene que la parte accionante, previo a acudir a la instancia constitucional, debió agotar aquellos mecanismos de defensa consignados por ley, ya que al no activarse, no dio la posibilidad a que la autoridad judicial de la causa, repare aquella observación, ya que pretendiendo que la instancia constitucional repare aquella falencia al interponer la presente Acción de Amparo Constitucional, su actuar recae en una causal de improcedencia conforme lo señalado ut supra, impidiendo que este Tribunal ..
Constitucional, pueda ingresar al análisis de fondo correspondiente; debiendo considerarse asimismo, que el art. 53.4 de La Ley 254, establece que la acción de amparo constitucional resulta improcedente cuando las determinaciones puedan ser modificadas o suprimidas por cualquier otro medio, situación que debió considerarse oportunamente por la parte accionante impetrante de tutela.
En consecuencia, resulta aplicable el indicado Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional respecto a la imposibilidad de ingresar al fondo de lo denunciado por subsidiariedad debido a que no se activó el medio incidental de impugnación en su oportunidad, razón por la cual, incumbe denegar la tutela sin haber ingresado al fondo de la presente problemática. Así mismo, con relación al derecho a la defensa, el peticionarte de tutela no expresó concretamente la manera o forma, en la que el juez demandado a partir de su accionar, hubiera lesionado tal derecho, máxime si se evidencia que el nombrado teniendo la posibilidad a momento de considerarse el tratamiento de la solicitud de procedimiento inmediato no uso los mecanismos internos para cuestionar aquella medida, recursos en igualdad de parte que proporciona la ley para defenderse y no se le privó del derecho a ser oído y escuchado dentro la causa penal de acción pública; por lo que se considera, que dicha autoridad demandada no lesionó la garantía constitucional invocada, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Finalmente, cabe puntualizar, que la Sala Constitucional Segunda, al haber concedido en su totalidad la tutela solicitada, dispuso anular el Auto Interlocutorio 115/2022 de 17 de febrero, como los demás actos emitidos con posterioridad vinculados a dicho fallo, para que en el plazo de veinticuatro horas de conocer la precitada resolución, se emita otra. En revisión, este Tribunal concluye que dicha concesión no debió ser atendida en su totalidad, puesto que en revisión de lo denunciado por la parte accionante, corresponde revocar en parte y denegar la tutela impetrada; no obstante, en virtud a lo establecido en el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), por el transcurso del tiempo entre la Resolución 41/2022 de 28 de marzo y la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, conforme ..
determinó el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0032/2016-ECA en uno de sus presupuestos, amerita realizar un dimensionamiento de los efectos de este fallo constitucional, ello para no generar inseguridad jurídica, ni daño y perjuicios mayores; por lo que, debe dejarse subsistente la disposición pronunciada en la concesión inicial dispuesta por la señalada Sala Constitucional. En consecuencia, el Tribunal de Garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró parcialmente de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 41/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en cuanto al derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por las razones y fundamentos expuestos en las problemáticas III.3.1 y III.3.2 de la presente sentencia constitucional plurinacional. 2° Disponer la nulidad del Auto Interlocutorio N° 115/2022 de 17 de febrero, y en su caso la autoridad judicial accionada, en el plazo de 24 horas de conocer el presente fallo emita otro, bajo el razonamiento asumido y descrito en las problemáticas III.3.1 y III.3.2 del citado fallo en cuestión. 3° DENEGAR la tutela, en cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación motivación y derecho a la defensa, descritas en la problemática III.3.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo ..
MAGISTRADA MAGISTRADA
2 F.J. III.1. Que, el carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, así tenemos las SS.CC. 1089/2003-R, 552/2003-R, 106/2003-R, 374/2002-R, entre otras, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable.
5 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Artículo 314. (TRÁMITES). I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes. Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea. III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.”
6 LEY 254 ARTÍCULO 53. (IMPROCEDENCIA). La Acción de Amparo Constitucional no procederá: (…) 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. (…)
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0354_2023-S1.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): 968e1afdd4873e191d9b50f3862ffd96cc1e2cc163f597adf1bc0a24f3bc344e
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