B.IA.LEGAL

SCP 0353/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55304-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la vida; por cuanto, dentro del proceso penal que sigue contra su cónyuge, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, pese a la existencia de medidas de protección legalmente notificadas al imputado, estas son incumplidas, situación que fue denunciada en reiteradas oportunidades ante el Fiscal de Materia demandado, quien no activó los recursos legales para su protección pese a existir un informe del Investigador Asignado al Caso, sobre el incumplimiento de las precitadas medidas; por lo que, solicitó se conceda la tutela solicitada y se disponga: i) El cumplimiento inmediato de las medidas de protección dispuestas el 11 de julio de 2022, debiendo el Fiscal de Materia demandado, aplicar cuanta herramienta legal posea para tal fin; ii) Que el Fiscal de Materia demandado, informe al Juez de control jurisdiccional del caso CUD: 201102032201248, el incumplimiento de las medidas de protección por parte del sindicado, a efectos del conocimiento de dicha autoridad; y, iii) Derivar a la víctima ahora accionante, a la unidad de “víctimas y testigos del Ministerio Público” (sic) a efectos de que se consignen las medidas de protección. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia y discriminación
  2. III.2. Las medidas de protección en casos de violencia familiar
  3. III.3. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano
  4. III.4. Exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0353/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55304-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Clotilde Sarmiento Chuquimamani contra Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de abril de 2023, cursante de fs. 13 a 16, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 6 de julio de 2022, presentó denuncia contra su cónyuge Daniel Félix Canaviri, por el delito de violencia familiar o doméstica; debido a que, éste ejerció violencia psicológica en su contra durante varios años, denuncia registrada bajo Código Único de Denuncia (CUD): 201102032201248, asignándose como Fiscal de Materia Encargado de la Investigación a Gonzalo Jaime Paredes Vargas, -hoy demandado-, quien el 11 de julio de 2022, dispuso medidas de protección en su favor, consistentes principalmente en la prohibición al agresor de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, estudios u otros espacios frecuentados por su persona, ordenando su cumplimiento al Investigador Asignado al Caso, medidas que fueron notificadas al demandado el 29 de julio de 2022; sin embargo, pese a ello, hasta la presentación de esta acción de defensa, la autoridad demandada no garantizó su cumplimiento efectivo, a pesar de las reiteradas solicitudes dirigidas al señalado investigador para que su agresor desocupe el domicilio, recibiendo la respuesta de que dicha decisión dependía del Fiscal de Materia Encargado de la Investigación. A consecuencia de ello, en varias ocasiones se constituyó personalmente ante el despacho del referido Fiscal para exigir el cumplimiento de dichas medidas de protección; empero, nunca fue recibida por éste, limitándose su asistente a informarle que se comunicarían con el Investigador Asignado al Caso, sin obtener respuesta alguna; y al no contar con recursos económicos para contratar un abogado que haga seguimiento a su caso, únicamente el Fiscal de Materia constituía en la autoridad competente para velar por sus derechos en su condición de mujer y víctima de agresión, pero ello, no ocurrió, aspecto que derivó en que continúen las agresiones verbales y amenazas en su contra por parte de su cónyuge, quien haciendo gala de impunidad, le advirtió que en cualquier momento podría atentar contra su vida, situación que le obligaba a encerrarse en su habitación junto con sus hijos cuando éste llegaba a su vivienda; asimismo, la madre del sindicado, una persona adulta mayor, la hostigaba permanentemente y la amenazaba con represalias por la denuncia presentada contra su hijo. El 19 de noviembre de 2022 a las 15:30, ante nuevas agresiones y amenazas de su cónyuge, llamó al Investigador Asignado al Caso para pedir auxilio, en efecto, dicho funcionario acudió a su domicilio y sorprendió al agresor incumpliendo las medidas de protección; por lo que, elaboró un informe al respecto, remitiéndolo al Fiscal de Materia hoy demandado, quien únicamente tuvo presente dicho informe, sin disponer medida efectiva alguna, siendo esas las razones suficientes para sentir que su vida se encuentra en grave peligro; puesto que, ninguna de las medidas de protección ordenadas por el Ministerio Público fueron cumplidas, persistiendo las agresiones verbales y psicológicas en su contra, teniendo un riesgo latente de feminicidio.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Denunció la lesión de su derecho a la vida, citando al efecto el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El cumplimiento inmediato de las medidas de protección dispuestas el 11 de julio de 2022, debiendo el Fiscal de Materia hoy demandado, aplicar cuanta herramienta legal posea para tal fin, siendo la principal la prohibición al agresor de acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o estudios, domicilio de las o los descendientes o ascendientes o cualquier otro espacio que frecuente la víctima que se encuentra en situación de violencia; b) Que el Fiscal de Materia demandado, informe al Juez de control jurisdiccional del caso CUD: 201102032201248, el incumplimiento de las medidas de protección por parte del sindicado, a efectos de conocimiento de dicha autoridad; y, c) Derivar a la víctima ahora accionante, a la unidad de “víctimas y testigos del Ministerio Público” (sic) a efectos de que se consignen las medidas de protección.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 20 y 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliando manifestó que: 1) Debía aplicarse la protección reforzada de los derechos respecto a mujeres en situación de violencia, conforme lo dispuesto por la SCP 0389/2018-S2 de 24 de julio; y, 2) Se demostró que el Fiscal de Materia demandado no asumió las acciones efectivas para el cumplimiento de las medidas de protección dispuestas en su favor, situación que ponía en riesgo su vida. Ante las interrogantes del Juez de garantías respecto a que, si ya se señaló audiencia de consideración de la medida cautelar, la impetrante de tutela por intermedio de su abogado refirió que hasta esa fecha el Juez de la causa no señaló día y hora de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; por lo que, tampoco se pronunció respecto a la homologación a la que hizo referencia el Fiscal de Materia hoy demandado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gonzalo Jaime Paredes Vargas, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías manifestó que: i) El Ministerio Público emitió las medidas de protección que ya fueron homologadas por el Juez de la causa; y, ii) De forma posterior emitió la correspondiente imputación formal contra el ahora sindicado; consecuentemente, lo que correspondía era requerir a la autoridad jurisdiccional que convoque a una audiencia para la verificación del incumplimiento de las medidas de protección, situación que podría agravar, las medidas cautelares solicitadas. Ante las interrogantes del Juez de garantías respecto a: en qué fecha se celebraría la audiencia de consideración de la medida cautelar, la autoridad demandada refirió que en ese momento no tenía el dato; debido a que, se encontraba en una audiencia de inspección técnica ocular.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 23/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 22 a 23 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que: a) El Fiscal de Materia demandado ordene el cumplimiento inmediato de todas las medidas de protección dispuestas mediante el acta de 11 de julio de 2022, debiendo hacer uso de todos los medios legales pertinentes para su cumplimiento; b) Asimismo, tomando en cuenta que no se llevó adelante la audiencia de aplicación de consideración de medidas cautelares, el Fiscal de Materia demandado deberá informar al Juez de la causa, el incumplimiento de las medidas de protección; y, c) Finalmente tomando en cuenta que corría peligro la vida de la accionante, el Fiscal de Materia demandado debía derivarla ante la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, pudiendo sin perjuicio de ello, la impetrante de tutela en su condición de víctima, solicitar la aplicación de medidas cautelares más gravosas ante el Juez que conoce la causa. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo con la prueba adjuntada, se constató la existencia de un requerimiento de medidas de protección emitida el 11 de julio de 2022, por el Fiscal de Materia hoy demandado; requerimiento que dispuso, la prohibición al agresor de acercarse, concurrir o ingresar al domicilio o lugar de trabajo de los ascendientes o descendientes de la accionante, o de cualquier otro espacio que ésta frecuente, la prohibición de realizar acciones de intimidación, amenazas o coacción contra los testigos de los hechos de violencia; y, la prohibición de frecuentar lugares de recorrido habitual de la víctima; medidas de protección que fueron notificadas al agresor el 29 de ese mes y año; 2) En antecedentes consta la Resolución de Imputación Formal 302/2022 de 28 de noviembre; 3) Cursa Informe de 19 de noviembre de 2022, emitido por el Investigador Asignado al Caso, en el que se estableció que Daniel Félix Canaviri -denunciado en el proceso penal-incumplió las medidas de protección; toda vez que, habiéndose constituido en la Calle 14 número 1435 del barrio Coqueni de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, tomando contacto con la impetrante de tutela quien manifestó haber recibido agresión verbal de parte de su cónyuge, se verificó la presencia de éste en dicho domicilio, quien se encontraba de salida, e incluso se le tomó una fotografía; 4) Se constató que la vida de la impetrante de tutela se encontraba en peligro inminente; toda vez que, se acreditó que el imputado no estaba cumpliendo las medidas de protección dispuestas en su contra virtiendo amenazas contra la accionante; y, 5) De la verificación del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), se advierte que hasta la fecha, no se emitió pronunciamiento respecto a la Resolución de Imputación Formal ni a la solicitud de medidas cautelares de carácter personal; razón por la cual, correspondía conceder la tutela solicitada.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación.

Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Daniel Félix Canaviri, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, signado con CUD: 201102032201248; el 11 de julio de 2022, mediante requerimiento de medidas de protección, Gonzalo Jaime Paredes Vargas Fiscal de Materia -ahora demandado-, dispuso la prohibición al agresor de acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las ascendientes o descendientes o a cualquier otro espacio que frecuente Clotilde Sarmiento Chuquimamani -ahora accionante- que se encontraba en situación de violencia, entre otros, ordenando al Investigador Asignado al Caso, proceda a notificar a las partes con dicha determinación (fs. 4). Cursa Notificación con las medidas de protección dispuestas al precitado demandado de 29 de igual mes y año (fs. 5). II.2. Por informe de 19 de noviembre de 2022, emitido por Ramiro Chambi Conde -Investigador Asignado al Caso-, estableció que Daniel Félix Canaviri -denunciado en el proceso penal- incumplió las medidas de protección dispuestas el 11 de julio de ese año, informe que se encuentra acompañado del correspondiente muestrario fotográfico (fs. 10 y 11). II.3. Consta Resolución de Imputación Formal 302/2022 de 28 de noviembre, contra Daniel Félix Canaviri, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, emitido por el Fiscal de Materia -ahora demandado-, en el que se solicitó la aplicación de las medidas cautelares por el término de tres meses; así como, la homologación de las medidas de protección otorgadas en favor de la víctima -ahora impetrante de tutela- (fs. 6 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la vida; por cuanto, dentro del proceso penal que sigue contra su cónyuge, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, pese a la existencia de medidas de protección legalmente notificadas al imputado, estas son incumplidas, situación que fue denunciada en reiteradas oportunidades ante el Fiscal de Materia demandado, quien no activó los recursos legales para su protección pese a existir un informe del Investigador Asignado al Caso, sobre el incumplimiento de las precitadas medidas; por lo que, solicitó se conceda la tutela solicitada y se disponga: i) El cumplimiento inmediato de las medidas de protección dispuestas el 11 de julio de 2022, debiendo el Fiscal de Materia demandado, aplicar cuanta herramienta legal posea para tal fin; ii) Que el Fiscal de Materia demandado, informe al Juez de control jurisdiccional del caso CUD: 201102032201248, el incumplimiento de las medidas de protección por parte del sindicado, a efectos del conocimiento de dicha autoridad; y, iii) Derivar a la víctima ahora accionante, a la unidad de “víctimas y testigos del Ministerio Público” (sic) a efectos de que se consignen las medidas de protección. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia y discriminación

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar.

Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas nos corresponden). Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”.

Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de construir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aún, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata. Estos entendimientos fueron asumidos por la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras. En consecuencia, en los casos de violencia, tanto la acción de amparo constitucional como la acción de libertad, se convierten en los procedimientos inmediatos e idóneos para la protección de los derechos de las víctimas de violencia, en consideración a que su vida pueda verse afectada.

III.2. Las medidas de protección en casos de violencia familiar

La SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril, ha determinado que: [E]n el plano internacional, se estableció un sistema de obligaciones para los Estados, entre ellos, el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. En esa línea, nuestro Estado asumiendo los compromisos internacionales suscritos, destinó una ley específica para garantizar a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad, así en relación a las medidas de protección, la Ley 348 inicialmente enumeró algunas de ellas, siendo posteriormente mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (modificatoria del Código de Procedimiento Penal) que se fortalece la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, añadiéndose otras medidas de protección, que en su mayoría están destinadas precisamente a las niñas, niños o adolescentes, siendo por ello que cuando se trate de menores de edad y de medidas de protección debe recurrirse a esta última (sin dejarse de observar de manera complementaria lo establecido en la Ley 348). Asimismo, a efecto de establecer el objeto de las medidas de protección, la normativa interna, mediante la Ley 348 establece lo siguiente: ARTÍCULO 32. (FINALIDAD). I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. Por otra parte, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, determina que: Artículo 389. (APLICACIÓN). I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. En ese contexto, las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona agresora, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, o la de su familia y resguardando además sus derechos patrimoniales, económicos y laborales. Ahora bien, en cuanto a la autoridad competente para aplicar medidas de protección, de manera inicial la Ley 348, determinó lo siguiente: ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. (…) Artículo 72 bis (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). Las juezas y jueces de sentencia en materia de violencia contra las mujeres, tienen competencia para: 4. Imponer de oficio la aplicación de medidas de protección, que permitan a las mujeres en situación de violencia su acceso a casas de acogida, separación temporal de los cónyuges y/o convivientes y prevención de nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos. De manera posterior con la entrada en vigencia de la Ley 1173, se modificaron e incluyeron algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, estableciendo lo siguiente: Artículo 52. (TRIBUNALES DE SENTENCIA). (…) II. Los Tribunales de Sentencia también serán competentes para disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima. (…) Artículo 53. (JUECES DE SENTENCIA). Las juezas o los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de: (…) 4. La imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento; (…) Artículo 54. (JUECES DE INSTRUCCIÓN). Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: (…) 11. Disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal en su art. 389 ter. I -incorporado por disposición del art. 14 de la Ley 1173, determina lo siguiente: Artículo 389 ter. (Urgencia y Ratificación)

I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas

previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12 y 13 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13 y 15 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez “las negrillas son nuestras”.

III.3. Sobre el principio de la debida diligencia como deber inherente del Estado Boliviano

En relación a esta temática, la misma SCP 0012/2025-S3 de 19 de febrero, referida en el acápite anterior, desarrolló el siguiente entendimiento:

La debida diligencia se constituye en un estándar para evaluar si un Estado miembro cumple o no con sus obligaciones de protección de los derechos de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, así quedó establecido en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993. La Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994, a su vez determina como un deber inherente de los Estados signatarios el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Dicha Convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley 1599 de 18 de agosto de 1994. Consecuentemente, la debida diligencia obliga al Estado y a todas sus autoridades públicas a cumplir un rol de protección proactiva, cuando llega a su jurisdicción un caso en el que se denuncie violencia de género; por lo que, en este tipo de problemáticas debe buscarse en la medida de lo posible la justicia material dentro de las tareas de investigar, sancionar y reparar los daños sufridos por las víctimas. Así quedó determinado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que estableció el siguiente precedente constitucional: [E]n el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. En dicho contexto, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiriéndose a normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género, resalta que la citada norma, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la investigación, señalando en el art. 59, que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, conforme ha concluido la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo: [A]ún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia, y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el contexto señalado, el Capítulo III de la Ley 348, Persecución Penal, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. En el orden de ideas señalado, el alcance de la debida diligencia obliga a que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, encuadren su actuación a la debida diligencia desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género, esto implica que se actúe en el marco de los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348.

En dicho contexto, los Fiscales de Materia y demás autoridades, a quienes por ley se les ha conferido la facultad de disponer medidas de protección, deberán de actuar no sólo con la celeridad debida, sino también de manera proactiva, sin esperar el impulso de la víctima; por ello, no resulta conducente con la normativa nacional e internacional en vigencia, circunscribir su actuación únicamente a lo que la parte denunciante pueda o no solicitar, debido a que en estos casos no solo corresponde actuar con una debida diligencia, sino también utilizar una perspectiva de género, lo que obliga a investigar los casos de violencia, identificando: i) Las relaciones asimétricas de poder; y, ii) La identificación de las posibles víctimas involucradas, entre ellos, niñas, niños o adolescentes que pueden estar afectados dentro de un ambiente familiar en situación de violencia, respecto de los cuales se deben adoptar las medidas de protección necesarias en el marco de su interés superior, adoptando una perspectiva especializada también en niñez y adolescencia. Jurisprudencia glosada en la SCP 0012/2025-S3 de 19 de febrero

III.4. Exigencia de actuación diligente de las instancias públicas ante casos que involucran presunta violencia contra la mujer

«Al respecto, la SCP 0511/2021-S3 de 18 de agosto, resaltó que: “Corresponde referirse al derecho de acceso a la justicia, previsto en el art. 115.I de la CPE que establece que: ‘Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’. El referido derecho también se encuentra en diferentes instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Estado boliviano, así por ejemplo, los arts. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El analizado derecho adquiere mayor relevancia al tratarse de casos de violencia contra las mujeres; dado que, su erradicación es prioridad nacional, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género (art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -LIGM-).

En el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se tiene una norma específica respecto al tema de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belem do Pará’, cuyo art. 7 situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de establece: ‘Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención’…

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo referencia a informes de fondo respecto a casos específicos, sobre el alcance del acceso a la justicia, señaló que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de procesar y condenar a los responsables, así como de prevenir estas prácticas degradantes. De igual manera, la inefectividad judicial general crea un ambiente que facilita la violencia contra las mujeres, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos.

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 7.b de la Convención Belem do Pará en relación con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que: ‘…ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección’.

De lo anteriormente señalado, se tiene que tanto el ordenamiento jurídico boliviano, como las normas internacionales de derechos humanos ratificadas (que por mandato del art. 410.II de la CPE forman parte del bloque de constitucionalidad), coinciden en que en casos de violencia contra la mujer, las autoridades judiciales deben actuar con la debida diligencia, pues es un fin primordial del Estado erradicar dicha violencia”. »

III.5. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática sometida a revisión, y considerando que en el caso concreto se alega la vulneración del derecho a la vida, resulta imprescindible efectuar consideraciones preliminares relativas tanto a la naturaleza jurídica como al ámbito de tutela de la acción de libertad. En tal contexto, corresponde señalar que, si bien el derecho denunciado como conculcado se encuentra comprendido en el ámbito de protección de esta garantía constitucional -ya sea de manera directa o por conexitud-, la consolidada jurisprudencia constitucional ha establecido que su análisis debe circunscribirse a determinados parámetros previamente definidos.

En esa línea, conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que, al tratarse de casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, en la que se encuentre afectada su integridad física y su dignidad como elementos de su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad o de la acción de amparo constitucional -indistintamente-, por ser los mecanismos más idóneos, inmediatos y oportunos para la protección de sus derechos; pues de forma excepcional, en estos asuntos no operan formalidades procesales innecesarias frente a la protección jurídica material y reforzada que requiere este sector poblacional por su situación de extrema vulnerabilidad ante lesiones a sus derechos por violencia; más aún, cuando uno de los bienes jurídicos de resguardo de la presente acción de libertad es el derecho a la vida; y, siendo que en el presente caso, la accionante se considera víctima de violencia familiar o doméstica, en busca de la reparación de sus derechos supuestamente vulnerados por la administración de justicia a cargo de su asunto, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a asumir una posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad, por el cumplimiento de la protección reforzada con la que ameritaba conocer y resolverse la presente causa; en consecuencia, en los casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata. En ese sentido, resulta ineludible reconocer que, en virtud de su carácter primario y esencial, el derecho a la vida se encuentra comprendido dentro del ámbito de tutela de la acción de libertad.

Precisado lo anterior, corresponde referirnos al contexto del cual emerge la problemática planteada, así, conforme se advirtió de las Conclusiones del presente fallo constitucional, de acuerdo con la relación fáctica expuesta en la Resolución de Imputación Formal 302/2022, la impetrante de tutela denunció a su cónyuge por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tras haber sido agredida en su domicilio el mes de enero de 2022. En virtud a esa denuncia el Fiscal de Materia ahora demandado, emitió el Requerimiento de medidas de protección de 11 de julio del precitado año, siendo notificada esa determinación al imputado el 29 del mismo mes y año; advirtiéndose que, si bien se dispuso medidas de protección en favor de la accionante, previstas en los arts. 35.4, 6, 7, 18 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, prohibiendo al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la victima que se encuentra en situación de violencia, realizar acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos del o los hechos de violencia; y, transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima, (Conclusión II.1), estas fueron incumplidas, como se desprende del Informe de 19 de noviembre de 2022, emitido por el Investigador Asignado al Caso, que además da cuenta sobre una agresión verbal contra la víctima -hoy solicitante de tutela- (Conclusión II.2). En ese orden de ideas, debe considerarse que la impetrante de tutela alega que su derecho a la vida se encontraba en riesgo debido a que las medidas de protección dispuestas en su favor no fueron cumplidas de manera efectiva; pese a que, en reiteradas oportunidades solicitó al Investigador Asignado al Caso que el agresor desocupe el domicilio, pero éste le señaló que la decisión dependía del Fiscal de Materia -demandado- quien ante la existencia del Informe que reflejaba tal incumplimiento de las medidas impuestas, se limitó a resolver con la frase “Se tiene presente” (sic), sin disponer medidas efectivas, teniendo que la inacción institucional y el incumplimiento de dichas medidas de protección mantenían vigente un riesgo cierto, grave y latente en su contra.

Dicho comportamiento resulta incompatible con el deber de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, que incumbe a todas a las autoridades públicas que conocen hechos de violencia por razón de género, en particular a aquellas que forman parte de los órganos de persecución penal. En efecto, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, las medidas de protección tienden a neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por el agresor, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física, psicológica, y sexual, situación que se encuentra también determinada en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 del presente fallo constitucional, que establecen que el principio de la debida diligencia no sólo se limita a la adopción de las medidas de protección, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad; así como, a sus hijas e hijos; sino que, en cuanto al Ministerio Público, implica la obligación de protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato, medidas que deben aplicarse desde el momento que se presenta una denuncia o se conoce sobre un hecho de violencia en razón de género; lo cual, implica que su actuación debe enmarcarse en los principios de celeridad, verdad material, economía procesal, protección efectiva y demás principios que se encuentran previstos en la Ley 348; adoptando las medidas pertinentes para efectivizar la protección de las víctimas, conforme a las facultades que le otorgan los arts. 40 numerales 8 y 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, 27 y 28 de la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos -Ley 458 de 19 de diciembre de 2013- En esa línea, a partir de los antecedentes facticos descritos, se evidencia que la accionante instauró un proceso penal contra su cónyuge por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, dentro del cual se dispusieron medidas de protección en su favor, que al no ser cumplidas obligó a que acuda ante el Fiscal de Materia demandado a fin de que conmine el cumplimiento de las mismas; empero, lo reclamado con efecto de la materialización procesal de las medidas de protección asumidas, vinculadas esencialmente al resguardo de su integridad personal, -que evidentemente tiene relación con su derecho a la vida-, no fue atendido como correspondía, cuando precisamente por esa connotación de garantía de aseguramiento de la presunta víctima de violencia de género impelía que en vigencia de la debida celeridad prime su tramitación, actuando oportunamente y activado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico boliviano pone a su alcance para evitar la revictimización y la agravación de episodios de violencia; y, en definitiva, garantizar el resguardo a la vida e integridad personal de la ahora impetrante de tutela, conforme dispone el art. 40.8 de la LOMP. En efecto, el Fiscal de Materia demandado, ejerciendo las atribuciones que le confieren los numerales 8 y 9 del art. 40 de la LOMP; y, los art. 27 y 28 de la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos tenía la obligación de requerir a la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, que se realice el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas de protección impuestas; sin embargo, no obró de esa manera, repercutiendo esa omisión en la seguridad de la accionante; o, en su caso, debió urgir ante el Juez de control jurisdiccional la aplicación de las medidas cautelares personales que resulten pertinentes; empero, tampoco procedió de esa manera, lo cual corrobora que no actuó con la debida diligencia para garantizar el cumplimiento de dichas medidas de protección, incurriendo en omisiones y dilaciones contrarias al derecho al acceso a la justicia, las cuales tienen que ser reparadas por el Estado en cualquiera de sus esferas; puesto que, de lo contrario, se contribuiría con la supuesta agresión, convirtiéndose en un agente más de violencia institucional.

En definitiva el Fiscal de Materia hoy demandado, desconoció el deber que tiene todo representante del Estado de actuar con responsabilidad en casos de violencia contra mujeres que se encuentren sufriendo evidentes y groseras lesiones a sus derechos,; toda vez que, en el marco de la debida diligencia reforzada, estaba compelido a conocer y resolver los casos puestos a su conocimiento, sobre la base de los principios de celeridad, eficacia de los derechos fundamentales, sensibilidad frente a escenarios de violencia y sobre todo el de justicia material, con enfoque de género, generacional e interseccional; estándares que no cumplió, contribuyendo con su displicencia a la vulneración del derecho de la accionante a una vida libre de violencia y discriminación; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2023 de 21 de abril, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPE abrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).

2 El art. 14 de la Ley 1173 incorpora en el Título IV “Modificaciones al Procedimiento Común” de la Segunda Parte del Libro II del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, los Arts. 389, 389 bis, 389 ter, 389 quater y 389 quinquies.

3 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Art. 4 inc. c).

4 Convención de Belém do Pará, de 9 de junio de 1994; Art. 7 inc. b).

5 El Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0353_2026-S3.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 641382eb646d1da87ce91055787a9fbe591ab5c244d80c03757b685b71eda74b

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