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SCP 0352/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47421-2022-95-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba; alegando que, las autoridades demandadas, en el Auto Supremo 633, determinaron declarar infundado su recurso de casación, bajo una incorrecta valoración de la prueba respecto a la declaración testifical y confesión provocada que demostró que existió abandono de trabajo y retiro voluntario de parte del trabajador, exigiéndole irracionalmente que presente planillas cuando solo era un trabajador; y, aunque en materia laboral existe la inversión de la carga probatoria, aquello no eximía al mismo de presentar prueba que acredite el despido intempestivo, el tiempo trabajado o las horas extras. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 035/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 167 a 169 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la valoración de la prueba en sede constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0352/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 47421-2022-95-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 035/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 167 a 169 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Bigabriel Rodríguez contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 112 a 116; y, subsanación de la misma fecha (fs. 121), el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso laboral de reajuste de beneficios sociales seguido por Víctor Hugo Domínguez Monje en su contra, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda del departamento de Pando, emitió la Sentencia 01/2020 de 28 de enero, declarando probada en parte la demanda formulada, ordenándole pagar la suma de Bs30 781,50.- (treinta mil setecientos ochenta y uno 50/100 bolivianos), bajo una mala valoración de la prueba que dio lugar a pago de desahucio, reintegro de aguinaldo, pago de horas extraordinarias, incremento salarial y planilla de liquidación; fallo que siendo apelado, mereció el Auto de Vista 48/2021 de 12 de febrero, que confirmó la resolución recurrida; por ello, interpuso recurso de casación que dio lugar al Auto Supremo 633 de 8 de noviembre de 2021, que determinó declarar infundado el recurso planteado, fallo que lesionó el debido proceso en su elemento valoración razonable de la prueba respecto a la declaración testifical y confesión provocada que demostró que existió abandono de trabajo y retiro voluntario de parte del trabajador; y, aunque en materia laboral existe la inversión de la carga probatoria, aquello no eximía al trabajador de presentar prueba que acredite un despido intempestivo, el tiempo trabajado o las horas extras, exigiéndole irracionalmente que presente planillas cuando solo era un trabajador.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la restitución de sus derechos suprimidos y omitidos, ordenando la modificación del Auto Supremo 633; y, emitir otra resolución conforme a las pruebas presentadas en el proceso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 165 a 166 vta., ausentes la parte solicitante de tutela, las autoridades demandadas y el tercero interesado; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, no asistió a la audiencia de esta acción de defensa, pese a su legal notificación cursante a fs. 130.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito de 11 de abril de 2022, cursante de fs. 162 a 164 vta.; manifestaron que: a) Se estableció de manera clara que existió relación laboral y despido intempestivo; pues, si bien, el impetrante de tutela argumentó que, desde el 1 de abril al 28 de noviembre ambos de 2013, se suscitó una ruptura de la relación laboral; y, que por ello, el tiempo real de servicios, sería de siete años, diez meses y veintiocho días; sin embargo, esta afirmación fue desvirtuada por documental que dio fe de un pago recibido por ocho meses de trabajo, prueba que contradice la supuesta ruptura laboral reclamada; máxime, si dicho documento fue presentado por el mismo demandado; b) Sobre el pago del desahucio, de las documentales de descargo, testificales y confesión provocada, no se establece de ninguna manera que hubo abandono de trabajo del trabajador y posterior retiro voluntario; es más, en la planilla de finiquito no se evidenció la causa de retiro; por lo que, se presumió que existió despido intempestivo a causa del estado de salud del trabajador; aspecto que, justificó plenamente la orden del pago del desahució en aplicación del art. 1 del Decreto Supremo (DS) 110 de 1 de mayo de 2009; c) Respecto al pago de horas extraordinarias, incremento salarial gestión 2016 al 2019, pago de reintegro del aguinaldo, esfuerzo por Bolivia doble aguinaldo 2018, el solicitante de tutela reclamó que la autoridad judicial, al momento de trabar la relación laboral no fijó aquellos como puntos de hechos a probar; empero, conforme la preceptuado por el art. 64 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el Juez de primera instancia podrá condenar por pretensiones distintas de las pedidas, que según Ley correspondan, siempre que los hechos que los originen hubiesen sido discutidos en el proceso y se hallen debidamente probados, no evidenciándose vulneración alguna en la imposición de pago de los referidos conceptos, al no haberse acreditado el pago de dichos conceptos; d) En relación al pago del finiquito, el demandado, hoy accionante; refirió que, se hubiese omitido analizar que el recibo de Bs6 000.- (seis mil bolivianos 00/100), fue por el saldo del total; o sea, que ya se hubiera pagado ese concepto; empero, las documentales acreditan una deuda por beneficios sociales de Bs14 241,50.- (catorce mil doscientos cuarenta y uno 50/100); de los cuales, no se tiene constancia de la cancelación de este importe; consecuentemente, corresponde la deducción del monto precitado, resultando el saldo de Bs8 241,50.- (ocho mil doscientos cuarenta y uno 50/100), que fue reconocido en Sentencia y confirmado por el Auto de Vista; por lo que, corresponde su pago; y, e) El impetrante de tutela persigue una nueva valoración y compulsa de las pruebas, que es atribución privativa de los Jueces de instancia e incensurable en casación; a menos, que se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica o en su caso que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la Ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto; aspectos que, en el caso de autos no concurrieron.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Víctor Hugo Domínguez Monje, no asistió a la audiencia de esta acción tutelar ni presentó escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 124.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 035/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 167 a 169 vta., denegó la tutela impetrada; ello, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto Supremo hoy cuestionado, respecto al desahucio; señaló que, no se estableció de ninguna manera que hubo abandono de trabajo y posterior retiro voluntario y en la planilla de finiquito no se determinó la causa de retiro; por lo que, se presume que existió despido injustificado a causa del estado de salud del trabajador; esta motivación y valoración probatoria, es razonable; puesto que, ante un despido injustificado, lo que corresponde a la parte demandada es desvirtuar con prueba objetiva que no fue despedido el trabajador en forma intempestiva; aspecto que, en el presente caso no ha sucedido; puesto que, si bien el solicitante de tutela señala la falta de valoración del acta testifical y el acta de confesión provocada; sin embargo, de las mismas se puede advertir que, en la confesión provocada del mismo accionante indicó que el hoy tercero interesado no fue despedido; empero, en el acta testifical de Moisés Gerardo Prada Maina, se manifiesta que "por su salud termino la relación laboral, el no renunció ni fue despedido”(sic.); en ese entendido, si bien la confesión puede ser el medio eficaz para comprobar algún acto, pero eso es cuando las circunstancias del hecho no lo contradicen; en el presente caso, lo expuesto en la confesión provocada del impetrante de tutela es contradicho por el testigo Moisés Gerardo Prada Maina; quien indica de manera textual que, por su salud se terminó la relación laboral; es decir, que la causa para la terminación laboral es la salud, pero no es lógico pensar que por alguna enfermedad una persona renunciara al trabajo; más aún, cuando las leyes son protectoras en relación al trabajo y enfermedad y finalmente en la planilla de finiquito no se establece la causa de retiro; por lo que, es razonable presumir que existió despido injustificado a causa del estado de salud del trabajador; 2) Si bien no es suficiente la afirmación del trabajador de que hubiese sido destituido como señala el solicitante de tutela; empero, menos es suficiente la sola afirmación del empleador sobre que no existió despido; en ese sentido, el Juez de instancia ha tomado en cuenta hasta dónde la confesión puede ser fuente del conocimiento de un hecho; considerando que la autoridad judicial no está sujeta a la tarifa legal de pruebas; y, por tanto, es libre de formar su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes conforme el art. 158 del CPT; 3) En cuanto a la duración de la relación laboral, el Auto Supremo 633, motivó su decisión; indicando que, del 1 de abril al 28 de noviembre ambos de 2013, conforme la documental del expediente principal, se evidencia el pago de ocho meses de trabajo; prueba, que contradice la ruptura laboral alegada; en ese entendido, si bien se advierte la inexistencia de contrato del 1 de abril de 2013 a 1 de enero de 2014; no obstante, se encuentra la liquidación y finiquito en el cual se hace el ajuste desde el 28 de noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2015 (sin que haya contrato); asimismo, se encuentra el recibo de pago de aguinaldo a favor del tercero interesado, correspondiente a ocho meses de trabajo de la gestión 2013; en consecuencia, si bien no existe contrato escrito del 1 de abril al 28 de noviembre de 2013; ello, no prueba que no existiese relación laboral; puesto que, no debemos olvidar que el art. 6 de la Ley General del Trabajo (LGT), prevé la contratación verbal; en cuyo marco, no se advierte ninguna valoración probatoria fuera de los márgenes de razonabilidad y equidad; y, 4) Sobre el principio pro operario, el art. 48.II de la CPE, estipula que “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores...”; a su vez, el art. 66 del CPT, ordena que, en todo proceso social, incoado por el trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes; es así que en el presente caso las autoridades demandadas no advirtieron que el empleador hubiese desvirtuado de manera objetiva los hechos afirmados por el trabajador; aplicando de esa manera, la norma más favorable al trabajador; por todo lo expuesto, se advierte que los Magistrados demandados al emitir el Auto Supremo 633, realizaron una interpretación de la norma favorable al trabajador y la valoración probatoria de acuerdo a los márgenes de razonabilidad; por lo que, no se evidencia vulneración a derecho alguno.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Sentencia 01/2020 de 28 de enero, dictada dentro del proceso laboral de reajuste de beneficios sociales, seguido a instancia de Víctor Hugo Domínguez Monje –ahora tercero interesado– en contra de Carlos Bigabriel Rodríguez –hoy accionante–, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda del departamento de Pando, determinó declarar probada en parte la demanda con costas, debiendo pagar el demandado por concepto de derechos laborales y beneficios sociales el total de Bs30 781,50.- (fs. 96 a 103 vta.). II.2. Por Auto de Vista 48/2021 de 12 de febrero, la Sala Civil, Social, de Familia, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, resolvió los recursos de apelación planteados por ambas partes procesales contra la Sentencia 01/2020, disponiendo confirmar el fallo recurrido (fs. 104 a 107). II.3. Mediante Auto Supremo 633 de 8 de noviembre de 2021, Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, declararon infundado el recurso de casación interpuesto por el impetrante de tutela contra el Auto de Vista 48/2021; y, en consecuencia, mantener firme y subsistente la resolución impugnada (fs. 108 a 111).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba; alegando que, las autoridades demandadas, en el Auto Supremo 633, determinaron declarar infundado su recurso de casación, bajo una incorrecta valoración de la prueba respecto a la declaración testifical y confesión provocada que demostró que existió abandono de trabajo y retiro voluntario de parte del trabajador, exigiéndole irracionalmente que presente planillas cuando solo era un trabajador; y, aunque en materia laboral existe la inversión de la carga probatoria, aquello no eximía al mismo de presentar prueba que acredite el despido intempestivo, el tiempo trabajado o las horas extras. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando la línea jurisprudencial emitida al respecto; sostuvo que: “‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: «Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…’. De la jurisprudencia descrita precedentemente, se advierte que la valoración de la prueba es una facultad exclusiva de la jurisdicción ordinaria y sólo de manera excepcional es posible que la jurisdicción constitucional pueda realizar dicha labor, ante la evidencia de vulneración de derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar la prueba’” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática venida en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso laboral de reajuste de beneficios sociales, seguido a instancia de Víctor Hugo Domínguez Monje –ahora tercero interesado– en contra de Carlos Bigabriel Rodríguez –hoy accionante–, a través de Sentencia 01/2020, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda del departamento de Pando, determinó declarar probada en parte la demanda con costas, debiendo pagar el demandado por concepto de derechos laborales y beneficios sociales el total de Bs30 781,50.- (Conclusión II.1.); en virtud de lo cual, ambas partes procesales formularon recurso de apelación restringida contra tal determinación; dando lugar, a la emisión del Auto de Vista 48/2021; mediante el que, la Sala Civil, Social, de Familia, de Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dispuso confirmar el fallo recurrido (Conclusión II.2.); por ello, el impetrante de tutela planteó recurso de casación contra dicha decisión; obteniendo en respuesta, el pronunciamiento del Auto Supremo 633; por medio del cual, Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia –ahora demandados–, declararon infundado el recurso de casación referido; y, en consecuencia, mantuvieron firme y subsistente la resolución impugnada (Conclusión II.3.). En ese marco, el solicitante de tutela, identificó al citado Auto Supremo, como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales ahora reclamados de tutela mediante esta acción de defensa; alegando que, las autoridades demandadas; a través del mismo, determinaron declarar infundado su recurso de casación, bajo una incorrecta valoración de la prueba respecto a la declaración testifical y confesión provocada que demostró que existió abandono de trabajo y retiro voluntario de parte del trabajador, exigiéndole irracionalmente que presente planillas cuando solo era un trabajador; y, aunque en materia laboral existe la inversión de la carga probatoria, aquello no eximía al mismo de presentar prueba que acredite el despido intempestivo, el tiempo trabajado o las horas extras. Así; dado que, la problemática planteada recae en el cuestionamiento de la valoración probatoria realizada en el Auto Supremo 633 (Conclusión II.3.), corresponde a efecto de su análisis, desglosar los fundamentos emitidos al respecto en dicho fallo, siendo estos los siguientes: i) En el caso que nos ocupa, se ha establecido de manera clara que existió relación laboral y despido intempestivo; pues, si bien el demandado argumentó que, desde el 1 de abril al 28 de noviembre de 2013, no tuvo relación alguna con el trabajador, por la ruptura de la relación laboral y que el tiempo real de servicios, sería de siete años, diez meses y veintiocho días; afirmación que, se encuentra desvirtuada por la documental que da fe de un pago recibido por ocho meses de trabajo; prueba que, contradice la supuesta ruptura laboral reclamada; máxime, si por el principio protector e in dubio pro operario, se analizan los hechos a favor del trabajador; más aún, si dicho documento fue presentado por el mismo demandado; ii) En cuanto al pago del desahucio, de las documentales de descargo, testificales y confesión provocada, no se establece de ninguna manera que hubo abandono de trabajo del trabajador y posterior retiro voluntario; es más, la planilla de finiquito tampoco evidencia la causa de retiro; por lo que, se presume que existió despido intempestivo a causa del estado de salud del trabajador; aspecto que, justifica plenamente la orden del pago de desahució en aplicación del art. 1 del DS 110; iii) Respecto de la pretensión de pago de horas extraordinarias, incremento salarial gestión 2016 al 2019, pago de reintegro del aguinaldo, esfuerzo por Bolivia, doble aguinaldo 2018 y que la autoridad judicial al momento de trabar la relación laboral no fijó los mismos, como puntos de hechos a probar; por lo que, se le dejo en indefensión; al respecto, el demandado, no aportó prueba que desvirtúe dichos conceptos, siendo que la carga de la prueba le correspondía al demandado, debiendo presentar planillas de asistencia de la carga horaria del trabajador, para acreditar el tiempo de trabajo, lo que no hizo; tampoco presentó planilla o recibos que den cuenta del pago del incremento salarial o el aguinaldo doble Esfuerzo por Bolivia de la gestión 2018; por otra parte, el recurrente alegó en que estos conceptos no fueron consignados en los puntos de hecho a ser probados por las partes; empero, conforme lo preceptuado por el art. 64 del CPT, el Juez de primera instancia podrá condenar por pretensiones distintas de las pedidas, que según Ley correspondan, siempre que los hechos que los originen o hubiesen sido discutidos en el proceso, se hallen debidamente probados, no evidenciándose vulneración alguna en la imposición de pago de los referidos conceptos; iv) En relación al pago de finiquito, el recurrente reclamó que se hubiese omitido analizar que el recibo de Bs6 000.-, fue por el saldo del total del mismo; por lo que, este ya se hubiera pagado al momento de firmar dicho recibo; empero, de las documentales que tienen el mismo tenor, se reconoce una deuda por beneficios sociales de Bs14 241,50.-, de los cuales no se tiene constancia de su cancelación; consecuentemente, corresponde la deducción de lo referido en el recibo del total adeudado, resultando el saldo Bs8 241,50.-; mismo que, fue reconocido en Sentencia y confirmado por el Auto de Vista, correspondiendo su pago; y, v) Finalmente, se debe precisar que en los hechos, el recurrente persigue una nueva valoración y compulsa de las pruebas, que es atribución privativa de los Jueces de instancia e incensurable en casación; a menos que, se demuestre fehacientemente la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, que recaiga sobre la existencia o interpretación de una norma o en su caso, que los juzgadores de instancia ignorando el valor que atribuye la Ley a cierta prueba, le hubieran asignado un valor distinto; aspectos que, en el caso de autos no concurrieron. En tal sentido, excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba; en la medida, en que el recurso acuse y pruebe la existencia de error de hecho o de derecho, de acuerdo con la regla establecida en el art. 271.I del Código Procesal Civil (CPC), que textualmente estipula: “…cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”. Esta disposición, expresa que deberán cumplirse dos condiciones; es decir, que deberá demostrarse el error por documentos o actos auténticos; que a su vez, demuestren la equivocación manifiesta del juzgador, requisito que en el recurso que motiva autos, no sucedió. No habiéndose demostrado que se hubiese infringido, lesionado o aplicado indebida o erróneamente la Ley en la apreciación de la prueba. De este modo, tomando como punto de partida que la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional (Fundamento Jurídico III.1.); en cuyo marco, del contraste del contenido del Auto Supremo desglosado supra y lo reclamado por el accionante; se advierte que: 1) Los Magistrados demandados establecieron dentro de los marcos legales de razonabilidad y equidad, que existió relación laboral y despido intempestivo; pues, la ruptura de la relación laboral alegada por el recurrente fue desvirtuada por la documental que da fe de un pago recibido por ocho meses de trabajo, correspondiente al periodo de la presunta desvinculación; prueba que contradice la supuesta ruptura laboral reclamada, aplicando al respecto el principio in dubio pro operario; por otro lado, sobre el pago del desahucio, de las documentales de descargo, testificales y confesión provocada, no se establece de ninguna manera que hubo abandono del trabajador y posterior retiro voluntario; al contrario, la planilla de finiquito no establece la causa de retiro; por lo que, se presume que existió despido intempestivo; y, 2) Del punto desglosado previamente; se evidencia que, tanto la prueba testifical como la confesión provocada denunciadas de omitidas en su valoración, fueron razonablemente valoradas determinando que no acreditaban un despido intempestivo; y, que al contrario la planilla de finiquito no estableció la causa del retiro; por lo que, se presumió despido intempestivo, al ser responsabilidad del empleador demostrar que éste no existió; y, 3) Finalmente, conforme a lo previamente detallado; se evidencia que, las autoridades demandadas basaron su decisión en documental cursante en obrados que demostró que hubo continuidad laboral, que no existía un manejo adecuado de planillas para verificar la carga horaria del trabajador y no se consignó expresamente las causas de la cesación laboral; por lo que, se presume la existencia de un despido intempestivo con base en principio in dubio pro operario. Por todo ello, al no advertirse lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales respecto a la valoración probatoria reclamada, conforme lo establecido supra, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, evaluó de forma correcta los datos y las normas aplicables al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 035/2022 de 22 de abril, cursante de fs. 167 a 169 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0352_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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