B.IA.LEGAL

SCP 0351/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54610-2023-110-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral y a los principios de legalidad; y, tipicidad; puesto que, luego de que la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, le iniciara el proceso sumario administrativo, dicha autoridad emitió la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 de 24 de agosto, disponiendo su destitución del cargo que ocupaba; por lo que, planteó recurso de revocatoria contra esa determinación, ratificándose la misma mediante Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 de 12 de septiembre, lo que suscitó que interpusiera recurso jerárquico, el cual fue resuelto por el Gobernador ahora accionado, quien a través de la Resolución Jerárquica 010/2022 de 5 de octubre, confirmó la señalada Resolución Administrativa; derivando en que el 18 de octubre de 2022, sea notificado con el Memorando RR.HH. A – 49/2022 de 18 de octubre, por el cual le agradecieron sus servicios en cumplimiento de esa Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno; sin haberse establecido de manera clara la calificación de su conducta incumpliendo los principios de legalidad y tipicidad, al haberse basado el proceso y la sanción en deberes generales y principios que debe cumplir todo servidor público, siendo la calificación efectuada como destitución realizada de manera subjetiva por la autoridad sumariante del citado Gobierno Autónomo Departamental.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 599 a 602 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral de las personas con capacidades diferentes y su excepción
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0351/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 54610-2023-110-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 36/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 599 a 602 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Guillermo Gómez Villcarana contra Johnny Franklin Vedia Rodríguez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memoriales presentados el 14 y 21 de marzo de 2023, cursantes de fs. 24 a 29 vta.; y, 33 a 39 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Memorando RR.HH. A – 110/2021 de 15 de noviembre, el Gobernador ahora accionado, le agradeció sus servicios que prestaba en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro por un supuesto abandono de funciones el 5, 6 y 9 de agosto de 2021, lo que motivó a que interpusiera acción de amparo constitucional contra el citado Gobernador, en la cual la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento a través de la Resolución 56/2022 de 4 de mayo, le concedió la tutela solicitada y dispuso que se deje sin efecto la Resolución Jerárquica del Memorando asignado como RR.HH. A – 110/2021, disponiendo su reincorporación a su fuente de trabajo en las mismas condiciones que desempeñaba más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales. Posteriormente, por Auto de Inicio de Proceso Sumario Administrativo 002/2022 de 2 de agosto, la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, le inició proceso administrativo interno por la supuesta comisión de contravención administrativa del ordenamiento jurídico administrativo y de la norma de conducta funcionaria; por lo que, mediante Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 de 24 de ese mes, la autoridad sumariante del citado Gobierno Autónomo Departamental dispuso su destitución; lo que suscitó a que interpusiera recurso de revocatoria contra esa Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno, la cual fue resuelta mediante Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 de 12 de septiembre, y ratificó en todas sus partes la citada Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno; por lo que, notificado con esa decisión administrativa planteó recurso jerárquico que fue resuelto por el Gobernador hoy accionado, mediante Resolución Jerárquica 010/2022 de 5 de octubre, confirmando la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022; derivando en que el 18 de octubre de 2022, sea notificado con el Memorando RR.HH. A – 49/2022 de 18 de dicho mes, por el cual le agradecieron sus servicios en cumplimiento de esa Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno. Refiere que se le estaría vulnerando su derecho fundamental al trabajo y a la inamovilidad laboral, dado que dicha ruptura laboral no solamente le afecta como trabajador, sino también en su subsistencia y a la salud de su familia y en especial por su condición de persona con discapacidad visual, que merece ser protegido de manera inmediata; por otro lado, se tiene claramente evidenciado que la calificación de su conducta como procesado y que derivó en una sanción de destitución no cumplió con el principio de legalidad o tipicidad; puesto que, se basó en deberes generales que debe cumplir todo servidor público y los principios que rige la administración pública; empero, no se basaron en ninguna de las normas por las cuales se le inició el proceso administrativo interno; es más establecen que las faltas por las que se lo encontró responsables como servidor público están previstas como faltas graves o susceptibles a la aplicación de la sanción de destitución previo proceso interno, con lo que se desconoció el principio de legalidad y tipicidad, dado que sólo es posible sancionar conductas previamente tipificadas. Por lo que tanto la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022, la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022, así como la Resolución Jerárquica 010/2022, hicieron abstracción del principio de legalidad o tipicidad; puesto que, la sanción que le fue impuesta no responde a la relación de causalidad que debe existir entre falta y sanción previamente definida en norma interna y que la calificación realizada como ‘“DESTITUCIÓN”’ fue realizada de manera subjetiva por la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y no siendo acorde a una disposición normativa precisa al no responder a cabalidad a la penalidad establecida previamente para la conducta descrita como falta en el ordenamiento legal.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral y a los principios de legalidad; y, tipicidad; citando al efecto el art. 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La nulidad de la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 de 24 de agosto de 2022, y la Resolución Jerárquica 010/2022 de 5 de octubre; b) Su inmediata reincorporación a su fuente de trabajo en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro; c) La cancelación de sus haberes devengados, desde su destitución ilegal hasta el momento efectivo de su reincorporación; y, d) El cese de acoso laboral y psicológico que sufre por ser una persona con discapacidad (ceguera).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el “28” -siendo lo correcto 29- de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 590 a 598 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Johnny Franklin Vedia Rodríguez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a través de su representante legal, mediante informe de 29 de marzo de 2023, cursante de fs. 584 a 589, así como en audiencia, manifestó que: 1) El ex servidor público -accionante- accedió al cargo de Profesional Administrativo II - del IBC con el Ítem 10283 dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social y Seguridad Alimentaria del citado Gobierno Autónomo Departamental el 16 de enero de 2019, mediante Memorando RR.HH. D.I.- 004/2019, quien no contaba con libreta de Servicio Militar y Certificado de Idiomas, requisitos indispensables y previstos por el art. 234. 3 y 7 de la CPE. Siendo notificado con los requisitos para ocupar el referido cargo, sin embargo, esa situación perduró en el tiempo y que logró ser verificado con el Informe GAD - ORU/S.D.A.F.P./U.A./RR.HH./053/2022 de 19 de julio, emitido por el Encargado de Área de Recursos Humanos (RR.HH.) como resultado del Instructivo GAD-ORU/S.D.A.F.P./RR.HH. 026/2022 de 9 de junio de 2023, cursando en su File una declaración jurada de presentación de libreta de servicio militar en la cual no se consigna ningún dato al respecto y registra en observaciones “PERSONA CON DISCAPACIDAD CEGUERA”; 2) El Sumariado -accionante- a momento de su ingreso al desempeño de funciones públicas en el referido Gobierno Autónomo Departamental, no cumplía con la formación académica requerida para ocupar el cargo al cual accedió; es decir, no contaba con título profesional a nivel licenciatura como abogado, así como documentación que acredite su conocimiento de la Ley de Administración y Control Gubernamental, ni del Decreto Supremo (DS) 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, requisitos que se encuentran vinculados de forma directa a las funciones específicas a desempeñar dispuestas en el Manual de Descripción de cargos del señalado Gobierno Autónomo Departamental, situación que igualmente se mantiene incólume en el tiempo de acuerdo al Informe GAD -ORU/S.D.A.F.P./U.A./RR.HH./ 053/2022 emitido por el Encargado de Área de RR.HH. y otros documentos, evidenciando que el accionante no cumplió con requisitos de formación en la gestión 2022 en el cargo que venía desempeñando al “presente”; 3) El nombrado, omitió de manera flagrante cumplir con los requisitos esenciales constitucionales solicitados y de cumplimiento previo para acceder al desempeño de la función pública y beneficiarse con la asignación del cargo de Profesional Administrativo II - del IBC con actual Ítem 10286, contraviniendo el ordenamiento jurídico administrativo y la norma de conducta funcionaria vigente, incurriendo en omisión al haberse abstenido de hacer lo que señalaban las obligaciones establecidas en las normas y los criterios de desempeño de la función pública, quedando demostrada la comisión de contravenciones administrativas de orden general y específicas, al haber incurrido en la falta administrativa al no cumplir lo instruido en disposiciones vigentes como la Constitución Política del Estado, el Manual de Descripción de Cargos, el Reglamento Interno de Personal y sus normas vinculantes del citado Gobierno Autónomo Departamental; 4) Se tiene plena convicción sobre la comisión de contravenciones administrativas, del ordenamiento jurídico administrativo y de la norma de conducta funcionaria generales y especificas por parte del accionante, señalada por el art. 234.3 de la CPE -haber cumplido con los deberes militares- y 7 -hablar al menos dos idiomas oficiales del país-, y al haber omitido su cumplimiento generó la vulneración del art. 232 de la Norma Suprema y los principios que rigen la administración pública, el art. 235.1 de la CPE relacionado a cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes, así como el art. 108.1 de la Ley Fundamental -deberes de los bolivianos- conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, 5 Trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles; 12 prestar el servicio militar obligatorio para los varones; asimismo, respecto al sometimiento a la Norma Suprema, la ley y el ordenamiento jurídico, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos públicos, al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, igualdad de oportunidades sin discriminación de ninguna naturaleza, reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de sus funciones para la obtención de resultados en la gestión, desarrollar sus funciones y atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado; 5) Asimismo vulneró el art. 12 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- relacionada a la actividad pública que deberá estar inspirada en principios y valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia funcionaria que garantice un adecuado servicio a la colectividad; de la misma manera el art. 3.I del DS 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992 y su modificatoria DS 26237 de 29 de junio de 2001 que señala que el Servidor Público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia y transparencia y licitud; así como su incumplimiento generó responsabilidad jurídica; omisión del art. 4 del citado Decreto Supremo respecto a la eficiencia, economía, eficiencia; transgresión del art. 7 del referido Decreto Supremo relacionado a la finalidad, atribuciones, funciones, facultades y deberes; así como contravino e incumplió la Resolución Administrativa Departamental de Oruro 0196/2011 (Reglamento Específico del Sistema de Administración del Personal RE-SAP Interno del Personal del G.A.D.ORU.), en sus arts. 4, 8, 9 vinculado al Manual de Descripción de Cargos aprobado mediante Resolución Administrativa Departamental de Oruro 177/2022 de 21 de abril y omisión total de cumplimiento respecto del Ítem 10286 asignado al mismo, y su descriptor de cargo; y al haber incurrido en la contravención del art. 2, 11 incs. a), i), j), k), p) del Reglamento Interno de Personal del referido Gobierno Autónomo Departamental aprobado mediante Resolución Administrativa Departamental de Oruro 95/2021 de 9 de marzo; 6) Dentro del proceso sumario disciplinario interno seguido por el referido Gobierno Autónomo Departamental contra el accionante se respetó el debido proceso más aún si derivó en su destitución; por lo que, de la revisión de todos los actuados dentro del indicado proceso, la autoridad sumariante fue designada conforme lo establecido por el DS 23318-A modificado por el DS 26237; asimismo, como agotada la primera instancia y la impugnación en vía de recurso de revocatoria, como autoridad que conoció el recurso jerárquico también se pronunció en estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales dentro del ordenamiento jurídico administrativo; 7) La autoridad sumariante del señalado Gobierno Autónomo Departamental a momento de subsumir los hechos que presuntamente configuraban la contravención administrativa a la falta endilgada, cumplió con su deber de observar la legalidad formal y la tipicidad; puesto que, la figura de responsabilidad administrativa está compuesta por dos elementos, como contravenir el ordenamiento jurídico administrativo y las normas de conducta funcionaria; por lo que, para el establecimiento de la responsabilidad administrativa no sólo es necesario la norma específica como el Reglamento Interno de Personal sino también las normas que regulan el ordenamiento jurídico administrativo vigente, como la Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley del Estatuto del Funcionario Público, el DS 26115 de 16 de marzo de 2001 NB-SAP, el Manual de Organización y Funciones de Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, entre otras; 8) Si bien el accionante dentro del proceso sumario interno seguido contra su persona en ejercicio pleno e irrestricto de su derecho a la defensa, presentó sus pruebas de descargo, las cuales fueron valoradas; sin embargo, estas no desvirtuaron las sindicaciones contra su persona; así como en el ejercicio de su derecho a la impugnación, planteó los recursos de revocatoria y jerárquico, los cuales fueron debida y oportunamente atendidos, emitiéndose las resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas, con una congruencia interna y externa, resolviendo de manera clara y puntual cada uno de sus reclamos; y, 9) Por lo señalado no resulta evidente lo indicado por el accionante, con relación a que dentro de la sustanciación y resolución que dispuso sus destitución se habrían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo ni mucho menos a su inamovilidad laboral, al haberse respetado todos los componentes esenciales del debido proceso, más aún si su destitución deviene de un proceso sumario administrativo interno como consecuencia del incumplimiento de mandatos y preceptos constitucionales y legales de inexcusable cumplimiento y observancia para el ejercicio de la función pública.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rene Ugarte López, Representante del Instituto Boliviano de la Ceguera –IBC, en audiencia manifestó que: i) A momento de la transición de Prefectura a Gobernación “las personas ciegas” de Oruro, solicitaron que esa entidad pueda crear un ítem que tenga la denominación de “IBC”; ii) Desde la gestión 2011 ese ítem estuvo ocupado por una persona ciega que era propuesta por el IBC, siendo cubierto el sueldo con recursos de la Gobernación del departamento de Oruro, siendo el segundo nombrado en ese ítem el accionante pero sin tener relación con el referido Instituto, aprovechando su condición para buscar su inamovilidad laboral; iii) El accionante aprovecha su ceguera para acudir a la instancia constitucional; es decir, que ya es la tercera vez que interpone una acción de amparo constitucional; y, iv) Pide se deniegue la tutela, para que la referida Gobernación devuelva al sector de las personas con ceguera el ítem que ocupaba el accionante, el cual debe ser utilizado de manera rotatoria por personas ciegas. Patricia Araoz Arancibia en representación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, pese a encontrarse en audiencia de consideración de la presente acción de defensa no intervino ni presentó informe alguno.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 36/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 599 a 602 vta., denegó la tutela; bajo los siguientes fundamentos: a) La presente acción de defensa se origina en que el Gobernador ahora accionado emitió la Resolución Jerárquica 010/2022, que dio lugar a la desvinculación de la fuente de trabajo del accionante, considerando como vulnerados sus derechos al trabajo y al debido proceso administrativo; b) Los argumentos expuestos por el accionante a tiempo de formular el recurso jerárquico, no son los mismos que fueron señalados en la acción de amparo constitucional, ni en el desarrollo de la audiencia de consideración de esa acción de defensa; puesto que, en la presente acción de defensa lo que se cuestionó fue la calificación de la conducta como procesado y que fue pasible a la sanción de destitución sin haberse cumplido con el principio de legalidad, al señalar que la calificación en cuanto a la gravedad de su conducta habría estado librada al arbitrio de la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro cuando ese proceder -a su criterio- no tendría respaldo normativo; y, c) Dichos argumentos no fueron expuestos en el recurso jerárquico; por lo que, el Gobernador hoy accionado no tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre ese aspecto; y, sobre la supuesta vulneración al derecho al debido proceso administrativo, el accionante no fue claro en cuál de sus componentes fue vulnerado; además, que en el recurso jerárquico no expuso como fundamento el incumplimiento del principio de tipicidad o legalidad; aspectos que hacen inatendible la concesión de la tutela solicitada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 de 24 de agosto, emitida por la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, por la cual, declaró probados los indicios de responsabilidad administrativa contra Juan Guillermo Gómez Villcarana -ahora accionante- asignado al cargo de Profesional Administrativo II - del IBC (Ítem 10286- Actual) dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social y Seguridad Alimentaria del citado Gobierno Autónomo Departamental, por la comisión de contravenciones administrativas del ordenamiento jurídico administrativo y de la norma de conducta funcionaria generales y específicas (fs. 251 a 302). II.2. Por memorial presentado el 31 de agosto de 2022, ante la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el accionante planteó recurso de revocatoria contra la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 (fs. 305 a 311).

II.3. Mediante Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 de 12 de septiembre del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, emitida por la autoridad sumariante del citado Gobierno Autónomo Departamental, por la cual rechazó el recurso de revocatoria planteado contra la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022, por el sumariado - accionante-, ratificando en todas y cada una de sus partes la citada Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno recurrida (fs. 318 a 380). II.4. A través del memorial de 19 de septiembre de 2022, dirigido a la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el accionante formuló recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022, solicitando sea declarada “IMPROBADA” por el presunto incumplimiento atribuidos contra su persona mediante “Auto de Inicio de Sumario Administrativo R.A.F. N°006/2022…” (sic) -siendo lo correcto Auto de Inicio de Proceso Sumario Administrativo 002/2022 de 2 de agosto- y en consecuencia la inexistencia de indicios de responsabilidad administrativa por la función pública disponiendo el archivo de obrados (fs. 384 a 385 vta.).

II.5. Consta Resolución Jerárquica 010/2022 de 5 de octubre, emitida por Johnny Franklin Vedia Rodríguez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro -hoy accionado-, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), por la cual resolvió rechazar el recurso jerárquico planteado por el accionante, y en consecuencia confirmó la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 que resolvió el recurso de revocatoria; y por lo tanto, la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022, pronunciada dentro del proceso sumario administrativo interno contra el accionante, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 28 del DS 23318-A modificado por el DS 26237 (fs. 396 a 417).

II.6. Cursa Memorando RR.HH. A – 49/2022 de 18 de octubre, a través del cual el Gobernador ahora accionado en cumplimiento a la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022, agradeció los servicios prestados en esa entidad al accionante, documento suscrito por el Gobernador ahora accionado, (fs. 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral y a los principios de legalidad; y, tipicidad; puesto que, luego de que la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, le iniciara el proceso sumario administrativo, dicha autoridad emitió la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 de 24 de agosto, disponiendo su destitución del cargo que ocupaba; por lo que, planteó recurso de revocatoria contra esa determinación, ratificándose la misma mediante Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 de 12 de septiembre, lo que suscitó que interpusiera recurso jerárquico, el cual fue resuelto por el Gobernador ahora accionado, quien a través de la Resolución Jerárquica 010/2022 de 5 de octubre, confirmó la señalada Resolución Administrativa; derivando en que el 18 de octubre de 2022, sea notificado con el Memorando RR.HH. A – 49/2022 de 18 de octubre, por el cual le agradecieron sus servicios en cumplimiento de esa Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno; sin haberse establecido de manera clara la calificación de su conducta incumpliendo los principios de legalidad y tipicidad, al haberse basado el proceso y la sanción en deberes generales y principios que debe cumplir todo servidor público, siendo la calificación efectuada como destitución realizada de manera subjetiva por la autoridad sumariante del citado Gobierno Autónomo Departamental.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Inamovilidad laboral de las personas con capacidades diferentes y su excepción; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Inamovilidad laboral de las personas con capacidades diferentes y su excepción

La SC 1363/2011-R de 30 de septiembre, al respecto señala que: “Por disposición constitucional, este sector de la población, goza no sólo del reconocimiento de derechos (trabajo, educación, salud integral, etc.), sino también de la garantía del Estado, en el entendido que no es un simple mandato lírico, sino, que la norma fundamental obliga al Estado que a través de sus órganos y/o servidores públicos, en relaciones públicas, y, a las personas particulares, en relaciones privadas, a acatar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado. También en la economía jurídica al respecto, se incluye otros textos, como la Ley 1678 de 15 de diciembre de 1995 (Ley de la Persona con Discapacidad), los Decretos Supremos 24807 de 4 de agosto de 1997, 27477 de 6 de mayo de 2004 y 29608 de 18 de junio de 2008 (modificatorio del art. 5 del DS 27477).

De igual forma la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado, destacándose la SC 0421/2011-R de 14 de abril, que indicó: ‘El referido derecho y otros reconocidos constitucionalmente a favor de las “personas con discapacidad”, se encuentran regulados en los arts. 2, 3, 4 y 6 de la LPD, que tiene por finalidad su incorporación a los regímenes de trabajo, educación, salud y seguridad social, con seguros de corto y largo plazo, derechos que al ser de orden público y social tienen carácter imperativo; es decir, que su observancia en las relaciones laborales, es obligatoria e ineludible. Cabe resaltar, que esta normativa, asigna al derecho al trabajo carácter irrenunciable, lo que significa, que al ser propio del ser humano, no es susceptible de renuncia o transacción’.

En el mismo sentido y haciendo una interpretación de la normativa legal vinculada con la estabilidad laboral de las personas con capacidades diferentes, la SC 0556/2011-R de 29 de abril, refirió: ‘Si bien, tanto la Constitución Política del Estado en el art. 70 inc. 4, la Ley 1678 en el art. 6, regulan y garantizan el derecho al trabajo de las ‘personas con discapacidad’, por su parte los arts. 9 incs. c) y f) del DS 24807; 3 y 5 del DS 27477, prescriben la inamovilidad laboral tanto para: 'Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado (…) excepto por las causales establecidas por Ley', (…). O sea, que indistintamente de si es una institución pública o privada, la regla general consiste en la permanencia en su puesto de trabajo, tanto de la ‘persona con discapacidad’ como de aquella que la tiene bajo su dependencia, entre tanto no incurra en alguna causal para su destitución; empero, condicionado al sometimiento de un previo proceso interno, que determine su alejamiento de la entidad pública o empresa privada’. Advirtiéndose entonces que el derecho al trabajo y la garantía de estabilidad en el puesto de trabajo, se encuentra supeditado a que el funcionario público con capacidades diferentes, no incurra en una casual justificada que amerite su destitución, la que se producirá previo proceso interno, en el que asuma defensa. De producirse que la persona con capacidades diferentes como funcionario de una institución pública o entidad privada, hubiere incurrido en un motivo o razón fundada que justifique su destitución, previamente deberá efectuarse un proceso administrativo interno, en el cual tenga la oportunidad de defenderse, ya sea a través de los descargos correspondientes e impugnar la decisión que creyere lesiva a sus derechos. En ese entendido, la SC 0477/2011-R de 18 de abril, precisó: ‘Conforme al análisis desarrollado (...), el retiro de toda persona con discapacidad, sólo puede darse, cuando previamente ha existido un debido proceso disciplinario interno, donde con objetividad se hayan demostrado las causas que ameritaron una sanción tan drástica como el despido (...). (…)

Además es necesario dejar en claro, que toda persona con capacidades diferentes o con descendientes a su cargo con esas capacidades no iguales, está obligada a cumplir la Constitución Política del Estado y todo el ordenamiento jurídico nacional, en el ejercicio de sus funciones en el puesto de trabajo en que se encuentra, pues si bien ésta garantiza la inamovilidad laboral de los mismos, ello no implica que no responda del desempeño de sus funciones, los que en caso de ineficiencia, ineficacia, ilicitud, o cualquier tipo de inconducta laboral, como faltas, abandonos, trato indebido e irrespetuoso o desempeño negligente entre otros, serán pasibles dentro del marco del manual de funciones, reglamento de trabajo o estatuto de la institución, a proceso interno previo, para que en cada caso en particular se les imponga la sanción que corresponda en forma objetiva e imparcial’.

Bajo ese razonamiento, no obstante que el referido sector de la población goza de protección especial en cuanto a sus derechos laborales; empero, no significa desconocer la existencia de sus obligaciones como cualquier otro servidor público o empleado en el sector donde preste sus servicios. Es decir, al igual que cualquier otro trabajador, están compelidos a ejercer sus funciones con eficacia, eficiencia, puntualidad y responsabilidad.

Consecuentemente, de producirse la destitución de un servidor público o empleado con capacidades diferentes, la entidad o institución, conforme a su normativa, deberá someterlo a un proceso interno previo que establezca su destitución, enmarcado en el debido proceso, que comprende derechos como la defensa, ofrecimiento de prueba, motivación y fundamentación e impugnación de las Resoluciones, caracterizado además por la aplicación de los principios de contradicción e inmediación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral y a los principios de legalidad; y, tipicidad; puesto que, luego de que la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, le iniciara el proceso sumario administrativo, dicha autoridad emitió la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 de 24 de agosto, disponiendo su destitución del cargo que ocupaba; por lo que, planteó recurso de revocatoria contra esa determinación, ratificándose la misma mediante Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 de 12 de septiembre, lo que suscitó que interpusiera recurso jerárquico, el cual fue resuelto por el Gobernador ahora accionado, quien a través de la Resolución Jerárquica 010/2022 de 5 de octubre, confirmó la señalada Resolución Administrativa; derivando en que el 18 de octubre de 2022, sea notificado con el Memorando RR.HH. A – 49/2022 de 18 de octubre, por el cual le agradecieron sus servicios en cumplimiento de esa Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno; sin haberse establecido de manera clara la calificación de su conducta incumpliendo los principios de legalidad y tipicidad, al haberse basado el proceso y la sanción en deberes generales y principios que debe cumplir todo servidor público, siendo la calificación efectuada como destitución realizada de manera subjetiva por la autoridad sumariante del citado Gobierno Autónomo Departamental.

De la revisión de los antecedentes se tiene que la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, inició proceso sumario administrativo el 2 de agosto de 2022, contra el accionante, emitiendo posteriormente dicha autoridad sumariante la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022, declarando probados los indicios de responsabilidad administrativa contra su persona quien se encontraba asignado al cargo de Profesional Administrativo II - del IBC (Ítem 10286 actual) dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Social y Seguridad Alimentaria del citado Gobierno Autónomo Departamental, por la comisión de contravenciones administrativas del ordenamiento jurídico administrativo y de la norma de conducta funcionaria generales y específicas Conclusión II.1., señaladas por los arts. 108.1, 5 y 12, 232, 234.3 y 7 y 235.1 y 2 todos de la CPE; así como los arts. 1 incs. b), c), d), e), f) y h), 8 incs. a) y b), en contravención del art. 12, todos de la Ley del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre-; asimismo lo previsto por el art. 3.I, omisión de los arts. 4, 5, 6 y 7 del DS 23318-A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública); contravención e incumplimiento de la Resolución Administrativa Departamental de Oruro 0196/2011 (Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal RE-SAP Interno del Personal del G.A.D.ORU.) en sus arts. 4, 8 y 9 vinculado al Manual de Descripción de Cargos aprobado mediante Resolución Administrativa Departamental de Oruro 177/2022 de 21 de abril y omisión total de cumplimiento respecto del Ítem 10286 asignado al mismo; y por la contravención de los arts. 2 y 11 incs. a), i), j), k) y p) del Reglamento Interno de Personal del referido Gobierno Autónomo Departamental aprobado mediante Resolución Administrativa Departamental de Oruro 95/2021 de 9 de marzo. Disponiendo como sanción administrativa la destitución para el sumariado -accionante-.

Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022 contra la cual el accionante formuló el 31 de agosto de 2022, recurso de revocatoria, el cual fue tramitado y resuelto por la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro Conclusión II.2. quien emitió la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022, a través de la cual rechazó el recurso de revocatoria ratificando en todas y cada una de sus partes la citada Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno Conclusión II.3.; lo que suscitó que el accionante interpusiera recurso jerárquico el 19 de septiembre de ese año, contra la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 que resolvió el recurso de revocatoria, solicitando -entre otros aspectos- se declare la inexistencia de indicios de responsabilidad administrativa por la función pública, disponiendo el archivo de obrados Conclusión II.4.; impugnación que fue resuelta por el Gobernador ahora accionado en su condición de MAE, quien mediante la Resolución Jerárquica 010/2022, rechazando el recurso jerárquico, confirmó la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 que resolvió el recurso de revocatoria; y por tanto la referida Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno, pronunciada dentro del proceso sumario administrativo interno contra el accionante Conclusión II.5.; emitiéndose posteriormente, en cumplimiento de esa determinación administrativa, el Memorando RR.HH. A – 49/2022, a través del cual se agradecieron al accionante los servicios prestado Conclusión II.6.

Ahora bien, conforme los antecedentes señalados precedentemente, se tiene el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro inició un proceso sumario administrativo interno contra el accionante, el cual concluyó con la Resolución Jerárquica 010/2022, para posteriormente materializarse su despido mediante el memorando de agradecimiento de servicios que prestaba en esa entidad en el cargo de Profesional Administrativo II del IBC, con el Ítem 10286; es decir, que el alejamiento del citado Gobierno Autónomo Departamental, responde a un proceso previo a su destitución; en ese sentido, conforme lo establecido en la jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las personas con capacidades diferentes, si bien gozan de protección constitucional reforzada, dada su condición de vulnerabilidad, teniendo -entre otros- la facultad de ejercer sus derechos como la incorporación a los regímenes de trabajo, el cual se encuentra garantizado por el art. 70.4 de la CPE, al señalar que todas las personas con discapacidad tienen el derecho a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna, prescribiendo a ese efecto los Decretos Supremos (DDSS) 24807 de 4 de agosto de 1997 (art. 9 incs. c) y f); y, el art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, la inamovilidad laboral para todas las personas con discapacidad que presten servicios tanto en el sector público como en el privado, entendiéndose que constituye una regla general la permanencia de las personas con discapacidad en su fuente laboral; sin embargo, dicha estabilidad no es absoluta; puesto que, se encuentra condicionada a que la persona con capacidades diferentes no incurra en una causal para su despido, aspecto que debe ser necesariamente discutido dentro de un previo proceso interno, en el que pueda con base a un debido proceso ejercer su derecho a la defensa y a la impugnación; en ese contexto los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral se encuentran limitados en caso en el que el servidor público con capacidades diferentes incurra en una causa justificada que dé lugar a su despido o destitución, el cual será determinada dentro de un proceso interno previo y en el que ejerza su derecho a la defensa.

En ese sentido, en el caso de análisis se advierte que el accionante quien es considerado como una persona con capacidades diferentes al tener una condición de ceguera, fue sujeto a un proceso sumario administrativo interno, en el que ejerció su derecho a la defensa y a la impugnación, habiéndose determinado luego de haber concluido todas las instancias administrativas su destitución; es decir, que presentó sus descargos correspondientes e impugnó las decisiones que consideró como vulneradoras a sus derechos; denotando que la actuación del Gobernador ahora accionado se basó en los instrumentos normativos específicos y de orden jurídico que rigen al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, no habiendo incurrido en alguna vulneración de los derechos alegados como vulnerados en la presente acción de defensa; puesto que, pese a la protección especial de la que goza el accionante respecto a su derecho al trabajo y estabilidad laboral, los cuales se encuentra protegidos, como ya se señaló, por la Constitución Política del Estado y la Ley de la Persona con Discapacidad, ello no implica, que esté exento de no observar el cumplimiento tanto de deberes como de obligaciones descritas en las normas que rigen su conducta; por lo que, bajo ese criterio y ante la existencia de un debido proceso sumario administrativo en el que se determinó su despido, no se tiene como vulnerados sus derechos a la inamovilidad laboral y al trabajo, debiendo denegar la tutela solicitada respecto a los mismos; correspondiendo aclarar que no obstante que las personas con capacidades diferentes gozan de la protección del Estado dado su condición de vulnerabilidad; empero, no se puede hacer abstracción de que como servidores públicos o trabajadores, se encuentran obligados a cumplir sus funciones conforme al manual especifico del cargo, y en el marco de la eficiencia, eficacia y responsabilidad que exige la normativa de cada entidad, sea pública o privada. Por otro lado cabe señalar que en cuanto a que se disponga la nulidad de la Resolución Final Administrativo de Proceso Sumario Interno R.A.F. 006/2022, y la Resolución Jerárquica 010/2022, realizado como petitorio en esta acción de defensa; corresponde indicar que solamente se puede hacer alusión a la referida Resolución Jerárquica que resolvió el recurso jerárquico, al ser esa instancia de impugnación la de cierre de la instancia administrativa, y la que pudo -eventualmente- modificar la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022 emitida dentro del recurso de revocatoria; en ese sentido, el accionante en la presente acción de defensa, alegó como problema jurídico que dentro del proceso sumario administrativo interno iniciado contra su persona, la calificación de su conducta y que dio lugar a la sanción de destitución, no cumplió con los principios de legalidad y tipicidad, al haberse basado la autoridad sumariante del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en deberes generales que debía cumplir todo servidor público así como respecto a los principios que rigen la administración pública, siendo -a su criterio- inexistente la tipificación de la conducta, aspecto que le llevó a señalar que la sanción impuesta no respondería a la relación de causalidad que debe existir entre la falta y la sanción previamente definida en una normativa interna, siendo subjetiva la calificación realizada; sin embargo, de lo referido, del examen íntegro del memorial del recurso jerárquico planteado por el accionante el 19 de septiembre de 2022, contra la Resolución Administrativa R.A.R.V. 004/2022, se evidencia que en dicho recurso que en vez de cuestionar la supuesta falta de conexión de la tipificación de la conducta con la sanción, lo que derivaría en la inobservancia de los principios de legalidad y tipicidad, se limitó a señalar otros aspectos procesales y de otra índole, al indicar en su recurso jerárquico que: i) El fin de proceso administrativo es determinar la contravención del ordenamiento jurídico-administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público; es decir, faltas y/o contravenciones al ordenamiento jurídico de la administración pública, antecedentes extrañados dentro de la investigación sumarial, al pretenderse la atribución de una falta “incumplimiento” a esas normas, solamente con un informe del área de RR.HH. del señalado Gobierno Autónomo Departamental y una supuesta notificación con el auto de inicio de proceso sumario; ii) No solo cumplió con la obtención de la libreta de Servicio Militar conforme al art. 234.3 sino también con el numeral 7 de la CPE, siendo sorprendente que la autoridad sumariante del citado Gobierno Autónomo Departamental denigre a su persona poniendo en juicio su capacidad de hablar un idioma nativo pese a que es de origen aimara; por lo que, cuenta con el certificado correspondiente como tiene conocimiento de la función pública así sea básico y no descalificar y discriminar a una persona por el solo hecho de no contar con certificaciones; y, iii) Sus derechos laborales se encuentran protegidos por los arts. 46 y ss. de la CPE, 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 13 de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-; y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y finalmente con la Resolución 56/2022 “que otorgó la tutela de sus derechos laborales”.

En ese efecto, el Gobernador ahora accionado no tuvo la oportunidad de pronunciarse en cuanto a los actos ilegales denunciados en la presente acción de amparo constitucional, específicamente con relación a supuesto incumplimiento de los principios de legalidad y tipicidad y lo relacionado a la tipificación y la sanción, más aún si en materia administrativa la única manera de cuestionar el resultado de las instancias inferiores es a través de los medios impugnativos instituidos por el ordenamiento jurídico en materia administrativa; en ese sentido, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se ve impedida de analizar el fondo de la problemática que atañe a la falta de tipicidad y su relación con la sanción, debido a que ello no fue reclamado en la instancia de recurso jerárquico ante el referido Gobernador; es decir, que no expuso ante la última instancia administrativa los mismos agravios que ahora se pretende sean analizados por la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional; consecuentemente, el accionante no puede pretender un análisis de fondo cuando el indicado Gobernador no tuvo la oportunidad de emitir criterio y pronunciarse respecto a los actos y omisiones que se consideran ilegales, porque no obstante a plantear el recurso jerárquico, no expuso ni expresó los agravios que ahora son puestos a conocimiento de la jurisdicción constitucional mediante esta acción de defensa; por lo cual, corresponde igualmente sobre este aspecto denegar la tutela solicitada.

Finalmente en cuanto a la supuesta vulneración de los principios de legalidad, y tipicidad, se debe aclarar que los principios no pueden ser protegidos de manera autónoma a través de la acción de amparo constitucional; sino únicamente, cuando se encuentran vinculados a derechos y garantías que son objeto de tutela por la jurisdicción constitucional; en ese sentido se pronunció la SCP 0096/2012 de 19 de abril, al señalar que: “... a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo solo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional”; debiendo igualmente respecto a dichos principios denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 599 a 602 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0351_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 43930e609144c4b5a8ff4ddf17d59c7dc1f7f50e7255fa10105a36e3fa3fa446

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