B.IA.LEGAL

SCP 0351/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
51652-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad, “…además de haber generado la inaplicación del principio pro actione…” (sic); toda vez que: a) El Juez demandado: 1) No respondió a su solicitud de control jurisdiccional sobre la falta de remisión del cuaderno de investigación ante el Fiscal Departamental de La Paz para la resolución de la impugnación presentada contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022 de 25 de agosto, pronunciado en su favor; 2) En audiencia de cesación de su detención preventiva de 20 de septiembre de 2022, por Auto Interlocutorio 236/2022 de igual fecha, señaló que no conocía de la existencia del citado Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, siendo esto falso, ya que en una audiencia anterior ya había tomado conocimiento del mismo; por consiguiente, omitió valorarlo como prueba; y, 3) No especificó la duración de la medida extrema, no señaló la fecha exacta de su finalización ni fijó audiencia pública para resolver su situación jurídica; b) El Fiscal de Materia codemandado incumplió con su obligación de remitir el cuaderno de investigación a su superior jerárquico para la resolución de la impugnación presentada contra el referido Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento; y, c) La Secretaria codemandada no remitió su apelación que interpuso contra el supra citado Auto Interlocutorio, desobedeciendo una resolución constitucional y, por consiguiente, incurriendo en incumplimiento de deberes. Ante ello, el …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0351/2025-S2 Sucre, 6 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 51652-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez y Olker Cristian Cossío Fernández en representación sin mandato de Orlando Felipe Sarzuri contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto; Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del citado Juzgado, ambos de la Capital del departamento de La Paz; y, Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y 22 a 26 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, el Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Cuarto, por Auto Interlocutorio 80/2022 de 27 de abril, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento durante seis meses; sin embargo, no tomó en cuenta su declaración informativa, ya que, solo se basó en la imputación formal y no así en una verificación objetiva de todos los elementos presentados; y, no especificó la duración de la medida, no señaló la fecha exacta de su finalización ni fijó audiencia pública para resolver su situación jurídica. Posteriormente, fue beneficiado con Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022 de 25 de agosto, mismo que fue impugnado; empero, Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia -ahora codemandado-, incumplió su obligación de remitir el cuaderno de investigación a su superior jerárquico de acuerdo al plazo establecido en el art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo cual provocó que no cuente con mecanismos de defensa, siendo que ya podría haberse emitido una resolución jerárquica y, de esa forma, inclusive recuperar su libertad. Estos aspectos fueron reclamados ante Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la misma Capital y departamento; sin embargo, desconoce si su solicitud fue atendida. Al margen de lo anterior, el 20 de septiembre de 2022 se instaló audiencia donde se consideró su solicitud de cesación a la detención preventiva, misma que fue rechazada por el Juez demandado, alegando que desconocía la existencia del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022; lo cual es “falso”, ya que, en una audiencia “anterior”, la referida autoridad ya tomó conocimiento del mencionado Requerimiento Conclusivo; por lo que, no realizó una correcta valoración de los elementos de convicción presentados. Ante ello, apeló dicha decisión; no obstante, a la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar-, el Juez demandado no verificó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional para su apelación y el cumplimiento de los plazos previstos para tal efecto por parte de Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -codemandada-, aspecto que lo deja en indefensión.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad, “…además de haber generado la inaplicación del principio pro actione…” (sic); citando al efecto los arts. 15, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que: a) El Fiscal de Materia codemandado remita inmediatamente el cuaderno de investigación a la Fiscalía Departamental de La Paz; b) El Juez demandado señale día y hora para audiencia de revisión de su situación jurídica; y, c) La Secretaria codemandada remita el cuaderno de control jurisdiccional sin errores ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías y respondiendo a las preguntas formuladas por la Jueza de garantías, señaló que: 1) En acción de libertad, el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, estableció que la Secretaria codemandada desplegó una serie de actos dilatorios en la tramitación de la causa; por lo que, le ordenó remitir el expediente de apelación contra la resolución pronunciada en audiencia de 20 de septiembre de 2022; sin embargo, “…ha incumplido una resolución constitucional…” (sic) lo que constituye un incumplimiento de deberes; 2) La Secretaria codemandada les “…prohíbe ver el cuaderno de control jurisdiccional es más cuando la doctora Isabel Gutiérrez y Yamil Espinosa van a querer revisar el proceso qué es lo que hace deme su nombre porque quiere revisar tu cuaderno quien es usted y nos ponen miles de trancas…” (sic); hechos que ya fueron objeto de reclamo ante el Juez -no especifica cual-, solicitando una llamada de atención; 3) Solicitó que se señale audiencia de consideración de situación jurídica, misma que debe llevarse a cabo “…en fecha 27 de octubre de este mes…” (sic); y, 4) El Fiscal demandado vulneró derechos al no remitir los antecedentes del sobreseimiento emitido a su favor desde el 25 de agosto de 2022 ante su superior jerárquico; además, corresponde que el Juez demandado señale día y hora de audiencia para resolver su situación jurídica; y, en relación a la Secretaria codemandada, lesionó el derecho subsidiario ya que no puede tener una audiencia para resolver su situación jurídica.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del citado departamento, por informe oral en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) Se convocó a audiencia de cesación a la detención preventiva con todas las formalidades y plazos que establece la normativa; sin embargo, el impetrante de tutela “…no hace uso de la defensa adecuada técnica y jurídica que le corresponde…” (sic), ya que no adjuntó pruebas que respalden su petición, labor que no puede ser subsidiada por su autoridad; ii) Respecto a la falta de valoración de prueba, existe el recurso de apelación, mismo que fue interpuesto por el peticionante de tutela y aun no fue resuelto, por lo que no es posible acudir a la vía constitucional; iii) Respecto a su petitorio, existe una imposibilidad material de dar tutela con relación a una actuación futura a realizarse, ya que el plazo de la medida extrema se encuentra determinado y fijada la fecha de consideración de su situación jurídica para el 27 de octubre de 2022, de acuerdo a los datos del proceso; iv) El impetrante de tutela interpuso otras acciones de libertad sobre estos mismos acontecimientos, las cuales fueron denegadas; v) Lo alegado por el prenombrado son temas procedimentales que deben ser resueltos al interior de la jurisdicción ordinaria; y, vi) No se cuenta con el cuaderno de control jurisdiccional, ya que fue remitido a la Sala Penal Primera del referido departamento. Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, por informe oral, en audiencia de acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) La apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio 236/2022 de 20 de septiembre, que resolvió la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el accionante, fue remitida el “día de ayer” -se entiende 19 de octubre de 2022- a horas “10:19” ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento; b) Los abogados del peticionante de tutela en ningún momento se hicieron presentes para recabar fotocopias del proceso, siendo que el mismo cuenta con once cuerpos; c) Se tuvieron algunas observaciones que son atribuibles a los anteriores servidores públicos del Juzgado, ya que, su persona asumió el cargo el 13 de mayo del referido año y actualmente no se cuenta con “…juez titular soy la única funcionaria en el juzgado…” (sic); y, d) La parte accionante ya planteó una acción de libertad en su contra el 14 de octubre de 2022, sosteniendo que no remitió el proceso, lo cual es falso. Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia, por informe oral en audiencia de acción de libertad, solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) Conforme al art. “130” -siendo lo correcto 160- del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el Fiscal no notifica, toda vez que la referida ley estableció la creación del área de “servicios comunes”, quienes se encargan de las notificaciones correspondientes; 2) En la causa penal existen más de veintiún sujetos procesales, a quienes se los debe notificar en sus domicilios, y hay domicilios que no están actualizados o se encuentran en el interior del país; 3) Se cumplió en “…remitir dentro del plazo procesal la impugnación correspondiente…” (sic); por otro lado, la autoridad jurisdiccional señaló dentro de los plazos procesales día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares; sin embargo, el accionante no adjuntó pruebas, como ser el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022, por lo que, bajo el principio de congruencia procesal, “…solo corresponde emitir algún tipo de resolución no en base a supuestos sino envase de prueba objetiva…” (sic); y, 4) No se cumplió con la subsidiariedad, ya que las presuntas omisiones atribuidas debieron ser puestas a conocimiento de la autoridad jurisdiccional antes de la interposición de la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 24/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 41 a 42, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Fiscal codemandado “…ha cumplido a cabalidad con la determinación, primeramente del sobreseimiento en relación a la de remisión de los cuadernos porque se encuentra en grado de impugnación, y hacer el seguimiento correspondiente de la notificación a los 21 acusados” (sic); ii) Respecto al Juez demandado, “…ha cumplido claramente con la respuesta a los memoriales presentados por los señores abogados de conformidad a la Ley del Órgano Judicial, en relación al Artículo 54 del CPP., dentro del control jurisdiccional…” (sic); iii) De la fotocopia adjunta por la Secretaria codemandada, se advierte que cumplió con la remisión de obrados para la apelación; iv) En mérito a todo lo anterior, el impetrante de tutela no demostró “…objetivamente su presente petitorio, menos aún no ha demostrado algún derecho vulnerado por estas autoridades…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Orlando Felipe Sarzuri -accionante-, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, signado con el Código Único de Denuncias (CUD) 201102012005938, por Auto Interlocutorio 80/2022 de 27 de abril, Mario Helmer Laura Picavia, -entonces- Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento durante seis meses (fs. 6 a 13). II.2. Cursa Resolución 22/2022 de 15 de octubre pronunciada por Wilge Hugo Mendoza Miranda, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, dentro de la acción de libertad interpuesta por el impetrante de tutela contra Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del referido departamento -codemandada-, en la que se concedió en parte la tutela solicitada, ordenando que la prenombrada remita el cuaderno de control jurisdiccional a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento el 17 de octubre de 2022 (fs. 18 a 19 vta.).

II.3. A través de Oficio 692/2022 de 19 de octubre, la Secretaria codemandada remitió actuados en grado de apelación contra el Auto Interlocutorio 236/2022 de 20 de septiembre, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con cargo de recepción de la misma fecha a horas 11:30 (fs. 32 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad, “…además de haber generado la inaplicación del principio pro actione…” (sic); toda vez que: a) El Juez demandado: 1) No respondió a su solicitud de control jurisdiccional sobre la falta de remisión del cuaderno de investigación ante el Fiscal Departamental de La Paz para la resolución de la impugnación presentada contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022 de 25 de agosto, pronunciado en su favor; 2) En audiencia de cesación de su detención preventiva de 20 de septiembre de 2022, por Auto Interlocutorio 236/2022 de igual fecha, señaló que no conocía de la existencia del citado Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, siendo esto falso, ya que en una audiencia anterior ya había tomado conocimiento del mismo; por consiguiente, omitió valorarlo como prueba; y, 3) No especificó la duración de la medida extrema, no señaló la fecha exacta de su finalización ni fijó audiencia pública para resolver su situación jurídica; b) El Fiscal de Materia codemandado incumplió con su obligación de remitir el cuaderno de investigación a su superior jerárquico para la resolución de la impugnación presentada contra el referido Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento; y, c) La Secretaria codemandada no remitió su apelación que interpuso contra el supra citado Auto Interlocutorio, desobedeciendo una resolución constitucional y, por consiguiente, incurriendo en incumplimiento de deberes. Ante ello, el Juez demandado señala que: i) Respecto a la falta de valoración de prueba en la emisión del Auto Interlocutorio 236/2022, existe el recurso de apelación incidental, mismo que fue interpuesto por el peticionante de tutela, encontrándose pendiente de resolución, por lo que no es posible acudir directamente a la vía constitucional; ii) Se fijó la fecha de consideración de su situación jurídica para el 27 de octubre de 2022; y, iii) El impetrante de tutela interpuso otras acciones de libertad sobre los mismos hechos. Por su parte, la Secretaria codemandada sostiene que: a) El 14 de octubre de 2022, la parte accionante presentó una acción de libertad en su contra; y, b) La apelación incidental fue remitida el 19 de igual mes y año a horas “10:19” ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Finalmente, el Fiscal de Materia codemandado refiere que remitió los antecedentes de la impugnación ante la Fiscalía Departamental de La Paz cumpliendo los plazos procesales.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido

Respecto a la activación de la acción de libertad relacionada al debido proceso, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señaló que: "…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas corresponden al texto original).

Del mismo modo, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante la acción de libertad cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “…a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada como fue la problemática planteada, corresponde ingresar a su análisis en los alcances que corresponda: Respecto al inciso a), en cuanto al Juez demandado El impetrante de tutela sostiene que el Juez demandado: 1) No respondió a su solicitud de control jurisdiccional sobre la falta de remisión del cuaderno de investigación ante el Fiscal Departamental de La Paz para la resolución de la impugnación presentada contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022 de 25 de agosto pronunciado en su favor; 2) En audiencia de cesación de su detención preventiva de 20 de septiembre de 2022, señaló que no conocía de la existencia del referido Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, siendo esto falso, ya que en una audiencia anterior ya había tomado conocimiento del mismo; por consiguiente, omitió valorarlo como prueba; y, 3) No especificó la duración de la medida extrema, no señaló la fecha exacta de su finalización ni fijó audiencia pública para resolver su situación jurídica. En lo que se refiere al punto 1) de este acápite, corresponde acudir al desarrollo jurisprudencial realizado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual estableció que, para tutelar la libertad personal o de locomoción mediante la acción de libertad, cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, deben presentarse los siguientes presupuestos: i) El acto lesivo debe operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión. Con relación al primer supuesto identificado en la supra citada jurisprudencia constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el peticionante de tutela por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, Mario Helmer Laura Picavia, -entonces- Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Cuarto, por Auto Interlocutorio 80/2022 de 27 de abril, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento durante seis meses (Conclusión II.1). En ese contexto, no es evidente que la falta de remisión del cuaderno de investigación ante el Fiscal Departamental y la alegada falta de control jurisdiccional al respecto, constituya la causa directa de la restricción o supresión de la libertad del prenombrado, puesto que, como se señaló, su detención deviene de la emisión de una resolución judicial en el marco del régimen de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido en su contra; por lo tanto, se infiere que, la falta de respuesta del Juez demandado a su solicitud de control jurisdiccional sobre esta temática tampoco se encuentra vinculada a la libertad del nombrado, en la medida en la que opere como causa directa de su restricción o supresión; por consiguiente, no se cumple con este requisito. En cuanto al segundo presupuesto, tampoco se evidencia que el accionante se encuentre en estado de indefensión absoluta que le impida ejercer su derecho a la defensa, puesto que, el prenombrado se encuentra participando de manera activa dentro de la tramitación de la causa penal seguida en su contra, haciendo uso de los mecanismos procesales previstos por el Código de Procedimiento Penal; en consecuencia, tampoco concurre el segundo presupuesto identificado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

En tal razón, corresponde que el peticionante de tutela, una vez agotados los mecanismos intraprocesales previstos por ley en la jurisdicción ordinaria, en caso de considerarlo oportuno, acuda con su reclamo a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, que se constituye en el medio idóneo para la tutela de la garantía al debido proceso cuando la misma no está vinculada de manera directa con la libertad, lo que deviene en la necesidad de denegar la tutela con relación a este punto. Respecto al punto 2) del presente acápite, de lo manifestado en audiencia de garantías por el impetrante de tutela, el Juez y la Secretaria demandados; y, de la revisión del Oficio 692/2022 de 19 de octubre (Conclusión II.3), se evidencia que, el primero presentó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 236/2022 de 20 de septiembre, pronunciado en audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de septiembre de 2022, mismo que, una vez sorteado, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 19 de octubre del mismo año a horas 11:30, encontrándose pendiente de resolución. Por consiguiente, considerando que el acto catalogado como lesivo sigue pendiente de revisión por parte del Tribunal de alzada, corresponde determinar la concurrencia de subsidiariedad excepcional conforme a lo establecido en la SCP 0482/2013 de 12 de abril, situación que obliga a denegar la tutela solicitada en lo referido a este punto. En lo que se refiere al punto 3) de este acápite, de la revisión del Auto Interlocutorio 80/2022, se advierte que no fue el Juez ahora demandado quien emitió dicha determinación, por lo tanto, no se le puede atribuir una omisión en su redacción. Al margen de ello, el peticionante de tutela manifestó en audiencia de garantías que solicitó se señale audiencia de consideración de su situación jurídica y reconoció que dicha solicitud fue deferida, fijándose el verificativo del mencionado acto para el 27 de octubre de 2022; aspecto que también fue refrendado por el Juez y Secretaria demandados. Tales antecedentes permiten inferir que, previa a la notificación de la acción tutelar que nos ocupa, los supuestos fácticos que motivaron su activación desaparecieron, toda vez que, el reclamo formulado por el accionante, sobre el cual orbita su petitorio con relación al Juez demandado, fue atendido antes de tomar conocimiento de la activación de la presente acción de defensa, deviniendo en insubsistente; por consiguiente, un pronunciamiento de fondo respecto a este punto e, inclusive, una virtual concesión de tutela, resultaría ineficaz e innecesaria, conforme razonó la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, correspondiendo denegar la tutela en lo que respecta a esta problemática. En lo referido al inciso b), respecto al Fiscal codemandado

El peticionante de tutela sostiene que, el Fiscal de Materia codemandado incumplió su obligación de remitir el cuaderno de investigación a su superior jerárquico para la resolución de la impugnación presentada contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022. Ahora bien, tal como se razonó en el punto 1) del acápite anterior, se tiene que, la remisión del cuaderno de investigación para la resolución de la impugnación presentada contra el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 08/2022 no constituye la causa directa de la restricción o supresión de la libertad del impetrante de tutela, ya que esta limitación deviene por influjo de la emisión del Auto Interlocutorio 80/2022, que dispuso su detención preventiva; por consiguiente, corresponde también denegar la tutela con relación al Fiscal de Materia codemandado, en los mismos términos señalados respecto al Juez demandado. Con relación al inciso c), en relación a la Secretaria codemandada El accionante manifiesta que la Secretaria codemandada no remitió su apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio 236/2022, desobedeciendo una resolución constitucional y, por consiguiente, incurriendo en incumplimiento de deberes. Al respecto, tal como se concluyó en el punto 2) del acápite a) del presente Fundamento Jurídico, la remisión de la apelación interpuesta por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 236/2022 fue materializada el 19 de octubre de 2022 a horas 11:30. Al margen de lo anterior, se tiene que, el prenombrado adjuntó a su memorial de interposición de la presente acción de defensa la Resolución 22/2022 de 15 de octubre (Conclusión II.2) pronunciada por Wilge Hugo Mendoza Miranda, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en ese entonces en Juez de garantías, dentro de una acción de libertad en la que el hoy peticionante de tutela demandó a la Secretaria ahora demandada por la presunta demora en la remisión del recurso de apelación incidental que presentó contra el Auto Interlocutorio 236/2022. En esa oportunidad, se concedió en parte la tutela solicitada en la modalidad de pronto despacho, disponiendo que, la Secretaria hoy demandada remitiera el cuaderno de control jurisdiccional a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 17 de octubre de 2022. En ese contexto, este Tribunal, a través de su jurisprudencia, estableció de manera uniforme la imposibilidad de denunciar el incumplimiento de una resolución constitucional a través de la interposición de otra acción de defensa. Es así que, según la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre: «“…un eventual incumplimiento de una Sentencia Constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o hábeas corpus), no puede resolverse a través de la interposición de otro recurso constitucional. En efecto, al conocer y resolver casos análogos este Tribunal ha sostenido que 'en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o incumplimiento, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179-BIS del Código Penal (CP)', independientemente de las medidas que debe adoptar el Tribunal que conoció el recurso para asegurar el cumplimiento de su Sentencia…”» (las negrillas son añadidas). En el caso concreto, el accionante, al momento de manifestarse respecto al actuar de la Secretaria codemandada, señaló que la misma “…ha incumplido una resolución constitucional…” (sic) lo que, en su criterio, constituye un incumplimiento de deberes. Siendo ese el caso, conforme a la supra citada jurisprudencia constitucional, no es posible que, a través de la interposición de la presente acción de libertad, pretenda denunciar el incumplimiento de lo dispuesto por Resolución 22/2022, emitida en otra acción de defensa. En ese sentido, si la parte peticionante de tutela consideraba que la Secretaria codemandada incumplió lo dispuesto por el entonces Juez de garantías, debió acudir en reclamo ante el mismo, ya que esa constituye la vía llamada por ley a efectos de hacer cumplir el fallo constitucional, y no así activar una nueva acción de defensa, desconociendo el procedimiento constitucional establecido, en especial lo previsto por el art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), que garantiza la ejecución inmediata de los fallos emitidos en acciones de defensa. En ese contexto, evidenciándose que los presupuestos fácticos del reclamo constitucional de ambas acciones de defensa, respecto a este punto, devienen en un escenario consecuencial, es de exclusiva potestad de la autoridad que resolvió primigeniamente la problemática planteada, verificar y efectivizar su cumplimiento, ya que, de lo contrario, se desconocería la eficacia jurídica de dicho mecanismo de defensa, provocando incluso una disfunción procesal; lo que impele a denegar la tutela solicitada con relación a este punto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 20 de octubre, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0351_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5812c40ec9dd15e22365906363051b3e2e618e157af25f507909d26c5ae5f7f2

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