Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes a través de representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; puesto que, a pesar que feneció el plazo de ocho horas para que el funcionario policial hoy coaccionado ponga en conocimiento las aprehensiones a la Fiscal de Materia ahora accionada, el citado funcionario policial a la 1:45 horas, del 22 de octubre de 2022, dos horas después de lo legalmente permitido, presentó su informe a la mencionada Fiscal de Materia, quien en primera instancia no quiso recibirlo por estar fuera de plazo; empero, después dolosamente aceptó la recepción, encontrándose ilegalmente detenidos hasta la fecha de su audiencia de consideración de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 311/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 1° Llamar severamente la atención a Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54543-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 311/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Wilfredo Bustos Gutiérrez en representación sin mandato de Mary Teodora y José Luis, ambos de apellidos Álvarez Beltrán, Leandro Eugenio Mamani Flores y Felipe Loza Quispe contra Ángela Patricia Miranda Mollinedo, Fiscal de Materia y Diego Andrés Luna Quispe, funcionario policial.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mary Teodora y José Luis, ambos de apellidos Álvarez Beltrán, Leandro Eugenio Mamani Flores y Felipe Loza Quispe -accionantes- por la presunta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del estado, previsto y sancionado por el art. 223 del Código Penal (CP). El 21 de octubre de 2022, a las 15:45 horas, fueron aprehendidos por la Policía Boliviana, lo que es coincidente con el informe de acción directa policial. Sus personas pasaron la tarde y noche sin que el funcionario policial hoy coaccionado, quien se encontraba asignado a su caso, ponga en conocimiento su aprehensión ante el Ministerio Público dentro del término de ocho horas que le confiere el art. 227 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual vencía a las 23:45 horas del 21 de octubre de 2022; por lo que, correspondía que se los ponga en libertad pura y simple; sin embargo, aquello no ocurrió, al contrario, a pesar de la hora de la aprehensión y de la presentación de su “informe” del referido funcionario policial dicho Informe fue recepcionado por la Fiscal de Materia ahora accionada a la 1:45 horas, del 22 de igual mes y año; es decir, que el mencionado Informe se presentó dos horas después de lo legalmente permitido. El funcionario policial hoy coaccionado intentó tres veces que la Fiscal de Materia ahora accionada recepcione -su informe-, siendo rechazado por estar fuera del plazo de las ocho horas; empero, luego de que el referido funcionario policial realizó llamadas telefónicas, haciéndose presente un Coronel quien dialogó con la indicada Fiscal de Materia, que terminó aceptando dolosamente la propuesta ilegal de admitir un caso fuera de las ocho horas de la aprehensión.
Los accionantes a través de representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, y en audiencia señalaron como vulnerado su derecho a la defensa; citando al efecto los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga la inmediata libertad pura y simple de sus personas.
Celebrada la audiencia pública el 24 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 44 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: a) Con la intención de subsanar el error asumido por el funcionario policial hoy coaccionado, se contactaron con otros funcionarios policiales que intervinieron en la aprehensión, presentando un Informe Complementario el 22 de octubre de 2022, a las 5:47 horas, en el que el nombrado señaló que la aprehensión se realizó a las 17:30 horas, incurriendo de esa manera en una falsedad ideológica, aunque la aprehensión se efectuó a dicha hora, se encontraría fuera de plazo; y, b) Fueron aprehendidos el 21 de igual mes y año, y hasta la fecha de audiencia de consideración de la acción de libertad se enccontraban detenidos; puesto que, no hubieron otros medios efectivos para lograr la libertad de sus personas; por lo que, acudieron a la jurisdicción constitucional; ya que, la acción de libertad es excepcionalmente subsidiaria.
Ángela Patricia Miranda Mollinedo, Fiscal de Materia, mediante informe presentado en audiencia manifestó que: 1) Resulta evidente de que el Informe Complementario, refirió que la aprehensión a los accionantes fue a las 17:30 horas; empero, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al “art. 280”, que señala que las actuaciones del Ministerio Público se acumularán en un cuaderno de investigación siguiendo el criterio de la Fiscal de Materia; por lo que, los informes que elabore el funcionario policial asignado al caso no siempre dependen del horario; su autoridad recibió tres informes cada uno, con una recepción diferente; puesto que, recién puso hora al informe final preliminar; más aun, cuando las ocho horas no fenecieron; y, 2) Se debe aplicar el principio de subsidiariedad, agotando instancias en la vía ordinaria, reclamando a la autoridad judicial; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. Diego Andrés Luna Quispe, funcionario policial, mediante informe presentado en audiencia manifestó que: i) Entre otras actuaciones se recepcionó el informe de intervención policial preventiva de acción directa el 21 de octubre de 2022, a las 19:10 horas, así como la declaración testifical del funcionario policial quien intervino en el hecho; solicitó a la Unidad del Centro de Difusión de Información de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) la ficha de información de los accionantes; y, ii) Dichas actuaciones fueron plasmadas en el informe de remisión de antecedentes los cuales se intentaron poner en conocimiento de la Fiscal de Materia de turno; empero, debido al cambio de turno fueron recepcionados por la Fiscal de Materia hoy accionada quien le autorizó realizar algunas actuaciones como notificar con las ordenes de citación y con el decreto fiscal de igual fecha, que contenía las directrices investigativas, a cada uno de los accionantes, cumplido dicho decreto se presentó el informe de cumplimiento de decreto fiscal con las directrices investigativas requeridas, las cuales fueron recepcionadas por la referida Fiscal a las 5:47 horas de la misma fecha.
El Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 311/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 45 a 47 vta., denegó la tutela solicita, bajo los siguientes fundamentos: a) Cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto con una resolución integral que vulneró el derecho a la libertad, esos deben ser activados previamente a la interposición de la acción tutelar; y, b) De existir algún tipo de vulneración los accionantes debieron hacer conocer mediante una denuncia al Juez de Instrucción Penal de Turno de la Capital de ese departamento; situación en la cual no se puede realizar alguna circunstancia; ya que, no se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional, en virtud del cual no se puede atender favorablemente la acción de libertad interpuesta.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Informe de 21 de octubre de 2022, dirigido a Nelson Emilio Vera Monroy, Teniente Coronel; por el que Diego Andrés Luna Quispe, funcionario policial -ahora coaccionado-, informó sobre el caso, las personas aprehendidas y las actuaciones investigativas realizadas; en su parte final de ese Informe solicitó que pase a conocimiento del Fiscal de Materia (fs. 18 y vta.). Dicho Informe fue recepcionado el 22 de igual mes y año, a la 1:44 horas, por Ángela Patricia Miranda Mollinedo, Fiscal de Materia -hoy accionada- mereciendo en respuesta el decreto de igual fecha, emitido por la nombrada por el que se tuvo presente ese Informe y se ordenó que se arrime a sus antecedentes para conocimiento de las partes procesales (fs. 19 vta.). II.2. Por Resolución de 22 de octubre de 2022, emitida por la Fiscal de Materia ahora accionada se dispuso el inicio de investigación preliminar y se efectúen actos investigativos, entre ellos se realice en el día informe de investigación (fs. 1 y vta). II.3. Cursa Informe de 22 de octubre de 2022, dirigido a la Fiscal de Materia hoy accionada; por el que, Alejandro Miranda Yujra, Encargado de Patrulla señaló que logró aprehender a los presuntos autores Mary Teodora y José Luis ambos de apellidos Álvarez Beltrán, Leandro Eugenio Mamani Flores y Felipe Loza Quispe -ahora accionantes- a las 17:30 horas, para posteriormente conducirlos a la FELCC (fs. 30).
II.4. Por Informe de 22 de octubre de 2022, dirigido al Jefe de la División de Corrupción Pública de la FELCC, el funcionario policial hoy coaccionado, informó el cumplimiento del decreto fiscal de directrices de investigación, solicitando también se ponga en conocimiento de la Fiscal de Turno (fs. 31 a 32). Dicho Informe fue recepcionado por la Fiscal de Materia ahora accionada en esa fecha, a las 5:47 horas, emitiendo el decreto de la misma fecha, por el que se tuvo presente el referido Informe y ordenó que se arrime a los antecedentes para conocimiento de las partes procesales (fs. 32). II.5. Mediante memorial de 22 de octubre de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de La Paz; la Fiscal de Materia hoy accionada presentó Resolución de Imputación Formal e inicio de investigación de 21 de octubre de 2022, contra los accionantes, solicitando medidas de carácter personal (fs. 33 a 36).
Los accionantes a través de representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; puesto que, a pesar que feneció el plazo de ocho horas para que el funcionario policial hoy coaccionado ponga en conocimiento las aprehensiones a la Fiscal de Materia ahora accionada, el citado funcionario policial a la 1:45 horas, del 22 de octubre de 2022, dos horas después de lo legalmente permitido, presentó su informe a la mencionada Fiscal de Materia, quien en primera instancia no quiso recibirlo por estar fuera de plazo; empero, después dolosamente aceptó la recepción, encontrándose ilegalmente detenidos hasta la fecha de su audiencia de consideración de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0560/2018-S2 de 30 de abril, al respecto señala que: “…sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal-y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: 1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
(…) Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.” (las negrillas son nuestras).
Los accionantes a través de representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; puesto que, a pesar que feneció el plazo de ocho horas para que el funcionario policial hoy coaccionado ponga en conocimiento las aprehensiones a la Fiscal de Materia ahora accionada, el citado funcionario policial a la 1:45 horas, del 22 de octubre de 2022, dos horas después de lo legalmente permitido, presentó su informe a la mencionada Fiscal de Materia, quien en primera instancia no quiso recibirlo por estar fuera de plazo; empero, después dolosamente aceptó la recepción, encontrándose ilegalmente detenidos hasta la fecha de su audiencia de consideración de la acción de libertad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Informe de 21 de octubre de 2022, dirigido a Nelson Emilio Vera Monroy, Teniente Coronel; por el que el funcionario policial ahora coaccionado, informó sobre el caso, las personas aprehendidas y las actuaciones investigativas realizadas; en su parte final de ese Informe solicitó que pase a conocimiento del Fiscal de Materia. Dicho Informe fue recepcionado el 22 de igual mes y año, a la 1:44 horas, por la Fiscal de Materia hoy accionada mereciendo en respuesta el decreto de 22 de octubre de 2022, emitido por la Fiscal de Materia ahora accionada por el que se tuvo presente ese Informe y se ordenó que se arrime a sus antecedentes para conocimiento de las partes procesales (Conclusión II.1.). Por Resolución de 22 igual fecha, emitida por la referida Fiscal de Materia se dispuso el inicio de investigación preliminar y se efectúen actos investigativos, entre ellos se realice en el día informe de investigación (Conclusión II.2.). Así también, cursa Informe de la misma fecha, dirigido a la mencionada Fiscal de Materia; ya que, el Encargado de Patrulla señaló que logró aprehender a los presuntos autores -accionantes- a las 17:30 horas, para posteriormente conducirlos a la FELCC (Conclusión II.3.); así también, cursa Informe de esa fecha, dirigido al Jefe de la División de Corrupción Pública de la FELCC, por el cual el funcionario policial hoy coaccionado, informó del cumplimiento decreto fiscal de directrices de investigación, solicitando también se ponga en conocimiento de la Fiscal de Turno. El señalado Informe fue recepcionado por la Fiscal de Materia ahora accionada en esa fecha, a las 5:47 horas, emitiendo el decreto de igual fecha, por el que se tuvo presente ese Informe y ordenó que se arrime a los antecedentes para conocimiento de las partes procesales (Conclusión II.4.); y, mediante memorial de la señalada fecha, dirigido al Juez de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de La Paz; dicha Fiscal de Materia presentó Resolución de Imputación Formal e inicio de investigaciones contra los accionantes, solicitando medidas de carácter personal (Conclusión II.5.).
En el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y funcionarios policiales durante la investigación que constituya vulneración de derechos fundamentales, tales reclamos deben ser presentados ante el juez de instrucción penal que ejerce el control jurisdiccional; ya que, el art. 54 del CPP dispone: “Los jueces de instrucción son competentes para: 1) El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código;” normativa que se vincula con el primer párrafo del art. 279 del citado Código que señala que: “La Fiscalía y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional” (sic). En ese contexto, el Ministerio Público debe actuar siempre bajo el control ejercido por el juez de instrucción penal, cuya competencia se activa de manera inmediata cuando el Fiscal de Materia informa el inicio de las investigaciones a la autoridad judicial. Ahora bien, los accionantes a través de la presente acción tutelar cuestionan las presuntas ilegalidades cometidas por la Fiscal de Materia y el funcionario policial hoy accionados a su turno, en la tramitación de sus aprehensiones, considerando que se encuentran ilegalmente detenidos; puesto que, el plazo de las ocho horas para poner en conocimiento la aprehensión a la mencionada Fiscal de Materia ya hubiese fenecido, cuando correspondía su libertad pura y simple. En ese sentido, si los accionantes consideraban que dichas irregularidades vulneraron sus derechos constitucionales debieron acudir al Juez de la causa para efectuar su reclamo, de conformidad a lo establecido en la jurisprudencia citada el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, siendo quien se encuentra encargado del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria teniendo el deber de atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esa etapa, lo que implica también las actuaciones de la Fiscal de Materia o del funcionario policial hoy accionados relacionadas a la supuesta aprehensión ilegal de los accionantes; en el presente caso, ya se contaba con control jurisdiccional; puesto que, el 22 de octubre de 2022, fecha en la que se interpuso la acción de libertad a las 15:40 horas, también se formuló la imputación formal y se informó el inicio de investigaciones al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de La Paz, debiéndose tomar en cuenta que esa misma fecha a la 1:44 horas, la Fiscal de Materia hoy accionada tuvo conocimiento del Informe elaborado por el funcionario policial ahora coaccionado -asignado al caso-, hasta las 5:47 horas, de la misma fecha (fs. 32) que el citado funcionario policial informó el cumplimiento de los actos investigados dispuestos por la referida Fiscal de Materia, advirtiéndose que dichos actos constan en la imputación formal, de lo que se puede inferir con meridiana claridad que esa imputación formal junto con el inicio de investigaciones fueron de conocimiento del Juez de la causa antes de la interposición de la acción tutelar al haberse realizado los mencionados informes en la madrugada de igual fecha, los cuales sirvieron de elementos de convicción en la imputación formal, sumado a que, a la fecha de la audiencia de consideración de la acción de libertad conforme lo mencionado por la señalada Fiscal de Materia en su informe presentado en la acción de defensa los accionantes ya se encontraban puestos a conocimiento de la autoridad judicial en razón a que “…no puede la Fiscalia tomar decisiones sobre la libertad de una persona…” (sic); por lo que, al contar con control jurisdiccional siendo ese el medio idóneo e inmediato se debió acudir previamente antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Por los aspectos citados precedentemente de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional no es posible atender la solicitud de los accionantes, correspondiendo denegar la tutela solicitada por el principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, debido a que las autoridades judiciales de control jurisdiccional son las llamadas a reparar cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de sus competencias, los que deben ser agotados en la jurisdicción ordinaria antes de acudir a la jurisdicción constitucional, razón por la que no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada por los accionantes, debiéndose denegar la tutela solicitada. Otras consideraciones De la revisión del cuaderno procesal, se advierte que simplemente se adjuntó la grabación audiovisual de la audiencia de consideración de la acción de libertad; sin embargo, el art. 36 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece: “ARTÍCULO 36. (AUDIENCIA PÚBLICA). La audiencia pública se regirá de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. La audiencia será oral y su desarrollo constará en acta, pudiendo utilizarse otros medios de registro, excepto en los casos prohibidos por Ley.” De la normativa transcrita se tiene que la transcripción del acta no es opcional, sino obligatoria e independiente de que se puedan emplear otros medios de registro, el acta debe ser remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 38 del CPCo, y si bien tal omisión en el caso en concreto no repercute en la resolución del presente caso, ello no implica de ninguna manera que las autoridades judiciales que ejercen como juez o tribunal de garantías estén exentas de cumplir con la norma referida, sino que deben necesariamente remitir toda la documentación que fue de su conocimiento y la transcripción del acta. Asimismo, de acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que la presente acción de libertad fue resuelta el 24 de octubre de 2022, la misma recién fue recibida en este Tribunal Constitucional Plurinacional el 31 de marzo de 2023 (fs. 49), a partir de lo cual se puede constatar el incumplimiento del plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes, previsto por los arts. 126.IV de la CPE y 8 del CPCo; razones por las cuales corresponde llamar la atención al Juez de garantías, ordenando que en el futuro cumpla con los plazos procesales-constitucionales; puesto que, los mismos responden a la naturaleza expedita y rápida que caracteriza ese tipo de acciones de defensa. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 311/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 45 a 47 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 1° Llamar severamente la atención a Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Dra. Amalia Laura Villca Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0350_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d164e0342d92665b99b4978a5a826099f09b8a1b68c5e120fe3dd4a0f5b3738
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