Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia pronta y oportuna; y, al principio de celeridad; puesto que la autoridad demandada incumplió el Oficio 882/2020 de 4 de noviembre, emitido por el Juez de la causa, que le conminaba remitir en el plazo de cuarenta y ocho horas, las certificaciones requeridas para la tramitación del beneficio de redención solicitado; y, a pesar de haber sido notificado el 9 de noviembre de 2022 a horas 16:00, hasta la interposición de esta acción tutelar, no dio cumplimiento a la orden judicial incurriendo en una dilación superior a los cuatro meses, que afectó directamente su solicitud de libertad; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo se remita la carpeta de redención en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/21 de 1 de abril 2021, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo las modalidades traslativa y de pronto despacho e innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación procesal; puesto que, la remisión de la carpeta de redención al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 2º Exhortar a Mauricio Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite y cumpla con la máxima celeridad las órdenes judiciales relacionadas con solicitudes en las que se encuentre comprometido el derecho a la libertad personal de los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2025-S3 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52042-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/21 de 1 de abril de 2021, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Honor Candia en representación sin mandato de Juan Jesús Chávez Gutiérrez contra Mauricio Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 31 de marzo de 2021, cursante de fs. 9 a 11 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el delito de estafa y estelionato agravado, se encuentra cumpliendo una condena de seis años y seis meses. El 4 de septiembre de 2020, solicitó el beneficio de redención, petición que fue admitida por el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz mediante proveído de 7 de igual mes y año. En consecuencia, la mencionada autoridad emitió el Oficio 882/2020-siendo lo correcto 883/2020 de 4 de noviembre-, mediante el cual conminó a la autoridad demandada a remitir a ese despacho judicial todas las certificaciones relativas al beneficio impetrado, en el plazo de cuarenta y ocho horas, computables desde su notificación. Posteriormente, a través de la notificación realizada por la Gestora de Procesos el 9 de noviembre de 2020, a horas 16:00, se puso en conocimiento de la autoridad demandada el referido Oficio 883/2020; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se dio cumplimiento a dicha conminatoria, incurriendo en una dilación superior a cuatro meses, que le ha impedido acceder al beneficio de redención legalmente solicitado.
Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta y oportuna; y, al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23. I y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se remita la carpeta de redención ordenada mediante Oficio 883/2020, en el plazo de veinticuatro horas al Juzgado Segundo de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz, al proceso con Número Único de Registro Judicial (Nurej) 7078129.
Celebrada la audiencia virtual de 1 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Mauricio Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, a través de su abogado, en audiencia de garantías señaló que: a) Se dio cumplimiento a lo solicitado mediante Oficio de 18 de enero de 2021, remitiéndose la carpeta del impetrante de tutela a la Gobernación el 20 de igual mes y año, siendo esa repartición la encargada de remitir al Juzgado dicha documental; y, b) Régimen penitenciario realizó la solicitud a la Gobernación, donde funcionarios de la misma manifestaron que esa documentación ya fue remitida al Juzgado requirente; razón por la cual, solicitó que se deniegue la tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 9/21 de 1 de abril de 2021, cursante de fs. 24 a 26, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, remitió a su despacho judicial el cuaderno procesal que contiene la documentación correspondiente al interno Juan Jesús Chávez Gutiérrez, la cual fue enviada por el Director del Centro de Rehabilitación Palmasola del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Céspedes Pinaya. De acuerdo al timbre electrónico, dicha documentación fue presentada el 25 de marzo de 2021, incluyendo el legajo que cursa a fs. 57. En consecuencia, mediante decreto de 30 de marzo de 2021 (fs. 91) el Juez de la causa dispuso que, por secretaría, se realice la liquidación por carga horaria de trabajo penitenciario correspondiente al ahora accionante. En cumplimiento de dicha disposición, a fs. 92, cursa el detalle de la planilla de trabajo de 31 de marzo de 2021, enviada por el Centro de Rehabilitación Palmasola del departamento de Santa Cruz y elaborado por la Secretaría del Juzgado, quien pasó a despacho la misma fecha. En virtud a ello, se dictó el Auto Interlocutorio 63/2021 de 31 de marzo, a través del cual se resolvió la redención solicitada por el accionante (fs. 94 y 95). Posteriormente, cursa en obrados del cuaderno procesal el oficio mediante el cual solicitó la remisión de dicho cuaderno al despacho correspondiente; 2) Por lo expuesto, se evidencia que el Director del Régimen Penitenciario remitió la carpeta respectiva del impetrante de tutela, el 25 de marzo de 2021, mientras que la presente acción de defensa fue interpuesta el 31 de igual mes y año, lo que revela que el accionante desconocía dicha remisión al momento de su presentación. No obstante, a esa fecha el memorial ya había sido providenciado y el incidente de redención ya se encontraba resuelto, habiéndose emitido el Auto Interlocutorio 63/2021 antes de la celebración de la audiencia de esta acción tutelar; y, 3) En aplicación a la SCP 0810/2015-S3, se establece que la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal ocurre cuando desaparecen los supuestos fácticos que motivan la acción; es decir, cuando la violación o amenaza de vulneración del derecho fundamental ha cesado. En ese contexto, al haber desaparecido el hecho generador de la supuesta lesión, deja de existir la afectación de los derechos o garantías constitucionales, motivo por el cual no corresponde pronunciarse sobre el fondo de la pretensión; toda vez que, la eventual concesión de la tutela resultaría ineficaz e innecesaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido contra el accionante por el delito de estafa y estelionato que cuenta con sentencia condenatoria de cinco años de privación de libertad, el 4 de septiembre de 2020, presentó memorial de solicitud de redención de la pena, dirigido ante el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 3), quien mediante providencia de 7 de igual mes y año, dispuso que se oficie al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas remita la carpeta de redención del impetrante tutela (fs. 4).
II.2. Cursa Oficio 883/2020 de 4 de noviembre, dirigido al Director Departamental de Régimen Penitenciario, a través del cual se conmina al ahora demandado para que en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su conocimiento, remita todas las certificaciones relativas a Juan Jesús Chávez Gutiérrez -accionante- (fs. 5); por lo que, fue notificada la autoridad demandada, el 9 de igual mes y año a horas 16:00, conforme consta en la papeleta de notificación 7078129-48 realizada por la Oficina Gestora de Procesos Primera (OGP), del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 6). II.3. Mediante Oficio 014/2021 de 18 de enero, el Director Departamental del Régimen Penitenciario Palmasola de Santa Cruz -demandado-dirigiéndose al Director del Centro de Rehabilitación Palmasola del mismo departamento, remitió la Carpeta de resolución de Clasificación de redención del impetrante de tutela y de otros, solicitando a su vez el cargo de recepción del Juzgado correspondiente. Dicha nota fue recibida por el Secretario de la Dirección del Recinto Penitenciario el 20 de enero de 2021 a horas 11:55 (fs. 21 y vta.). II.4. Por Oficio 196/2021 de 4 de febrero, el Director del Establecimiento Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, remitió al Juez de Ejecución Penal Segundo del señalado departamento, la documentación concerniente a la redención del impetrante de tutela, acompañado de fs. 57, sin encontrarse con claridad la fecha de presentación- (fs. 20).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, debido proceso, acceso a la justicia pronta y oportuna; y, al principio de celeridad; puesto que la autoridad demandada incumplió el Oficio 882/2020 de 4 de noviembre, emitido por el Juez de la causa, que le conminaba remitir en el plazo de cuarenta y ocho horas, las certificaciones requeridas para la tramitación del beneficio de redención solicitado; y, a pesar de haber sido notificado el 9 de noviembre de 2022 a horas 16:00, hasta la interposición de esta acción tutelar, no dio cumplimiento a la orden judicial incurriendo en una dilación superior a los cuatro meses, que afectó directamente su solicitud de libertad; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo se remita la carpeta de redención en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)
De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas 1El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0032/2019-S2, 0209/2019-S2, 0259/2018-S2, y 0113/2025-S3, entre otras.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar más alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, que en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del CPCo, que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
Lo precedentemente expuesto fue desarrollado por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Sobre esta temática nos remitimos a lo desarrollado por la SCP 0400/2019-S2 de 24 de junio[1] que señaló:
«Una vez que la Sentencia emitida en la jurisdicción penal adquiere calidad de cosa juzga, conforme a las normas que regulan el procedimiento penal, se ingresa a la instancia de ejecución de la Pena, para así cumplir los fines de la misma y lograr la enmienda, readaptación y reinserción del condenado, dicha etapa es de competencia de los Jueces de Ejecución Penal, conforme lo disponen los arts. 55 del CPP y 80 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); autoridades judiciales que tienen como función esencial la ejecución de dicha etapa procesal conforme a las reglas del debido proceso.
Dentro del marco legal establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y del Decreto Supremo (DS) 26715 de 27 de julio de 2002, sobre el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, el sistema de redención de penas instituido por el legislador, constituye un beneficio legal al que pueden acogerse los privados de libertad que estén cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, a través del cual pueden rebajar su pena en base a criterios de buena conducta, estudio y trabajo; nuestro ordenamiento jurídico que regula la ejecución de penas, las medidas de seguridad dictada por órganos jurisdiccionales competentes, el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena y la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal; dispone la posibilidad de redimir la condena, es decir, liberar al condenado de dicha obligación, en razón de un día de pena por 2 días de trabajo o estudio.” Al respecto el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) refiere: “El interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un día de pena por dos días de trabajo o estudio, cumpliendo los siguientes requisitos: 1. No estar condenado por delito que no permita Indulto; 2. Haber cumplido las dos quintas partes de la condena;
3. Haber trabajado de manera regular bajo control de la administración penitenciaria, o haber estudiado y aprobado las evaluaciones parciales y finales de cada ciclo de los cursos autorizados por la Administración Penitenciaria; 4. No estar condenado por delito de violación a menores de edad; 5. No estar condenado por delito de terrorismo;
6. No estar condenado, a pena privativa de libertad superior a quince años, por delitos tipificados en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y,
7. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. A efectos de la redención, el interno podrá trabajar o estudiar desde el primer día de su permanencia en el recinto penitenciario. (…)
A su vez el art. 140 de la citada ley establece:
“A pedido del interno, el Director del establecimiento remitirá al Juez de Ejecución Penal, la documentación que acredite el tiempo de trabajo o estudio realizado por el condenado, con el objeto que el Juez le conceda la redención y efectúe un nuevo cómputo”.
El trámite para efectivizar la solicitud de concesión del beneficio de redención, se encuentra establecido en el DS 26715, Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, que en su art. 74 dispone:
“I. Cumplidas las dos quintas partes de la condena, el interno podrá solicitar al Juez de Ejecución que le conceda la redención por trabajo o estudio y efectúe el nuevo Cómputo de su sentencia.
II. A los fines de la redención se computarán también las actividades de trabajo o educación, debidamente acreditadas, cumplidas por el interno en calidad de detenido preventivo como las cumplidas antes de la vigencia de la presente ley.
IV. Vencido el plazo, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez de Ejecución emitirá la Resolución de Redención y Nuevo Cómputo en base al informe recibido o, en su ausencia, en base a la solicitud del interno. (…)
Lo precedentemente expuesto también fue reiterado en la SCP 0015/2023-S1 de 9 de febrero
En el presente caso, corresponde determinar si la omisión atribuida al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz, constituye una vulneración de los derechos fundamentales señalados por el accionante, al no haber dado cumplimiento oportuno al Oficio 883/2020 de 4 de noviembre, emitido por el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante el cual fue conminado a remitir, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la carpeta de redención del privado de libertad. De la revisión de antecedentes se evidencia que el accionante, condenado a cinco años de privación de libertad por el delito de estafa y estelionato, presentó el 4 de septiembre de 2020, una solicitud de redención de pena ante el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien mediante providencia de 7 de igual mes y año, dispuso oficiar al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas remita la carpeta de redención del solicitante (Conclusión II.1.). Posteriormente, mediante Oficio 883/2020 de 4 de noviembre, el Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, reiteró la orden al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, para la remisión de la documentación requerida, con notificación efectuada el 9 de noviembre de 2020 (Conclusión II.2.). El 18 de enero de 2021, el Director Departamental del Régimen Penitenciario emitió el Oficio 014/2021, instruyendo al Director del Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz remitir la carpeta de redención; nota que fue recibida el 20 de enero de 2021 (Conclusión II.3.). Finalmente, el 4 de febrero de 2021, el Director del Establecimiento Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, remitió al Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, la documentación correspondiente a la redención del accionante, la cual fue recibida en el Juzgado el 25 de marzo de 2021 (Conclusión II.4.).
Por otra parte, de acuerdo a la Resolución 9/21 de 1 de abril de 2021, emitida por la Jueza de garantías, quien tuvo acceso al cuaderno procesal relacionado al proceso penal seguido contra el ahora accionante, en lo principal, se tiene que el 25 de marzo de 2021, el Director del Centro de Rehabilitación Palmasola, Luis Fernando Céspedes Pinaya, remitió al Juez de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el cuaderno procesal que contenía la documentación relativa al ahora accionante, comprendida entre las fs. 33 a 90, incluyendo el legajo de fs. 57. Este acto procesal establece que fue acreditado mediante un timbre electrónico. En consecuencia, señala que existe un trámite y resolución judicial posterior; puesto que, mediante decreto de 30 de marzo de 2021, el Juez de la causa ordenó la liquidación de la carga horaria de trabajo penitenciario, elaborándose la planilla correspondiente el 31 de marzo de 2021, fecha en la que también se dictó el Auto Interlocutorio 63/2021, resolviendo la solicitud de rendición de la pena.
De la documentación mencionada se constata que la autoridad demandada fue notificada el 9 de noviembre de 2020 con el Oficio 883/2020, disponiendo un plazo de cuarenta y ocho horas para la remisión de la carpeta de redención; sin embargo, dicha documentación llegó al Juzgado recién el 25 de marzo de 2021, ello implica que la autoridad demandada incurrió en cuatro meses y dieciséis días de dilación indebida e injustificada a partir de la notificación judicial, lo cual se considera una vulneración al principio de celeridad, al derecho al debido proceso en su vertiente de tutela judicial efectiva, con la afectación directa al derecho a la libertad física, al impedir que el accionante acceda oportunamente al beneficio de redención de la pena previsto por ley. En el presente caso, el incumplimiento de la orden judicial, que fue emitida mediante Oficio 883/2020 de 4 de noviembre, y la remisión extemporánea de la carpeta de redención recién el 25 de marzo de 2021, evidencian una dilación manifiesta en el cumplimiento de funciones por parte del Director Departamental de Régimen Penitenciario del departamento de Santa Cruz, siendo que toda autoridad administrativa o penitenciaria que conozca de trámites de incidentes que incidan en la libertad personal, debe actuar con la máxima celeridad posible, conforme a los principios de eficacia y diligencia administrativa, pues en el caso en particular la autoridad demandada debió remitir la carpeta de redención dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, según el trámite establecido en el Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; razón por cual, corresponde la aplicación de la acción de libertad traslativa y de pronto despacho, que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se establece que la acción de libertad traslativa y de pronto despacho procede cuando se advierte dilación indebida por parte de las autoridades administrativas o judiciales que, al no resolver o remitir documentación en plazos razonables o en los plazos establecidos por ley, ocasionando vulneración al derecho a la libertad, tal como sucedió en el presente caso. Ahora bien, se evidencia que el 18 de enero de 2021, el Director Departamental de Régimen Penitenciario emitió el Oficio 014/2021, instruyendo al Director del Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz la remisión de la carpeta, que fue efectivizada el 20 de enero de 2021 y de acuerdo al informe judicial emitido por la autoridad demandada, se establece que el 25 de marzo de 2021 la carpeta de redención del accionante ya fue remitida al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, hecho que antecede a la interposición de la presente acción de libertad -31 de marzo de 2021-. En ese sentido, en atención a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 de la presente Constitucional Plurinacional, en este caso también corresponde la aplicación de la acción de libertad innovativa, que tiene por finalidad la no repetición de los actos vulneratorios y establecer medidas correctivas para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales en el futuro. En ese contexto, aun cuando el acto lesivo fue subsanado, la demora de más de cuatro meses constituye una vulneración consumada del derecho a la libertad y al debido proceso, que amerita un pronunciamiento correctivo de juez constitucional, orientando a prevenir la reiteración de conductas administrativas negligentes que dilaten la tramitación de los beneficios penitenciarios. Finalmente, en virtud de los fundamentos jurídicos expuestos, se concluye que la autoridad demandada incurrió en una dilación indebida de cuatro meses y dieciséis días, desde el 9 de noviembre de 2020 al 25 de marzo de 2021, en la remisión de la documentación requerida para el trámite de redención del accionante, vulnerando los derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad. Si bien se remitió la carpeta de redención; es decir, antes de la interposición de la presente acción de libertad, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad traslativa y de pronto despacho e innovativa, conforme a la jurisprudencia constitucional citada, a efectos de que la autoridad demandada adopte medidas administrativas que garanticen la remisión inmediata de documentación judicial requerida en futuros casos.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/21 de 1 de abril 2021, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo las modalidades traslativa y de pronto despacho e innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación procesal; puesto que, la remisión de la carpeta de redención al Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. 2º Exhortar a Mauricio Romero Catacora, Director Departamental de Régimen Penitenciario de Palmasola del departamento de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite y cumpla con la máxima celeridad las órdenes judiciales relacionadas con solicitudes en las que se encuentre comprometido el derecho a la libertad personal de los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo jurisprudencial completo “
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0350_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7881137fde83fb03e22b829b8286af9aa4cc28bac244f55f98193598199ffb86
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →