B.IA.LEGAL

SCP 0350/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 26 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
26 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49940-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida vinculado al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, la Jueza ahora demandada dentro del proceso de asistencia familiar seguida contra su expareja, por Resolución 320/2022 de 2 de agosto, dispuso un régimen de visitas para el progenitor, sin otorgar medidas de protección adecuadas, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de la menor AA y de su persona; no obstante, que fue informada previamente sobre la violencia psicológica, física y económica sufrida a manos del prenombrado, así como sobre un proceso penal en curso relacionado con violencia familiar o doméstica donde se halla fijada una audiencia para conocer y resolver el incumplimiento de las medidas de protección impuestas contra su agresor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; b) Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la vida e integridad física o personal y el interés superior de la niña, niño y adolescente, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Anular la Resolución 320/2022 de 2 de agosto, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso extraordinario de asistencia familiar seguido contra Fernando Jesús Zabaleta Flores; y, 3° Disponer que la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, pronuncie una nueva resolución respecto al derecho de visita del progenitor, en relación a la menor de edad precautelando su interés superior, en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos ordenados por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación
  2. III.2. Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2024-S1 Sucre, 26 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49940-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lorena Felicidad Ibáñez Sánchez contra Elsa Sangüeza Cossio, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de agosto de 2022, cursante a fs. 8 y vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la demanda de asistencia familiar iniciada contra Fernando Jesús Zabaleta Flores, la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- emitió la Resolución 320/2022 el 2 de agosto. En dicha sentencia, resolvió declarar parcialmente probada la demanda de asistencia familiar, estableciendo un monto mínimo de pensión alimentaria a favor nuestra hija menor de edad; asimismo, se dispuso un régimen de visitas para el progenitor los días sábados de 9:30 a 11:30. Señala que, la referida Jueza no consideró que su decisión podría poner en riesgo la integridad física de su hija menor AA y de su propia persona, a pesar de tener conocimiento de la violencia psicológica, física y económica sufrida por parte de su expareja, máxime si durante la audiencia llevada al efecto solicitó que las visitas fueran controladas y supervisadas por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Adicionalmente, hace varios meses se inició un proceso penal por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica que está a cargo de un Fiscal de Materia asignado al caso, con Número Único de Registro Judicial (NUREJ) 201103052200482, en el cual se dispusieron medidas de protección para salvaguardar su vida y la de su hija menor. A pesar de ello, el 4 de junio de 2022, el demandado Fernando Jesús Zabaleta Flores, la insultó y la amenazó afirmando que su vida estaba “en sus manos”, con la intención de agredirla, motivo por el cual, dada la gravedad de la situación y el riesgo inminente para su vida y la de su hija, solicita la suspensión de las visitas establecidas a favor de su expareja, en interés superior de la niña.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la vida vinculado al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; citando al efecto los arts. 8.II, 13. I y IV, 15.I, 58, 59, 60, 61, 109, 120.I, 121.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1,2,3,4,8, 16, 27 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz ahora demandada, suspenda el derecho de visita dispuesto por la Resolución 320/2022 de 2 de agosto, a favor de Fernando Jesús Zabaleta Flores.

I.2. Audiencia y Resolución de Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad y ampliándolo señaló que: a) La Jueza ahora demandada, no dictó medidas de protección de acuerdo a lo establecido por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; puesto que, emitió una Resolución totalmente atentatoria a sus derechos, entre ellos, al debido proceso, ya que no dictó una sentencia fundamentada y motivada; además, no analizó la situación de violencia económica, sexual y física sufrida por su persona; y, b) Emitida la Resolución 320/2022, no es posible “esperar la apelación” ya que en resguardo de la vida de la ahora accionante y su hija menor de edad, se deben suspender las visitas dictada a favor de su ex pareja, hasta que se resuelva la situación de violencia que sufre y sea sometido a una terapia para la rehabilitación y control de los móviles violentos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Elsa Sangüeza Cossio, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, señaló que: 1) Antes de emitir la Resolución de asistencia familiar y derecho de visita, se suspendieron varias audiencias por falta de notificaciones o inasistencia de la demandante -ahora accionante-; sin embargo, ninguna de las partes utilizó los medios de impugnación previstos por ley, pese a ello la resolución emitida no causa estado y es modificable; 2) La ahora accionante, conocedora del trato que recibió por parte de su expareja -Fernando Jesús Zabaleta Flores-, solicitó garantías, las cuales fueron otorgadas por “…la FELCC mediante la división reconvencional…” (sic); asimismo, hizo conocer mediante memorial que, inició una acción penal contra el progenitor de su hija menor de edad ante el Ministerio Público; por otra parte, a petición de la demandante -ahora accionante- se solicitó la remisión de antecedentes del caso de violencia, mismo que fue acogido; por lo que no comprende la razón por la cual señala que se vulneraron sus derechos, cuando simplemente se observó el procedimiento previsto por el art. 440 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) para resolver la pretensión de la demanda; por último, cuando el padre que no tiene la guarda y tiene derecho de visita, infringe, molesta, ofende, agrede o humilla, la ley también establece que la parte agraviada puede pedir la suspensión de las visitas previo informe de la DNA de la zona donde vive la menor de edad y verificadas esas agresiones se suspende el régimen de visitas; sin embargo, la ahora accionante no acudió al procedimiento establecido; y, 3) “La Resolución ha sido pronunciada el 2 de agosto y la notificación es de 5 de agosto, sin que ninguna de ellas haya interpuesto recurso alguno” (sic); asimismo, indicó que no cursa ningún informe de la DNA, mucho menos de Gestión Social que depende del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; por último, la demandante -ahora accionante- en ningún momento hizo conocer la agresión sufrida por la víctima, solo pidió la fijación de la asistencia familiar.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 24/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 320/2022 de 2 de agosto, debiendo emitir una nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas, considerando el riesgo que corre la menor de edad AA, con base en los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la subsidiariedad excepcional, la SCP 0055/2018-S2 de 15 de marzo, hace referencia a las circunstancias de inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional, las mismas hacen posible que se pueda acudir de manera directa ante el Tribunal de garantías constitucionales, a través de la acción de libertad, a los fines de proteger la vida, no siendo posible exigir que se agote la subsidiariedad; ii) En cuanto al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes y la atención prioritaria que merecen dentro de las causas, sean ordinarias o constitucionales, el art. 58 de la CPE establece que éstos son titulares de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; asimismo, para los fines de garantizar la materialización de esos derechos el art. 60 de la CPE, impone deberes y obligaciones y sobretodo, los deberes de las autoridades judiciales, quienes deben garantizar con prioridad el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que comprende la preminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de servicios públicos y privados; en el derecho internacional, el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, establece el derecho a que se considere y se tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas y decisiones que les afecte, tanto en la esfera pública como en la privada, debiendo garantizar su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes que tienen los padres; y, iii) Si bien la Resolución emitida por la Jueza ahora demandada, cumplió con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en cuanto al trámite de la asistencia familiar; sin embargo, se advierte que la ahora impetrante de tutela pidió garantías que fueron otorgadas a través de la institución policial, dicha solicitud no solo buscó la finalidad de protección a la ahora demandante de tutela como madre, sino también de su hija de un año y tres meses de edad; en ese entendido, la Jueza ahora demandada, otorgó el derecho de visita los días sábados de 9:30 a 11:30, “…con la única finalidad de fortalecer las relaciones paterno-filiales, de conformidad a lo previsto en el Art. 216 parágrafo I del Código de las Familias y del Proceso Familiar…” (sic) y conocedora de la conducta del padre, otorgó garantías ante la institución policial, además de la existencia de un proceso penal por violencia familiar donde se otorgaron medidas de protección, tanto a la madre -ahora accionante- como a la niña menor de edad, que habrían sido incumplidas por el padre de la menor víctima.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 320/2022 de 2 de agosto, emitida por la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, por la cual resuelve declarar probada en parte la demanda de asistencia familiar, planteada por Lorena Felicidad Ibáñez Sánchez -ahora accionante-en favor de su hija menor de edad AA; fijándose una pensión de Bs550.-(quinientos cincuenta 00/100 bolivianos), con un régimen de visitas por parte del progenitor -Fernando Jesús Zabaleta Flores-, los días sábados de horas 9:30 a 11:30 (fs. 5 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida vinculado al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, la Jueza ahora demandada dentro del proceso de asistencia familiar seguida contra su expareja, por Resolución 320/2022 de 2 de agosto, dispuso un régimen de visitas para el progenitor, sin otorgar medidas de protección adecuadas, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de la menor AA y de su persona; no obstante, que fue informada previamente sobre la violencia psicológica, física y económica sufrida a manos del prenombrado, así como sobre un proceso penal en curso relacionado con violencia familiar o doméstica donde se halla fijada una audiencia para conocer y resolver el incumplimiento de las medidas de protección impuestas contra su agresor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; b) Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento: De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar. Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional.

En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aún, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata.

III.2. Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0350/2022-S1 de 2 de junio -entre otras-, que reitera el entendimiento asumido en el Voto Disidente de la SCP 0399/2019-S2 de 24 de junio, desarrolló el siguiente razonamiento: En cuanto a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, existe un amplio catálogo de reconocimiento, partiendo por lo establecido en el art. 60 de la CPE: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Así, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños y adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en todas las instancias del Estado, incluidos centros judiciales. En el ámbito interamericano, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, encuentra su sustento jurídico en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)2, que les reconoce su derecho a medidas de protección a cargo de aquel entorno en el que éste se desarrolla, precisamente por su condición de menor; el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que por un lado reconoce el derecho a medidas de protección, y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral . Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños y adolescentes, representa la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño que, a través de su ratificación, consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de los Estados, cuyo ámbito personal de protección se circunscribe a las personas menores de dieciocho años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la referida Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. En esta misma línea, la citada Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los principios de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, reafirma en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que establecen medidas de protección a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Por su parte, existe un reconocimiento del interés superior de la niña, niño y adolescente, así el art. 59.I de la CPE, determina que: “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral”. Asimismo, el art. 60 de la citada Norma Suprema, prescribe que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostiene que el interés superior del niño, es un principio regulador de la normativa de los derechos del niño, fundándose en la dignidad del ser humano. Así en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, indica: 408 …La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. Por ello, el principio puede ser concebido como una pauta de interpretación, pero que, como garantía, demanda del Estado un conjunto de acciones y medidas dirigidas a alcanzar su desarrollo integral y el máximo bienestar en el ejercicio de sus derechos.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la vida vinculado al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, la Jueza ahora demandada dentro del proceso de asistencia familiar seguida contra su expareja, por Resolución 320/2022 de 2 de agosto, dispuso un régimen de visitas para el progenitor, sin otorgar medidas de protección adecuadas, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de la menor AA y de su persona; no obstante, que fue informada previamente sobre la violencia psicológica, física y económica sufrida a manos del prenombrado, así como sobre un proceso penal en curso relacionado con violencia familiar o doméstica donde se halla fijada una audiencia para conocer y resolver el incumplimiento de las medidas de protección impuestas contra su agresor. Al respecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el ordenamiento jurídico no prevé medios eficaces e inmediatos al momento de presentarse un riesgo al derecho a la vida, se puede acudir a esta acción tutelar, a fin de garantizar que toda decisión judicial priorice el bienestar y la seguridad respecto a menores de edad que se encuentran en contextos de violencia, lo cual implica considerar el riesgo de daño y aplicar medidas de protección adecuadas, por cuanto se encuentran sujetos a una atención prioritaria y no necesitan agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa; además, la justicia constitucional debe velar por el interés superior del niño, por lo que, es posible la presentación directa de esta acción de defensa. Efectuada dicha precisión, resulta necesario iniciar el análisis con lo dispuesto por la parte resolutiva de la Resolución 320/2022 (Conclusión II.1), por la cual se determina declarar probada en parte la demanda de asistencia familiar fijando una pensión de Bs550.- a favor de la menor de edad AA, con un régimen de visitas por parte del progenitor -Fernando Jesús Zabaleta Flores-, los días sábados de horas 9:30 a 11:30 “…con la única finalidad de fortalecer las relaciones paterno-filiales, de conformidad a lo previsto en el Art. 216 parágrafo I del Código de las Familias y del Proceso Familiar…” (sic). Ahora bien, de acuerdo al informe presentado por la Jueza -ahora demandada- en audiencia de la presente acción tutelar, ésta señaló esencialmente lo siguiente: 1) Emitida la Resolución 320/2022, ninguna de las partes utilizó los medios de impugnación previstos por ley; a pesar de ello, este pronunciamiento no causa estado y es modificable, ya que cuando el beneficiado con el régimen de visitas, infringe o realiza cualquier acto que importe desconocer el fortalecimiento de la relación paterno filial, es posible solicitar la suspensión del derecho de visita, previo informe de la DNA de la zona donde vive la menor de edad y verificadas esas agresiones se suspende el régimen de visitas (art. 216.II del CFPF); 2) La demandante -ahora accionante-, conocedora del trato que recibió por parte de su ex pareja -Fernando Jesús Zabaleta Flores-, solicitó garantías, las cuales fueron otorgadas por “…la FELCC mediante la división reconvencional…” (sic); y, 3) La ahora accionante, dentro de la causa solicitó se oficie al Ministerio Público, a efectos de la remisión de antecedentes de la denuncia de violencia familiar o doméstica, petición que fue acogida; y, en todo el trámite, simplemente se observó el procedimiento previsto por el art. 440 del referido Código para resolver la pretensión de la demanda, por lo que no se comprende la razón por la cual, se vulneraron sus derechos. Ahora bien, del análisis de los fundamentos de la resolución confutada; así como del informe señalado precedentemente se constata que la autoridad judicial demandada a pesar de tener conocimiento de la violencia y los riesgos asociados, no adoptó medidas provisionales inmediatas para proteger a la hoy accionante y a su hija menor de edad, mientras se evaluaban estos riesgos; aspecto que se ratifica cuando alude a que se otorgaron garantías por parte de la FELCC y que la accionante solicitó que se oficiara al Ministerio Público para la remisión de antecedentes, presupuestos que en la resolución observada no se analiza en cuanto si las garantías y medidas de protección otorgadas fueron suficientes para contrarrestar los riesgos identificados para luego aplicarlos adecuadamente al contexto del régimen de visitas observado; máxime si el art. 216 del CFPF establece que la evaluación del riesgo y la posible suspensión del régimen de visitas, deben basarse en informes y evaluaciones específicas, por lo que, el hecho que se hayan dispuesto visitas sin medidas de protección, a pesar del contexto de violencia y las amenazas recientes, evidencia que la decisión judicial vulneró los derechos fundamentales de la ahora accionante así como su hija menor de edad. De este modo, la Jueza demandada, inexplicablemente a través de la Resolución ahora cuestionada dispuso un régimen de visitas con el objeto de contribuir al desarrollo integral de la hija, desconociendo la denuncia de hechos de violencia hacia la mujer, por ende, también lo previsto por el art. 34 de la Ley 348, que establece que si durante la tramitación de un proceso la jueza o el juez tuviera conocimiento de actos de violencia contra una mujer, tiene obligación, bajo responsabilidad, de remitir los antecedentes del hecho al Ministerio Público para su tramitación por la vía penal; pero además, señala que los jueces en materia familiar adoptarán las medidas de protección que consideren adecuadas para garantizar la vida e integridad de la mujer, sus hijas e hijos que estuvieran en riesgo; medidas de protección que no sólo están orientadas a tutelar el derecho a la vida o integridad física, sino también la integridad psicológica y otros derechos. Conforme a ello, la Jueza ahora demandada tenía la obligación no sólo de fijar un monto de asistencia familiar, sino también de contemplar las disposiciones previstas en la Ley 348, protegiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia; sin embargo, no actuó de esa manera, por el contrario, permitió que se presente una nueva situación de violencia, lo que implica que el acceso a la justicia no se efectivizó; dado que, este no sólo comprende el acceso propiamente dicho, sino también el que se pronuncie una resolución en el fondo que garantice la seguridad y el bienestar de la impetrante de tutela y de su hija menor de edad. Por último, se debe dejar claramente establecido que, los administradores de justicia tienen la obligación de aplicar la perspectiva de género en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano, nuestra Constitución Política del Estado y las normas internas; con mayor razón, si se denuncian posibles hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando se trata de violencia familiar o doméstica, aplicando el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, aprobado por Acuerdo de Sala Plena 126/2016 de 22 de noviembre, del Tribunal Supremo de Justicia, que contiene los estándares internacionales e internos que tienen que ser cumplidos de manera obligatoria por jueces, juezas y tribunales; cumpliendo de igual forma, la normativa y jurisprudencia de protección a las niñas, niños y adolescentes, que obligan a sus destinatarios -Estado- a través de sus instituciones, adoptar aquellas medidas, que entre otras, conduzcan a lograr mayor efectividad -goce y disfrute real- del derecho reconocido, en este caso de su derecho a la vida e integridad física o personal, pero sobre todo una vida digna, a través de una protección integral. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la vida e integridad física o personal y el interés superior de la niña, niño y adolescente, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Anular la Resolución 320/2022 de 2 de agosto, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso extraordinario de asistencia familiar seguido contra Fernando Jesús Zabaleta Flores; y, 3° Disponer que la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, pronuncie una nueva resolución respecto al derecho de visita del progenitor, en relación a la menor de edad precautelando su interés superior, en el marco de los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos ordenados por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidiariedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual

Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 3Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.

4 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 1: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Entró en vigor el 20 de noviembre de 1989. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. 6Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0350_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): ee9d8bbd51d4d49a061f764856d14b17de6d468b197445d508d6e9ca0adc64b0

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