B.IA.LEGAL

SCP 0350/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
47203-2022-95-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida del que está por nacer, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo; puesto que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, como entidad que suscribió contratos de trabajo a plazo fijo -en principio contratos de consultoría individual de línea-, no respetó su garantía de inamovilidad laboral, a pesar de comunicar oportunamente su estado de embarazo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 49/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 116 a 120 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, debiendo el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro reincorporar laboralmente a Marlene Beatriz Rodríguez Claros al cargo que se encontraba desempeñando o un cargo similar sin afectar su nivel salarial, así como el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponden en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, conforme a los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al pago de daños y perjuicios, conforme a lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores no reconoce condicionamiento
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0350/2023-S3 Sucre, 3 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47203-2022-95-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 49/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 116 a 120 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marlene Beatriz Rodríguez Claros contra Freddy Mamani Nina, Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante mediante memorial presentado el 19 de abril de 2022, cursante de fs. 35 a 41, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue contratada el 15 de julio de 2019 como Asistente Presidencia del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, demostrando un trabajo eficiente y cumpliendo funciones de manera ininterrumpida, mediante la existencia de más de tres contratos sucesivos e ininterrumpidos -cuatro contratos suscritos- hasta el 31 de diciembre de 2021. En vigencia del último contrato de trabajo, el 1 de diciembre de 2021, hizo conocer al Presidente hoy accionado y la Secretaría General del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, su estado de embarazo, circunstancia por la que le corresponde la “estabilidad laboral”, la misma que fue respondida negativamente mediante Informe Legal D.A.J./C.M.O. /R.C.C./ 560/2021 de 29 de diciembre, de manera extemporánea y sin respetar el conducto regular con argumentos descontextualizados refiriendo que contaría con contrato a plazo fijo.

Mediante Nota de 9 de febrero de 2022 dirigida al Presidente hoy accionado, por la urgente necesidad y el desmedro de sus derechos laborales y el derecho a la vida del menor gestante, reiteró su solicitud de reincorporación a su fuente laboral, la cual fue rechazada mediante Informe Legal D.A.J./ C.M.O/Y.A.CH.S.C. 092/2022 de 2 de marzo, al no presentar documentación idónea de respaldo que acredite su estado de gestación, refiriendo además que su función sería de carácter administrativo, eventual y que no se encontraría sujeta a una programación en el Plan Operativo Anual (POA). Se asumió una conducta totalmente discriminadora hacia su persona e hijo en gestación, desconociendo la garantía constitucional de inamovilidad laboral, quedando aperturada la vía constitucional para la restitución de sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida del que está por nacer, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo, citando al efecto los arts. 15, 18, 35, 46, 48 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, a) Se disponga su reincorporación laboral al cargo que desempeñaba en el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, el pago de los salarios devengados, reposición de los beneficios del gestante, subsidios; y, b) Se condene al pago de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 108 a 115 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Por lealtad funcional y procesal en ningún momento se pidió la materialización de un contrato indefinido, lo que “…se está exigiendo en este amparo es, la inamovilidad laboral por su condición de madre gestante hasta el cumplimiento del año del menor…” (sic); 2) En cuanto a la referencia de que no se agotó el principio de subsidiariedad, dicha posición quedó superada por la jurisprudencia constitucional para proteger la vida del gestante; por lo que no es necesario agotar procedimientos previos por el bien protegido; 3) Se dice que debió acudir a un proceso administrativo, a la Jefatura de Trabajo, o al Juzgado Coactivo Social; sin embargo, se aclara que los contratos administrativos se resuelven en la vía contenciosa y no en un proceso coactivo, no siendo las vías para la protección de derechos y garantías constitucionales; 4) Los “dos informes” concluyeron con la inviabilidad de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada, con base a los contratos de trabajo a plazo fijo y de Consultorías -que no es el sustento de la pretensión-, lo que no puede ser excusa para no cumplir la ley; por lo que, el informe de la autoridad hoy accionada, más allá de observar elementos formales, ratificó la existencia de una relación vigente y que debe ser protegida con preferencia; y, 5) El 31 de diciembre de 2021, fue desvinculada laboralmente, a pesar que reclamó la aplicación de la inamovilidad laboral.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Samuel Mendizábal Villca, Vicepresidente; y, Sara Olivera Choque, Secretaria, en representación de Presidencia, todos del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, mediante informe presentado el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 104 a 107, señalaron que: i) La accionante pretende hacer incurrir en error, consolidando en su favor la estabilidad laboral al tener presuntamente varios contratos sucesivos; empero, falta a la verdad, ya que en varias oportunidades suscribió contratos administrativos de prestación de servicios de consultoría de línea desde la gestión 2018 al 2021, en amparo del Decreto Supremo (DS) 0181 de 28 de junio de 2009, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; por lo que pretende convertir sus contratos a plazo indefinido, de manera equivocada, ya que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, de naturaleza distinta al de los contratos laborales; ii) Como lógica consecuencia, sobre la estabilidad laboral, resulta de imposible tratamiento a través de la acción de amparo constitucional, cuando la accionante debe concurrir ante la autoridad judicial llamada por ley, los juzgados administrativos coactivos fiscales, los cuales son competentes para resolver las controversias que surgen de contratos administrativos; en virtud de lo cual la accionante incumplió el principio de subsidiariedad; iii) No corresponde la inamovilidad laboral por embarazo en favor de quienes suscribieron contratos de Consultoría de Línea, conforme desarrolló la SCP 0720/2015-S3 de 3 de julio; iv) La accionante pretende maliciosamente ingresar y hacer incurrir en error; puesto que no existen tales contratos a plazo fijo sucesivos -por más de dos ocasiones-, menos existe conversión de contrato a plazo fijo a contrato indeterminado aprobado por la autoridad judicial laboral; y, v) A través de Informes Legales D.A.J./C.M.O. /R.C.C./ 560/2021 y D.A.J./ C.M.O/Y.A.CH.S.C. 092/2022 se respondió a las solicitudes de la accionante, en sentido de que no le corresponde la inamovilidad laboral y/o estabilidad laboral en razón de embarazo; por lo que no se vulneró derecho alguno de la accionante, quien tampoco acreditó de qué manera aquellas negativas causaron lesión a sus derechos a la vida, a la vida de su hijo y al trabajo, siendo simples “espejismos”. Por lo expuesto solicita se declare la “improcedencia” de la acción tutelar o se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante la Resolución 49/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 116 a 120 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Si bien la accionante alega encontrarse dentro de la aplicación de la Ley General del Trabajo, al existir más de tres contratos consecutivos, en previsión de la Ley 321 de 20 de diciembre de 2012, no lo estaría; por lo que esa situación debe ser dilucidada en la jurisdicción ordinaria laboral; y, b) El DS 0495 de 1 de mayo de 2010 expresa que ante un despido injustificado se debe acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo para efectuar la denuncia y concluido el procedimiento pertinente se emita la conminatoria de reincorporación laboral, si corresponde; en el presente caso la accionante expresa que su contrato concluyó el 31 de diciembre de 2021; empero, no acudió a la Jefatura Departamental de Oruro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para denunciar su desvinculación laboral, como es su obligación; es decir, no agotó la vía administrativa para resguardar sus derechos; por lo que incumplió el principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan los siguientes Contratos Administrativos para la Prestación de Servicios de Consultoría de Línea celebrados entre el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro -entidad municipal ahora accionada- y Marlene Beatriz Rodríguez Claros -hoy accionante-: 1) De 22 de febrero de 2018, de prestación de servicios en el cargo de Asistente Técnico – Secretaria Concejal dependiente del citado Concejo Municipal, con vigencia de cuarenta y cinco días calendario desde el 2 de igual mes y año, con una contraprestación mensual de Bs4 370.- (cuatro mil trescientos setenta bolivianos [fs. 53 a 57]); 2) De 13 de abril de 2018, de prestación de servicios en el cargo de Asistente Técnico – Secretaria Concejal dependiente del referido Concejo Municipal, con vigencia desde el 12 de ese mes y año al 28 de agosto del indicado año, con una contraprestación mensual de Bs4 370.- (fs. 59 a 63); 3) De 4 de septiembre de 2018, de prestación de servicios en el cargo de Asistente Técnico – Secretaria Concejal dependiente del indicado Concejo Municipal, con vigencia desde el 3 del mismo mes y año al 31 de diciembre de ese año, con una contraprestación mensual de Bs4 370.-; con adenda que amplía el plazo de prestación de servicios hasta el 15 de enero de 2019, suscrito el 31 de diciembre de 2018; con otra adenda que amplía el plazo de prestación de servicios hasta el 14 de mayo de 2019, suscrito el 16 de enero de igual año (fs. 65 a 75); y, 4) C.M.O./CONT. MENOR CONSULT. LINEA 001/2019 de 15 de abril, de prestación de servicios en consultoría para “Ingeniero de Sistemas Informáticos” dependiente del citado Concejo Municipal, con vigencia de tres meses a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, con una contraprestación mensual de Bs4 610.- (cuatro mil seiscientos diez bolivianos [fs. 77 a 83]).

II.2. Cursan los siguientes Contratos Administrativos de Prestación de Servicios celebrados entre el Secretario General del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y la accionante: i) C.M.O./D.A.J. 004/2019 de 22 de agosto, de prestación de servicios en el cargo de Asistente Técnico de Presidencia del citado Concejo Municipal, con vigencia desde el 15 de julio de 2019 al 31 de diciembre de igual año, con una remuneración mensual de Bs4 610.-, considerándose a la contratada como “personal eventual”, con adenda que amplía el plazo de prestación de servicios hasta el 10 de enero de 2020, suscrito el 6 de ese mes y año (fs. 84 a 86); ii) De 10 de enero del referido año, de prestación de servicios en el cargo de Asistente de Presidencia, con vigencia desde esa fecha al 31 de mayo de igual año, con una remuneración mensual de Bs4 610.-, considerándose a la contratada como “personal no permanente” (fs. 88); iii) De 1 de junio del señalado año, de prestación de servicios en el cargo de Asistente de Presidencia, con vigencia desde esa fecha al 31 de diciembre del indicado año, con una remuneración mensual de Bs4 610.-, considerándose a la contratada como “personal no permanente”, con adenda que amplía el plazo de prestación de servicios hasta el 14 de enero de 2021, suscrito el 4 de ese mes y año (fs. 89 a 90); y, iv) C.M.O. 23/2021 de 19 de igual mes, de prestación de servicios en el cargo de Asistente de Secretaria Concejal, con vigencia desde esa fecha al 31 de diciembre del señalado año, con una remuneración mensual de Bs4 610.-, considerándose a la contratada como “personal no permanente” (fs. 91). II.3. Constan Notas de comunicación suscritas por la accionante, haciendo conocer su estado de gravidez y solicitando el respeto de su inamovilidad laboral: a) Nota recibida el 2 de diciembre de 2021, por la Presidencia del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (fs. 24 a 25); b) Nota recibida en similar fecha, por la Secretaría General del citado Concejo Municipal (fs. 26); y, c) Nota recibida el 29 de igual mes y año, por la citada Presidencia, en la que se le comunicó la presentación del certificado de atención prenatal (fs. 28); asimismo, cursa Certificado Médico de 4 de enero de 2022, emitido por el Médico Cirujano, que evidencia el estado de embarazo de aproximadamente veinte semanas de la accionante -última consulta prenatal 22 de diciembre de 2021- (fs. 29). II.4. Cursan los Informes Legales dirigidos al Secretario General del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro: 1) D.A.J./C.M.O. /R.C.C./ 560/2021 de 29 de diciembre, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del citado Concejo Municipal, por el cual se concluyó que la accionante “…es una empleada con contrato de trabajo a plazo fijo…” (sic) y la garantía de la inamovilidad laboral le alcanza hasta el momento que culmine su contrato de trabajo (fs. 20 a 23); y, 2) D.A.J./ C.M.O/Y.A.CH.S.C. 092/2022 de 2 de marzo, pronunciado por el Asesor Legal del referido Concejo Municipal, en el que concluyó que la accionante como ex funcionaria, tenía conocimiento amplio sobre su situación “como funcionaria eventual” y conocía la fecha de culminación de su contrato -31 de diciembre de 2021-; por lo que no es procedente la solicitud de reincorporación laboral (fs. 15 a 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida del que está por nacer, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo; puesto que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, como entidad que suscribió contratos de trabajo a plazo fijo -en principio contratos de consultoría individual de línea-, no respetó su garantía de inamovilidad laboral, a pesar de comunicar oportunamente su estado de embarazo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores no reconoce condicionamiento

La Constitución Política del Estado vigente, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas son nuestras). Concerniente a esta materia, el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, reglamentó las condiciones de la garantía de inamovilidad laboral en favor de madres o progenitores que trabajen en el sector público o privado, precisando que los beneficiarios de esa garantía, no pueden ser despedidos, ni afectados en su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo. Sin embargo, esa garantía constitucional tiene como antecedente la labor interpretativa y protectora de los derechos del extinto Tribunal Constitucional a través de sus diferentes fallos, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente y fueron recogidos y sistematizados por la jurisprudencia del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidando el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo. En esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que el derecho que se debe proteger no es solo el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; el retiro intempestivo de la mujer gestante, también importa la supresión del derecho a la seguridad social, que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, consiguientemente colocan en riesgo el primer derecho, la vida. Efectuando una interpretación sistemática y teleológica del art. 1 de la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que a la letra prescribe: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas” (las negrillas nos corresponden), el anterior Tribunal estableció que la protección a la mujer embarazada abarca a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las servidoras públicas, sin exclusión, alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas con contratos indefinidos, contratos a plazo fijo, como a trabajadoras o funcionarias eventuales, porque la finalidad de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado y no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas; es decir, una protección que no reconoce condicionamiento.

resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…”(las negrillas nos corresponden).

4 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/2000-R de 24 de mayo, señaló que: “…por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas fueron añadidas). Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras. 5 Aplicando una interpretación sistemática y teleológica respecto a la protección de la mujer embarazada el extinto Tribunal, en la SC 0715/2005-R de 28 de junio, citando las SSCC 310/2000-R, 447/2000-R, 807/2001-R, 483/2002-R, 0785/2003-R y 1331/2003-R, 0572/2005-R de 24 de mayo, entre otros, estableció el siguiente razonamiento: “…abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión; asimismo alcanza a las mujeres trabajadoras o empleadas que tengan contratos indefinidos, contratos a plazo definido como a las trabajadoras o funcionarias eventuales, porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado, conforme a lo previsto por el art. 193 de la Constitución, es decir, que no se admite distinción alguna entre trabajadoras del sector público o privado, ni respecto a la naturaleza de los contratos a los que están sujetas…” (las negrillas son nuestras), citado por la SCP 0227/2013-L de 10 de abril, en el Fundamento Jurídico titulado “La protección constitucional a la mujer trabajadora en estado de embarazo, no reconoce condicionamiento, menos la exigencia de dar aviso previo al empleador sobre dicho estado” (las negrillas nos corresponden) y SCP 0338/2013-L de 20 de mayo.

Complementando el alcance de esta garantía la jurisprudencia constitucional señaló que la finalidad de la inamovilidad laboral, es otorgar a la mujer embarazada o madre de familia con un hijo menor a un año de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional; un despido injustificado de la mujer trabajadora de su fuente laboral, indudablemente genera zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación, la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo; por lo que no puede reducírsele su sueldo ni postergarse el pago de sueldos adeudados. De manera análoga, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine, por el que debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, también estableció que la garantía de la inamovilidad laboral de una mujer en estado de embarazo o un progenitor cuya esposa o conviviente está en el mismo estado, corresponde a todas las personas sin discriminación alguna -incluyendo servidores públicos de libre nombramiento-; puesto que, lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus -interpretación finalista- que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, como también el derecho a la salud; puesto que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer; puesto que, si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, siendo por consiguiente una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo; razonamientos que pueden ser 6 Respecto a la inamovilidad laboral la SCP 0424/2012 de 22 de junio, expresa textualmente que: “La finalidad de la inamovilidad laboral, es la de otorgar a la mujer y ahora familia con un menor de edad, estabilidad no sólo económica sino también la consiguiente atención médica y emocional. En lo específico a la mujer trabajadora en estado de gestación se busca su protección contra un despido o retiro de su fuente laboral por parte de su empleador, que indudablemente generaría zozobra, incertidumbre y preocupación, lo que afectaría a la mujer embarazada y también a la adecuada formación del ser en gestación. Asimismo, el art. 2 de la Ley 975, sostiene que la mujer embarazada no puede ser afectada en su nivel salarial ni tampoco su condición en su puesto de trabajo, por lo cual no puede reducírsele su sueldo ni tampoco postergarse el pago de sueldos adeudados”. (las negrillas son añadidas). 7 Respecto al principio pro homine, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, establece que: “Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas” (las negrillas nos corresponden), citado en la SCP 0243/2019-S3 de 5 de julio. 8 Con relación a la inamovilidad laboral de la mujer embarazada o progenitor con esposa en el mismo estado, la SCP 1417/2012 de 20 septiembre, expresó que: “…más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se aplicables a los funcionarios públicos provisorios en cuanto a la protección de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, aplicando una interpretación sistemática y teleológica, además de la aplicación del principio pro homine.

III.1.1 En caso de mujeres embarazadas o padres progenitores se activa la excepción de la subsidiariedad

Siguiendo la línea de razonamiento, es preciso enfatizar también que, sin bien la acción de amparo constitucional se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, que exige el agotamiento previo de los medios o recursos intraprocesales judiciales o administrativos; sin embargo, tratándose de la salvaguarda de los derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de su fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar condicionado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales; es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad.

III.1.2 La comunicación del estado de embarazo no es condición para la protección de la inamovilidad laboral

encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que dice: ‘El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades’ y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo” (las negrillas son nuestras). 9 Respecto a la excepción a la subsidiariedad en el caso de mujeres trabajadoras embarazadas o padres progenitores, la SC 0558/2011-R de 26 de septiembre, estableció: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad” (las negrillas son añadidas), jurisprudencia constitucional reiterada de manera uniforme en las SCP 0673/2013-L de 18 de julio, SCP 0076/2012 de 12 de abril, entre otras.

La jurisprudencia constitucional también estableció que la comunicación oportuna del estado de embarazo no es condición para la protección que brinda esta garantía reconocida por la Constitución Política del Estado, en otros términos, no es necesario dar aviso al empleador sobre la situación de embarazo de la mujer trabajadora para acceder a la protección que brinda la Constitución Política del Estado en su condición de gestante y con niño menor a un año de edad. Ahora bien, un derecho vinculado a la garantía de la inamovilidad laboral, es el derecho fundamental de las mujeres a la maternidad segura, reconocido expresamente por el art. 45.V de la CPE, cuyo texto expresa: “Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida del que está por nacer, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo; puesto que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, como entidad que suscribió contratos de trabajo a plazo fijo -en principio contratos de consultoría individual de línea-, no respetó su garantía de inamovilidad laboral, a pesar de comunicar oportunamente su estado de embarazo. De la revisión de antecedentes se tiene que la accionante suscribió contratos de prestación de servicios con el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro desde el 2 de febrero de 2018; en primer término, en la modalidad de contratos de consultoría individual de línea por diferentes periodos de tiempo y en algunos casos con adenda al contrato principal, cuyo último contrato en esa modalidad fue suscrito el 15 de abril de 2019, con vigencia de tres meses a partir de su suscripción (Conclusión II.1.). Posteriormente, suscribió contratos de prestación de servicios a plazo fijo, en el cargo de Asistente Técnico de Presidencia, Asistente de Presidencia, Asistente de Secretaria Concejal, todos en el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por diferentes periodos de tiempo y en algunos casos con adenda al contrato principal, con vigencia desde el 15 de julio de 2019, cuyo último contrato en esa modalidad fue suscrito el 19 de enero de 2021, con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año, considerándose a la accionante en esos contratos como “personal eventual” o “personal no permanente” (Conclusión II.2.). En el transcurso del último de los contratos de prestación de servicios a plazo fijo, la accionante comunicó al empleador su estado de embarazo y solicitó el respeto a la inamovilidad laboral por esa circunstancia, mediante tres notas recibidas el 2 y 29 de diciembre de 2021, adjuntó Certificado Médico emitido el 4 de enero de 2022, que acredita su estado de gravidez, con un embarazo de aproximadamente veinte semanas en la última consulta efectuada el 22 de diciembre de 2021 (Conclusión II.3.); a los cuales, el citado Concejo Municipal se pronunció mediante los Informes Legales D.A.J./C.M.O. /R.C.C./ 560/2021 y D.A.J./ C.M.O/Y.A.CH.S.C. 092/2022, por el que se concluyó que “…es una empleada con contrato de trabajo a plazo fijo…” (sic) y la garantía de la inamovilidad laboral le alcanza hasta el momento que culmine su contrato de trabajo y como ex funcionaria tenía conocimiento amplio sobre su situación de “como funcionaria eventual” y conocía la fecha de culminación de su contrato -31 de diciembre de 2021-; por lo que no procede su solicitud de reincorporación laboral (Conclusión II.4.). En ese contexto se revisará el problema jurídico planteado, vinculado principalmente con la garantía de la inamovilidad laboral de la mujer en estado de embarazo hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, del cual derivan otros relacionados con los derechos al trabajo, la salud, seguridad social de la accionante y del hijo o hija en gestación; sin embargo, es preciso abordar alguna cuestión procesal planteada en el desarrollo de la acción de amparo constitucional, como el principio de subsidiariedad. Respecto a la presunta subsidiariedad incurrida por la accionante. Esta cuestión fue el fundamento para resolver la acción de amparo constitucional por la Sala Constitucional, no obstante, es uniforme la jurisprudencia al señalar que, tratándose de mujeres embarazadas cuya protección merece atención inmediata y el retiro injustificado en ese estado puede significar ponerlas en riesgo su vida y salud, y del hijo por nacer -colocándola en grupos de personas vulnerables de atención prioritaria-, por cuya razón, en esos casos, se aplica la excepción del principio de subsidiariedad como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.1.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, no le es exigible a la accionante agotar los medios o recursos en sede administrativa con el objeto de buscar la restitución de sus derechos, pudiendo acudir directamente a la jurisdicción constitucional para la salvaguarda de sus derechos y las de su hijo menor de edad.

Efectuado el pronunciamiento sobre la cuestión procesal planteada por la Sala Constitucional a tiempo de resolver la acción tutelar, corresponde ingresar al análisis de fondo, dando un pronunciamiento al problema planteado en la acción de amparo constitucional, en esa comprensión, es necesario enfatizar que la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, no reconoce condicionamiento o criterio de discriminación, abarca cualquiera sea la modalidad de trabajo, la naturaleza del contrato, condición laboral o calidad de funcionario o trabajador, en todo caso, incluyendo a los funcionarios con contrato a plazo fijo suscritos de manera sucesiva; puesto que la finalidad de dicha garantía no solo tiene un carácter protectivo para la madre, sino, para el hijo por nacer o hasta el año de nacimiento, precautelando su bienestar económico, psicológico, con las prestaciones debidas correspondientes a la seguridad social, salud; garantía constitucional que incluye la prohibición de afectar el nivel salarial o la ubicación del puesto de trabajo, como se tiene explicado ampliamente en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En esa comprensión, es necesario señalar que los hechos de relevancia jurídico constitucional dan cuenta que la accionante se vinculó laboralmente con el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en primer término, mediante contratos de consultoría individual de línea -cuyo último contrato fue suscrito el 15 de abril de 2019 con vigencia de tres meses-; posteriormente mediante contratos de prestación de servicios a plazo fijo, de manera sucesiva desde el 15 de julio de ese año, hasta el 31 de diciembre de 2021, consignándose en los mencionados contratos como “personal eventual” o “personal no permanente”, inconsistencia o imprecisión que es reiterada en los Informes Legales D.A.J./C.M.O. /R.C.C./ 560/2021 y D.A.J./ C.M.O/Y.A.CH.S.C. 092/2022 al referirse indistintamente como personal eventual o personal con contrato a plazo fijo; al margen de esta imprecisión, es evidente que la accionante celebró contratos de prestación de servicios a plazo fijo de forma sucesiva. Entonces, no es evidente la afirmación del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que la accionante funde su pretensión en la acción de amparo constitucional, exclusivamente en contratos de consultoría individual de línea, sino, en los posteriores contratos de prestación de servicios a plazo fijo, de manera sucesiva con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, como se cita en los Informes Legales D.A.J./C.M.O. /R.C.C./ 560/2021 e D.A.J./ C.M.O/Y.A.CH.S.C. 092/2022. También es evidente que, en vigencia del último contrato, la accionante comunicó a su empleador, su estado de embarazo de aproximadamente veinte semanas en la última consulta efectuada el 22 de diciembre de 2021; en ese entendido, la garantía constitucional de la inamovilidad laboral no excluye a funcionarios públicos con contrato a plazo fijo, porque tiene la finalidad de otorgar a la mujer embarazada o madre de un hijo menor a un año de edad, la estabilidad económica, certidumbre emocional, atención médica y las prestaciones en salud y las asignaciones familiares que corresponden a la accionante en su calidad de mujer embarazada como para el hijo en gestación; lo contrario implicaría, aceptar una desvinculación laboral que genere incertidumbre y preocupación que pueda comprometer su salud, y por consiguiente, la vida de la accionante y el ser en gestación o el hijo hasta que cumpla un año de edad. Finalmente, con relación al pago de daños y perjuicios estas no pueden ser consideradas en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 49/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 116 a 120 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, debiendo el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro reincorporar laboralmente a Marlene Beatriz Rodríguez Claros al cargo que se encontraba desempeñando o un cargo similar sin afectar su nivel salarial, así como el pago de sus sueldos devengados y la restitución de todos sus derechos que le corresponden en protección de la garantía de la inamovilidad laboral, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, conforme a los fundamentos jurídicos y justificaciones del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al pago de daños y perjuicios, conforme a lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO

Notas al pie

1 La Constitución Política del Estado fue aprobado por la Asamblea Constituyente el 2007, compatibilizado en el Congreso Nacional el 2008, aprobado en Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009.

2 El DS 0012 de 19 de febrero de 2009, que Reglamenta las Condiciones de Inamovilidad Laboral de la Madre y Padre Progenitores que Trabajen en el Sector Público o Privado, establece en su art. 2, el alcance de esta garantía constitucional en los siguientes términos: “La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (las negrillas son nuestras).

3 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, señaló que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este

10 Entendimiento jurisprudencial expresado en la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, que constituye un cambio en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1416/2004-R de 1 de septiembre, que estableció el deber de la mujer embarazada de comunicar previamente su estado de embarazo al empleador. Confirmada por la SC 1882/2010-R de 25 de octubre, la SCP 1187/2012 de 6 de septiembre, SCP 0081/2018-S2 de 23 de marzo, entre otros.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0350_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7b7e67ea1b7b0a49e2d5e018f74285ba3f7a697071ccaf68aa7405c4037f1233

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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