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SCP 0349/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55898-2023-112-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento celeridad, y a la libertad, en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante: 1) La Jueza demandada, suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva programada para el 30 de noviembre de 2022, porque el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la presentación del pliego acusatorio por parte del Ministerio Público; y, 2) La Fiscal de Materia codemandada, presentó la acusación formal sin haber tomado las declaraciones de los testigos de descargo propuestos ni realizado los actos investigativos solicitados por la defensa. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/22 de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz -demandada-, ante la evidente lesión del derecho al debido proceso en su componente de celeridad vinculado con la libertad del accionante, conforme a los términos dispuestos por el Juez de garantías y los fundamentos jurídicos glosados en el presente fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la Fiscal de Materia codemandada, con la aclaración que en este caso no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

3° Llamar la atención a Jorge Luis Ortiz López Antelo, Juez; y, María Daniela Hurtado Vaca, Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a lo expuesto ut supra.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la competencia del control jurisdiccional ante el vencimiento de la duración de la detención preventiva y presentación de la acusación formal
  3. III.3. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio
  4. III.4. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0349/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55898-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 25/22 de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Michel Rodríguez Suárez en representación sin mandato de Paul Martin Yovio Rocha contra Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz y Erlinda Pereira Rodríguez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, promovió incidente de cesación de la detención preventiva; por lo cual, la audiencia de resolución fue programada para el 30 de noviembre de 2022, a las 9:30, a desarrollarse de manera mixta-virtual para el detenido preventivo y presencial para las demás partes-; sin embargo, dicho acto procesal fue suspendido por la Jueza ahora demandada; debido a que, la causa fue remitida al Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, pese a existir señalamiento previo de audiencia; hecho, que vulneró sus derechos a la defensa y a ser oído oportunamente por un Juez competente, al enviarse su expediente judicial sin definir su situación jurídica, afectando asimismo el principio de celeridad y la atención oportuna por parte de los Jueces y Tribunales.

Por otra parte, Erlinda Pereira Rodríguez Fiscal de Materia -codemandada-, indebidamente presentó la acusación formal sin haber tomado las declaraciones de los testigos de descargo ni realizado los actos investigativos solicitados por la defensa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento celeridad, y a la libertad, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; disponiendo se ordene a la autoridad demandada lleve adelante la audiencia señalada valorando positiva o negativamente los elementos aportados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Vania Beatriz Romero Peña, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 30 de noviembre de 2022, cursante a fs. 11, manifestó que, en el presente caso al haber presentado el Ministerio Público el 24 de noviembre de 2022, acusación formal contra el impetrante de tutela, en cumplimiento del “art. 325 núm. 1” de Código de Procedimiento Penal (CPP), remitió el expediente el 28 de igual mes y año, ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. Erlinda Pereira Rodríguez, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 9 a 10, refirió que, el Ministerio Público, al contar con toda la prueba de cargo y efectuado los actos investigativos suficientes para sustentar su acusación, presentó su pliego acusatorio en el marco de lo dispuesto en el “art. 323.1 del CPP”, no siendo posible sopesar con la falta de interés del imputado para realizar las diligencias que estimaba necesarias a efectos de preparar su defensa; sin embargo de ello, el 1 de noviembre del señalado año, fueron tomadas las declaraciones a testigos.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 25/22 de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., concedió la tutela solicitada respecto a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, disponiendo que por Secretaria se oficie al Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del citado departamento, para que proceda a la devolución del expediente procesal a la autoridad jurisdiccional demandada a efectos del cumplimiento del fallo constitucional emitido, debiendo en consecuencia señalar audiencia de cesación de la detención preventiva en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, tal como establece la normativa procesal -art. 239 y siguientes del CPP-; y, denegó, la tutela impetrada respecto a Erlinda Pereira Rodríguez, Fiscal de Materia. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La SCP “0348/2020-S2”, establece criterios aplicables cuando simultáneamente a la presentación de una acusación fiscal, existe una solicitud pendiente de cesación de la detención preventiva, precisando que, el Juez de Instrucción Penal debe cumplir estrictamente con el mandato del art. 325.1 del CPP, que establece la remisión de la acusación en el plazo de veinticuatro horas al Juzgado o Tribunal correspondiente, debiendo quedar en el despacho judicial copias legalizadas de las piezas indispensables para resolver la cesación y concluida la audiencia, remitir la resolución y los actuados al Tribunal de Sentencia Penal que conoce la causa principal, para su acumulación al expediente procesal, b) En el caso concreto, es procedente conceder la tutela únicamente respecto a la Jueza demandada al haberse verificado incongruencia en su actuación; y, c) Desestimó la acción de defensa en relación a la Fiscal de Materia, pues las omisiones denunciadas, como no tomar declaraciones de testigos de descargo o no realizar actos investigativos, no pueden ser corregidas mediante una acción constitucional, tales observaciones deben ser planteadas por las partes dentro del proceso penal, ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del citado departamento, en ejercicio del derecho a la libertad probatoria reconocido en el art. 171 del CPP; por último, al haber concluido la etapa investigativa, el Ministerio Público no tiene impedimento para que las partes soliciten ante el Tribunal correspondiente las medidas o actuaciones procesales que consideren necesarias.

I.3 Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio 2639/2022 de 28 de noviembre; por el que, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz – ahora demandada-, remitió antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Paúl Martin Yovio Rocha -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación con agravante -con acusación-, ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del citado departamento; instancia en la que según sello de la Auxiliar del mencionado Tribunal y fotografía del libro diario del Juzgado remisor, fue recibido a las 15:50 de la indicada fecha (fs. 2 y 12 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento celeridad, y a la libertad, en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante: 1) La Jueza demandada, suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva programada para el 30 de noviembre de 2022, porque el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ante la presentación del pliego acusatorio por parte del Ministerio Público; y, 2) La Fiscal de Materia codemandada, presentó la acusación formal sin haber tomado las declaraciones de los testigos de descargo propuestos ni realizado los actos investigativos solicitados por la defensa. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-, reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Sobre la competencia del control jurisdiccional ante el vencimiento de la duración de la detención preventiva y presentación de la acusación formal

2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

La SCP 1821/2014 de 19 de septiembre se ha pronunciado sobre la competencia del juez cautelar en el ejercicio del control jurisdiccional durante la etapa preparatoria, estableciendo lo siguiente:

Durante la etapa preparatoria, el control jurisdiccional se encuentra a cargo del juez cautelar, instancia judicial encargada del control de todas las actividades de la investigación. Asumiendo un rol de juez de garantías, con la facultad de resolver los conflictos emergentes de la actividad investigativa del Ministerio Público, los derechos del imputado y de los demás sujetos procesales. El control jurisdiccional, se constituye en una garantía del proceso penal, procurando resguardar los derechos de los sujetos procesales y la intervención oportuna en caso de su vulneración. (…) Por lo que, el Legislador entendió que, dentro de un proceso penal, éste no puede quedarse sin control jurisdiccional por más de veinticuatro horas, lo contrario se constituye en una dilación innecesaria e injustificada, contrario al principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación en esta vía ordinaria, más aun tratándose de privados de libertad -aprehendidos o detenidos preventivos−, cuya resolución de sus situación jurídica no puede ser postergada por cuestiones meramente formales y dilatorias.

Por otro lado, este Tribunal Constitucional Plurinacional también se ha referido sobre la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes relacionadas con medidas cautelares, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal. Así la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:

[T]oda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica (el añadido es nuestro).

En dicho orden, la citada Sentencia, precisó las siguientes subreglas:

En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Ahora bien, siguiendo la línea de entendimiento expresada, la SCP 0887/2021-S4 de 25 de noviembre, a tiempo de ratificar la competencia que tienen los jueces de instrucción de conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares hasta que la causa sea radicada ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal, pese a la presentación de la acusación fiscal, entendió que el Juez de Instrucción Cautelar debe resolver la situación jurídica del imputado, ante el vencimiento de la duración de la detención preventiva aun cuando ya hubiere sido presentada la acusación formal, pues mientras no sea radicada la causa penal ante el Juez o Tribunal de Sentencia, el Juez de instrucción, se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional. La citada Sentencia expresó el siguiente precedente constitucional:

Entendimiento jurisprudencial que también es aplicable al control jurisdiccional que debe efectuar el Juez de Instrucción Penal respecto al vencimiento del plazo de la detención preventiva establecido en el marco de lo dispuesto por el art. 233.3 del CPP -de acuerdo a las modificaciones asumidas en la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 [Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres]–, a cuya conclusión, el Juez de instrucción penal debe definir la situación jurídica del imputado, aun cuando ya hubiera sido presentada la acusación formal, pues mientras que no sea radicada la causa penal ante el juez correspondiente, lo que inevitablemente incluye al control sobre el cumplimiento del plazo de duración de la detención preventiva (…).o tribunal de sentencia, el juez de instrucción penal se encuentra compelido a conocer las incidencias vinculadas a la aplicación de medidas cautelares y ejercer el control jurisdiccional.

III.3. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio

Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que:

…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales

Consecuentemente, en los casos en los que el accionante activa directamente la acción de libertad, sin acudir previamente ante el Juez cautelar que ejerce el control jurisdiccional de la etapa preparatoria, para denunciar las ilegalidades atribuidas a los fiscales y/ o policías, corresponde denegar la tutela sin ingresar examen de fondo.

III.4. Análisis del caso en concreto

Conforme a la Conclusiones II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, dentro del proceso penal promovido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, por Oficio 2639/2022, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, remitió cuaderno procesal con acusación formal, ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del citado departamento; instancia en la cual, según sello de la Auxiliar del referido Tribunal, fue recepcionado a las 15:50.

Del mismo modo, conforme lo manifestado por el impetrante de tutela en audiencia de esta acción tutelar -no controvertido por la autoridad judicial demandada-, se tiene que fijó audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva para el 30 de noviembre de 2022, a las 9:30; empero, dicho actuado procesal, se suspendió, ante la remisión del expediente al Tribunal de juicio por la acusación formal presentada el 24 del señalado mes y año, por el Ministerio Público. De acuerdo con los antecedentes del caso, la presente acción se dirige contra dos autoridades, una de carácter jurisdiccional y otra perteneciente al Ministerio Público; en consecuencia, resulta necesario efectuar un examen diferenciado respecto de la actuación de cada una de ellas en el contexto del caso concreto. Sobre la actuación de la Jueza demandada Con relación a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, -como fue precisado precedentemente-, el 30 de noviembre de 2022, suspendió la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, debido a la remisión del expediente referido, ante el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del referido departamento, conforme se evidencia del Oficio 2639/2022, recibido en dicha instancia la señalada data por la Auxiliar del citado Tribunal, sin cursar en el expediente constitucional, el auto de radicatoria correspondiente.

Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, ha establecido que la competencia de los Jueces de Instrucción Penal durante la etapa preparatoria, para resolver solicitudes relacionadas con medidas cautelares, persiste mientras no se hubiera dictado formalmente auto de radicatoria por el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, justamente para evitar que la detención preventiva quedara en inseguridad jurídica; en ese marco, conforme a los antecedentes descritos, no resulta aceptable la implícita suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela, cuando no se evidencia que la causa penal hubiese radicado ante el Tribunal de Sentencia Penal correspondiente, retrasando con esa actuación omisiva la resolución de la situación procesal de un privado de libertad, provocando la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado con la libertad del solicitante de tutela conforme al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, debiéndose en su efecto conceder la tutela impetrada en este punto de examen constitucional. Con relación a la Fiscal de Materia codemandada El accionante a través de su representante, denuncia que, la Fiscal de Materia asignada al caso, presentó la acusación formal sin haber tomado las declaraciones de los testigos de descargo propuestos ni realizado los actos investigativos solicitados por la defensa. De lo relacionado, se advierte, que el impetrante de tutela denuncia omisiones procedimentales relacionadas con la actuación de la Fiscal de Materia demandada en la realización de actos investigativos previos a la presentación del pliego acusatorio; al respecto, corresponde hacer referencia a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que los actos ilegales u omisiones en las que pueden incurrir Fiscales y Policías durante la etapa preparatoria que represente una vulneración de derechos, deben ser representadas ante la autoridad jurisdiccional, agotando los medios intraprocesales expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir la protección de derechos fundamentales supuestamente conculcados en el proceso; siendo el mecanismo oportuno el incidente de actividad procesal defectuosa; y sólo en caso de persistir la lesión alegada, recién acudir a la justicia constitucional como medio de defensa. En el caso presente, se advierte que el solicitante de tutela acudió directamente a esta instancia constitucional, denunciando la falta de realización de actos investigativos por parte de la Fiscal de Materia codemandada, entre otras presuntas irregularidades, no obstante de encontrarse la causa penal seguida en su contra bajo control jurisdiccional de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, ante quien debió acudir de manera previa, con la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa, siendo que la nombrada autoridad era la competente para el restablecimiento de los derechos que considera vulnerados; aspecto que, impide el análisis de fondo de la problemática planteada, con la subsecuente denegatoria solicitada en torno a la autoridad fiscal demandada. Otras consideraciones

Este Tribunal advierte que, siendo resuelta esta acción de defensa el 30 de noviembre de 2022, la misma recién fue remitida en revisión el 29 de mayo de 2023 -constancia de courier cursante a fs. 19-; es decir, con excesiva posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 126.IV de la CPE; y, 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por lo que, corresponde llamar la atención al Juez de garantías, como director de la causa tutelar, extendiéndose la misma a la Secretaria de Juzgado, quien como funcionaria de apoyo judicial se encuentra obligada a cumplir dentro de los plazos procesales las determinaciones asumidas en la tramitación de este tipo de acciones de defensa. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/22 de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 14 vta. a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz -demandada-, ante la evidente lesión del derecho al debido proceso en su componente de celeridad vinculado con la libertad del accionante, conforme a los términos dispuestos por el Juez de garantías y los fundamentos jurídicos glosados en el presente fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la Fiscal de Materia codemandada, con la aclaración que en este caso no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y,

3° Llamar la atención a Jorge Luis Ortiz López Antelo, Juez; y, María Daniela Hurtado Vaca, Secretaria, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a lo expuesto ut supra. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0349_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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