Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 17 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, vinculado al principio de seguridad jurídica; por cuanto, la Vocal demandada habría emitido un Auto de Vista 68, disponiendo la modificación en forma parcial de las medidas cautelares y manteniendo la libertad del tercero interesado, siendo que: 1) En lo referente al art. 234.7 del CPP, señaló que la prueba presentada por el tercero interesado no sería la adecuada, pues debió presentar un informe psicológico forense conforme estableció el Auto Interlocutorio 467/2022; por lo que, revocó el mismo dejando concurrente dicho riesgo procesal, 2) Cuando realiza la valoración del art. 235.2 del CPP, asume un criterio distinto al art. 234.7 del mismo cuerpo legal, pues validó la decisión del a quo, que enervó el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 63/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 432 vta. a 440 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la falta de fundamentación de los riesgos procesales insertos en los puntos 1) y 2), conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional, debiendo Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, o quien se encuentre actualmente en el cargo, emitir una nueva resolución; salvo que, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional, la situación de la parte accionante ya se hubiese determinado por una resolución posterior; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al punto 3), respecto a la omisión de juzgar con perspectiva de género.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0349/2026-S2 Sucre, 17 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56024-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 63/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 432 vta. a 440 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brenda Herbas Gutiérrez en representación legal de Zalma Micaela Arteaga Herbas contra Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 18 y 27 de abril de 2023, cursantes de fs. 374 a 383; y, 386 y vta., la parte accionante manifestó lo siguiente:
El 28 de julio de 2022, inició un proceso penal contra Víctor Vargas Barbeito -tercero interesado- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente en contra de su hija cuando esta tenía once años de edad; y, que habiendo superado las etapas del proceso penal, la autoridad jurisdiccional a cargo determinó la aplicación de la medida extrema de detención preventiva del nombrado en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, teniendo por concurrentes los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 234.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Señaló que, ante esta determinación, mediante audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el 25 de noviembre de 2022, la autoridad jurisdiccional determinó por acreditado el elemento domicilio y rechazó el pedido de cesación; y, que nuevamente, el 1 de febrero de 2023, se realizó otra audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo en suplencia legal de su similar Decimosegundo, determinando que ya no concurrían los riesgos establecidos en los arts. 234. 1, 2 y 7; y, 235.2 del CPP, disponiendo su cesación. Sostuvo que, ante esa determinación, interpuso recurso de apelación, y en audiencia de 27 de febrero de 2023, Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 68 -de 27 de febrero de 2023-, declaró admisible y procedente parcialmente dicha apelación, manteniendo subsistente la libertad dispuesta y manteniendo por concurrente el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP. Señaló que, el referido Auto de Vista, no contenía una suficiente motivación, por cuanto, no se realizó una valoración individual e integral de las pruebas presentadas por el encausado en audiencia de 25 de noviembre de 2022, específicamente: a) El memorial de observación de puntos de pericia de 30 de noviembre de 2022; b) El memorial de 20 de diciembre de 2022, en la que se adjunta informe psicológico; c) El memorial de 30 de noviembre de 2022, en la que se solicitó corrección de requerimiento; y, d) La resolución carecía de fundamentación por no haber considerado jurisprudencia, convenciones y tratados internacionales, por no haber juzgado con perspectiva de género, no aplicar el Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 126/2016 de 22 de noviembre, el Acuerdo 193/2016 de 16 de noviembre, y Circular 08/2016 de 29 de febrero del Consejo de la Magistratura, respecto a la obligación del test de convencionalidad y otra normativa pertinente. Refirió que, el Auto de Vista cuestionado, era incongruente; toda vez que, al analizar riesgo procesal previsto en el art. 234. 7 del CPP, asumió el razonamiento del Auto Interlocutorio 467/2022 de 25 de noviembre, que determinó que, para enervar ese riesgo debía presentarse una pericia psicológica, y, sin embargo, a momento de valorar el riesgo establecido por el art. “325.2” -siendo lo correcto 235.2- del CPP, asumió otro criterio, considerando otros elementos, como memoriales y proposición de diligencias, para enervar el referido riesgo procesal.
Denunció la lesión de la garantía al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, vinculado al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 68, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo emitir la autoridad demandada uno nuevo.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 424 a 432 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe alguno, ni se hizo presente en la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 392.
Víctor Vargas Barbeito, a través de su defensa técnica, manifestó que, la audiencia de cesión a la detención preventiva fue realizada el 01 de febrero de 2023 y, que contra dicha resolución, la parte accionante interpuso recurso de apelación. Como consecuencia de aquello, la Vocal de la Sala Pena Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró procedente en parte el recurso y agravó las medidas impuestas en primera instancia, específicamente determinó un aumento de la fianza y arresto domiciliario. Sostuvo que, el Auto de Vista cuestionado estaba fundamentado, y que debería considerarse la entrevista psicológica que tenía que realizarse el día que se formalizó la denuncia; por cuanto, se pudo evidenciar contradicción en todo el relato; consecuentemente, solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 63/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 432 vta. a 440 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 68, debiendo la autoridad demandada emitir un nuevo Auto de Vista; con base en los siguientes fundamentos: que el Auto de Vista impugnado, a tiempo de declarar admisible y parcialmente procedente, modificó parcialmente el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2023; por lo que, no existiría congruencia interna, por cuanto, el referido Auto de Vista, en primer lugar revocó la resolución objeto de apelación y, contrariamente, determinó concurrente el riesgo procesal establecido en el art. 234. 7 del CPP, afectando del mismo modo a los demás riesgos procesales. Sostuvo que, se debió resolver conforme a criterios diferenciadores de género, perspectiva de género, considerar las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0001/2019-S2” y “17/2019-S2”, debiendo privilegiarse la seguridad de la víctima.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 561 a 565); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 467/22 de 25 de noviembre de 2022, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, que declaró infundado la solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 142 vta. a 146). II.2. Consta el Auto Interlocutorio de 1 de febrero de 2023, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del Departamento de Santa Cruz (fs. 264 vta. a 266 vta.). II.3. Se tiene el Auto de Vista 68 de 27 de febrero de 2023, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 351 vta. a 357 vta.).
La accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, vinculado al principio de seguridad jurídica; por cuanto, la Vocal demandada habría emitido un Auto de Vista 68, disponiendo la modificación en forma parcial de las medidas cautelares y manteniendo la libertad del tercero interesado, siendo que: 1) En lo referente al art. 234.7 del CPP, señaló que la prueba presentada por el tercero interesado no sería la adecuada, pues debió presentar un informe psicológico forense conforme estableció el Auto Interlocutorio 467/2022; por lo que, revocó el mismo dejando concurrente dicho riesgo procesal, 2) Cuando realiza la valoración del art. 235.2 del CPP, asume un criterio distinto al art. 234.7 del mismo cuerpo legal, pues validó la decisión del a quo, que enervó el art. 235.2 de la indicada normativa con elementos consistentes en memoriales y proposición de diligencias, puesto que, aquellas no están destinadas a enervar el peligro de obstaculización, vinculado a la producción de prueba; en este sentido, se observa que se determinó en la resolución de detención preventiva que el tercero interesado podría influir en el perito entre otros argumentos; y, 3) No se tomó en cuenta el enfoque de género. Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe alguno, ni se hizo presente en la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, en relación al intitulado, manifestó que: “En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen valida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no solo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos corresponden).
Delimitada la problemática planteada; con relación al punto 1) del objeto procesal, se alega respecto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, determinado en el Auto Interlocutorio 467/2022 de 25 de noviembre, que para desvirtuar dicho riesgo procesal era necesario una pericia forense psicológica y no una pericia de parte con relación al tercero interesado, entonces imputado; se tiene que, el Auto de Vista 68 de 27 de febrero de 2023, establece que:
“…evidentemente la prueba presentada por el acusado no sería la adecuada, sino que debe presentar un informe psicológico forense tal como lo ha establecido el Auto Interlocutorio No. 467/2022 del 25 de noviembre del 2022, y lo que debe informar el psicólogo forense es con relación a su grado de personalidad, su peligrosidad o la presentación de algún trastorno pedófilo (…) por lo tanto este tribunal revoca esta parte de la resolución dejando concurrente este riesgo procesal…” (sic [negrilla añadida]); sin embargo, de manera incoherente en la parte dispositiva del referido Auto de Vista, señala: “…Se habilita de manera parcial el riesgo procesal del Art. 234 núm. 7) del C.P.P. Toda vez de que deben ser corroborado ese estudio por un perito forense, asimismo se añade y se modifica las medidas cautelares personales impuestas de acuerdo al Art. 231 bis del C.P.P…” (sic [énfasis agregado]); lo que implica que, en los hechos, ese riesgo procesal haya sido modificado en su construcción, sin que se justifique de manera fundamentada el motivo de la “concurrencia parcial”, por lo que se observa una incongruencia y falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, que debe dar lugar a conceder la tutela solicitada. En lo referente al punto 2), se alega que, respecto el art. 235.2 del CPP, el Auto Interlocutorio 467/2022, estableció que existía un riesgo de obstaculización en la producción de diferentes elementos de prueba, entre ellos la pericia; si bien el Auto de Vista observado argumenta que dicho aspecto no fue observado por la parte civil en la audiencia cautelar respectiva, cuando se desvirtuó el mismo, de la revisión del acta de audiencia de apelación incidental, se observa que la parte accionante fundamenta sus observaciones respecto a ese riesgo procesal; por lo que, se tiene por cumplido el principio de subsidiariedad. Ahora bien, siendo que la cesación de la detención preventiva se sustentó en el art. 239.1 del CPP, que condiciona la misma a: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”, y que la detención preventiva se fundaba, a su vez, en que el imputado podría influir en la elaboración de la pericia referida también el art. 234.7 del mismo Código. Del razonamiento efectuado en el referido Auto de Vista, se reconoce que no se elaboró dicho peritaje; entonces, se tiene que la autoridad demandada no explicó cómo se logró desvirtuar el art. 235.2 del CPP, sin la realización del peritaje, lo que implica falta de fundamentación, correspondiendo en este punto conceder la tutela solicitada.
En lo referente a que el Auto de Vista impugnado (Conclusión II.2.) adolece de insuficiente motivación, toda vez que para determinar la no concurrencia del peligro de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP, se hubiese limitado a describir la prueba, sin valorarla de forma integral, concretamente: i) El memorial de observación de puntos de pericia de 30 de noviembre de 2022; ii) El escrito de 20 de diciembre de 2022, en el que se adjunta informe psicológico; y, iii) El memorial de 30 de noviembre de 2022, en el que se solicita corrección de requerimiento. Al respecto, conforme lo establece la SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero que recoge la jurisprudencia existente se tiene que la parte accionante debe cumplir al menos lo siguiente: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-” criterios que no fueron cumplidos por la parte accionante. En efecto, para que la justicia constitucional ingrese a revisar la actividad valorativa de las pruebas que se hubiese realizado en la jurisdicción ordinaria, es indispensable que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa suficiente de explicar a este Tribunal en qué sentido las pruebas que reclama como insuficientemente valoradas, tienen relevancia constitucional; es decir, en qué sentido esos elementos de prueba -presuntamente no valorados- inciden en la forma de la decisión del caso concreto; circunstancia que, en este, caso no ha sido cumplida, limitándose a señalar en el memorial de la acción tutelar presentada que: “…el instituto de la detención preventiva se caracteriza porque el imputado cuando solicita la cesación a la detención debe de presentar prueba idónea con la cual DEBE DESTRUIR CADA UNO DE LOS RIESGOS PROCESALES QUE ORIGINARON SU DETENCIÓN…” (sic).
Finalmente, en lo referente al punto 3), respecto a que no se habría aplicado otros instrumentos normativos para juzgar con perspectiva de género; el cargo resulta genérico e impreciso, pues la selección, interpretación y aplicación de disposiciones normativas o cualquier otro instrumento normativo en causas de la jurisdicción ordinaria, corresponde a las mismas autoridades de esa jurisdicción; y, solo en casos excepcionales y previo cumplimiento de la suficiente carga argumentativa, esta instancia puede revisar la interpretación de la legalidad ordinaria. En ese entendido, el planteamiento de la parte impetrante de tutela carece de sustento jurídico concreto que permita a la justicia constitucional pronunciarse al respecto en la medida en que no se precisaron las normas y tampoco se estableció cómo debieron ser aplicadas al caso concreto; por lo que, al respecto corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 63/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 432 vta. a 440 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la falta de fundamentación de los riesgos procesales insertos en los puntos 1) y 2), conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional, debiendo Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, o quien se encuentre actualmente en el cargo, emitir una nueva resolución; salvo que, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional, la situación de la parte accionante ya se hubiese determinado por una resolución posterior; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto al punto 3), respecto a la omisión de juzgar con perspectiva de género. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0349_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): a319bd0af7532e7b78c99045ee1198d80c46b180d815b62a76974a14c3a1104b
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