Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, además de los principios de legalidad y del interés superior del niño; puesto que, concluido el proceso penal seguido contra PP, por el delito de violencia familiar o doméstica, durante la audiencia de medidas cautelares puso a conocimiento de la Jueza ahora accionada, que la hoy coaccionada mantenía retenida a la menor de edad AA, solicitando su entrega inmediata a su persona; sin embargo, la referida Jueza omitió pronunciarse sobre dicha petición, permitiendo que persista la retención de la menor de edad AA, lo que configura una omisión ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales: i) El enfoque interseccional; y, ii) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 38/24 de 30 de noviembre de 2024, cursante de fs. 127 a 128, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° En aplicación del principio precautorio y del deber estatal de garantía, corresponde: a) Disponer de oficio la inmediata intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que, en el plazo más breve y con personal especializado, realice la entrevista forense u omnicompetente a la menor de edad AA; y, la correspondiente evaluación psicológica y social, con observancia de protocolos técnicos y sin revictimización; b) Ordenar la suspensión provisoria de la ejecución material del Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024 -y de los actos posteriores que de éste emanen- hasta tanto se cuente con los informes técnicos que permitan valorar la seguridad de la restitución, evitándose con ello una entrega que pudiera exponer a la menor de edad AA a un daño grave; y, c) Ordenar que las instituciones competentes (Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Legal Integral Municipal) coordinen un plan de medidas de protección temporales hasta que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas definitivas que aseguren el bienestar de la menor de edad AA. Todo ello, conforme a lo expresado detalladamente en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional.
3º Por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, notifíquese con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Pampa de la Isla del departamento de Santa Cruz, al Servicio Legal Integral Municipal y al Ministerio Público -a través de la Fiscalía Departamental de dicho departamento- a objeto de que asuman las acciones legales correspondientes en resguardo de la menor de edad AA, a fin de garantizar su protección integral, establecer las eventuales responsabilidades y asegurar que cualquier decisión definitiva sobre la guarda y custodia se adopte sobre la base de informes técnicos interdisciplinarios que reflejen plenamente las repercusiones de la medida en la vida, salud e integridad psicosocial de la nombrada.
4° Llamar la atención a Katherine Carballo Jiménez, Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la inobservancia de la jurisprudencia constitucional y de los Convenios Internacionales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente de los principios de interés superior del niño, protección reforzada y enfoque integral previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño; y, los arts. 60 y 61 de la Constitución Política del Estado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 71066-2025-143-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 38/24 de 30 de noviembre de 2024, cursante de fs. 127 a 128; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por NN en representación sin mandato de AA contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; Mariela Toledo Durán, Fiscal de Materia y Eliana Méndez Avellaneda.
La parte accionante, por memorial presentado el 29 de noviembre de 2024, cursante de fs. 29 a 35 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de NN -accionante- contra su concubino PP, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 701102032402336, PP tras prestar su declaración informativa y acogerse al derecho al silencio, fue aprehendido por disposición del Ministerio Público, programándose posteriormente una audiencia de aplicación de medidas cautelares. No obstante, antes de su realización, el nombrado se sometió a un procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad penal; por lo que, la Jueza hoy accionada emitió sentencia condenatoria y dispuso su traslado al Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento, para el cumplimiento de su condena.
Durante la audiencia de medidas cautelares de 28 de noviembre de 2024, manifestó que Eliana Méndez Avellaneda -ahora coaccionada- y hermana de PP, mantuvo retenida a su hija menor de cinco años de edad, AA; por lo que, solicitó a la Jueza ahora accionada ordene su entrega inmediata, en resguardo del interés superior de la menor de edad. Sin embargo, la nombrada no se pronunció sobre dicha petición, manteniéndose la retención de la menor de edad, lo que constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera derechos fundamentales de la menor de edad, que se encuentra en edad escolar y próxima al inicio del calendario educativo 2025. Ante ello, la conducta de la Jueza hoy accionada evidenció desconocimiento de la situación de vulnerabilidad de la menor de edad, quien también fue víctima indirecta de los actos de violencia ejercidos por PP, ya condenado por tales hechos. En ese sentido, la inacción judicial vulnera los derechos de la menor de edad. Finalmente, se debe considerar que el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y limitada a los asuntos previstos por ley, señalando que la falta de pronunciamiento judicial respecto a la restitución de la menor de edad constituye un acto arbitrario no susceptible de convalidación, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. 1.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, además de los principios de legalidad y del interés superior del niño; citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Otorgar la libertad de su hija menor de edad AA, que se encuentra retenida contra su voluntad en el domicilio de la ahora coaccionada.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de noviembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 125 a 127, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) Resulta lamentable que haya tenido que acudir a la jurisdicción constitucional para hacer prevalecer sus derechos fundamentales como la vida, la protección inmediata y la debida diligencia, los cuales deben ser garantizados por los Fiscales de Materia, la Policía Boliviana y el Órgano Judicial, especialmente cuando se trata de una menor de edad, considerada sujeto de especial protección por su condición de vulnerabilidad, al igual que las personas adultas mayores; 2) De acuerdo con el informe emitido por la Jueza ahora accionada, dispuso mediante Oficio 1729/2024 de 29 de noviembre, la restitución de la menor de edad a su madre; sin embargo, observó que no se fijó un plazo expreso para el cumplimiento de dicha orden, lo que genera dilaciones indebidas en un asunto de urgencia y relevancia constitucional; y, 3) Solicitó a la Jueza de garantías que, en ejercicio de sus atribuciones, ordene la entrega inmediata de la menor de edad AA a su madre, fijando un plazo máximo de veinticuatro horas para su ejecución, en consideración a que la nombrada se encuentra actualmente bajo el cuidado de familiares de PP, circunstancia que incrementa su situación de riesgo y vulnerabilidad. Concluyó reiterando que el caso exige una actuación pronta y eficaz conforme al principio de protección integral del menor y a la obligación de debida diligencia del Estado. En el desarrollo de la audiencia de acción de libertad de 30 de noviembre de 2024, la Jueza de garantías, solicitó al Secretario del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, precisar los antecedentes documentales remitidos por la Jueza hoy accionada, constatando que únicamente hubiese recibido el Oficio 1729/2024, el cual fue debidamente digitalizado y correspondía a la orden de restitución de la menor de edad AA a favor de su madre. La Jueza de garantías verificó que el Oficio 1729/2024 fue emitido el 29 de noviembre de 2024, en cumplimiento de un Auto Interlocutorio de 28 de igual mes y año, mediante el cual la Jueza ahora accionada dispuso la entrega de la menor de edad AA a su madre. No obstante, al interrogar a la parte accionante sobre su conocimiento y notificación con el documento, manifestó no haber sido notificada ni haber recibido aún a su hija menor de edad, a pesar de la existencia de la referida orden judicial. Ante tales manifestaciones, la Jueza de garantías dejó constancia de que el objeto de la audiencia se centró precisamente en la verificación del cumplimiento de la orden de restitución de la menor de edad, aclarando que la Jueza hoy accionada habría dispuesto dicha medida mediante el Oficio 1729/2024.
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno pese a su citación vía WhatsApp cursante de fs. 77 a 78.
María Toledo Durán, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno pese a su citación vía WhatsApp cursante a fs. 117. Eliana Méndez Avellaneda a través de su abogada, en audiencia, manifestó que: i) Desde que la accionante inició el proceso penal contra PP, la menor de edad AA se encontraba bajo su cuidado en razón de los frecuentes abandonos de la nombrada hacia sus hijas; ii) La accionante presentó antecedentes de violencia sexual por parte de su propio padre, quien habría cometido el delito de violación contra la accionante desde que tenía once años de edad, configurando un cuadro de afectación psicológica y síndrome de Estocolmo; puesto que, actualmente convive con dicho agresor junto a sus hijas menores de edad; iii) Afirmó que la menor de edad AA, actualmente bajo custodia de su persona, relató que, en una visita al domicilio del abuelo, el nombrado la llevó a su camión de transporte internacional, en el cual le hubiese realizado toques indebidos en sus partes íntimas, constituyendo un acto de abuso sexual, además la niña presenta síntomas de trauma, pesadillas y conductas defensivas; por lo que, su persona se negó a entregarla cuando fue citada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) el “14 de noviembre”; y, iv) En virtud de los antecedentes expuestos, la abogada solicitó a la Jueza ahora accionada que, en resguardo del interés superior de la menor de edad, se disponga la realización de una entrevista psicológica especializada a través del grupo interdisciplinario del Órgano Judicial, con el objetivo de corroborar los hechos denunciados, proteger la integridad física y psicológica de la niña; y, evitar su entrega a la madre y al entorno del presunto agresor. Advirtió además que existe un riesgo de que el abuelo materno intente sacar del país a la menor de edad AA con la colaboración de la madre, justificando la necesidad de medidas de protección urgentes y eficaces.
La Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 38/24 de 30 de noviembre de 2024, cursante de fs. 127 a 128, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El objeto principal de la acción de defensa fue la restitución de la menor de edad AA a la parte accionante; puesto que, presuntamente se encontraba retenida contra su voluntad; b) Se constata que la Jueza hoy accionada, mediante Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024, ordenó que el personal a su cargo proceda a acompañar a la parte accionante al domicilio donde se encontraba la menor de cinco años de edad para su restitución, habiéndose digitalizado el Oficio 1729/2024, dejando constancia de que la medida solicitada por la nombrada ya fue dispuesta por la autoridad jurisdiccional competente; c) De la revisión exhaustiva de la acción de libertad, se tiene que la solicitud de la parte accionante referente a la fijación de un plazo para la entrega de la menor de edad AA resulta incongruente con lo solicitado en el memorial de acción de libertad; y, que no corresponde que la Jueza de garantías establezca dicho plazo; ya que, el control jurisdiccional sobre la restitución de la menor de edad corresponde a la Jueza ahora accionada que emitió el referido Auto Interlocutorio, en coordinación con las instituciones encargadas de la protección de menores, como la DNA y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM); d) En aplicación del principio de favor debilis; y, considerando que la menor de edad AA, es parte de un grupo vulnerable, corresponde velar por sus derechos fundamentales a través de los mecanismos y lineamientos del proceso penal y de protección de menores, sin que resulte procedente emitir un doble pronunciamiento o sustituir la competencia de la autoridad que ya emitió resolución; e) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, particularmente la SCP 1467/2013 de 22 de agosto, se establece que los grupos vulnerables requieren la actuación coordinada de las autoridades competentes para garantizar la protección integral de sus derechos, lo que incluye respetar la competencia de la Jueza de garantías que tiene el control jurisdiccional sobre la restitución de la menor de edad; y, f) Por los fundamentos expuestos, se denegó la tutela solicitada; puesto que, el objeto principal de la acción de libertad ya fue cumplido mediante resolución judicial previa, debiendo la parte accionante dirigirse a la autoridad jurisdiccional competente para cualquier impugnación o verificación adicional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio 1729/2024 de 29 de noviembre, ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “SLIM” de la Pampa de la Isla del departamento de Santa Cruz presentado por María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, en el que señaló que mediante Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024, se dispuso que acompañe a NN -hoy accionante- al domicilio donde se encuentra la menor de edad AA, “…para que se le restituya a la menor a su madre…” (sic [fs. 124]).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, además de los principios de legalidad y del interés superior del niño; puesto que, concluido el proceso penal seguido contra PP, por el delito de violencia familiar o doméstica, durante la audiencia de medidas cautelares puso a conocimiento de la Jueza ahora accionada, que la hoy coaccionada mantenía retenida a la menor de edad AA, solicitando su entrega inmediata a su persona; sin embargo, la referida Jueza omitió pronunciarse sobre dicha petición, permitiendo que persista la retención de la menor de edad AA, lo que configura una omisión ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales: i) El enfoque interseccional; y, ii) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; y, 2) Análisis del caso concreto.
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:
408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.
Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.
Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de 3Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.
4Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.”También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005.
5Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA.
6Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”.
Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.
A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales;
garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.
En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.
En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas).
El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)
10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.
En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, además de los principios de legalidad y del interés superior del niño; puesto que, concluido el proceso penal seguido contra PP, por el delito de violencia familiar o doméstica, durante la audiencia de medidas cautelares puso a conocimiento de la Jueza ahora accionada, que la hoy coaccionada mantenía retenida a la menor de edad AA, solicitando su entrega inmediata a su persona; sin embargo, la referida Jueza omitió pronunciarse sobre dicha petición, permitiendo que persista la retención de la menor de edad AA, lo que configura una omisión ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes expuestos, se advierte que la presente acción de libertad fue promovida por la accionante con el propósito de obtener la restitución de su hija menor de edad AA, quien presuntamente se encontraba retenida de manera irregular por la ahora coaccionada, hermana de PP, condenado en el proceso penal seguido contra su persona por el delito de violencia familiar o doméstica. En la audiencia de medidas cautelares, la nombrada solicitó expresamente a la Jueza hoy accionada, que dispusiera la entrega inmediata de la niña a su madre, en observancia del principio del interés superior del niño y en resguardo de su bienestar físico y emocional; sin embargo, tal solicitud no fue atendida de manera oportuna, lo que motivó la interposición de la presente acción tutelar el 29 de noviembre de 2024, denunciando la omisión e inacción judicial frente a una situación de evidente vulnerabilidad.
No obstante, de la revisión de los actuados, se establece que con anterioridad a la interposición de la presente acción de defensa -específicamente mediante Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024-; y, como emergencia del mismo la Jueza ahora accionada hubiese emitido el Oficio 1729/2024, dirigido a la DNA “SLIM” de la Pampa de la Isla del departamento de Santa Cruz, instruyendo que el personal a su cargo proceda a acompañar a NN hasta el domicilio donde se encontraba la menor de edad AA, con la finalidad de que se la restituya a su madre (Conclusión II.1.). Dicha determinación, aun cuando fue emitida un día antes de la interposición de la presente acción tutelar, no fue notificada ni puesta a conocimiento efectivo de la parte accionante; situación que fue confirmada en audiencia ante la Jueza de garantías, cuando la nombrada manifestó no haber sido notificada con dicho antecedente procesal, a pesar de que el mismo tenía fecha anterior al inicio de la acción de libertad. Sin embargo, la Jueza de garantías hizo conocer a la parte accionante, en audiencia, el contenido del Oficio 1729/2024, explicándole que la determinación de la Jueza hoy accionada dispuso la restitución de la menor de edad a su persona, lo cual constituía precisamente el objeto de la acción de libertad. Si bien la parte accionante manifestó que aún no se le hubiese entregado físicamente a la menor de edad; empero, la Jueza de garantías consideró que la finalidad de la presente acción de libertad interpuesta fue la obtención de una respuesta oportuna a la solicitud de restitución, misma que, conforme la documentación remitida, ya fue emitida por la Jueza ahora accionada. En ese sentido, de la documentación cursante en obrados, se verifica que la Jueza hoy accionada sí adoptó una determinación tendiente a restituir la guarda de la menor de edad AA a su madre, cumpliendo con el deber de tutela que le correspondía frente a la denuncia planteada. En consecuencia, el acto reclamado por la abogada de la accionante -consistente en la falta de pronunciamiento sobre su solicitud de restitución- resultó cumplido antes de la interposición de esta acción tutelar, siendo de conocimiento efectivo de la madre en el desarrollo de la audiencia informativa de la presente acción de libertad. En mérito a ello, se concluye que la finalidad material de la acción de libertad fue alcanzada; puesto que, la Jueza ahora accionada emitió una decisión expresa que ordenó la restitución de la menor de edad AA a su madre, satisfaciendo así la pretensión de la acción de libertad planteada. En consecuencia, si bien la falta de notificación oportuna generó una percepción de omisión, dicha circunstancia no subsiste al momento de la resolución de la presente acción de defensa; puesto que, el acto reclamado fue efectivamente atendido, cumpliéndose el objeto de la tutela solicitada; por lo que, corresponde denegar la misma. Sin embargo, conforme al precedente constitucional referido al enfoque interseccional -Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional-; y, en atención a la especial protección que merecen las niñas, niños y adolescentes, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional examinar las circunstancias particulares del presente caso no sólo aisladamente (como un único hecho), sino en su entrecruzamiento de factores de vulnerabilidad que afectan de manera simultánea a la menor de edad; y, que inciden directamente en la determinación del interés superior del niño y en las medidas jurisdiccionales conducentes a su protección. En ese marco, el enfoque interseccional obliga a reconocer que la menor de edad AA no es únicamente un sujeto de etapa de niñez, sino que presenta una pluralidad de condiciones que se intersectan y agravan su situación de riesgo: su condición de menor de cinco años de edad, la existencia de relación de dependencia y subordinación respecto de adultos del entorno familiar (en particular del presunto agresor PP), la posible experiencia de trauma y señales psíquicas de revictimización (pesadillas, conductas defensivas); y, la circunstancia fáctica de custodia de hecho por la ahora coaccionada ante el abandono materno. Esas dimensiones -consideradas en conjunto- requieren una respuesta estatal y jurisdiccional sensible a la complejidad del caso y orientada a la máxima protección de derechos. A nivel internacional, la CDN impone a los Estados la obligación de que, “En todas las medidas concernientes a los niños…” (sic), prevalezca “…una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (sic [art. 3.1 CDN]); y, según la Observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño, dicho estándar se articula como: 1) Un derecho sustantivo que protege bienes esenciales de la infancia; 2) Un principio jurídico interpretativo que orienta la interpretación de todas las normas que afectan a los niños; y, 3) Una norma de procedimiento que exige evaluaciones motivadas sobre las repercusiones de toda decisión sobre el niño y garantías procesales para su determinación (entrevistas especializadas, evaluaciones psicológicas, informes técnicos y valoración multidisciplinaria). Estas obligaciones internacionales, vinculantes para el Estado, exigen no sólo la adopción de decisiones, sino decisiones razonadas y fundadas que integren una valoración integral del interés superior de la menor de edad. Por sentido de racionalidad decisoria, una resolución que afecta a una menor de edad en situación compleja debe estar precedida de información suficiente y pertinente sobre los efectos probables de la decisión en su salud física y mental; en consecuencia, la justicia ordinaria -con capacidad probatoria plena- está habilitada para producir pruebas, ordenar peritajes, practicar inspecciones y coordinar con servicios de protección (DNA, SLIM y del Instituto de Investigaciones Forenses [IDIF]); en cambio, la jurisdicción constitucional, por la naturaleza sumarísima de la acción de libertad, no dispone de la misma amplitud probatoria y sólo puede intervenir con fundamento suficiente cuando la cuestión jurídica y probatoria sea susceptible de apreciación en sede constitucional sin necesidad de un proceso probatorio extenso. En casos donde existan hechos controvertidos que pongan en riesgo la integridad de la persona menor y requieran producción de prueba (entrevistas forenses, peritajes psicológicos, evaluación social), la tutela constitucional debe evitar pronunciamientos de fondo que sustituyan indebidamente la función investigadora y valorativa de la jurisdicción ordinaria especializada; por cuanto, ello podría generar efectos de cosa juzgada que obstaculicen una investigación más completa orientada al interés superior del niño. Sin embargo, el antecedente procesal expuesto por la ahora coaccionada en audiencia de consideración de la acción de libertad no legitima la mera pasividad de este Tribunal Constitucional Plurinacional frente a indicios serios de riesgo, aunque la Jueza hoy accionada emitió el Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024; y, remitido el Oficio 1729/2024 comunicando orden de acompañamiento para la restitución, los relatos escuchados en audiencia -en particular la afirmación de la tía de que la menor de edad AA manifiesta trauma, pesadillas y rechazo a volver al domicilio materno por hechos imputados al abuelo materno-imponen la obligación de adoptar medidas precautorias y de activar los mecanismos de protección integrales previstos en la normativa nacional e internacional. El carácter interseccional del caso (menor, posible abuso sexual en contexto familiar, dependencia y abandono materno y convivencia con presunto agresor) exige que la actuación estatal sea tanto inmediata como multidisciplinaria, sin que la disponibilidad formal de un Auto de restitución exonere a las autoridades de verificar las condiciones reales de seguridad y bienestar de la menor antes de ejecutar la entrega. En el marco normativo interno, los arts. 389 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establecen el régimen de medidas de protección aplicables en los delitos de violencia y en situaciones que comprometan la integridad de víctimas especialmente vulnerables, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Dichas normas disponen que, ante la denuncia o conocimiento de una situación de riesgo, el fiscal o juez competente deberá disponer de oficio o a solicitud de parte, medidas inmediatas que garanticen la seguridad física, psicológica y social de la víctima, tales como: la separación temporal del presunto agresor, la prohibición de acercamiento, la atención médica y psicológica, el resguardo policial, la asignación de custodia temporal y cualquier otra medida necesaria para prevenir un daño irreparable. Del art. 389 bis del CPP, se puede entender que cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, la autoridad competente deberá adoptar medidas de protección integrales y urgentes, coordinando su ejecución con las instituciones públicas responsables de su atención y resguardo, entre las cuales se encuentran la DNA, el SLIM y el Ministerio Público. Esas medidas deben ser evaluadas periódicamente y ajustadas según las circunstancias del caso, asegurando que la protección no derive en mayor vulneración o revictimización.
En ese sentido, el presente caso encuadra plenamente en las previsiones del art. 389 y ss. del CPP; puesto que, existen elementos que evidencian la posibilidad de un daño psíquico y emocional grave en la menor de edad si se ejecuta de forma inmediata la restitución sin la previa verificación técnica de las condiciones de seguridad y bienestar. Corresponde, por tanto, que la DNA active las medidas de protección urgentes previstas en la ley, que comprenden la evaluación psicológica forense, el seguimiento social, la determinación del entorno familiar seguro; y, en caso necesario, la asignación temporal de custodia alternativa o institucional. Además, cabe indicar que la jurisdicción constitucional, no debe reemplazar las atribuciones de la justicia ordinaria cuando los hechos requieren producción probatoria, evaluación técnica o decisión especializada; empero, sí está obligada a garantizar la efectividad del sistema de protección. En consecuencia, la jurisdicción constitucional no puede ordenar la restitución inmediata sin verificar previamente el estado emocional de la niña y las condiciones del hogar materno; puesto que, hacerlo podría implicar una decisión carente de racionalidad y de información suficiente, contraria al estándar internacional de protección de la niñez. Conforme al principio precautorio y a las obligaciones derivadas de los arts. 3, 19 y 39 de la CDN; 60 y 61 de la CPE; y, 389 y siguientes del CPP, corresponde disponer la nulidad del Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024, así como de todos los actos posteriores emergentes del mismo, hasta que la DNA concluya la evaluación integral de la situación de la menor de edad AA y emita un informe técnico que permita adoptar una decisión fundada en su interés superior por parte de la autoridad competente en la jurisdicción ordinaria. Por todo lo anterior y en virtud del precedente interseccional alegado, este Tribunal Constitucional Plurinacional entiende que, a pesar de encontrarse acreditado documentalmente que se emitió el Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024 tendiente a la restitución, persisten dudas fundadas sobre la idoneidad y seguridad de la entrega material de la menor de edad AA al entorno materno sin la previa realización de actuaciones técnicas y de protección. En ese marco, la intervención constitucional no debe entenderse como una sustitución de la investigación ordinaria, sino como un mandato para activación urgente de mecanismos protectores; y, para ordenar las medidas procesales y administrativas necesarias que salvaguarden el interés superior de la menor de edad AA. En aplicación del principio precautorio y del deber estatal de garantía, corresponde: i) Disponer de oficio la inmediata intervención de la DNA para que, en el plazo más breve y con personal especializado, realice la entrevista forense u omnicompetente a la niña y la correspondiente evaluación psicológica y social, con observancia de protocolos técnicos y sin revictimización; ii) Ordenar la suspensión provisoria de la ejecución material del Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024 -y de los actos posteriores que de éste emanen- entretanto se cuente con los informes técnicos que permitan valorar la seguridad de la restitución, evitándose con ello una entrega que pudiera exponer a la menor de edad AA a un daño grave; y, iii) Ordenar que las instituciones competentes (DNA y el SLIM) coordinen un plan de medidas de protección temporales hasta que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas definitivas que aseguren el bienestar de la menor de edad AA. Finalmente, con fundamento en la obligación internacional de debida diligencia, en el principio del interés superior del niño y en el enfoque interseccional aplicado por este Tribunal cautelar en precedente pertinente, corresponde convocar a una actuación coordinada e inmediata entre el Órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público, la DNA y SLIM, con la finalidad de garantizar la protección integral de la menor de edad AA, establecer las eventuales responsabilidades y asegurar que cualquier decisión definitiva sobre la guarda y custodia se adopte sobre la base de informes técnicos interdisciplinarios que reflejen plenamente las repercusiones de la medida en la vida, salud e integridad psicosocial de la niña. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 38/24 de 30 de noviembre de 2024, cursante de fs. 127 a 128, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° En aplicación del principio precautorio y del deber estatal de garantía, corresponde: a) Disponer de oficio la inmediata intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que, en el plazo más breve y con personal especializado, realice la entrevista forense u omnicompetente a la menor de edad AA; y, la correspondiente evaluación psicológica y social, con observancia de protocolos técnicos y sin revictimización; b) Ordenar la suspensión provisoria de la ejecución material del Auto Interlocutorio de 28 de noviembre de 2024 -y de los actos posteriores que de éste emanen- hasta tanto se cuente con los informes técnicos que permitan valorar la seguridad de la restitución, evitándose con ello una entrega que pudiera exponer a la menor de edad AA a un daño grave; y, c) Ordenar que las instituciones competentes (Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Legal Integral Municipal) coordinen un plan de medidas de protección temporales hasta que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas definitivas que aseguren el bienestar de la menor de edad AA. Todo ello, conforme a lo expresado detalladamente en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional.
3º Por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional, notifíquese con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Pampa de la Isla del departamento de Santa Cruz, al Servicio Legal Integral Municipal y al Ministerio Público -a través de la Fiscalía Departamental de dicho departamento- a objeto de que asuman las acciones legales correspondientes en resguardo de la menor de edad AA, a fin de garantizar su protección integral, establecer las eventuales responsabilidades y asegurar que cualquier decisión definitiva sobre la guarda y custodia se adopte sobre la base de informes técnicos interdisciplinarios que reflejen plenamente las repercusiones de la medida en la vida, salud e integridad psicosocial de la nombrada.
4° Llamar la atención a Katherine Carballo Jiménez, Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la inobservancia de la jurisprudencia constitucional y de los Convenios Internacionales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente de los principios de interés superior del niño, protección reforzada y enfoque integral previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño; y, los arts. 60 y 61 de la Constitución Política del Estado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de la Unión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534 2Ibídem.
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalará en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos -menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 8Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.
9 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
10 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 11Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 12Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0348_2026-S1.pdf · páginas 1 a 28.
Huella digital del PDF (SHA-256): 08e4c5cd332e16c3b86a827a8bd7698363a12d33bd5e0db8f4d889385ad337fd
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