Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al principio de celeridad, considerando que la Jueza demandada, una vez instalada la audiencia de revisión de su situación jurídica, suspendió dicho acto procesal, ante la inasistencia del Fiscal de Materia y del imputado, por falta de notificación, reprogramando el referido acto procesal después de setenta y dos horas, sin considerar que la audiencia de consideración de la situación jurídica de los privados de libertad no se puede suspender por ningún motivo, y en caso de suspenderse debe ser reprogramada dentro de las veinticuatro horas posteriores; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La Jueza demandada desarrolle la audiencia de revisión de su situación jurídica, por cumplimiento de plazo de detención preventiva, dentro de las veinticuatro horas siguientes, adoptando las debidas diligencias con la urgencia que merece el caso; y, b) Sea con condenación de costas y costos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si el extremo denunciado es evidente para conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 30 y vta., emitida por el Juez Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia se DENIEGA la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2025-S3 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52024-2022-105-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 18/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Miranda Gonzales en representación sin mandato de Eddy Nina Characayo contra Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 10 a 12, el accionante a través de su representante sin mandato expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de manipulación informática y apropiación de fondos financieros, previstos y sancionados por los arts. 363 bis y 363 quater del Código Penal (CP), debido a que recibió fondos financieros en sus cuentas bancarias, como efecto del pago por la venta de USD’s (criptomonedas) a través de la plataforma virtual multinacional VINANCE (plataforma pública); no obstante, de no haberse demostrado que manipuló algún dato informático, como para apropiarse de fondos financieros de cuentas de terceros, por no tener conocimiento en temas informáticos, por Resolución de 18 de febrero de 2022, se dispuso su detención preventiva, por seis meses en el Centro Penitenciario de San Sebastián de Cochabamba, plazo que se cumplió el 18 de agosto del mismo año; posteriormente, por diferentes resoluciones y recursos, se llegó ampliar la medida cautelar durante tres meses más, haciendo un total de nueve meses de detención indebida.
Por dicha razón, presentó recurso de apelación a la referida determinación, a objeto que se corrija su situación jurídica, el cuál mereció el Auto de Vista 8 de noviembre de 2022, que programó audiencia para el 21 del mismo mes y año. Sin embargo, una vez devueltos los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del mismo departamento -de origen- a cargo de la autoridad ahora demandada, era responsabilidad realizar la notificación al citado Centro Penitenciario, a objeto de garantizar el desarrollo de la audiencia. En el desarrollo de la audiencia, el Secretario del aludido Juzgado, informó que no se realizó la notificación al señalado Centro Penitenciario, y ante la intervención de su defensa técnica, se precisó que las audiencias de revisión de situación jurídica, no se podía suspender por ningún motivo, debido a su naturaleza, lo contrario violentaría su derecho a la libertad; por lo que, solicitó que ante la falta de notificación al mencionado Centro Penitenciario, donde se encuentra recluido, la audiencia sea diferida para horas de la tarde, o máximo dentro de las veinticuatro horas siguientes; sin embargo, la Jueza demandada por decreto de 21 de noviembre de 2022, suspendió la audiencia y reprogramó la misma para el 24 de igual mes y año, es decir, tres días después, alegando que tenía recargadas audiencias. Determinación que fue recurrida mediante recurso reposición, impugnación que tampoco se resolvió dentro de las veinticuatro horas siguientes, conforme establece el art. 402 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por lo que, la autoridad demandada, pese a contar con el expediente, no realizó ninguna gestión para garantizar el desarrollo de la audiencia fijada para el 21 de noviembre de 2022, encontrándose detenido indebidamente.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, así como al principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23, 115 II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza demandada desarrolle la audiencia de revisión de su situación jurídica, por cumplimiento de plazo de detención preventiva, dentro de las veinticuatro horas siguientes, adoptando las debidas diligencias con la urgencia que merece el caso; y, b) Sea con condenación de costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 26., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, en audiencia virtual ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que la Jueza demandada con la clara intención de no llevar a cabo la audiencia, fijó la misma para días posteriores, justificando que se solicitó la cesación de la medida extrema; y por otro lado, se presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal, remitiéndose la acusación al Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba.
Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 23 a 24, solicitó se deniegue la tutela con base en los siguientes fundamentos: 1) Dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público a denuncia del representante legal del Banco Bisa Sociedad Anónima (S.A.) contra el accionante, por la presunta comisión de los delitos de manipulación informática y delitos financieros, previstos y sancionados por los arts. 363 Bis y 363 Quater del CP, el cual le fue remitido del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento debido a una acumulación; en esa instancia se determinó la detención preventiva del peticionante de tutela, por el tiempo de seis meses; 2) Ante la solicitud de ampliación de la medida extrema por parte de la autoridad Fiscal y el representante del Banco Bisa S.A., el 28 de igual mes y año, se emitió resolución en la que dispuso la ampliación de la detención preventiva del impetrante de tutela por tres meses más; determinación que fue apelada por el accionante y resuelta por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmando la Resolución de primera instancia mediante el Auto de Vista 8 de noviembre de 2022, señalándose, además, audiencia de revisión de situación jurídica para el 21 de idéntico mes y año, a horas 09:00; sin embargo, el legajo de apelación fue devuelto por la mencionada Sala Penal, en horas de la tarde, del 18 de similar mes y año, extremo puesto a su conocimiento a horas 09:00 del 21 de noviembre de 2022; 3) Instalada la audiencia con la presencia de la representante del Banco Bisa S.A., así como de la defensa del imputado y ante la ausencia de la autoridad Fiscal y del imputado, quienes no fueron notificados, por lo que el abogado del accionante, solicitó se reprograme la misma para horas de la tarde y/o para el día siguiente, olvidándose que se cuestionó la falta de notificación con el señalamiento de audiencia al Director del Centro Penitenciario San Sebastián del mismo departamento, motivo por el que reprogramó la audiencia para considerar la situación jurídica del imputado para el 24 de noviembre de 2022, bajo el justificativo de que se tiene audiencias programadas con anterioridad, ello para asegurar la presencia de las partes; 4) El abogado del accionante solicitó paralelamente cesación a la detención preventiva, que fue rechazada por su autoridad, determinación que fue objeto de recurso de apelación el 9 de noviembre de 2022, que fue remitido ante la Sala Penal Tercera del mismo Tribunal, apelación que a la fecha no fue resuelta; 5) La autoridad fiscal interoperó al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), el requerimiento conclusivo de acusación contra el accionante y otra, el 20 de noviembre de 2022; por lo que, ya se remitió ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba el referido proceso; y, 6) El recurso de reposición que pretende el solicitante de tutela sea considerado en esta acción tutelar, fue presentado el 21 noviembre del 2022 y decretado de 22 del similar mes y año, por lo que el abogado del solicitante de tutela, no esperó la emisión de la resolución al mismo, e interpuso la presente acción de libertad, provocando disfunciones procesales, teniendo conocimiento que aún está pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto a la resolución que rechazó la petición de cesación a la detención preventiva.
El Juez de Sentencia y Contra la Violencia Hacia Las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 18/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 30 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Que la autoridad jurisdiccional que conoció la causa, instaló la audiencia el 21 de noviembre de 2022, acto procesal que fue suspendido por falta de notificación a las partes, reprogramándose la misma, para el 24 de similar mes y año, por la excesiva carga procesal, extremo verificado en el libro de audiencias programadas con anterioridad, respecto a personas también privadas de libertad; ii) El expediente fue devuelto al Juzgado de origen, el “28” de igual mes y año -siendo lo correcto el 18- en horas de la tarde, encontrándose justificada, la circunstancia por la que no se notificó al Director del Centro Penitenciario de San Sebastián de dicho departamento, porque el 19 y 20 de noviembre de 2022, era fin de semana -sábado y domingo-, y la audiencia programada por el Tribunal de apelación, fue para el lunes 21 de idéntico mes y año; y, iii) Si bien, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad tutelar el derecho a la celeridad procesal vinculado con la libertad, debe tomarse en cuenta, que se hace humanamente imposible dar cumplimiento a los plazos previstos por ley debido a la carga procesal; por lo que, no se advierte la vulneración del derecho de libertad, ya que la suspensión de la actuación procesal fue en resguardo de los derechos de las otras partes del proceso y porque el expediente fue remitido conforme se señaló el 18 de noviembre de 2022.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Eddy Nina Characayo -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de manipulación informática y apropiación de fondos financieros, se le impuso medida cautelar de detención preventiva por el lapso de seis meses, cumplido dicho plazo, se instaló la audiencia de consideración de situación jurídica del impetrante de tutela en la que el representante del Ministerio Público y la parte denunciante, solicitaron ampliación del plazo a la detención preventiva por otros tres meses más, disponiendo la autoridad demandada miente Resolución de 28 de octubre de 2022, la ampliación de la detención preventiva por tres meses (fs. 3 a 9). II.2. Dicha determinación fue recurrida en apelación y resuelta mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de similar año, por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmando la parte dispositiva de la resolución apelada, programándose además audiencia de revisión de situación jurídica a horas 09:00 del 21 de igual mes y año (fs. 3 a 9). II.3. Cursa fotocopias del cuaderno de programación de audiencias del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba, en el que se observa audiencias programadas desde el 21 de noviembre de 2022 al 25 de similar mes y año, fijándose tres audiencias por día (fs. 21 a 22).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al principio de celeridad, considerando que la Jueza demandada, una vez instalada la audiencia de revisión de su situación jurídica, suspendió dicho acto procesal, ante la inasistencia del Fiscal de Materia y del imputado, por falta de notificación, reprogramando el referido acto procesal después de setenta y dos horas, sin considerar que la audiencia de consideración de la situación jurídica de los privados de libertad no se puede suspender por ningún motivo, y en caso de suspenderse debe ser reprogramada dentro de las veinticuatro horas posteriores; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La Jueza demandada desarrolle la audiencia de revisión de su situación jurídica, por cumplimiento de plazo de detención preventiva, dentro de las veinticuatro horas siguientes, adoptando las debidas diligencias con la urgencia que merece el caso; y, b) Sea con condenación de costas y costos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si el extremo denunciado es evidente para conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayoestablece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo.
1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julioseñala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
La sistematización precedentemente desglosada se recoge de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0032/2019-S2 de 25 de marzo y 0176/2018-S2 de 14 de mayo de 2018, entre otras.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, y a la libertad, así como el principio de celeridad; toda vez que, la Jueza demandada, reprogramó la audiencia de consideración de su situación jurídica después de setenta y dos horas de suspendido dicho acto procesal, ello ante la inasistencia del Fiscal de Materia y del imputado debido a la falta de notificación. Al respecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se estableció, que el habeas corpus, ahora acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, y si se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; por lo que, en el presente caso de los antecedentes del proceso se tiene que la falta de notificación a las partes imposibilitó la realización de dicho acto procesal. En efecto, de acuerdo a los datos consignados en el presente fallo constitucional, identificada la problemática traída en revisión, se advierte que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a tiempo de confirmar la Resolución de primera instancia de ampliación de la detención preventiva, programó audiencia de revisión de situación jurídica del solicitante de tutela para el 21 de noviembre de 2022 (Conclusión II.2); instalado dicho acto procesal por la Jueza demandada, ante la ausencia del Fiscal de Materia y del imputado, por falta de notificación reprogramó dicha audiencia para el 24 de similar mes y año. Por otro lado, se tiene que la Jueza demandada mediante informe escrito de 22 de noviembre de 2022, hizo conocer que el expediente fue devuelto por el Tribunal de Alza en horas de la tarde del 18 de igual mes y año, y puesto a su conocimiento el mismo día en el que debía celebrarse la audiencia programada por el Tribunal de alzada, es decir, el 21 de noviembre de 2022 a horas 9:00, aspecto que imposibilitó la notificación a todas las partes del proceso, motivo por el cual se suspendió la audiencia programada, considerando que en medio de esas fechas se encontraba el fin de semana; por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico señalado ut supra, se establece que este acto procesal no puede suspenderse por la inasistencia de las partes, existiendo la salvedad de que las mismas no hayan sido legalmente notificadas, por lo que en resguardo al derecho a la defensa de las partes, no podía desarrollarse el acto procesal ante la falta de notificación. Asimismo conforme el razonamiento antes expuesto, y de acuerdo al informe y los documentos de descargo presentados por la Jueza demandada en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se constató que el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Cochabamba (Conclusión II.3), tenía audiencias programadas desde el 21 y 24 de noviembre de 2022, consignándose tres audiencia por día, en consecuencia se encuentra justificada la imposibilidad de la Jueza demandada respecto a la reprogramación de dicho acto procesal para fecha anterior a la ya señalada y que fue objeto de cuestionamiento en la presente acción tutelar. Por lo señalado en párrafos precedentes, estando justificada y acreditada la suspensión de la audiencia y la imposibilidad de la Jueza demandada de reprogramar dicho acto procesal en tiempo anterior al establecido, este Tribunal concluye que no se ha vulnerado indebidamente el derecho del solicitante de tutela, por parte de la autoridad demandada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 23 de noviembre, cursante de fs. 27 a 30 y vta., emitida por el Juez Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia se DENIEGA la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0348_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): a5138258a8eb62221d4b555091e92f02f247a6beef763abb390c5fc0a7f8a883
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