Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la autoridad demandada incurrió en inactividad procesal injustificada, al no emitir pronunciamiento inmediato respecto a los incidentes de libertad condicional y de extramuro, presentados el 21 de octubre de 2022 y el 27 del mismo mes y año, respectivamente. Habiendo cumplido más de dos tercios de la condena y solicitado formalmente estos beneficios, la Jueza demandada no resolvió oportunamente los incidentes.
Por su parte, la autoridad demandada manifiesta que: a) No existió omisión o demora injustificada atribuible a su Juzgado; b) Los incidentes de libertad condicional y extramuro presentados por el privado de libertad fueron atendidos de manera oportuna dentro del término legal, mediante la emisión de los respectivos decretos y providencias, con las actuaciones procesales pertinentes; c) Se dispuso la elaboración del cómputo de la pena, por parte de la Secretaria de su Juzgado, para la posterior admisión de los incidentes. El informe fue emitido el 3 de noviembre de 2022, a partir de ello, se dictaron las resoluciones de admisión, señalando que corresponde al accionante continuar con la tramitación regular de sus incidentes; y, d) En tal sentido, no se configuró ninguna afectación al derecho a la libertad ni al debido proceso.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 45 a 46 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2025-S2 Sucre, 6 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 51556-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 45 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erik Miller Jiménez Quiroga contra María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, cursante a fs. 2; y, 26 y vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Se encuentra privado de libertad desde el 5 de junio de 2022 -siendo lo correcto 2021-, a partir de un mandamiento de condena por dos años. Alega que fue sometido directamente a un procedimiento abreviado, por el cual fue condenado, pese a que no correspondía su “detención preventiva”, al tratarse de una pena menor a dos años. Desde el 24 de agosto de 2022 intentó acceder al cuaderno procesal y a la verificación técnica del mismo, a través de su abogado, sin éxito; en consecuencia, se encuentra más de diecisiete meses privado de libertad, por un delito por el cual no correspondía su “detención”, reclamando que, hasta la fecha -se entiende de la presentación de esta acción de defensa-, María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento Santa Cruz -ahora demandada- no responde los incidentes que planteó solicitando su libertad condicional.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los art. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que la autoridad judicial demandada resuelva los incidentes presentados.
Celebrada la audiencia pública el 4 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 45; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa y, ampliando en audiencia de garantías y en réplica al informe presentado por la autoridad demandada, sostuvo que: a) Pese a que cumplió con los dos tercios de la condena, continuó privado de libertad sin que la demandada emitiese resolución expresa dentro del plazo legal; b) Tampoco se dispuso el traslado al Ministerio Público ni a la víctima conforme lo dispone la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, ni se señaló la audiencia u ordenó el mandamiento de libertad, pese a que acreditó su buena conducta y presentó los certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de permanencia penitenciaria, respectivos; y, c) Aclaró que, se está solicitando que la autoridad demandada resuelva el incidente planteado, pues ya todas las diligencias fueron realizadas y se encontrarían en su despacho.
María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe cursante a fs. 35, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) El accionante planteó incidentes de libertad condicional y extramuro, que fueron resueltos de forma oportuna dentro del término legal, con los correspondientes decretos y requerimientos procesales; 2) Se dispuso el cómputo de la pena respecto a ambos incidentes, al verificarse el cumplimiento de los requisitos temporales exigidos: Dos tercios de la condena para la libertad condicional y la mitad más un día para el extramuro, por lo que correspondía que el impetrante de tutela continuara con la tramitación regular de sus solicitudes; y, 3) Respecto a la presente acción de libertad, señaló que carecería de fundamento legal, toda vez que no se produjo ninguna afectación al derecho a la libertad ni se vulneraron principios como la seguridad jurídica o el debido proceso, pues ambas peticiones fueron resueltas dentro del plazo normativamente previsto.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 08/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 45 a 46 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) El 21 de octubre de 2022, el accionante planteó incidente de libertad condicional, que fue decretado el 26 del mismo mes y año -es decir, al día siguiente de que ingresó a despacho-, por la Jueza demandada, en el que ordena a la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz que elabore el cómputo de la pena, para establecer si cumple con las dos terceras partes de la condena; ii) La Secretaria del Juzgado mencionado, habiendo emitido el informe sobre el cómputo de la pena y verificado el cumplimiento de los dos tercios de la condena, pronunció un Auto por el cual se admitió el incidente de libertad condicional planteado por el impetrante de tutela; y, iii) No se evidenció la vulneración al debido proceso ni el incumplimiento de los plazos procesales, toda vez que el decreto fue emitido el 26 de octubre de 2022, al día siguiente de haber ingresado el memorial a despacho y que la resolución fue firmada el 3 de noviembre, luego de cumplirse con la verificación de requisitos legales y administrativos.
El abogado del peticionante de tutela solicitó aclaración y complementación, respecto a si la Jueza demandada cumplió con los plazos: ¿Por qué el accionante sigue preso? y ¿Cuál es el plazo que no fue vulnerado? Puesto que sobrepasaron superabundantemente los plazos procesales.
Ante lo cual, el Tribunal de garantías sostuvo que, ante incidentes de libertad condicional, el primer requisito que los jueces de ejecución penal deben verificar es el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena impuesta, siendo encomendado para ello la elaboración de un informe a la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, y esa es la razón por la cual se emitió el decreto de 26 de octubre de 2022, para la elaboración de dicho informe, que fue emitido el 3 de noviembre del mismo año y, con base en este antecedente, se emitió la resolución de admisión del incidente de libertad condicional, en la cual, se establecieron requisitos que, de ser cumplidos, posteriormente se verificará si corresponde la libertad condicional.
Asimismo, se aclaró al impetrante de tutela que la acción de libertad que interpuso únicamente versa respecto al incidente de libertad condicional, no así sobre incidente de extramuros, que además es independiente a la solicitud de libertad condicional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Sentencia 20/2021 de 5 de junio, emitida en procedimiento abreviado por el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, se impone a Erik Miller Jimenez Quiroga -ahora accionante-, la pena privativa de libertad de dos años por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 16 a 17).
II.2. Consta certificación de permanencia y conducta de 28 de septiembre de 2022, emitida por Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Director; y, Raúl Mario Chávez Valda, Encargado de la División de Filiación, ambos de la Dirección del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por el cual se acredita un tiempo de permanencia de un año, tres meses y veintitrés días desde el segundo ingreso del ahora impetrante de tutela (fs. 4).
II.3. Cursa memorial presentado el 21 de octubre de 2022, dirigido a María Alejandra López Vargas, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, presentado por el solicitante de tutela, recibido el 25 del citado mes por el mismo juzgado, que planteó incidente para obtener libertad condicional; la misma es respondida mediante la providencia de 26 del mismo mes y año, en la cual la Jueza demandada ordenó que por Secretaría se elabore el cómputo de la pena, si cumple con las dos terceras partes de la condena según el art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS [fs. 38 y vta.]).
II.4. Se tiene memorial de 27 de octubre de 2022 dirigido a la autoridad demandada, en el cual el peticionante de tutela solicitó orden judicial de traslado para el Centro de Rehabilitación “Operación Rescate” del departamento de Santa Cruz; la misma es respondida por la demandada mediante providencia de 28 del citado mes y año (fs. 39 y vta.).
II.5. Consta informe emitido por Claudia Angélica Condori Atahuichi, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el que se describe el cómputo de la pena considerando desde el 5 de junio de 2021 al 3 de noviembre de 2022, haciendo un total de un año, cuatro meses y veintinueve días (fs. 40).
II.6. Mediante decreto de 4 de noviembre de 2022, la autoridad demandada admitió el incidente de libertad condicional planteado por el accionante (fs. 41).
II.7. Cursa decreto de 4 de noviembre de 2022, por el cual la autoridad ahora demandada admite el incidente de extramuro planteado por el impetrante de tutela (fs. 43 y vta.).
El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que, la autoridad demandada incurrió en inactividad procesal injustificada, al no emitir pronunciamiento inmediato respecto a los incidentes de libertad condicional y de extramuro, presentados el 21 de octubre de 2022 y el 27 del mismo mes y año, respectivamente. Habiendo cumplido más de dos tercios de la condena y solicitado formalmente estos beneficios, la Jueza demandada no resolvió oportunamente los incidentes.
Por su parte, la autoridad demandada manifiesta que: a) No existió omisión o demora injustificada atribuible a su Juzgado; b) Los incidentes de libertad condicional y extramuro presentados por el privado de libertad fueron atendidos de manera oportuna dentro del término legal, mediante la emisión de los respectivos decretos y providencias, con las actuaciones procesales pertinentes; c) Se dispuso la elaboración del cómputo de la pena, por parte de la Secretaria de su Juzgado, para la posterior admisión de los incidentes. El informe fue emitido el 3 de noviembre de 2022, a partir de ello, se dictaron las resoluciones de admisión, señalando que corresponde al accionante continuar con la tramitación regular de sus incidentes; y, d) En tal sentido, no se configuró ninguna afectación al derecho a la libertad ni al debido proceso.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Este Tribunal desarrolló una línea interpretativa en virtud de la cual la acción de libertad procede frente a dilaciones indebidas, en tanto dichos actos generen una afectación sustancial al derecho a la libertad. Entre los precedentes se encuentra la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, que estableció una serie de criterios de procedencia de esta acción en su modalidad de pronto despacho o traslativa, con el objeto de identificar cuándo una actuación judicial -o la omisión de ella- puede ser considerada restrictiva de derechos fundamentales.
En dicha línea, el citado fallo señaló que constituyen supuestos de dilación indebida habilitantes de tutela a través de acción de libertad:
“a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad…”.
Esta tutela excepcional solo puede activarse cuando se verifique que la inactividad judicial fue manifiesta, prolongada y carente de justificación, y que la omisión produjo un efecto real o potencial de restricción a la libertad personal. En caso de que la autoridad judicial haya emitido pronunciamiento dentro de un plazo razonable, o si la solicitud se encuentra en trámite regular con actuaciones procesales en curso, no corresponde conceder tutela constitucional, ya que el presupuesto material exigido por la jurisprudencia no se encontraría satisfecho.
Delimitada la problemática que originó la interposición de esta acción de defensa y conocidos los argumentos expuestos por la parte demandada, como labor inicial es necesario verificar si, en el marco del trámite de los incidentes de libertad condicional y extramuro promovidos por el accionante, la autoridad judicial demandada incurrió en una omisión o retardación indebida, de forma tal que hubiere generado una restricción ilegítima de su derecho a la libertad personal.
Al respecto, si bien la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el Código de Procedimiento Penal no establecen un plazo para la resolución de incidentes de libertad condicional o extramuro, existen parámetros que permiten delimitar la actuación judicial esperada. En particular, cabe señalar que la tramitación de los beneficios de libertad condicional y extramuro se encuentra regulada en los arts. 169 y 170 -respecto al extramuro- y 174 y 175 -en cuanto a la libertad condicional- de la LEPS; así como en los arts. 433 y 444 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para este último beneficio. Estos procedimientos exigen, como condición previa a cualquier decisión de fondo, la verificación técnica y documental del cumplimiento de requisitos sustantivos y formales, lo que supedita la resolución inmediata a la existencia de dicha compulsa.
En ese marco, cabe recordar que, conforme al art. 132 del CPP, el juez debe dictar las providencias de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de la presentación del acto que las motive, resolver los incidentes y dictar autos interlocutorios dentro de los cinco días de contestada la actuación correspondiente o vencido el plazo para hacerlo, y pronunciar en la misma audiencia las decisiones que correspondan. Estos plazos reflejan el estándar de celeridad procesal exigible en la actividad judicial, incluido el trámite de incidentes relacionados con beneficios penitenciarios.
De la documentación aportada por las partes, se advierte que el 21 de octubre de 2022, el impetrante de tutela presentó incidente de libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; este fue recepcionado oficialmente por la Secretaria del mencionado Juzgado el 25 del mismo mes y año. Al día siguiente, el 26 de igual mes y año, la autoridad demandada emitió decreto disponiendo que por secretaría se elabore el cómputo de la pena, en atención al cumplimiento del requisito exigido por el art. 174 de la LEPS, es decir, el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena (Conclusión II.3).
En cumplimiento de dicha orden, el 3 de noviembre de 2022, la Secretaria del Juzgado en cuestión, emitió el respectivo informe de cómputo, el cual estableció que el interno había cumplido un año, cuatro meses y veintinueve días de reclusión (Conclusión II.5).
Posteriormente, el 4 de noviembre del mismo año, la autoridad demandada emitió decreto de admisión del incidente de libertad condicional, disponiendo el inicio de las actuaciones complementarias previstas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, entre ellas: la notificación al Ministerio Público y a la víctima, la verificación de domicilio, y oficio al Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, para que en el plazo legal remita toda la documentación relativa al beneficio impetrado (Conclusión II.6).
Asimismo, cursa en antecedentes memorial de 27 de octubre de 2022, mediante el cual el privado de libertad solicitó su traslado al Centro de Rehabilitación “Operación Rescate” del departamento de Santa Cruz, trámite que fue asumido como solicitud de extramuro. Dicha solicitud fue respondida por la autoridad demandada mediante decreto de 28 del mismo mes y año (Conclusión II.4). Una vez verificado el cumplimiento del requisito temporal -esto es, al menos la mitad de la condena conforme al art. 169 de la LEPS- a través del informe de cómputo emitido por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 3 de noviembre del mismo año, el 4 de igual mes y año la autoridad demandada emitió el decreto de admisión del incidente de extramuro, disponiendo igualmente las diligencias procesales correspondientes: solicitud de informes al Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, verificación de garantes, antecedentes, domicilio, entre otras actuaciones previstas por ley.
La tramitación descrita evidencia que la autoridad demandada no incurrió en dilaciones indebidas ni retardación injustificada, toda vez que emitió las resoluciones correspondientes conforme a los requerimientos propios del trámite judicial. Del análisis cronológico de los actos procesales se advierte que los incidentes promovidos fueron tramitados con regularidad, existiendo una continuidad razonable entre la recepción de la solicitud, la emisión de las providencias, la elaboración del informe del cómputo de la pena y la posterior admisión formal de los incidentes con los requerimientos de las actuaciones dispuestas por ley. En consecuencia, se establece que la autoridad demandada actuó conforme a las disposiciones legales vigentes y dentro de un plazo razonable.
De lo anterior, este Tribunal no advierte vulneración a la libertad personal por actos u omisiones judiciales atribuibles a la autoridad demandada que justifiquen la concesión de tutela constitucional mediante esta acción de libertad.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 45 a 46 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0348_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9a36b07dfeffb4991f591078d6c3e1e5d73f6e694f61b57b1ef96c1f67c10806
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