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SCP 0348/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Primera · 22 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
22 de julio de 2024
Acción
Acción de Amparo Constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
50829-2022-102-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a ser protegido oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales; así como el principio de impugnación; toda vez que, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 89/2022, dispusieron la inadmisibilidad del recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 523/2021 que declaró infundada la excepción de incompetencia que formuló; decisión que asumió sin dar aplicación al art. 399 del CPP es decir sin darle la oportunidad de subsanar el error de no haber invocado la norma jurídica correspondiente; por lo que, solicita se revoque el citado Auto de Vista y se ordene a las autoridades demandadas resuelvan en el fondo la problemática planteada, llamando a audiencia para resolver la apelación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano: la apelación incidental; i.a) El recurso de apelación incidental; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 103/22 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 100, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 89/2022 de 18 de febrero y se ordena a los Vocales demandados o en su caso a los actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, convocar a audiencia para la consideración de la apelación incidental del ahora accionante y emitir nuevo Auto de Vista en base a los fundamentos del presente fallo constitucional, con la expresa aclaración que no fue objeto de análisis el fondo de la apelación incidental.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano: la apelación incidental
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0348/2024-S1 Sucre, 22 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de Amparo Constitucional Expediente: 50829-2022-102-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 103/22 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 100, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Parada Rivero contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 y 9 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 8 a 13 vta.; y, a 21 y vta.; el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el 2020 obtuvo para nuestro Estado recursos mediante financiamiento rápido para atender la emergencia sanitaria de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), a raíz de este hecho el Ministerio Público inicio dos actos de investigación penal en contra de su persona: a) En la jurisdicción especial regulada por la Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público -Ley 044 de 8 de octubre de 2010-, radicado en la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre; y, b) En la jurisdicción general regulada por la el Código de Procedimiento Penal (CPP) -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, radicado ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ambos procesos se siguen por la supuesta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la constitución, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Dentro el proceso penal que se le sigue ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz planteó excepción de incompetencia al amparo del art. 45 del CPP, solicitando se decline competencia y remita obrados a la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, que considera competente para realizar el control jurisdiccional, ya que la citada norma refiere “Por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos, aunque los imputados sean distintos, salvo excepciones previstas en éste código…” (sic); así también en su planteamiento invocó el principio non bis in idem y su derecho a la persecución penal única. En la audiencia de consideración de su excepción, el Juez de Instrucción antes señalado, mediante Auto Interlocutorio 523/2021 de 27 de octubre, rechazó y declaró improcedente su excepción vulnerando sus derechos; por lo que, presentó apelación incidental en la misma audiencia y posteriormente fundamentó los agravios. La apelación fue remitida por sorteo a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y en la audiencia de 18 de febrero de 2022, los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 89/2022 de la misma fecha, declararon inadmisible el recurso y confirmaron el Auto Interlocutorio apelado. El citado Auto de Vista, lesiona su derecho al debido proceso, a la defensa y el principio de impugnación ya que el rigorismo formal no puede estar por encima de la verdad material.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso; y, a ser protegido oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales; así como el principio de impugnación, citando al efecto los arts. 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 109, 110, 113, 115.I y II, 117.II, 119.I y II; 120.I; 128; 129; y, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se revoque el Auto de Vista 89/2022 de 18 de febrero y se ordene a los Vocales demandados resuelvan en el fondo la problemática planteada, llamando a audiencia para resolver la apelación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 27 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 92 a 96, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó los términos de su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos señaló que: 1) El Tribunal de Alzada debió dar aplicación al art. 399 del CPP, dándole un término de tres días para que amplié fundamentos y corrija lo observado, bajo apercibimiento de rechazo; y, 2) Debieron observarles que no refirieron el artículo, pero sin observar resolvieron directamente dejándoles en indefensión.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; mediante informe escrito presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante a fs. 76 y vta.; señalaron que i) El art. 396.3 del CPP determina: “…Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determine en este Código…”, (sic) es decir las apelaciones de las resoluciones dictadas en audiencia, se deben interponer inmediatamente y oralmente; ii) Al no haberse cumplido los requisitos formales, origina la inadmisibilidad del recurso conforme establece el art. 394 del CPP; y, iii) Que causa extrañeza que se alegue la lesión al derecho de impugnación, pues su recurso fue objeto de sorteo que radicó en la Sala Penal que conforman y al valorar la misma es que se ha determinado la inadmisibilidad.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia; señaló en audiencia que, con las modificaciones incorporadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, la apelación incidental se debe presentar en audiencia, pero en este caso el ahora accionante, no cumplió con el art 403 del CPP modificado por la citada Ley, además que no habría demostrado cuál es el derecho constitucional vulnerado; razón por la que, solicitó el rechazo de la demanda tutelar. Makerlin Nathaly Zambrana Morales, en representación del Banco Central de Bolivia (BCB) mediante memorial escrito presentado el 27 de septiembre de 2022 cursante de fs. 80 a 84; manifestó que, revisados los memoriales de la demanda tutelar, existen varias imprecisiones e inconsistencias que son causales de improcedencia al no cumplir taxativamente con los requisitos para su presentación, es así que: a) Incumple el requisito del art. 33.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo) debido a que no establece un accionar u omisión ilegal, en que hubieran incurrido las autoridades y tampoco establece el nexo causal del hecho concreto con relación a los derechos presuntamente vulnerados;

b) Incumple el requisito del art. 33.5 del CPCo, la demanda de acción de amparo constitucional debe tener fundamentación de hecho y de derecho; y, no cumple con la identificación clara del nexo de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada; c) La demanda es ambigua, porque señala que se debió considerar el art. 399 del CPP, pero dicha normativa es para subsanar aspectos de simple forma como el no insertar domicilio procesal, pero en este caso la observación es de fondo, porque se debe cumplir los requisitos formales establecidos, además que el incidentista no adjuntó elementos de prueba necesarios atentando el art. 315.II del CPP; y, d) Emitido el Auto Interlocutorio 523/2021 la defensa técnica refirió de forma textual “La Palabra señor Juez, solicito se me conceda la apelación”, pero sin expresar ningún fundamento, ni citar alguna norma o artículo, en ese marco no cumplió con el art. 396.3 del CPP que señala que los recursos se interpondrán con la indicación especifica de los aspectos cuestionados, el abogado debió cumplir cuidadosamente este acto procesal de tanta trascendencia en el proceso. En la audiencia de consideración de la demanda tutelar, ratificó los fundamentos expuestos en su memorial, y ampliando sus fundamentos señaló que la autoridad jurisdiccional no puede suplir la labor del abogado. Hooward Jairo Linneo Cáceres y “Kaleff Velásquez”, en representación de la Procuraduría General del Estado; en audiencia señalaron que, la parte accionante no cumplió en su momento con identificar de forma clara cuál es el hecho vulneratorio de derechos o garantías constitucionales, y no cumplieron lo establecido por el art. 404 del CPP modificado por Ley 1173, que refiere que la apelación se debe interponer en audiencia y fundamentar los agravios, porque en este caso al momento de apelar no se estableció un fundamento fáctico ni jurídico, en ese marco solicitaron se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 103/22 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 100, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Que respecto a la forma el recurso fue interpuesto en audiencia y fue remitido en alzada, aspecto que se tiene por superado, 2) Con relación a la indicación especifica de los aspectos cuestionados el peticionante de tutela se limitó simplemente a solicitar se le conceda la apelación, sin cumplir lo establecido en el art. 396.III del CPP, 3) El art. 399 del citado código, invocado por el accionante por el cual se puede conceder un plazo de tres días, es una facultad que tiene el Tribunal ad quem no el a quo, y justamente eso efectuaron los Vocales demandados, debido a que no se cumplió con el art. 396.III del CPP; y, 4) La parte accionante debió señalar de qué manera y de qué forma esa interpretación realizada por el Tribunal ad quem vulnera, limita o amenaza el derecho o garantía que invoca ante el control tutelar y esta situación no ha sido evidente, por cuanto la fundamentación de la demanda radica en que el tribunal ad quem no tiene la facultad de declarar inadmisible porque el a quo ya lo hubiera admitido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de consideración de incidentes y excepciones de 27 de octubre de 2021, desarrollada dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra José Luis Parada Rivero -ahora accionante-; en el cual el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 523/2021 de la misma fecha declaró infundada la excepción de incompetencia planteada por el ahora accionante, seguidamente su defensa solicitó complementación y enmienda que fue declarado no ha lugar; por lo que, inmediatamente el abogado del imputado ahora demandante de tutela dijo “La palabra señor juez, solicito se me conceda apelación” (fs. 50 a 55). II.2. Cursa Auto de Vista 89/2022 de 18 de febrero, por el cual los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados-, declararon inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por José Luis Parada Rivero y confirman el Auto Interlocutorio 523/2021 (fs. 70 y vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a ser protegido oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales; así como el principio de impugnación; toda vez que, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 89/2022, dispusieron la inadmisibilidad del recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 523/2021 que declaró infundada la excepción de incompetencia que formuló; decisión que asumió sin dar aplicación al art. 399 del CPP es decir sin darle la oportunidad de subsanar el error de no haber invocado la norma jurídica correspondiente; por lo que, solicita se revoque el citado Auto de Vista y se ordene a las autoridades demandadas resuelvan en el fondo la problemática planteada, llamando a audiencia para resolver la apelación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano: la apelación incidental; i.a) El recurso de apelación incidental; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a recurrir y el sistema de recursos en el derecho procesal penal boliviano: la apelación incidental

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0064/2018-S2 de 15 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 8.2 inc. h), respecto a las garantías judiciales, dispone que toda persona tiene el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Nuestra Constitución Política del Estado instauró también el derecho a recurrir como parte de la garantía del debido proceso y como principio de la jurisdicción ordinaria en su art. 180.II, que sostiene: “Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales”. Cabe señalar que tanto el derecho a la defensa como el derecho a recurrir efectivamente son derechos fundamentales; en ese sentido, el derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, el ejercicio del mismo surge para el imputado, desde el momento que tiene conocimiento que existe un proceso en su contra -art. 5 del CPP- y culminará cuando finalice el proceso con la dictación de una sentencia que adquiera la calidad de cosa juzgada. Este derecho se debe ejercer de manera oportuna y por los cauces señalados en la ley. De ese modo, las facultades de las partes y las del Órgano Judicial en el proceso, están reguladas por ley, evitando de ese modo el abuso y la arbitrariedad, imponiendo comportamientos adecuados. Al legislador, conforme a la atribución de la competencia constitucional, le corresponde regular los procedimientos judiciales. En ejercicio de esa facultad, define las ritualidades de cada juicio, la competencia para su conocimiento, los recursos, los plazos, el régimen probatorio etc., pero para diseñar los diversos procesos judiciales, el derecho a la defensa debe encontrarse garantizado a lo largo de todas y cada una de las etapas que conforman el proceso penal. La importancia del derecho a la defensa, en el contexto de las garantías procesales radica en que, con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad y evitar una condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de los actuados; en el contexto de los procesos penales, el derecho de impugnación es relevante, adquiriendo preeminencia esencial el derecho a impugnar; por lo que, el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente. Nuestra norma procesal penal, en su Libro Tercero, desarrolla lo referido a los recursos, que son los medios establecidos por la ley, que permiten a las partes solicitar al mismo tribunal o al superior, la revisión total o parcial de lo determinado. Los recursos previstos por dicha norma son, el recurso de reposición, de apelación incidental, de apelación restringida, de casación y el de revisión; su interposición está limitada por la previsión contenida en el art. 394 del CPP, que establece:

Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código.

El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante. Esta disposición legal determina dos limitaciones generales a la interposición de recursos en materia penal, una objetiva y otra subjetiva. Por la primera, no todas las resoluciones son recurribles, sino aquellas en los casos expresamente establecidos. Por la segunda, el derecho a recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante.

III.1.1. El recurso de apelación incidental

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0344/2021-S1 de 18 de agosto, retirada por la SCP 1128/2023-S1 de 20 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento:

La apelación incidental, se concibe como un recurso para resolver incidentes, por ello, tienen un trámite sumario, pronto y efectivo, lo que conlleva a que interpuesto y admitido este recurso, se abra la competencia del Tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo.

En ese ámbito, es el Código de Procedimiento Penal que en sus arts. 403 al 406, regula la apelación incidental, inicialmente en el art. 403 se establece un catálogo de las resoluciones apelables y en el art. 404 se determina la oportunidad y forma de interposición del recurso de la siguiente manera:

Artículo 404. (Interposición). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente.

Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar (negrillas añadidas). En la interpretación de esta norma se debe tener presente que el derecho a recurrir admite el disenso con los fallos y permite a una autoridad de jerarquía superior evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada por la autoridad competente de menor jerarquía, con el fin de garantizar un acceso irrestricto a la justicia.

De la lectura del artículo referido podemos advertir que la norma genera dos supuestos en la impugnación: a) Cuando la resolución se dicta en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral, lo que implica que por esa inmediatez el recurso debe interponerse en el misma audiencia, y debe existir una continuidad entre la emisión del fallo y la interposición del recurso debido a que las partes son notificadas con la propia emisión de la resolución; entendiendo que en este supuesto predomina la oralidad e inmediación, la fundamentación la podrá realizar en la audiencia de apelación incidental en la cual incluso podrá ofrecer prueba; y, b) En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente; se trata de un trámite distinto en el que se requiere que el planteamiento de la apelación sea debidamente fundamentado.

La interpretación descrita, no es una interpretación aislada, sino que ha sido asumida por todas las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional así podemos hacer referencia a la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, SCP 1184/2022-S3 de 15 de septiembre y SCP 0494/2022-S4 de 6 de junio.

El art. 405 del CPP modificado por la Ley 1173 establece cuál la labor del Juez para remitir el expediente al Tribunal superior y señala:

Artículo 405. (Remisión).

La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva.

Observando siempre que el derecho a recurrir, persigue la finalidad de permitir que las resoluciones pronunciadas por el inferior sean revisadas por una autoridad de superior jerarquía al que la emitió, así como proteger el derecho a la defensa, el juez o tribunal que emitió la resolución apelada, tiene la obligación de remitir las actuaciones ante el Tribunal de alzada en el plazo de 24 horas, no pudiendo pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso.

El art. 406 de CPP, establece el trámite que se debe seguir por el tribunal de apelación:

Artículo 406. (Trámite). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal a través de la Oficina Gestora de Procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito.

La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código. Esta normativa ratifica la interpretación efectuada ut supra del art. 404 del CPP al indicar que una vez recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito; es decir de forma literal reconoce los dos supuestos o formas de presentación del recurso de apelación incidental y sus diferencias entre ambos.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a ser protegido oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales; así como el principio de impugnación; ya que los Vocales demandados mediante Auto de Vista 89/2022, dispusieron la inadmisibilidad del recurso de apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio 523/2021 que declaró infundada la excepción que formuló; decisión que asumió sin dar aplicación al art. 399 del CPP es decir sin darle la oportunidad de subsanar el error de no haber invocado la norma jurídica correspondiente. De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente y conclusiones del presente fallo constitucional; se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros contra José Luis Parada Rivero -ahora impetrante de tutela-, el 27 de septiembre de 2021 se desarrolló la audiencia de consideración de excepciones e incidentes, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 523/2021 declara infundada la excepción de incompetencia planteada por la parte imputada -accionante-, seguidamente su defensa solicitó complementación y enmienda que fue declarado no ha lugar, por lo que inmediatamente el abogado del imputado del ahora demandante de tutela dijo “La palabra señor juez, solicito se me conceda apelación”, en ese marco la autoridad jurisdiccional dispone la remisión en alzada (Conclusión II.1). Por sorteo la apelación incidental fue remitida en alzada a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, en la cual los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 89/2022, declararon inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por José Luis Parada Rivero y confirman el Auto Interlocutorio impugnado; el fundamento que argumentan es que al momento de interponer la apelación el abogado de la defensa hubiera referido “La palabra señor juez, solicito se me conceda apelación” y no amparó ni sustentó su pretensión en ninguna norma, ni la interpuso conforme a Código de Procedimiento Penal; así también argumenta que la impugnación precisa una serie de requisitos formales como el plazo en el que debe plantearse y que cuando no se cumplen estos requisitos originan la inadmisibilidad del recurso estableció en el art. 394 del CPP; por último establece que el apelante no observó la forma y el tiempo en que debe interponerse el recurso (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme el entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, tanto el derecho a la defensa como el derecho a recurrir efectivamente son derechos fundamentales; por lo que, el Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente; es así que el art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173 establece dos formas de interposición del indicado recurso: 1) Cuando la resolución se dicta de forma oral en audiencia, debe ser interpuesto de forma inmediata en la misma audiencia, en cuyo caso, la fundamentación y ofrecimiento de prueba la podrá realizar en la audiencia de apelación incidental que fijará el tribunal de apelación; y, 2) En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente.

En el marco de lo descrito, se advierte que las autoridades demandadas no consideraron que el art. 404 del CPP, determina dos modalidades distintas en la interposición de la apelación incidental, siendo que en la primera, rige la oralidad, es decir cuando se dicta la resolución en audiencia, se debe interponer inmediatamente la apelación sin necesidad de fundamentar los agravios, ni de ofrecer la prueba, ya que puede realizarlo directamente en alzada en la audiencia de consideración de la apelación incidental; en ese marco, en el caso que se examina los Vocales demandados no podrían declarar la inadmisibilidad con el argumento que el accionante al momento de apelar no fundamento de hecho y derecho su apelación, ya que la misma puede efectuarla en la audiencia de consideración de su apelación en alzada; por lo que, los Vocales demandados han lesionado los derechos a la defensa, al debido proceso, a la impugnación y a ser protegido oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada. Respecto a la aplicación del art. 399 del CPP, que según la parte accionante hubiera podido dar lugar a que le otorguen un plazo de tres días para subsanar su apelación, no corresponde, pues este se aplica en la segunda forma de interponer el recurso de apelación, es decir sólo en los casos en los que la parte fue notificada por escrito con la resolución que pretende impugnar, sin embargo este aspecto no incide en la concesión de la tutela ya que en el fondo de su petitorio, solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista denunciado, y se ordene a los Vocales demandados ingresen a considerar el fondo de su solicitud.

Finalmente cabe resaltar que en el presente falló no se ingresó al análisis del fondo de la apelación presentada por la parte accionante, sino que simplemente se analizó el Auto de Vista 89/2022 denunciado, en torno a la admisibilidad del recurso. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 103/22 de 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 96 vta. a 100, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 89/2022 de 18 de febrero y se ordena a los Vocales demandados o en su caso a los actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, convocar a audiencia para la consideración de la apelación incidental del ahora accionante y emitir nuevo Auto de Vista en base a los fundamentos del presente fallo constitucional, con la expresa aclaración que no fue objeto de análisis el fondo de la apelación incidental. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0348_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.

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