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SCP 0347/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 17 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
17 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57465-2023-115-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad y estabilidad laboral, a la seguridad social, a la vida y a la salud; debido a que, a pesar de haber informado que “su pareja” se encontraba en estado de gestación, fue desvinculado de su fuente laboral en la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, sin respetar su inamovilidad laboral por ser padre progenitor. Ante ello, la autoridad demandada alega la inexistencia de retiro intempestivo y unilateral ya que el impetrante de tutela fue contratado de manera temporal “su pareja” cuenta con los beneficios sociales respectivos, al ser funcionaria pública. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2023 de 8 de agosto, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas y progenitores de niños menores de un año de edad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0347/2026-S2 Sucre, 17 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57465-2023-115-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 051/2023 de 8 de agosto, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Manuel Alejandro Ortiz Quezada contra Freddy Ortiz Campos, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y 26 a 32 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 16 de enero de 2023, fue contratado “de manera verbal” en la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, posteriormente le entregaron un “primer Memorándum” para trabajar como Jefe de Sección de Contabilidad y Presupuesto dependiente de la Unidad Administrativa y Financiera de la citada entidad desde el 1 de febrero al 30 de abril de ese año, después le entregaron un “segundo Memorándum” para trabajar como Jefe de Sección de Bienes y Servicios desde el 17 de febrero al 30 de abril de igual año. En marzo de similar año, solicitó su inamovilidad laboral informando que “su pareja” -Luana Carolina Vargas Pedriel- se encontraba embarazada, en respuesta, de manera verbal le comunicaron que concluido su memorando el 30 de abril del referido año, se le entregaría otro con fecha de conclusión indefinida. El 31 de marzo de 2023, le señalaron los requisitos para acreditar la gestación de “su pareja”, los cuales entregó en su integridad el 27 de abril de ese año, consistentes en reconocimiento ad vientre con dos testigos, carnet prenatal, certificados médicos que acreditaban las semanas de gestación, fotocopias de cédulas de identidad, carnet de asegurado, declaración voluntaria ante Notaría de Fe Pública; es así que nuevamente de manera verbal le indicaron que no se preocupe y que espere el informe legal, por lo que continuó asistiendo a su fuente laboral a cumplir sus actividades, tiempo en el que “su pareja” tuvo constantes recaídas debido a la gestación de alto riesgo. La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, le hizo entrega del Informe Jurídico ALDB-UJ 31/2022-2023 de 27 de abril de 2023, el cual en sus conclusiones establece que su persona se encuentra vinculado laboralmente con la referida entidad, también acredita el reconocimiento ad vientre del futuro nasciturus, y recomendó otorgarle inamovilidad laboral en los términos expuestos en el Memorándum -ALDB-RR.HH. 070/2023- de 17 de febrero. Desempeñó su trabajo hasta el 2 de mayo de 2023, después del feriado, cuando no pudo registrarse en el biométrico, consultó con la Jefa de la Unidad de RR.HH., quien le indicó que todos los funcionarios estaban fuera del biométrico, continuó con sus actividades laborales hasta el 12 de ese mes y año, cuando le quitaron su computadora e impresora y al día siguiente le pidieron la llave de su oficina, se llevaron su escritorio, lo eliminaron del grupo de WhatsApp de trabajadores, y le dijeron que no contaba con inamovilidad laboral y que ya no era funcionario; no obstante, el Presidente hoy demandado, le indicó que no se preocupe, que su puesto de trabajo era seguro, que saldrían las contrataciones y se respetaría su inamovilidad laboral; al pasar los días y asistir sin éxito a su fuente laboral, recibió una llamada del Asesor de Presidencia de la citada entidad, indicándole que podía firmar un contrato de consultoría por tres meses con el sueldo de Bs4 500.- (cuatro mil quinientos bolivianos); por lo que, respondió que pasaría por el área administrativa, sin embargo, ya no tuvo respuesta y nadie lo atendió en la Unidad de RR.HH. El 17, 25 y 31 de todos de mayo de 2023, presentó notas al pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, solicitando se cumpla con su estabilidad e inamovilidad laboral. La asambleísta “Cecilia Giraldo”, en la sesión ordinaria de 1 de junio de ese año, recomendó que su persona sea recontratada; no obstante, el 23 de junio de igual año le entregaron el Informe Jurídico Complementario ALDB-UJ 03/2023-2024 de 16 de junio de 2023, que establece que se reconoció su inamovilidad laboral según la modalidad de contratación; es decir, como personal eventual, lo que significa que su inamovilidad laboral tenía vigencia durante el tiempo de duró su memorándum de contratación, situación que vulnera su estabilidad laboral, y afecta la salud de “su pareja”, encontrándose sin dinero para costear los gastos médicos, no se da prioridad a la vida de “su pareja” y su bebé, incumpliéndose el deber del Estado de precautelar la familia.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad y estabilidad laboral, a la seguridad social, a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 15.I, 35.I, 45, 46.I y II, 48.VI, 49.III y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La inmediata restitución a su fuente laboral, conservando su nivel salarial hasta el cumplimiento del primer año de su hija; b) La cancelación de sueldos devengados desde el mes de mayo hasta la fecha de su reincorporación, y de todos los beneficios que correspondiere por ley; y, c) El respeto de todos sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y tratados internacionales vigentes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 8 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 84, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia manifestó que evidentemente “su esposa” se encuentra asegurada porque es dependiente del Órgano Judicial, por ese motivo no está pidiendo seguro médico ni ningún otro beneficio que el Estado brinda, solamente pide la restitución laboral.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Freddy Ortiz Campos, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, a través de sus representantes, por informe escrito cursante de fs. 74 a 79 vta., manifestó que: 1) No existió desvinculación intempestiva ni retiro unilateral, simple y llanamente operó la conclusión del contrato temporal, por el mismo motivo no se emitió ningún memorándum de agradecimiento de servicios, fue inhabilitado del equipo biométrico y no se le asignaron activos; 2) Desde marzo del citado año, se desarrollaron una serie de eventos, encontrándose incluso plenamente vigente la relación contractual del accionante; 3) Conforme al Memorándum -ALDB-RR.HH. 070/2023-, el nombrado fue contratado bajo la partida presupuestaria “PP 121000” del programa Fortalecimiento Legislativo (personal eventual), correspondiente a empleados no permanentes, que se encuentra incluida en el clasificador presupuestario 2023, aprobado por Resolución Ministerial (RM) 216 de 18 de julio de 2022, que es un instrumento normativo y técnico operativo que homogeniza la información para la ejecución del presupuesto público. La partida 121000 (personal eventual) se encuentra dentro del grupo 12000 (empleados no permanentes); 4) El propio impetrante de tutela reconoce que “su pareja” ejerce funciones en una entidad pública, existiendo asimismo el certificado de aviso de afiliación y reingreso de trabajador 0103145 de 4 de mayo de 2022, de la trabajadora Luana Carolina Vargas Pedriel, lo cual desvirtúa cualquier pedido de brindar la filiación respectiva para la madre gestante; y, 5) La inamovilidad laboral tiene sus limitantes y excepciones, el art. 5.II del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, establece que la inamovilidad laboral no se aplica en contratos de trabajo que sean temporales o eventuales; en ese sentido se emitieron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0625/2016-S3 de 1 de junio, 1135/2016-S3 de 19 de octubre, y 0976/2017-S1 de 11 de septiembre, que señalan que en los contratos eventuales la inamovilidad laboral solo alcanza hasta la conclusión del plazo del contrato.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 051/2023 de 8 de agosto, cursante de fs. 85 a 89 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los arts. 129.I de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establecen el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional y que procede siempre que el ordenamiento jurídico no prevea un medio idóneo para reparar la lesión producida, salvo que el agotamiento de las vías ordinarias o administrativas existentes se conviertan en un obstáculo formal para acceder a la protección con la inmediatez necesaria, en el presente caso siendo el accionante progenitor de un ser en gestación, corresponde la admisión de la acción tutelar; ii) Si bien la SC 0587/2005-R de 31 de mayo, estableció que la inamovilidad de la mujer en estado de gravidez abarca a los contratos a plazo fijo siempre que se haya informado de su estado al empleador, dicho entendimiento fue modulado por la SC 0109/2006-R de 31 de enero, y fallos posteriores como la SCP 1582/2022-S4 -de 6 de diciembre- que citó la SCP 1144/2016-S1 de 16 de noviembre, las cuales que establecieron que conforme al art. 5.II del DS 0012, la inamovilidad laboral no se aplica a contratos temporales ni eventuales; y, iii) De los Memorándums adjuntos a la acción tutelar, se advierte que el solicitante de tutela fue contratado de forma temporal desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2023, siendo su relación laboral a plazo fijo, respecto a la cual el nombrado manifestó su conformidad o consentimiento con el plazo de duración, motivo por el cual, conforme a la jurisprudencia constitucional, que establece que la relación laboral termina al vencimiento del término del contrato, se llega a concluir que el accionante, no cuenta con inamovilidad laboral que pueda derivar en su reincorporación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 93 a 97); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa aviso de afiliación y reingreso de trabajador 0103145 de 4 de mayo de 2022, correspondiente a Luana Carolina Vargas Pedriel, con el cargo de Auxiliar de Juzgado, siendo el empleador el Tribunal Departamental de Justicia de Beni (fs. 71). II.2. Consta Memorándum ALDB-RR.HH. 065/2023 de 1 de febrero, por el cual se designó a Manuel Alejandro Ortíz Quezada -ahora accionante- en el cargo de Jefe de Sección de Contabilidad y Presupuesto dependiente de la Unidad Administrativa y Financiera de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, desde el 1 de febrero al 30 de abril de ese año (fs. 4). Asimismo, cursa Memorándum ALDB-RR.HH. 070/2023 de 17 de febrero, por el cual se designó al nombrado en el cargo de Jefe de Sección de Bienes y Servicios, desde el 17 de febrero al 30 de abril de ese año (fs. 5). II.3. Cursan: a) Formulario de 27 de abril de 2023, de inscripción de reconocimiento ad vientre emitido por el Servicio Nacional de Registro Cívico (SERECI [fs. 7]); y, b) Declaración Voluntaria ante Notario de Fe Pública, realizada por el impetrante de tutela, en el cual se hace constar que es concubino de Luana Carolina Vargas Pedriel, y que la misma tiene siete semanas y cinco días de gestación (fs. 9). II.4. Consta Informe Jurídico ALDB-UJ 31/2022-2023 de 27 de abril de 2023, sobre solicitud de inamovilidad, mediante el cual se recomendó otorgar al accionante inamovilidad laboral en los términos expuestos en el Memorándum -ALDB-RR.HH. 070/2023- de designación (fs. 21 a 24). Por Nota Cite URR.HH 003/2023 de 22 de mayo, Lizbeth Flores Franco, Jefa de la Unidad de RR.HH. de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, informó al solicitante de tutela, que su inamovilidad laboral solo tuvo vigencia hasta la duración de su contrato de trabajo (fs. 13 a 14). II.5. Por notas presentadas el 25 y 31 de mayo y 1 de junio todos de 2023, el impetrante de tutela solicitó al Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, el cumplimiento de su estabilidad e inamovilidad laboral, aclarando que no pedirá beneficios prenatales, lactancia u otros (fs. 10 a 12).

II.6. Por Informe Jurídico Complementario ALDB-UJ 03/2023-2024 de 16 de junio de 2023, se reiteró y aclaró que la vigencia de la inamovilidad laboral del accionante se extendió a la vigencia o duración del documento motivo de la relación contractual (fs. 15 a 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad y estabilidad laboral, a la seguridad social, a la vida y a la salud; debido a que, a pesar de haber informado que “su pareja” se encontraba en estado de gestación, fue desvinculado de su fuente laboral en la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, sin respetar su inamovilidad laboral por ser padre progenitor. Ante ello, la autoridad demandada alega la inexistencia de retiro intempestivo y unilateral ya que el impetrante de tutela fue contratado de manera temporal “su pareja” cuenta con los beneficios sociales respectivos, al ser funcionaria pública. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas y progenitores de niños menores de un año de edad

La SCP 0198/2013 de 27 de febrero, estableció que: “Con relación al principio de subsidiariedad la jurisprudencia constitucional ha precisado y de manera constante que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas; pero, no puede suplir a la jurisdicción llamada por ley, que puede restituirlos de manera eficiente y oportuna. Sin embargo, la exigencia del agotamiento de vías ordinarias o administrativas, puede en algunos casos ocasionar un daño irreparable, por lo cual la justicia constitucional estableció una serie de sub reglas, en las que se encuentran las excepciones al principio de subsidiariedad, en tal sentido, están los derechos que asisten a la mujer trabajadora en estado de gestación la SC 0530/2010-R de 12 de julio, estableció que al tratarse de acciones: ‘…que implican la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación, esa protección es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’ entendimiento reconocido en la vigencia de la Constitución Política del Estado del año 2009… Siendo que el orden constitucional vigente otorga protección a las mujeres en estado de embarazo, garantizando la inamovilidad de éstas, de igual forma resguarda tratándose de los padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, entonces los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional cuando la trabajadora en estado de embarazo fuere, lo contrario sería restrictivo al ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que también podrá acudir directamente ante esta vía, no siendo exigible el agotamiento previo de vías ordinarias o administrativas” (las negrillas son añadidas). En el mismo sentido la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, citando a la SC 0434/2010-R de 28 de junio, refirió que: “…perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo, corresponde señalar que conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el caso concreto es aplicable la excepción al principio de subsidiariedad, considerando que el accionante al momento de interponer la acción de amparo constitucional, se constituía en padre progenitor de un niño o niña que estaba por nacer (Conclusión II.3), cuya protección tiene carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado, no pudiendo diferirse la resolución de la causa al agotamiento de las instancias ordinarias.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes y lo alegado por las partes, se tiene que, por Memorándum ALDB-RR.HH. 065/2023 de 1 de febrero, se designó al impetrante de tutela en el cargo de Jefe de Sección de Contabilidad y Presupuesto, desde el 1 de febrero al 30 de abril de ese año, luego, por Memorándum ALDB-RR.HH. 070/2023 de 17 de febrero, fue cambiado al cargo de Jefe de Sección de Bienes y Servicios, desde el 17 de febrero al 30 de abril de ese año (Conclusión II.2). Antes del cumplimiento de su contrato, el accionante solicitó su inamovilidad laboral, informando a su empleador que “su pareja” se encontraba en estado de gestación; en respuesta se emitió el Informe Jurídico ALDB-UJ 31/2022-2023 de 27 de abril de 2023, que recomendó otorgar al nombrado inamovilidad laboral en los términos expuestos en el Memorándum -ALDB-RR.HH. 070/2023- de designación; asimismo, por Nota Cite URR.HH 003/2023 de 22 de mayo, la Jefa de la Unidad de RR.HH. de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, le informó que su inamovilidad laboral solo tuvo vigencia hasta la duración de su contrato de trabajo (Conclusión II.4). Posteriormente, por memoriales presentados el 25 y 31 de mayo y 1 de junio todos de 2023, el accionante reiteró su solicitud de estabilidad e inamovilidad laboral (Conclusión II.5); en respuesta, se emitió el Informe Jurídico Complementario ALDB-UJ 03/2023-2024 de 16 de junio de igual año, que reiteró y aclaró que la vigencia de la inamovilidad del nombrado se extendió a la vigencia o duración del documento motivo de la relación contractual (Conclusión II.6). En ese contexto, de la revisión de los Memorándums ALDB-RR.HH. 065/2023 y ALDB-RR.HH. 070/2023, efectivamente se advierte que el impetrante de tutela fue contratado bajo la partida presupuestaria 121000 (Personal eventual), es decir de manera temporal con fecha de conclusión de la relación laboral fijada para el 30 de abril de 2023; por lo cual, conforme desarrolló la jurisprudencia de este Tribunal, no es posible reconocer su inamovilidad laboral más allá de la fecha de conclusión establecida en sus Memorándums de designación; no siendo posible reconocer la inamovilidad por embarazo de su conviviente, considerando que el tiempo de vigencia de su contratación estaba sujeto a la disponibilidad presupuestaria específica, la cual se reitera, solo alcanza hasta la fecha de conclusión del contrato, siendo inviable la conversión automática de un contrato eventual por una relación laboral permanente, indefinida o hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, dada la naturaleza presupuestaria y administrativa del cargo sujeto a plazo fijo.

Conforme a lo expuesto, al haber sostenido una relación laboral como personal eventual con plazo definido, el accionante no se encuentra amparado por la inamovilidad laboral más allá de dicho término, correspondiendo por consiguiente denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2023 de 8 de agosto, cursante de fs. 85 a 89 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0347_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 90b1de862d0a463e6ef80dd370c9890e5d3b1b2ed75b9ef590bd6992f48eb9f7

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