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SCP 0346/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55010-2023-111-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que, fijada la audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 17 de febrero de 2023, su abogado por problemas personales que fueron acreditados no se encontraba presente en ese acto procesal; empero, la Jueza ahora accionada prosiguió designando un defensor de oficio quien no conocía del caso en cuestión, desarrollándose “un tercio” de ese acto procesal antes que el mismo sea suspendido, lo que la dejó con una ineficaz defensa y en un estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; b) El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 21 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El Derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0346/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55010-2023-111-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 11/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 21 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Mauricio Arraya Mier en representación sin mandato de Beatriz Cortez Vásquez contra Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 6 a 9, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona Beatriz Cortez Vásquez -accionante- por la presunta comisión del delito de negativa o retardo de justicia, previsto y sancionado por el art. 177 del Código Penal (CP) modificado por el art. 34 de la Ley de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; se emitió acusación por los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, en consecuencia, se fijó audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 17 de febrero de 2023, en la cual se apersonó sin la compañía de su abogado defensor, quien por problemas personales que fueron acreditados no pudo asistir, debido a lo cual la citada Jueza impuso a la fuerza un defensor de oficio, quien no conocía del caso en cuestión, a pesar de aquello se realizó “un tercio” del juicio oral, público y contradictorio, dejándola con una ineficaz defensa y en un estado absoluto de indefensión; por lo que, no asumió la postulación de algún incidente o excepción sobreviniente, que de conocer el caso probablemente lo hubiese efectuado, aspectos que contienen una relevancia penal por la lesividad de actos en desmedro a su defensa.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; citando al efecto los arts. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica; y, 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la “nulidad” de la audiencia de juicio oral, público y contradictorio realizada el 17 de febrero de 2023, estableciendo que se efectúe un nuevo señalamiento que garantice una defensa eficaz en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que La Jueza hoy accionada llevó “…3 cuartos o 1 tercio…” de la audiencia de juicio oral público y contradictorio a pesar que el abogado defensor de oficio desconocía -los hechos- del proceso penal, incluso el Fiscal de Materia, apoyó lo expuesto por el citado abogado, ya no se tenía que llevar la citada audiencia “incluso se señaló audiencia” para el 18 de abril -de 2023- a objeto de que el abogado defensor de oficio sea notificado con todos los actuados pertinentes para que pueda tener conocimiento y centrarse en el mencionado proceso penal.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia, manifestó que: a) El proceso penal de referencia viene teniendo una duración de aproximadamente de tres años, incluso existe una acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta que se encuentra pendiente de resolución; b) En la audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 17 de febrero de 2023- la accionante evidentemente estuvo presente sin su abogado defensor; empero, no alegó que su ausencia fue por motivos de salud sino porque estaba en otra audiencia, tampoco presentó justificativo alguno; c) El defensor de oficio de la accionante indicó que ante la imposición reciente de la causa solicitó la suspensión de la citada audiencia, dando curso a su pedido a efectos de que no pueda objetar el desconocimiento; d) Se debe tomar en cuenta que la “última audiencia” fue fijada en febrero -de 2023- y se fijó una nueva para abril -se entiende de igual año-; por lo que ya transcurrieron los diez días para que el defensor de oficio conozca del proceso penal, además se pidió que el abogado de la accionante presente su justificativo a la audiencia que no concurrió; y, e) Lo que se pretende a través de la acción de libertad es suspender la referida audiencia programada para el 18 de abril de 2023 y de esa forma generar una retardación en la tramitación del proceso penal del accionante.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 11/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 21 a 24 vta., denegó la tutela solicita; bajo los siguientes fundamentos: 1) Ante la ausencia del abogado defensor de la accionante la Jueza ahora accionada dispuso un cuarto intermedio de cinco minutos, y que se convoque a un abogado defensor de oficio a objeto de que pueda asistir a la accionante y con relación al abogado inconcurrente se le concedió el plazo de setenta y dos horas para que justifique -su inasistencia- bajo alternativa de aplicarse el art. 105 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cumplido el plazo establecido y constituido el abogado de la defensa pública se instaló la audiencia de juicio oral público y contradictorio; 2) En ese acto procesal el abogado defensor de oficio asignado a la accionante en uso a la palabra señaló que en resguardo de que la accionante tenga una defensa efectiva y garantizada, refiriendo que el abogado de confianza de la nombrada no se encontraba por el delicado estado de salud de su hija, y a objeto de no vulnerar el derecho a la defensa de la accionante solicitó se difiera la referida audiencia, lo que no fue objetado por las otras partes procesales, debido a lo cual se dispuso su suspensión inicialmente para el 22 de febrero de 2023; empero a solicitud del Ministerio Público se reprogramó para el 18 de abril de ese año; 3) Conforme al art. 113 del CPP, notificadas las partes procesales en el tiempo pertinente y ante la ausencia de un justificativo en la audiencia señalada, se debe convocar al defensor de oficio, aspecto procesal que no hace evidente que se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, ya que la Jueza hoy accionada dio cumplimiento a lo determinado por esa norma procesal; 4) Resulta pertinente la SCP 0077/2021-S3 de 5 de abril, con referencia al principio de subsidiariedad en su aplicabilidad en el presenta caso; puesto que la acción de libertad deviene de un acto procesal de una audiencia de inicio de juicio oral, público y contradictorio de 17 de febrero de 2023, no advirtiéndose que estuviera en riesgo la libertad de la accionante; y, 5) La nombrada estaba en la obligación o el derecho a pedir reposición respecto a la actuación de que se llevó la audiencia fijada y posteriormente solicitar lo que en derecho corresponde y así agotar la vía de la subsidiariedad.

En vía de complementación y enmienda la accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 17 de abril de 2023, señaló al Juez de garantías que: i) Complemente respecto a que no se tomó en cuenta que, por la inadecuada defensa del defensor de oficio, no se presentaron incidente ni excepciones sobrevinientes; ii) No se dio valor alguno a la jurisprudencia de la CIDH; y, iii) Se omitió pronunciarse en cuanto a que se llevó “un tercio” del juicio oral, público y contradictorio sin que el defensor de oficio conozca el fondo del juzgamiento, lo que puede evidenciar una privación de libertad mediante una sentencia condenatoria. En mérito a dicha solicitud por Auto 130/2023 de 18 de abril, el Juez de garantías se ratificó de forma inextensa con relación a la Resolución 11/2023 en todas sus partes.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia de Juicio Oral, Público y Contradictorio de 17 de febrero de 2023, celebrada por Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionada-, en el cual el abogado defensor de oficio de Beatriz Cortez Vásquez -hoy accionante- en uso de la palabra señaló “…CONFORME LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y TRATADOS INTERNACIONALES LA ACUSADA DEBE TENER UNA DEFENSA EFECTIVA Y GARANTIZADA Y SIENDO QUE SU ABOGADO NO SE ENCUENTRA POR EL DELICADO ESTADO DE SALUD DE SU HIJA A EFECTO DE NO VULNERAR SUS DERECHOS A LA DEFESNA DE LA ACUSADA SOLICITP SE DEFIERA LA PRESENTE AUDIENCIA” (sic), corrido en traslado, el Fiscal de Materia, el abogado del demandante -victima- y el Consejo de la Magistratura no objetaron dicha solicitud; en virtud de lo cual, la referida Jueza suspendió la audiencia para el 22 de igual mes y año; empero, ante el pedido de los abogados de los demandantes del proceso penal de reprogramación de la citada audiencia, la mencionada Jueza fijó la citada audiencia para el 18 de abril de 2023 (fs. 2 a 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que, fijada la audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 17 de febrero de 2023, su abogado por problemas personales que fueron acreditados no se encontraba presente en ese acto procesal; empero, la Jueza ahora accionada prosiguió designando un defensor de oficio quien no conocía del caso en cuestión, desarrollándose “un tercio” de ese acto procesal antes que el mismo sea suspendido, lo que la dejó con una ineficaz defensa y en un estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; b) El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. El Derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

La SCP 0826/2019-S2 de 17 de septiembre, señala que: “A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad.

Luego, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas infracciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: a) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, b) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos en el proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que: …Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone... Asimismo, la misma Sentencia señaló que: ‘…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad’. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, recondujo la línea al criterio restrictivo, es decir, a la exigencia de la directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y el derecho a la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, son las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: a) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, b) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El derecho a la defensa técnica durante el desarrollo de todo el proceso penal

La SCP 0299/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional fue uniforme al establecer el carácter irrenunciable del derecho a la defensa técnica, determinando que las autoridades judiciales no deben permitir que el imputado asista a una audiencia sin la asistencia técnica de su abogado; y en caso de darse este supuesto, tienen la obligación de nombrarle un defensor de oficio; en ese marco, se desarrolló la siguiente línea jurisprudencial. Así, la SC 1556/2002-R de 16 de diciembre señaló que el derecho a la defensa es inviolable; indicando además que tiene dos dimensiones: a) El derecho a la defensa material; y, b) El derecho a la defensa técnica. Entendimiento asumido también por las SSCC 347/2002-R de 2 de abril y 1272/2002-R de 21 de octubre, entre otras. Con el fin de hacer efectiva la garantía de contar con un defensor y materializar el derecho a la defensa técnica, mediante la Ley 2496 de 4 de agosto de 2003, se creó el Servicio Nacional de Defensa Pública, con la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa del imputado; posteriormente, esta Ley fue derogada por la Ley 463 de 19 de diciembre de 2013 que lo sustituyó por el Sistema Plurinacional de Defensa Pública.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0155/2012 de 14 de mayo, haciendo mención al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya la Constitución Política del Estado, desarrolló que la defensa técnica no está constituida como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar la defensa del imputado; por lo cual, debe contar con su abogado de confianza o con un defensor de oficio designado por la autoridad competente.

Más tarde, este entendimiento fue precisado por la SCP 0045/2014-S3 de 14 de octubre, indicando que las autoridades judiciales no deben permitir que durante el desarrollo del proceso, el imputado asista a la audiencia sin asistencia técnica, de lo contrario, deberá nombrar un defensor de oficio; siendo la exigencia de la defensa técnica determinante para sus decisiones durante el desarrollo de la audiencia.

En ese entendido, se puede establecer que la defensa técnica es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por autoridad competente; por lo que, el juez o tribunal no puede permitir que el imputado asista a una audiencia sin el acompañamiento de su abogado, y si se diera este caso, el juez debe nombrar de inmediato a un defensor de oficio, caso contrario, vulneraria sus derechos a la igualdad y la defensa técnica.” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que, fijada la audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 17 de febrero de 2023, su abogado por problemas personales que fueron acreditados no se encontraba presente en ese acto procesal; empero, la Jueza ahora accionada prosiguió designando un defensor de oficio quien no conocía del caso en cuestión, desarrollándose “un tercio” de ese acto procesal antes que el mismo sea suspendido, lo que la dejó con una ineficaz defensa y en un estado de indefensión. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Acta de Audiencia de Juicio Oral, Público y Contradictorio de 17 de febrero de 2023, celebrada por la Jueza de ahora accionada, en el cual el abogado defensor de oficio de la accionante en uso de la palabra señaló “…CONFORME LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y TRATADOS INTERNACIONALES LA ACUSADA DEBE TENER UNA DEFENSA EFECTIVA Y GARANTIZADA Y SIENDO QUE SU ABOGADO NO SE ENCUENTRA POR EL DELICADO ESTADO DE SALUD DE SU HIJA A EFECTO DE NO VULNERAR SUS DERECHOS A LA DEFESNA DE LA ACUSADA SOLICITO SE DEFIERA LA PRESENTE AUDIENCIA” (sic), corrido en traslado, el Fiscal de Materia, el abogado del demandante -victima- y el Consejo de la Magistratura no objetaron dicha solicitud; en virtud de lo cual la referida Jueza suspendió la audiencia para el 22 de igual mes y año; empero, ante el pedido de los abogados de los demandantes del proceso penal se reprogramó para el 18 de abril de 2023 (Conclusión II.1.). De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, para la consideración de las denuncias relacionadas al debido proceso vía acción de libertad no se limitan a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad; en ese sentido, es que se ingresará analizar la problemática planteada. Ahora bien, lo que la accionante pretende con la interposición de la acción de libertad es la “nulidad” de la audiencia de 17 de febrero de 2023, la cual denuncia se llevó a cabo sin la presencia de su abogado, asignándole la Jueza hoy accionada un defensor de oficio que desconocía su causa, aspecto que presuntamente le causó indefensión y la vulneración de su derecho a la defensa. Corresponde analizar si dicho agravio fue vulneratorio a los derechos de la accionante. En ese sentido, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de ese fallo constitucional se establece de manera uniforme que el derecho a la defensa técnica es irrenunciable y que el imputado no puede comparecer a una audiencia sin dicha asistencia legal. Si su abogado defensor no estaba presente, la autoridad judicial tiene la obligación de nombrar un defensor de oficio para garantizar el ejercicio de ese derecho. En el presente caso, la audiencia de juicio, oral público y contradictorio se efectuó el 17 de febrero de 2023, con la presencia de todas las partes procesales; empero, la Jueza ahora accionada cuestionó a la accionante sobre la ausencia de su defensa técnica, a lo que la nombrada refirió “…ME ACABAN DE INFORMAR EL ASISTENTE DEL ABOGADO DR. ARRAYA DE QUE ABG. ARRAYA MIER SE ENCUENTRA ATENDIENDO A SU HIJA MENOR DE EDAD QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD, NO TIENE DOCUMENTAL ALGUNA” (sic [fs. 3]), si bien señaló la causa de incomparecencia de su defensa técnica, no fue acreditada; teniendo conocimiento las otras partes procesales de dicha incomparecencia, la Jueza hoy accionada declaró un cuarto intermedio de cinco minutos a objeto de que se convoque al defensor de oficio y para que “…EL ABOGADO DE LA PARTE ACUSADA EN UN PLAZO DE 72 HORAS DEBE JUSTIFICAR SU INASISTENCIA A ESTE ACTUADO JUDICIAL BAJO ALTERNATIVA DE APLICAR EL ART. 105 DEL CPP” (sic), reanudada la referida audiencia “…Y CONSTITUIDO EL ABOGADO DEFENSOR DE OFICIO ASIGNADO A ESTE DESPACHO…” (sic) y estando para los alegatos iniciales, los cuales fueron producidos por parte de la Fiscal de Materia y los demandantes del proceso penal, a su turno en uso de la palabra el defensor de oficio de la accionante señaló que “…CONFORME LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y TRATADOS INTERNACIONALES LA ACUSADA DEBE TENER UNA DEFENSA EFECTIVA Y GARANTIZADA Y SIENDO QUE SU ABOGADO NO SE ENCUENTRA POR EL DELICADO ESTADO DE SALUD DE SU HIJA A EFECTO DE NO VULNERAR SUS DERECHOS A LA DEFESNA DE LA ACUSADA SOLICITÓ SE DEFIERA LA PRESENTE AUDIENCIA” (sic [fs. 4]), lo cual corrido en traslado no fue objetado por las otras partes procesales y se procedió a la suspensión de ese acto procesal para el 18 de abril de 2023. En ese sentido, se advierte que la Jueza ahora accionada en ningún momento dejó a la accionante sin un abogado defensor, al haberse asignado el defensor de oficio asignado a su despacho, quien si bien consintió el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio en un primer momento; empero, al reconocer que desconocía los hechos que originaron el proceso penal de la accionante y velando que la nombrada cuente con una defensa efectiva y garantizada, pidió la suspensión de la mencionada audiencia, lo que fue otorgado ante la inexistencia de objeción de alguna de las partes procesales; es así que, se advierte que la referida Jueza cumplió con el procedimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, advirtiéndose que la accionante no se encontró en un estado de indefensión, haciendo inviable conceder la tutela cuando la accionante incluso tenía fijada la continuación de la mencionada audiencia para el 18 de abril de 2023, donde podrá formular sus alegatos presentar los incidentes y excepciones que le faculta la ley, los cuales reclama que por la supuesta ineficaz defensa del defensor de oficio no pudo presentar, además la citada Juez en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 17 de febrero de igual año otorgó un plazo de setenta y dos horas para que justifique su ausencia la defensa técnica de la accionante. Por consiguiente, y por todo lo expuesto y al no evidenciarse la vulneración de los derechos de la accionante, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 21 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0346_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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