Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la seguridad personal, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a ser oído y del principio de celeridad; por cuanto habiendo solicitado la cesación de la detención preventiva el 16 de agosto de 2022, pese a las reiteradas suspensiones de las audiencias programadas, incluso hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar la autoridad demandada no reprogramó la audiencia solicitada; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se ordene su libertad; y, 2) se señalé día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2022, de 10 de septiembre, cursante de fs.19 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas la autoridad demandada señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela hubiese cambiado. 2º Llamar la atención a Fabiola Cinthia Pardo Chavarría Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz en virtud al incumplimiento de lo dispuesto por el art.13, parágrafo II, del Código Procesal Constitucional (CPCo). 3º Exhortar a la Jueza de garantías ut supra que en lo posterior observe lo dispuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0346/2025-S3 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51997-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/2022 de 10 de septiembre, cursante de fs. 19. a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Pinto Martínez en representación sin mandato de Werton Alves Jerónimo, contra Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 9 de septiembre de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., el accionante a través de su presentante, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual; el 16 de agosto de 2022, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva; en atención a dicha petición, se señaló audiencia para el 22 de agosto del mismo mes y año; sin embargo, el 18 y 19 del citado año, sus abogados se apersonaron al Juzgado para conocer la fecha de la audiencia, recibiendo como respuesta del Auxiliar que aún no se había fijado fecha y que el expediente se encontraba en despacho del Juez; pese a ello, la audiencia fue señalada para el 22 del referido mes y año; actuado procesal con el que su persona no fue notificada debido a que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, ni se habilitó la vía virtual para la realización de la misma.
El 23 de agosto de 2022, reiteró su solicitud de señalamiento de audiencia, solicitud que mereció el decreto de señalamiento de audiencia para el 5 de septiembre del mencionado año; en cumplimiento a ello sus abogados se apersonaron al Juzgado con la finalidad de adjuntar la prueba pertinente de manera física; sin embargo, la Auxiliar del Juzgado se negó a recibirla, alegando pérdida de competencia debido a la refuncionalización del Juzgado; en consecuencia, únicamente estaban tramitando casos de anticorrupción, encontrándose además sin sistema motivo por el cual no podían generar notificaciones o enlaces para la sala virtual; en consecuencia, la audiencia no se desarrolló por dicho motivo. El 6 de igual mes y año, los abogados acudieron nuevamente al Juzgado, sin obtener una explicación clara; ante tales hechos, y frente a la omisión de respuesta jurisdiccional oportuna, se vio en la necesidad de acudir a la jurisdicción constitucional, en resguardo de sus derechos fundamentales.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la seguridad personal, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, la autoridad demandada señale día y hora de audiencia, disponiendo su libertad.
Celebrada la audiencia virtual de 10 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliándola señaló que, pese a contar con toda la documentación necesaria para sustentar su solicitud de cesación de la detención preventiva, la autoridad demandada no dio curso a la misma, debido a que no se extrajo el expediente en su momento, ni se realizaron las diligencias correspondientes, aun cuando las autoridades jurisdiccionales tienen la facultad de actuar de oficio, particularmente en casos en los que se suspenden audiencias sin justificación.
Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 15.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 21/2022 de 10 de septiembre, cursante de fs. 19 a 21 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La audiencia programada para el 5 de septiembre de 2022 no se habría realizado debido a la falta de notificación a los sujetos procesales, responsabilidad atribuida a la autoridad accionada; b) Mediante informe de la Secretaría del Juzgado de la misma fecha, se indicó que el Juez titular había sido posesionado el 18 de agosto de 2022, como Juez de Instrucción Anticorrupción de la Capital, lo que habría implicado un cambio de denominación del Juzgado y la consiguiente pérdida de competencia para continuar con procesos vinculados a la Ley N.º 348; y, c) Informó que persistían problemas de interoperabilidad para el cumplimiento del acuerdo de sala plena 16/2022, razón por la cual la autoridad accionada no tendría competencia para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva, hasta que se determine la nueva autoridad encargada del control jurisdiccional de la causa. En vía de complementación y enmienda, el representante del accionante manifestó que: si bien la autoridad demandada fue destinada a otra jurisdicción el 18 de agosto del referido año, dicha circunstancia determinó su desvinculación del conocimiento y tramitación del proceso; sin embargo, se evidenció que el 23 de agosto de igual año el impetrante de tutela presentó memorial, mereciendo providencia de 25 de similar mes y año, disponiendo el señalamiento a una nueva audiencia; llamó la atención que la autoridad demandada a pesar de haber sido apartada del caso desde el 18 de agosto del 2022, continuó actuando dentro del proceso, disponiendo providencias y señalando audiencias, lo cual resultó contradictorio a la pérdida de competencia que supuestamente ya se había producido; por otro lado, hasta la fecha no se habría asignado una nueva autoridad jurisdiccional, lo que motivó a la parte solicitante a acudir ante ese despacho judicial, a fin de que se disponga la complementación de las actuaciones requeridas de la parte accionante. En sustanciación y resolución de lo impetrado, la Jueza de garantías, tras el análisis del expediente y conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), estableció que la autoridad jurisdiccional demandada había sido posesionada el 18 de agosto de 2022. Sin embargo, evidenciándose que dicha autoridad emitió el decreto de 25 del mismo mes y año; señalando audiencia para el 5 de septiembre del mismo año, y posteriormente dictó otro proveído el 9 de septiembre de 2022 a favor de una coacusada dentro del proceso penal por trata de personas con fines de explotación sexual.
Estos actuados permitieron concluir que la autoridad demandada, mantenía competencia sobre la causa, al no existir pronunciamiento expreso que dispusiera lo contrario. En ese contexto, al no haberse señalado audiencia de cesación de la detención preventiva en favor del accionante, se configuró una vulneración al derecho al debido proceso. Por tales razones, se revocó la Resolución anterior y, en vía de complementación y enmienda, la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, dentro del plazo de veinticuatro horas de su legal notificación, señale audiencia de cesación de la detención preventiva.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y organización criminal, el 16 de agosto de 2022, mediante memorial solicitó, se fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, ante el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 5 y vta.). II.2. Mediante decreto de 18 de agosto de 2022, Marianela Jimena Salazar Siles Jueza en suplencia legal del Juzgado mencionado, señaló audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, para el 22 del mismo mes y año, a horas 8:30, estableciendo audiencia virtual únicamente para el accionante y presencial para los demás sujetos procesales (fs. 6). II.3. Kathia Jimena Salvatierra Melgar, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz informó que, revisado el cuaderno procesal, las partes no se encontraban debidamente notificadas y tampoco se hallaban presentes en la sala de audiencias (fs. 7). II.4. Cursa memorial de 23 de agosto de 2022, presentado por el accionante de ratificación de solicitud de audiencia y renuncia al plazo (fs. 8). Decretado el 25 del mismo mes y año, por la autoridad demandada, señalando audiencia para la consideración de cesación a la detención preventiva para el 5 de septiembre del mismo año a horas 9:30 (fs. 8 a 9). II.5. Conforme acta de acción tutelar, el impetrante de tutela informó que la audiencia señalada para el 5 de septiembre de 2023, no se llevó a cabo debido a la falta de notificación a las partes, menos se procedió a reprogramar la misma, hecho no controvertido por la autoridad demandada. (fs. 17 a 18)
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la seguridad personal, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a ser oído y del principio de celeridad; por cuanto habiendo solicitado la cesación de la detención preventiva el 16 de agosto de 2022, pese a las reiteradas suspensiones de las audiencias programadas, incluso hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar la autoridad demandada no reprogramó la audiencia solicitada; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: 1) Se ordene su libertad; y, 2) se señalé día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva.
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento: «El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).
En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 2El FJ III.2, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:
[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la seguridad personal, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, a ser oído y del principio de celeridad; por cuanto habiendo solicitado la cesación de la detención preventiva el 16 de agosto de 2022, pese a las reiteras suspensiones de las audiencias programadas, incluso hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar la autoridad demandada no reprogramó la audiencia solicitada. Ahora bien, de la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en la Conclusiones del presente fallo constitucional, se establece que Werton Alves Jerónimo, en el proceso penal instaurado en su contra, por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y organización criminal, el 16 de agosto de 2022, mediante memorial solicitó cesación a su detención preventiva; señalándose audiencia para el 22 del mismo mes y año, actuado procesal que no se llevó a cabo debido a la falta de notificación al accionante, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Posteriormente, mediante memorial de 23 de agosto del mismo año, el accionante reiteró su solicitud, renunciando al plazo previsto en el art. 239 del CPP, y solicitando que se señale nueva fecha para audiencia, si bien el 25 de ese mes y año la autoridad demandada fijó nueva audiencia para el 5 de septiembre del mencionado año, se constató conforme lo informado por el Impetrante de tutela y constatado por la Jueza de garantías que no se efectuaron las diligencias pertinentes para asegurar su realización, motivo por el cual nuevamente se suspendió la audiencia señalada supra. De conformidad con los antecedentes procesales y fácticos descritos, corresponde a este Tribunal determinar si la conducta atribuida a la autoridad jurisdiccional demandada vulneró los derechos fundamentales denunciados por el accionante, referidos a la libertad personal, a la dignidad humana, a la seguridad personal, al debido proceso, a la defensa, a ser oído y al acceso a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, en el marco de una acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
Del análisis de obrados se tiene que el accionante, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y organización criminal, solicitó el 16 de agosto de 2022, la cesación de su detención preventiva. En atención a dicha solicitud, se señaló audiencia para el 22 de igual mes y año, la cual no se llevó a cabo debido a la falta de notificación al accionante, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Palmasola, hecho atribuible al órgano jurisdiccional. Posteriormente, el accionante reiteró su solicitud mediante memorial de 23 de similar mes y año, renunciando expresamente al plazo previsto en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de viabilizar una pronta resolución. Si bien la autoridad demandada señaló nueva audiencia para el 5 de septiembre de 2022, se constató que no se realizaron las diligencias necesarias para garantizar su realización, produciéndose nuevamente la suspensión de la audiencia, sin que esta fuese reprogramada de manera inmediata. Conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud que incida directamente en la libertad personal de una persona privada de ella, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos legalmente establecidos, siendo que, en el caso de solicitudes de cesación de la detención preventiva, la audiencia debe ser señalada dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
En ese entendido, este Tribunal advierte que no solo la inobservancia del plazo legal para el señalamiento de audiencia configura una dilación indebida, sino también la falta de resolución de la situación jurídica del privado de libertad como consecuencia de suspensiones reiteradas e injustificadas, especialmente cuando estas no son atribuibles al solicitante, como ocurrió en el caso concreto. Asimismo, se evidencia que la autoridad demandada inobservó el deber de señalar nueva fecha y hora de audiencia de oficio, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud, incumpliendo así los estándares mínimos de tutela judicial efectiva.
Estas omisiones generaron una demora injustificada en la definición de la situación jurídica del accionante, lo que se subsume en el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, toda vez que, la lesión al derecho a la libertad física no se configura únicamente por la imposición de la detención preventiva, sino también por la dilación indebida en el control jurisdiccional de dicha medida. Por otro lado, la autoridad judicial demandada alegó haber perdido competencia a partir del 18 de agosto de 2022; sin embargo, se constató que con posterioridad a dicha fecha continuó emitiendo actuados procesales dentro de la causa, incluyendo el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva para el 5 de septiembre de 2022 y la emisión de otros decretos hasta el 9 del mismo mes y año. Esta conducta resulta contradictoria con la supuesta pérdida de competencia alegada generando un estado de incertidumbre jurídica, evidenciando falta de diligencia para garantizar una pronta resolución de la situación jurídica del accionante. Asimismo, no se acreditó la existencia de impedimentos objetivos que imposibilitaran la tramitación oportuna de la audiencia solicitada, ni se evidenció la designación de una nueva autoridad jurisdiccional que asuma el control del proceso, lo que acentuó la indefinición jurídica del impetrante de tutela. En ese contexto, la prolongación indebida de la detención preventiva sin control jurisdiccional oportuno vulneró el derecho a la dignidad humana y a la seguridad personal, al mantener al accionante en una situación de incertidumbre incompatible con su condición de persona privada de libertad. De igual manera, se lesionaron los derechos al debido proceso, a la defensa y a ser oído, al haberse frustrado de manera reiterada la posibilidad de que su solicitud sea conocida y resuelta por la autoridad competente.
Finalmente, las dilaciones advertidas constituyen una infracción a los principios de celeridad, prontitud y eficacia que rigen la función judicial conforme a los arts. 115.II y 178.I de la CPE, afectando el derecho del accionante a acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, máxime cuando se encuentra comprometido el derecho fundamental a la libertad personal. En consecuencia, este Tribunal concluye que la conducta omisiva y dilatoria atribuida a la autoridad jurisdiccional demandada vulneró de manera concurrente los derechos fundamentales denunciados, resultando procedente la tutela constitucional en el marco de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
Conforme lo establecido
Se advierte que la Jueza de garantías, en un primer momento, denegó la acción de tutela, sustentando su decisión en la supuesta falta de competencia de la autoridad accionada, derivada de su designación como Juez de Instrucción Anticorrupción de la Capital desde el 18 de agosto de 2022, así como en problemas de interoperabilidad para la aplicación del Acuerdo de Sala Plena 16/2022, circunstancias que habrían impedido la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva programada para el 5 de septiembre de 2022. Sin embargo, en vía de complementación y enmienda, evidenció que, pese a la alegada pérdida de competencia, la autoridad accionada continuó ejerciendo actos jurisdiccionales con posterioridad a dicha fecha, emitiendo providencias y señalando audiencia, lo cual resultó contradictorio con el fundamento utilizado para negar inicialmente la tutela; asimismo, se constató que no se asignó oportunamente una nueva autoridad jurisdiccional, generando incertidumbre procesal y afectación al derecho a la tutelado. En ese entendido, al advertirse la incongruencia entre la supuesta pérdida de competencia y las actuaciones posteriores de la autoridad demandada, así como la indefinición del control jurisdiccional de la causa, la Jueza de garantías modificó su criterio inicial y concedió la tutela, al constatar la vulneración de derechos fundamentales del accionante.
Finalmente, se exhorta a Fabiola Cinthia Pardo Chavarría, Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, a que en lo sucesivo observe lo dispuesto por el art.13, parágrafo II, del Código Procesal Constitucional (CPCo), recordándole que la facultad de aclarar o enmendar una resolución se limita exclusivamente a la corrección de errores formales y no puede ser utilizada para reformular la decisión, modificar el criterio jurídico adoptado ni dictar una nueva resolución en sustitución de la anterior.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2022, de 10 de septiembre, cursante de fs.19 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia, 1º CONCEDER la tutela disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas la autoridad demandada señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela hubiese cambiado. 2º Llamar la atención a Fabiola Cinthia Pardo Chavarría Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz en virtud al incumplimiento de lo dispuesto por el art.13, parágrafo II, del Código Procesal Constitucional (CPCo). 3º Exhortar a la Jueza de garantías ut supra que en lo posterior observe lo dispuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0346_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6e5905ff48a49715b6605fb6dca35fdb4a8e9f795e06ffd9e5653d04e5e1997e
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →