B.IA.LEGAL

SCP 0346/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de mayo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46626-2022-94-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y a la tutela judicial efectiva; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en contra de Oscar Gerardo Montes Barzón y otros por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias, se emitió el 11 de febrero de 2020, Resolución de Sobreseimiento dando conclusión a la Etapa Preparatoria; por lo que impugnando dicha determinación se emitió la Resolución Jerárquica de 19 de marzo del citado año por la que se ratifica el Sobreseimiento, incurriendo en los siguientes agravios: i) Fundó su determinación en la valoración de la Sentencia 34/2018 y un Dictamen Pericial de Auditoría Forense, cuando el mismo fue emitido en otro proceso penal en el cual la Procuraduría General del Estado no actuó como sujeto procesal, impidiendo que tengan conocimiento de si la pericia fue efectuada de forma adecuada lesionando el principio de contradicción y los derechos de la víctima; ii) Se lesionó el principio de congruencia, puesto que omitió pronunciarse sobre la realización de un peritaje del cual ya existía designación de perito, pero que quedó pendiente de ejecución; además, de no pronunciarse respecto a la valoración de la Sentencia 34/2018, puesto que la misma no se encontraba ejecutoriada a momento de la emisión de la Resolución de Sobreseimiento, pero fue valorada como si tuviera calidad de cosa juzgada, …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 418 a 424 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de inmediatez
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0346/2023-S1 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 46626-2022-94-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 37/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 418 a 424 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Efraín Maraz Gareca, María Jesús Vásquez Ruiz, Gabriel Ausberth Cáceres León y Norma Velasco Mosquera en representación legal de Wilfredo Franz David Chávez Serrano, Procurador General del Estado contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar y Carla Patricia Oller Molina, actual y ex Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 7 y 11 de marzo de 2022, cursante de fs. 192 a 204; y, 209 a 210 vta., la parte accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra Oscar Gerardo Montes Barzón y otros por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias, se emitió el 11 de febrero de 2020, resolución de sobreseimiento dando conclusión a la etapa preparatoria; por lo que impugnando dicha determinación se emitió la Resolución Jerárquica de 19 de marzo del citado año que incurrió en los siguientes agravios: a) La autoridad fiscal, fundó su determinación en la valoración del Dictamen Pericial en Auditoría Forense, con registro IDIF 505/2017 y la Sentencia 34/2018 haciendo notar que dicho dictamen pericial fue producido dentro de otro proceso penal, en el cual la Procuraduría General de Estado, no actuó como sujeto procesal; siendo presentada por los encausados a través de memorial, sin ser siquiera un acto investigativo desplegado por el Fiscal de la causa, aspecto que impidió que se tenga un convencimiento pleno de que la pericia fue ejecutada de forma adecuada y a partir de ello, se le pueda asignar un grado de validez como medio probatorio, lesionando el principio de contradicción y los derechos de la víctima. b) Se lesionó el derecho al debido proceso en su vertiente congruencia, puesto que la Resolución Jerárquica omitió pronunciarse sobre la realización de un peritaje, del cual ya existía designación mediante requerimiento fiscal, pero que quedó pendiente de ejecución; y, tampoco se pronunció respecto a la valoración de la Sentencia 34/2018 puesto que la misma no se encontraba ejecutoriada a momento de la emisión de la resolución de sobreseimiento, pero que aun así fue valorada en dicha determinación como si tuviera calidad de cosa juzgada, aclarándose que si bien se señaló a la sentencia, no existió un pronunciamiento sobre su ejecutoría. c) La resolución señaló sin efectuar ninguna valoración que “con respecto a la sentencia 34/2018 la misma se desconoce si se encuentra ejecutoriada y con respecto a la pericia de auditoría forense de que se encontraba ordenada para realizar o bien indicar por que no sería necesario la culminación de la pericia mencionada; caso contrario hacer mención de como llegaría ser suplida esta pericia por otra pericia que ha sido producida en otro proceso penal” (sic) en consecuencia, al no evidenciarse cuales fueron las razones por las que finalmente decidió confirmar el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, que se lesionó el derecho a la motivación de las resoluciones. d) Se lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que se requiere de una investigación eficaz por parte del Ministerio Público quien tiene la titularidad de la acción penal, sin embargo, al considerar la Sentencia 34/2018, se le negó su derecho a intervenir dentro del proceso, puesto que consideró que los imputados fueron absueltos en otro proceso penal cuando la resolución no se encontraba ejecutoriada y que a contrario fue dejada sin efecto en mérito a la SCP 0561/2019-S3 de 9 de septiembre y Auto de Vista 12/2021 de 31 de marzo. e) Se lesionó finalmente su derecho a la doble instancia, puesto que de manera directa se procedió a valorar pruebas que el inferior no consideró en su Resolución Jerárquica, vulnerando los límites de su competencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la lesión de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia y a la tutela judicial efectiva, citando al respecto a los arts. 115.I, 119.1 y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de la Resolución Jerárquica RJ/RS/CPOM/198-2020 de 19 de marzo, ordenando la emisión de una nueva resolución de objeción al rechazo que restituya sus derechos vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 408 a 417 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, a través de informe escrito cursante de fs. 227 a 228 vta., señaló que: 1) La emisión de la Resolución Jerárquica RJ/RS/CPOM/198-2020 de 19 de marzo, por la Ex Fiscal Departamental Carla Patricia Oller Molina evidentemente no realizó una adecuada valoración integral de los elementos de convicción que fueron colectados en el curso de la investigación, puesto que se realizó una fundamentación de forma genérica sin precisar cuál es el valor otorgado a cada elemento de convicción colectado; y, 2) Se constituye en evidente la lesión al debido proceso siendo evidentes las afirmaciones realizadas en la acción de amparo constitucional.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Gustavo Enrique Montes Barzón, a través de informe escrito cursante de fs. 261 a 264 vta., señaló que: i) Se incumplió con el plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional, puesto que la Procuraduría General del Estado, fue notificada el 11 de agosto de 2020, habiendo transcurrido desde entonces un año y siete meses; ii) Respecto a la incongruencia de la Resolución Jerárquica, se tiene que los tres puntos planteados por la parte accionante en su impugnación fueron debidamente abordados, como se observa de la resolución ahora cuestionada; y, iii) Sobre la lesión del derecho al debido proceso, se tiene que no es evidente la lesión, puesto que la Resolución Jerárquica, se encuentra fundada y motivada de manera concreta, individualizada y suficiente, a diferencia de lo señalado por el accionante que se limitó a realizar referencias parciales en contra de dos de los coimputados; teniendo una visión equivocada puesto que no consideró que la acción de amparo constitucional debía plantearse desde la individualidad de cada imputado, teniendo que respecto a los hechos referidos a su persona, la acción tutelar se encuentra indebidamente fundada. María Isabel Ponce Pérez, a través de informe escrito cursante de fs. 302 a 303 vta., señaló que se ve sorprendida por su notificación con la presente acción tutelar, toda vez que su persona no tiene relación ni consanguínea ni política con la familia “Montes”.

Oscar Gerardo Montes Barzón, Ruth Ponce Pérez y Mayra Lorena Montes Ponce apersonándose en audiencia, a través de su abogado defensor, señalaron que: a) Se lesionó el principio de inmediatez, toda vez que la notificación en realidad se realizó el 11 de agosto de 2020 conforme consta de la prueba que se presentó, que señala de forma específica que la notificación se ejecutó en la Dirección Desconcentrada de Tarija de la Procuraduría en calle 15 de abril entre Méndez y Delgadillo, siendo ese el lugar donde se estuvieron realizando todas las notificaciones a la institución, teniendo que los mismos accionantes presentaron memoriales en los cuales lo señalaron como domicilio, incluso en la impugnación al sobreseimiento señaló como domicilio el citado; por lo que al ser ese el domicilio que ellos indicaron para su notificación, la misma debe darse por válida, no pudiendo argumentarse que se cambió de director o semejante al no ser esta una razón de nulidad de la notificación; b) El impetrante de tutela desconoce su propia ley, teniendo que la ley 64 que rige su actuar en su art. 8, señala entre sus atribuciones: participar como sujeto procesal, en procesos en los que se vea involucrado el Estado, para lo cual la autoridad jurisdiccional deberá notificar con todas las actuaciones judiciales directamente a las Direcciones Desconcentradas Departamentales de la Procuraduría General del Estado; por lo que la notificación realizada ante esta instancia debe darse por válida. Es más, el art. 23 de la citada ley, señala que las Direcciones Departamentales son las que representarán a la Procuraduría General del Estado; c) En esta instancia constitucional no se discutirá la nulidad o no de una notificación, estableciéndose que existe una notificación válida realizada el 11 de agosto de 2020 con la resolución jerárquica conforme la prueba adjunta, teniendo además, que la autoridad fiscal no es competente para definir la legalidad o no de una notificación, siendo la misma competencia plena de la autoridad jurisdiccional; d) Se pretende violentar el instituto procesal de la cosa juzgada yendo en contra de lo establecido por la SCP 2236/20212 de 8 de noviembre; y, e) Se debe considerar que no es posible revisar la actividad jurisdiccional de otros tribunales, puesto que esa no es una función propia de la justicia constitucional, debiendo la parte accionante demostrar que no se cumple con presupuestos puntuales como la vulneración del derecho a la motivación y congruencia, además de señalar si la valoración probatoria se realizó dentro de los marcos de razonabilidad o que existe una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, no contando la acción de amparo constitucional en consecuencia con la suficiente carga argumentativa y la misma no puede ser suplida por esta instancia constitucional. Amado Montes Barzón, apersonándose a audiencia a través de su abogado señaló que, conforme a memorial de 4 de diciembre de 2020 la fiscalía, solicitó al Juez de Instrucción la cancelación de control jurisdiccional, siendo tal documento importante, puesto que se le indicó que se cumplió con el plazo de inmediatez, pero ellos se están amparando en una segunda notificación que se hubiese realizado en septiembre de 2021, siendo tal notificación contraria a derecho puesto que la notificación se ejecutó el 11 de agosto de 2020, no cumpliendo en consecuencia los accionantes con el principio de inmediatez.

Moisés Ponce Pérez y Esther Ponce Pérez, apersonándose a audiencia a través de su abogado señalaron que, se adhieren de manera íntegra a los fundamentos vertidos por el tercero interesado Gustavo Enrique Montes Barzón, al igual que a la prueba y fundamentos señalados por Oscar Montes Barzón y Ruth Ponce Pérez, solicitando se deniegue la tutela solicitada. El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de su representante legal, señaló que en virtud del principio de verdad material, objetividad y debido proceso, se estará a lo que se determine. El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, por medio de su representante legal, señaló que: 1) Existe una notificación de 8 de septiembre de 2021, con la cual se puso a conocimiento del Procurador General del Estado la Resolución Jerárquica, misma que goza de presunción de legalidad; 2) Se lesionó el derecho al debido proceso, toda vez que la Resolución Jerárquica se fundó en base a una resolución que no se encontraba ejecutoriada y que fue dejada sin efecto legal; y, 3) Se usó un dictamen pericial proveniente de otro proceso judicial, que dejó en indefensión a las partes procesales lesionando el principio de contradicción, dejando también en indefensión al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, no debiendo olvidarse, que la fundamentación y motivación consiste en dar respuesta a la pretensión plasmada, razón por la cual se adhieren a los puntos reclamados en la acción tutelar.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija por Resolución 37/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 418 a 424 vta., concedió en parte la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica de 19 de marzo de 2020, debiendo la autoridad accionada emitir nueva resolución en el plazo de setenta y dos horas, en base a los siguientes fundamentos: i) Respecto al principio de inmediatez, se establece que existe una notificación de una fecha anterior, bajo la cual el plazo de seis meses hubiera fenecido; sin embargo, esta instancia constitucional debe actuar bajo el principio de objetividad y bajo ese principio solamente pueden referirse de manera objetiva a los fundamentos de las partes, así como la prueba presentada, de esta manera se tiene que el accionante advierte una notificación material efectuada el 8 de septiembre de 2021, como cursa de la prueba presentada y si existiría algún otro tipo de actuación anómala de parte de alguna autoridad sea jurisdiccional o administrativa, el tribunal de garantías está impedido de ingresar a verificar aquel extremo, puesto que ello solo corresponde a la jurisdicción ordinaria o administrativa, puesto que de lo contrario el tribunal de garantías estaría extralimitando sus facultades, debiendo la instancia correspondiente acudir a la instancia pertinente a efectos de efectivizar su reclamo, por lo que al existir dicha notificación de 8 de septiembre de 2021, se debe presumir que la misma fue efectivizada de forma correcta; ii) En cuanto a la fundamentación y motivación de la resolución, el impetrante de tutela en su memorial señaló que si bien se identifica con claridad todo lo que relaciona respecto a cada uno de los coimputados, en su parte final dentro de un análisis integral de toda la prueba presentada, se refiere a la Sentencia Absolutoria 34/2018, la cual en su contenido también esta relacionando el informe de la UIF remitido mediante oficio 288, y este es el punto central de lo que la parte accionante observa, pues también cursa en obrados una certificación del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital, emitida por el Secretario de dicho Tribunal, que a la letra indica: "Con referencia la Sentencia 34/2018 de fecha 1 de octubre, la misma se encontraba en grado de apelación restringida en la Sala Penal Segunda, pero la misma queda sin efecto por la SCP N 0561/2019-53 de 9 de septiembre de 2019” (sic.), siendo importante esta prueba documental pues claramente esta sentencia absolutoria es la base para la emisión de la Resolución Jerárquica cuando la misma ya no tenía ningún tipo de efecto legal ni jurídico, pues lógicamente como se puede evidenciar de la prueba, la Sentencia Constitucional que la deja sin efecto, data del año 2019 en el mes de septiembre, y la Resolución Jerárquica que ahora se observa es del 19 de marzo de 2020; es decir, una fecha posterior, por lo tanto no podía haber considerado dentro de su fundamento, a esta Sentencia 34/2018, pues la misma no tenía ningún efecto jurídico; si la resolución que anula esta sentencia hubiera sido posterior, si se podría entender de que en ese momento la autoridad fiscal no tenía conocimiento del estado de dicha sentencia, pero dentro de lo que está presentado en obrados, la Resolución Jerárquica ha sido emitida 6 meses después de que se emite la Sentencia Constitucional que la deja sin efecto, por lo que existe evidentemente una fundamentación y motivación omisiva o insuficiente, pues no debería haber sido parte de la resolución jerárquica los instrumentos jurídicos o resoluciones que se han mencionado, por lo que en cuanto a la fundamentación y motivación este tribunal de garantías considera que es evidente la vulneración a los derechos y garantías constitucionales; iii) En cuanto a los demás derechos y garantías vulnerados que trae colación el accionante como la incongruencia, la igualdad, procesal, justicia, igualdad jurídica, legalidad, acceso a la ajusticia, tutela judicial efectiva, el Tribunal de garantías considera que aquellos no son evidentes, puesto que se han podido defender o asumir su rol de víctima en igualdad procesal con las demás partes, en cuanto a la justicia y acceso a la misma, también se les ha permitido que puedan presentar todo lo que consideraban necesario, de igual manera en lo que se refiere al principio de legalidad, no se ha evidenciado algún aspecto por el que se pudiera considerar vulnerado este principio, por lo tanto todos aquellos no resultan evidentes; y, iv) Es necesario referirse a la solicitud de la tercera interesada María Isabel Ponce Pérez, quién menciona no tiene ningún grado de familiaridad y que pide se la excluya en la presente acción, vale la pena aclarar que toda acción constitucional se basa en un acto o hecho que supuestamente vulnera derechos y garantías constitucionales, por lo que esté acto no puede diferenciar dentro de lo que es una denuncia a ninguna de las partes o de los terceros interesados, como en este caso, si considera que puede ser agraviada por un fundamento diferente, esta debe acudir ante una instancia competente para hacer valer sus derechos, mayor razón cuando estos derechos se tratan de aspectos sujetos a probanza, como es un tema de filiación, debe hacerlo ante la instancia ordinaria o administrativa que corresponda, que es la autoridad competente para pronunciarse al respecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Resolución de Sobreseimiento de 11 de febrero de 2020,

dentro del proceso penal signado como TAR 1704825 a través de la cual se determinó el sobreseimiento favor de los imputados: Gustavo Enrique Montes Barzón, Ruth Natty Ponce Pérez, Amado Alfredo Montes Barzón, Moisés Ponce Pérez, Esther Ponce Pérez Vaca y María Isabel Ponce Pérez, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por estimar que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar una acusación; además de otorgar el sobreseimiento a favor de Oscar Gerardo Montes Barzón respecto a los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, por estimar que los elementos de prueba son insuficientes para fundar una acusación. (fs. 1 a 8). II.2. Se tiene memorial de impugnación al sobreseimiento presentado el 4 de marzo de 2020 por la Procuraduría General del Estado, representada por María Nelly Díaz Castellanos, Directora de la Dirección Desconcentrada Departamental de Tarija a través del cual solicitó la Revocatoria de la resolución de sobreseimiento de 11 de febrero del citado año y se ordene la emisión de Acusación Fiscal. En su otrosí primero señaló: “ratifico domicilio procesal en las oficinas de la Dirección Desconcentrada Departamental Tarija de la Procuraduría General del Estado, ubicadas en calle 15 de abril entre Méndez y Delgadillo N° 319” (sic [fs. 9 a 11]). II.3. Mediante Resolución Jerárquica RJ/RS/CPOM/198-2020 de 19 de marzo, dentro del proceso penal signado como TAR 1704825 la Fiscal Departamental de Tarija, Carla Patricia Oller Molina determinó ratificar la resolución de sobreseimiento decretada en favor de Oscar Montes Barzón, Ruth Natty Ponce Pérez, Gustavo Enrique Montes Barzón, Amado Alfredo Montes Barzón, Moisés Ponce Pérez, Esther Ponce Pérez y María Isabel Ponce Pérez (fs. 12 a 18). II.4. Cursa Requerimiento Fiscal de 21 de julio de 2020 respecto al proceso signado como TAR 1704825, a través del cual el Fiscal de Materia Miguel Tapia Paz, requirió al Sgto. Jorge Arandia Zarate y/o suplente legal de la FDC, que por la vía de cooperación institucional se sirva a notificar con la Resolución Jerárquica de Ratificatoria de Sobreseimiento entre otros a la Procuraduría General del Estado, en calle 14 de abril entre Méndez y Delgadillo (fs. 239 a 240) II.5. Se tiene Informe de 17 de agosto de 2020, emitido por el Sgto. 2do Jorge Arandia Zarate, dirigido al Fiscal de Materia Miguel Ángel tapia Paz, respecto al proceso signado como TAR 1704825 a través del cual, entre otros hizo conocer, que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Oscar Montes Barzón y otros por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y otros, que el 11 de agosto de 2020, se notificó en oficinas de la Procuraduría General del Estado, con la Resolución Jerárquica Ratificatoria de Sobreseimiento (fs. 238). II.6. Cursa Formulario de Notificación Personal emitida por el Sgto. 2do Jorge Arandia Zarate, que refiere que el 11 de agosto de 2020, se notificó a la Procuraduría General del Estado, con la Resolución Jerárquica Ratificatoria de Sobreseimiento; constando sello de recepción que identifica como institución a la Procuraduría General del Estado, Dirección Departamental de Tarija de 11 de agosto de 2020 (fs. 242). II.7. A través de Memorial de 4 de diciembre de 2020 con la suma “Remite Notificaciones y Solicita Cancelación” el Fiscal de Materia Miguel Ángel Tapia Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Amado Montes Barzón y otros, caso TAR 1704825, NUREJ: 6020139 remitió las notificaciones realizadas a las partes procesales “con la Resolución Jerárquica Fiscal Ratificatoria de Sobreseimiento emitida el 19 de marzo de 2020, habiendo cumplido con todos los actuados procesales es de este modo que solicito a su autoridad se realice la cancelación del control jurisdiccional y posterior a ello el archivo de obrados conforme a ley” (sic fs. 235 a 236). II.8 Cursa Memorial con la suma “Solicita lo que indica” de 23 de julio de 2021, presentada por la Procuraduría General del Estado, la cual hace conocer al Fiscal de Materia que:

1. De la revisión de la documentación que fue notificada, se puede observar que las Fojas y/o páginas de la notificación no tienen correlación, siendo incompletas, de tal manera se hace imposible conocer la motivación y fundamentación de la decisión de la autoridad Fiscal, asimismo impide efectuar un minucioso análisis de los fundamentos de hecho y derecho de la resolución como de la existencia de la respectiva congruencia, extremos que podrá evidenciar de la documentación que tenemos a bien devolver donde se observa que la fojas 2 se encuentra consignada como el numeral 3 anverso y reverso y con respecto a la foja 5 se encuentra consignada.com el numeral 7 en anverso y en el reverso con el numeral 9.

2. Por otra parte como es de vuestro conocimiento, actualmente funge como Procurador General del Estado el Dr. Wilfredo Chavez Serrano, en este sentido de la revisión de obrados, su autoridad podrá verificar que el Testimonio de Poder N°22/2020 de fecha 15 de enero de 2020 para actuar en el presente caso, fue emitido por el Ex Procurador José María Cabrera Daléense, asimismo hacer notar que en la fecha de supuesta notificación (22/08/2020) se encontraba como Procurador General del Estado el Abg. Javier Alberto Morales Vargas, por lo que la notificación debió efectuarse al citado Ex Procurador: Abg. Morales, toda vez que no cursa en obrados la revocatoria del poder y otorgamiento de un nuevo poder del Ex y/o actual Procurador General del Estado para actuar de manera legal en la presente causa, que conforme la documentación adjunta, la DDDTI ya ha realizado la respectiva solicitud, en este sentido para evitar que se generen defectos absolutos que dejen en indefensión a la Procuraduría General del Estado a fin de garantizar los derechos constitucionales como el debido proceso que en sus distintas vertientes garantizan a los sujetos procesales la notificación legal de los actos procesales a las partes para el conocimiento electivo y real de los actos procesales como es la resolución en cuestión, debe efectuarse una nueva notificación. En su petitorio solicita: Se subsanen las observaciones señaladas líneas arriba en contra la notificación de la Resolución Jerárquica de fecha 19 de marzo de 2020 que resuelve la impugnación al sobreseimiento, en consecuencia se requiera se proceda a notificar nuevamente con el actuado procesal antes indicado de forma completa, a efectos de proteger los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales en el caso presente de la Procuraduría General del Estado. (fs. 360 y vta.). II.9. Consta Decreto de 23 de julio de 2021, a través del cual el Fiscal de Materia Elías Martínez Flores, señaló: “Considerando el memorial presentado de fecha 23/07/2021, bajo el principio de verdad material; siendo notorio la falta de correlación en las fojas (numéricas) de la resolución jerárquica de sobreseimiento dispuesta de fecha 19 de marzo de 2020, por la Fiscal Departamental Msc. Carla Patricia Oller Molina, a momento de efectuar la notificación a la Procuraduría General del Estado: bajo la previsión legal del art. 166 num. 5) de la ley 1970, procédase a notificar con resolución Jerárquica de sobreseimiento dispuesta de fecha 19 de marzo de 2020” (sic. [fs. 369]). II.10. Cursa Formulario de Notificación de 8 de septiembre de 2021, a través del cual se señala que dentro del proceso penal signado como 1704825, a horas 14:20 del 8 septiembre de 2021 se notificó al Procurador General del Estado, con la Resolución Jerárquica RJ/R/CPOM 198-2020 de 19 de marzo constando sello de recepción de la Procuraduría General del Estado con la misma fecha. (fs. 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y a la tutela judicial efectiva; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en contra de Oscar Gerardo Montes Barzón y otros por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias, se emitió el 11 de febrero de 2020, Resolución de Sobreseimiento dando conclusión a la Etapa Preparatoria; por lo que impugnando dicha determinación se emitió la Resolución Jerárquica de 19 de marzo del citado año por la que se ratifica el Sobreseimiento, incurriendo en los siguientes agravios: i) Fundó su determinación en la valoración de la Sentencia 34/2018 y un Dictamen Pericial de Auditoría Forense, cuando el mismo fue emitido en otro proceso penal en el cual la Procuraduría General del Estado no actuó como sujeto procesal, impidiendo que tengan conocimiento de si la pericia fue efectuada de forma adecuada lesionando el principio de contradicción y los derechos de la víctima; ii) Se lesionó el principio de congruencia, puesto que omitió pronunciarse sobre la realización de un peritaje del cual ya existía designación de perito, pero que quedó pendiente de ejecución; además, de no pronunciarse respecto a la valoración de la Sentencia 34/2018, puesto que la misma no se encontraba ejecutoriada a momento de la emisión de la Resolución de Sobreseimiento, pero fue valorada como si tuviera calidad de cosa juzgada, aclarándose que si bien existió un pronunciamiento de la sentencia, no se manifestó sobre su ejecutoría; iii) La resolución sin efectuar ninguna valoración, determinó que “con respecto a la sentencia 34/2018 la misma se desconoce si se encuentra ejecutoriada y con respecto a la pericia de auditoría forense de que se encontraba ordenada para realizar o bien indicar por que no sería necesario la culminación de la pericia mencionada; caso contrario hacer mención de como llegaría ser suplida esta pericia por otra pericia que ha sido producida en otro proceso penal” (sic) afirmación que lesiona el derecho a la motivación de las resoluciones al no evidenciarse cuales fueron las razones por las que finalmente decidió confirmar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento; iv) Se lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que al considerar la Sentencia 34/2018 se le negó su derecho a intervenir dentro del proceso, puesto que consideró que los imputados fueron absueltos en otro proceso penal cuando la resolución aún no se encontraba ejecutoriada y que al contrario fue dejada sin efecto; y, v) Se lesionó su derecho a la doble instancia, puesto que de manera directa se procedió a valorar pruebas que el inferior no consideró en su Resolución Jerárquica, vulnerando los límites de su competencia.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Sobre el principio de inmediatez; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el principio de inmediatez

El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:

ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).

I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.

II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace (el resaltado es nuestro).

El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:

…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.

De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:

El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.

…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (las negrillas y el subrayado son nuestros). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2, de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”. En similar sentido este Tribunal razonó por medio de la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al referir que: “la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.11 de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; razón por la cual, el afectado en sus derechos o garantías constitucionales, debe ser diligente y acudir inmediatamente sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud se considera como negligente en causa propia, llevándolo a una consecuencia jurídica que es la extemporaneidad de la presentación de la acción de defensa; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo'" (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y a la tutela judicial efectiva; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en contra de Oscar Gerardo Montes Barzón y otros por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias, se emitió el 11 de febrero de 2020, Resolución de Sobreseimiento dando conclusión a la Etapa Preparatoria; por lo que impugnando dicha determinación se emitió la Resolución Jerárquica de 19 de marzo del citado año por la que se ratifica el Sobreseimiento, incurriendo en los siguientes agravios: i) Fundó su determinación en la valoración de la Sentencia 34/2018 y un Dictamen Pericial de Auditoría Forense, cuando el mismo fue emitido en otro proceso penal en el cual la Procuraduría General del Estado no actuó como sujeto procesal, impidiendo que tengan conocimiento de si la pericia fue efectuada de forma adecuada lesionando el principio de contradicción y los derechos de la víctima; ii) Se lesionó el principio de congruencia, puesto que omitió pronunciarse sobre la realización de un peritaje del cual ya existía designación de perito, pero que quedó pendiente de ejecución; además, de no pronunciarse respecto a la valoración de la Sentencia 34/2018, puesto que la misma no se encontraba ejecutoriada a momento de la emisión de la Resolución de Sobreseimiento, pero fue valorada como si tuviera calidad de cosa juzgada, aclarándose que si bien existió un pronunciamiento de la sentencia, no se manifestó sobre su ejecutoría; iii) La resolución sin efectuar ninguna valoración, determinó que “con respecto a la sentencia 34/2018 la misma se desconoce si se encuentra ejecutoriada y con respecto a la pericia de auditoría forense de que se encontraba ordenada para realizar o bien indicar por que no sería necesario la culminación de la pericia mencionada; caso contrario hacer mención de como llegaría ser suplida esta pericia por otra pericia que ha sido producida en otro proceso penal” (sic) afirmación que lesiona el derecho a la motivación de las resoluciones al no evidenciarse cuales fueron las razones por las que finalmente decidió confirmar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento; iv) Se lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que al considerar la Sentencia 34/2018 se le negó su derecho a intervenir dentro del proceso, puesto que consideró que los imputados fueron absueltos en otro proceso penal cuando la resolución aún no se encontraba ejecutoriada y que al contrario fue dejada sin efecto; y, v) Se lesionó su derecho a la doble instancia, puesto que de manera directa se procedió a valorar pruebas que el inferior no consideró en su Resolución Jerárquica, vulnerando los límites de su competencia. De las conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que: el 11 de febrero de 2020, se emitió Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor de Gustavo Enrique Montes Barzón, Ruth Natty Ponce Pérez, Amado Alfredo Montes Barzón, Moisés Ponce Pérez, Esther Ponce Pérez Vaca y María Isabel Ponce Pérez, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por estimar que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar una acusación; además de otorgar el Sobreseimiento a favor de Oscar Gerardo Montes Barzón respecto a los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, por estimar que los elementos de prueba son insuficientes para fundar una acusación (Conclusión II.1) contra tal determinación la Procuraduría General del Estado impugnó el Sobreseimiento el 4 de marzo de 2020 (Conclusión II.2) es así, que en consecuencia se emitió la Resolución Jerárquica RJ/RS/CPOM/198-2020 que ratificó la Resolución de Sobreseimiento (Conclusión II.3). A efectos de ejecutar la notificación, la autoridad fiscal emitió el 21 de julio de 2020 Requerimiento Fiscal, solicitando al Sgto. Jorge Arandia Zarate se sirva a notificar con la Resolución Jerárquica a las partes procesales, entre otros, a la Procuraduría General del Estado (Conclusión II.4) dicho requerimiento fue ejecutado por el señalado funcionario policial, conforme el Formulario de Notificación Personal de 11 de agosto de 2020 en el cual consta el sello de la Procuraduría General de Estado, aspecto que también fue de conocimiento de la autoridad fiscal, conforme se tiene del informe elevado por el funcionario policial al Fiscal de Materia (Conclusiones II.5 y II.6) en consecuencia a lo descrito, se tiene que el Fiscal de Materia, a través de Memorial de 4 de diciembre de 2020 con la suma “Remite Notificaciones y Solicita Cancelación” hizo conocer al Juez de control jurisdiccional que se cumplió con las notificaciones a las partes procesales con la Resolución Jerárquica que ratificó el Sobreseimiento, por lo que solicitó se cancele el control jurisdiccional y se realice el archivo de obrados (Conclusión II.7). Posteriormente, el 23 de julio de 2021, la Procuraduría General del Estado, presentó memorial dirigido al Fiscal de Materia, solicitando se subsanen observaciones realizadas a la notificación con la Resolución Jerárquica de 19 de marzo de 2020 y se notifique nuevamente con el actuado procesal antes indicado de forma completa a efectos de proteger derechos y garantías (Conclusión II.8) emitiéndose Decreto de 23 de Julio por el Fiscal de Materia, quien ordenó una nueva notificación a la Procuraduría General del Estado (Conclusión II.9) constando finalmente nuevo formulario de notificación de 8 de septiembre de 2021, por el cual se señaló que dentro del proceso penal signado como 1704825, a horas 14:20 del 8 septiembre de 2021 se notificó al Procurador General del Estado, con la Resolución Jerárquica RJ/R/CPOM 198-2020 de 19 de marzo, constando sello de recepción de la Procuraduría General del Estado con la misma fecha (Conclusión II.10). Con esos antecedentes, es que corresponde verificar si se cumplió con la inmediatez exigida para activar la presente acción tutelar; al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional estableció que:

…por mandato constitucional la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; aspecto reiterado por el art. 55 del CPco. Dicho fundamento aclaró además, que la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de seis meses, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; razón por la cual, el afectado en sus derechos o garantías constitucionales, debe ser diligente y acudir inmediatamente sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud se considera como negligente en causa propia, llevándolo a una consecuencia jurídica que es la extemporaneidad de la presentación de la acción de defensa; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo. De lo señalado, se tiene que la Resolución Jerárquica que ratificó el Sobreseimiento fue notificado a la Procuraduría General del Estado, el 11 de agosto de 2020 (Conclusión II.6) y también el 8 de septiembre de 2021 (Conclusión II.10) evidenciando que la notificación realizada el 11 de agosto de 2020, es completamente válida y se encuentra vigente, toda vez que no existe resolución judicial emitida por autoridad competente para ello, que la haya dejado sin efecto o hubiese determinado su nulidad. Es más conforme se observa del memorial presentado por la Procuraduría General del Estado al Fiscal de Materia (Conclusión II.8), dicha instancia únicamente solicitó una nueva notificación, sin embargo, en ningún momento pidió que la notificación ejecutada en primera instancia fuera invalidada; es más, conforme a la determinación emitida por el Fiscal de Materia, el mismo únicamente ordenó una nueva notificación, sin dejar sin efecto la notificación ejecutada previamente -debiendo considerarse que tampoco tenía competencia para ello-, por lo que a efectos del cómputo de plazos para la interposición de la acción de amparo constitucional, se debe tener la primera notificación como válida, aclarando que: Se observa que la misma fue ejecutada en el mismo lugar que la Procuraduría General del Estado señaló como domicilio procesal a efectos de su notificación, constando su sello de recepción (Conclusión II.2 y II.6); que la misma Procuraduría General del Estado reconoció además, en su memorial de 23 de julio de 2021 que dicha notificación se ejecutó, por lo que si consideraban que la misma tenía falencias, tenían los mecanismos idóneos para impugnar la misma en su momento; además que, la notificación se realizó conforme los parámetros de la ley 064 en su art. 8.17; y que, dicha notificación incluso fue de conocimiento de la autoridad jurisdiccional a través de memorial de 4 de diciembre de 2020 por la cual el Fiscal de Materia hizo conocer que se cumplió con la notificación con la Resolución Jerárquica por lo que correspondía el archivo de obrados (Conclusión II.7) En consecuencia, teniendo como válida la notificación realizada a la Procuraduría General del Estado el 11 de agosto de 2020 se observa que desde la misma transcurrieron más de seis meses hasta la interposición de la presente acción tutelar, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al fondo de lo planteado. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 418 a 424 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada sin ingresar al fondo de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Artículo 8. (DE LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO). Son funciones de la Procuraduría General del Estado: (…) 17. Participar como sujeto procesal de pleno derecho en procesos penales, civiles y coactivos fiscales en los que tenga participación el Estado, cuya cuantía será establecida por Resolución Procuradurial al inicio de cada gestión; para cuyo efecto la Autoridad Jurisdiccional deberá notificar con todas las actuaciones judiciales directamente a las Direcciones Desconcentradas Departamentales de la Procuraduría General del Estado, en el Distrito Judicial que corresponda. (las negrillas nos pertenecen).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0346_2023-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7704d4b4d558932fb3ddd184af110bef9a4f80ac9de7522dc94f11bbe700ad8a

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