B.IA.LEGAL

SCP 0345/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
77739-2025-156-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, a través de memoriales presentados el 25 de febrero, 12 de mayo, 14 y 25 de julio, 13 y 28 de agosto, todos de 2025, hizo conocer a la Jueza demandada, el impedimento en el ejercicio del derecho de visita por parte de la madre de su hija, situación que genera una privación de libertad en su dimensión de relación familiar; así como, la prohibición de mantener vínculos afectivos con su hija AA; bajo esas circunstancias, alega inacción y dilación procesal injustificada al no resolver de manera inmediata el régimen de visita.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 257/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 94 a 99, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuesto por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Abstracción de la subsidiariedad en acciones de libertad cuando se encuentren involucrados derechos de menores de edad
  2. III.2. El principio y garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente (ISNNA) vinculado al derecho a la familia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0345/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 77739-2025-156-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 257/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 94 a 99, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alexis Trepp Cadete por sí y en representación de su hija AA contra Karen Romero Ibáñez, Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, Gleny Sandra Nogales Nava.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de octubre de 2025, cursante a fs. 1; y, 49 a 52, la parte accionante manifiesto lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Tuvo una hija con Gleny Sandra Nogales Nava -ahora codemandada -; y que si bien, en ningún momento convivió con la prenombrada, siempre se hizo cargo de los gastos de la niña y la acompañó en todas las etapas de su vida. El 28 de junio de 2024, se homologó ante instancias judiciales el acuerdo transaccional de asistencia familiar, acordando que la guarda estaría a cargo de Gleny Sandra Nogales Nava; asimismo, se concertó el régimen de visitas consistente en: a) Sábados o domingos de las 11:00 a 19:00 (horario modificable por motivo de viaje); b) Recojo del colegio o parada del bus escolar los miércoles y acompañar al hogar materno a las 18:00; c) Cinco días consecutivos en vacaciones invernales y diez días en el receso escolar de fin de año; y, d) Viajes al interior o exterior del país.

Pasado un tiempo, la madre de la niña AA se enteró de que contraería nupcias, noticia que no fue de su agrado; pues, como revanchismo y celos incontrolables, comenzó a restringirle el derecho de visitas, hecho que además fue consumado al ser notificado con medidas de protección en el proceso penal por el presunto delito de violencia psicológica, en el que se estableció que no puede acercarse a la progenitora ni a lugares donde ésta transita, como al colegio donde asiste la niña AA; sin embargo, dicha denuncia fue rechazada, quedando sin efecto las citadas medidas de protección; empero, y pese a ello, la codemandada le impidió ver a su hija, siendo ya tres meses que no tiene contacto con la misma. En tal circunstancia, acudió ante la Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- a través de memoriales presentados el 25 de febrero, 12 de mayo, 14 y 25 de julio, 13 y 28 de agosto, todos del 2025, denunciando falta de comunicación y restricciones al régimen de visitas; así como, la interrupción de las sesiones de terapia psicológica de la niña y que mediante información falsa, la prenombrada viajó sin su autorización vía terrestre pese a recomendaciones médicas; memoriales que no merecieron respuesta por parte de la autoridad jurisdiccional; por lo que, alegó inacción y dilación procesal injustificada al no resolverse de manera inmediata las denuncias planteadas “…permitiendo que la menor continúe privada de su libertad a mantener relación con su progenitor” (sic). Asimismo, sostuvo que la niña AA, se encuentra privada de libertad ilegalmente en su dimensión “relacional” familiar, en vista de que, Gleny Sandra Nogales Nava, de manera unilateral impide el ejercicio del régimen de visitas establecido en el acuerdo transaccional, restringiéndole la posibilidad de mantener vínculos afectivos con su progenitor.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos a la libertad en su dimensión relacional y familiar, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo, se ordene: 1) Que en el plazo de veinticuatro horas la “autoridad competente” disponga medidas urgentes y eficaces que permitan restablecer de forma inmediata el derecho de la niña AA a mantener contacto con su padre; 2) Se garantice el interés superior de la niña AA y se respete su derecho a ejercer el régimen de visitas establecido; y, 3) Gleny Sandra Nogales Nava cumpla el acuerdo transaccional homologado de asistencia familiar.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de octubre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 87 a 93, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia de garantías reiteró íntegramente lo expuesto en el memorial de acción de libertad y ampliando el mismo, manifestó que: i) Toda Resolución de acuerdo homologado tiene vigencia permanente salvo disposición contraria de la autoridad judicial, sin que nadie pueda disponer la modificación del régimen de visitas ni los progenitores; o cualquier otra autoridad accesoria que no tenga potestad para ello; ii) En el caso presente el acuerdo transaccional de guarda y tutela, asistencia familiar y régimen de visitas, fue presentado ante la autoridad judicial ahora demandada, quien mediante “Resolución 567/2024”, homologó dicho acuerdo; la cual, respecto al derecho de visitas no se cumplió; aspecto que, se hizo conocer a través de “más de veinte” memoriales a la Jueza de la causa; iii) El art. 177 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), faculta a interponer acciones de defensa con la finalidad de cesar amenazas o restituir el derecho del menor de edad; es así que, la presente acción de libertad está formulada contra la madre de la niña AA, quien impidió que se cumpla el régimen de visita; por otro lado, la Jueza hoy demandada ante las denuncias sobre las visitas no hizo absolutamente nada, denotando una conducta omisiva “…no estamos aquí, señor Juez, para que este acuerdo se cumpla, quiero aclararle eso, estamos aquí porque la madre le está restringiendo la Libertad a la niña de no solo ver a su padre, sino también de generar un núcleo familiar que le permita desenvolverse de manera correcta en la vida…” (sic); y, iv) Pese a no existir ninguna modificación respecto al régimen de visitas no se le permite ver a la niña AA.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Karen Romero Ibáñez, Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 2 de octubre de 2025, cursante de fs. 85 a 86 vta., y en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela impetrada, e informó: a) Por memoriales de 25 de febrero y 12 de mayo de 2025, el ahora accionante denunció que Gleny Sandra Nogales Nava -codemandada- le restringió el derecho de visita y sin autorización viajó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, memoriales que si bien no fueron respaldados con prueba; sin embargo, merecieron traslado a la prenombrada, quien respondió el 6 de junio de igual año, acompañando prueba de respaldo; b) Por proveído de 17 de julio de dicho año, atendió el petitorio del impetrante de tutela, disponiendo apercibir a las partes a dar estricto cumplimiento al acuerdo transaccional respecto al régimen de visitas; c) Los memoriales de 25 de julio, 13 y 28 de agosto; todos de 2025, fueron respondidos mediante Decretos de 28 de julio, 15 de agosto y 1 de septiembre de igual año, observando la pretensión formulada por el impetrante de tutela, en razón a no adjuntar prueba conforme a los arts. 328, 334 y 336 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); asimismo, ordenó pronunciamiento sobre la modificación del régimen de visitas interpuesto por Gleny Sandra Nogales Nava; y, d) No existe falta de respuesta a los memoriales presentados por el solicitante de tutela; además, el derecho a la libertad tanto del prenombrado como de la niña AA no están restringidos. Gleny Sandra Nogales Nava, mediante su abogado en audiencia de garantías, indicó que: 1) La acción de libertad no contiene elementos respecto a la lesión al derecho de libertad de la niña AA, solo exige cumplir con el régimen de visitas, además, dichos reclamos ya fueron absueltos por la autoridad judicial en suplencia legal, quien a través de Decreto del 17 de julio del 2025, dispuso que tanto el accionante como su persona cumplan estrictamente con el acuerdo transaccional; 2) Se solicitó la modificación del acuerdo transaccional con relación al régimen de visitas, pedido que no fue a título personal, sino en atención a las reiteradas quejas de la niña AA, corriendo traslado al impetrante de tutela a efecto de que emita una respuesta; asimismo, la autoridad jurisdiccional dispuso que el equipo multidisciplinario del despacho judicial elabore informes tanto social como psicológico, estando a la espera para la convocatoria de audiencia por parte de la Jueza demandada; 3) El informe psicológico recomendó que debían ser los progenitores quienes acudan a un psicólogo para mejorar la relación y así encausar buenos tratos con la niña AA; además, el indicado informe sostiene que la prenombrada tiene una buena relación con su progenitora; sin embargo, respecto al solicitante de tutela la niña refirió que no quería verlo “…pero en un lapsus en el término que usa la psicóloga lo quiere ver, esto es, señor Juez, porque el padre por dar mayor preferencia a su relación sentimental, ha descuidado la relación con su hija…” (sic); y, 4) El Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en función y obligación de la familia, asegurar oportunidades que garanticen el desarrollo integral en su condición de igualdad y equidad, aún por encima de los intereses de los progenitores.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 257/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 94 a 99, concedió la tutela impetrada, disponiendo que: i) La Jueza hoy demandada en el plazo de cuarenta y ocho horas, emita pronunciamiento sobre el informe psicológico poniendo el mismo en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA); y, ii) Ante la inexistencia de resolución que modifique el acuerdo transaccional sobre el régimen de visitas, Gleny Sandra Nogales Nava debe cumplir con la permisibilidad y evitar la restricción de visitas. Decisión con base en los siguientes fundamentos: a) A través de memoriales de 25 de febrero, 12 de mayo, 14 y 25 de julio, 13 y 28 de agosto, todos de 2025, el accionante presentó quejas sobre el régimen de visitas, aspecto que no puede ser considerado como privación de libertad; sin embargo, la autoridad jurisdiccional demandada, no consideró que los derechos de la niña AA fueran afectados; los cuales, merecían una ponderación al interés superior de la niña, niño y adolescente; es decir, la autoridad judicial demandada “…se ha cuidado de conocer…” (sic) lo que piensa la niña AA; b) El art. 216.II y III del CFPF, sostiene que, ante la existencia de informe de la DNA que establezca grave riesgo en la integridad de los hijos, se suspenderá el derecho de visita; asimismo, cuando el progenitor que obtuvo la guarda no permita por tres veces consecutivas el derecho de visita, previa verificación de la DNA, la autoridad judicial revocará la guarda y confiará al otro cónyuge o un tercero, precepto normativo que no fue aplicado ni observado, en vista a que, las denuncias sobre el régimen de visitas no fueron puestas a conocimiento de la DNA, ya que no existe informe que corrobore aquello; c) A efecto de resguardar el interés superior del menor de edad, el cual está garantizado por la Ley Fundamental e instrumentos internacionales sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades que administran justicia tienen la obligación de asumir los casos a su conocimiento con celeridad, impulso procesal y proactividad, preceptos dinámicos que no fueron aplicados de manera adecuada a los reclamos efectuados por el impetrante de tutela; d) Las niñas, niños y adolescentes, merecen protección especial; pues, se constituyen en sujetos de derecho, concepción desarrollada por la Convención Americana de Derechos Humanos, precepto que forma parte del corpus iuris de protección internacional; dado que, ninguna disposición puede ser interpretada para limitar el goce y ejercicio del derecho a la libertad; y, e) Si bien es cierto que existe pronunciamiento pendiente respecto al régimen de visitas; empero, mientras la Resolución 567/2024, de acuerdo transaccional de guarda y tutela, asistencia familiar y régimen de visitas no sea modificada, su cumplimiento se encuentra vigente. En vía de complementación, el accionante refiriéndose al derecho de visitas, solicitó que Gleny Sandra Nogales Nava entregue a la niña AA el sábado -se entiende 4 de octubre de 2025- a objeto de ejercer el citado derecho; por otra parte, la prenombrada pidió complementación, sosteniendo que, ante una eventualidad que la niña AA no desee ir con su progenitor, ello debe ser respetado conforme a los arts. 5 y 8 del CNNA; lo que mereció Auto Complementario emitido en la misma audiencia -2 de octubre de 2025-; a través del cual, el Juez de garantías aclaró que el solicitante de tutela y la demandada deben enmarcarse al acuerdo transaccional de régimen de visitas.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 102 a 107, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

Por acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. La Jueza Pública de Familia Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- mediante Resolución 567/2024 de 28 de agosto, homologó el documento de Acuerdo transaccional de guarda y tutela, asistencia familiar y régimen de visitas de 7 de junio de 2024, suscrito entre Alexis Trepp Cadete -ahora accionante- y Gleny Sandra Nogales Nava -hoy codemandada- (fs. 6 a 8 vta.). II.2. Por memoriales presentados por el impetrante de tutela ante la Jueza demandada el 25 de febrero, 12 de mayo, 14 y 25 de julio, 13 y 28 de agosto, todos de 2025, denunció a Gleny Sandra Nogales Nava -codemandada- el incumplimiento al régimen de visita (fs. 9 a 11 vta.; y, 16 a 20). II.3. La ahora codemandada, por memorial presentado el 12 de agosto de 2025, ante la Jueza demandada, demandó modificación del acuerdo regulador sobre el régimen de visitas; al cual, respondió el impetrante de tutela (fs. 74 a 76 vta.; y, 20 vta. a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso de homologación de asistencia familiar, a través de memoriales presentados el 25 de febrero, 12 de mayo, 14 y 25 de julio, 13 y 28 de agosto, todos de 2025, hizo conocer a la Jueza demandada, el impedimento en el ejercicio del derecho de visita por parte de la madre de su hija, situación que genera una privación de libertad en su dimensión de relación familiar; así como, la prohibición de mantener vínculos afectivos con su hija AA; bajo esas circunstancias, alega inacción y dilación procesal injustificada al no resolver de manera inmediata el régimen de visita.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Abstracción de la subsidiariedad en acciones de libertad cuando se encuentren involucrados derechos de menores de edad

Al respecto, la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.2, establece:

«…los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. (…)

En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se ha establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales.

(…) a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales (…) tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema . De esta manera, en circunstancias en las que se advierta una actuación manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y violatoria de derechos fundamentales -aunque el menor de edad constituido en parte accionante dentro de la jurisdicción constitucional no haya planteado antes de activar la acción de defensa pertinente los medios intra procesales concedidos por el ordenamiento jurídico-, deberá efectuarse el análisis de fondo de la temática puesta a consideración dejando de lado la carga de la subsidiariedad exigible a ese fin de procedencia…» (las negrillas son nuestras).

III.2. El principio y garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente (ISNNA) vinculado al derecho a la familia

El Tribunal Constitucional a través de la SCP 0509/2020-S1 de 16 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: El art. 58 de la CPE, determina:

Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones.

En concordancia, el art. 59 de la Norma Suprema, establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral; a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, o en su caso, de su familia sustituta; a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Asimismo, les reconoce, sin distinción de su origen, iguales derechos y deberes con relación a sus progenitores. Ahora bien, el principio y garantía del interés superior de la niña, niño y adolescente, fue constitucionalizado por el constituyente, a través del art. 60 de la CPE, al disponer:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. La jurisprudencia constitucional, en la SCP 0781/2019-S3 de 21 de octubre, definió que “El interés superior de las niñas, niños y adolescentes implica adoptar toda situación que favorezca el desarrollo integral de los mismos en el goce de sus derechos y garantías, afirmación que lleva consigo una obligación para el Estado, la sociedad y las familias”. Por su parte, la SCP 0129/2012 de 2 de mayo, señaló que el principio del interés superior del niño cumple un papel regulador de la normativa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fundándose básicamente en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de procurar su desarrollo integral. En la normativa interna: -El Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), en su art. 9 prescribe que: “Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables” (las negrillas son nuestras). Y reconoce entre los principios que rigen ese Código, en el art. 12 inc. a), el “Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas”. -El Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), también adopta entre sus principios, en el art. 6 inc. i) el: “Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente” –y expresa que– “El Estado, las familias y la sociedad garantizarán la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los servicios públicos y privados. Los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que les puede afectar”.

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existe un corpus jure internacional de protección de los derechos del niño, conformado por un conjunto de instrumentos internacionales cuyo fin es garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la SCP 0584/2018-S4 de 28 de septiembre, refiere que “…la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el art. 19 de la CADH, señaló que tanto este instrumento sobre Derechos Humanos cuanto la Convención sobre Derechos del Niño, así como el Protocolo de San Salvador, forman parte del corpus juris internacional de protección de derechos humanos de los niños”. Así, el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños e igualmente, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.

La protección especial a los niños entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que reconoce la Convención a las personas, el derecho internacional de los derechos humanos lo fundamenta y justifica en que los niños dependen de los adultos para su desarrollo progresivo en todas sus facetas, -a nivel físico, cognitivo, emotivo, psicológico y social- y en las diferencias existentes entre los niños y las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y los desafíos para lograr el efectivo ejercicio y la plena vigencia de sus derechos. La Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló: “54. Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos -menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”.

Ahora bien, la protección especial a los niños tiene como base el principio del interés superior del niño, tal como desarrolla la Corte IDH, en el Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de marzo de 2018, al indicar:

193. Asimismo, este Tribunal ha entendido que, conforme al artículo 19 de la Convención Americana, el Estado se obliga a promover las medidas de protección especial orientadas en el principio del interés superior de la niña y del niño, asumiendo su posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad en consideración a su condición especial de vulnerabilidad. La Corte ha establecido que las niñas y los niños tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial debida por este último y que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. Asimismo, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos de la niña y del niño.

Asimismo, la indicada Corte IDH se refiere al interés superior del niño como principio regulador de la normativa de los derechos del niño, fundándose en la dignidad del ser humano. Sobre el particular, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, indicó:

408. (…) La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad.

Por ello, el interés superior del niño constituye una pauta de interpretación, pero visto como garantía, demanda del Estado un conjunto de acciones y medidas dirigidas a alcanzar su desarrollo integral y el máximo bienestar en el ejercicio de sus derechos. En el marco de todo lo desarrollado, toda autoridad judicial, administrativa o de otra índole, así como las instituciones públicas y privadas, al momento de imponer cualquier medida que afecte a un menor, tendrá que considerar primordialmente el interés superior del niño. Así lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989 -ratificada por Bolivia a través de la Ley 1152 de 14 de mayo de 1990-, en el art. 3.1 cuando expresa: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. En cuanto a las familias, el art. 62 de la CPE, señala que están reconocidas y protegidas por el Estado como el núcleo fundamental de la sociedad, y todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Por su parte, el art. 17.1 de la CADH también reconoce a la familia como el elemento fundamental de la sociedad, que debe ser protegida por la sociedad y por el Estado, y en el numeral 4., al referirse al matrimonio, señala que “En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos”. El derecho a la familia se relaciona estrechamente con la efectiva vigencia de todos los derechos del niño, debido al lugar que ocupa la familia en la vida del menor y su rol de protección, cuidado y crianza. En los primeros años de vida, cuando la dependencia del niño es mayor, el derecho a la familia tiene una directa e importante relación con los derechos a la vida, al desarrollo y la integridad personal. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño relaciona el derecho a la familia con la realización del principio del interés superior del niño, por un lado, con los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables legalmente del menor; y, por otro, con la responsabilidad de los Estados de velar por la protección y el cuidado necesarios para su bienestar. Esta vinculación da cuenta de la importancia fundamental y primaria que la familia tiene en la vida del niño y en la realización de sus derechos y su interés superior, así como la obligación del Estado de garantizar las condiciones para que esta protección efectiva y la realización de todos sus derechos las brinden los progenitores y la familia del niño, y, en caso que ello no fuera posible o se vulneraran sus derechos, adopte las medidas adecuadas para su protección. El interés superior del niño debe considerarse a la luz de la autonomía progresiva del menor en la toma de decisiones que le afecten y en el ejercicio de sus derechos. Ahora bien, no siempre las niñas, niños y adolescentes pueden contar con una familia integrada por ambos progenitores; lo cual no debe significar un obstáculo para contar con la protección de ambos padres en los términos señalados precedentemente; y en ese marco, el Código Niño, Niña y Adolescente, en su art. 8, les reconoce el goce de las garantías constitucionales, entre ellas, la obligación del Estado, en todos sus niveles de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, y la obligación de la familia y de la sociedad de asegurarles las oportunidades que contribuyan a su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. El art. 35 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen, de manera que no sea separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales, previo proceso y con la finalidad de protegerlo. El art. 36, explica que la familia de origen es la constituida por el padre, la madre o por cualquiera de los progenitores, los ascendientes y parientes colaterales conforme al cómputo civil. Finalmente, el art. 37.I apunta que no será separado de su madre o su padre, salvo las previsiones establecidas en el citado Código Niño, Niña y Adolescente. Por su parte, el art. 40 de la misma norma legal, establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y su padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. En materia de guarda, las reglas establecidas por el art. 57 y ss. del CNNA, establecen que la guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño y adolescente, con carácter provisional. Es otorgada mediante resolución judicial a la madre o al padre, en caso de divorcio o separación de las uniones conyugales libres o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. La guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos, así como también a tramitar la asistencia familiar. Se concluye entonces, que el derecho a la familia, subsiste en el caso de divorcio o separación de los progenitores, correspondiendo al juez definir la guarda de las niñas, niños y adolescentes atendiendo su interés superior, caso en el que, de acuerdo a su etapa de desarrollo, deberá ser oída u oído previamente y su opinión será fundamental para la decisión de la jueza o juez, asistiendo al padre o madre que no tiene la guarda el derecho de visita, el cual se encuentra vinculado estrechamente con la previsión contenida en el art. 40 del CNNA; es decir, con el derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y su padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. A lo explicado se suma que los padres deben cumplir toda determinación judicial impuesta en favor de los hijos que no hayan llegado a la mayoría de edad, conforme prescribe el art. 32 del cuerpo legal analizado.

III.3. Análisis del caso concreto

En principio, cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en los casos que involucren a menores de edad, por la preeminencia que otorga la Norma Suprema a este sector vulnerable y en virtud de la protección inmediata que se debe otorgar a los derechos y garantías lesionados, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, a fin de verificar la veracidad o no de las lesiones reclamadas. Ingresando al análisis de fondo, corresponde precisar que la problemática planteada no puede ser examinada únicamente desde una perspectiva formal o procedimental; pues, se encuentra directamente vinculada con el derecho de la niña AA a crecer en un ambiente familiar que le asegure un desarrollo psicoemocional acorde a su edad; en situaciones en las que los padres no pueden conformar una familia o en situaciones en las que se produce la disolución del vínculo conyugal o de unión libre, o de hecho, el legislador ha diseñado el instituto del régimen de visitas, para que los niños, niñas y/o adolescentes, crezcan manteniendo relaciones personales, regulares y permanentes con ambos progenitores, a partir del cumplimiento del régimen de visitas, con la finalidad de que los hijos puedan mantener esa relación afectiva comunicacional con sus progenitores; lo cual, desemboca en su desarrollo integral; así como, el derecho de los progenitores a conservar el vínculo familiar y afectivo con su hija, en tanto ello no resulte contrario al interés superior de la niña.

En ese marco, si bien la autoridad judicial homologó el acuerdo transaccional de guarda, asistencia familiar y régimen de visitas mediante Resolución 567/2024, dicho acuerdo no tenía un carácter meramente declarativo, sino obligatorio y exigible para ambas partes mientras no fuera modificado por resolución judicial, emergente de la sustanciación del respectivo proceso; por ende, la sola existencia posterior de una solicitud de modificación del régimen de visitas no suspendía automáticamente los efectos del acuerdo homologado ni habilitaba a la progenitora que ejerce la guarda a restringir unilateralmente el contacto entre la niña y su padre. Así, de los antecedentes del caso, se advierte que el accionante acudió en reiteradas oportunidades ante la autoridad jurisdiccional ahora demandada, mediante memoriales presentados el 25 de febrero, 12 de mayo, 14 y 25 de julio, 13 y 28 de agosto, todos de 2025, denunciando distintos hechos vinculados al incumplimiento del régimen de visitas, tales como la falta de comunicación telefónica con su hija, la suspensión de visitas previamente establecidas, el viaje de la niña sin la autorización correspondiente y la imposibilidad de compartir espacios familiares con ella, denuncias que no constituían simples reclamos entre progenitores, sino hechos con incidencia directa en el desarrollo integral de la niña, en su estabilidad emocional y en la continuidad del vínculo paterno-filial. Si bien la Jueza hoy demandada emitió proveídos frente a los memoriales presentados, dichos actuados resultaron insuficientes desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva; pues, se limitaron principalmente a correr traslados, solicitar pronunciamientos, apercibir genéricamente a las partes a cumplir con el acuerdo transaccional o exigir prueba al accionante, sin adoptar medidas concretas, inmediatas y eficaces orientadas a verificar el incumplimiento denunciado y garantizar la ejecución material del régimen de visitas vigente; siendo que, en procesos en los que se encuentran comprometidos derechos de niñas, niños y adolescentes, la actuación judicial no puede reducirse a una respuesta meramente formal y dilatoria, sino que debe traducirse en decisiones útiles, oportunas y efectivas. En ese sentido, la autoridad judicial tenía el deber de actuar con diligencia, no solo por tratarse de un proceso familiar, sino porque el conflicto afectaba directamente a una niña y porque su interés superior exige que toda autoridad jurisdiccional adopte medidas orientadas a preservar su bienestar integral, su estabilidad emocional, su derecho a mantener contacto con ambos progenitores y su desarrollo en un entorno familiar equilibrado; por tanto, frente a denuncias reiteradas de obstaculización del régimen de visitas, correspondía activar mecanismos de verificación y protección, a partir de las medidas cautelares de carácter personal, disponer la intervención de la DNA, la emisión de medidas concretas de cumplimiento, la fijación de reglas claras de comunicación, la advertencia de consecuencias jurídicas frente al incumplimiento reiterado o cualquier otra medida idónea para evitar la interrupción del vínculo familiar. Asimismo, debe considerarse que el derecho de visita no constituye una prerrogativa exclusiva del progenitor que no tiene la guarda de la niña, sino también un derecho de la niña a relacionarse de manera regular y permanente con su padre; en consecuencia, impedir o restringir injustificadamente dicho contacto no solo afecta al impetrante de tutela, sino principalmente a la niña, en tanto le priva de la posibilidad de conservar una relación afectiva y comunicacional, directa y continua con uno de sus progenitores; bajo esta comprensión, la autoridad judicial estaba obligada a valorar el conflicto desde la perspectiva de los derechos humanos de la niña y no únicamente como una controversia entre adultos. De igual forma, la autoridad judicial no podía permanecer en una posición pasiva ante la persistencia de denuncias sobre incumplimiento del régimen de visitas; ya que, la reiteración de memoriales presentados por el solicitante de tutela evidenciaba que el apercibimiento genérico no había sido suficiente para restablecer el contacto paterno-filial ni para garantizar la eficacia de la resolución homologatoria; en consecuencia, correspondía una actuación jurisdiccional proactiva, inmediata y materialmente protectora, en el marco del cumplimiento de la debida diligencia, conforme a los principios de impulso procesal, protección de las familias, interés superior de la niña, verdad material y tutela judicial efectiva. En el caso concreto, la omisión de adoptar medidas eficaces frente a las denuncias reiteradas de incumplimiento generó una afectación al derecho de la niña AA a mantener contacto regular con su padre y al derecho del accionante a conservar el vínculo familiar con su hija, situación que también compromete el debido proceso en su componente de debida diligencia y la tutela judicial efectiva; pues, la respuesta jurisdiccional no fue suficiente para garantizar el cumplimiento real de una determinación judicial vigente. Por otra parte, la solicitud de modificación del régimen de visitas presentada por la progenitora el 11 de agosto de 2025, no podía ser utilizada como justificación para desconocer el régimen de visitas previamente homologado; tal es así que, mientras no exista una resolución judicial que lo modifique, restrinja o suspenda, el acuerdo transaccional homologado mantiene plena vigencia y obligatoriedad; en consecuencia, ambas partes están obligadas a cumplirlo en los términos aprobados judicialmente, salvo que se acredite una situación de riesgo real para la integridad física, psicológica o emocional de la niña, extremo que debe ser verificado por la autoridad competente y no definido unilateralmente por uno de los progenitores. Al respecto, la Jueza ahora demandada inobservó que las normas de familia son de orden público y de cumplimiento obligatorio, que en el caso de autos, ante la demanda incidental referida, por la facultad que le confieren los arts. 231 y 232 del CFPF en cuanto a la labor proactiva y la facultad de producir incluso prueba de oficio (entrevista reservada, informes psicosociales a cargo del equipo interdisciplinario de los Juzgados públicos de familia, entre otros) tenía la obligación de desarrollar y sustanciar el incidente con la debida diligencia para resolver la pretensión de la progenitora, atendiendo a que el incidente involucraba el derecho de una niña, que conforme establece la Observación General 14 con relación a la Observación General 12 del Comité de los Derechos Del Niño, es obligación de las autoridades jurisdiccionales realizar la interpretación del interés superior de niñas niños y adolescentes partiendo del caso en concreto y relacionando con los derechos en cuestión, en el presente caso con el derecho de la niña a crecer en un ambiente familiar, manteniendo ese vínculo afectivo comunicacional con la madre y el padre; para lo cual, le compelía también conocer la opinión de la niña, tomando en cuenta su edad cronológica. Por lo expuesto, corresponde concluir que la Glenny Sandra Nogales Nava -codemandada-, madre de la niña AA, no solo vulneró los derechos del accionante sino también los de su hija, al no dar cumplimiento al régimen de visitas establecido y homologado mediante Resolución 567/2024; aspecto que, hizo que el vínculo entre padre e hija se viera afectado; asimismo, la Jueza demandada, pese a haber emitido providencias dentro del proceso, no desplegó una actuación suficientemente eficaz para proteger los derechos involucrados, particularmente el interés superior de la niña AA y la continuidad del vínculo paterno-filial; lo que repercute en su vínculo afectivo, comunicacional e incluso en el apego de la niña con el padre y la familia ampliada, limitando su desarrollo integral. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, correspondiendo que la autoridad jurisdiccional asuma de manera inmediata las medidas necesarias para verificar el cumplimiento del régimen de visitas vigente, garantizar el contacto regular entre la niña AA y su padre, requerir la intervención de la DNA si corresponde, y resolver con la debida celeridad la solicitud de modificación del régimen de visitas, siempre bajo el parámetro rector del interés superior de la niña, en el marco establecido en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 257/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 94 a 99, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuesto por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0345_2026-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): af982d360a8dcc46fed0b381cab17583603c8c764d043e2698360c8b4624f3ef

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