B.IA.LEGAL

SCP 0345/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55124-2023-110-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, del principio de celeridad, arguyendo que la demandada -en conocimiento del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 33/2023 de 24 de enero, que rechazó la cesación a su detención preventiva-, por Auto de Vista 168/2023 de 8 de marzo, confirmó el fallo recurrido, omitiendo referirse al término de seis meses cumplido de la detención preventiva y, cuya solicitud de ampliación de tres meses por el Ministerio Público, fue presentada de forma extemporánea, ameritado aplicar el art. 239.2 del CPP, en virtud de una revisión de oficio prevista en el art. 250 del CPP, resolviéndose contrariamente a lo razonado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0491/2021-S4 y la SCP 0185/2019-S3, evitando un pronunciamiento en el fondo del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; 2) Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 041/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 95 a 102, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0345/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55124-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 041/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 95 a 102, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paola Lorena Barriga Machicado y José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes, por memorial presentado el 12 de abril de 2023, cursante de fs. 70 a 79 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, habiéndose dispuesto su detención preventiva por seis meses mediante el Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero, por concurrir los riegos procesales previstos en los arts. 234.1, 2, 3, 4 y 6 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), luego de diferentes audiencias de medidas cautelares, recursos de apelación y acciones de libertad, ante el cumplimiento de dicho plazo, solicitó cesación en virtud del art. 239.2 del citado Código, emitiéndose el Auto Interlocutorio 584/2022 de 2 de agosto, por el que se rechazó la misma, mereciendo recurso de apelación incidental que fue resuelto por el Auto de Vista de 12 de agosto de ese año, que revocó el fallo recurrido y ordenó la emisión de uno nuevo, que al ser motivo de una primera acción de libertad que concedió tutela, se pronunció el Auto de Vista 612/2022 de 18 de agosto, que ordenó revocar en parte el ciado Auto Interlocutorio, disponiendo se instale audiencia de consideración de su situación jurídica.

Dicha disposición, ameritó una nueva acción de libertad, a ser resuelta por Resolución 16/2022 de 11 de octubre, que ordenó dejar sin efecto el Auto de Vista 612/2022 y emitir uno nuevo, dando lugar a emisión del Auto de Vista 910/2022 de 23 de diciembre, dictaminado por la Vocal ahora demandada, ordenando revocar el Auto Interlocutorio 584/2022 y se pronuncie uno nuevo, dictándose en su lugar el Auto Interlocutorio 33/2023 de 24 de enero, que finalmente rechazó su solicitud de cesación de la medida de ultima ratio y, bajo el entendido que existía una solicitud de ampliación del plazo de la misma, dio curso a la ampliación por el lapso de tres meses impetrada por el Ministerio Público, que debió computarse desde el 2 de agosto de 2022, término que concluyó el 2 de noviembre de ese año, encontrándose “a la fecha” vencido. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, emitiendo la autoridad accionada el Auto de Vista 168/2023 de 24 de enero, a través del cual ratificó el fallo recurrido, omitiendo pronunciarse sobre los siguientes puntos: a) No se refirió al término de la detención preventiva, ampliada a tres meses, cuando este ya fue superado superabundantemente, más aun si la solicitud de ampliación de plazo fue presentada de forma extemporánea, operando el art. 239.2 del CPP, conforme lo razonado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0491/2021-S4 y 0185/2019-S3; y, b) No guarda coherencia con los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales, existiendo una resistencia a no pronunciarse en el fondo de la apelación, afectando su defensa y celeridad en las actuaciones vinculadas a su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, y del principio de celeridad, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista 168/2023 y se emita “en el día” uno nuevo, en consideración a que se encuentra detenido desde el 2 de agosto de “2023” operando su cesación por transcurso del tiempo, en el marco de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2019-S3 y 0491/2021-S4; y, 2) Ordene su libertad y, el nuevo fallo a dictarse considere las medidas del art. 231 BIS del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 88 a 94, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogados, amplió el contenido de la acción de libertad, expresando que: i) Mediante el Auto Interlocutorio 33/2023 -emitido como efecto de la disposición del Auto de Vista 910 y este emergente de una primera acción de liberad que concedió tutela-, se rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva, y complementó en perjuicio aceptando la ampliación del plazo impetrando por el Ministerio Público, término que debía computarse desde el 2 de agosto de 2022 y concluirse el 2 de noviembre de ese año, que en alzada la autoridad demandada mediante el Auto de Vista 168/2023, determinó ratificar el rechazo de su cesación solicitada, omitiendo referirse al trascurso de los seis meses más los tres meses de ampliación que ya fueron cumplidos en virtud del art. 239.2 del CPP, y por tratarse de una audiencia de control de su situación jurídica, debió aplicarse el art. 250 del CPP, revocado las medidas cautelares de oficio, cuyas Salas penales hacen de tribunal cautelar por extensión, sin que tenga que volver al Juez cautelar cuando esté vinculado con la libertad; ii) La SCP 0565/2021-S1 de 5 de octubre, sostiene la activación de la acción de libertad reparadora ante la evidencia de que las autoridades jurisdiccionales no cumplieran su deber de dar curso a las peticiones inmediatas y disponer la libertad inmediata de los privados de libertad, siendo evidente la falta de motivación e insuficiente fundamentación vinculados con el derecho a la libertad; y, iii) No existe explicación para ratificar por parte de la Vocal demandada la ampliación del término de la detención preventiva, encontrándose un año y dos meses privado de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 83 a 87 vta., manifestó que: a) De la revisión de los sistemas JL de la Fiscalía y Hermes sobre el estado del proceso penal que se sigue al accionante, se tiene que en julio de 2022, el Fiscal del caso habría presentado solicitud de ampliación de la detención preventiva contra el accionante, y si bien no se pudo encontrar dicha documental, se puedo evidenciar otro memorial del 2 de agosto de ese año, que hubiera interoperado ese elemento, asimismo, en virtud de la SCP 0733/2021, debe enervarse también los demás riesgos procesales que aun concurren, en el caso el art. 239.1 del CPP; y, b) No resulta evidente la denuncia de ausencia de los componentes del debido proceso en la determinación que emitió, al haberse considerado la petición de ampliación del plazo por ser complejo y por qué existían actos investigativos pendientes como el registro del lugar de los hechos en los inmuebles allanados y la pericia forense -entre otros-, la cual contiene la debida motivación en el marco de lo previsto en el art. 398 del CPP, considerando los agravios que invocó el accionante, en cumplimiento de los arts. 124 y 173 del CPP. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 041/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 95 a 102, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto de Vista 168/2023 realizó un relato extenso, teniendo en cuenta los agravios expuestos por el accionante conforme el art. 398 del CPP, la respuesta del representante del Ministerio Público del Comando General de la Policía Boliviana y el Viceministerio de Transparencia Institucional, expresando en el Punto IV los fundamentos de hecho, derecho y contenido jurisprudencial que hacen a la determinación asumida, justificando la disposición de confirmar el Auto Interlocutorio 33/2023, incluso atendiendo la solicitud de explicación, complementación y enmienda, que en virtud del art. 125 del CPP, tiene por objeto aclarar expresiones oscuras, suplir algunas omisiones o corregir cualquier error material o de hecho contenidas en las actuaciones y resoluciones, siempre que no importe una modificación esencial de las mismas, sin que se observe que el mismo incurra en incongruencia omisiva; y, 2) Las medidas cautelares tienen un carácter provisional que pueden ser modificadas o revocadas conforme el art. 250 del CPP, conforme el proceso penal y la normativa que rige a los efectos de su tramitación y sustanciación, no pudiendo activarse la acción de libertad de manera directa, cuando existan mecanismos procesales intraprocesales a ser utilizados por los justiciables a efectos de la restitución de sus derechos. Vía complementación y enmienda, la defesa técnica del accionante, solicitó: i) Aclarar respecto de la incongruencia omisiva externa, debido a que no fue respondido en la solitud de complementación pedida al Juez cautelar, quien no se pronunció sobre la cesación y aplicación de otras medidas; y, ii) Lo resuelto no se enmarca en la SCP 0491/2021-S4, pese que en su memorial de acción de libertad fueron desarrollados de manera detallada los motivos respecto del tiempo transcurrido de la detención preventiva en el marco del art. 239.2 del CPP, siendo necesario un pronunciamiento sobre la motivación arbitraria de la autoridad demandada en relación a la aplicación de la detención preventiva. Efectuada la compulsa, se emitió el Auto de la misma fecha, disponiendo no ha lugar a dicha solicitud, señalando: a) Respecto del primer punto, solo tuvo acceso al Auto de Vista 168/2023, cuyos antecedentes hacen referencia a todos los puntos descritos en la acción de libertad, en el marco del principio de congruencia; y, b) Sobre el segundo motivo, la sola mención de un fallo constitucional, no puede ser entendido como jurisprudencia aplicable a todos los casos, debiendo establecerse por el accionante cómo es que esa problemática puede ser bajo similitud aplicable al caso concreto.

I.3 Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Por Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el Auto Interlocutorio 033/2023 de 24 de enero, rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y “…ACEPTA LA AMPLIACIÓN DE DETENCION PREVENTIVA solicitada por el Ministerio Público disponiéndose ampliar la misma por el tiempo de 3 meses a partir de presente resolución, o sea 02 de agosto de 2022…” (sic [fs. 36 a 40]). II.2. Cursa Auto de Vista 168/2023 de 8 de marzo, emitido por Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, emergente del recurso de apelación incidental formulado por el accionante, cuya parte resolutiva declara “…IMPROCEDENTE Los agravios expuestos por el abogado de la defensa los cuales han sido desarrollados de manera coherente y fundamentados cada uno de ellos con fojas y mención incluso de lectura de cada de los datos que ha mencionado de la defensa como consecuencia se CONFIRMA la Resolución N° 33/2023…” (sic [fs. 41 a 54).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, del principio de celeridad, arguyendo que la demandada -en conocimiento del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 33/2023 de 24 de enero, que rechazó la cesación a su detención preventiva-, por Auto de Vista 168/2023 de 8 de marzo, confirmó el fallo recurrido, omitiendo referirse al término de seis meses cumplido de la detención preventiva y, cuya solicitud de ampliación de tres meses por el Ministerio Público, fue presentada de forma extemporánea, ameritado aplicar el art. 239.2 del CPP, en virtud de una revisión de oficio prevista en el art. 250 del CPP, resolviéndose contrariamente a lo razonado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0491/2021-S4 y la SCP 0185/2019-S3, evitando un pronunciamiento en el fondo del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; 2) Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

Sobre este tópico, la SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, reiterando lo sentado por la SCP 0450/2012 de 29 de junio, estableció que: «...“La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, señala que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”. En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Principio de congruencia. Jurisprudencia reiterada

Respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, entendió que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (el resaltado nos pertenece). Asimismo, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió al principio de congruencia como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas fueron adicionadas).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; así como, del principio de celeridad, arguyendo que la demandada -en conocimiento del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 33/2023 de 24 de enero, que rechazó la cesación a su detención preventiva-, por Auto de Vista 168/2023 de 8 de marzo, confirmó el fallo recurrido, omitiendo referirse al término de seis meses cumplido de la detención preventiva y, cuya solicitud de ampliación de tres meses por el Ministerio Público, fue presentada de forma extemporánea, ameritado aplicar el art. 239.2 del CPP, en virtud de una revisión de oficio prevista en el art. 250 del CPP, resolviéndose contrariamente a lo razonado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0491/2021-S4 y la SCP 0185/2019-S3, evitando un pronunciamiento en el fondo del recurso de apelación. De los datos y antecedentes del proceso penal instaurado al ahora accionante, remitidos a consideración en sede constitucional, se tiene Auto Interlocutorio 033/2023 de 24 de enero, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela y, aceptó la ampliación solicitada por el Ministerio Público por tres meses (Conclusión II.1), que al haberse formulado recurso de apelación incidental, fue resuelto mediante Auto de Vista 168/2023 de 8 de marzo, por la Vocal accionada, declarando “…IMPROCEDENTE Los agravios expuestos…” (sic) y, confirmó la resolución recurrida (Conclusión II.2). Antes de ingresar al análisis del caso de autos, cabe aclarar que, tratándose de medidas cautelares -donde existe restricción del derecho a la libertad física del procesado-, los aspectos sobre su trámite; así como, la fundamentación en el fondo -siempre que fuese agotado el recurso en la jurisdicción ordinaria, de acuerdo a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-, pueden ser analizados vía acción de libertad; en razón a que, por su carácter temporal y finalidad instrumental al proceso, definen si el procesado va defenderse en libertad o detención -medida extrema excepcional-; en cuyo marco, en el presente caso, habiéndose recurrido vía recurso de apelación incidental por el accionante la decisión del Juez a quo, el análisis se limitará al contenido de la última determinación pronunciada por la autoridad de alzada -demandada-, en virtud a que esta tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones asumidas por el Juez de instancia, tal cual razonó la SCP 0431/2015-S1 de 4 de mayo, al inferir que: “…las ilegalidades denunciadas oportunamente pueden ser revisadas y corregidas en el mismo proceso y sólo cuando éstas se hayan mantenido pese a las diferentes observaciones, habiendo agotado así todos los medios de impugnación, recién se abre la vía constitucional, siendo por ello la competencia de este Tribunal el analizar la última resolución emitida dentro del proceso…” (las negrillas son nuestras). Efectuada dicha precisión y, considerando que en el caso de autos se trata del cuestionamiento a una determinación de alzada a la cual se acusa de omitir una explicación en la medida de los puntos reclamados en el recurso de apelación incidental; de una revisión meticulosa a dichos alegatos, se advierte como único agravio en relación al fondo del Auto de Vista 168/2022 -extraído de su parte considerativa del mismo-la inobservancia del plazo de la detención preventiva de seis meses, que se hallaría cumplido y la admisión de la ampliación efectuada por un memorial presuntamente extemporáneo, el cual habría sido formalizado por el Fiscal de Materia recién en audiencia, inobservandose la directa aplicación del art. 239.2 del CPP y los razonamiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0491/2021-S4 y 0584/2022 y 168/2021-S2. Al respecto, la Vocal demandada, en respuesta a dicho punto, efectuando una recopilación extensa de los antecedentes del proceso penal y, apoyada en el razonamiento del Juez de la causa expresó que: “…el fiscal le ha manifestado que son dos memoriales que se ha interoperado el de julio y el de agosto, pero como no se puede visualizar el de Julio solamente se considera el de agosto, porque sí ya tenía certeza el operador de Justicia que habría sido presentado para la audiencia de cesación a la detención preventiva, en ese sentido se tiene de que al haber cumplido y al haberse interoperado por el representante del Ministerio Público entiende esta Autoridad: respecto que se habría interroperado el representante del Ministerio Público entiende esta Autoridad respecto al artículo 239 núm. 2) que no se habría cumplido con la segunda parte de este artículo, pero al margen de ello también evidente el día de hoy se ha escuchado que la parte imputada que existe una Sentencia Constitucional 733/2021, que habría establecido igual requisitos para la aplicación del art 229 num. 2) el cumplimiento de primera instancia, únicamente respecto a demostrar el plazo que habría sobrepasado vencido respecto al ahora imputado, pero tambien se pudo establecer que uno de los requisitos también necesariamente deben ser cumplidos por la parte imputada, es decir enervar los riesgos procesales en relación al 239 núm. 1) que no ha sido motivo de la apelación en día de hoy por el abogado de la defensa, retrotrayéndose manifiesta el Juez de la casusa, el fiscal realiza su fundamento haciendo referencia que el caso es complejo ya que se esta investigando el delito de legitimación de ganancias artículo 185 refiere que es un delitos conexo a delitos de corrupción, respecto al artículo 233 del procedimiento, entendiéndose que el caso es complejo de la investigación por esta razón estaría ampliando la Detención Preventiva o solicitando la ampliación para el señor Dávila por tres meses más, pero retrotrae el fundamento anterior que el señor fiscal de manera oral si bien es cierto a la Norma le permite respecto a que las partes puedan ampliar fundamento oral, ya que el señor fiscal habría presentado un Memorial de manera fundada el día de hoy y entiende que la Autoridad cual se ha referido el señor fiscal es un caso complejo respecto al tipo penal y a las personas que vienen siendo investigadas, además de que existe y refiere actos investigativos pendientes como ser, y menciona el registro del lugar de los hechos, lo inmuebles allanados, pericia forenses, respecto al manejo patrimonial de los investigados y requerimientos…” (sic). Ahora bien, siguiente la hermenéutica de análisis al último fallo de alzada, al cual se acusa de no observar los elementos de fundamentación y motivación, cabe recapitular lo sentado por la jurisprudencia constitucional glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación a la obligación de toda autoridad jurisdiccional de pronunciar sus determinaciones -incluso aquellas que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar- con sustento y criterios jurídicos que permitan conocer de manera clara los motivos que la sostengan, satisfaciendo todos los puntos objeto de reclamo, exigencia que, si bien no requiere de una ampulosa exposición de consideraciones y citas normativas ni sujetarse a una mera relación de las piezas procesales o mención de los requerimientos de las partes, debe estar provista de una estructura y contenido de forma y de fondo en la que se expresen las razones determinativas que justifiquen la decisión asumida.

Bajo ese marco y alcance jurisprudencial, se infiere de la compulsa desplegada entre lo argüido por el recurrente y la determinación de alzada emitida por la autoridad demandada, que esta contiene desde su parte considerativa una descripción de los antecedentes del proceso penal, la síntesis de la resolución impugnada y del recurso de apelación incidental y la respuesta al mismo, para luego concluir en el análisis respecto del término de los seis meses dispuesto para la detención preventiva, apoyada en la determinación del Juez de instancia que rechazó la cesación a dicha medida cautelar a partir de la revisión del sistema JL de la fiscalía y el sistema Hermes -de notificaciones electrónicas- de los cuales se evidenció que el fiscal de Materia a cargo de la causa, hubiera presentado un primer memorial solicitando la ampliación de detención preventiva en su contra en julio de 2022, el cual, si bien no cursa en el expediente, se llegó a constatar otro escrito de agosto de ese mismo año, al cual fue interoperado el primero; cuya constancia, le llevó a inferir a la Vocal demandada que en el caso, no operó tal cumplimento del art. 239.2 del CPP, en virtud de que se admitió la solicitud de ampliación de plazo presentada por parte de la autoridad fiscal fundado en la complejidad del caso por constituir un delito conexo y justificar la medida impuesta en la necesidad de concluir otros elementos probatorios pendientes, constituyendo dicho análisis valorativo una explicación con pertinencia a la determinación de ratificar el rechazo a la cesación solicitada y en el marco de la alegación por parte del impetrante de tutela. De modo que, al considerarse como admitido el memorial de ampliación del plazo de la detención preventiva, la autoridad de alzada dedujo consecuentemente en el incumplimiento del 239.1 del CPP, cuya segunda parte exige demostrar que no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva que cumplía el accionante u otras razones que tornen conveniente que se sustituya la misma, concluyendo que persistía la disposición de última ratio; además, el fallo objeto de análisis, explica la falta de analogía con la causa penal que se tramita de las SCP 0491/2021-S4 y la SCP 0185/2019-S3 -invocados por el accionante-, desvirtuando cualquier tipo de vinculatoriedad o similitud. Por lo expuesto, no se advierte lesión alguna de los elementos de fundamentación y motivación en el marco del razonamiento de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, efectuándose más al contrario un análisis suficiente a objeto de justificar la determinación asumida, circunscribiéndose la autoridad demandada a la previsión procesal del art. 398 del CPP; es decir, resolver su recurso de apelación incidental en la medida de lo cuestionado por el recurrente, asumiendo una decisión acorde al orden constitucional con una clara y detallada parte considerativa y explicación coherente de la procedencia y admisión de la solicitud de ampliación de plazo para la detención preventiva, en resguardo de que esta medida cumpla su finalidad, sin que se advierta la trasgresión del derecho a la libertad alegado; debido a que, su cumplimiento deviene de la disposición de un Juez cautelar ratificado en alzada, ameritando consiguientemente la denegatoria de la tutela impetrada en relación a dichos aspectos. Respecto de la presunta incongruencia externa del fallo analizado, el accionante asevera que se hubiera omitido responder a los agravios expuestos y que no se guarda conexión con los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales. Sobre dicho componente del debido proceso, la jurisprudencia constitucional estableció que toda autoridad jurisdiccional o administrativa, al emitir su decisión debe responder de manera pertinente a todos los aspectos peticionados insertos en la reclamación -demanda o recurso-, lo que quiere decir es que se debe advertir en una determinación decisión la correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes, conforme fue ilustrado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. Dicho razonamiento, fue respetado en el caso de autos por la autoridad accionada, quinen efectuó la compulsa respectiva y pertinente de lo alegado por el impetrante de tutela con la determinación asumida, tal cual fue expuesto en el ejercicio ilustrativo ut supra, encontrándose cotejada la pretensión del accionante en el análisis de fundamentación y motivación, deviniendo en consecuencia en la denegatoria de tutela al respecto. Sobre el derecho a la defensa, la valoración razonable de la prueba y el principio de celeridad, el impetrante de tutela se limita a su simple enunciación, sin advertirse del contenido de la acción de libertad cómo estos hubieran sido lesionados a objeto de su consideración por este Tribunal; por lo que, ante dicha omisión, no amerita pronunciamiento alguno. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 041/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 95 a 102, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0345_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): eebaa9884bdae7448fa138e45587c01b4c8a76c8c0b35524b9de1a3a488ae254

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