Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de mayo de 2025
Concede la tutela
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, puesto que, a través del Auto de Vista 323/2022, de 3 de agosto, se dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal alternativas a su detención preventiva; y pese haber cumplido con las observaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, respecto a los garantes personales, no se dio curso a la emisión del mandamiento de libertad correspondiente, habiendo transcurrido más de siete días desde la subsanación de lo observado.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, debiendo disponerse el mandamiento de libertad como emergencia del cumplimiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas a la accionante, salvo que por el transcurso del tiempo dicha actuación ya hubiera sido dispuesta. 2° Exhortar a las autoridades demandadas, tramitar en futuros casos con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones, remisiones, informes y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0345/2025-S3 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51994-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Cernadas Meneces en representación sin mandato de Estefani Ramos Sandarey contra Pabla Paola Sandoval Pizarro, Aníbal Ugarteche Barrancos y Guido Castellón Carrillo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, cursante de fs. 15 a 19 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de infanticidio, solicitó la cesación a su detención preventiva al estar privada de libertad por más de dos años en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; a raíz de ello se emitió el Auto Interlocutorio 105/2022 de 3 de junio, por el cual se rechazó su solicitud de cesación a su detención preventiva. Contra dicha Resolución interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante Auto de Vista 323/2022 de 3 de agosto, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que dejó sin efecto el Auto Interlocutorio impugnado, aplicándole medidas cautelares de carácter personal sustitutivas a la detención preventiva. Mediante memorial de 19 de igual mes y año, presentó documentación de respaldo por el cual dio cumplimiento a las medidas cautelares que le fueron impuestas; habiendo observado las autoridades demandadas lo relacionado con sus garantes personales, observación que fue subsanada; mediante decreto de 30 de agosto de 2022, sin embargo, los demandados omitieron pronunciarse sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, manteniéndole de esa manera en una injusta detención preventiva, cuando ya enervó los riesgos procesales de peligro de fuga y peligro de obstaculización.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga, que en el plazo de veinticuatro horas, a partir de su legal notificación, las autoridades demandadas cumplan con lo dispuesto en el Auto de Vista 323/2022 de 3 de agosto, librando el mandamiento de libertad a su favor, al haberse cumplido con todas las medidas cautelares que le fueron impuestas.
Celebrada la audiencia pública el 8 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta. se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su representante, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad; y ampliándola señaló que: a) Dentro de las medidas cautelares de carácter personal que se le impuso, tenía como requisito la presentación de dos garantes solventes que acrediten tener un domicilio conocido, una familia constituida y un trabajo o negocio establecido, existiendo un exceso conforme a lo establecido por el art. 243 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la jurisprudencia constitucional que solo exigen acreditar domicilio y trabajo de los garantes, y pese a ello cumplió con lo determinado, conforme se acredita del memorial de 19 de agosto de 2022; aun así volvió a presentar otro memorial el 30 de igual mes y año; empero, no tuvo respuesta; b) A través del informe emitido por la autoridad demandada recién tuvo conocimiento de que los garantes podían pasar a firmar el acta de asentimiento; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad no se le notificó con dicha determinación; y, c) No se cumplieron los plazos procesales puesto que transcurrieron más de dos meses para que se remita la apelación.
Anibal Ugarteche Barrancos y Guido Castellón Carrillo, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito cursante a fs. 26 y vta., señalaron que: 1) El proceso penal cuenta con la presentación de dos garantes, habiendo providenciado que con carácter previo se presenten a firmar el acta de asentimiento como garantes, como así también la presentación del certificado de arraigo de la impetrante de tutela; 2) Dentro de las veinticuatro horas hábiles, se determinó que con carácter previo la accionante complemente la documentación, y; 3) La accionante no agotó los mecanismos intraprocesales, motivo por el cual corresponde denegar la acción de libertad por no acudir con carácter previo a la vía ordinaria. Pabla Paola Sandoval Pizarro, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del informe escrito cursante a fs. 28, señaló que: i) De las actuaciones que cursan en el cuaderno procesal, se tiene que el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, Anibal Ugarteche Barrancos mediante sorteo fue designado Presidente dentro del proceso penal en cuestión, por lo que, de conformidad a lo previsto en el art. 52 del CPP, esa autoridad es quien debía providenciar memoriales ingresados por las partes procesales, a excepción de las resoluciones, autos y sentencias; por lo que, carece de legitimación pasiva; y, ii) Conforme lo dispuesto por el art. 401 del CPP las providencias dictadas por un Juez, pueden ser impugnadas a través del recurso de reposición, y no directamente activar la acción de libertad.
La Jueza de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Jueza de garantías mediante Resolución 20/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada Aníbal Ugarte Barrancos emitió el decreto de 1 de diciembre de 2022, en su calidad de Presidente del Tribunal de Sentencia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo que de manera previa a librarse el mandamiento de libertad debían constituirse los garantes ante ese tribunal para que se elabore el acta de asentimiento; y, b) En consecuencia, existiendo pronunciamiento por parte de la autoridad demandada respecto a lo solicitado por el impetrante de tutela, en su calidad de Jueza de garantías, no puede ingresar a definir aspectos de fondo que tienen que ser resueltos únicamente por la autoridad demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de infanticidio, mediante Auto Interlocutorio 105/2022 de 3 de junio, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela; contra dicha resolución interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista 323/2022 de 3 de agosto, disponiéndose la aplicación de medidas cautelares personales para la impetrante de tutela (fs. 4 a 7 vta.). II.2. Por memorial de 22 de agosto, la impetrante de tutela solicitó señalamiento de día y hora para la constitución de garantías personales (fs. 8). Solicitud resuelta por Anibal Ugarteche Barrancos -codemandado-ordenando que con carácter previo se dé cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de alzada, ello con relación a la acreditación del domicilio, trabajo y familia respecto a los garantes ofrecidos (fs. 9). II.3. La accionante, presentó el 31 de agosto de 2022, memorial de subsanación a las observaciones realizadas por la autoridad demandada y, solicitó la emisión de mandamiento de libertad (fs. 10 a 11 vta.). II.4. Conforme el acta de audiencia de la acción tutelar, la Jueza de garantías, quien tuvo acceso a los actuados del proceso penal, verificó que Aníbal Ugarteche Barrancos, autoridad codemandada, mediante decreto de 1 de septiembre de 2022, resolvió lo solicitado por el impetrante de tutela; sin embargo, constató la ausencia de notificación con dicha determinación al impetrante de tutela (fs. 30 a 31 vta.). II.5. Mediante memorial de 06 de septiembre de 2022, la impetrante de tutela solicitó ante el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz se extienda el mandamiento de libertad por cumplimiento de todas las medidas cautelares personales que le fueron impuestas, sin que exista constancia de pronunciamiento por la autoridad demandada respecto a dicha solicitud (fs. 12).
La accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, puesto que, a través del Auto de Vista 323/2022, de 3 de agosto, se dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal alternativas a su detención preventiva; y pese haber cumplido con las observaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, respecto a los garantes personales, no se dio curso a la emisión del mandamiento de libertad correspondiente, habiendo transcurrido más de siete días desde la subsanación de lo observado.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional1. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) II. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus 1El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que. establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.
La impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, puesto que, a través del Auto de Vista 323/2022 de 3 de agosto, se dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal para su persona y que pese a haber cumplido con las observaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz respecto a los garantes personales, no se dio curso a la emisión del mandamiento de libertad correspondiente hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, habiendo transcurrido más de siete días desde la subsanación de lo observado. Con carácter previo corresponde referirse al argumento invocado por la Jueza demandada, en sentido de que la impetrante de tutela debió haber interpuesto recurso de reposición, razón por la cual operaría la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad. Al respecto corresponde precisar que, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa, sin ser exigible en forma previa la interposición del recurso de reposición a objeto de cumplir la subsidiariedad excepcional que rige a esta acción de tutela. Así ha quedado expresado en la SCP 0543/2020-S2 de 13 de octubre, que determinó lo siguiente: “(…) la acción de libertad puede ser presentada de manera directa, sin ser exigible en forma previa la interposición del recurso de reposición a objeto de cumplir la subsidiariedad excepcional que rige a esta acción de tutela. (…) el recurso señalado, no puede ser considerado como un medio idóneo que ineludiblemente deba ser formulado a fin de la activación del control constitucional, mediante la acción de libertad. Consecuentemente, no existe ningún obstáculo de orden procesal para ingresar al análisis de fondo de la presente causa.
En ese orden, conforme a los antecedentes, se tiene que, a través de la emisión del Auto de Vista 323/2022 de 3 de agosto, emitido por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal para la impetrante de tutela (Conclusión II.1); a raíz de ello, la accionante, solicitó señalamiento de día y hora para la constitución de sus garantes personales, solicitud resuelta por Aníbal Ugarteche Barrancos -Juez codemandado- quien dispuso que de manera previa se dé cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de alzada respecto a la acreditación de domicilio, trabajo y familia de los garantes (Conclusión II.2). La impetrante de tutela, el 31 de agosto de 2022, presentó ante el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, un memorial subsanando las observaciones que se le realizó, y de esa manera poder optar por las medidas sustitutivas impuestas (Conclusión II.3); empero, no mereció respuesta; lo que motivó a que el 6 de septiembre del mismo año, reitere su solicitud para que se le extienda el mandamiento de libertad al haber cumplido con todas las medidas cautelares personales que se le impuso (Conclusión II.4); en ese sentido se concluye que desde la presentación del memorial de subsanación para la acreditación de sus garantes personales, es decir, desde el 31 de agosto de 2022, hasta el 7 de septiembre de 2022, fecha de la interposición de la presente acción tutelar, las autoridades demandadas no se pronunciaron sobre el memorial de subsanación y solicitud de emisión de mandamiento de libertad presentada por la accionante, y si bien de acuerdo a lo informado por los codemandados, y la constatación que realizó el Juez de garantías, se emitió el decreto de 1 de septiembre de 2022, dicha providencia no fue puesta en conocimiento de la accionante. Por lo manifestado, se concluye que de conformidad con lo establecido en el precedente constitucional contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente sentencia, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
En el caso que se analiza, se advierte que existió una dilación y demora considerable en la consideración de la solicitud de la impetrante de tutela, máxime si ésta estaba destinada a que librara el mandamiento de libertad por haber cumplido con todas las medidas cautelares que le fueron impuestas, ya que hasta la presentación de la acción tutelar no existe constancia alguna de que la impetrante de tutela tenga respuesta a los memoriales que presentó o que haya sido notificada con alguna Resolución. En dicho contexto, si bien es evidente que al momento de celebrar la audiencia de consideración de esa acción de libertad, los Jueces Técnicos Anibal Ugarteche Barrancos y Guido Castellón Carrillo alegaron que ya se emitió el decreto respectivo para que se pueda firmar el acta de asentimiento de los garantes presentados por la accionante, ello no enerva la dilación incurrida y la obligación de tramitar con celeridad y prioridad, cualquier proceso judicial que tenga relación o esté vinculado a la libertad de las personas que se encuentran privadas de libertad, como se pudo advertir en el caso presente. De otro lado, con relación a la falta de legitimación pasiva, que fue alegada por la Jueza Técnica Pabla Paola Sandoval Pizarro, debe aclararse que si bien es evidente que la dilación generada en el presente caso obedece inicialmente al Juez técnico codemandado, por ser el Presidente del Tribunal de Sentencia, a quien le corresponden, entre otras actuaciones, la emisión de providencias y decretos de tramitación de las distintas causas, según la asignación interna de atribuciones realizada por dicho Tribunal de Sentencia; sin embargo, ello no permite eximir de responsabilidad a los codemandados, por cuanto conforman un tribunal colegiado, compuesto por tres jueces técnicos, cuyas labores se desempeñan en el marco de la corresponsabilidad en la dirección del proceso, así como en el pronunciamiento de las resoluciones. En el caso, la problemática decanta en la dilación de la emisión de mandamiento de libertad, pese de haberse cumplido con las medidas cautelares que le fueron impuestas a la accionante, mandamiento de libertad que debió ser emitido por el Tribunal de Sentencia con la máxima celeridad; en consecuencia, existe una corresponsabilidad en la dilación identificada, que amerita la protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2022 de 8 de septiembre, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional, debiendo disponerse el mandamiento de libertad como emergencia del cumplimiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas a la accionante, salvo que por el transcurso del tiempo dicha actuación ya hubiera sido dispuesta. 2° Exhortar a las autoridades demandadas, tramitar en futuros casos con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones, remisiones, informes y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0345_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1c072a0c9c8974f00387ca232f86998136dad1ce05c685fdd8bd58fbfa5b7716
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