Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, legalidad y seguridad jurídica, y a la tutela judicial efectiva; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Escarlent Isabel Rojas Flores en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, habiendo solicitado la revocatoria de la rebeldía dispuesta por Auto Interlocutorio de 7 de noviembre de 2018, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, rechazó su pedido; fallo que carece de motivación; debido a que, no efectuó un análisis integral de los elementos probatorios presentados, limitándose a señalar que los mismos no resultaban antecedentes nuevos que motiven una valoración diferente, siendo su responsabilidad fundamentar de manera clara por qué dichos documentos no podían ser considerados suficientes, negando la posibilidad de enervar el riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP, rechazando su solicitud a través de un procedimiento que no correspondía, con fundamentos insuficientes e ilegales; puesto que, debió circunscribirse al análisis y aplicación de lo previsto en el último párrafo del art. 91 del citado Código. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 198 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática en estudio.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0345/2024-S2 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50848-2022-102-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 075/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 198 a 204, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristian Miguel López Villanueva contra José Luis Cáceres Orozco, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 2 y 8 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 88 a 98 y 108, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, emitió Sentencia condenatoria, impugnada a través del recurso de apelación restringida, que se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de alzada. Durante el desarrollo del indicado proceso, el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del citado departamento, mediante Auto Interlocutorio de 7 de noviembre de 2018, le declaró rebelde, y pese a que oportunamente se apersonó y purgó las costas de la rebeldía, la citada autoridad judicial por Auto Interlocutorio de 15 de enero de 2019, dejó sin efecto únicamente las medidas dispuestas a consecuencia de dicha decisión, más no revocó la declaratoria de rebeldía, al no haberse justificado debidamente su incomparecencia.
Por tal motivo, en varias oportunidades solicitó la revocatoria de esa medida, sin obtener un resultado positivo; así, por memorial de 3 de enero de 2022, reiteró su pedido ante el Juez demandado, acompañando prueba idónea y pertinente; sin embargo, el prenombrado a través del Auto Interlocutorio de 6 de igual mes y año, rechazó nuevamente su petitorio, sin efectuar una valoración integral de los elementos aportados para considerar la revocatoria de la rebeldía, remitiéndose a los antecedentes del Auto Interlocutorio de 4 de octubre de 2021, que ya habría establecido la inexistencia de elementos probatorios adecuados; hecho que debió ser considerado y verificado, y circunscribirse al análisis y aplicación de la previsión legal contenida en el último párrafo del art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En consecuencia, el fallo cuestionado carece de motivación que deviene del hecho de no haber valorado toda la prueba presentada, limitándose a señalar que la misma no resultaba antecedentes nuevos que motiven una valoración diferente, siendo su responsabilidad fundamentar de manera clara por qué dichos documentos no podían ser considerados suficientes, entre ellos, la baja médica para establecer un impedimento físico grave y fundar la aludida revocatoria, negando así toda posibilidad de poder enervar el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, habiendo rechazado su solicitud de revocatoria de rebeldía a través de un procedimiento que no correspondía, y con fundamentos insuficientes e ilegales. Asimismo, el citado Auto Interlocutorio en la parte in fine, señaló que dicho fallo era impugnable mediante el recurso de apelación incidental, sin considerar que una resolución vinculada al instituto de la rebeldía no era recurrible, al no encontrarse dentro del catálogo de las resoluciones apelables, previsto en el art. 403 del Código Adjetivo Penal; no obstante de ello, a fin de agotar todas las instancias ordinarias, el 11 de marzo de 2022, interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través del Auto de Vista de 28 del indicado mes y año, declarando inadmisible la impugnación planteada como era previsible; en tal sentido, se halla ilegal e indebidamente privado de libertad, al no poder desvirtuar el referido riesgo procesal; por tal razón, acudió ante la justicia constitucional a través de este mecanismo de defensa.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, legalidad y seguridad jurídica, y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 6 de “marzo” -siendo lo correcto enero- de 2022, ordenando que el Juez demandado emita uno nuevo “…remitiéndose estrictamente al principio de legalidad con aplicación de la última parte del Art. 91 del Código de Procedimiento Penal y con valoración de los elementos aportados…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 194 a 197 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los argumentos expresados en la demanda tutelar.
José Luís Cáceres Orozco, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, presentó informe escrito el 16 de septiembre de 2022, cursante de fs. 168 a 172 vta., manifestando que: a) El Auto Interlocutorio de 6 de enero de igual año, no es ilegal y/o lesivo a derechos y garantías constitucionales, siendo el mismo congruente con relación a los presuntos agravios alegados, conteniendo una debida fundamentación y adecuada motivación de los antecedentes, al haberse pronunciado en sujeción a las normas procesales y jurisprudencia en vigencia; es decir, no se vulneraron los derechos y principios invocados por el accionante; b) El prenombrado no señaló de qué forma los extremos que alega se resolvieron de distinta manera, limitándose a efectuar una relación de actos procesales, pretendiendo que la justicia constitucional sea una nueva instancia de revisión respecto a los supuestos nuevos elementos de prueba objetiva, encaminada a desvirtuar riesgos procesales, que fueron fundadamente compulsados en la vía ordinaria y resueltos por el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del indicado departamento, en el Auto Interlocutorio de 15 de enero de 2019; c) No existe objetivamente prueba suficiente para analizar la posibilidad de revocar la rebeldía declarada al peticionante de tutela; asimismo, debe considerarse que si bien la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el Auto de Vista de 29 de junio de 2021, determinó que: “‘…únicamente es plausible con una resolución de revocatoria de rebeldía, la misma que no puede ser probada en el tracto del proceso de una audiencia de cesación…’” (sic), no significa que automáticamente dicha Sala declare la revocatoria de rebeldía, sino que debe probarse con medios idóneos y no repetidos, la probabilidad de ingresar a un análisis ecuánime que tenga relación con el art. 91 del CPP; d) “…Entonces, no siendo el Auto mencionado insuficientemente motivado, arbitrario, incongruente, absurdo, ilógico o erróneo, no puede la jurisdicción constitucional suplir a la jurisdicción ordinaria en la interpretación de la legalidad ordinaria…” (sic), y que dio lugar al rechazo de la solicitud de revocatoria de rebeldía, al no haber adjuntado evidencia clara para su consideración; y, e) Si el impetrante de tutela consideraba la transgresión de algún derecho constitucional, por qué no activó esta acción tutelar contra el Auto Interlocutorio de 4 de octubre de 2021, contrariamente, lo hizo respecto al Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, el cual tiene su fundamento estructurado sobre la base de una labor interpretativa plasmada en la jurisprudencia constitucional, cumpliendo con los cánones de razonabilidad y legalidad en su emisión, advirtiéndose que el nombrado no fundamentó apropiadamente la acción de defensa planteada; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
Emilio Paredes Claros, a través de su abogado, en audiencia de garantías señaló que, el Auto Interlocutorio cuestionado cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa procesal penal, pronunciado con la debida fundamentación, con base en la prueba existente en el proceso; a tal efecto, no se evidenció lesión alguna de un derecho o garantía constitucional; solicitando por ello, se deniegue la tutela impetrada. Escarlent Isabel Rojas Flores, no asistió a la audiencia de garantías, tampoco presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 115.
Sonia Surco Villca, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en audiencia de garantías puntualizó que, el Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, de ninguna manera transgrede derechos y garantías constitucionales, conforme argumentó el solicitante de tutela; puesto que, dicha determinación se halla adecuadamente estructurada y contiene la debida fundamentación, motivación y valoración de la documentación que cursa en antecedentes, pidiendo se deniegue la tutela impetrada.
Marcia Fabiola Jiménez Pérez, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías sostuvo que: 1) En el Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, no existió ninguna conculcación a derechos o garantías constitucionales, al haber efectuado un análisis integral de los antecedentes del caso; asimismo, se pronunció respecto a la documentación acompañada por el accionante, resolviendo rechazar la solicitud de revocatoria de la declaratoria de rebeldía dictada contra el prenombrado el 2018; y, 2) El citado fallo se encuentra debidamente fundamentado y motivado, otorgando una adecuada valoración de las pruebas adjuntadas; por otra parte, en el caso en particular, no se dio cumplimiento estricto al principio de preclusión, considerando que en diversas ocasiones se planteó la referida solicitud de revocatoria de la rebeldía, utilizando iguales argumentos y pretensiones, las cuales ya fueron resueltas, inicialmente en la etapa preparatoria, inclusive en la apelación volvió a reiterar dicho pedido, haciendo alusión a similares fundamentos, cuyo Juez demandado dictó el Auto Interlocutorio de 4 de mayo de 2021, resolviendo la petición de manera motivada y fundamentada; por lo que, requirió se deniegue la tutela demandada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 075/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 198 a 204, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, pronunciado por el Juez demandado, cumplió con la carga argumentativa a la que se halla constreñido, a objeto de respetar el debido proceso, resolviendo de manera precisa y concreta los puntos cuestionados en su memorial de 3 de igual mes y año, donde repetidamente en la suma pidió: “…‘justifica inasistencia y reitera solicitud de revocar y dejar sin efecto declaratoria de rebeldía’…” (sic); ii) La documentación adjunta por tercera vez, no resultaba antecedentes nuevos que motiven una valoración diferente y/o desvirtúen la contradicción y el análisis desarrollado en el Auto Interlocutorio de 4 de octubre de 2021 -emitido por la misma autoridad demandada-; siendo que, no era posible solicitar la revocatoria de la rebeldía con los mismos argumentos e igual prueba, además de no cambiar las circunstancias del efecto de la declaratoria de rebeldía; fallo contra el cual, no acudió ante la justicia constitucional, denunciado los derechos que ahora invoca; iii) El Auto Interlocutorio impugnado en la presente acción de defensa, no incurrió en omisión ni arbitrariedad alguna; toda vez que, contiene la debida fundamentación, motivación y congruencia en su decisión; ya que, explicó las razones de su decisión de rechazar el pedido de revocatoria de rebeldía de 7 de noviembre de 2018, formulado por el peticionante de tutela, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional; iv) Respecto a la vulneración del principio de interpretación de la legalidad ordinaria; el Tribunal Constitucional Plurinacional dejó claramente establecido en diferentes líneas jurisprudenciales, los presupuestos exigidos para que la justicia constitucional pueda excepcionalmente verificar si se incurrió en la lesión de derechos fundamentales, a partir de la errónea interpretación de la ley; en el presente caso, el impetrante de tutela se limitó a señalar idénticos fundamentos por los cuales denunció la falta de motivación y congruencia de la resolución, sin identificar con precisión la forma en que fueron transgredidos y cuál la errónea interpretación de la norma; vale decir, no cumplió con los postulados exigidos para que la Sala Constitucional pueda excepcionalmente verificar si es evidente la lesión denunciada; y, v) Con relación a la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva, el prenombrado no expuso la forma en que hubiera sido vulnerado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Escarlent Isabel Rojas Flores -tercera interesada- contra Cristian Miguel López Villanueva -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estupro, el Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero (EPI-SUR) de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 7 de noviembre de 2018, declaró la rebeldía del prenombrado, disponiendo la aplicación de las medidas dispuestas en el art. 89 del CPP (fs. 46 a 47). II.2. Por memorial de 8 de enero de 2019, el peticionante de tutela solicitó a la citada autoridad judicial, señale nueva fecha de audiencia para que pueda comparecer y asumir defensa; a tal efecto, el mencionado Juez por Auto Interlocutorio de 15 del mismo mes y año, mantuvo la rebeldía del nombrado, al no haber justificado un grave y legítimo impedimento, conforme dispone el art. 91 del CPP (fs. 48 y 49). II.3. A través del Auto Interlocutorio de 4 de octubre de 2021, José Luis Cáceres Orozco, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandado-, rechazó la solicitud de revocatoria de la rebeldía invocada por el impetrante de tutela (fs. 69 a 73). II.4. Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2022, ante el Juez demandado, el solicitante de tutela pidió se revoque y/o deje sin efecto la declaratoria de rebeldía dispuesta; en mérito a ello, a través del Auto Interlocutorio de 6 de igual mes y año, la citada autoridad judicial rechazó dicho requerimiento, debiendo estarse a los datos del proceso; asimismo, puso en conocimiento de las partes que el merituado fallo era susceptible de apelación incidental, dentro del plazo de tres días, conforme prevén los arts. 403.2 y 404 del Código Adjetivo Penal, así como, lo determinado por la SC 0636/2010-R de 19 de julio, entre otras (fs. 74 a 79 vta.). II.5. Por memorial desplegado el 1 de febrero de 2022, ante la autoridad demandada, el accionante solicitó explicación y complementación; siendo resuelto por Auto Interlocutorio de 2 del mismo mes y año, denegando el planteamiento efectuado (fs. 80 a 82). II.6. A través del escrito de 14 de marzo de 2022, el peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 6 de enero de igual año, y el fallo que antecede; a cuyo efecto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de 28 de marzo de idéntico año, declarando inadmisible la impugnación formulada (fs. 83 a 86 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, legalidad y seguridad jurídica, y a la tutela judicial efectiva; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Escarlent Isabel Rojas Flores en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, habiendo solicitado la revocatoria de la rebeldía dispuesta por Auto Interlocutorio de 7 de noviembre de 2018, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, rechazó su pedido; fallo que carece de motivación; debido a que, no efectuó un análisis integral de los elementos probatorios presentados, limitándose a señalar que los mismos no resultaban antecedentes nuevos que motiven una valoración diferente, siendo su responsabilidad fundamentar de manera clara por qué dichos documentos no podían ser considerados suficientes, negando la posibilidad de enervar el riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP, rechazando su solicitud a través de un procedimiento que no correspondía, con fundamentos insuficientes e ilegales; puesto que, debió circunscribirse al análisis y aplicación de lo previsto en el último párrafo del art. 91 del citado Código. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0091/2013 de 17 de enero, sostuvo que: “…la regulación efectuada por el constituyente respecto a la acción de amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumatoriedad e inmediatez, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares. (…) Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o instancias ordinarias prestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia. En el marco de lo señalado, la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro medio de protección inmediata para la protección de los derechos y garantías fundamentales o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela” (las negrillas corresponden al texto original). Por su parte, la SCP 0589/2012 de 20 de julio, ratificó el entendimiento establecido en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, respecto a las reglas y subreglas aplicables al principio de subsidiariedad, refiriendo que: “‘…se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia por subsidiariedad, cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación, y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’” (el resaltado es propio).
Sobre este tema, la SC 0791/2010-R de 2 de agosto, remitiéndose a anteriores entendimientos jurisprudenciales, respecto a las vías de activación, manifestó que: “En cuanto al agotamiento de los medios o recursos legales sean en la vía judicial o administrativa antes de interponer la acción de amparo constitucional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que los mismos deben ser los idóneos y efectivos; vale decir, aquellos que se encuentran establecidos por ley para cada situación o caso en particular, no siendo coherente acudir a un medio o recurso legal que se sabe de antemano resultará inviable, pues especialmente tratándose de decisiones judiciales, los procedimientos que rigen las diferentes materias establecen con precisión los recursos que corresponden a determinada resolución judicial, por lo que el titular del derecho no puede extraviarse acudiendo o utilizando medios o recursos que no son aptos para enervar el acto que estima lesivo, sino que más bien debe buscar una protección inmediata por vía del amparo constitucional, una vez agotados los medios adecuados en la vía ordinaria. Al respecto, la SC 0770/2003-R de 6 de junio señaló que: ‘…el principio de subsidiariedad no implica la utilización de cualquier medio o recurso sino los idóneos, empero la utilización de otros que no sean los adecuados para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida que se reclama no neutraliza la protección de amparo, siempre que se hubiesen utilizado los requeridos por ley, lo que no sucede cuando ocurre lo contrario, pues la falta de utilización de los medios idóneos anula toda posibilidad de ingresar al fondo de la problemática sino también de otorgar la tutela’” (el resaltado es propio). Entendimiento reiterado por la SCP 0275/2022-S4 de 11 de mayo.
En el caso en examen, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, congruencia, legalidad y seguridad jurídica, y a la tutela judicial efectiva; por cuanto, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Escarlent Isabel Rojas Flores, el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, rechazó su solicitud de revocatoria de la rebeldía, dispuesta por Auto Interlocutorio de 7 de noviembre de 2018; sin embargo, dicho fallo carece de motivación; ya que, no efectuó una valoración integral de las pruebas presentadas, limitándose a señalar que las mismas no resultaban antecedentes nuevos que originen una valoración diferente, siendo su responsabilidad fundamentar por qué dichos documentos no podían ser considerados suficientes, rechazando su solicitud a través de un procedimiento que no correspondía, debiendo circunscribirse al análisis y aplicación de lo previsto en el último párrafo del art. 91 del CPP. En atención al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los medios o recursos legales sea en la vía judicial o administrativa, deben ser idóneos y efectivos; vale decir, aquellos que se encuentran establecidos por ley para cada situación o caso particular; por ello, no es coherente acudir a un medio o recurso legal que se sabe de antemano resultará inviable; en tal sentido, el titular del derecho no puede extraviarse utilizando medios o recursos que no son aptos para enervar el acto que estima lesivo, sino más bien debe buscar una protección inmediata vía acción de amparo constitucional, una vez agotada la instancia recursiva adecuada en la jurisdicción ordinaria; puesto que, la falta de utilización de los medios idóneos, anula toda posibilidad de ingresar al fondo de la problemática planteada, y por ende, otorgar la tutela impetrada. El entendimiento jurisprudencial anotado precedentemente, es aplicable al caso que se analiza; toda vez que, de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que luego de la emisión del Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, pronunciado por el Juez demandado, que rechazó su solicitud de revocatoria de la rebeldía, el peticionante de tutela solicitó explicación y complementación de dicho fallo; a tal efecto, dicha autoridad pronunció el Auto Interlocutorio de 2 de febrero del mismo año, denegando su pedido; en mérito a ello, interpuso recurso de apelación incidental cuestionando ambos fallos, el cual fue resuelto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quienes emitieron el Auto de Vista de 28 de marzo de igual año, declarando inadmisible el recurso planteado, alegando que el mismo era atípico, y los Autos Interlocutorios recurridos no se encontraban contemplados en ninguno de los once numerales del art. 403 del CPP, tampoco dentro los alcances de la línea jurisprudencial citada. Ahora bien, de la revisión del memorial de la acción tutelar presentada, se advierte que el impetrante de tutela a través de su abogado, haciendo alusión a lo expresado por el Juez demandado, señaló expresamente que: “…con el fin de evitar acciones constitucionales, indica que esa resolución de solicitud de Revocatoria de Rebeldía es apelable, cuando las resoluciones vinculada a dicho instituto no son impugnables, por ello que la Declaratoria de Rebeldía no se impugna…” (sic [el resaltado es propio]); asimismo, respecto al Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022, refirió que: “…el Juez de Sentencia sostiene que la misma es impugnable por el recurso de Apelación Incidental, ignorando el hecho de que una resolución vinculada al instituto de la Rebeldía no es apelable, y por ello no se encuentra dentro del catálogo de resoluciones impugnables previsto en el Art. 403 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, a fin de agotar todas las instancias a disposición en virtud a lo pronunciado por la resolución vulneratoria me he encontrado forzado a formular el Recurso de Apelación Incidental…” (sic [las negrillas son agregadas]). Más adelante, afirmó que el citado fallo: “…de manera ilegal y arbitraria en su parte final consigna que la misma es impugnable por el recurso de Apelación Incidental, dicho medio impugnatorio no inmediato y mucho menos eficaz, por cuanto, como se ha denunciado, una resolución vinculada al instituto de la Rebeldía no es apelable, no se tramita por la vía incidental como erróneamente ha manifestado el Juez accionado (…) es decir, pese a haberse impugnado dicha Resolución, la misma de todas forma iba a ser manifiestamente improcedente, no siendo eficaz…” (sic [el resaltado nos corresponde]). Extremos que confirman sin lugar a dudas que el solicitante de tutela, antes de interponer el recurso de apelación incidental, tenía pleno conocimiento y estaba consciente de que el Auto Interlocutorio de 6 de enero de 2022 no tenía recurso ulterior; es decir, no era apelable; pese a ello, formuló dicha impugnación, a sabiendas de antemano que la misma resultaba inviable, utilizando un medio recursivo que no era idóneo o apto para enervar el acto que estimaba lesivo a sus intereses; cuando lo correcto era que, luego de ser notificado con el Auto Interlocutorio que resolvió su solicitud de explicación y complementación, interponga directamente la acción de amparo constitucional, cuestionando la citada Resolución de instancia, en procura de la protección inmediata a sus derechos y garantías constitucionales alegados como vulnerados; situación que sin embargo no aconteció, efectuando un despliegue procesal innecesario, al aperturar la vía de impugnación, a objeto de que el Tribunal de alzada, en ejercicio de su potestad revisora, pueda subsanar y/o anular la determinación asumida por el inferior en grado; empero, conociendo con anticipación que no era viable la misma, con la consiguiente demora ocasionada por su tramitación; en ese sentido, al haber obrado de esa manera, es aplicable la subregla de improcedencia por subsidiariedad, prevista en el numeral 2 inc. a) del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; es decir, cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta que se daría en casos de planteamientos equivocados, imposibilitando a esta jurisdicción constitucional, ingresar a analizar el fondo de la pretensión, correspondiendo denegar la tutela impetrada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 198 a 204, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática en estudio. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0345_2024-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 09cd04146d34ef3558e0fac165ff47759a3367fbd65a5ae14de9f85a31897499
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