B.IA.LEGAL

SCP 0344/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55282-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, alegando que, fue notificada el 1 de noviembre de 2022, con la Orden de Despacho 514/2019 de 12 de septiembre, por la que se instruía al Director de Mantenimiento de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública en atención a la Resolución Técnico Administrativa 001/2019 de 10 de enero, proceder con la demolición dispuesta; mediante Memorando SMIP-DM. 007/2022 de 27 de octubre, la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública le comunicó a su persona (infractora) y a Justo Condori Yujra (administrado) que ese acto se ejecutaría a las 9:00 horas, del 31 de octubre de 2022; por lo que, a pesar de haber adquirido ese lote de terreno el 31 de agosto de 1979, mediante documento privado reconocido de su anterior propietaria “María G. de Mendieta”; empero, no pudo inscribir su derecho propietario en la Oficina de DD.RR. al desconocer el domicilio de la vendedora ni efectuar el trámite de regularización al indicar el certificado treintañal de 1 de septiembre de 2022, que la matrícula computarizada 2.01.3.02.0000741 figuraba con superficie 0.00; por lo que, al cuidar durante tantos años ese lote de terreno que habita y amenazan con demoler, al ser su prioridad y contar con una vivienda, pide le compensen con otro lote de terreno para habilitarlo y se reconozca en su favor el pago de impuestos y los gastos de instalación de los servicios básicos. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 333 a 335, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración, que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55282-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 333 a 335 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Celia Cabrera Moya contra Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 71 a 76, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de noviembre de 2022, fue notificada con la Orden de Despacho 514/2019 de 12 de septiembre, “…en el encabezamiento 27/10/2022 y fecha 12 de sep 2019…” (sic); además se tiene un Memorando de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública Dirección de Mantenimiento SMIP-DM. 007/2022 de 27 de octubre, dirigido a su persona (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado) disponiendo la demolición de 120.37 m, desglosados en 59.26 m por construcción sobre área declarada propiedad municipal (equipamiento) y 61.11 mpor construcción sobre vía, sanción que de acuerdo con la Resolución Técnico Administrativa 001/2019 de 10 de enero, debía ejecutarse a las 9:00 horas, del 31 de octubre de 2022; no obstante, cuenta con un documento privado reconocido en sus firmas por el “Juez de Mínima Cuantía”, por el que el 31 de agosto de 1979, “María G. de Mendieta”, le vendió un lote de terreno ubicado en Villa Carmen, zona El Rosal de la ex Hacienda La Unión, cantón Zongo de la provincia Murillo del departamento de La Paz, con una superficie de 158 m, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.)

bajo la Partida 39, fojas 39 del Libro 40, de 16 de enero de 1979, momento a partir del cual comenzó a cancelar los impuestos anuales ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y en diciembre de 2017, inició el trámite de registro catastral que no fue considerado por dicho municipio, recibiendo el 4 de junio de 2018, una certificación de la zona El Rosal que reconoce su condición de vecina antigua que habita la zona hace más de cuarenta y seis años, en donde tiene su domicilio, para ser tomada en cuenta en futuras planimetrías y proyectos municipales, quedando sorprendida cuando el 1 de septiembre de 2022, obtuvo un certificado treintañal que refería que la matrícula computarizada 2.01.3.02.0000741 a nombre de “María G. de Mendieta”, figuraba con superficie 0.00, situación que la dejó en indefensión legal para continuar con el trámite de regularización de su derecho propietario, razón por la que, el 21 de octubre de 2022, presentó una nota a la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, denunciando al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la cual no fue respondida. Al obtener de su Junta Vecinal El Rosal una copia de la Ordenanza Municipal (OM) G.A.M.L.P. 574/2013 de 19 de noviembre, con la que nunca fue notificada, el 30 de octubre de 2022, recién tomó conocimiento que el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dispuso la inscripción definitiva en la Oficina de DD.RR. a nombre del referido Gobierno Autónomo Municipal, el lote de terreno de 457.91 m de superficie ubicado en la calle Los Pinos, zona Villa El Carmen, sector El Rosal, del Macro Distrito III Periférica de dicho Municipio; motivo por el cual el 3 de noviembre del mismo año, se constituyó en oficinas de la Alcaldía de ese municipio, para reclamar sobre el supuesto proceso que se le inició sin que funcionario alguno le hubiese brindado una respuesta directa, indicándole que debía conversar con la Subalcaldesa del Distrito III de la referida entidad municipal, y que la demolición de su vivienda se encontraba en curso; además, que el impuesto de cada año seguía corriendo. El desconocer el domicilio de la vendedora le impidió realizar la inscripción de su derecho propietario en la Oficina de DD.RR., razón por la que, inició el trámite de regularización de derecho propietario para solicitar la inclusión de su predio en la planimetría, frente a tanta insistencia recibió el Informe Interno “DATC-UACT 2000/2021”, que en el punto III de Conclusiones y Recomendaciones refería que no era factible proseguir con el trámite de adjudicación, amparada en la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, recomendando cumplir con la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, emitida por la Subalcaldía III Periférica y la Orden de Despacho 514/2019, que desconoce; habiendo obtenido la OM G.A.M.L.P. 574/2013, que en su artículo Primero dispuso la inscripción definitiva en la Oficina de DD.RR. a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del lote de terreno de 457.91 m de superficie, ubicado en la calle Los Pinos, zona Villa El Carmen, sector El Rosal, Macro Distrito III Periférica del Municipio del referido municipio.

De acuerdo lo establecido en el art. 57 de la Constitución Política el Estado (CPE), la expropiación se impone por causa de necesidad o utilidad pública calificada conforme a ley y previa indemnización justa; por lo que, pide se le otorgue esa indemnización que por ley le corresponde, al cuidar por tantos años el terreno en el que habita y amenazan con demoler sin considerar que la posesión fue obtenida a título de compraventa de su anterior propietaria “María G. de Mendieta”, tal cual se advierte del Certificado de Tradición de DD.RR. 1992964 de 22 de marzo de 2019, Partida 39, Fojas 39, Libro 40 de 16 de enero de 1979, quien lo adquirió mediante Título Ejecutorial, librado por Hugo Banzer Suárez, entonces Presidente de la República de Bolivia, el 16 de diciembre de 1979, cumpliendo la Resolución Suprema “163,731” de 7 de julio de 1972, sobre 98.7220 ha, ubicadas en la ex zona Zongo, provincia Murillo, partida que se actualizó y depuró la matrícula computarizada 2.01.3.02.0000741, con datos de dominio de “superficie 0,00 m2” que acredita la antigüedad de la inscripción, derecho primigenio que fue desconocido con la inscripción que realizó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el 6 de enero de 2014, su prioridad es el reclamo por su vivienda sin menoscabar los esfuerzos que realizaron los dirigentes de la zona; por lo que, pide ser compensada con otro lote de terreno para utilizarlo como vivienda, el reconocimiento de pago de impuestos y de los servicios básicos instalados. Al encontrarse agotado el principio de subsidiariedad al no haberse seguido un debido proceso y no existir un medio o recurso legal para solicitar la protección de ese derecho y el derecho a la defensa “…derivando en un extremo inaceptable de que el procesado no pueda contar con una prueba, bajo el desatinado argumento que la misma será introducida en juicio, desvirtuando y desconociendo la finalidad y la naturaleza jurídica de la etapa preparatoria…” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto la demolición de su vivienda, ordenando la compensación de su terreno en estricta sujeción a los arts. 56 y 57 de la CPE.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 325 a 332, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) Su extrañeza por no ser convocado Justo Condori Yujra, en calidad de tercero interesado, al encontrarse consignado su nombre como administrado en los “memorándums” emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien además, efectuó una transferencia en su favor, aspecto con el que pretendían acreditar el derecho propietario, y se proceda con su citación, lo que determinó la llamada de atención al abogado defensor ante su intención de dilatar la audiencia; b) Al hacer referencia la OM G.A.M.L.P. 574/2013, al Informe “35/2002” de la Subgerencia de DD.RR. del Consejo de la Magistratura, se solicitó al Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz, una copia de ese Informe recibiéndose como respuesta que en dicha Representación no cursaba tal Informe; y, c) Adjuntaron evidencia sobre el acceso a los servicios básicos de agua y energía eléctrica, que fueron instalados sin que la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, los hubiese observado, también aparejaron plano de la ubicación exacta del predio que se utilizó como vivienda durante más de cuarenta años.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Hernán Iván Arias Durán, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 308 a 320 vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) Ante la denuncia de la Junta Vecinal El Rosal, se inició un proceso de fiscalización en el que se dictó el Informe de Inspección SAIIIP -U.F.T.D.P.M. 18/2018 de 16 de mayo, Informe que se llevó adelante el 20 de abril de 2018, a cargo de la Fiscal Territorial de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de la Propiedad Municipal, dependiente de la Subalcaldía III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al predio ubicado en calle Eduardo Avaroa S/N, zona El Rosal, constando la construcción de 120.37 m, equivalente a 59.26 m sobre área de propiedad municipal y 61.11 m, sobre vía y la posible infracción al art. 15 incs. a) y g) del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo aprobado por la OM G.M.L.P. 76/2004 de 17 de mayo, razón por la que, se emitió el Memorando UFTDPM 153/2018 de 20 de abril, con el que fue notificada la accionante a efectos que presente documentos de propiedad, petición que cumplió el 5 de “marzo” de 2018, y pidió un plazo prudencial para presentar la documentación solicitada, al encontrarse su abogado en la ciudad de Sucre y no haber concluido el trámite de regularización de su derecho propietario, confesando de manera expresa que “…NO CONTARIA CON EL DERECHO PROPIETARIO NI CON DOCUMNTACIÓN QUE ACREDITE SU DERECHO…” (sic) al encontrarse en pleno proceso de tramitación; 2) A pesar de lo anterior, añadió que adquirió el bien inmueble de Teodoro Choque Mamani, adjuntó fuera de plazo su Cédula de Identidad y de Justo Condori Yujra, más un folio real a nombre del nombrado, con matrícula computarizada 2.01.0.99.0059241 de un bien inmueble ubicado en Tarahuata Alto Coicani, de 3.000 m, el Testimonio “1804/95” y una Minuta de Transferencia de 17 de septiembre de 2000, que Justo Condori Yujra efectuó en favor de la accionante por una superficie de 158 m, emitiéndose el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 018/2018 de 29 de mayo, con el que fue notificada la accionante el 6 de junio de 2018; 3) Ante la petición de la Fiscal Territorial de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de la Propiedad Municipal, el Programa de Defensa de la Propiedad Municipal dependiente de la Subalcaldía III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con base en el Sistema de Información Territorial, emitió el Informe PDPM 2695/2018 de 30 de noviembre, con relación al área de propiedad municipal con Código Catastral 036-0760-00011, que era un área de equipamiento parcialmente sobrepuesto con una superficie técnica de 1875.115.00 m, registrado bajo el número 01248715 de 25 de abril de 1994, al que se encontraba parcialmente sobrepuesto una vía de una superficie técnica de 457.91 m, con folio real 2.01.0.99.0190150, lo que determinó que la Subalcaldía III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitiese la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, sancionando a la accionante por infractora con la demolición de 120.37 m, desglosados en 59.26 m construidos sobre un área declarada propiedad municipal (equipamiento) y 61.11 m construidos sobre vía, con la que se notificó a la accionante el 17 de enero de 2017, sin que hubiese presentado recurso alguno dentro de plazo, emitiéndose el Auto de Ejecutoria 0004/2019 de 8 de enero, siendo notificada la accionante el 1 de febrero de 2019, agotando la vía administrativa; 4) En observancia del art. 39 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo aprobado por la OM G.M.L.P. 76/2004, la Fiscal Territorial de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de la Propiedad Municipal dependiente de la Subalcaldía del Distrito III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por Informe SAP UFTDPM 039/2019 de 25 de febrero, manifestó que los administrados no cumplieron con la sanción de demolición, pronunciando la Dirección de Defensa de Propiedad Municipal dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos el Informe DGAJ -DDPM 1033/2019, confirmando la información de Propiedad Municipal, dictándose el Informe “DGAJ/DAL 318/2019” a efecto de proseguir con el procedimiento, emitiendo el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal la Orden de Despacho 514/2019 de 12 de septiembre, para proceder con la demolición dispuesta, con la que se notificó a la accionante el 6 de marzo de 2021, fijándose como día para la demolición el 31 de octubre de 2022, decisión que se notificó a la accionante mediante Memorando SMIP-DM. 007/2022 de 27 de octubre;

5) Ante la reunión programada para el 31 de octubre de 2022, con la Defensora del Pueblo, la Subalcaldesa y las Unidades de la Subalcaldía III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la accionante exhibió el proceso técnico de fiscalización, donde a pesar de expresar que no contaba con la inscripción de la supuesta propiedad, presentó el documento privado de 31 de agosto de 1979, que suscribió con “Maria G. de Mendieta” sobre una propiedad ubicada en la zona Villa El Carmen, región El Rosal de la ex hacienda La Unión, cantón Zongo de la provincia Murillo del departamento de La Paz, documental que resulta contradictoria con la presentada el 5 de marzo de 2018, existiendo dos documentos de compra totalmente diferentes; razón por la que, el acto de demolición fue reprogramado por Memorando SMIP-DM 008/2022 de 16 de noviembre, para las 9:00 horas, de 18 de noviembre de 2022; 6) Carece de legitimación pasiva, por cuanto: i) En primer lugar, cuestionó la falta de notificación con la OM G.A.M.L.P. 574/2013 de 19 de noviembre, por la que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de conformidad con sus competencias establecidas en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 482 de 14 de enero de 2014- y Ley de Municipalidades abrogada (LMabrg) -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999 abrogada-, dispuso realizar la inscripción definitiva de un bien inmueble ubicado en el Macro Distrito III Períferica, zona Villa El Carmen, sector El Rosal, calle Los Pinos de una superficie de 457.91 m en la Oficina de DD.RR. a nombre del Municipio de La Paz; ii) En segundo lugar, denunció como acto vulneratorio de sus derechos la Orden de Despacho 514/2019, emergente de un proceso técnico administrativo de fiscalización, que se inició mediante Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 018/2018 y concluyó con la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, con la cual la accionante fue notificada mediante cédula el 17 de enero de 2019, en un pilar en cercanías del predio; es decir, que el proceso fue de conocimiento de la nombrada; y, iii) En tercer lugar, señala que su derecho no pudo ser inscrito porque dentro de su matrícula computarizada ya no existía superficie; por lo que, amerita que acuda a la Oficina de DD.RR. a realizar su reclamo y no a la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; extremo al que se suma que debe concurrir al Ministerio de Justicia ante su reclamo de no darse respuesta a la denuncia que formuló; 7) Una vez notificada la accionante el 17 de enero de 2019, con la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, no interpuso los recursos que le franquea la ley, antes de plantear esta acción de amparo constitucional, misma que no está destinada a enmendar o subsanar la falta de accionar e inactivación de los recursos que otorga la ley; por lo que, no agotó la vía respectiva al no formular los recursos de revocatoria y jerárquico.

8) No observó el principio de inmediatez dentro de esta acción tutelar; puesto que, si bien alegó que no fue notificada con el acto legislativo, no administrativo como es la OM G.A.M.L.P. 574/2013, la cual fue publicada el 6 de enero de 2014, manifestó que tuvo conocimiento de la misma el 2018, habiendo transcurrido más de los seis meses previstos como plazo para activar la acción de amparo constitucional; denunció como acto vulneratorio de sus derechos la Orden de Despacho 514/2019, que le fue notificada el 6 de marzo de 2021, habiendo transcurrido desde esa fecha un año y cinco meses; de igual manera, fue notificada con la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, que la sancionó con la demolición de 120.37 m; empero, no planteó recurso alguno para cuestionarla; 9) No cuenta con derecho propietario alguno, ni registro de testimonio de propiedad en la Oficina de DD.RR.; razón por la cual, no puede alegarlo, mucho menos exigir compensación o expropiación respecto de un predio que es propiedad municipal; no obstante, de existir derechos controvertidos, corresponde a un juez en materia civil y no constitucional dilucidar esa situación que debe considerar que no se puede ocupar una vía pública que es de dominio público, sobre la que no puede inscribir derecho propietario, invocando en su favor su propia culpa, como si se tratara de un derecho expectaticio que no puede ser tutelado por la vía constitucional, en la que reclama ahora su compensación o expropiación; 10) Señaló en su petitorio se deje sin efecto la demolición de su vivienda, acto que deviene de un proceso técnico administrativo y contradictoriamente la compensación por su terreno sin explicar cuál es el acto administrativo que vulneró su derecho al debido proceso a pesar que originó voluntariamente su indefensión, sin tomar en cuenta el informalismo que rige en materia administrativa, sin identificar respecto del derecho a la defensa el acto que limitó su ejercicio. Por lo que pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Patricia Narda Flores Luppa, Alberto Acarapi Acapari, Vilma Suntura Gonzales, Zulema Candelaria Macías Salinas, Sonia Vargas Vda. de Martínez, Manuel Eduardo Zuazo García, Isabel Blanco Gutiérrez y Trinidad Huanca Salgado, Presidenta y Directorio de la Junta Vecinal El Rosal respectivamente, tal cual se advierte del Acta de Posesión de 5 de diciembre de 2021 (fs. 148), mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 178 a 180, así como en audiencia, manifestaron que: a) Conforme la planimetría aprobada en 1980, el área que ocupa la accionante es una calle y parte del área de equipamiento; por lo que, ante la existencia de un desnivel entre las calles Florida y Eduardo Avaroa, los “servicios” de las casas colindantes a la ocupación ilegal deben ser canalizadas más aun cuando en ese sector existen filtraciones de agua que son captadas por los vecinos y que deberían ser direccionadas por la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, impidiendo la construcción efectuada por la accionante su canalización al rio Orko Jahuira encontrándose obligado uno de los vecinos a sacar esas aguas con bomba a la calle humedeciendo el trayecto, lo que generó el 2019, el deslizamiento de esas calles, haciendo que funcionarios de riesgo de la entidad municipal lleven una cámara de concreto para captar las filtraciones de agua y si bien la accionante se comprometió ante el propio Subalcalde de dicha entidad municipal, luego cambió de idea y se opuso a ese trabajo a pesar de la recomendación de esa autoridad de no efectuar construcciones porque serían demolidas para permitir canalizar las aguas; sin embargo, haciendo caso omiso continuó construyendo más habitaciones, perdiendo el Programa Barrios de Verdad, el mejoramiento y estabilización de esa área sin que ese trabajo este consignado en su Plan Operativo Anual (POA); b) Burlado el compromiso que asumió con la actual y anteriores Directivas de brindarle colaboración para que desocupe pacíficamente y permita la canalización indicada, los vecinos suscribieron la Nota de 17 de febrero de 2018, pidiendo a la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la apertura de la calle Eduardo Avaroa ante la construcción de más muros agrandando su ilegal ocupación hasta casi llegar a la esquina de la calle Kantuta; puesto que, afirmó la accionante que podía extenderse hasta la otra zona si “le daba la gana”; por lo que, procedieron a presentar la referida Nota el 22 de dicho mes y año; c) El 20 de abril de 2018, la accionante fue notificada con un memorando para que presente documentos y paralización de obras, el 5 de marzo de ese año, adjuntó documentación indicando que esa propiedad la compró de Teodoro Choque Mamani y pidió un plazo para aparejar más documentos, advirtiéndose de ello que no se encontraba en indefensión; asimismo, el 6 de junio del citado año, fueron notificados con el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 018/2018, tanto a la accionante como Justo Condori Yujra, se les pidió presentar prueba de descargo, el 10 de enero de 2019, fue emitida la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, por la cual los nombrados fueron sancionados con la demolición de 120.37 m en el plazo de diez días a partir de su notificación, decisión que se declaró ejecutoriada el 28 de ese mes y año, al no ser recurrida, instruyéndose por Orden de Despacho 514/2019, proceder con la demolición determinada por la indicada Resolución Técnico Administrativa; y, d) La accionante no observó los seis meses dentro de los cuales debió formular esta acción de defensa y que la misma no procede cuando existen otros recursos previstos por ley que no fueron utilizados oportunamente, habiendo consentido los actos que ahora cuestiona, sin que su inactividad pueda ser suplida mediante esta acción de defensa. Pidiendo se declare su improcedencia.

Jhoselin Aguilera Flores, Úrsula Caviña de Torrez, Juan José Torrez Caviña, Alejandro Lira Fernández y Benigna Lira Via de Lira, vecinos de la zona El Rosal, calle Florida, mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 138 a 140; así como, en audiencia manifestaron que: 1) De los folios reales y certificados de registro catastral otorgados por la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se evidencia que por el noroeste sus lotes de terreno colindan con la calle Eduardo Avaroa al existir un desnivel de la calle Florida y filtraciones subterráneas en la zona que necesariamente deben salir por la calle y son captadas por esos bienes inmuebles, área de equipamiento municipal sobre el que la accionante procedió a realizar construcciones, impidiendo se canalicen las aguas filtradas al rio Orko Jahuira, situación que pone en riesgo sus propiedades y que es de su conocimiento; 2) Los lotes 149, 160 y 151 se encuentran en constante humedad, generando varias filtraciones junto al lote 152 lo que generó que el agua acumulada sea sacada mediante una bomba para evitar que las viviendas se remojen y humedezca el suelo, riesgo que se agudiza en época de lluvia como la riada generada en febrero de 2019, que junto a las filtraciones no canalizadas ocasionó un deslizamiento del camino que conecta con la zona de Huaychani, motivando que esa zona sea rellenada con equipos de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuyos funcionarios llevaron una cámara de concreto para canalizar todas las filtraciones, que no pudo ser instalada ante la oposición de la accionante, a pesar de ocupar un área municipal y los reclamos de los vecinos, sin que el compromiso asumido con la Junta Vecinal El Rosal y el entonces Alcalde Municipal para permitir canalizar el agua de las filtraciones hubiese sido cumplido; puesto que, incluso solo se le pidió otorgar un espacio para que pase la cañería de las aguas filtradas ante el riesgo de las viviendas y la zona, procediendo a efectuar nuevas construcciones; 3) En una Asamblea se presentó la Nota de 17 de febrero de 2018, al Presidente de la Junta Vecinal El Rosal, para pedir a la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la apertura de la calle ante las construcciones perimetrales que la accionante continuaba realizando con muro y paredes de ladrillo y concreto que abarcaron hasta el bien inmueble 160, cerrando el acceso para poder canalizar las filtraciones; Nota que se puso en conocimiento de la Subalcalde III Periférica de la citada entidad municipal, notificándose el 20 de abril de 2018, a la accionante con el memorando para la presentación de documentos y paralización de obras, prueba que hizo llegar el 5 de marzo de ese año, oportunidad en la que pidió ampliar el plazo, lo que demuestra que no se encontraba en indefensión; el 29 de mayo de 2018, fue emitido el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 018/2018, con la que fueron notificados la accionante junto a Justo Condori Yujra, el 6 de junio de 2018, por el que, se les pidió presentar sus pruebas de descargo; el 10 de enero de 2019, se emitió la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, que los sancionó a los nombrados con la demolición de la construcción y la advertencia de que podían utilizar el recurso de revocatoria, decisión que notificada el 17 de igual mes y año, al no ser cuestionada dicha Resolución fue declarada ejecutoriada el 28 del mismo mes y año, emitiéndose el 12 de septiembre de 2019, la Orden de Despacho 514/2019, para proceder con la demolición dispuesta; y, 4) La acción de amparo constitucional fue presentada después de los seis meses previstos por la jurisprudencia y antes de agotar los medios o recursos previstos ante la supuesta vulneración de sus derechos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 04/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 333 a 335, denegó la tutela solicitada ante el incumplimiento de los presupuestos procesales de activación y al no advertir la vulneración de los derechos alegados, bajo los siguientes fundamentos: i) Se cumplió deficientemente con la identificación de los presupuestos procesales al omitir identificar el acto, la pretensión y objeto, al pedir: “Dejar sin efecto la DEMOLICIÓN DE MI VIVIENDA y ordene la COMPENSACIÓN DE MI TERRENO…” (sic) cuestiones que son distintas; puesto que, “…se estaría concediendo dos pretensiones sobre la misma…” (sic), de donde resulta que el objeto de la pretensión es errónea y en sí no existe, al obedecer la demolición a un procedimiento que concluyó con una resolución advirtiendo la ausencia de prueba y ante las generadas por la administración municipal, se advirtió que la accionante efectuó la construcción en una vía pública de dominio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y debía ordenarse su demolición; y, ii) La accionante no tiene certidumbre de donde proviene su derecho, al solicitar a la Sala Constitucional notificar a un tercero que “es” el propietario del bien inmueble objeto de la presente causa, indicando luego que hubiese transferido dicho bien, hechos controvertidos que no pueden ser objeto de examen dentro de una acción de amparo constitucional ni siquiera generando una interpretación favorable respecto de una persona adulta mayor.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota de 22 de febrero de 2018, dirigida al Subalcalde del Distrito 13 del Municipio de La Paz, por la Directiva de la Junta Vecinal El Rosal, para que se dé curso a las peticiones contenidas en la Nota de “enero” del mismo año, dirigida por los vecinos al Presidente de dicha Junta Vecinal solicitando continuar con la apertura de la calle Eduardo Avaroa (fs. 302 a 303); por Nota de 5 de marzo de igual año, dirigida al referido Subalcalde, Celia Cabrera Moya -ahora accionante- que ante la petición de presentación de documentación efectuada -según refiere-mediante “Memorándum N° UFTDPM N° 56/2018”, adjuntó una minuta de trasferencia, Testimonio de la Escritura Pública de compraventa 1804/95 de 30 de noviembre de 1995 y el Folio Real con matrícula computarizada 2.01.0.99.0059241 que consigna como titular a Justo Condori Yujra sobre un lote de terreno de 912.56 m, solicitó prorroga de plazo para obtener la documentación solicitada; ya que, el lote de terreno lo adquirió de “Teodoro Cheque Mamani”; empero, no pudo realizar el cambio de nombre en la Oficina de DD.RR. por falta de recursos económicos (fs. 293 a 300). II.2. Por Memorando UFTDPM 153/2018 de 20 de abril, la Fiscal Territorial de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de Propiedad Municipal dependiente de la Subalcaldía III Periférica del Municipio de La Paz, solicitó a la accionante presentar con carácter de urgencia la documentación detallada en el mismo, ante la infracción de construcción en vía y de no contar con las autorizaciones municipales se le recomendó paralizar la obra (fs. 289). II.3. Consta Informe de Inspección SAIIIP - U.F.T.D.P.M. 18/2018 de 16 de mayo, dirigida al Subalcalde III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el Fiscal Territorial de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de Propiedad Municipal Subalcaldía III Periférica de la referida entidad municipal (fs. 285 a 287), quien emitió el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 018/2018 de 29 de mayo, contra la accionante (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado), aperturando un plazo probatorio de diez días para presentar pruebas de descargo (fs. 283 a 284), con la que fueron notificados mediante cédula en el domicilio de calle Eduardo Avaroa S/N, zona El Rosal (fs. 282).

II.4. Por Resolución Técnico Administrativa 001/2019 de 10 de enero, el Subalcalde III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz resolvió: a) Sancionar a la accionante (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado), por la construcción de una planta a demoler de 120.37 m desglosados en 59.26 m sobre área declarada de propiedad municipal (equipamiento) y 61.11 m sobre vía, ubicada en la calle Eduardo Avaroa s/n, zona El Rosedal del Distrito 13 del Municipio de La Paz, a hacerse efectiva en el plazo de diez días a partir de su legal notificación con dicha Resolución; y, b) Dejó establecido que de conformidad con el art. 49 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo aprobado por OM G.M.L.P. 76/2004 de 17 de mayo, los administrados podían hacer uso del recurso de revocatoria en el término de cinco días hábiles, computables a partir de su notificación con esa Resolución (fs. 272 a 273); decisión con la que fueron notificados la accionante y Justo Condori Yujra, mediante cédula el 17 de enero de 2019 (fs. 273 vta.). II.5. Por Auto de Ejecutoria de 28 de enero de 2019, el Subalcalde III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, declaró la ejecutoria de la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, al no haberse interpuesto recurso alguno contra esa Resolución (fs. 271). II.6. Mediante Orden de Despacho 514/2019 de 12 de septiembre, emitida por el entonces Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en atención a la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, pronunciada por el Subalcalde III Periférica de dicho Gobierno Autónomo Municipal, de conformidad con las potestades de la administración pública municipal instruyó al Director de Mantenimiento de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública, proceder con la demolición dispuesta en la mencionada Resolución (fs. 248); Orden de Despacho con la que fueron notificados la accionante (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado) mediante cédula el 6 de marzo de 2021 (fs. 236). II.7. Por Memorando SMIP-DM. 007/2022 de 27 de octubre, el Director de Mantenimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, comunicó a la accionante (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado), que ante el Proceso Técnico Administrativo de Fiscalización desarrollado en su contra por la Subalcaldía III Periférica de dicho municipio, que contaba con la Orden de Despacho 514/2019, para ejecutar la sanción de demolición de 120.37 m, correspondiente a 59.26 m de construcción sobre área declarada de propiedad municipal (equipamiento) y 61.11 m por construcción sobre vía, señaló que la misma sería ejecutada a las 9:00 horas, del 31 de octubre de 2022 (fs. 3 y 211). II.8. Cursa Memorando SMIP-DM. 008/2022 de 16 de noviembre, emitido por el Director de Mantenimiento del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, dirigido a la accionante (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado), comunicándoles que ante la Orden de Despacho 514/2019, la sanción de demolición establecida por la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, pronunciada dentro del Proceso Técnico Administrativo de Fiscalización llevado adelante en su contra por la Subalcaldía III Periférica del referido municipio, se ejecutaría a las 9:00 horas, del 18 de noviembre de 2022 (fs. 209).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, alegando que, fue notificada el 1 de noviembre de 2022, con la Orden de Despacho 514/2019 de 12 de septiembre, por la que se instruía al Director de Mantenimiento de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública en atención a la Resolución Técnico Administrativa 001/2019 de 10 de enero, proceder con la demolición dispuesta; mediante Memorando SMIP-DM. 007/2022 de 27 de octubre, la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública le comunicó a su persona (infractora) y a Justo Condori Yujra (administrado) que ese acto se ejecutaría a las 9:00 horas, del 31 de octubre de 2022; por lo que, a pesar de haber adquirido ese lote de terreno el 31 de agosto de 1979, mediante documento privado reconocido de su anterior propietaria “María G. de Mendieta”; empero, no pudo inscribir su derecho propietario en la Oficina de DD.RR. al desconocer el domicilio de la vendedora ni efectuar el trámite de regularización al indicar el certificado treintañal de 1 de septiembre de 2022, que la matrícula computarizada 2.01.3.02.0000741 figuraba con superficie 0.00; por lo que, al cuidar durante tantos años ese lote de terreno que habita y amenazan con demoler, al ser su prioridad y contar con una vivienda, pide le compensen con otro lote de terreno para habilitarlo y se reconozca en su favor el pago de impuestos y los gastos de instalación de los servicios básicos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Del principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Del principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

La SCP 0509/2022-S3 de 26 de mayo, citando a la SC 0150/2010-R de 17 de mayo, establece que: “…el amparo constitucional, en su configuración tanto de la abrogada como de la vigente Constitución, tiene una naturaleza jurídica esencialmente subsidiaria en la protección de los derechos y garantías constitucionales. Así, el art. 19 IV de la CPEabrg, señalaba: ‘La autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías…; igualmente, el art. 129.I de la CPE vigente, refiriéndose a la acción de amparo constitucional como hoy se denomina, señala que esta acción se interpondrá ‘(…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. De los preceptos anteriormente analizados se concluye que el amparo constitucional se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio de protección; subsidiario porque no puede ser utilizado si previamente no se agotaron las vías ordinarias de defensa, y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. En consecuencia, para que los fundamentos de una demanda de amparo constitucional puedan ser analizados en el fondo, la parte recurrente debe haber utilizado hasta 9 agotar todos los medios y recursos legales idóneos para la tutela de sus derechos sea en la vía jurisdiccional o administrativa, pues donde se deben reparar los derechos y garantías lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde fueron vulnerados, esto es, que en principio haya acudido ante la misma autoridad que incurrió en la presunta lesión y luego a las superiores a ésta, y si a pesar de ello persiste la lesión porque los medios o recursos utilizados resultaron ineficaces, recién se abre la posibilidad de acudir al amparo constitucional, el que no puede ser utilizado como un mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia”. La SCP 0692/2020-S3 de 28 de octubre, citando a su vez la SCP 0057/2014 de 20 de octubre, establece que: “…reconociendo el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, el art. 129.I, señaló que: '…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'; en ese contexto, el art. 53.3 del CPCo, ha previsto respecto a los presupuestos de improcedencia de esta acción, que ésta no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno; precepto normativo que, de manera expresa prevé el principio subsidiario de la acción de amparo constitucional, entendido éste como la utilización previa de todos los medios y recursos previstos en el ordenamiento jurídico; es decir, que 'no podrá ser interpuesto mientras (…) no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo; así lo ha entendido este Tribunal en su amplia jurisprudencia' (SC 0492/2003-R de 15 de abril); lo que significa que la parte que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato previsto en la vía administrativa o judicial se tenga, antes de acudir a esta jurisdicción constitucional, o ante la autoridad que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos pueda proporcionar protección inmediata, y una vez agotados dichos medios y no obstante mantenerse subsistente la amenaza, restricción o supresión, recién queda expedita la vía constitucional para la protección de los derechos desconocidos, ya sea cesando la amenaza, restricción o supresión y/o restableciéndolos, y así reparar o reponer las deficiencias de la vía ordinaria, entendimiento que fue reiterado por la jurisprudencia constitucional (SSCC 635/2003-R, 1343/2004-R, 1781/2010-R, 1226/2011-R, entre otras). Del desarrollo de dicho entendimiento jurisprudencial, el anterior Tribunal Constitucional estableció subreglas al principio de subsidiariedad al señalar que el amparo constitucional será improcedente cuando: '1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución' (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre)” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, alegando que, fue notificada el 1 de noviembre de 2022, con la Orden de Despacho 514/2019 de 12 de septiembre, por la que se instruía al Director de Mantenimiento de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública en atención a la Resolución Técnico Administrativa 001/2019 de 10 de enero, proceder con la demolición dispuesta; mediante Memorando SMIP-DM. 007/2022 de 27 de octubre, la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública le comunicó a su persona (infractora) y a Justo Condori Yujra (administrado) que ese acto se ejecutaría a las 9:00 horas, del 31 de octubre de 2022; por lo que, a pesar de haber adquirido ese lote de terreno el 31 de agosto de 1979, mediante documento privado reconocido de su anterior propietaria “María G. de Mendieta”; empero, no pudo inscribir su derecho propietario en la Oficina de DD.RR. al desconocer el domicilio de la vendedora ni efectuar el trámite de regularización al indicar el certificado treintañal de 1 de septiembre de 2022, que la matrícula computarizada 2.01.3.02.0000741 figuraba con superficie 0.00; por lo que, al cuidar durante tantos años ese lote de terreno que habita y amenazan con demoler, al ser su prioridad y contar con una vivienda, pide le compensen con otro lote de terreno para habilitarlo y se reconozca en su favor el pago de impuestos y los gastos de instalación de los servicios básicos. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Nota presentada el 22 de febrero de 2018, la Directiva de la Junta Vecinal El Rosal solicitó al Subalcalde del Distrito 13 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, proseguir con la apertura de la calle Eduardo Avaroa; ante esa situación, la accionante mediante Nota de 5 de marzo de 2018, dirigida al entonces Subalcalde Periférica le requirió: “En atención al memorándum de referencia, me permito hacer conocer que respetuosa de las instrucciones impartidas (…) en este preciso momento no puedo presentar la documentación solicitadas, debido a que el profesional abogado que se encuentra regularizando y saneando mi derecho propietario, en la actualidad se encuentra en la ciudad de Sucre, por lo que inmediatamente regrese a la ciudad de La Paz, le pediré que me informe sobre los avances de su trabajo y presentar la documentación que sea útil a lo solicitado por usted en el Memorándum N° UFTDPM N° 56/2018, por lo que amparada en el art. 24 de la Constitución Política del Estado, solicito (…) se digne concederme un plazo prudencial para presentar la documentación solicitada (…) toda vez que el terreno materia de este caso, lo he adquirido del señor Teodoro Cheque Mamani, cuyo derecho propietario lo tiene desde el 1 de agosto de 1995, conforme se demuestra por las fotocopias adjuntas y que debido a la falta de recursos económicos no he podido hacer el cambio de nombre en Derechos Reales, lo que no afecta en nada mi derecho propietario” (sic [fs. 293]), aparejando una Minuta de Trasferencia de 17 de septiembre de 2000, el Testimonio de la Escritura Pública de compraventa 1804/95 de 30 de noviembre de 1995 y con matrícula computarizada 2.01.0.99.0059241, que consigna como titular a Justo Condori Yujra sobre un lote de terreno de 912.56 m (Conclusión II.1.);

petición de entrega de documentación que con carácter de urgencia la Fiscal Territorial de la Unidad de Fiscalización Territorial y Defensa de Propiedad Municipal dependiente de la Subalcaldía III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, reiteró a la accionante por Memorando UFTDPM 153/2018, al constituir una infracción el realizar construcciones en vía, recomendando paralizar esa obra al no contar con la autorización municipal respectiva (Conclusión II.2.); en consideración a la recomendación del Subalcalde III Periférica de la referida entidad municipal, pronunció el Informe de Inspección SAIIIP -U.F.T.D.P.M. 18/2018 de 16 de mayo, que establece: “…que la señora Celia Cabrera Moya con C.I. 2283957 Lp. NO CUENTA con las respectivas Autorizaciones Municipales para la construcción de muro de cerco y construcción” (sic[fs. 285]), siendo emitido el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 018/2018 contra la accionante (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado) y se abrió un plazo probatorio de diez días para que los nombrados presenten las pruebas de descargo (Conclusión II.3.). El 10 de enero de 2019, el Subalcalde III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante Resolución Técnico Administrativa 001/2019 dispuso: i) Sancionar a la accionante (infractora) y Justo Condori Yujra (administrado), por la construcción de una planta a demoler de 120.37 m, que comprende 59.26 m sobre área declarada de propiedad municipal (equipamiento) y 61.11 m en vía, del terreno ubicado en la calle Eduardo Avaroa S/N, zona El Rosedal del Distrito 13 del Municipio de La Paz, demolición que debía efectivizarse en el plazo de diez días a partir de su legal notificación; y, ii) Estableció que los administrados podían utilizar el recurso de revocatoria a interponerse en el término de cinco días hábiles, computables a partir de su notificación con dicha Resolución, tal cual establece el art. 49 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo aprobado por OM G.M.L.P. 76/2004, con la que fueron notificados la accionante y Justo Condori Yujra mediante cédula el 17 de enero de 2029 (Conclusión II.4.); sin embargo, al no haberse formulado recurso alguno contra la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, fue emitido el Auto de Ejecutoria por el Subalcalde III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien declaró la ejecutoria de la citada Resolución (Conclusión II.5.).

De la relación efectuada y los argumentos contenidos en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que, no obstante que la accionante tomó conocimiento del contenido del “Memorándum N° UFTDPM N° 56/2018”, cuyo número identificó en la Nota de 5 de marzo de 2018, que presentó con la finalidad de pedir una prórroga de plazo para obtener la documentación que se le estaba requiriendo, adjuntando: la minuta de trasferencia de 17 de septiembre de 2000, que presuntamente suscribió junto con Justo Condori Yujra por la transferencia de 158 m, el Testimonio de la Escritura Pública de compraventa 1804/95, firmado entre Teodoro Choque Mamani y Justo Condori Yujra por la transferencia de un lote de terreno de 3000 m ubicado Tarahuata Alto Caiconi y con matrícula computarizada 2.01.0.99.0059241 que refería que Justo Condori Yujra fue titular del lote de terreno de 912.56 m; afirmando de manera contradictoria en el memorial de esta acción de amparo constitucional: “Cabe mencionar que en fecha 31 de agosto de 1979 mediante documento privado y reconocido las firmas por Juez de Mínima Cuantía, la Sra. MARIA G. DE MENDIETA me vendió un lote de terreno ubicado en Villa El Carmen, Región de El Rosal de la Ex Hacienda la Unión Cantón Zongo de la Provincia Murillo de ésta departamento…” (sic [fs. 71 vta.]) sin referir si la prórroga requerida hubiese sido concedida o no y si se apersonó o no a la Subalcaldía III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a presentar los documentos e informe que se comprometió entregar en la mencionada Nota. De lo referido inconsistente y contradictoriamente por la accionante, se advierte que, emitida la Resolución Técnico Administrativa 001/2019, misma que le fue notificada mediante cédula, la nombrada no solo tuvo la oportunidad de presentar pruebas, alegatos e informes antes y durante el Proceso Técnico Administrativo de Fiscalización iniciado en su contra mediante Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 018/2018, por la Subalcaldía III Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en su calidad de infractora, proceso administrativo en el que pudo; además, observar las normas municipales y nacionales, demostrar su derecho propietario e impugnar la decisión asumida conforme lo previsto por los arts. 49 y ss. del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo (fs. 195 a 203); asimismo, pedir “Dejar sin efecto la DEMOLICIÓN DE MI VIVIENDA y ordene la COMPENSACIÓN DE MI TERRENO sea en estricta sujeción del artículo 56 y 57 de la CPE” (sic), pretensión que busca alcanzar con esta acción de defensa cuya naturaleza es subsidiaria y supletoria, cuando tuvo la oportunidad de dilucidar el derecho propietario sobre el terreno que habitaba y en el que continuaba realizando construcciones, con la finalidad de requerir con fundamento y suficiente respaldo legal -de ser propietaria- su compensación de ser evidente que se hubiese originado su expropiación, razón por la cual solicitaba una compensación, al resultar la vía idónea conforme lo dispuesto por el mencionado Reglamento y de persistir una supuesta vulneración de sus derechos, recién acudir a la jurisdicción constitucional para requerir le sean restablecidos o restituidos los mismos, razonamiento que impide ingresar analizar la problemática expuesta ante la inobservancia al principio de subsidiariedad. De lo referido se concluye que la accionante incurrió en la causal de improcedencia por subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, contenida en la subregla 1) inc. b) del Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que prevé que esta acción tutelar será improcedente cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, porque la parte no utilizó un medio de defensa ni planteó recurso alguno previsto en el ordenamiento jurídico, sin que sea evidente que acudió a ese medio eficaz de defensa “…al no existir un medio o recurso legal para solicitar la protección de los derechos y garantías restringidos, el principio de subsidiariedad se encuentra agotado” (sic [fs. 73]); situación que impide a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 9 de enero, cursante de fs. 333 a 335, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración, que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0344_2026-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2c195bc3344168c436b3ddb3532df114026192b6a799788a207023da648f44ac

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