B.IA.LEGAL

SCP 0344/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de abril de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
54212-2023-109-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia a lesión de sus derechos a la vida, trabajo y estabilidad laboral de persona con discapacidad, en virtud a que la autoridad política demandada, sin considerar su situación de discapacidad auditiva demostrada mediante Carnet de Discapacidad; por Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, agradeció los servicios que venía prestando en el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (antes Prefectura del Departamento de Cochabamba) desde 1 de marzo de 2004; y aun cuando interpuso los Recursos de Revocatoria y Jerárquico para revertir dicha situación, los mismos fueron rechazados por la misma autoridad demandada. En consecuencia, corresponde verificar y en su caso determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 031/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 148 a 151 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en relación al derecho a la inamovilidad laboral vinculado con el derecho al trabajo, disponiendo que Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, proceda con la restitución inmediata de la fuente laboral de la accionante, sea con el mismo nivel salarial que percibía al momento de su destitución, respetando además la antigüedad y demás beneficios sociales que fueron adquiridos por ésta desde 1 de marzo de 2004.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral de personas con capacidades diferentes al pertenecer a un grupo de atención prioritaria
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2025-S4 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 54212-2023-109-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 031/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 148 a 151 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carla Rosemary Caussin Poppe contra Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2023 cursante de fs. 65 a 70 vta.; y, dos memoriales de subsanación presentados el 13 y 22 del mismo mes y año, cursantes de fs. 74 a 76; y, 79 a 82 vta., respectivamente, la accionante señaló o siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

No obstante, a la discapacidad auditiva -certificada por Carnet de Discapacidad-, que desde muy pequeña implicó un esfuerzo mayor para poder obtener una profesión; el año 2004, se tituló como Licenciada en Auditoria en la Universidad Central, y en mérito a ello, el 1 de marzo del mismo año, luego de un proceso de reclutamiento, fue designada en el cargo de Apoyo Administrativo I (Ítem 184) en la Prefectura del Departamento de Cochabamba (hoy Gobernación); posteriormente, fue ascendida al cargo de Profesional I (Ítem 191) dependiente el Servicio Departamental de Gestión Social – Secretaria Departamental de Desarrollo Humano Integral del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba; es así que, prestando de manera regular sus servicios en la señalada institución estatal, de manera sorpresiva, por Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022, firmado por Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador Autónomo del Departamento de Cochabamba –hoy accionado–, le fueron agradecidos los servicios prestados en la Gobernación de Cochabamba, es decir fue destituida, sin ningún proceso o motivo legal alguno, aclarándose en dicho memorándum que el último día de su actividad laboral debía cumplirla el 22 de agosto de 2022. Contra esta determinación el 25 de igual mes y año, interpuso Recurso de Revocatoria, solicitando que se deje sin efecto el mencionado memorándum de agradecimiento de servicios; empero, por Resolución Administrativa (RA) 545/2022 de 7 de septiembre, la autoridad política demandada, confirmó el memorándum de agradecimiento de servicios; ante ese escenario, el 26 del mismo mes y año, presentó Recurso Jerárquico, lo que mereció Decreto de 27 se septiembre de 2022, por el cual, la autoridad política hoy demandada, señaló que, “…en observancia del Articulo 69 inc. C de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, no habiendo Autoridad Superior después de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la parte ha agotado la vía administrativa, pudiendo acudir a la vía llamada por Ley” (sic); es decir declaró improcedente su Recurso Jerárquico, por lo cual, no existiendo otro mecanismo judicial o administrativo al cual pueda acudir, planteó la presente acción de amparo constitucional con la finalidad de reclamar y obtener la tutela de sus derechos fundamentales. Por Decreto de 6 de febrero de 2023 (fs. 72), David Clavijo Zurita, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con carácter previo a admitir la acción de amparo constitucional, solicitó a la accionante acredite haber acudido con anterioridad a la Jefatura del Ministerio de Trabajo; a lo cual, la hoy accionante respondió que, al tratarse de una Servidora Pública, su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, no se encuentra regulada por la Ley General del Trabajo, expresando además, que dicha pretensión resulta impertinente. Por Decreto de 14 del mismo mes y año (fs. 77), David Clavijo Zurita, Vocal de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con carácter previo a admitir la acción de amparo constitucional, solicitó a la accionante: a) Informe cual fue la última resolución impugnada; b) Señale los derechos fundamentales y garantías constitucionales que considera vulnerados; c) Adjunte documentación en concreto “Contrato de Trabajo que habría suscrito la ahora accionante” (sic); y, d) Formule con claridad y precisión su petitorio, señalando el nexo de causalidad entre la fundamentación fáctica y el derecho supuestamente vulnerado. A lo cual la accionante por memorial presentado al efecto, aclaró los incs. a), c) y d); y respecto al inc. b) señaló que no existe ningún contrato y que claramente en el memorial de amparo constitucional se señaló que tanto el vínculo laboral como su desvinculación se dio por medio de memorándums.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, trabajo y estabilidad laboral de persona con discapacidad, citando al efecto el art. 70 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó, se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: 1) La inmediata restitución a su fuente laboral; 2) En caso de que el Ítem 191 ya no existiere por la argumentada restitución interna, se la restituya en un cargo y con un salario similar al que percibía antes de su destitución; 3) El pago de sueldos y salarios devengados desde el agradecimiento de sus servicios en fecha 22 de agosto de 2022; y, 4) El pago de costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de marzo de 2023 según consta en el acta, cursante de fs. 144 a 147; presentes la parte accionante asistida de su abogado y la autoridad demandada por medio de sus representantes legales, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La solicitante de tutela ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y respondiendo al informe presentado por la autoridad demandada sostuvo que: i) La parte demandada, sostiene que, no existe ninguna lesión de sus derechos, pues existiría una reestructuración dispuesta por Ley Departamental; empero, dicha normativa es emitida por el Ejecutivo, quien en análisis de los funcionarios que cuentan con inamovilidad laboral por su condición de discapacidad debió prever esta situación y respeto de estos derechos y no promulgar la norma con la que se dio su desvinculación; y, ii) Los arts. 3, 5 y 6 del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004, disponen que una persona con discapacidad, no podrá ser destituida de su fuente laboral, salvo las causales establecidas por Ley y previo procedimiento, generándose con ello el derecho a la estabilidad laboral de una persona con discapacidad, lo que fue inobservado por la autoridad política demandada al emitir el memorándum de agradecimiento de servicios, y al no haber resuelto conforme a dicha línea jurídica los Recursos de Revocatoria y Jerárquico.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Patricia Sánchez Troche y María Rosa Méndez Soliz, en representación legal de Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, según consta por Testimonio 14/2023 emitido por Ana María Veizaga Siles, Notaria de Gobierno (fs. 91 a 94 vta.), por informe presentado el 27 de febrero de 2023 según consta de fs. 133 a 137, señalaron que: a) El Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, fue emitido en cumplimiento de la Ley Departamental 1074 que aprobó la restructuración, organización, escala salarial y planilla presupuestaria del personal de planta del Órgano Ejecutivo, eliminando en este caso el Ítem 191 que le correspondía a la hoy accionante; b) Una vez que la impetrante de tutela interpuso Recurso de Revocaría, esta solicitó que se deje sin efecto el memorándum de su desvinculación, y se la restituya en su fuente laboral; dado que el Ítem fue eliminado por la mencionada Ley Departamental, en reuniones de conciliación de 24 de agosto y 6 de octubre de 2022, en mérito a su solicitud se le intentó entregar un memorándum para que se incorpore laboralmente a la Gobernación de Cochabamba, con el Ítem 133 de “Educador 51”, con una remuneración de Bs3 328.- (tres mil trecientos veintiocho bolivianos), mismo que se rehusó a recibir; c) Si bien la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012; Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad –Ley 977 de 27 de septiembre de 2017-; y, el DS 27477, establecen que las personas con discapacidad tiene derecho a la inamovilidad laboral como regla general, la propia normativa también prevé excepciones, que consiste en la movilidad laboral o reubicación en otro cargo de la persona con discapacidad por temas de restructuración interna, lo que ha ocurrido en el presente caso, pues por Ley Departamental se ha previsto la restructuración interna del personal del Órgano Ejecutivo; empero, a la hoy accionante se le ha garantizado su estabilidad laboral con otro Ítem y en un cargo similar; y, d) Al haber la accionante rechazado su nuevo Ítem 133 como “Educador 51”, produjo un acto consentido, ya que el Órgano Ejecutivo, lo único que efectuó fue una reorganización en mérito a la normativa señalada anteriormente, y reubicar en otro cargo similar a la impetrante de tutela, por lo cual ante ese escenario corresponde denegarse la tutela solicitada en aplicación del art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En audiencia tutelar, las representantes legales de la autoridad demandada, emitieron los mismos argumentos expuestos en su informe escrito.

I.2.3. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 031/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 148 a 151 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el memorándum de agradecimiento de servicios por restructuración 04/2022 de 22 de agosto, y la RA 545/2022 de 7 de septiembre de 2022; 2) La reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral, y en caso de no existir el Ítem anterior, a un cargo similar con la misma remuneración; y, 3) Se deniega el pago de sueldos y salarios devengados; decisión asumida, con base en los siguientes fundamentos: i) La Constitución Política del Estado en sus arts. 14.II y 71.I. disponen que, el Estado prohíbe todo tipo de discriminación fundada en razón de sexo, color, raza o discapacidad, en ese marco, el Estado deberá adoptar medidas de acción positiva de integración a la sociedad de las personas con discapacidad; por otro lado, el DS 27477, dispuso con claridad que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno; además, las personas con discapacidad que presten sus servicios en el sector público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, finalmente el art. 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad señala que, el Estado en todos sus niveles de gobierno deberá desarrollar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad garantizando la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad; ii) La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra Personas con Discapacidad; La Observación General 5, emitida por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales; La Declaración de los Derechos de los Impedidos; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), buscan proscribir situaciones discriminatorias de trabajo para este grupo vulnerable, procurando la creación de oportunidades laborales; iii) Entre otras, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, 0297/2016-S2 de 23 de marzo; 0033/2017-S2 de 6 de febrero; y, 0391/2012 de 22 de junio, han señalado la importancia de la protección reforzada a los trabajadores y trabajadoras con algún grado de discapacidad, en virtud a que el constituyente ha sostenido de manera reiterada, la importancia de la protección efectiva de las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, en el cual ingresan las personas con discapacidad, por lo tanto, la normativa de desarrollo, dispone que toda persona con discapacidad cuenta con el derecho a la inamovilidad laboral, siendo este un derecho que todos los empleadores deben respetar, mas aun cuando se trate de instituciones del Estado; iv) En el presente caso, la accionante ha demostrado que, prestaba sus servicios de forma regular en el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (antes Prefectura del departamento de Cochabamba), desde 2004, ascendiendo progresivamente al cargo de Profesional I, también ha demostrado mediante Carnet de Discapacidad, tener una discapacidad auditiva, no obstante a ello, mediante Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, la autoridad política hoy demandada, le agradeció sus servicios, es decir, procedió a su destitución, sin ninguna causa aparente ni proceso previo, más que el argumento de tenerse al interior de la Entidad Territorial Autónoma una restructuración; v) A pesar de haber presentado los correspondientes Recursos de Revocatoria y Jerárquico contra dicha determinación, alegando su derecho como persona con discapacidad a la inamovilidad laboral, la situación de la hoy accionante no fue modificada, por el contrario, se le ofreció un Ítem diferente con un sueldo menor al que percibía como Profesional I, mismo que fue rechazado por ésta; y, vi) No existiendo ninguna justificación valedera para la desvinculación laboral de la hoy impetrante de tutela, y en resguardo de sus derechos como persona que pertenece a un grupo de atención prioritaria corresponde conceder la tutela.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones: II.1. Por Memorándum URH/0400/04 de 1 de marzo de 2004, firmado por Alfonso Camacho Peña, Prefecto y Comandante General del Departamento de Cochabamba, se designó en el cargo de Apoyo Administrativo I (Ítem 184) a Carla Rosemary Caussin Poppe (fs. 19). II.2. Cursa copia de Carnet de Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia en aplicación de la Ley 223 que corresponde a Carla Rosemary Caussin Poppe, por el cual se acredita que la hoy accionante presenta una discapacidad de tipo auditiva moderada, el citado documento tiene una vigencia del 4 de agosto de 2021 a 4 de agosto de 2027 (fs. 18). II.3. Mediante Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, firmado por Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba -hoy accionado-, se agradeció los servicios prestados a dicha entidad del Estado a Carla Rosemary Caussin Poppe, quien ocupaba el cargo de Profesional I (Ítem 191) dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social – Secretaria Departamental de Desarrollo Humano, señalando que el motivo de su destitución corresponde a una restructuración interna (fs. 20). II.4. Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022 al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, Carla Rosemary Caussin Poppe, interpuso Recurso de Revocatoria contra el Memorándum de destitución GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, argumentando contar con inamovilidad laboral dada su condición de discapacidad auditiva (fs. 21 a 23 vta.); lo que mereció RA 545/2022 de 7 de septiembre firmada por Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador Autónomo del Departamento de Cochabamba, por la cual se rechazó su pretensión, manteniendo los efectos del Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, bajo el argumento de que si bien cuenta con inamovilidad laboral por su discapacidad, la norma prevé que existen excepciones para desconocer la misma, en el presente caso sería la restructuración del personal del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (fs. 24 a 28); ante esta decisión la hoy accionante mediante memorial presentado el 26 de setiembre de 2022, activó el Recurso Jerárquico, con los mismos argumentos antes descritos y denunciando la lesión de su derecho a la inamovilidad laboral (fs. 29 y vta.); lo que mereció Decreto de 27 septiembre de 2022, firmado por Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador Autónomo del Departamento de Cochabamba, en el cual éste manifestó que, en observancia del Articulo 69 inc. c de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, no habiendo Autoridad Superior después de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la parte ha agotado la vía administrativa, pudiendo acudir a la vía llamada por ley” (sic [fs. 30]). II.5. Mediante Comunicación Interna GC-UGRH-332/2022 de 31 de agosto, emitida por José Obando Gonzales Profesional I a Patricia Sánchez Troche, Directora Jurídica, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, se informó que, Carla Rosemary Caussin Poppe, presta sus servicios en dicha Entidad del Estado desde 1 de marzo de 2004, ingresando en el cargo de Apoyo Administrativo I, hasta el último cargo –antes de su destitución– de Profesional I, percibiendo un sueldo mensual de Bs5 984.-(cinco mil novecientos ochenta y cuatro bolivianos); en el mismo informe se hace constar que la prenombrada acredita ser “…una persona con discapacidad auditiva moderada” (sic [fs. 101 a 106]). II.6. Cursa copia de “Curriculum Vitae” que corresponde a Carla Rosemary Caussin Poppe, en el cual se advierte que: a) Entre su acreditación profesional, obtuvo Certificado de Competencias Lengua de Señas Bolivia; y, b) Entre los certificados de participación, se tiene, Reconocimiento a la Cooperación brindada al Sector de la Persona con Discapacidad 2005; Certificación de participación del Primer Congreso Nacional Extraordinario de personas con discapacidad (2006 - 2008); Certificado de Reconocimiento y Agradecimiento por haber apoyado en la Gestión Administrativa del Comité Interinstitucional de la Lengua de señas (2010); Certificado de participación de Elaboración y recojo de propuestas para el reglamento de la ley 223, (2012); Reconocimiento a las personas meritorias con discapacidad del Departamento de Cochabamba (2012); Certificado de participación “Velada Artística Cultural de Personas con Discapacidad” (2013); Certificado de participación Quinto Encuentro Nacional de la Federación y Asociaciones de Sordos de Bolivia (2017), y otros similares (fs. 3 a 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia a lesión de sus derechos a la vida, trabajo y estabilidad laboral de persona con discapacidad, en virtud a que la autoridad política demandada, sin considerar su situación de discapacidad auditiva demostrada mediante Carnet de Discapacidad; por Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, agradeció los servicios que venía prestando en el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (antes Prefectura del Departamento de Cochabamba) desde 1 de marzo de 2004; y aun cuando interpuso los Recursos de Revocatoria y Jerárquico para revertir dicha situación, los mismos fueron rechazados por la misma autoridad demandada. En consecuencia, corresponde verificar y en su caso determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Inamovilidad laboral de personas con capacidades diferentes al pertenecer a un grupo de atención prioritaria

Los arts. 70 al 72 de la CPE, resaltan la importancia que para el Estado resulta una atención preferente, las personas con discapacidad, en ese marco, en el ámbito laboral, la Norma Suprema señala que, toda persona con discapacidad goza del derecho a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna, con lo cual también se prohíbe y se sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación de las personas con discapacidad; por otro lado, el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna, generando condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Cumpliendo con la mencionada voluntad del constituyente, el 2 de marzo de 2012, fue promulgada la Ley General para Personas con Discapacidad (Ley 223), en cuyo art. 13, el legislador ha dispuesto que, “El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades” (el resaltado nos pertenece); el art. 34 del mismo cuerpo normativo, dispone que, “I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad

laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo” (el resaltado nos pertenece). Con lo cual resulta evidente que las personas con discapacidad, cuentan con inamovilidad laboral, como un derecho preferente dada su condición de atención prioritaria y reforzada, que ya fue establecida incluso el año 2004, mediante Decreto Supremo 27477 de 6 de mayo, mismo que en su art. 5 sostiene que, “Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley” (el resaltado nos pertenece). Ahora bien, en la reglamentación de la citada Ley 223, el art. 22 del Decreto Supremo 1893, resalta que, “I. Para garantizar la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad del sector privado, se procederá conforme a normativa en vigencia. II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, elaborará y aprobará un procedimiento específico para la reincorporación de servidoras y servidores públicos con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres y tutores de personas con discapacidad, ante un despido injustificado” (el resaltados pertenece). En ese orden de ideas, queda claro que tanto en el sector privado y más aun en el sector público las personas con discapacidad cuentan con derecho a la inamovilidad laboral, y solo existirá una desvinculación según términos previsto por Ley y previa sustancian de un debido proceso. En esa misma línea de razonamiento jurídico la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, promulgada el 27 de septiembre de 2017 (Ley 977) en su art. 2.V, dispone que, “Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” (el resaltado nos pertenece). En ese orden la SC 0477/2011-R de 18 de abril sostuvo que, “ʽDe las normas desarrolladas precedentemente, se establece que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios con discapacidad, ya sea que éstos presten servicios en los sectores público o privado, implica la inamovilidad laboral y excepcionalmente su despido por causa justa y previo proceso´. Debe señalarse que el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un ´(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado‴ (el resaltado nos pertenece).

A modo de conclusión y señalando la actualidad de los referidos razonamientos, la SCP 0344/2022-S1 de 2 de junio, efectuando una relación de la jurisprudencia constitucional, ha establecido que, “…con relación a la estabilidad laboral de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, tuteló el citado derecho en los casos en los que se produjo despidos intempestivos de personas con capacidades diferentes, en las SSCC 1550/2004-R de 29 de septiembre, 0988/2006-R de 9 de octubre y 0479/2010-R de 5 de julio, entre otras; del mismo modo, garantizó la inamovilidad funcionaria y laboral de personas que tienen bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes conforme a ley, a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril y la SCP 0614/2012 de 23 de julio, entre otras” (el resaltado nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, trabajo y estabilidad laboral de persona con discapacidad, en mérito a que la autoridad política demandada, mediante Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, agradeció los servicios que venía prestando en la Gobernación de Cochabamba (antes Prefectura de Cochabamba) desde 2004, sin considerar que por Carnet de Discapacidad, acreditó una discapacidad auditiva; y, pese a haber activado los Recursos de Revocatoria y Jerárquico, haciendo notar dicha condición que implica un derecho a la inamovilidad laboral, ésta rechazó los mismos. En ese contexto, de las Conclusiones II.1. y II.5. de este fallo constitucional, se hace evidente que, Carla Rosemary Caussin Poppe, por Memorándum URH/0400/04 de 1 de marzo de 2004, fue designada en el cargo de Apoyo Administrativo I en la entonces Prefectura del Departamento de Cochabamba, con posterioridad, fue ascendiendo en diferentes cargos, hasta llegar a ocupar el cargo de Profesional I, percibiendo un sueldo mensual de Bs5 984.- (cinco mil novecientos ochenta y cuatro bolivianos) -cargo que ocupó hasta su destitución el 22 de agosto de 2022-, sin que se advierta que, en todo este tiempo haya sido objeto de algún proceso interno o algún tipo de sanción, más que una llamada de atención en la gestión 2012, según se tiene de la Comunicación Interna GC-UGRH-332/2022 de 31 de agosto. Sin embargo, por Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto firmado por Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba –hoy autoridad demandada–, fue destituida del cargo Profesional I (Ítem 191) dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social – Secretaria Departamental de Desarrollo Humano, alegándose una restructuración interna (Conclusión II.3.); en ese escenario, interpuso contra el referido memorándum de destitución, Recurso de Revocaría, el 25 del mismo mes y año, argumentando que le fue desconocido y por ende lesionado su derecho a la inamovilidad laboral acreditando mediante Carnet de discapacidad ser titular de este derecho; no obstante, por RA 545/2022 de 7 de septiembre, firmada por la autoridad política demandada, ésta rechazó su recurso, bajo el fundamento de que existe un caso excepcional de restructuración interna establecida por Ley Departamental; en ese marco, el 26 de septiembre de 2022, la hoy accionante planteó Recurso Jerárquico, argumentando la misma lesión de su derecho a la inamovilidad laboral en su condición de persona con discapacidad; lo que mereció, Decreto de 27 del mismo y año, por el cual la autoridad política demandada, le respondió, “…en observancia del Articulo 69 inc. c de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, no habiendo Autoridad Superior después de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la parte ha agotado la vía administrativa, pudiendo acudir a la vi llamada por ley” (sic); es decir, rechazó nuevamente su pretensión, además de señalar como agotada la vía admirativa (Conclusión II.4.), por lo que, la hoy impetrante de tutela, activó el presente mecanismo de defensa constitucional, con el fin de restituir sus derechos invocados. Conforme a la problemática planteada, del Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional se tiene que, siendo la Norma Suprema Boliviana, en esencia, una Constitución garantista, la voluntad del constituyente ha asumido, la importancia que para el Estado representa la protección reforzada de los grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran las personas con discapacidad; en ese escenario, el legislador, siguiendo la línea política incluso antes de la promulgación de la Constitución vigente, ha establecido que, “El Estado garantizará la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad” (art. 34.II de la Ley 223), en reglamentación de esta norma, el Decreto Supremo 1893, señala la importancia de respetar y cumplir con el derecho a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad, por lo cual encargó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social un procedimiento de reincorporación de servidores y servidoras públicas con discapacidad; en cumplimiento de los preceptos constitucionales referidos a las personas con discapacidad, la legislación de desarrollo (Ley 977) también ha dispuesto que, El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Conforme la normativa glosada ut supra, que también fue entendida en la misma línea de razonamiento expuesto, la jurisprudencia constitucional, se hace evidente que las personas con discapacidad cuentan con el derecho a la inamovilidad laboral, ante la obligación del Estado de resguardar a este grupo de atención prioritaria con políticas diferenciadas que atiendan la necesidad de su condición, en este caso, la estabilidad laboral al ser personas que no solo requieren de un sueldo para su subsistencia, sino también para atender los diferentes problemas de salud que acarrea su condición y otras particulares a la situación vulnerable que presentan, el Estado debe reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad, debiendo en todo momento salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo” (art. 27.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). En ese comprendido, Carla Rosemary Caussin Poppe, por Carnet de Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud, acreditó tener una discapacidad auditiva moderada (Conclusión II.2.), situación que fue conocida por la Directora Jurídica del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, dado que, por Comunicación Interna GC-UGRH-332/2022 de 31 de agosto, se le informó que la hoy accionante presentaba una discapacidad auditiva moderada, por lo cual no se podría argumentar un desconocimiento de dicha condición. Ahora bien, según pudo razonar la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio, “El DS 1893 de 12 de febrero de 2014 que reglamenta la Ley General para Personas con Discapacidad, establece en su art. 3 que sus disposiciones son aplicables a las personas con discapacidad que cuenten con el Carnet de Discapacidad. Entre esas disposiciones se encuentra el art. 22.I, que hace referencia a la inamovilidad laboral. De ello podría desprenderse que únicamente cuando las personas cuenten con Carnet Discapacidad podrán ejercer sus derechos, entre ellos, la inamovilidad laboral; (…) Por lo que, si bien el DS 1983 exige la obtención del certificado de discapacidad para la acreditación de dicha condición; sin embargo, dicho certificado debe ser entendido como una garantía para el ejercicio de los derechos específicos de este grupo de atención prioritaria y de los familiares que los cuidan y protegen, entre ellos, el derecho a la inmovilidad laboral, pero de ninguna manera puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de las personas con discapacidad notoria y evidente, pero que, formalmente, no han obtenido aún el certificado que lo acredite” (el resaltado nos pertenece). En el presente caso, Carla Rosemary Caussin Poppe, por Carnet de Discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud, pudo acreditar su condición de discapacidad; a mayor abundamiento, en análisis de su Curriculum Vitae (Conclusión II.6.), que también es de conocimiento de la parte demandada, pudo demostrar mediante diferentes certificados la condición que presenta y que no solo establecen su discapacidad, sino además demuestran una actitud proactiva en relación a las personas con discapacidad, pues es valorable que una persona en su condición, pueda seguir trabajando no únicamente para sostener su vida, sino además para contribuir con su trabajo a otras personas con discapacidad, lo que no fue observado y mucho menos valorado por las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, al momento de proceder con su desvinculación. En ese marco, acreditado que la hoy accionante es una persona con discapacidad, y que a ésta no le fue respetado su derecho a la inamovilidad laboral, corresponde conceder la tutela solicitada en relación a su derecho a la inamovilidad laboral vinculado con su derecho al trabajo; y dado que, el desconocimiento y lesión de sus derechos inicia con su destitución mediante Memorándum GC-UGRH-AS/004/2022 de 22 de agosto, la autoridad demandada, debe pagar los sueldos y salarios que fue impedida de percibir desde esa fecha, aclarando que su percepción mensual corresponde a Bs5 984.- (cinco mil novecientos ochenta y cuatro bolivianos); por otro lado, y con el fin de restituir su derecho a la inamovilidad laboral, se dispone que el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, reconozca la antigüedad y los beneficios sociales que fueron adquiridos por los servicios prestados por la accionante desde 1 de marzo de 2004, otorgándole un cargo de similares características y percepción mensual que correspondía al Ítem 199. Con relación al derecho a la vida, se deniega la tutela, pues no existen elementos suficientes para establecer que la autoridad política demandada, hubiere incurrido en la lesión de este derecho; tampoco se otorga la tutela en relación la solicitud del pago de costas.

III.3. Otras consideraciones

La Autoridad demandada, en su informe escrito, así como en audiencia tutelar, sostuvo que mediante conciliación ofreció un nuevo Ítem a la hoy accionante, con el fin de respetar sus derechos a la inamovilidad laboral, Ítem que tendría una percepción mensual de Bs3 328.- (tres mil trecientos veintiocho bolivianos), y ante el rechazo de dicho cargo, esto se constituiría en un acto consentido, lo cual no es evidente, pues la accionante buscaba el reconocimiento de su derecho a la inamovilidad laboral y no así un nuevo Ítem y mucho menos con un menor sueldo, aspecto que también llama la atención a esta jurisdicción constitucional, pues el respeto del derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad no se constituye en el desconocimiento de este y la reparación a medias del daño ocasionado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente adecuada.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 031/2023 de 3 de marzo, cursante de fs. 148 a 151 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en relación al derecho a la inamovilidad laboral vinculado con el derecho al trabajo, disponiendo que Humberto Sánchez Sánchez, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, proceda con la restitución inmediata de la fuente laboral de la accionante, sea con el mismo nivel salarial que percibía al momento de su destitución, respetando además la antigüedad y demás beneficios sociales que fueron adquiridos por ésta desde 1 de marzo de 2004. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Art. 5 del Decreto Supremo 27477 de 6 de mayo: “Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0344_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0b94f3c038f3f8fee5e5382ab510e8725fd62fa7bb68f9fbb63454b5b26d1f00

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