B.IA.LEGAL

SCP 0344/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51946-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de celeridad y de legalidad procesal; alegando que, se suspendió la celebración de la audiencia de situación jurídica señalada para el 17 de noviembre de 2022 a horas 10:00; por cuanto Rosario Ximena Flores Paniagua y Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Jueces de Instrucción Penal Quinta y Séptimo respectivamente de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandados-, debieron efectivizar la realización de dicha audiencia a efecto de considerar la cesación de las medidas cautelares impuestas y librar el mandamiento de libertad correspondiente; al no efectuarse la misma, vulneraron su derecho a la libertad.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 26/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 93 a 96, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada con relación a Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los mismos extremos establecidos por la Jueza de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada; 2º DENEGAR la tutela con respecto a Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; toda vez que, al encontrarse impedida por su estado de salud, lo cual fue acreditado con su baja médica y habiendo solicitado licencia a la instancia correspondiente, la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso la suplencia legal de su similar; y,

3º Llamar la atención a Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, al no haber desempeñado debidamente sus funciones en suplencia legal a cargo de su homóloga Quinta, exhortándole a obrar con celeridad aplicando el principio de celeridad que rige en la administración de justicia, con la finalidad de evitar dilaciones indebidas e innecesarias a los litigantes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2025-S3 Sucre, 08 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51946-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 93 a 96, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elias Tordoya Osinaga y Eddy Edson Bautista Pereyra en representación sin mandato de Lider Silva Escobar contra Rosario Ximena Flores Paniagua y Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Jueces de Instrucción Penal Quinta y Séptimo, respectivamente, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs. 17 a 18, el accionante a través de sus representantes expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 17 de mayo de 2022 se efectuó la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en la cual se emitió Auto Interlocutorio 342/2022, que dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. En el citado Auto Interlocutorio se determinó la audiencia de situación jurídica para el 17 de noviembre del mismo año a horas 10:00. Por lo que, cumplido con el periodo de tiempo de la detención preventiva, su Abogado se comunicó con la Secretaria del aludido Juzgado de origen a horas 10:00, para consultar sobre la celebración de la señalada audiencia, quien le indicó que estaban en otra audiencia y que terminando se efectuaría su audiencia, posponiéndola para horas 11:00. Seguidamente, a horas 11:15, se conectó la Secretaria del Juzgado ya mencionado a la Sala Virtual anunciando la suspensión de la audiencia y el señalamiento de nueva fecha y hora para la misma; toda vez que, la Jueza de Instrucción Penal Quinta -demandada- tenia baja médica y que el expediente se declinó a su similar Séptimo en suplencia de turno, sin tomar sus previsiones para evitar la suspensión de la audiencia de situación jurídica; aseveración que resulta ser contradictoria; toda vez que, en una primera oportunidad mencionó que estaban en audiencia de medidas cautelares con aprehendido a horas 10:00; y posteriormente, se conectó horas 11:15 a la Sala Virtual indicando la suspensión por baja médica de la Jueza hoy demandada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de celeridad y de legalidad procesal; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que: “… EN EL ACTO MANDE Y ORDENE QUE EMITAN EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE LIBERTAD (…) POR ESTAR YA ILEGALMENTE DETENIDO” (sic); asimismo, en los Otrosí 2 y 4 -lo correcto es 3-, requirió que, la autoridad jurisdiccional que tenga en su poder el expediente efectué la audiencia de situación jurídica y posteriormente libre el correspondiente mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 91 a 92 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus presentantes, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) El 17 de mayo de 2022 se celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares, que dispuso detención preventiva por el plazo de seis meses, mismo que fue cumplido el 17 de noviembre del mismo año. Si bien se comprendió la condición de la Jueza -ahora demandada- respecto a su estado de salud y baja médica; no obstante, debió aplicar el principio de celeridad y el art. 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), remitiendo en el acto los expedientes al Juez suplente hoy demandado; empero, lo realizó transcurrido dos días vulnerándose los derechos de libertad y locomoción; b) El 17 de noviembre de igual año, a horas 10:00 la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, informó que estaban en audiencia cautelar y que posteriormente se desarrollaría la audiencia citada; c) Se anoticiaron sobre la pretensión de ampliación de la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público, misma que no es aplicable al caso conforme señala el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lo cual fue denunciado en memorial de 15 de noviembre de igual año, indicando que los plazos están vencidos y que cursa una demanda constitucional; d) Se vulneró el debido proceso y el principio de legalidad; toda vez que estuvo detenido más tiempo del establecido; e) El Juez demandado en suplencia legal no informó anticipadamente de la suspensión de la audiencia, dejándole en espera más de una hora, para que luego la Secretaria del Juzgado de origen les informe ese extremo; por lo que, la autoridad demandada debió instalar la misma para luego suspenderla explicando los motivos; f) No existían motivos para que continúe privado de su libertad, razón por la cual planteó la acción de libertad, al amparo del art. 125 de la CPE; toda vez que, el Juez suplente -ahora demandado- al momento de asumir funciones no decretó fundadamente la suspensión de la audiencia conforme establece el art. “139” -lo correcto es art. 239- del CPP en su penúltimo párrafo. La autoridad demandada no aplicó el precepto normativo del art. 231 del CPP -medidas cautelares personales-, señalando como justificación la “sobre carga” en sus funciones; g) El lapso de tiempo de la detención preventiva fue cumplido y con la demora suscitada se vulneró el derecho a su libertad, pretendiéndose aplicar una ampliación arbitraria, la cual no tiene fundamento; h) Alegó se conmine a la autoridad demandada que “tenga en su poder el expediente”, se pronuncie dentro de las veinticuatro horas con relación al incumplimiento del plazo y se aplique el art. 134 del CPP, o en su defecto se conmine a la Fiscalía Departamental para que aplique el tercer acápite del citado artículo, esas fueron las peticiones planteadas a objeto que se restablezcan las formalidades legales; y, i) Se presentó la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, la cual señala que: “… las audiencias no se pueden suspender de cesación a la detención preventiva, no puede suspenderse, porque toda vez que todas las partes involucradas han sido notificadas legalmente” (sic).

I.2.2. Informe de los demandados

Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito que no señala fecha de presentación, cursante de fs. 41 a 42, señaló que: 1) El 14 de noviembre de 2022 se vio afectada su salud, por lo que fue trasladada de emergencia a la Caja Nacional de Salud (CNS) del Tercer Anillo, quedando internada para ser tratada por los médicos especialistas; 2) De esta situación emana la baja médica que abarca desde la fecha de su internación, motivo por la cual solicitó licencia temporal adjuntando la documentación correspondiente; 3) Se designó en suplencia al Juez Séptimo de igual jerarquía del mismo departamento, extremo que fue demostrado con la documentación adjunta; 4) Desde la fecha de la internación quedó sin competencia para efectuar la audiencia de situación jurídica de 17 de noviembre de 2022 a horas 10:00; asimismo, para resolver la resolución de presentación de pruebas del imputado -ahora accionante- de 15 de similar mes y año a horas 13:00; 5) Adjuntó copias para demostrar los extremos expuestos; y, 6) Solicitó se deniegue la tutela respecto a su autoridad; toda vez que, no existe responsabilidad que la vincule y por la falta de legitimación pasiva. Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito de 18 de noviembre de 2022, cursante a fs. 43, señaló que: i) El 16 del mismo mes y año fue notificado por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz con la designación de suplencia de su similar Quinta; ii) Realizó las funciones con total normalidad de su Despacho titular; iii) La suspensión de la audiencia de situación jurídica de 17 de igual mes y año de horas 10:00, se debió a la colisión de dos audiencias en similar horario; estas audiencias correspondían a una de situación jurídica con presencia del detenido preventivo -ahora accionante- en el Despacho judicial y la otra de una imputación formal y medidas cautelares con persona aprehendida fijada para horas 10:30; iv) Resultó complejo resolver la situación jurídica de ambos casos; toda vez que, no podría constituirse en dos lugares a la misma hora y fecha, motivo por la cual se suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva; y, v) Solicitó se rechace la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 26/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 93 a 96, concedió la tutela solicitada, disponiendo que: “En el plazo establecido por ley, el Juez que conozca la causa lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, toda vez que no se tiene la certeza hasta cuando es la baja médica de la Jueza Titular hoy demandada, en caso de permanecer con baja médica, tiene que celebrar la audiencia de cesación a la detención preventiva el Juez que se encuentra en Suplencia Legal que se encuentra ahora demandado; es decir quien tenga conocimiento legal lleva a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva de LIDER SILVA ESCOBAR, y en dicha audiencia se resuelva la situación jurídica del mismo” (sic), con base en los siguientes fundamentos: a) En relación a la Jueza demandada, de acuerdo a su baja médica de 14 de noviembre de 2022 se acreditó debidamente su impedimento legal para efectuar las funciones a su cargo; toda vez que, la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece que, ante el impedimento de alguna autoridad judicial debe designarse a un Juez suplente, razón por la cual se designó al Juez de Instrucción Penal Séptimo de la misma Capital y departamento -hoy demandado-; siendo notificado el 16 de noviembre de 2022, fecha en que asumía las responsabilidades de dicho Despacho -audiencias pendientes a efectuarse-; por ello con base en los antecedentes expuestos la demandada no tuvo responsabilidad alguna que la vincule a la problemática del caso; y, b) Con relación al Juez hoy demandado, en su informe mencionó que se encontraba realizando otra audiencia, por lo que le fue imposible concurrir a dos lugares a la misma hora y fecha, debido a esa eventualidad suspendió la audiencia del ahora accionante; empero, no adjuntó prueba alguna que sustente lo alegado, por lo tanto, se vulneró el principio de celeridad del presente caso conforme los antecedentes y la jurisprudencia señalada -SC 0900/2010-R de 10 de agosto-; toda vez que, no existió óbice para que la prenombrada autoridad demandada efectuara la audiencia de cesación de la detención preventiva por el vencimiento del plazo establecido. En la vía de la enmienda, complementación y aclaración, la parte impetrante de tutela solicitó a la Jueza de garantías se pronuncie con relación al petitorio -segunda parte-, la cual expresó “… si bien se ha concedido la tutela respecto a la audiencia de cesación a la detención preventiva, y con relación a los plazos que ya se encuentran vencidos que hace referencia el abogado, la suscrita Juez no tiene certeza de ello para poder establecer si existe una dilación o no, toda vez que, no se ha presentado prueba de ella, por lo que la suscrita Juez considera que, esa es una atribución del Juez que lleva a cabo el proceso penal dar cumplimiento a lo que establece la norma y no así de la suscrita juez constituida en tribunal de garantías, por lo que no habiendo nada más que complementar, la presente audiencia queda concluida” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 342/2022 de 17 de mayo, emitido por Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, disponiendo la aplicación de medidas cautelares de detención preventiva contra Lider Silva Escobar -ahora accionante- por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Seguidamente realizó el señalamiento de la audiencia de consideración de su situación jurídica para el 17 de noviembre de 2022 a horas 10:00 (fs. 9 a 11 vta.). II.2. Mediante Nota NOT/CM – RRHH – CTRL PER – BJ – CITE: 182/2022 de 14 de noviembre, con suma “Recepción de Baja Médica” (sic), Iban Dulfredo Cossio Fernández, Técnico de Control de Personal Provincia de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH) del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, puso a conocimiento del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento la baja médica de la Jueza demandada por incapacidad temporal, la cual entró en vigencia a partir de la fecha precitada (fs. 37). II.3. Mediante providencia de 14 de noviembre de 2022, Edil Robles Lijerón, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tuvo presente la baja médica de la Jueza demandada; en consecuencia, dispuso que la suplencia legal del citado Juzgado y sea asumida por Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del citado departamento -ahora codemandado-, en aplicación al art. 68 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), modificado por la Disposición Adicional de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- (fs. 36). II.4. A través de Oficio 1530/2022 de 14 de noviembre de 2022, con la suma “Hace conocer y comunica” (sic), Edil Robles Lijerón, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, designó a Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo del indicado departamento -ahora codemandado-, en suplencia legal de su similar Quinta; debido a la baja médica desde la misma fecha de esa nota (fs. 35). II.5. Del Certificado de Incapacidad Temporal de 14 de noviembre de 2022, emitido por el Departamento de Afiliación perteneciente a la CNS del departamento de Santa Cruz, se establece la hospitalización de la autoridad demandada (fs. 38).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de celeridad y de legalidad procesal; alegando que, se suspendió la celebración de la audiencia de situación jurídica señalada para el 17 de noviembre de 2022 a horas 10:00; por cuanto Rosario Ximena Flores Paniagua y Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Jueces de Instrucción Penal Quinta y Séptimo respectivamente de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandados-, debieron efectivizar la realización de dicha audiencia a efecto de considerar la cesación de las medidas cautelares impuestas y librar el mandamiento de libertad correspondiente; al no efectuarse la misma, vulneraron su derecho a la libertad.

III.1. De la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0560/2021-S4 de 13 de septiembre, estableció que: «En la clasificación doctrinal de la acción de libertad, respecto a la finalidad que esta persigue, la traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad; es por ello que, la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra consagrado en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); por tanto, un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, previsto en el art. 23.I de la Ley Fundamental.

Así, con relación a la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre, reiterando la línea jurisprudencial emitida sobre el particular; señaló que: “Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. (…) Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada por los administradores de justicia, caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia

La SCP 0796/2020-S1 de 30 de noviembre, estableció que: «…la cesación de la detención preventiva, quedo redactado de la siguiente forma:

“Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. (…) En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. (…) Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” (…) Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un imputado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. En relación al plazo, en el cual deben ser providenciadas las peticiones vinculadas a la solicitud de cesación de la detención preventiva, el art. 132.1 del CPP, establece que el juez o tribunal, deberá dictarlas dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012 de 27 de abril, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del peticionante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incide; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Con relación a las audiencias y particularmente respecto a una eventual suspensión de la misma, el art. 7 de la citada Ley 1173, ha regulado dicho aspecto en los siguientes términos: “Artículo 113 (AUDIENCIAS) (…) II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal…”» (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes denuncia la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de celeridad y de legalidad procesal; alegando que, se suspendió la celebración de la audiencia de situación jurídica señalada para el 17 de noviembre de 2022 a horas 10:00; por cuanto, los Jueces demandados debieron efectivizar la realización de dicha audiencia a efecto de considerar la cesación de las medidas cautelares impuestas y librar el mandamiento de libertad correspondiente; al no efectuarse la misma vulneraron su derecho a la libertad. Del análisis de los antecedentes y datos contenidos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que: el 17 de mayo de 2022, Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió Auto Interlocutorio 342/2022 disponiendo la detención preventiva de Lider Silva Escobar -accionante- por el lapso de seis meses, así también señaló audiencia de situación jurídica para el 17 de noviembre del mismo año (Conclusión II.1); conforme Nota de 14 de noviembre de 2022, el Técnico de Control de Personal Provincia de la Unidad de RR.HH. del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, puso a conocimiento del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, la baja médica de la precitada Jueza demandada, la cual inició en esa misma fecha (Conclusión II.2). De acuerdo a la providencia de 14 de septiembre de 2022, Edil Robles Lijerón, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tuvo presente la indicada baja médica, y en consecuencia dispuso que Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del citado departamento, asuma la suplencia legal de su similar Quinta aludida (Conclusión II.3); así por Oficio 1530/2022 de 14 de noviembre, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz designó al Juez en suplencia legal de su similar Quinta, ambos del mismo departamento, la licencia fue a partir de la fecha de esta nota (Conclusión II.4); por el certificado de incapacidad temporal de 14 de noviembre de 2022, el Departamento de Afiliación de la CNS del departamento de Santa Cruz, estableció la hospitalización de la Jueza demandada (Conclusión II.5). En ese contexto, con respecto de la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que: “…la acción de libertad (…) se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad…”; así también menciona: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible…”. Asimismo, en el Fundamento Jurídico III.2 hace referencia a la audiencia de cesación a la detención preventiva, estableciendo que: las audiencias señaladas en ningún caso pueden ser suspendidas, salvo que exista una imposibilidad de llevar a cabo por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, en cuya circunstancia no procederá la suspensión sin haberse instalado la audiencia. Bajo tales consideraciones, se advierte que, la Jueza demandada acreditó fehacientemente los fundamentos que le desvinculan de la denuncia impetrada en su contra en la acción de libertad; dicho extremo se establece con la Nota NOT/CM – RRHH – CTRL PER – BJ – CITE: 182/2022, admitida por el Técnico de Control de Personal Provincia de la Unidad de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, así también con el Certificado de Incapacidad Temporal emitido por el Departamento de Afiliación de la CNS, ambos del departamento de Santa Cruz y emitidos el 14 de noviembre de 2022; dado que estos documentos hacen referencia a la hospitalización de la autoridad demandada, motivo por el cual se genera la baja médica por incapacidad temporal que tuvo vigencia desde el 14 de noviembre de 2022. Ahora bien, con respecto al Juez demandado; conforme proveído de 14 de noviembre de 2022, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tuvo presente la baja médica de la Jueza demandada; en consecuencia, dispuso que la suplencia legal de dicho Juzgado seria asumida por el aludido demandado; asimismo, mediante Oficio 1530/2022 de igual fecha, el citado Presidente puso a conocimiento del Juez demandado la designación de suplencia legal de su similar Quinta, estableciendo que la vigencia de la licencia era desde la fecha de esta nota; en razón a la providencia que emitió Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se atribuye la responsabilidad de las funciones del mencionado Juzgado al demandado en suplencia legal. En razón a los acápites mencionados, habiendo asumido la autoridad demandada la suplencia legal de su similar Quinta en aplicación al art. 68 de la LOJ, modificado por la Ley 1173, correspondía que ésta autoridad jurisdiccional desempeñar con responsabilidad y compromiso con las funciones encomendadas; es así que en el presente caso, si bien tenía programada otra audiencia y se encontraba desarrollando la misma, debió oportuna y anticipadamente instalar la audiencia para en forma posterior suspenderla y notificar a las partes, lo cual no hizo, más al contrario la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, de manera informal e improvisada dispuso la suspensión de la audiencia, sin fundamentar debidamente los motivos acaecidos y sobretodo sin haber cumplido con la instalación “formal” de la citada audiencia; en tal sentido, al no haberse actuado en razón de los parámetros normativos establecidos, se lesionó los derechos y principios reclamados por el accionante al haberse cumplido con el lapso de tiempo de la detención preventiva establecido en el Auto Interlocutorio 342/2022 de 17 de mayo. En ese sentido, corresponde conceder la tutela impetrada, por la suspensión indebida de la audiencia de situación jurídica por parte del Juez demandado en suplencia legal; toda vez que, la actitud de ésta autoridad jurisdiccional, actuó de manera contradictoria a los cánones establecidos del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia citada en el presente fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 26/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 93 a 96, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela solicitada con relación a Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en los mismos extremos establecidos por la Jueza de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada; 2º DENEGAR la tutela con respecto a Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; toda vez que, al encontrarse impedida por su estado de salud, lo cual fue acreditado con su baja médica y habiendo solicitado licencia a la instancia correspondiente, la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso la suplencia legal de su similar; y,

3º Llamar la atención a Jaime Rodrigo Buhezo Gómez, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, al no haber desempeñado debidamente sus funciones en suplencia legal a cargo de su homóloga Quinta, exhortándole a obrar con celeridad aplicando el principio de celeridad que rige en la administración de justicia, con la finalidad de evitar dilaciones indebidas e innecesarias a los litigantes.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0344_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 42c0ad28f2ec4446420f5825e06d0f45719c696a4b4a28bb5c78ebddb09414ca

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