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SCP 0344/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
50836-2022-102-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, de la garantía de aplicación del estándar más alto de protección del trabajador; puesto que, omitiendo el fuero sindical que le asiste, el empleador dio por finalizada la relación laboral con su persona, decisión arbitraria que no fue corregida por el Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, quien conociendo su solicitud de reincorporación laboral al mismo puesto de trabajo, declinó competencia ante la judicatura laboral; determinación que, se mantuvo firme en grado de revocatoria y jerárquico, bajo el argumento que su fuero sindical fue revocado por una resolución ministerial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/22 de 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 216 vta. a 221, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria
  2. III.2. La naturaleza provisional de las decisiones pronunciadas en trámites de reincorporación regladas por los Decretos Supremos
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2024-S2 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 50836-2022-102-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 100/22 de 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 216 vta. a 221, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Marcelo Asbún Landívar contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Julio César Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz; y, Omar Alarcón Saigua, Gerente General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Refinación Sociedad Anónima (S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2022, cursante de fs. 176 a 199, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de noviembre de 2021, ingresó a trabajar en la empresa PETROBRAS BOLIVIA S.A.; sin embargo, en cumplimiento a los Decretos Supremos (DDSS) 28701 de 1 de mayo de 2006 y 29128 de 12 de mayo de 2007, y en el marco de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, la entonces YPFB adquirió todo el paquete accionario de la industria citada; por ese motivo, trabajaba para la ahora denominada YPFB Refinación S.A., gozando de continuidad laboral conforme al contrato indefinido suscrito, más su antigüedad, derechos y beneficios respectivos. En tal sentido, por más de catorce años desempeñó diversos cargos hasta que el 7 de octubre de 2021, durante la emergencia sanitaria del COVID-19 y sin previo proceso, el Gerente General demandado emitió la Nota YPFBR-GGL/GTH-291-CI/2021, comunicándole de manera unilateral, la conclusión de la relación laboral, arguyendo la crisis global y la baja producción de crudo como causas para la creación de una nueva estructura organizacional; por tal razón, su puesto de Analista de Evaluación Económica fue suprimido; decisión que considera un despido injustificado, más aún si la empresa referida arrojó utilidades en el período 2021 y se pagaron primas de utilidades a las y los trabajadores entre abril de 2021 a marzo de 2022, además de la creación de nuevos cargos en la Unidad de Desarrollo de Negocios, sin que existe déficit financiero. El 15 de octubre de 2021, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz denunciando despido arbitrario, vulneración de la estabilidad laboral, protección de su condición de dirigente sindical y solicitó se ordene su reincorporación laboral; mereciendo la Resolución de 22 de noviembre de igual año, mediante la cual, el Jefe de dicha instancia laboral declinó competencia; debido a que, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la Resolución Ministerial (RM) 144/21 de 11 de febrero de 2021, revocó la RM 475/18 de 15 de mayo de 2018 y la Resolución Administrativa (RA) 010/18 de 28 de marzo de igual año; por lo que, no gozaría de la calidad de dirigente sindical, decisión que fue confirmada en grado de revocatoria mediante la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022 de 1 de febrero, así como, en alzada por la RM 698/22 de 24 de junio de 2022, sin realizar una compulsa de los antecedentes del proceso, las resoluciones inferiores ni del recurso jerárquico interpuesto; omitiendo la fundamentación y motivación necesarias; sin resolver la problemática planteada conforme correspondía a las pautas interpretativas de los derechos en la Constitución Política del Estado y en el bloque de constitucionalidad; exponiendo criterios formalistas y restrictivos de los derechos fundamentales de protección al trabajador, primacía de la relación, continuidad y estabilidad laboral; incumpliendo las reglas de la congruencia, pertinencia y razonabilidad; dejando de aplicar el estándar más alto de protección de los derechos; olvidando realizar el control de convencionalidad de oficio ni controlar los actos de la mencionada Jefatura. Conforme al certificado de 10 de agosto de 2022, acreditó que está al cuidado y manutención de su madre, persona de adulta mayor y parte de un grupo vulnerable de la sociedad, quien también sufre las consecuencias de su desvinculación. Considera que, en el nuevo modelo de justicia prevalece la verdad material, la igualdad sustantiva, la aplicación directa de los derechos y la consideración de lo sustancial sobre las formalidades, añadiendo que su recurso debió ser resuelto mediante una resolución administrativa jerárquica y no por una ministerial; razón por la que, se debió aplicar la jurisprudencia de derechos humanos de fuente internacional que contiene el estándar más alto de protección al trabajador; debido a que, fue cesado arbitrariamente, a través de una sanción administrativa de destitución, sin haber sido sometido a un procedimiento administrativo. En la RM 698/22, la autoridad demandada se limitó a realizar consideraciones formalistas sobre el fuero sindical, aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo sin referirse a las normas laborales, incluso se habría señalado que su condición de dirigente sindical y el fuero respectivo no serían causal de inamovilidad del trabajador; omitió realizar el control de los actos del inferior siendo una obligación que le correspondía como MAE del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; por tanto, no verificó las irregularidades y vulneraciones a sus derechos fundamentales a partir de la Nota YPFBR-GGL/GTH-291-CI/2021 y la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022; no se realizó el control de convencionalidad del acto administrativo que motivó su despido arbitrario, que fue dispuesto sin previo proceso; y, le negó el derecho a un recurso efectivo, porque no resolvió el recurso interpuesto y se limitó a exponer criterios restrictivos a los derechos de los trabajadores pese a reconocer que operó una desvinculación laboral unilateral por el empleador sin causa justificada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, de la garantía de aplicación del estándar más alto de protección del trabajador, citando al efecto los arts. 46.I.2 y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.2 incs. b), d), e), f), g) y h); 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se restablezcan sus derechos dejando sin efecto la Nota YPFBR-GGL/GTH-291-CI/2021, la Resolución de 22 de noviembre de 2021, la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022 y la RM 698/22; b) La restitución inmediata a su fuente laboral en el cargo que desempeñaba, el pago de los salarios devengados y todos sus derechos, beneficios sociales que dejó de percibir durante el tiempo no trabajado, más el pago de los aportes a la seguridad social para fines de jubilación y sistemas de salud, hasta la reincorporación efectiva al cargo; c) La reparación integral de los daños y perjuicios a ser averiguables en ejecución; d) Costas y costos, debido a los gastos que tuvo que realizar para restablecer sus derechos; e) La represión de actos lesivos homogéneos respecto a represalias de la MAE o por medio de otros funcionarios, por haber acudido a la justicia constitucional para resguardar sus derechos; y, f) Se exhorte a la Gerencia General de YPFB Refinación S.A. y sus reparticiones, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y a las jefaturas departamentales de trabajo, observen las pautas constitucionalizadas de interpretación de los derechos sociales conforme a la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 26 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 209 a 216 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándolos indicó que: 1) La Nota YPFBR-GGL/GTH-291-CI/2021 es un acto administrativo sancionador, unilateral y sin motivación, fundado en razones genéricas; 2) El Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, no se pronunció ni analizó la validez de las causas del despido y declinó competencia trasgrediendo el principio de aplicación directa de los derechos, irregularidades que no fueron corregidas en grado de recurso de revocatoria, y tampoco en jerárquico, instancia a la que acudió denunciando que la decisión inicial carecía de motivación que justifique la declaratoria de incompetencia en razón de territorio; 3) La RM 698/22 denegó el acceso a la justicia pronta y efectiva, debido a las omisiones con las que actuó a tiempo de resolver el recurso jerárquico; 4) Denunció la vulneración del derecho al debido proceso porque fue desvinculado de su fuente laboral sin previo proceso ni respeto a los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa, cuando la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, reconocen garantías mínimas para evitar sanciones sin juicio previo; 5) La mencionada Resolución no consideró el estándar más alto de protección establecido en la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, en cuanto a la imposibilidad de sancionar a un trabajador con la pérdida de su fuente laboral sin haber sido oído previamente, lo que supone la presentación de alegatos y ejercicio del derecho a la defensa; y, 6) Corresponde la reparación integral por los daños y perjuicios ocasionados por un despido sin causa justificada.

I.2.2. Informe de los demandados

Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en audiencia de garantías a través de su representante, manifestó que: i) En cuanto al fuero sindical como causal de inamovilidad laboral, el accionante alegó aspectos que no fueron reclamados en el recurso jerárquico presentado el 11 de febrero de 2022; en el cual, únicamente solicitó su reincorporación laboral advirtiendo que gozaba de fuero sindical, cuando para la comprobación de lo exigido se requería la valoración probatoria previa de la autoridad competente en un proceso ordinario; por tanto, la justicia constitucional no puede valorar nuevos aspectos que no fueron reclamados en dicho recurso; ii) El impetrante de tutela alegó su condición de dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Oriente, reconocida anteriormente por la citada cartera de Estado, mediante la RA 010/18, aclarando que está garantiza la representación de las organizaciones sindicales previo reconocimiento por su ente matriz; iii) El fuero sindical del que gozaba el solicitante de tutela fue dispuesto mediante la RA “1018” pero conforme a determinaciones orgánicas de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia fue emitida la RM 144/21, que revocó la “Resolución Administrativa N° 10/2021”, determinación que una vez impugnada por recurso jerárquico por los “miembros del directorio” fue confirmada a través de la RM 244/2021; el peticionante de tutela alega que la RM 144/21 estaría vigente, pero no consideró que las resoluciones constitucionales deben ser ejecutadas inmediatamente y que conforme al art. 59.I de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado; pero además, que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, todo acto administrativo goza de la presunción de legalidad y eficacia, por ende de fuerza ejecutiva para su cumplimiento conforme prevé el art. 32 de la citada Ley; iv) La RM 698/22 fue notificada en el domicilio procesal del accionante, el 4 de julio de 2022, por tanto, la revocatoria del reconocimiento del Directorio del Sindicato de Petroleros del Oriente se mantiene vigente; v) La revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional de la “…resolución constitucional N°06321 no implica tal situación…” (sic); vi) La referida Resolución Ministerial no vulneró ningún derecho fundamental del impetrante de tutela, solamente se dispuso la declinatoria de competencia para que la judicatura laboral pudiera valorar los hechos a través de una etapa probatoria, determinando los derechos que asisten a las partes, y así establecer si el beneficio de inamovilidad laboral por fuero sindical es aplicable en el caso presente; vii) El solicitante de tutela habría entendido equivocadamente que la revisión ante el mencionado Tribunal Constitucional Plurinacional otorgaría un efecto suspensivo a la revocatoria de la RA “N°1018”; viii) Con la declinatoria de competencia dispuesta por el Ministerio a su cargo, no se vulneró el derecho al trabajo del peticionante de tutela, correspondiendo al Órgano Judicial -jurisdicción laboral- resolver si corresponde o no la reincorporación laboral; ix) Respecto a la supuesta contradicción en los numerales 1 y 2 del Considerando I de la Resolución Ministerial antes citada, aclaró que conforme a los antecedentes presentados no reconoce que existiría un despido injustificado, sino que hubo una conclusión unilateral de la relación laboral; debido a que, la empresa se encontraba en proceso de restructuración; aun así, este aspecto debe ser definido en un proceso judicial, para que se diluciden los derechos y obligaciones entre las partes en conflicto; x) En la acción de amparo constitucional se invoca jurisprudencia constitucional; empero, de manera malintencionada y temeraria, según conveniencia olvidando considerar que ya se interpuso el recurso jerárquico lo que supone reconocimiento de competencia; motivo por el que, sería aplicable el art. 59 la LPA; xi) En el “otrosí” del memorial de la presente causa, se solicita documentación probatoria para que la justicia constitucional llegue a la verdad material de los hechos, afirmación con la que se acepta tácitamente la necesidad de una etapa probatoria para que los elementos probatorios de los sujetos procesales sean analizados por la autoridad jurisdiccional; y, xii) Por las razones antes señaladas, pidió la denegatoria de la tutela impetrada. Julio César Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, en audiencia de garantías, manifestó que: a) El accionante invocó en la presente acción de defensa, hechos que no fueron expuestos ni valorados al inicio del procedimiento de reincorporación laboral en virtud de su condición de dirigente y el fuero sindical que proclama, sin referir a la estabilidad laboral afectada por el memorando que le comunicó sobre la restructuración de la empresa; b) Quedó sorprendido con la notificación de la presente acción de amparo constitucional que refiere aspectos que no fueron analizados ni resueltos previamente en sede administrativa laboral; c) Los alegatos del impetrante de tutela, respecto a la conculcación de sus derechos por la empresa YPFB Refinación S.A., no los mencionó en la etapa administrativa de conciliación; d) Respecto al hecho controvertido y porqué se declinó competencia, precisó que está pendiente que el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva en grado de revisión una acción de amparo constitucional sobre fuero sindical, interpuesta por el sindicato del que el peticionante de tutela señala ser parte, en virtud de la que se tendrá certeza sobre la concurrencia o no del referido fuero sindical; y, e) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social no es la instancia competente para dilucidar cuál es la verdad que impera en el caso presente; por tales motivos, impetró se deniegue la tutela solicitada. Omar Alarcón Saigua, Gerente General de YPFB Refinación S.A., a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 367 a 374 vta. y 382 a 383 vta., y en audiencia de garantías, pidió que la tutela sea denegada y que se notifique a la Procuraduría General del Estado como tercero interesado, señalando a tal efecto que: 1) No cuentan con legitimación pasiva debido a la falta coincidencia entre el derecho supuestamente vulnerado y la autoridad que habría producido la lesión; más aún, si se considera que el acto lesivo se produjo por la RM 698/22; 2) No se cumplió con los requisitos de procedencia previstos por el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); puesto que, no fue emitida una resolución de fondo; dado que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se apartó de la causa al declarase incompetente, declinando competencia a la vía jurisdiccional; 3) No existe nexo de causalidad, ante la falta de coherencia entre la causa petendi y el petitum; 4) Se pretende omitir el pronunciamiento sobre el fondo que debe ser emitido por la jurisdicción laboral, instancia llamada a conocer y resolver los hechos controvertidos ante la declaratoria de incompetencia de la citada cartera de Estado; por tanto, no corresponde que la justicia constitucional supla dicha competencia; 5) Corresponde la notificación da la Procuraduría General del Estado (PGE) como tercero interesado dentro de la causa constitucional, más aún si se considera que mediante DS 29128, se dispuso la adquisición del 100% de las acciones que conforman el capital social de PETROBRAS BOLIVIA S.A. a favor del Estado boliviano a través de YPFB, ahora YPFB REFINACIÓN S.A.; 6) La acción de amparo constitucional emerge de una desvinculación laboral que resultó de un proceso de restructuración expuesto oportunamente ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, decisión técnica y operativa que no solo afectó al accionante, además, sobrepuso los derechos colectivos a los individuales, con supresión y fusiones de cargos que luego permitió que en la siguiente gestión se generen mayores utilidades para la empresa y el Estado boliviano; 7) En su caso no existe una relación entre el derecho vulnerado y la autoridad demandada, porque las decisiones administrativas alegadas de falta de fundamentación y motivación corresponden al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no a las autoridades de YPFB Refinación S.A.; motivo por el que, no cuenta con legitimación pasiva; 8) El impetrante de tutela optó por acudir a la vía administrativa y no activar directamente este mecanismo de defensa; en tal sentido, la Resolución Ministerial emitida por la autoridad demandada decidió por la concurrencia de hechos controvertidos y declinar competencia, lo que devendría en la improcedencia de la presente acción de tutela; 9) La pretensión de dejar sin efecto la Nota de desvinculación, -cuando este aspecto no fue considerado por las autoridades que emitieron estos actos administrativos-, resulta incongruente pues no alude al nexo de causalidad que debería existir entre los hechos, los derechos y garantías supuestamente vulnerados y el petitorio; y, 10) YPFB Refinación S.A. no tiene legitimación pasiva, el solicitante de tutela no habría cumplido con los principios de subsidiariedad e inmediatez, “…que solo opera ante el incumplimiento de conminatorias y reincorporación…” (sic); asimismo la acción de amparo constitucional no tiene un rol casacional ni de “…revisión de instancia…” (sic).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 100/22 de 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 216 vta. a 221, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La acción de amparo constitucional fue presentada dentro del plazo máximo de los seis meses, dado que la RM 698/22 data de 24 de junio de ese año; ii) Respecto a la subsidiariedad formal, se debe tener en cuenta que el accionante activó la vía administrativa laboral, agotando los mecanismos de impugnación hasta el grado jerárquico, no existiendo recurso administrativo ulterior; iii) En cuanto a la subsidiaridad sustancial, se debe notar que el nombrado acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, solicitando su reincorporación laboral por gozar de fuero sindical, habiendo sido emitida la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de declinatoria de competencia dado que no gozaría de dicha prerrogativa porque las Resoluciones Ministeriales (RRMM) 144/21, “10/2018” y 475/18 de 15 de mayo de 2018, fueron revocadas y quedaron sin efecto, ante esa determinación interpuso un recurso de revocatoria el 4 de enero de 2022, señalando que además de gozar de fuero sindical adiciona su estabilidad laboral, pero mediante RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022, la Resolución de 22 de noviembre de 2021 fue confirmada; por tal motivo, formuló recurso jerárquico el 11 de febrero de 2022, arguyendo su fuero sindical vinculado a la estabilidad laboral y haciendo notar la carga de la prueba que debió ser exigida a la autoridad administrativa al momento de valorar y resolver tanto la solicitud de reincorporación laboral como el recurso de revocatoria, impugnación que fue resuelta por la RM 698/22; iv) No puede pronunciarse sobre aspectos referidos al debido proceso, porque no se cumplió con el principio de subsidiariedad sustancial, pero sí en cuanto a la competencia y al fuero sindical que fueron fundados en el recurso jerárquico, correspondiendo delimitar el ámbito de su actuación, limitándose a verificar las razones que fundaron la decisión bajo el principio in dubio pro operario, de tal manera que se evalúe si los motivos principales de la mencionada Resolución Ministerial “…en el control tutelar deductivo…” (sic), son evidentes o no y si lesionan los derechos y garantías del impetrante de tutela referidos a la competencia y el fuero sindical; v) La RM 144/21 dejó sin efecto la “Resolución Ministerial” -lo correcto es RA 010/18-, que reconoció la creación del Sindicato y la calidad de dirigente sindical del solicitante de tutela, la RM 144/21 fue objeto de una acción de amparo constitucional en la que se denegó la tutela solicitada, así, el peticionante de tutela no goza de fuero sindical porque la resolución que le concedió esa prerrogativa no se encuentra vigente, de tal manera que, no concurre la relevancia ni agravio en el que pueda fundarse el fuero sindical advertida por el prenombrado; y, vi) La MAE laboral arguyó que antes de pronunciarse en el fondo, se debe evitar una dicotomía funcional entre la jurisdicción administrativa y la ordinaria laboral; por tal razón, no puede valorar prueba que sea controvertida, causas por las que declinó competencia, advirtiendo que la Resolución Ministerial emitida por la autoridad demandada no lesionó derecho ni garantía del accionante incluso en aplicación del precepto constitucional in dubio pro operario respecto a gozar del fuero sindical.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Nota YPFBR-GGL/GTH-291-CI/2021 de 7 de octubre, Julio César Gandarillas Mendoza, entonces Gerente General de YPFB Refinación S.A., comunicó a Marcelo Rolando Asbún Landívar -accionante-, la conclusión de la relación laboral por supresión del cargo (fs. 22). II.2. A través de escrito presentado el 15 de octubre de 2021, ante el “Director Departamental” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el impetrante de tutela solicitó su reincorporación laboral afirmando desempeñar el cargo de Secretario de Conflictos Central del Directorio del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Oriente, por cuanto goza de fuero sindical incluso hasta un año de concluida su gestión (fs. 28 a 29). II.3. Por Resolución de 22 de noviembre de 2021, Julio César Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz -demandado-, resolvió declinar competencia, “…con respecto a la solicitud de reincorporación laboral incoado por el Sr. Rolando Marcelo Asb[ú]n Land[í]var en contra de la Empresa YPFB Refinación S.A. ante la judicatura laboral, para que sea dicho ente quien en definitiva dictamine lo que corresponda por derecho” (sic [fs. 33 a 34]). II.4. Mediante memorial presentado el 4 de enero de 2022, ante el mencionado Jefe Departamental de Trabajo, el solicitante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la supra citada Resolución, cuestionando la postura de su empleador respecto a que las resoluciones que reconocerían su fuero sindical no están vigentes y afirmando que la RM 144/21 que revocó la RA 010/18 de 28 de marzo de 2018 “…no se encuentra vigente dado que ha sido objeto de impugnación mediante un Recurso de Revocatoria planteado en fecha 22 de febrero de 2021, que nunca fue resuelto, razón por la cual hubo el silencio administrativo” (sic); pero además que, el 12 de marzo de igual año se interpuso una acción de amparo constitucional contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, habiéndose emitido la Resolución “063/2021” que fue enviada en grado de revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que “HASTA LA FECHA” hubiera sido resuelta (fs. 36 a 39). II.5. A través de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022 de 1 de febrero, el nombrado Jefe Departamental de Trabajo, resolvió confirmar totalmente la Resolución de 22 de noviembre de 2021, que determinó declinar competencia respecto a la solicitud de reincorporación incoada por el peticionante de tutela, quedando firme la declinatoria en todas sus partes, fundando dicha determinación en que: “…la Resolución Administrativa que reconocía la vigencia del Directorio del Sindicato fue dejada sin efecto legal por la Resolución Ministerial N° 144/21 de fecha 11 de febrero del 2021, por ende, el Sr. Rolando Marcelo Asb[ú]n Land[í]var a la presente fecha NO funge como dirigente sindical” (sic [fs. 40 a 41]). II.6. Por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el accionante interpuso recurso jerárquico contra la referida Resolución Administrativa, arguyendo que el citado Jefe Departamental se apartó de las normas laborales, emitiendo una decisión sin fundamento legal ni motivación para declarar su incompetencia territorial, citando normativa constitucional, legal y convencional sobre la estabilidad laboral, reiterando los argumentos expuestos en su recurso de revocatoria (fs. 43 a 46 vta.). II.7. A través de la RM 698/22 de 24 de junio de 2022, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -demandada-, dispuso confirmar totalmente la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022; y, la Resolución de 22 de noviembre de 2021, ambas pronunciadas por el Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, para que la judicatura laboral dictamine lo que corresponda en derecho (fs. 47 a 49 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; y, de la garantía de aplicación del estándar más alto de protección del trabajador; puesto que, omitiendo el fuero sindical que le asiste, el empleador dio por finalizada la relación laboral con su persona, decisión arbitraria que no fue corregida por el Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz, quien conociendo su solicitud de reincorporación laboral al mismo puesto de trabajo, declinó competencia ante la judicatura laboral; determinación que, se mantuvo firme en grado de revocatoria y jerárquico, bajo el argumento que su fuero sindical fue revocado por una resolución ministerial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza subsidiaria

La SC 0274/2011-R de 29 de marzo, citada por la SCP 0949/2022-S2 de 2 de agosto, estableció que: “La acción de amparo constitucional, de acuerdo a los arts. 128 y 129.I de la CPE, tendrá lugar: ‘…contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’, y ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’; disposiciones que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas en la jurisdicción ordinaria, y sólo en defecto de ésta, de ser evidente la lesión al derecho invocado e irreparable el daño emergente de la acción u omisión o de la amenaza de restricción de los derechos, se acuda a la jurisdicción constitucional. Este Tribunal, a través de su uniforme jurisprudencia, ha desarrollado el carácter subsidiario del amparo constitucional, señalando que: ‘...no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable' (SSCC 1089/2003-R, 0552/2003-R, 0106/2003-R, 0374/2002-R, 1337/2003-R, entre otras). Siguiendo ese razonamiento, la SC 1580/2011-R de 11 de octubre, estableció las siguientes reglas y subreglas de improcedencia de la acción de amparo por subsidiariedad, cuando: ‘…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y, 2) Las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) Cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados; y, b) Cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”’ (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. La naturaleza provisional de las decisiones pronunciadas en trámites de reincorporación regladas por los Decretos Supremos

28699 de 1 de mayo de 2006 y 495 de 1 de mayo de 2010

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de la SCP 0583/2012 de 20 de julio, de manera uniforme ha establecido que la conminatoria de reincorporación laboral es una decisión que tiene carácter provisional en tanto no sea definida en sede judicial; conforme a ese razonamiento la SCP 0502/2021-S4 de 7 de septiembre, señaló que: “…por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento, la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte de FABOCE Ltda. –ahora demandada–; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de la citada Conminatoria de Reincorporación, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerge de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. (…) No obstante, corresponde resaltar que la tutela a ser concedida, posee un carácter extraordinario y provisional; por cuanto, conforme se tiene de antecedentes, las vías impugnativas en sede administrativa y judicial, fueron activadas por la parte empleadora a través de los medios recursivos que cada jurisdicción prevé en su ordenamiento jurídico; instancias ante las cuales deberá exponer y probar los argumentos que fueron expresados a través de esta acción tutelar” (el resaltado corresponde al texto original). Sobre el particular, la SCP 0346/2021-S1 de 18 de agosto, expresó que: “…se debe aclarar que la tutela otorgada tiene carácter provisional; toda vez que, la referida Conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de los trabajadores; puesto que, las autoridades judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador, en el entendido de que, conforme informó el demandado, el motivo de la Comunicación Interna de desvinculación y el consecuente despido fue efectuado por razones de fuerza mayor al haberse agotado el yacimiento mineral y en consecuencia se dejaron de generar ingresos, aspectos que deberán dilucidarse en la vía ordinaria con la respectiva prueba y siguiendo el procedimiento pertinente” (énfasis añadido). Así, teniendo en cuenta que las conminatorias de reincorporación tienen carácter provisional y lo determinado en ellas puede ser controvertido ante las autoridades judiciales en materia laboral, no es posible de manera directa frente a una decisión de esa naturaleza plantear este mecanismo constitucional; sobre el fondo de lo resuelto, sin desconocer el principio de subsidiariedad, aun si se hubiere agotado la instancia administrativa; pues al no ser un fallo definitivo, el reclamo con relación a las denuncias de supuestas irregularidades procesales, o cuestiones que tengan que ver con el fondo de lo resuelto deben ser planteadas ante las autoridades judiciales en materia laboral, a fin de que estas como garantes primarios de la Constitución Política del Estado puedan examinar el caso en particular, y si corresponde subsanar los actos u omisiones alegados, y en caso de considerar que persisten los mismos, recién acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional. En ese mismo sentido, la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, sobre el particular sostuvo que: “1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivos la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; (…) 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria…” (las negrillas son agregadas). En igual sentido, razonó la SCP 0949/2022-S2.

III.3. Análisis del caso concreto

De acuerdo a los supuestos fácticos referidos por el impetrante de tutela y a la documental adjunta, se tiene que, el nombrado denuncia haber sido despedido injustificada y arbitrariamente bajo el argumento de la supresión de su cargo por aprobación de una nueva estructura organizacional interna (Conclusión II.1), sin previo proceso, tampoco se consideró que trabajó más de catorce años en la empresa PETROBRAS BOLIVIA S.A. y luego en YPFB Refinación S.A., y que al momento de su desvinculación laboral gozaba de fuero sindical al ser miembro del Directorio del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Oriente; por cuanto, considera que de acuerdo a ley gozaba de dicha protección incluso hasta un año después de la conclusión de su gestión. Bajo ese argumento, el 12 de octubre de 2021, el accionante pretendiendo hacer prevalecer el fuero sindical que sostiene a su favor, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz solicitando su reincorporación laboral (Conclusión II.2), petición que motivó la emisión de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, dictada por Julio César Choque Saramani, titular de esa entidad laboral -demandado-, quien resolvió declinar competencia: “…con respecto a la solicitud de reincorporación laboral incoado por el Sr. Rolando Marcelo Asb[ú]n Land[í]var en contra de la Empresa YPFB Refinación S.A. ante la judicatura laboral, para que sea dicho ente quien en definitiva dictamine lo que corresponda por derecho” (sic). La determinación referida precedentemente estableció que, si bien el Decreto Ley (DL) 0038 de 7 de febrero de 1944 y el art. 51 de la CPE, prevén la protección y establecen una prohibición de despido de las y los trabajadores que gozan de fuero sindical, incluso hasta un año después de concluida su gestión, es exigible que previo a ello el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social reconozca mediante una resolución expresa la conformación del directorio del sindicato; según a ello, la citada Resolución de declinatoria estableció que el solicitante de tutela, afirma que la protección que postula se encuentra respaldada por la RA 010/18 de 28 de marzo de 2018 emitida por el Jefe Departamental de Trabajo demandado; empero, omite considerar que mediante la RM 144/21 de 11 de febrero de 2021, fue revocada la señalada RA 010/18 y la RM 475/18 de 15 de mayo de 2018; por ese motivo, la misma Resolución concluyó que el peticionante de tutela ya no goza de la calidad de dirigente sindical y de sus beneficios, tal el caso del fuero sindical; razón por la que, la autoridad administrativa laboral declinó competencia ante la jurisdicción laboral, con la finalidad de que se dilucide la condición de dirigente sindical del accionante (Conclusión II.3). Con el mismo motivo, el 4 de enero de 2022, el impetrante de tutela interpuso un recurso de revocatoria contra la Resolución de 22 de noviembre de 2021, emitida por el citado Jefe Departamental de Trabajo, cuestionando la postura de que las resoluciones que reconocerían su fuero sindical no estarían vigentes, afirmando que la Resolución Ministerial que revocó la RA 010/18 “…no se encuentra vigente dado que ha sido objeto de impugnación mediante un Recurso de Revocatoria planteado en fecha 22 de febrero de 2021, que nunca fue resuelto, razón por la cual hubo el silencio administrativo” (sic); pero además que, el 12 de marzo de igual año, se interpuso una acción de amparo constitucional contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, habiéndose pronunciado la Resolución “063/2021” que fue enviada en grado de revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que “HASTA LA FECHA” hubiera sido resuelta (Conclusión II.4). Dicha impugnación motivó la emisión de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022 de 1 de febrero, emitida por el mencionado Jefe Departamental de Trabajo, quien resolvió confirmar totalmente la Resolución de 22 de noviembre de 2021, que determinó declinar competencia respecto a la solicitud de reincorporación laboral incoada por el accionante, quedando firme la referida declinatoria en todas sus partes, fundando dicha decisión en que: “…la Resolución Administrativa que reconocía la vigencia del Directorio del Sindicato fue dejada sin efecto legal por la Resolución Ministerial N° 144/21 de fecha 11 de febrero del 2021, por ende, el Sr. Rolando Marcelo Asb[ú]n Land[í]var a la presente fecha NO funge como dirigente sindical” (sic [Conclusión II.5]). En virtud de tal determinación, el 11 de febrero de 2022 el solicitante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 031/2022, arguyendo que el señalado Jefe Departamental se apartó de las normas laborales, pronunciando una decisión sin fundamento legal ni motivación para declarar su incompetencia territorial, citando normativa constitucional, legal y convencional sobre la estabilidad laboral, reiterando los argumentos expuestos en su recurso de revocatoria (Conclusión II.6); dicha impugnación fue resuelta por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante la RM 698/22 de 24 de junio de 2022, disponiendo confirmar totalmente la referida Resolución Administrativa; y, la Resolución de 22 de noviembre de 2021, ambas pronunciadas por el ut supra mencionado Jefe Departamental, para que la judicatura laboral dictamine lo que corresponda en derecho (Conclusión II.7). Conforme a la relación procesal antes expuesta, atañe establecer previamente que: a) De manera uniforme y constante, desde la primera solicitud de reincorporación laboral y en los recursos de revocatoria y jerárquico, el accionante sostuvo gozar de fuero sindical, incluyendo únicamente en el recurso jerárquico citas normativas constitucionales, legales y convencionales referente a la estabilidad laboral; en consecuencia, el análisis de la problemática expuesta debe estar circunscrito al motivo central de su pretensión principal y a las impugnaciones realizadas; es decir, la protección que le asistiría por supuestamente gozar de fuero sindical. Queda claro que la estabilidad laboral recién fue incluida en el recurso jerárquico, por tanto el Jefe Departamental de Trabajo Santa Cruz quedó impedido de conocer y poder pronunciarse sobre este particular, de ahí que la justicia constitucional tampoco puede abrir su competencia para resolver aspectos que no fueron cuestionados previamente en otras instancias de la jurisdicción administrativa; y, b) La Resolución Administrativa que reconoció la condición de dirigente sindical del impetrante de tutela quedó sin efecto por la RM 144/21 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, siendo esta la razón de la declinatoria de competencia del mencionado Jefe Departamental de Trabajo, determinación cuestionada por el peticionante de tutela pero que fue confirmada en grado de revocatoria y jerárquico. De acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; es decir, que previamente a interponerla se deben agotar los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico, a objeto que las autoridades ordinarias, sean las que resguarden los derechos y garantías constitucionales y solo en el caso que la supuesta lesión persista, recién activar la justicia constitucional. En la causa en análisis, la problemática está relacionada al trámite de reincorporación laboral, reglado por los DDSS 28699 2006 y 495, decisiones que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, tienen carácter provisional; toda vez que, la conminatoria y los actos administrativos que se emitan no tienen la condición de resoluciones definitivas sobre la situación laboral; pues las autoridades judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral; esa conclusión de la jurisprudencia también es aplicable al presente caso; debido a que, las resoluciones dictadas en instancia administrativa por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tienen la indicada característica; en consecuencia, si el peticionante de tutela considera que al no haberse ordenado su reincorporación laboral, dicha cartera de Estado lesionó sus derechos, y pretende repararlos a través de la presente acción tutelar; de manera previa debe acudir a las autoridades judiciales en materia laboral a objeto que sean estas, quienes analicen si los argumentos planteados son evidentes, esto es, si la declinatoria de competencia es correcta; y en su caso, el pronunciamiento de fondo que corresponda; posterior a ello, y de persistir la conculcación, recién activar la jurisdicción constitucional, en observancia al principio de subsidiariedad que rige este mecanismo constitucional. Se debe tener presente que la regla de subsidiariedad, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es clara al señalar que se configura el desconocimiento de dicho principio cuando: “…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno…” (SC 0274/2011-R). La mencionada regla es aplicable al presente caso; puesto que, el DS 495, incluye los parágrafos IV y V en el art. 10 del DS 28699, estableciendo que: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”. Es decir, que es posible acudir a la acción de amparo constitucional cuando existe una orden expresa, plasmada en una conminatoria de reincorporación y la misma habiendo sido notificada al empleador esta no fue cumplida; lo que, no acontece en el caso analizado; debido a que, no existe la referida instrucción administrativa laboral, y porque la decisión sobre tal petición, pese a la impugnación en todas las instancias quedó firme, disponiendo que se acuda a la jurisdicción ordinaria para que sea la judicatura laboral la que resuelva si corresponde o no la restitución impetrada. Al efecto, queda claro que la tutela de este mecanismo de defensa se abre únicamente ante la existencia de una conminatoria de reincorporación, sin que este Tribunal pueda asumir el rol reservado a la judicatura laboral para analizar y verificar si existió una ruptura laboral injustificada, pues para ello se requiere un proceso de conocimiento amplio, trámite que la citada acción tutelar por sus particularidades de sumariedad no posee. Por todo lo expuesto, al no existir en el presente caso una orden de reincorporación laboral, no es posible que este Tribunal asuma de forma directa el conocimiento y resolución de la controversia laboral planteada, pues aquella es facultad exclusiva del juez laboral; por lo que, si bien el impetrante de tutela agotó la vía administrativa al interponer los recursos de revocatoria y jerárquico contra la decisión de la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz, en observancia al principio de subsidiariedad, corresponde al peticionante de tutela de manera previa a la activación de la acción de amparo constitucional acudir ante las autoridades judiciales en materia laboral a objeto de cuestionar las decisiones de la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y controvertir el fondo de la determinación; así, una vez agotada dicha instancia, en el supuesto que las lesiones acusadas persistan, recién activar a la justicia constitucional. Está claro que dicho principio no fue observado por el accionante; por tanto, no es posible ingresar al examen de fondo de la problemática planteada, que emergería por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico por el referido Ministerio, que en criterio del solicitante de tutela debió ordenar su reincorporación laboral, cuestión de debate que debe ser resuelta previamente ante la jurisdicción laboral, sin que el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentre facultado para pronunciarse sobre el particular; lo que, deviene en la denegatoria de la tutela planteada. El peticionante de tutela, también considera que su empleador, al dar por finalizada la relación laboral de manera unilateral, arbitraria e injustificada lesionó su derecho a la estabilidad laboral. Sobre el particular y sin perjuicio de la aclaración previamente realizada, es necesario establecer que en el supuesto que hubiera cuestionado e impugnado de manera persistente y en todas las instancias tal vulneración, previamente a activar la justicia constitucional por un despido indirecto, se debe acudir ante la jefatura departamental de trabajo, entidad que debe emitir una conminatoria y únicamente ante su incumplimiento es viable la interposición de la acción de amparo constitucional; lo que, en el presente caso no acontece; puesto que, la instancia laboral no ordenó la reincorporación del accionante, sino declinó la competencia para el conocimiento de la controversia a la jurisdicción ordinaria; imposibilitando que este Tribunal, pueda conceder la tutela, precisamente por no existir orden expresa de restitución que deba ser cumplida; por ello, la pretensión planteada recién en su recurso jerárquico, referida al desconocimiento del derecho a la estabilidad laboral que habría realizado la empresa YPFB Refinación S.A., tampoco es posible analizarla directamente; en virtud a que, previamente en cumplimiento de los DDSS 28699 y 495, el desconocimiento a la estabilidad laboral emergente de un retiro injustificado, debió ser establecido de manera antelada por la Jefatura Departamental de Trabajo; acto administrativo que en la causa en análisis no existe, no siendo posible de forma directa a través de esta acción de defensa analizar la relación contractual y si efectivamente se configuró un retiro injustificado, al ser ello competencia de la jurisdicción ordinaria, lo que impide conceder la tutela pretendida. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con diferentes fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/22 de 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 216 vta. a 221, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0344_2024-S2.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 40a050600e1a6f611fc28093783ada0630f7febd6edfa4cf045786bc66638870

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