B.IA.LEGAL

SCP 0343/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50061-2022-101-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, a una vejez digna, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 558/2022 de 18 de agosto, omitió pronunciarse sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 05/2022 de 5 de mayo, que negó su cesación de la detención preventiva, sin efectuar un enfoque diferencial e interseccional aplicable a las personas de la tercera edad, ignorando los informes médicos que acreditaban su delicado estado de salud y que requiere una atención especializada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: i) El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores; ii) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso: ii.1) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 25 a 29, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. La excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores
  5. III.5. Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0343/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50061-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 25 a 29; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rene Sanabria Oropeza contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 a 5, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Púbico contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros previsto y sancionado por la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (LRCSC) -Ley 1008 de 19 de Julio de 1988, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 201113269; debido a su delicado estado de salud, el 29 de abril de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva, la cual fue considerada en audiencia de 5 de mayo de igual año, en la que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 05/2022 de 5 de mayo, por el que de manera arbitraria e incongruente, declaró improcedente esa solicitud, sin efectuar un correcto análisis de los elementos probatorios presentados; en virtud de lo cual, formuló recurso de apelación incidental, remitiéndose obrados a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento. Transcurriendo dos meses desde que planteó el recurso de apelación incidental, recién el 1 de agosto de 2022, los antecedentes fueron remitidos a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, celebrándose la respectiva audiencia el 18 de ese mes y año, por el Vocal ahora accionado, quien extralimitando su competencia realizó consideraciones propias de una audiencia de consideración de medidas cautelares, revalorizando indebidamente la prueba presentada en la solicitud de cesación de la detención preventiva. Asimismo, el Vocal hoy accionado omitió aplicar el enfoque diferencial e interseccional correspondiente a las personas de la tercera edad privadas de libertad, no obstante que se demostró mediante informes médicos que padecía de una enfermedad crónica, consistente en hipertrofia prostática con retención crónica de orina y la presencia de un quiste prostático, que fue diagnosticada y certificada por el médico del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, la indicada autoridad judicial desestimó ese diagnóstico, indicando que no se trataba de una enfermedad grave o terminal y que la atención médica dentro del indicado Centro Penitenciario era suficiente, indicando que la cesación de la detención preventiva por motivos de salud procedían únicamente cuando la persona “está por perder la vida”. En ese marco, señaló que dicho criterio resultaba irracional, desproporcionado y contrario a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente respecto a la protección de las personas adultas mayores, como ser la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, norma internacional que el Vocal ahora accionado no tomó en cuenta; ya que, no fue adjuntada al recurso de apelación incidental que formuló, lo cual vulnera el principio iura novit curia, conforme al cual el juzgador conoce y debe aplicar el derecho vigente sin necesidad de su reproducción documental por las partes procesales. Con base en lo mencionado, el Vocal hoy accionado no respondió a los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental y se limitó a revalorizar indebidamente la prueba y rechazar la aplicación de una medida sustitutiva a la detención preventiva que le sea más favorable, vulnerando con ello sus derechos como persona de la tercera edad que sufre de una enfermedad crónica.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud y a una vejez digna; asimismo, de lo manifestado en audiencia de consideración de la acción de libertad se deduce la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 2, 3, 4, 6, 13, 19 y 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) La libertad mediante una medida sustitutiva a la detención preventiva de la persona adulta mayor a efecto de precautelar su salud y vida; b) Se revoque el Auto de Vista 558/2022 emitido por el Vocal ahora accionado; y, c) La remisión de antecedentes a los organismos disciplinarios para su respectivo procesamiento conforme el art. 36 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 24 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Auto de Vista 558/2022 de 5 de mayo, emitido por el Vocal ahora accionado, carece de fundamentación, motivación y congruencia, y contraviene a lo previsto por el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y al derecho al debido proceso; asimismo, el Tribunal de segunda instancia, al resolver el recurso de apelación incidental excedió los límites previstos en el art. 398 del mismo Código, al introducir valoraciones y argumentos no planteados en los agravios formulados por la defensa, incurriendo en incongruencia externa e interna; 2) El indicado Auto de Vista confundió el concepto de “enfermedad terminal” con el de “enfermedad crónica”, cuando lo que la defensa alegó que su persona padece de una enfermedad crónica y grave, lo que debía ser considerado como elemento suficiente para la cesación de la detención preventiva, de conformidad con el art. 239.1 y 5 del CPP y no así como enfermedad terminal; en ese sentido, y considerando las definiciones técnicas y certificaciones que demostraron su delicado estado de salud, el Vocal hoy accionado no realizó una correcta valoración de dichos documentos, generando una falta de congruencia interna en ese Auto de Vista; 3) El nombrado al emitir el Auto de Vista 558/2022 incurrió en incongruencia interna y externa al pronunciarse sobre aspectos no reclamados, específicamente al fundamentar su decisión en cuanto al art. 239.6 del referido Código, con relación a la cesación de la detención preventiva por razón de edad, cuando el recurso de apelación incidental se sustentó en el art. 236.1 y 5 del citado Código; asimismo, el Vocal ahora accionado desconoció la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual reconoce el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas de la tercera edad, así como el deber estatal de promover medidas alternativas a la privación de la libertad en esos casos; y, 4) Su persona cuenta con sesenta y nueve años de edad, en virtud de lo cual, el Vocal hoy accionado tenía la obligación de ponderar su situación personal y su derecho a la salud frente a la restricción de la libertad; por otra parte, el proceso penal de referencia ya concluyó con la emisión de una sentencia; por lo que, los riesgos procesales alegados carecerían de sustento, resultando improcedente mantener la detención preventiva sobre la base de suposiciones futuras.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 15 a 21 vta., manifestó que: i) Dentro del principio de limitación de competencias, previsto por el art. 398 del CPP, atendió únicamente los agravios planteados por el accionante, conforme al principio de imparcialidad previsto por el art. 178.I de la CPE; en ese sentido, emitió el Auto de Vista 558/2022, respondiendo de manera clara, coherente y suficiente a todos los agravios formulados, cumpliendo con el debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia. Asimismo, señaló que la parte accionante tuvo respuesta expresa a su solicitud de aclaración, complementación y enmienda, no existiendo vulneración alguna a sus derechos; ii) El Auto de Vista 558/2022 se encuentra debidamente motivado y cumple con los parámetros de lo previsto por los arts. 124 del CPP, 115 y 117 del CPE, conforme a las interpretaciones sentadas en el AS 114/2016-RRC de 17 de febrero, que exige que toda resolución judicial exponga los hechos, una fundamentación legal y las normas que sustentan su decisión; en ese sentido, el accionante no identificó en la acción de libertad qué parte del Auto de Vista 558/2022 carecía de fundamentación fáctica, jurídica o intelectiva, ni demostró de qué manera la decisión ahora cuestionada vulneraría sus derechos; iii) En cuanto al análisis de fondo, respecto al art. 239.5 del CPP se valoraron los certificados médicos cursantes en obrados -referidos a la hipertrofia prostática con retención crónica de orina y quiste prostático-, llegando a la conclusión de que tales informes evidencian que el accionante requiere tratamiento especializado; sin embargo, no se configura una enfermedad grave o terminal que justifique la cesación de la detención preventiva, dado que el tratamiento médico es continuo y controlado por el área de salud del recinto penitenciario. En consecuencia, no se acreditó un peligro real o inminente para la vida o integridad del accionante; iv) Respecto a que no se tomó en cuenta un enfoque interseccional, se tiene que de conformidad con el art. 239.6 del CPP, que fue modificado por laLey de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en el Auto de Vista 558/2022 se indicó que, cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco años de edad, salvo en los delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas; en ese sentido eso significa que no obstante a que sea de la tercera edad que se modifiquen las medidas cautelares impuestas, al estar procesado por la presunta comisión del delito relacionado a sustancias controladas, aspecto que su autoridad no puede contradecir; por lo tanto, tampoco se demostró la existencia de agravio alguno. De igual modo, señaló que si bien la defensa invocó la aplicación de convenciones internacionales sobre derechos de las personas mayores, no adjuntó en físico ni por vía electrónica los instrumentos internacionales invocados, conforme exige el art. 29.II del Reglamento 12/2019 emitido en aplicación de la Ley 1173, motivo por el cual no pudo considerarlos en su decisión; y, v) No se vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, puesto que el Auto de Vista 558/2022 fue emitido con plena observancia de la normativa procesal y del principio de motivación, y que el accionante no demostró de manera objetiva el nexo causal entre el indicado Auto de Vista y la supuesta vulneración de derechos. Por ello, pidió que la tutela solicitada sea denegada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 25 a 29, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante mediante esta acción de defensa denunció que el Auto de Vista 558/2022, emitido por el Vocal ahora accionado carecería de fundamentación y motivación; por lo que, efectuando la respectiva verificación del cumplimiento de los parámetros previstos en la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, concluyó que, el indicado Auto de Vista contiene una exposición clara de los aspectos fácticos; Describe de manera expresa la norma jurídica aplicable al caso concreto; describe de forma individualizada los medios de prueba aportados; realiza la valoración de la prueba de manera concreta y explícita; además, de asignar un valor probatorio específico de manera motivada; y, determina la causalidad entre los agravios, la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad; b) De la revisión del Auto de Vista 558/2022, se constató que el mismo cumplía con los requisitos de motivación y fundamentación, evidenciando claridad en la exposición de los agravios y de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión, sin advertirse vulneración a los derechos invocados por el accionante. Asimismo, de conformidad con el art. 23.I de la CPE, la libertad personal puede ser restringida dentro de los límites de ley, particularmente bajo las previsiones de los arts. 232, 233 y 235 ter del CPP, y que el análisis efectuado por el Tribunal de alzada en el marco de los numerales 1, 5 y 6 del art. 239 del mismo cuerpo legal, normativa en la que se enmarcó dicho Auto de Vista; c) El Vocal ahora accionado no limitó el acceso del accionante a la atención médica dentro del recinto penitenciario; por otra parte, la documentación aportada por la defensa resultaba insuficiente para acreditar un estado de salud grave o terminal que justifique la cesación de la detención preventiva del accionante; d) En cuanto a que el Vocal hoy accionado hubiese excedido su competencia en vulneración del art. 398 del CPP, señaló que no contaba con elementos de convicción suficientes para verificar que el citado Vocal hoy accionada hubiese rebasado el principio de limitación o efectuado una valoración irrazonable de la prueba; citando a la SC 0343/2005-R de 12 de noviembre, que estableció que la carga probatoria corresponde al accionante, sin que el Juez de garantías supla la omisión o negligencia del accionante en la presentación de pruebas; y, e) Concluyó que el Auto de Vista 558/2022 se encuentra debidamente fundamentado y motivado, y que el Vocal hoy accionado actuó conforme a los principios de razonabilidad y equidad, no existiendo acto u omisión que vulnere los derechos fundamentales del accionante. En vía de complementación, enmienda y aclaración, el accionante a través de su abogada, pidió al Juez de garantías que: 1) Los Tribunales de alzada deben circunscribirse únicamente a los aspectos cuestionados en la resolución apelada, sin poder realizar nueva valoración de los elementos de convicción. En tal sentido, alegó que el Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista 558/2022, hubiese excedido dicha competencia al pronunciarse como si se tratara de una nueva audiencia de medidas cautelares, por lo que solicitó se complemente la Resolución aclarando cuál es el fundamento normativo o jurisprudencial que autoriza ir más allá del marco establecido en el art. 398 del CPP; 2) El Juez de garantías no se pronunció sobre este extremo; toda vez que, ni la parte accionante como tampoco los tribunales de instancia alegaron la aplicación del art. 239.6 del CPP, invocado de oficio por el Vocal hoy accionado, lo que configuraría una incongruencia externa por apartarse de la pretensión originalmente planteada; y, 3) Con relación a la supuesta omisión probatoria, aclaró que en el otrosí del memorial de acción de libertad se consignó a mano la solicitud de remisión del legajo de apelación, en aplicación del principio de informalismo que rige este tipo de acciones de defensa. Sostuvo que, conforme a la SC 0500/2018-S2, la falta de remisión de antecedentes no puede imputarse a la parte accionante, puesto que solicitó el envío corresponde; por lo tanto, el accionante no tenía posibilidad de adjuntar ni remitir las resoluciones reclamadas. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías señaló que no correspondía la complementación o enmienda solicitada, ya que contaba con documentación suficiente para establecer que el Vocal ahora accionado hubiese vulnerado el principio de limitación previsto en el art. 389 del CPP, ya que únicamente contaba con el Auto de Vista 558/2022 y no así con los audios o registros de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, los cuales se encontrarían grabados en el Sistema Cisco Webex. Asimismo, precisó que su decisión no imponía una carga probatoria al accionante, sino que reflejaba la limitación material existente por falta de antecedentes remitidos. Respecto al principio de informalismo, reconoció su vigencia; sin embargo, reiteró que a su autoridad únicamente le fue remitido el Auto de Vista 558/2022, sin los demás elementos necesarios para formar convicción sobre la vulneración alegada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. A través del Auto de Vista 558/2022 de 18 de agosto, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado- declaró improcedente el recurso de apelación incidental presentado por Rene Sanabria Oropeza -hoy accionante- contra el Auto Interlocutorio 05/2022 de 5 de mayo y en consecuencia confirmó el mencionado Auto Interlocutorio (fs. 8 a 12). II.2. Cursa Informe de 9 de junio de 2025, emitido por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el cual informó que debido al cambio de Sistema Cisco Webex, todas las grabaciones fueron eliminadas; en ese sentido no se contaría con ninguna grabación de 2022 (fs. 45).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, a una vejez digna, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 558/2022 de 18 de agosto, omitió pronunciarse sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 05/2022 de 5 de mayo, que negó su cesación de la detención preventiva, sin efectuar un enfoque diferencial e interseccional aplicable a las personas de la tercera edad, ignorando los informes médicos que acreditaban su delicado estado de salud y que requiere una atención especializada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollará los siguientes temas: i) El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores; ii) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso: ii.1) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP; iii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; iv) La excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores; v) Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que: “La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: ‘Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana’. Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere: I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.

Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala: Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.

En este sentido, corresponde también referirnos al art. 13 de este Instrumento Internacional, que en su texto indica:

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.

En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, La Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores.

2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (…).

De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas.

A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, ‘…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos’. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere: …La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1, señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial”.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0394/2021-S1 de 6 de septiembre, estableció que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Entendimiento que fue asumido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 014/2018 de 28 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.1”.

III.2.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0394/2021-S1, refirió que: “Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP.

Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aún se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que: …la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora”.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

La SCP 0394/2021-S1, refirió que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio , en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre , resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.

III.4. La excepcionalidad de la detención preventiva de personas adultas mayores

La SCP 0010/2018-S2, refirió que: “La vulnerabilidad de las personas adultas mayores en la temática que se desarrolla -detención preventiva-; merece un análisis desde un enfoque interseccional o discriminación múltiple, que se constituye en una perspectiva de análisis útil para identificar las situaciones y requerimientos de los grupos vulnerables, la complejidad y la diversidad de las fuentes que generan la discriminación de los mismos; este enfoque se introdujo en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como un criterio de interpretación sobre la violencia contra las mujeres; empero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ampliaron su aplicación al análisis de la discriminación de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, respecto a la discriminación múltiple o compuesta, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostiene que: ‘Algunos individuos o grupos sufren discriminación por más de uno de los motivos prohibidos (…) Esa discriminación acumulativa afecta a las personas de manera especial y concreta y merece particular consideración y medidas específicas para combatirla’. Para que sea posible considerar una discriminación como múltiple, es necesario que existan varios factores que la motiven; en el caso concreto de personas adultas mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, define la discriminación múltiple como ‘…Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación’. En este sentido, es importante considerar que cuando una persona adulta mayor es privada de libertad mediante la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, como es la detención preventiva, nos encontramos ante dos categorías sospechosas de discriminación, esto es, por su edad y por su condición de privada de libertad; lo cual, podría derivar en una discriminación múltiple al configurarse el carácter compuesto en las causas de la discriminación; y bajo este contexto, es indudable que la vulnerabilidad de las personas adultas mayores se agrava; razón que determina que se asuman determinadas acciones para evitarlo”.

III.5. Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas adultas mayores

La SCP 0010/2018-S2, estableció que: “Considerando los criterios antes anotados; y en especial, la obligación estatal de generar enfoques específicos para considerar las situaciones de discriminación múltiple, referidas en los Fundamentos Jurídicos desarrollados precedentemente, las autoridades judiciales en la consideración de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva para una persona adulta mayor, deben efectuar: 1) Una valoración integral de la prueba con carácter reforzado; y, 2) Un análisis de la aplicación de la medida cautelar a partir del principio de proporcionalidad, en el que se analicen las particulares condiciones de las personas adultas mayores. En cuanto a la valoración de la prueba con carácter reforzado, la autoridad judicial está compelida a: a.1) Analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto y realidad social del adulto mayor, tomando en cuenta sus limitaciones y afectaciones propias de su edad, principalmente precautelando su salud e integridad física; de ahí que la tarea intelectiva en la compulsa de elementos aportados por las partes procesales que pretendan acreditar o desvirtuar posibles riesgos procesales, deben ser valorados de forma amplia, favorable y no restrictiva o perjudicial, evitando formalismos y exigencias de imposible cumplimiento para las personas adultas mayores, pues en su mayoría se encuentran enfermas, laboralmente inactivas, sin patrimonio y muchas veces sin un entorno familiar; circunstancias últimas que de ninguna manera, pueden servir de fundamento en una resolución para acreditar o mantener subsistentes riesgos procesales; pues de hacerlo se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad por parte de la autoridad; y, a.2) Analizar los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en el art. 233.2 del CPP, efectuando exigencias mínimas respecto a las circunstancias descritas en dicha norma, en especial las contenidas en el art. 234 del CPP.

Respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio o test de proporcionalidad, la autoridad judicial debe analizar:

b.1) Si la detención preventiva es idónea o adecuada para la finalidad buscada con dicha medida; es decir, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, b.2) Si la detención preventiva es necesaria o existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida, considerando la especial situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores; y por ende, interpretando la necesidad de la medida de manera restrictiva, tomando en cuenta en todo momento su dignidad y el mandato convencional que promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que impliquen privación de libertad; y, b.3) La proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en analizar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida; debiendo considerarse todas las consecuencias que la medida cautelar conlleva, tomando en cuenta la agravación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores”.

III.6. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, a una vejez digna, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; puesto que, el Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 558/2022 de 18 de agosto, omitió pronunciarse sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 05/2022 de 5 de mayo, que negó su cesación de la detención preventiva, sin efectuar un enfoque diferencial e interseccional aplicable a las personas de la tercera edad, ignorando los informes médicos que acreditaban su delicado estado de salud y que requiere una atención especializada.

Identificado como se tiene precedentemente el problema a ser resuelto, resulta necesario describir los antecedentes procesales relevantes a la problemática planteada, en ese marco de antecedentes se advierte que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se emitió el Auto Interlocutorio 05/2022 de 5 de mayo, por el que se dispuso su detención preventiva, en ese sentido, interpuso recurso de apelación incidental que mereció el Auto de Vista 558/2022 de 18 de agosto, por el que el Vocal hoy accionado lo declaró improcedente y confirmó el Auto Interlocutorio 05/2022 (Conclusión II.1.).

Ahora bien, en ese sentido y considerando que el accionante mediante esta acción de defensa denunció que la emisión del Auto de Vista 558/2022 ocasionó la vulneración de sus derechos, es preciso remitirnos al contenido del mismo: a) De la lectura del Auto de Vista 558/2022, se advierte que el Vocal ahora accionado, señaló que el recurso de apelación incidental contra Auto Interlocutorio 05/2022, que rechazó la detención preventiva del accionante fue resuelto en el parámetro del art. 124 del CPP que exige la debida fundamentación y motivación en las resoluciones, y el art. 398 de dicho Código que determina el principio de limitación por competencia, que impone al Tribunal de alzada pronunciarse exclusivamente sobre los agravios expresados en el respectivo recurso; asimismo, en observancia del principio de imparcialidad consagrado en el art. 178.I de la CPE; citando al efecto la SC 1306/2011 de 26 de septiembre y la SCP 0077/2012 de 16 de abril. b) Asimismo, el Vocal ahora accionado hizo referencia a la SCP 0467/2020-S4 de 22 de septiembre, que ratificación a la SCP 0011/2018-S2 28 de febrero la cual fija criterios sobre la cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP, precisando que el Juez debe: 1) Identificar los motivos que determinaron la detención; 2) Valorar los nuevos elementos de convicción ofrecidos por el imputado; 3) Realizar una valoración integral de los arts. 234 y 235 del CPP; 4) Ponderar las pruebas de ambas partes; y, 5) Emitir resolución debidamente motivada y proporcional. En virtud de ello, se destacó que la carga probatoria corresponde al imputado cuando solicita la cesación de su detención preventiva.

c) Continuando con el contendido del Auto de Vista 558/2022, se advierte que señala que el imputado -accionante- se consideró agraviado, debido a que la solicitud de cesación de su detención preventiva, fundada en el art. 2391 y 5, no fue debidamente valorada; ya que no se consideró su condición de persona de la tercera edad y su delicado estado de salud, así como tampoco se aplicó un enfoque interseccional de protección; no obstante, que se desvirtuaron los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, con la presentación de certificado de garantías para todos los testigos, en un total de 33 personas; incluso se hubiese retirado a los testigos; por otro lado, la sentencia condenatoria no estaría ejecutoriada, por lo que, tuviera el derecho de asumir defensa en libertad con medidas menos gravosas a la detención preventiva; asimismo, adjuntó documentación médica que acreditó su mal estado de salud. Sin embargo, el Tribunal de primera instancia no valoró correctamente la prueba, denotándose incluso una incongruencia interna, debido a que el Auto Interlocutorio 05/2022 fue arbitrario y no tomó en cuenta las “Convenciones” que defienden a las personas de la tercera edad. En respuesta a dichas alegaciones, el Vocal hoy accionado mediante el Auto de Vista 558/2022, resolvió que:

i) En cuanto al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la sociedad, se debió aplicar el art. 239.1 del mismo Código, ya que se hubiese presentado el Acta de garantías y el Certificado del Registro de Antecedentes Penales (REJAP), por lo que dicho riesgo procesal estaría desvirtuado. En ese sentido, el Vocal ahora accionado, señaló que el riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad, que fue impuesto por la Resolución 01/2021, en virtud a que, al tratarse de un delito de tráfico de sustancias controladas, se estaría atentando a la salud pública, afectando especialmente a sectores vulnerables como la juventud; por lo que, ese riesgo procesal fue demostrado por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. En consecuencia, las actas de garantías para los 33 testigos, no son elementos suficientes para desvirtuar dicho riesgo procesal, más aún como se indicó que hubiesen sido retirados, o exista un certificado del Juzgado de ese proceso que acredite que se hubiese retirado a esos 33 testigos; por lo que, no existe elementos probatorios; en consecuencia, no se desvirtuó los motivos por los que fueron fundados ese riesgo procesal, no existiendo agravio alguno.

Por otro lado, respecto a la petición de valoración del Certificado REJAP, de la revisión del expediente correspondiente al proceso penal de referencia, el Vocal hoy accionado constató que el mismo no se encontraba adjunto, advirtiendo únicamente la existencia de certificados de antecedentes de instituciones policiales; por lo que, no se observó agravio alguno.

ii) Respecto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, que fue impuesto en razón a que el imputado -accionante-, influenciaría a los testigos, así como en los peritos y en los informes a ser presentados, ya que el nombrado tiene calidad de ex jefe policial. En respuesta el Vocal ahora accionado, señaló que si bien la parte apelante manifestó que ese riesgo procesal hubiese sido desvirtuado con la emisión de la sentencia condenatoria, incluso “con la emisión de las garantías a tres testigos”(sic); sin embargo, aquello no fue correcto; ya que es clara la influencia negativa a los testigos y a los peritos, no existiendo elemento probatorio alguno que a esos “tres” ciudadanos que otorgó garantías el imputado serían testigos al no existir una certificación que acredite esa situación. Tampoco se estableció que los peritos no serían influenciados negativamente, ya que la Sentencia por sí sola no acredita aquello, y más aún cuando esa Sentencia fue apelada y puede ser objeto de modificación o anulación, siendo ese el caso, se necesitaría nuevamente la participación de los testigos y peritos; por lo tanto, no se desvirtuó el indicado riesgo procesal, ya que el acta de garantías no acreditan por sí solas que son testigos del proceso penal, más aun cuando fueron retiradas; en consecuencia, el citado riesgo procesal sigue vigente. iii) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva del imputado

-accionante- en aplicación del art. 239.5 del CPP, modificado por la Ley 1173, respecto a la acreditación de un grave estado de salud o una enfermedad terminal, se tiene que el Vocal ahora accionado, revisó el legajo de apelación, bajo la advertencia de que la parte apelante aseveró la existencia de certificaciones que acrediten que la enfermedad que sufre el nombrado es terminal por ser crónica; ya que de fs. “101 y 102” -se entiende del legajo de apelación- cursan certificaciones médicas y certificado médico forense de “fs. 106 a 108 y 95” -se entiende del legajo de apelación-, donde se estableció que el nombrado padece de una enfermedad, por lo que, necesitaría de consultas y que también sería sujeto de cirugías, disponiendo estudios de cardiología, sugiriendo tratamiento de resección trans uretral de próstata, debiendo seguir la indicación por la especialidad de Urología; lo que significó que la enfermad que sufre el imputado -accionante-estaría sujeta a tratamiento, aspecto que no establece un peligro a su vida, por lo tanto, al no evidenciarse un peligro efectivo a la vida del nombrado, ya que la enfermad que padece puede ser controlada por un tratamiento especial, en virtud de lo cual no se puede considerar que se adecúe a una enfermedad grave o de estado terminal, más aun si se considera que el imputado estaría recibiendo tratamiento y se tomaron las medidas que corresponden al Régimen Penitenciario, por lo que no se advirtió agravio alguno. iv) Con relación a que implícitamente se manifestó que es una persona de la tercera edad y que no se aplicó un enfoque interseccional; el Vocal ahora accionado señaló que, el art. 239.6 modificado por la Ley 1173, establece que, no obstante que el imputado sea de la tercera edad, no corresponde la modificación de las medidas cautelares de carácter personal, al tratarse de delitos de narcotráfico o sustancias controladas, entre otros; por lo tanto, al ser el proceso penal iniciado contra el accionante por la presunta comisión de delitos de tráfico de sustancias controladas, el Vocal hoy accionado, determinó no contrariar lo dispuesto en la normativa procesal penal, indicando que no se advirtió agravio alguno.

v) Sobre el hecho alegado de que por tratarse de una persona de la tercera edad, se debió aplicar los Convenios Internacionales que le beneficiarían para que sea factible la modificación de la medida cautelar impuesta; el Vocal ahora accionado, observó que el abogado defensor no cumplió con lo previsto por el art. 29.II del Reglamento 12/2019 emitido en atención a la Disposición Décima Tercera de la Ley 1173, el cual prevé que, los abogados intervinientes en audiencia a momento de invocar, alegar o sustentar sus alegatos en jurisprudencia ordinaria constitucional o convencional deberá presentar dichos fallos en físico ante la autoridad jurisdiccional con el fin de generar en esa autoridad judicial convicción al momento de emitir la respectiva resolución;

vi) El Vocal hoy accionado, señaló que en el presente caso el abogado del imputado -accionante- se limitó a indicar la existencia de la “Convención” -se entiende de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores-, sin embargo, no la presentó en físico ni por el Sistema Cisco Webex, por lo que, no puede emitir criterio alguno al incumplirse con la normal legal. vii) Además, al examinar la motivación de Auto Interlocutorio 05/2022, el Vocal ahora accionado verificó que dicho Auto Interlocutorio cumplió con los requisitos establecidos en el art. 124 del CPP, conforme a lo referido en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual sostiene que la fundamentación debe ser clara, lógica y coherente. En ese marco, concluyó que el Tribunal de primera instancia dio respuesta fundada a todos los agravios, por lo que no se configuró vulneración alguna.

viii) Finalmente, mediante el Auto de Vista 558/2022, el Vocal ahora accionado declaró admisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado -accionante-, determinando su improcedencia y confirmando el Auto de Vista 05/2022, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, precisando que las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas conforme al art. 250 del CPP. Posteriormente, en audiencia de complementación, aclaración y enmienda -solicitada con base en el art. 125 del CPP- el Vocal hoy accionado ratificó que los certificados médicos no acreditan enfermedad grave o terminal, que la jurisprudencia constitucional citada justifica la valoración efectuada y que la exigencia de presentación de instrumentos internacionales deriva de la normativa vigente, es decir, la Ley 1173 y el Reglamento 12/2019.

Estando establecido el contenido del Auto de Vista 558/2022 y tomando en cuenta que el accionante mediante esta acción de defensa denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a una vejez digna y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a continuación, se hará el análisis respectivo del indicado Auto de Vista.

Sobre la vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia En el presente caso, se tiene que el accionante denunció que el Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 558/2022, dentro del proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, no habría respondido a los distintos agravios expuestos en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 05/2022, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva. No obstante, de la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal constitucional, se advierte que no cursa el Auto Interlocutorio de apelación en el que estarían contenidos los supuestos agravios cometidos, lo que imposibilita a este Tribunal efectuar la confrontación necesaria entre lo reclamado por el accionante y lo resuelto en el Auto de Vista hoy impugnado.

Asimismo, del examen del memorial de interposición de la acción de libertad, se constata que el accionante no precisó de manera concreta ni detallada cuáles fueron los agravios cometidos por el Vocal hoy accionado, limitándose a formular una alegación genérica sobre la falta de pronunciamiento y de fundamentación del Auto de Vista 558/2022. Esta falta de precisión impide determinar el contenido material de la supuesta incongruencia, y en consecuencia, la existencia de una vulneración efectiva al derecho al debido proceso en su componente de fundamentación y motivación.

Si bien la acción de libertad, por su naturaleza tutelar, se rige por el principio de informalismo, ello no exime al accionante del cumplimiento de una carga mínima de demostración fáctica y documental que permita al Tribunal Constitucional Plurinacional verificar las vulneraciones alegadas. En el caso presente, no se acompañaron los medios probatorios necesarios que permitan comprobar los extremos denunciados, situación que se agrava con el Informe de 9 de junio de 2025, emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el que indicó que debido al cambio de Sistema Cisco Webex, todas las grabaciones .de las audiencias de la gestión 2022, fueron eliminadas (Conclusión II.2.); y como se mencionó anteriormente esta situación tampoco fue salvada por la parte accionante al no identificar de manera concreta qué puntos no fueron respondidos por el Vocal ahora accionado.

En ese entendido, y conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, el derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada, así como el principio de congruencia, constituyen elementos esenciales del debido proceso, en tanto garantizan que las decisiones jurisdiccionales no sean arbitrarias, que respondan a las pretensiones de las partes, y que puedan ser objeto de control mediante los recursos previstos por ley. Dichos precedentes establecen que una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación, sea insuficiente o no guarde coherencia interna y externa con lo peticionado.

Bajo ese entendimiento jurisprudencia, se tiene que al no haberse proporcionado los antecedentes necesarios ni la documentación requerida para contrastar el contenido del recurso de apelación con el Auto de Vista 558/2022 ahora impugnado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional tendrá que resolver con lo manifestado y resuelto en el indicado Auto de Vista. En ese sentido, de la revisión del contenido del Auto de Vista 558/2022, se advierte que el Vocal hoy accionado desarrolló un razonamiento dirigido a responder cada uno de los agravios expresados por el imputado -accionante- en el recurso de apelación incidental que interpuso. En efecto, la referida autoridad judicial hoy accionada analizó los cuestionamientos referidos a la valoración de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; la pertinencia del REJAP; la situación de tercera edad del accionante; la incidencia de su estado de salud conforme al art. 239.5 del citado Código; la alegación de incongruencia interna el Auto Interlocutorio 05/2022; la necesidad de un enfoque interseccional; y la eventual aplicación de instrumentos internacionales. Al pronunciarse sobre cada uno de dichos puntos, el Vocal ahora accionado evitó incurrir en incongruencia citra petita, ultra petita o extra petita, garantizando de este modo la correlación entre los agravios y lo resuelto, cumpliéndose así con la congruencia externa. Asimismo, del contenido del Auto de Vista 558/2022 se constata que la decisión emitida presenta una secuencia argumentativa coherente entre su parte considerativa y dispositiva; puesto que, el Vocal hoy accionado identificó los antecedentes relevantes, analizó la prueba acompañada, valoró la concurrencia o no de los presupuestos legales para la cesación de la detención preventiva y concluyó con la confirmación de la Resolución 05/2022. Esta estructura revela la existencia de una motivación ordenada, lógica y no contradictoria, evitando inconsistencias internas que puedan afectar la racionalidad del fallo. En consecuencia, se advierte que el Auto de Vista 558/2022 cumple con la congruencia interna. En consecuencia, y de conformidad con todo lo mencionado, se concluye que el Auto de Vista 558/2022 cumple con los parámetros de la congruencia interna y externa, por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada en cuanto al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia.

Respecto a la motivación y fundamentación del Auto de Vista 558/2022

De conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional y el marco normativo aplicable, corresponde examinar el agravio articulado por el accionante relativo a una supuesta falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 558/2022, con especial atención a la obligación de los tribunales de segunda instancia de motivar las decisiones que resuelven medidas cautelares y a la necesidad de que se explique el por qué no se desvirtuaron los riesgos procesales previstos en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, así como las previsiones específicas del art. 239 del mismo Código.

En ese marco corresponde señalar que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la doctrina constitucional exige que las resoluciones judiciales, y en particular las que resuelven medidas cautelares, contengan una motivación suficiente y razonable que permita al imputado conocer las razones por las cuales se le restringe la libertad y, en su caso, presentar en el futuro nuevos elementos de convicción para solicitar la cesación de la medida. Asimismo, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, moduló la nulidad de decisiones inmotivadas en materia cautelar, señalando la imprescindible obligación de consignar las razones jurídicas y los elementos de convicción que justificaron la imposición o el mantenimiento de la detención preventiva, a efectos tanto de la tutela efectiva como de la posibilidad real de revisión futura por el imputado. En ese entendido jurisprudencial, a continuación, se analizará si el Auto de Vista 558/2022, efectuó una correcta fundamentación y motivación.

1) En cuanto al riesgo procesal establecido en el art. 239.5 del CPP -estado de salud-

En el Auto de Vista 558/2022, el Vocal ahora accionado examinó los certificados médicos y forenses incorporados al legajo de apelación, cursante de fs. 95 a 101 y 102; y, 106 a 108, constatando que, si bien el imputado -accionante- padece una patología prostática, diagnosticada como hipertrofia prostática con retención crónica de orina y quiste prostático, por lo que requiere tratamiento especializado, incluyendo estudios y posible intervención consistente en una resección transuretral de próstata y control por médicos especialistas; sin embargo, de esa documental adjunta no se acreditó una condición terminal ni un peligro inminente de muerte. En ese sentido, el Vocal hoy accionado motivó que los informes médicos consignaban indicaciones y tratamientos pendientes, lo que demuestra que la patología se encontraba sujeta a manejo médico y control dentro del régimen penitenciario, sin que conste en la probanza que la afección ponga de forma inmediata en riesgo la vida del procesado. En ese sentido, el Vocal ahora accionado explicó de modo concreto por qué los certificados médicos no constituían, en sí mismos, prueba de un estado terminal que ameritara la cesación, lo que es coherente con la exigencia jurisprudencial de que la autoridad justifique el valor probatorio asignado a cada documento y la consecuencia jurídica que de ello deriva.

2) Riesgo procesal establecido en el 239.6 del CPP -condición de adulto mayor-

Respecto de la condición de persona de la tercera edad de sesenta y nueve años de edad (69 años) alegada por la defensa, el Vocal ahora accionado precisó que el art. 239.6 del CPP, modificado por la Ley 1173, establece una salvedad explícita, referente a que la excepción que favorece a personas mayores no es aplicable cuando el proceso verse sobre determinados delitos, entre ellos los relacionados con sustancias controladas. En ese sentido el Vocal hoy accionado motivó su interpretación apoyándose en la letra de la norma, sosteniendo que, en presencia de hechos vinculados con el tráfico de sustancias controladas, la disposición legal prohíbe la aplicación automática del beneficio por edad, y que, por lo tanto, la mera constatación de la edad -sin desvirtuar los riesgos procesales incidente en el caso concreto- no obliga a la cesación de la detención preventiva. Esa motivación atiende a la exigencia de expresar la norma aplicable y la razón jurídica por la cual la circunstancia personal invocada no determina la cesación, conforme a la doctrina que obliga a los tribunales de alzada a explicar la concurrencia o no de los presupuestos legales para mantener la medida cautelar.

3) Riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP -riesgo de influencia sobre testigos y peritos-

Con relación al riesgo de influencia previsto en el art. 235.2 del CPP, el Vocal ahora accionado motivó con base en la calidad procesal del imputado -exjefe policial- y en la naturaleza de los hechos que existe un plausible riesgo de intervención o coacción sobre testigos y peritos, extremo que la resolución primigenia valoró al imponer la medida cautelar de detención preventiva. El Vocal hoy accionado consideró las alegaciones defensivas, como ser actas de garantías a determinados testigos y la existencia de una sentencia, y razonó por qué tales documentos no desvirtuaban objetivamente el riesgo, señalando que: a) No constaba en el cuaderno de apelación certificación probatoria suficiente que acreditara la efectiva retirada de los 33 testigos; b) Las garantías otorgadas a tres personas no acreditaban que desapareciera la posibilidad de influir sobre la prueba, en tanto la sentencia no se encontraba ejecutoriada y el proceso seguía sujeto a eventualidad (reitera la proporcionalidad y necesidad de la medida). Con ello, el Vocal ahora accionado aplicó la regla jurisprudencial de que el tribunal de segunda instancia debe expresar motivadamente la concurrencia de los riesgos procesales que justifican el mantenimiento de la detención preventiva, y no limitarse a invocar presunciones legales.

4) Riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP -peligro para la sociedad y valoración integral-

Referente al riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP, como ser peligro efectivo para la sociedad, el Vocal ahora accionado fundamentó la permanencia de la medida en la naturaleza del ilícito -tráfico de sustancias controladas- cuyo propio carácter, de acuerdo con la Resolución primigenia y los elementos aportados por el Ministerio Público, significa un riesgo para sectores vulnerables y la salud pública, justificando así la medida cautelar como idónea y necesaria en términos de proporcionalidad. En ese sentido el Vocal hoy accionado rechazó la idea de que la separación de ciertos testigos o la existencia de garantías aisladas neutralice ese riesgo, explicando por qué tales hechos no constituyen, en la prueba obrante, un elemento objetivo susceptible de anular la valoración originaria. Esa motivación articula el nexo entre el hecho reprochado, la probanza y la consecuencia de mantener la medida cautelar, cumpliendo con los requisitos desarrollados en la jurisprudencia constitucional en lo referente a la fundamentación y motivación de las resoluciones, además de la ponderación exigida por el art. 239.1 del CPP.

5) Sobre la exigencia probatoria y la ausencia del Certificado

REJAP

El Vocal ahora accionado, también explicitó que ciertos documentos invocados por la defensa, tales como el Certificado REJAP cuya referencia aparece en el memorial de interposición de la acción de defensa, no cursaban en el legajo de apelación o no se acompañaron físicamente conforme a las reglas de admisión probatoria; en consecuencia, el Vocal hoy accionado razonó que no podía asignarles valor desvirtuador del riesgo procesal cuando la documentación no estaba incorporada al legajo o no constaba con la verificación mínima exigible por la propia doctrina constitucional. Esa apreciación es congruente con la doctrina según la cual la carga de desvirtuar los motivos de la medida corresponde a la parte que solicita la cesación, debiendo aportar los nuevos elementos de convicción.

6) Sobre la alegados de instrumentos internacionales y cumplimiento del Reglamento 12/2019

En lo relativo a la invocación de convenios internacionales y su examen en sede jurisdiccional, el Vocal ahora accionado se apoyó en la normativa interna, es decir en la Ley 1173 y el art. 29.II del Reglamento 12/2019, que exige la presentación física de los instrumentos o sentencias invocadas para generar convicción en la autoridad. En ese sentido, el nombrado motivó que, al no haberse acompañado dichos instrumentos en físico ni por la vía virtual conforme al requisito reglamentario, resultaba procedente no ponderarlos en la decisión; doctrina procesal que respeta el principio iura novit curia en cuanto al conocimiento del derecho por la autoridad, pero que simultáneamente garantiza la posibilidad de verificación por medio de la aportación mínima requerida para su adecuada consideración.

A la luz de los antecedentes y de la apreciación probatoria consignada en el Auto de Vista 558/2022, como ser la documentación adjuntada a fs. 95, 101 y 102 y 106 a 108 del legajo de apelación; examen sobre la existencia o ausencia del Certificado REJAP; análisis de la naturaleza del hecho punible; ponderación sobre la edad y la salud del imputado -accionante-; y remisión a la normativa procesal y reglamentaria aplicable, se advierte que el Vocal ahora accionado expresó las razones de hecho y de derecho que sustentaron su convicción sobre la permanencia de los riesgos procesales; describiendo los elementos de convicción valoración y motivación por qué aquellos documentos no resultaban suficientes para desvirtuar la medida cautelar. En tal sentido la decisión de alzada evidencia la expresión motivada de: i) La no acreditación de un estado terminal o peligro inminente para la vida -art. 239.5 CPP-; ii) La inaplicabilidad automática del beneficio por edad en supuestos de narcotráfico -art. 239.6 CPP-; iii) La existencia de riesgo de influjo sobre testigos y peritos por la calidad del imputado -art. 235.2 CPP-; y iv) la persistencia de un peligro efectivo para la sociedad en razón del tipo penal -art. 234.7 CPP. Dicha motivación atiende a las exigencias constitucionales y jurisprudenciales sobre fundamentación, motivación y congruencia, en tanto permite conocer las razones que justifican la restricción de la libertad personal y faculta al imputado -accionante- para, en su caso, intentar acreditar en el futuro nuevos elementos de convicción, que permitan dar lugar a la cesación de su detención preventiva.

En ese marco, de lo anterior y aplicando los parámetros contenidos en el Fundamento Jurídico III.2.1. y demás precedentes citados, de ningún modo se puede concluir que el Auto de Vista 558/2022 adolezca de una motivación arbitraria, insuficiente o inexistente en los extremos estratégicos relativos a los riesgos procesales invocados; por el contrario, dicho Auto de Vista contiene una motivación razonada que vincula los hechos, la prueba y la consecuencia jurídica, explicando por qué no se desvirtuaron los riesgos alegados por la parte acusadora ni por qué los elementos probatorios aportados por la defensa -en la forma en que constan- resultaron insuficientes para ordenar la cesación de la detención preventiva

Valoración de los certificados médicos

En lo que concierne al agravio denunciado por el accionante, referido a la supuesta valoración arbitraria de la prueba por parte del Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 558/2022, corresponde efectuar las siguientes consideraciones de orden jurídico y constitucional.

En primer término, debe tenerse presente que, conforme a la doctrina establecida por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, la revisión de la valoración de la prueba constituye, en principio, una actividad privativa de la jurisdicción ordinaria, en razón de que compete a los jueces y tribunales que conocen del fondo de los procesos la apreciación y ponderación de los elementos de convicción producidos, en aplicación de las reglas de la sana crítica y conforme al principio de inmediación. Sin embargo, excepcionalmente, la jurisdicción constitucional puede ejercer un control tutelar de constitucionalidad sobre dicha actividad cuando se advierta que la autoridad ordinaria: a) Se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) Omitió de manera arbitraria la valoración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basó su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho distinto al realmente acreditado, afectando con ello derechos fundamentales y garantías constitucionales. Asimismo, la SCP 1215/2012 precisó que la competencia de la jurisdicción constitucional frente a este tipo de denuncias se limita exclusivamente a constatar si en la labor valorativa de la autoridad demandada existió ausencia de razonabilidad y equidad, actitud omisiva o desnaturalización del contenido probatorio de los medios de prueba, pero en ningún caso le está permitido sustituir la valoración efectuada por los jueces ordinarios o volver a examinar el mérito de la prueba, lo que importaría una indebida intromisión en funciones jurisdiccionales ajenas.

En ese contexto, de la revisión integral del Auto de Vista 558/2022 se advierte que el Vocal ahora accionado, en su calidad de Tribunal de alzada, procedieron a verificar los fundamentos expuestos por el Tribunal de primera instancia respecto a la cesación de la detención preventiva, cumpliendo con su deber de control jurisdiccional sobre la correcta aplicación de las normas procesales vinculadas a los riesgos procesales previstos en los arts. 233, 234 y 235 del CPP. Para ello, realizaron un análisis de los elementos de convicción obrantes en el expediente, incluyendo los certificados médicos que acreditan las patologías del accionante, su condición de persona de la tercera edad y el Certificado del REJAP observado que no cursaba en el cuaderno procesal, pronunciándose de forma razonada sobre la subsistencia de los riesgos procesales vinculados al peligro de fuga, obstaculización y la naturaleza del delito imputado.

De dicha labor se evidencia que el Vocal hoy accionado no efectuó una revalorización arbitraria ni asumió funciones propias de una audiencia de medidas cautelares, sino que cumplió con la obligación legal de examinar si la resolución impugnada -la Resolución 05/2022- observaba los requisitos materiales y formales exigidos por la normativa procesal penal, en el marco de lo previsto por el art. 398 del CPP. Por lo tanto, su actuación se encuentra dentro de los márgenes de razonabilidad y equidad exigidos por la jurisprudencia constitucional y el debido proceso.

Finalmente, de la lectura del memorial de acción de libertad, se constata que el accionante no desarrolló una carga argumentativa suficiente que permita demostrar de qué modo concreto el Vocal ahora accionado habría incurrido en una valoración carente de razonabilidad o equidad, limitándose a manifestaciones genéricas sobre una supuesta subjetividad en la apreciación de la prueba. Ante la ausencia de tal demostración, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar a un análisis sustantivo de fondo sobre la valoración probatoria, en tanto no se acreditó la concurrencia de los presupuestos excepcionales que habilitan el control constitucional en esta materia.

En consecuencia, no se evidencia que el Vocal ahora accionado hubiese incurrido en valoración probatoria arbitraria, irrazonable o alejada de los parámetros de equidad y verdad material; por el contrario, su decisión se encuentra debidamente fundamentada y enmarcada en la competencia revisora que le confiere la ley, sin que exista afectación a los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Sobre la condición de persona de la tercera edad y su estado de salud

Respecto al agravio denunciado por el accionante, quien sostiene que el Vocal hoy accionado no habría considerado su condición de persona de la tercera edad ni su delicado estado de salud al resolver el Auto de Vista 558/2022, corresponde efectuar las siguientes consideraciones de orden jurídico-constitucional.

En primer lugar, conforme a los criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la aplicación de medidas cautelares a personas de la tercera edad, se estableció en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional, que las autoridades judiciales, al considerar la procedencia de la detención preventiva para una persona de la tercera edad, deben aplicar un enfoque diferenciado y reforzado de valoración de la prueba, así como un análisis del principio de proporcionalidad en la restricción de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la libertad personal y a la dignidad.

En ese entendido, la autoridad judicial está obligada a analizar los elementos probatorios desde la perspectiva de las condiciones particulares de la persona de la tercera edad, teniendo en cuenta su edad avanzada, limitaciones físicas y situación de vulnerabilidad, evitando interpretaciones o exigencias formales que resulten desproporcionadas o discriminatorias. Asimismo, el examen de los riesgos procesales previstos en los arts. 233 y 234 del CPP debe realizarse con exigencias mínimas, tomando en cuenta que las personas adultas mayores suelen encontrarse en situación de dependencia, con enfermedades crónicas o carentes de soporte económico y social. Finalmente, bajo el test de proporcionalidad, la autoridad judicial debe evaluar si la medida de detención preventiva resulta idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, considerando la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas que satisfagan la finalidad procesal sin afectar indebidamente la dignidad y salud de la persona de la tercera edad.

Ahora bien, del análisis del Auto de Vista 558/2022 se advierte que el Vocal ahora accionado sí consideró expresamente la condición de adulto mayor del accionante, pero confrontó dicha circunstancia con los hechos del caso concreto y con la normativa procesal aplicable. En ese marco, razonó que, si bien el accionante contaba con una edad avanzada, este elemento no resultaba suficiente para disponer la cesación de la detención preventiva, toda vez que el art. 239.6 del CPP -modificado por la Ley 1173- prohíbe la cesación de la detención preventiva en delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas, por tratarse de ilícitos de alta peligrosidad y de afectación grave al orden público. En consecuencia, el Vocal hoy accionado, al estar vinculada por el principio de legalidad y sujeción a la ley, valoró de manera razonada la imposibilidad jurídica de conceder la cesación solicitada, sin que ello implique desconocimiento del enfoque diferencial que la normativa constitucional y convencional exige para las personas de la tercera edad.

Asimismo, el Vocal ahora accionado tomó en cuenta la condición del procesado como exjefe policial, circunstancia que, lejos de generar un trato discriminatorio, fue ponderada en el marco del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, considerando la posibilidad de que, por su formación y vínculos institucionales, pueda influir en la averiguación de la verdad o en la obtención de pruebas. Este aspecto se analizó junto con los demás riesgos procesales, concluyéndose que no se encontraban desvirtuados.

En cuanto a la alegación del accionante sobre la falta de aplicación de tratados internacionales en materia de protección a las personas adultas mayores, el Vocal hoy accionado estableció correctamente que, si la parte recurrente pretendía invocar la aplicación directa de algún instrumento internacional específico, tenía la carga procesal de identificarlo de manera concreta y de fundamentar su pertinencia en relación con el caso, no siendo suficiente una referencia genérica o imprecisa a la existencia de normas internacionales. Esta consideración se ajusta al principio de congruencia recursiva previsto en el art. 398 del CPP, que impone al tribunal de alzada pronunciarse dentro de los límites del recurso y de los fundamentos expresamente invocados.

Por otra parte, respecto al estado de salud del accionante, se evidencia que el Vocal ahora accionado realizó un examen razonado de los certificados médicos presentados, en los que se acreditó que padece de hipertrofia prostática con retención crónica de orina y quiste prostático, patologías que requieren tratamiento especializado. Sobre este punto, el Vocal hoy accionado concluyó, en concordancia con la resolución impugnada, que el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz donde se encuentra recluido cuenta con las condiciones necesarias para brindar el tratamiento médico requerido, y que, en caso de presentarse una emergencia o requerirse atención externa, podía disponerse su traslado a un establecimiento de salud, conforme a los mecanismos previstos en el régimen penitenciario. Esta conclusión evidencia que la autoridad judicial ahora accionada no ignoró su situación médica, sino que la ponderó de manera integral, valorando la información documental y el contexto fáctico del caso, concluyendo razonablemente que no existía una afectación grave o incompatible con la permanencia en detención preventiva.

En ese sentido, del análisis del Auto de Vista 558/2022 se colige que las circunstancias personales del accionante, tanto su condición de adulto mayor como su estado de salud, fueron objeto de ponderación judicial, y que el Vocal ahora accionado las superó mediante una fundamentación razonada y sustentada en aspectos legales, fácticos y probatorios. No se advierte omisión ni arbitrariedad en su consideración, sino una aplicación equilibrada del principio de legalidad, el deber de protección de la salud y el respeto a la dignidad humana, dentro de los límites impuestos por la normativa procesal vigente y la naturaleza del delito imputado.

En consecuencia, y de conformidad con todo lo mencionado, no se configura vulneración al derecho a la vida, a la salud, a la libertad personal ni a una vejez digna, toda vez que la decisión asumida por el Vocal hoy accionado y plasmada en el Auto de Vista 558/2022 se encuentra debidamente fundamentada, motivada y es congruente, observando el marco constitucional y convencional aplicable a personas adultas mayores, sin que se advierta una actuación irrazonable o desproporcionada en la restricción de su libertad; lo que conlleva a denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 24 de agosto, cursante de fs. 25 a 29, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0343_2026-S1.pdf · páginas 1 a 36.

Huella digital del PDF (SHA-256): e1d7914c9e090e23e9ecf81c0fa915bba0ae1b1b297ad39729a9beaa86ef64f7

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