B.IA.LEGAL

SCP 0342/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53465-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, dentro de la investigación preliminar por la presunta comisión del delito inicialmente tipificado como abuso sexual (art. 308 CP); y, posteriormente modificado a violación agravada (art. 312 CP), el Fiscal de Materia hoy accionado no notificó la recalificación del hecho, no fijó nueva fecha de declaración informativa tras la suspensión del primer verificativo y directamente dispuso la emisión de un mandamiento de aprehensión sustentado por el art. 226 del CPP, sin haberse configurado los presupuestos legales ni mediado control jurisdiccional, lo que constituyó un defecto absoluto conforme al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  2. III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0342/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53465-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 31/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sauciri Choque y Luis René Alejandro Sauciri Urrelo en representación sin mandato de Ánghelo Jesús Guzmán Sosa contra José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 5 a 7 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de NN en representación de la menor de edad AA -víctima-, contra Ánghelo Jesús Guzmán Sosa -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 701102272202561, el cual se encuentra en investigación desde el 2 de noviembre de 2022, es así que de manera voluntaria se presentó ante el Fiscal de Materia -ahora accionado-; asimismo, fue notificado para prestar su declaración informativa policial el 25 de dicho mes y año, a las 11:30 horas, en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) Satélite Norte -se entiende de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra-; sin embargo, aquella diligencia no se llevó a cabo debido a disturbios ocasionados en el lugar, además de la ausencia del Fiscal de Materia.

Posteriormente, no se señaló nueva fecha conforme a lo previsto por los arts. 92 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 11 de noviembre de 2022, el investigador asignado al caso remitió un informe en el que, a partir de una declaración testifical y la respectiva valoración del Médico Forense, concluyó que su persona hubiese realizado toques impúdicos a la víctima y en base a esos datos el Fiscal de Materia hoy accionado subsumió su conducta al hecho delictivo de abuso sexual, disponiendo que se ponga a conocimiento del Juez a cargo del control jurisdiccional. Posteriormente, ante la revisión del cuaderno de investigaciones, sin que se señale previamente nueva fecha para su declaración informativa ni se hubiese cumplido con lo previsto los arts. 92 al 98 del CPP, además de estando acreditados los elementos de domicilio, trabajo y familia, el Fiscal de Materia ahora accionado emitió una Resolución Fiscal de Aprehensión de 25 de noviembre de 2022; y, en consecuencia se expidió una orden de aprehensión en aplicación del art. 226 del indicado Código; en ese sentido, es que impugnó dicha Resolución; sin embargo, los antecedentes no fueron remitidos ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz. La emisión de la orden de aprehensión vulneró los arts. 22, 23, 24, 115, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el art. 169.3 del CPP, por constituir un defecto absoluto al haberse dispuesto sin control jurisdiccional y no cumplirse con lo establecido por los arts. 224 y 226 del citado Código; asimismo, el hecho a investigarse fue tipificado como abuso sexual, no obstante se libró la indicada orden de aprehensión por la presunta comisión del delito de violación, sin que exista una citación previa o se señale audiencia para que preste su declaración informativa, provocándose una persecución ilegal contra su persona.

I.1.2. Derechos, principio y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva; y, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115, 116, 117, 119 y 120 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto “la aprehensión” -se entiende la orden de aprehensión- librada contra su persona; y, b) Se señale día y hora para la declaración informativa policial cuando retorne el control jurisdiccional, es decir, luego de la vacación judicial.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 53 a 55, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad; y, ampliándolo manifestó que: 1) La investigación iniciada contra su persona carecía de control jurisdiccional; ya que, se dio durante las vacaciones judiciales y no había designación de una autoridad judicial en suplencia, generándose un vacío en la supervisión judicial. No obstante, el Fiscal de Materia ahora accionado, sin observar las formalidades previstas por el art. 226 del CPP, emitió la Resolución Fiscal de Aprehensión; por la que se, dispuso su aprehensión sin la debida fundamentación y motivación material y jurídica; 2) El 23 de noviembre de 2022, se presentó voluntariamente, suscribiéndose al efecto un acta de presentación espontánea en la que se fijó que prestaría su declaración informativa el 25 de igual mes y año; sin embargo, dicho acto no pudo realizarse; puesto que, en las instalaciones de la FELCV se encontraban personas que impidieron el ingreso del accionante así como del hoy accionado, tal como se puede advertir del acta de comparecencia, siendo dicho documento carente de validez; empero, esa situación fue consignada de forma arbitraria como incomparecencia, sirviendo de sustento para que el investigador solicitara su aprehensión y el nombrado emitiera el respectivo mandamiento de aprehensión; 3) El accionante cuenta con arraigo natural y familiar, domicilio conocido, trabajo y estudios universitarios; asimismo, no tiene antecedentes penales ni pasaporte; desvirtuando con ello el peligro de fuga y de obstaculización; todos esos elementos de arraigo se encontraban acreditados en el cuadernillo de investigaciones; por lo que, los riesgos procesales fueron indebidamente generalizados, en abierta contradicción con lo dispuesto por la normativa procesal que prohíbe fundar tales extremos en presunciones o suposiciones; 4) El Fiscal de Materia hoy accionado dejó de ejercer la dirección funcional de la investigación y limitó su actuación a replicar los informes del investigador asignado al caso; asimismo, las respuestas que le fueron otorgadas a las impugnaciones formuladas fueron vagas, incoherentes y sin fundamentación, lo que constituyó una vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso; 5) La denuncia y los informes complementarios, en los que se reflejó que no se hubiese configurado el tipo penal de violación agravada, aspectos que debieron ser esclarecidos en una investigación respetuosa de las garantías constitucionales y no mediante resoluciones precipitadas orientadas a privar su libertad; y, 6) La emisión de la Resolución Fiscal de Aprehensión y la orden de aprehensión desconocieron los principios de legalidad, motivación y proporcionalidad, afectando de manera directa sus derechos fundamentales, entre ellos, a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 23 de diciembre de 2022, cursante de fs. 40 a 47 vta., manifestó que: i) El 1 de noviembre de 2022, NN en representación de su hija menor de edad AA, presentó una denuncia contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación agravada, la cual fue respaldada con el Informe Psicológico de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el Informe Social de la Trabajadora Social de la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) Satélite Norte del Gobierno Autónomo Municipal de Warnes del departamento de Santa Cruz, el Certificado Médico Forense, todos de la misma fecha y el Dictamen Pericial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de 17 de dicho mes y año, que confirmó la presencia de Antígeno Prostático Específico (PSA) en muestras obtenidas de la víctima; ii) El 25 de noviembre de ese año, con base en todos los elementos mencionados se emitió la Resolución Fiscal de Aprehensión y la correspondiente orden de aprehensión en aplicación del art. 226 del CPP, ante la advertencia de indicios suficientes de autoría y riesgos procesales: iii) Si bien el 23 de noviembre de 2022, el accionante se presentó de manera espontánea; no obstante, en el Informe Policial de 9 de diciembre del mismo año, se indicó que el nombrado no fue habido en su domicilio ni en su lugar de trabajo, en virtud de lo cual el 20 de ese mes y año, se emitió edicto de notificación; posteriormente el 23 del mencionado mes y año se formalizó la imputación por la presunta comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado por los arts. 308 con relación al 310 incs. l) y m) del CP; iv) Fundó la legalidad de sus actuaciones en los arts. 15 y 60 de la CPE, la Convención de Belém do Pará, el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y el art. 226 del CPP; y, v) En el presente caso no existió persecución ilegal ni indebido procesamiento; puesto que, la imputación fue presentada dentro del plazo legal ante la autoridad judicial de control jurisdiccional; en ese sentido, no se agotó el principio de subsidiariedad que rige a la acción de libertad; ya que, la jurisdicción constitucional no sustituye a la jurisdicción ordinaria.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 31/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 55 a 56 vta., concedió la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Dejar sin efecto la orden de aprehensión librada en predicción a esa disposición incorrecta; y, se resolvió llamar severamente la atención al Fiscal de Materia ahora accionado, recomendándole que ese acto investigativo sea llevado conforme a procedimiento, evitando la interposición de acciones tutelares, con el fin de corregir el actuar del Ministerio Público; y, b) Se ordenó al representante el Ministerio Público, que en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale día y hora para que el accionante preste su declaración informativa dentro de las siguientes veinticuatro horas, oportunidad en la cual el Fiscal de Materia hoy accionado podrá recién evaluar si corresponde o no aplicar el art. 226 CPP; todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) Del examen de los antecedentes, se constató que el accionante presentó un acta de presentación espontánea el 23 de noviembre de 2022; y, que se le señaló audiencia de declaración para el 25 de igual mes y año. Sin embargo, en esa fecha, el nombrado no compareció, lo que motivó al investigador asignado a sugerir la emisión de una orden de aprehensión. El Fiscal de Materia ahora accionado, basándose en el informe policial y en el acta de incompetencia, expidió una orden de aprehensión sustentándola en el art. 226 del CPP; 2) La disposición utilizada por el nombrado no resultaba aplicable, puesto que el art. 226 CPP refiere a supuestos de aprehensión en flagrancia o cuando el imputado ya se encuentra físicamente a disposición del Ministerio Público, lo cual no había ocurrido. En consecuencia, lo que correspondía era aplicar el art. 224 del citado Código, relativo a la incomparecencia injustificada. Al haber fundado la orden en un presupuesto legal incorrecto, la actuación del Fiscal de Materia hoy accionado fue considerada ilegal; y, 3) Observó que la orden de aprehensión no fue puesta en conocimiento del Juez de la causa para su control jurisdiccional, lo que reforzó la ilegalidad del acto. En tal sentido, se decidió otorgar la tutela solicitada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Presentación Espontánea de 23 de noviembre de 2022, en la que se estableció que Ánghelo Jesús Guzmán Sosa -ahora accionante- se hizo presente en las oficinas de la FELCV, para prestar su declaración informativa dentro del caso FELCV-SAT 485/”2020” -siendo lo correcto 2022- por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado; a tal efecto, se dispuso que el 25 de igual mes y año, se realice tal actuado de conformidad con lo previsto por el art. 223 del CPP (fs. 3). II.2. Consta Acta de Incomparecencia de 25 de noviembre de 2022, suscrito por Sergio Eduardo Quispe Llusco, Investigador de la Policía Boliviana asignado al caso, la denunciante y su abogado; en la que se indicó que el accionante no asistió a prestar su declaración informativa en calidad de denunciado; tampoco justificó su inasistencia o demostró algún impedimento (fs. 29). II.3. Mediante Resolución Fiscal de Aprehensión de 25 de noviembre de 2022, José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia -hoy accionado-, dispuso en aplicación del art. 226 del CPP y la SC 0214/2010-R de 14 de mayo, la aprehensión del accionante (fs. 35 a 39); emitiéndose al efecto la Orden de Aprehensión, librada contra el nombrado por la presunta comisión del delito de violación agravada (fs. 34). II.4. Por Memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, ante el Fiscal de Materia ahora accionado, el accionante impugnó la Resolución Fiscal de Aprehensión por falta de requisitos y formalidades (fs. 13 a 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, dentro de la investigación preliminar por la presunta comisión del delito inicialmente tipificado como abuso sexual (art. 308 CP); y, posteriormente modificado a violación agravada (art. 312 CP), el Fiscal de Materia hoy accionado no notificó la recalificación del hecho, no fijó nueva fecha de declaración informativa tras la suspensión del primer verificativo y directamente dispuso la emisión de un mandamiento de aprehensión sustentado por el art. 226 del CPP, sin haberse configurado los presupuestos legales ni mediado control jurisdiccional, lo que constituyó un defecto absoluto conforme al art. 169.3 del citado Código; además, a pesar de que su persona acreditó domicilio, trabajo, estudios y entorno familiar, así como la ausencia de antecedentes penales y su presentación espontánea, fue objeto de hostigamiento y persecución indebida; por lo que, solicitó dejar sin efecto la aprehensión ilegal; y, en su lugar, fijar día y hora para su declaración informativa conforme a derecho. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; ii) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, establece que: «La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.

III.2.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa

La SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indicada SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual: Acceso a la justicia y trato justo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…). A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: ʽ…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…ʼ. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello: …se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental. En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizara en el siguiente fundamento”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales

La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, establece que: “III.1.1. El enfoque interseccional El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: ʽ…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...ʼ La misma Sentencia, en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: ʽ…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…ʼ. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otros (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, y Fernández Ortega y Otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre: 139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como ʽreprochable o reprobable jurídicamenteʼ, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.

III.3.1. El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

“El art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y mora. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ʽLos Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.

A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad

física, psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado.

De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ʽlos y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concretoʼ. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ʽ…la adopción de tales medidas corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña perteneceʼ. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, ʽhan de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechosʼ. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para ʽprevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7ʼ. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; entre los cuales están: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual;

disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: ʽLa niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexualʼ. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: ʽ…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescenteʼ. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…).

En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: ʽ…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujerʼ. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niña, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, dentro de la investigación preliminar por la presunta comisión del delito inicialmente tipificado como abuso sexual (art. 308 CP); y, posteriormente modificado a violación agravada (art. 312 CP), el Fiscal de Materia hoy accionado no notificó la recalificación del hecho, no fijó nueva fecha de declaración informativa tras la suspensión del primer verificativo y directamente dispuso la emisión de un mandamiento de aprehensión sustentado por el art. 226 del CPP, sin haberse configurado los presupuestos legales ni mediado control jurisdiccional, lo que constituyó un defecto absoluto conforme al art. 169.3 del citado Código; además, a pesar de que su persona acreditó domicilio, trabajo, estudios y entorno familiar, así como la ausencia de antecedentes penales y su presentación espontánea, fue objeto de hostigamiento y persecución indebida; por lo que, solicitó dejar sin efecto la aprehensión ilegal; y, en su lugar, fijar día y hora para su declaración informativa conforme a derecho. De los antecedentes que cursan en obrados se tiene que en el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, signado como FELCV-SAT 485/2022, el 23 de noviembre de 2022, tal como se advierte del Acta de Presentación Espontánea el nombrado, se hizo presente en las Oficinas de la FELCV, para prestar su declaración informativa, a tal efecto se dispuso que el 25 de igual mes y año, se realice dicho verificativo de conformidad con lo previsto por el art. 223 del CPP (Conclusión II.1.). Sin embargo, llegada la fecha programada, el accionante no se hizo presente, en virtud de lo cual se elaboró el Acta de Incomparecencia de dicha fecha, suscrita por Sergio Eduardo Quispe Llusco, Investigador de la Policía Boliviana asignado al caso, la denunciante y su abogado, en la que se dejó constancia que el accionante no asistió a prestar su declaración informativa en calidad de denunciado; tampoco justificó su inasistencia o demostró algún impedimento (Conclusión II.2.).

En función del Acta de Incomparecencia de 25 de noviembre de 2022, en esa misma fecha el Fiscal de Materia hoy accionado emitió la Resolución Fiscal de Aprehensión, alegando el art. 226 del CPP y la SC 0214/2010-R, al considerar que existían suficientes elementos de convicción que vinculaban al “denunciado” con la presunta comisión del delito de violación agravada, previsto en los arts. 308 y 310 inc. o) del CP, siendo la víctima una adolescente de quince años de edad, fundamentando la medida en la denuncia presentada por la madre de la víctima, en la entrevista psicológica que recogió el relato de la menor y en los riesgos procesales de fuga y obstaculización, concluyendo que concurrían los presupuestos legales para disponer la aprehensión del nombrado (Conclusión II.3.). En cumplimiento de la Resolución Fiscal de Aprehensión en el marco del art. 226 del CPP, se libró Orden de Aprehensión contra el accionante, disponiéndose que el Investigador de la Policía Boliviana asignado u otra autoridad competente proceda a su captura, con el objetivo de ponerlo a disposición del Juez cautelar a efectos de que defina su situación jurídica, destacando que el hecho investigado atentaba contra bienes jurídicos fundamentales como la libertad sexual. Posteriormente, mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, ante el Fiscal de Materia hoy accionado, el accionante planteó impugnación contra la Resolución Fiscal de Aprehensión de 25 de noviembre de igual año, alegando la falta de cumplimiento de los presupuestos y formalidades legales, señalando que no se fijó nueva fecha de declaración informativa tras la suspensión del primer verificativo y que el acta de incomparecencia no contaba con la firma de su defensor. Demandó sus derechos constitucionales a la libertad, la presunción de inocencia, la defensa y el debido proceso, manifestando además que contaba con domicilio, trabajo, estudios y entorno familiar acreditados; por lo que, solicitó se deje sin efecto la orden de aprehensión; y, en su lugar, se disponga su citación conforme a lo previsto por el art. 224 del CPP.

Por consiguiente, descritos los antecedentes que cursan en obrados, al igual que establecido el problema jurídico a resolver, se advierte que en lo sustancial, el accionante denuncia como acto vulnerado la orden de aprehensión emitida por el Fiscal de Materia ahora accionado. Ahora bien, cabe indicar que conforme al principio de igualdad material y al enfoque interseccional consagrado por la jurisprudencia nacional e internacional, tal como se mencionó en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda persona, en especial las niñas y adolescentes mujeres, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad frente a actos de violencia sexual, debiendo el Estado y sus instituciones adoptar medidas inmediatas, prioritarias y efectivas para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, en concordancia con los arts. 15 y 60 de la CPE, los cuales establecen el deber del Estado, la sociedad y la familia de asegurar la preeminencia del interés superior de la niña y la adolescente, la protección integral de su integridad física, psicológica y sexual; y, el acceso a una administración de justicia pronta y con personal especializado.

Asimismo, cabe indicar que en el ámbito internacional, el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra obligado por los tratados de derechos humanos de los que es parte, los cuales constituyen fuente normativa de aplicación preferente según los arts. 13 y 256 de la CPE. Entre estos, destacan: los arts. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 7 y 9 de la Convención Belém do Pará, 3, 39 y principio de protección especial y efectividad de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), la Recomendación 19 sobre la Violencia contra la Mujer; y, la Recomendación General 33 sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia ambas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las cuales refuerzan la obligación del Estado de adoptar medidas integrales para prevenir, sancionar, erradicar la violencia y garantizar reparación a las víctimas.

Por su parte, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece que la violencia contra la mujer constituye una forma extrema de discriminación por razones de género, imponiendo al Estado la obligación de adoptar medidas inmediatas de prevención, atención, sanción y erradicación, con asignación de recursos humanos y económicos suficientes; y, priorizando la protección de la víctima en todos los ámbitos, incluidos el judicial y el educativo.

Así también, la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y el Código Niña, Niño y Adolescente, junto con la Ley Orgánica del Ministerio Público, disponen que la víctima menor de edad debe ser protegida con carácter prioritario; y, que las autoridades competentes deben garantizar su seguridad, integridad y acceso a justicia, prohibiéndose toda forma de conciliación o transacción que implique revictimización. La jurisprudencia constitucional y supranacional desarrolló de manera reiterada la obligación del Estado de adoptar un enfoque reforzado de protección cuando se trata de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Entre los precedentes relevantes, se destaca la SC 0214/2010-R, que establece la necesidad de aplicar medidas judiciales inmediatas y adoptar un análisis interseccional de la problemática, considerando múltiples factores de discriminación que afectan el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la víctima. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos “Gónzalez y otras (Campo Algodonero) vs. México”, “Rosendo Cantú y otra vs. México”, “Atala Riffo y Niñas vs. Chile” y “Veliz Franco y otros vs. Guatemala”, ha enfatizado que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de niñas y adolescentes, asegurando la reparación integral de sus derechos vulnerados; y, tomando en cuenta su especial condición de vulnerabilidad por género, edad y otras circunstancias sociales.

En ese marco, de antecedentes se tiene que en el presente caso, la víctima es una adolescente mujer, quien fue víctima de violencia sexual, encontrándose en una situación de vulnerabilidad reforzada que exige, conforme al enfoque interseccional y a los estándares constitucionales e internacionales, una actuación prioritaria, diligente y especializada de todas las autoridades competentes, a fin de garantizar la protección de sus derechos fundamentales, la seguridad personal y la restitución integral de su integridad física, psicológica y sexual.

En ese entendido, de acuerdo con el análisis de la Resolución Fiscal de Aprehensión, el Fiscal de Materia hoy accionado obró dentro del marco legal y constitucional aplicable, adoptando medidas inmediatas para proteger a la víctima, sustentadas en los elementos probatorios recabados durante la etapa investigativa. La indicada Resolución se encuentra fundamentada en pruebas que evidencian la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima, constituyéndose un acto legítimo, conforme a las obligaciones del Estado de ejercer la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de los delitos sexuales, especialmente cuando la víctima es menor de edad.

Ahora bien, en virtud del principio de informalidad previsto en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, las observaciones estrictamente formales planteadas por el Tribunal de garantías, como la eventual necesidad de citación adicional del imputado tras la modificación del tipo penal a violación agravada, carecen de relevancia frente al deber constitucional y legal de proteger a la víctima y garantizar su acceso efectivo a la justicia, evitando toda revictimización. Las formalidades procesales no pueden prevalecer sobre la protección prioritaria del interés superior de la niña o adolescente, conforme a lo dispuesto por el art. 60 de la CPE, el Código Niña, Niño y Adolescente y los instrumentos internacionales citados. Por lo que, la actuación del Fiscal de Materia ahora accionado no solo se ajusta a derecho, sino que refleja el cumplimiento del deber constitucional de proteger a las víctimas menores de edad de violencia sexual, adoptando medidas inmediatas y preventivas, resguardando su integridad y garantizando el ejercicio de sus derechos, conforme al principio de protección especial y efectiva previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Belém do Pará, el Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y demás normas nacionales e internacionales aplicables.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al limitar su análisis a cuestiones formales sin considerar la protección reforzada de la víctima, incumplió con su deber constitucional de aplicar un enfoque interseccional; y, de garantizar la restitución integral de los derechos vulnerados, omitiendo la evaluación de la situación específica de vulnerabilidad de la adolescente víctima; y, restringiendo indebidamente la actuación de las autoridades fiscales que actuaban dentro de la legalidad y conforme a los estándares de protección prioritaria. Por lo expuesto, en atención a los precedentes nacionales e internacionales citados, resulta evidente que la actuación del Fiscal de Materia hoy accionado se ajusta al principio de debida diligencia reforzada que corresponde en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, garantizando la protección inmediata de la víctima y adoptando todas las medidas necesarias para preservar su integridad física, psicológica y sexual, así como su seguridad. En este sentido y en virtud a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre este tipo de problemática de violencia hacia la mujer estableció que toda autoridad judicial o administrativa, así como los jueces y tribunales de garantía, así como las Salas Constitucionales, al conocer problemáticas de violencia sexual contra mujeres menores de edad, deben verificar que los derechos y garantías de las víctimas se encuentren plenamente protegidos, realizando un análisis reforzado de la problemática, considerando el principio de protección especial y el interés superior de la niña o adolescente. En ese entendido, con relación a las cuestiones formales planteadas por el accionante en la acción de libertad, relativas a la Resolución Fiscal de Aprehensión y a la supuesta inaplicabilidad del art. 226 del CPP ante la modificación del tipo penal a violación agravada, se advierte que tales observaciones carecen de relevancia frente al deber constitucional y legal del Estado de garantizar la protección inmediata de las víctimas de violencia sexual, especialmente tratándose de una menor de edad; extremo que no fue debidamente considerado ni analizado por el Tribunal de garantías, limitándose aquel a valorar aspectos procedimentales sin ponderar la situación de vulnerabilidad de la víctima ni aplicar el enfoque interseccional que la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales exigen en este caso en particular. Por todo lo expuesto, queda demostrado, que en el presente caso corresponde la revocatoria de la tutela concedida por el Tribunal de garantías, la cual se encuentra plenamente justificada; puesto que, se limitó a valorar aspectos formales sin ponderar adecuadamente la situación de vulnerabilidad de la víctima, incurriendo en omisión de las obligaciones estatales de protección reforzada que impone la Constitución Política del Estado, el Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, Ley Orgánica del Ministerio Público, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Belém do Pará y las Recomendaciones 19 y 33 del Comité de la CEDAW. En virtud de lo expuesto, corresponde reafirmar que la actuación del Fiscal de Materia ahora accionado en la Resolución Fiscal de Aprehensión se encuentra en estricta observancia de derecho, priorizando la protección de la víctima y garantizando el cumplimiento de los estándares de protección reforzada y medidas especiales de atención que el caso requiere, constituyendo dicha actuación un ejemplo de correcta aplicación de los principios constitucionales y de los tratados internacionales sobre derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual. Finalmente, atinge a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional aclarar que en cuanto a la decisión tomada por el Tribunal de garantías en cuanto a disponer dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida por el Fiscal de Materia hoy accionado; y, que en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale día y hora para que el accionante preste su declaración informativa dentro de las siguientes veinticuatro horas, oportunidad en la cual el Fiscal de Materia ahora accionado podrá recién evaluar si corresponde o no aplicar el art. 226 del CPP; resulta ser incorrecto; sin embargo, considerando que la misma provocó efectos corresponde en aplicación del principio de seguridad jurídica previsto por el art. 178 de la CPE, dimensionar esa decisión conforme a lo establecido por las SSCC 0070/2010-R de 3 de mayo y 0595/2010-R de 12 de julio; con la salvedad de que la referida dimensión se efectúa con la finalidad de no dejar sin efecto los actos que emergieron de la concesión de la tutela realizada por el Tribunal de garantías; por consiguiente, si bien mediante este fallo constitucional se deniega la tutela solicitada, esto de ninguna forma debe entenderse como la nulidad de los actos realizados como emergencia de la misma, en aplicación del citado principio, los mismos deberán subsistir en sus efectos con la finalidad de no ocasionar perjuicios a consecuencia de la denegatoria de tutela en la presente acción de defensa. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 55 a 56 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0342_2026-S1.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 138e1e299c4f01eb6411951e4edd7110c77bc4ab4249619395e1cbdb4eccb542

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →