Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado a los principios de debido proceso, legalidad, dignidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, conducción peligrosa de vehículos y omisión de socorro, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, señaló audiencia de revisión de su situación jurídica para el 3 de noviembre de 2022; y una vez instalada la audiencia y verificada la notificación de las partes, el acto procesal fue suspendido debido a la inasistencia del Ministerio Público y del abogado de la víctima, sin que exista fundamento ni causal legal que lo justifique, señalando nueva audiencia para el 7 del mismo mes y año, pese a que la defensa del imputado -ahora accionante- hizo notar que la víctima se encontraba notificada; por lo que, interpuso recurso de reposición, siendo resuelto por Auto Interlocutorio de la misma fecha, ratificando el señalamiento de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, 4) Análisi…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/22 de 5 de noviembre de 2022, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las notificaciones y señalamiento de audiencia fuera del plazo de cuarenta y ocho (48) horas previsto por Ley, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sea en la modalidad innovativa al haberse ya señalado la audiencia tardíamente. 2° DENEGAR la tutela en relación a la suspensión de audiencia sin fundamento ni causal legal que lo justifique.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0342/2025-S1 Sucre, 25 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51692-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 24/22 de 5 de noviembre de 2022, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iris Ajhuacho Rojas en representación sin mandato de Rubén Aquino Durán contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2022, cursante de fs. 9 a 13, el accionante a través de su representante sin mandado, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, conducción peligrosa de vehículos y omisión de socorro, se emitió el Auto Interlocutorio 470/22 de 27 de junio de 2022, que dispuso su detención preventiva; en el mismo acto, través de la providencia de la misma fecha conforme al art. 235 ter del Código de Procedimiento Penal (CPP) se señaló audiencia de situación jurídica para el 3 de noviembre de 2022, determinando que la misma se lleve a cabo de forma semipresencial, virtual para el imputado y presencial para los demás sujetos procesales. Conforme la parte in fine de dicho Auto se tiene que las partes quedaron legalmente notificadas con el proveído de señalamiento de audiencia de acuerdo al art. 160 del CPP. Dando cumplimiento a lo establecido por la autoridad jurisdiccional se presentó a la audiencia referida, habiéndose instalado la misma, el Secretario del Juzgado informó que todas las partes fueron debidamente notificadas y que no se encontraban presentes el Ministerio Público y el abogado de la víctima, pese a lo referido por el Secretario, la autoridad jurisdiccional refirió la falta de notificación a la víctima y a objeto de no vulnerar el principio de igualdad procesal vio por conveniente, sin fundamento alguno, suspender y señalar nueva audiencia para el 7 de noviembre de 2022, pese a que la defensa del imputado hizo notar que la víctima se encontraba notificada, sin embargo, el Juez, ratificó su decisión. Por tal razón, el imputado interpuso recurso de reposición con base en el art. 113 del CPP, solicitando que advertido de su error el Juez demandado revoque su providencia, sin embargo, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio, que en el fondo, ratificó el señalamiento de audiencia para la fecha ya mencionada. La audiencia fue suspendida sin fundamento alguno y sin existir causal de suspensión, y al señalar nueva fecha de audiencia de forma subjetiva el Juez amplió la detención preventiva que resulta una detención preventiva ilegal al no respetar el juzgamiento bajo un plazo razonable como garantía del debido proceso.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado a los principios de dignidad, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 22, 115.II y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz que de forma inmediata emita mandamiento de libertad disponiendo las medidas cautelares personales que considere, en aplicación del art. 231 bis del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 5 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 56, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.
Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz no presentó informe escrito, tampoco se apersonó a la audiencia tutelar, pese a su legal notificación que cursa a fs. 37.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 24/22 de 5 de noviembre de 2022, cursante de fs. 56 a 58, denegó la tutela solicitada; en virtud a los siguientes fundamentos: a) No se evidencia que el imputado este indebidamente procesado o privado de su libertad, dado que se tiene como base la existencia de un proceso penal en contra del ahora accionante en el cual se hubiere sustanciado audiencia de medidas cautelares que se encontraría cumpliendo; b) Los agravios denunciados por la parte accionante deben ser considerados por otro recurso ordinario dentro de la tramitación del proceso, considerando que la medida cautelar es instrumental; y, c) Del acta de audiencia de consideración de situación jurídica se tiene que una vez resuelto el recurso de reposición interpuesto por el imputado, en la misma audiencia este Auto fue objeto de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolución; por lo que es aplicable el subsidiariedad excepcional siendo que las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, por lo que se encuentra impedida de poder ingresar al análisis de fondo de la problemática, por no haberse agotado la vía ordinaria. En vía de complementación el accionante solicitó que se complemente y enmiende respecto a que de acuerdo al art. 402 del CPP se puede evidenciar que la resolución del recurso de reposición es sin recurso ulterior, por lo que no existe un recurso ulterior ya que la autoridad judicial ahora accionada rechazó el recurso interpuesto. En respuesta, la Jueza de garantías declaró que no ha lugar lo solicitado, ratificándose en la Resolución dictada en sentido que en el acta se evidencia que el imputado planteó recurso de apelación y la vía ordinaria no ha sido agotada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de medida cautelar de 27 de junio de 2022 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rubén Aquino Durán -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, conducción peligrosa de vehículos y omisión de socorro, en la que se evidencia que estuvieron presentes el representante del Ministerio Público, Rodrigo Justiniano Ábrego conjuntamente su abogado, así como el imputado asistido de su abogado. En la intervención del Ministerio Público, el Fiscal de Materia refiere que en el hecho colisionaron dos motorizados, así en el vehículo con placa de control 2519 ZXH se encontraban Fernando Flores y Willy Justiniano quienes instantáneamente pierden la vida, además refiere al informe del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) de una tercera víctima de apellidos “Gonzales Campero”. Asimismo, se evidencia que en esta audiencia el Juez demandado determinó señalar audiencia de situación jurídica para el jueves 3 de noviembre de 2022, a horas 11:30, dejando constancia que quedan las partes notificadas con el proveído de señalamiento de audiencia conforme al art. 160 del CPP (fs. 2 a 6). II.2. Consta Acta de audiencia de 3 de noviembre de 2022, en la que la Secretaria refirió: “informo a su autoridad señor juez que la presente audiencia los sujetos procesales fueron legal y debidamente notificados mediante acta de audiencia de medidas cautelares de fecha 27 de junio de 2022, es por ello que se encuentran presentes para este acto procesal el imputado Rubén Aquino Durán (conectado vía plataforma virtual) conjuntamente con su Abg. Iris Ajhuacho. Asimismo, hacer notar que la parte civil y el Ministerio Público no se han constituido a este acto procesal. Es todo en cuanto informo a su autoridad” (sic). Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad judicial demandada- argumentó que una de las víctimas no fueron notificadas y por igualdad procesal, suspendió la audiencia, señalando una nueva para el 7 de noviembre del mismo año, por lo que el accionante interpuso recurso de reposición que fue rechazado por la autoridad demandada; ante tal decisión, la defensa del imputado interpuso recurso de apelación incidental, empero el Juez demandado en base al art. 402 del CPP declaró no ha lugar por no tener recurso ulterior (fs. 6 vta. a 7).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado a los principios de debido proceso, legalidad, dignidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, conducción peligrosa de vehículos y omisión de socorro, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, señaló audiencia de revisión de su situación jurídica para el 3 de noviembre de 2022; y una vez instalada la audiencia y verificada la notificación de las partes, el acto procesal fue suspendido debido a la inasistencia del Ministerio Público y del abogado de la víctima, sin que exista fundamento ni causal legal que lo justifique, señalando nueva audiencia para el 7 del mismo mes y año, pese a que la defensa del imputado -ahora accionante- hizo notar que la víctima se encontraba notificada; por lo que, interpuso recurso de reposición, siendo resuelto por Auto Interlocutorio de la misma fecha, ratificando el señalamiento de audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) La acción de libertad innovativa; 3) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, 4) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0332/2021-S1 de 12 de agosto -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: La línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 0092/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.
Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio , se recondujo el entendimiento presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente, esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 6El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad. En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero. - Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo. - En los casos, en que, presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda. Tercero. - En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…) El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras.
Luego, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la referida SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, entendimiento seguido de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la citada SCP 2491/2012, que en el Fundamento Jurídico III.1 establece:
“…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos”. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento:
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- pues, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la detención preventiva es dispuesta por una autoridad judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el Juez o Tribunal no responden dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad vinculado a los principios de debido proceso, legalidad, dignidad y seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, conducción peligrosa de vehículos y omisión de socorro, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, señaló audiencia de revisión de su situación jurídica para el 3 de noviembre de 2022; y una vez instalada la audiencia y verificada la notificación de las partes, el acto procesal fue suspendido debido a la inasistencia del Ministerio Público y del abogado de la víctima, sin que exista fundamento ni causal legal que lo justifique, señalando nueva audiencia para el 7 del mismo mes y año, pese a que la defensa del imputado -ahora accionante- hizo notar que la víctima se encontraba notificada; por lo que, interpuso recurso de reposición, siendo resuelto por Auto Interlocutorio de la misma fecha, ratificando el señalamiento de audiencia. Previamente a ingresar a analizar la problemática, corresponde aclarar que la decisión pronunciada ante el planteamiento del recurso de reposición dentro de la cadena de instancias que tiene el proceso penal, no prevé un recurso ulterior posterior; por lo que, en la problemática expuesta en el caso no resulta evidente el incumplimiento del principio de subsidiariedad como lo refirió la Jueza de garantías, sino que corresponde ingresar a analizar el fondo de los reclamos planteados en la presente acción tutelar. De los antecedentes que cursan en el expediente tutelar, se tiene que, dentro del proceso penal de referencia, en la audiencia de medida cautelar de 27 de junio de 2022, estuvieron presentes el representante del Ministerio Público, Rodrigo Justiniano Ábrego conjuntamente su abogado, así como el imputado asistido de su abogado. En la intervención del Ministerio Público, el Fiscal de Materia refiere que en el hecho dos motorizados colisionaron; así, en el vehículo con placa de control 2519 ZXH se encontraban Fernando Flores y Willy Justiniano, quienes instantáneamente pierden la vida, además refiere al informe del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de una tercera víctima de apellidos “Gonzales Campero”. Asimismo, se evidencia que en esta audiencia el Juez ahora demandado determinó señalar audiencia de su situación jurídica para el jueves 3 de noviembre del citado año, a horas 11:30, dejando constancia que quedan las partes notificadas con el proveído de señalamiento de audiencia conforme al art. 160 del CPP (Conclusión II.1).
Instalada la audiencia el 3 de noviembre de 2022, la Secretaria del Juzgado informó que las partes fueron debidamente notificadas, encontrándose presentes el imputado Rubén Aquino Durán (conectado vía plataforma virtual) conjuntamente con su abogada Iris Ajhuacho Rojas, ausentes las demás partes, por lo que el Juez demandado argumentó que una de las víctimas no fue notificada y por igualdad procesal, decidió suspender la audiencia y señaló una nueva para el 7 de igual mes y año, ante tal determinación, el accionante interpuso recurso de reposición que fue rechazado por la autoridad demandada, contra tal decisión, la defensa del imputado presentó recurso de apelación incidental, pero el Juez aplicando lo dispuesto por el art. 402 del CPP declaró no ha lugar por no tener recurso ulterior (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. Por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras, estableció que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley; y, suspender la audiencia programada por motivos injustificables que no son causales de nulidad. En ese contexto, debe considerarse que, de acuerdo al acta de audiencia de consideración de situación jurídica de 3 de noviembre de 2022, se evidencia ciertamente que este actuado procesal fue suspendido señalándose nueva audiencia para el 7 del mismo mes y año con el argumento de la inasistencia del Ministerio Público, así como por la falta de notificación a una de las víctimas con el objeto de no vulnerar el derecho de igualdad de partes. Ahora bien, con relación a la notificación de la víctima de acuerdo a la Conclusión II.1 se tiene que en la audiencia de medidas cautelares, como víctima se encontraba presente Rodrigo Justiniano Ábrego, asistido de su abogado; sin embargo, de la revisión del acta de audiencia se tiene que al colisionar los vehículos fallecieron dos personas, Fernando Flores y Willy Justiniano, además de existir otra tercera persona como víctima de apellido “Gonzales Campero”, en ese entendido, al haber participado de la audiencia cautelar solo uno de los parientes de uno de los fallecidos, obviamente debió notificarse a las demás victimas con el señalamiento de audiencia a efectos de resguardar sus derechos fundamentales, razón por la cual, no es evidente que no existiera un fundamento válido para la suspensión de la referida audiencia. Sin embargo, el Juez como director del proceso, debe no solo emitir resoluciones justas, sino además, velar que se efectivicen los derechos fundamentales de las partes; en tal sentido, oportunamente debió vigilar que el personal subalterno, sea el oficial de diligencias o por intermedio de la Oficina Gestora de Procesos, cumplan con la obligación de notificación a todas las víctimas; un actuar diferente implica incumplimiento de la celeridad y eficacia como principios que regulan la jurisdicción ordinaria. Respecto a la inasistencia de la representación fiscal a la audiencia señalada de conformidad al art. 113 del CPP, este hecho debió ser puesto inmediatamente a conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro Fiscal, bajo responsabilidad del inasistente, lo que no fue efectivizado por el Juez demandado. Además de lo anteriormente referido, en el nuevo señalamiento de audiencia realizado por el Juez cautelar -ahora demandado-, se evidencia que la misma fue programada fuera del plazo máximo de las cuarenta y ocho (48) horas previstas por el art. 113 del CPP, incumpliendo con el plazo legalmente establecido por la norma, por lo que se constata que la autoridad demandada, incumplió su deber de actuar con la celeridad que corresponde imprimir en los trámites referidos al control de las medidas cautelares de carácter personal, impidiendo de esa manera que se resuelva la situación jurídica de la impetrante de tutela, por lo que también constituye un acto dilatorio que lesionó el derecho a la libertad como al debido proceso, tal como se encuentra desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Por consiguiente, si bien existió justificación razonable en la suspensión del actuado, sin embargo, es evidente la dilación indebida en la que incurrió la autoridad judicial demandada al no supervisar el cumplimiento de las notificaciones, así como no señalar la audiencia dentro del plazo previsto por Ley; por lo que, al no haberse obrado de esa manera, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad innovativa; toda vez que, se señaló audiencia tardíamente. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/22 de 5 de noviembre de 2022, cursante de fs. 56 a 58, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a las notificaciones y señalamiento de audiencia fuera del plazo de cuarenta y ocho (48) horas previsto por Ley, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sea en la modalidad innovativa al haberse ya señalado la audiencia tardíamente. 2° DENEGAR la tutela en relación a la suspensión de audiencia sin fundamento ni causal legal que lo justifique. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 4El FJ III.2, indica: “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue
que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”.
7 El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
8 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0342_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1a8fa18460280f1ab3972a262e28d2cd73d4b4ecfc3394ee299fab4cb253f004
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