B.IA.LEGAL

SCP 0342/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de julio de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48893-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho a la libertad personal y de locomoción, debido proceso en su vertiente valoración razonable de la prueba y principio de verdad material; toda vez, que la autoridad demandada en la emisión del Auto de Vista 193 de 11 de mayo de 2022, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) En cuanto al riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, señaló que no se había reconocido el domicilio y trabajo del imputado, ya que presuntamente no existía el requerimiento fiscal o autorización judicial para su verificación, contrario a lo que señalaba el “memorial” y el requerimiento fiscal presentados en dicha audiencia bajo los principios de inmediación y verdad material, que acreditaron que el Fiscal autorizó dicha verificación; sumado a ello, también habría manifestado que al no contar con arraigo natural continuaría latente el núm. 2) del citado artículo; b) Mantuvo vigente el peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP, bajo una simple "presunción", sin considerar que presentó una Certificación de Permanencia y Buena Conducta expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario y un Informe Psicológico positivo, y que durante el desarrollo de la investigación el Ministerio Público no encontró otros partícipes ni amplió su acusación formal contra ninguna otra persona, aparte de los imputados quienes ya prestaron sus declaraciones informativas; y, c) Error de apreciación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 2 de julio de 2022, cursante de fs. 145 a 146 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención a Charlin Tapia Franco y José René Quezada Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octava del departamento de Santa Cruz, constituidos como Tribunal de garantías, pues efecto de la concesión dispuesta impusieron que el Vocal demandado aplique los alcances de un fallo emitido por otra Sala Penal, situación que excede sus funciones como Tribunal de garantías al inmiscuirse en labores propias de cada juzgador.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0342/2024-S4 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48893-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 2 de julio de 2022, cursante de fs. 145 a 146 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Joaquín Otero Añez en representación sin mandato de Grover Maxwell Bermudo Paredes contra Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de julio de 2022, cursante de fs. 101 a 110 vta.; el accionante a través de representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el 30 de septiembre de 2021, el Juez Sexto de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz, dispuso la detención preventiva de cinco imputados –entre ellos el impetrante de tutela–, por el plazo de ciento ochenta días, señalándose audiencia de consideración de “cesación a la detención preventiva” para el 30 de marzo de “2020” a las 10:00. Añadió que, los otros procesados obtuvieron su libertad, caso que no fue el suyo pese haber solicitado en reiteradas oportunidades la cesación a su detención preventiva, cuyas audiencias fueron suspendidas de manera injustificada en varias ocasiones, hasta que finalmente el 11 de abril de 2021, fue llevada a cabo por el Juez Séptimo de Instrucción Penal del mismo departamento –en suplencia legal–, quién emitió el Auto 29/2022 de 11 de abril, a través del cual con relación a la solicitud de cesación por la causal prevista en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), previa compulsa de la prueba de descargo dio por enervados los riesgos procesales contenidos en el art. 234.7 y 235.2 del mismo cuerpo legal, dejando subsistente únicamente el art. 234.1 y 2 de igual norma. En cuanto a la solicitud en torno al art. 239.2 del CPP, señaló que dicha causal era clara al establecer un plazo de detención preventiva, que puede continuar si el Ministerio Público solicita ampliación, siempre y cuando existan actos investigativos que realizar; en el caso, de la revisión del expediente evidenció que cursaba una acusación formal; asimismo, advirtió que el plazo dispuesto para su detención preventiva se cumplió el 30 de marzo de 2022, por ello correspondía admitir la solicitud realizada, disponiendo la cesación de la medida extrema de última ratio, aplicando en su lugar seis “medidas sustitutivas” de difícil cumplimiento, que impidieron obtenga inmediatamente su libertad. Determinación que fue apelada por el Ministerio Público, manifestando en audiencia como supuestos agravios el hecho de que el juez cautelar habría incurrido en una presunta falta de fundamentación e incongruencia, realizando observaciones respecto a los riesgos procesales de los art. 234.7 y 235.2 del CPP, y la decisión de otorgar la cesación ante el cumplimiento del plazo de la detención preventiva en aplicación del art. 239.2 del mismo cuerpo legal, observando que el inferior no habría compulsado el cuaderno procesal ni el sistema “JL1” para constatar que el representante fiscal presentó solicitud de ampliación de la detención preventiva, agregando que resultaba incongruente que hubiera dejado latentes algunos riesgos procesales particularmente la falta de domicilio y al mismo tiempo hubiera dispuesto la detención domiciliaria, lo que era contrario a lo dispuesto en la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre; por su parte, argumentó que el Juez a quo dio correcta aplicación a los arts. 233, 235 ter y 239.2 del adjetivo penal; asimismo, con relación a la supuesta incongruencia aclaró que presentó y ofreció un domicilio donde debía guardar detención domiciliaria, acreditando su existencia, ubicación y habitabilidad mediante verificación realizada por la Notaria de Fe Pública 96 del citado departamento, con autorización expresa del Fiscal de Materia, así como un contrato de arrendamiento reconocido, Certificado Alodial de la propietaria, avisos de cobranza de energía eléctrica y agua potable, croquis de ubicación, muestrario fotográfico y otros documentos complementarios, además de aclarar que dicho domicilio también fue verificado por la Secretaria del Tribunal Tercero de Sentencia de la Capital, donde radica la causa desde el 28 de abril de 2022, acreditando con ello que cuenta con un domicilio donde cumplirá la detención domiciliaria. Habiendo sido emitido el Auto de Vista 193 de 11 de mayo de 2020, por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –compuesto por la autoridad ahora demandada–, quién con relación a la solicitud de cesación a la detención preventiva amparada en el art. 234.1 del CPP, señaló que no se había reconocido el domicilio y trabajo del imputado, ya que presuntamente no existía el requerimiento fiscal o autorización judicial para su verificación, contrario a lo que señalaba el “memorial” y el requerimiento fiscal presentados en dicha audiencia bajo los principios de inmediación y verdad material, que acreditaron que el Fiscal autorizó dicha verificación, y además, indicó que al no contar con arraigo natural continuaría latente también el númeral 2 del citado artículo; y, respecto al riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, que el mismo fue construido en la realización de un peritaje a los celulares secuestrados, y por el tipo de delito (Ley 1008 –Ley del Régimen de la Coca y Substancias Controladas de 19 de julio de 1988–) también podrían haber participado otras personas que no serían únicamente los ahora acusados; no obstante, tampoco el imputado habría presentado ningún elemento elemento de prueba que acredite que no habría influido contra terceras personas o partícipes durante su detención preventiva “(sin considerar que el imputado sí presentó una Certificación de Permanencia y Buena Conducta expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario y un Informe Psicológico positivo, y que durante el desarrollo de la investigación el Ministerio Público no encontró otros partícipes ni amplió su Acusación formal contra ninguna otra persona, aparte de los ya imputados que prestaron sus declaraciones informativas)” (sic), por lo que de manera sesgada revocó el fallo primigenio y mantuvo vigente el peligro de obstaculización bajo una simple "presunción" de su parte, vulnerando el principio de verdad material y el debido proceso; seguidamente, en cuanto a la solicitud realizada al amparo del art. 239.2 del CPP, precisó que el Juez a quo debió dar aplicación a la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre, citada en audiencia por el Ministerio Público, que determinó que debía aplicarse la parte in fine del art. 233 del CPP, que establece que “en la fase del juicio oral o recurso se debe la detención preventiva solo proceder con la existencia de riesgos procesales" (sic), lo que motivó declare procedente el citado recurso, en cuya consecuencia revocó el fallo apelado. Sin considerar que el fallo constitucional citado, no podía ser aplicado como precedente jurisprudencial en el caso, porque los antecedentes y presupuestos fácticos eran disímiles, pues en ese caso el Fiscal había solicitado expresamente la ampliación de la detención preventiva de treinta días a un año, lo que no ocurrió en el presente, ya que el representante fiscal presentó solicitud de ampliación de la detención pero lo hizo después de haber vencido el plazo de la detención preventiva, por lo que no se cumplió con las previsiones del art. 233 parte in fine y art. 239.2 del CPP, incurriendo la autoridad demandada en vulneración al debido proceso en su componente del derecho a la valoración razonable de la prueba, pues le otorgó un valor que no le correspondía, además de sostener que el proceso ingresó a la etapa de juicio ante la presentación de la acusación formal, por lo que aplicaría la parte in fine del art. 233 de la norma de referencia, sin considerar que su presentación constituye sólo un acto conclusivo de la etapa preparatoria y no el inicio de la etapa de juicio oral, pues los actos preparatorias de esta etapa se inician con la recepción de la acusación y posterior radicatoria, que en el caso fue realizado después de la audiencia de cesación, lo que pone en evidencia que la autoridad demandada incurrió en un grave error de apreciación de la normativa procesal vigente. Finalizó trayendo a colación el caso relativo a Washinton Licares Mayta coacusado, señalando que el mismo fue beneficiado con la cesación a su detención preventiva habiéndose dispuesto en su lugar medidas de carácter personal previstas en el art. 231 bis del CPP, y pese a que dicha determinación también fue objeto de apelación por el Ministerio Público, Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de Auto de Vista 243/2022 de 1 de junio, declaró procedente el aludido recurso, manteniendo la cesación y modificando algunas medidas establecidas por el inferior, ello considerando que el plazo de la detención de ciento ochenta días se habría cumplido el 28 de marzo del citado año, y que la autoridad fiscal si bien habría presentado una solicitud de ampliación, lo hizo cuando ya había vencido dicho término; asimismo, en cuanto al argumento que el proceso ya contaría con acusación, por lo que debía aplicarse la parte in fine del art. 233 del CPP, señaló que “esa situación se aplica cuando en la Etapa de Juicio el acusado es aprehendido y presentado ante el juez o tribunal de sentencia”, por lo que la parte acusadora ya no tiene que acreditar la probabilidad de autoría y el tiempo de detención, sino únicamente los riesgos procesales, circunstancia que no era aplicable al caso porque el imputado se encuentra detenido por orden del Juez Cautelar; por lo que habiendo advertido que el plazo de su detención habría sido cumplido, correspondía cese dicha detención en aplicación de los arts., 221, 222, 239.2, 251 y 398 del CPP. Advirtiéndose de ello que dicha autoridad aplicó correctamente el art. 239.2 del adjetivo penal, respetando el debido proceso y el principio de favorabilidad, por ende el derecho a la libertad persona y de locomoción, contrariamente a lo que entendió la autoridad ahora demandada, por lo que solicitó considerar, valorar y aplicar como precedente obligatorio el aludido Auto de Vista, por adecuarse a la norma citada y a los principios rectores de garantía de derechos.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato alegó como lesionado su derecho a la libertad personal y de locomoción, debido proceso en su vertiente valoración razonable de la prueba y principio de verdad material; citando al efecto arts. 22, 23.I y116. I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 193, debiendo emitirse nuevo fallo que se ajuste a las normas legales previstas en los arts. 233, 235 y 239.2 del CPP; y, b) Se disponga la procedencia de la cesación a la detención preventiva en aplicación del art. 239.2 del CPP, cuando el Fiscal de Materia solicita la ampliación después del vencimiento del plazo de la detención preventiva, conforme los fundamentos sostenidos en el Auto de Vista 243/2022, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que constituye jurisprudencia y precedente aplicable al presente caso, por tener idénticos antecedentes fácticos y jurídicos.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 144 a 145, presente la parte accionante, el Ministerio Público y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda de acción tutelar, y ampliándola, manifestó que: 1) La autoridad demandada revocó la determinación asumida por, el Juez a quo, con argumentos erróneos pues manifestó que el Ministerio Publico presentó solicitud de ampliación de la detención preventiva, antes de que se cumpla el plazo fijado en ciento ochenta días; sin embargo, nunca se conoció dicho escrito, siendo de manera posterior sido advertido que el mismo habría sido presentado después del cumplimiento del término de referencia, pues considerando que fue detenido el 30 de septiembre de 2021, en cuya razón el 28 de marzo de 2022 se cumplía el plazo dispuesto, presentando recién el representante fiscal el 31 de marzo su solicitud, aspecto que no fue valorado por la autoridad demandada; 2) El Juez de Instrucción Penal, en relación a otro acusado concedió la cesación solo porque el fiscal no presento la ampliación; 3) Los actos conclusivos, recién se inician cuando se emite el decreto de radicatoria; y, 4) Debe prevalecer la verdad material sobre la formal, siendo evidente que la solicitud de ampliación fue presentada en ciento ochenta y tres días, y no dentro los ciento ochenta.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 114 a 115.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Rubén Darío Ordoñez Roca, Fiscal de Materia, mediante informe de 2 de julio de 2022, cursante de fs. 142 a 143 vta., señaló que: i) El impetrante de tutela intenta confundir a la justicia constitucional, ya que la acción de libertad no es un mecanismo de apelación, revisión u otro; ii) Se pretende que la autoridad demandada aplique un criterio asumido con relación a otro coacusado dentro del mismo proceso penal, que fue resuelto con posterioridad a la del accionante; iii) La acción de libertad en su modalidad reparadora, procede cuando se vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales de personas privadas de libertad en cuanto a las condiciones de ser humano, y no así pretendiendo dejar sin efecto un Auto de Vista, ya que si bien se concedió en una primera instancia la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela; no obstante, en alzada se evidencio que se encontraban latentes los riesgos procesales; y, iv) Los derechos señalados como vulnerados en esta acción tutelar, no fueron reclamados ante la autoridad demandada, por lo que corresponde sean previamente puestos a su conocimiento en aplicación del principio de subsidiariedad.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 2 de julio de 2022, cursante de fs. 145 a 146 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 193, ordenando a la autoridad demandada emitir nuevo fallo debidamente fundamentado en el plazo de veinticuatro horas, debiendo resolver la situación jurídica del apelante hoy accionante bajo los parámetros del Auto de Vista 243/2022, emitido por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera; con base en los siguientes fundamentos: Se observó que el Vocal demandado amparo su resolución en base a la SCP 0582/2020-S4 de 6 de octubre, que no sería aplicable al caso, por cuanto corresponde a otra situación, y otros argumentos decide revocar la resolución del inferior y mantener la detención preventiva, “el Tribunal 8° de Sentencia constituido en Tribunal de Garantías Constitucional en aplicación de la SCP. 07/2014 la cual establece que una vez revisada la situación de personas se debe hacer una fundamentación que es de rigor y de lo contrario esa resolución puede ser recurrida apelada o en su defecto dejar sin defecto, en la audiencia de apelación no ha tomado en cuanta la valoración y el tiempo transcurrido en relación al art.- 239.2) del CPP. Que en su parte principal establece cuales son los requisitos esenciales para darle el curso, en este caso el numeral 2, en relación al plazo de la duración que era de los 180 días desde el 30 de septiembre de 2021 se cumplía el 30 de marzo de 2022 e incluso ya se habría señalado audiencia para ese día, lo otro es que el fiscal no haya solicitado la ampliación de la detención preventiva por los aspectos de investigación faltante pero en este caso el fiscal no ha presentado en tiempo hábil la ampliación de la detención preventiva, sino después de pasado un día y no cumpliendo con las formalidades, el art. art. 221 y 222 del CPP. Y toda vez que no se ha hecho la valoración al 239.2) del CPP” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 29/2022 de 11 de abril, el Juez Sexto de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz, concedió la cesación a la detención preventiva solicitada por Grover Maxwell Bermudo Paredes –ahora accionante–, disponiendo en su lugar medidas cautelares de carácter personal entre ellas la detención domiciliaria (fs. 47 vta. a 49).

II.2. A través de Auto de Vista 193 de 11 de mayo de 2022, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandado–, declaró procedente la apelación interpuesta por el Ministerio Público, consecuentemente revocó la el fallo apelado, manteniendo latentes los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2; y, art. 235.2 del CPP, así como la probabilidad de autoría del art. 233.1 y 2 del mismo cuerpo legal (fs. 53 vta. a 56 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de su derecho a la libertad personal y de locomoción, debido proceso en su vertiente valoración razonable de la prueba y principio de verdad material; toda vez, que la autoridad demandada en la emisión del Auto de Vista 193 de 11 de mayo de 2022, incurrió en las siguientes ilegalidades: a) En cuanto al riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, señaló que no se había reconocido el domicilio y trabajo del imputado, ya que presuntamente no existía el requerimiento fiscal o autorización judicial para su verificación, contrario a lo que señalaba el “memorial” y el requerimiento fiscal presentados en dicha audiencia bajo los principios de inmediación y verdad material, que acreditaron que el Fiscal autorizó dicha verificación; sumado a ello, también habría manifestado que al no contar con arraigo natural continuaría latente el núm. 2) del citado artículo; b) Mantuvo vigente el peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP, bajo una simple "presunción", sin considerar que presentó una Certificación de Permanencia y Buena Conducta expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario y un Informe Psicológico positivo, y que durante el desarrollo de la investigación el Ministerio Público no encontró otros partícipes ni amplió su acusación formal contra ninguna otra persona, aparte de los imputados quienes ya prestaron sus declaraciones informativas; y, c) Error de apreciación del art. 239.2 del CPP, ya que la autoridad demandada hubiera dado aplicación a la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre, la cual no tendría analogía fáctica con el caso, en torno a la cual sostuvo que el proceso ingresó a la etapa de juicio ante la presentación de la acusación formal, por lo que aplicaría la parte in fine del art. 233 de la norma de referencia, sin considerar que su presentación constituye sólo un acto conclusivo de la etapa preparatoria y no el inicio de la etapa de juicio oral, pues los actos preparatorios de esta etapa se inician con la recepción de la acusación y posterior radicatoria, que en el caso fue realizado después de la audiencia de cesación. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria a través de la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Respecto de esta temática debemos citar la SCP 0077/2012 de 16 de abril, que entre sus Fundamentos Jurídicos, modificó el entendimiento realizado sobre la aplicación de la doctrina de revisión de la interpretación ordinaria en acciones de libertad; en este sentido, el referido fallo estableció la siguiente: “De otro lado, corresponde remitirse a lo sustentado tanto por las autoridades demandadas, como por el Juez de garantías en sentido que el accionante no hubiere cumplido con los requisitos para que se revise la interpretación de la legalidad ordinaria.

Al respecto, cabe precisar que si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado dentro de las líneas de autorrestricción subreglas para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los jueces y tribunales, estableciendo la exigencia de que el accionante ‘…1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional’ (SC 0085/2006-R de 25 de enero, entre otras); sin embargo, corresponde analizar si dicho entendimiento jurisprudencial puede ser aplicado a la acción de libertad. En esta perspectiva, resulta necesario recordar que la característica del informalismo constituye un principio configurador de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, entendido como la ausencia de formalidades y rigorismos procesales que tiendan a enervar injustificadamente la tramitación pronta y oportuna de esta acción tutelar, el mismo que guarda correspondencia con las características de sumariedad e inmediatez propias de la acción de libertad, cuyas diversas manifestaciones han sido desarrolladas por el constituyente, el legislador y la jurisprudencia constitucional. (...)

En virtud de él, ni el constituyente ni el legislador –art. 67 de la LTCP- han establecido requisitos formales o de contenido para la presentación de la demanda de acción de libertad que tengan que ser cumplidos para su activación, inclusive bajo este principio, conforme reconoció la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0304/2001-R, 0454/2001-R, 0294/2003–R y 1204/2003-R, el juez o tribunal de garantías debía salvar los defectos u omisiones de derecho advertidos en la demanda y pronunciarse de oficio sobre actos ilegales, derechos y garantías conexos a los hechos denunciados. Así, la SC 1204/2003-R de 25 de agosto, estableció lo siguiente: ‘Que, en materia de hábeas corpus, dada la naturaleza de los derechos bajo su protección, le está permitido a la jurisdicción constitucional en una correcta aplicación de la justicia constitucional no sólo limitarse a compulsar la violación de las normas que citara el recurrente como vulneradas, sino también de otras que a consecuencia de aquéllas y principalmente del hecho o acto que se refiere como constitutivo de la lesión resultan también vulneradas, lo que bajo ningún motivo, puede interpretarse como resolver la problemática en base a presupuestos distintos a los que hubiera referido el recurrente, pues se reitera que lo dicho, se refiere únicamente a hechos conexos, vale decir que de esta compulsa se determinarán otras acciones que impliquen lesión al derecho a la libertad en cualquiera de sus formas, siempre que éstas derivaren o estén vinculadas con la denuncia’.

Otra de las manifestaciones del informalismo se desprende de lo previsto en el art. 68.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional LTCP, cuando señala que: ‘…la autoridad competente podrá ordenar a quien tenga en su poder la remisión de actuados concernientes al hecho demandado’, otorgando la facultad al tribunal de garantías de pedir todo elemento probatorio, independientemente del presentado por el accionante o por la autoridad o persona demandada con la finalidad de encontrar la verdad material de los hechos denunciados.

Consecuentemente, bajo el principio del informalismo, por un lado, no podrán exigirse presupuestos formales a ser cumplidos por el accionante para activar el ámbito de protección de la acción de libertad; y de otro lado, tampoco podrá requerirse la observancia al accionante de libertad, de entendimientos jurisprudenciales referidos a las exigencias de carga argumentativa a ser cumplidas en la demanda u otros requisitos que impliquen una carga procesal para activar este mecanismo procesal al no encontrarse la acción de libertad sujeta a requisitos de admisibilidad. En tal sentido, los presupuestos para la revisión de la legalidad ordinaria establecidos por la jurisprudencia constitucional para la acción de amparo constitucional no pueden ser exigidos como presupuestos a ser observados a quien demanda de acción de libertad, dado que dicha carga argumentativa resulta adversa a su naturaleza. Un entendimiento contrario, implicaría adoptar una interpretación restrictiva y limitativa de este mecanismo de protección desacorde a los criterios de interpretación de los derechos humanos y a los mandatos previstos en los arts. 13. IV, 256.II y 410.II de la CPE” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela identifica como vulnerados sus derechos invocados en esta acción tutelar, alegando que la autoridad demandada en la emisión del Auto de Vista 193 de 11 de mayo de 2022, incurrió en las siguientes ilegalidades: 1) En cuanto al riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, señaló que no se había reconocido el domicilio y trabajo del imputado, ya que presuntamente no existía el requerimiento fiscal o autorización judicial para su verificación, contrario a lo que señalaba el “memorial” y el requerimiento fiscal presentados en dicha audiencia bajo los principios de inmediación y verdad material, que acreditaron que el Fiscal autorizó dicha verificación; sumado a ello, también habría manifestado que al no contar con arraigo natural continuaría latente el núm. 2) del citado artículo; 2) Mantuvo vigente el peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP, bajo una simple "presunción", sin considerar que presentó una Certificación de Permanencia y Buena Conducta expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario y un Informe Psicológico positivo, y que durante el desarrollo de la investigación el Ministerio Público no encontró otros partícipes ni amplió su acusación formal contra ninguna otra persona, aparte de los imputados quienes ya prestaron sus declaraciones informativas; y, 3) Error de apreciación del art. 239.2 del CPP, ya que la autoridad demandada hubiera dado aplicación a la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre, la cual no tendría analogía fáctica con el caso, en torno a la cual sostuvo que el proceso ingresó a la etapa de juicio ante la presentación de la acusación formal, por lo que aplicaría la parte in fine del art. 233 de la norma de referencia, sin considerar que su presentación constituye sólo un acto conclusivo de la etapa preparatoria y no el inicio de la etapa de juicio oral, pues los actos preparatorios de esta etapa se inician con la recepción de la acusación y posterior radicatoria, que en el caso fue realizado después de la audiencia de cesación. De los antecedentes procesales que cursan en obrados, consta que mediante Resolución 29/2022 de 11 de abril, el Juez Sexto de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz, concedió la cesación a la detención preventiva solicitada por el hoy impetrante de tutela, disponiendo en su lugar medidas cautelares de carácter personas entre ellas la detención domiciliaria (Conclusión II.1); determinación que al recurrida, mereció la emisión del Auto de Vista 193 de 11 de mayo de 2022, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, compuesto por el Vocal ahora demandado, quién declaró procedente la apelación interpuesta por el Ministerio Público, consecuentemente revocó la el fallo apelado, manteniendo latentes los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2; y, art. 235.2 del CPP, así como la probabilidad de autoría del art. 233.1 y 2 del mismo cuerpo legal. (Conclusión II.2). Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto de los problemas jurídicos planteados, corresponde ingresar a conocer los fundamentos en los que fue sostenido el fallo en cuestión, con el objeto de verificar si las alegaciones que realiza el accionante resultan ser o no evidentes; remitidos al mismo, se tiene que la autoridad demandada: i) En el segundo CONSIDERANDO, resolvió: a) En cuanto al art. 234.1 del CPP, que de la verificación del auto recurrido, la autoridad jurisdiccional mantuvo latente el mismo, debido a que el imputado hoy accionante no había acreditado tener una familia, domicilio y una actividad laboral, ya que la autoridad jurisdiccional no habría examinado de manera individual cada documento presentado por el imputado, observando solamente que esos documentos no habrían sido obtenidos con autorización del Ministerio Público o del Órgano Jurisdiccional, aspecto que no fue objeto de reclamo en apelación por esa parte, dando a entender que se encuentra de acuerdo con el razonamiento asumido; por lo que concluyó que dicha autoridad actuó de manera correcta, puesto que debe acudirse ante la autoridad llamada por ley a los fines de obtener la documentación idónea y pertinente, en cumplimiento de la carga probatoria tiene en el régimen de cesación a la detención preventiva; en consecuencia, mantuvo latente el art. 234 núm. 1) y 2) del CPP; b) Con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal, señaló que el Ministerio Público habría manifestado como agravio que la autoridad jurisdiccional desvirtuó el mismo sin fundamento suficiente, ya que valoró los diversos certificados de antecedentes presentados, como el de INTERPOL, sin embargo no acreditó como ingresó al país; al respecto, el Vocal demandado señaló que de la verificación del fallo apelado, dicha autoridad valoró de manera correcta las diferentes certificaciones de INTERPOL, FELCN, FELCC y DIPROVE, los que acreditarían que el imputado pese a ser extranjero no contaría con antecedentes penales, también compulso el informe psicológico, por lo que concluyó que existía la suficiente fundamentación por la que enervó ese riesgo procesal, a lo que acotó que tampoco el Ministerio Público estableció que parte de dicho informe psicológico no era pertinente para enervar el mismo; y, c) Respecto al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, la autoridad demandada se remitió a la audiencia de aplicación de medidas cautelares, del cual evidenció que el fundamento sobre el cual fue sostenido este riesgo procesal, era porque existía el secuestro de celulares, además de la existencia de terceras personas y posibles partícipes en el hecho, los cuales se tenían que ser identificados en la investigación, por ser posibles dueños de la sustancia controlada, siendo éste último el argumento principal para su construcción; en ese contexto, señaló que verificada la resolución apelada, la autoridad jurisdiccional expresó que ya fue recabado el celular y que además se presentó acusación formal, por lo cual ya no existiría el fundamento para que continúe latente; razonamiento que la autoridad demandada considero insuficiente, pues el imputado no habría presentado ningún elemento de prueba que acredite que durante su detención preventiva no ha influido de manera negativa en contra de otros partícipes en el presente caso, ya que de acuerdo al entendimiento de la SCP 0002/2021-S3 de 20 de enero, refiere que: "se tiene que con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Publico, incluso en juicio oral los testigos, partícipes, peritos tendrían que presentarse a prestar su declaración en juicio oral" (sic), en ese sentido consideró que debería mantenerse la vigencia del mismo; y, ii) En cuanto al art. 239.2 del CPP, cuyo contenido refiere: "Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención" (sic), manifestó que la autoridad jurisdiccional en el auto recurrido expresó que, el plazo de la detención preventiva podía continuar siempre que el Ministerio Público solicite una ampliación ante la existencia de actos investigativos que realizar, en cuyo contexto esta autoridad –Juez a quo– de antecedentes habría advertido la presencia de una acusación formal presentada, y evidenció que el 30 de marzo de 2022, se cumplió el plazo de la detención preventiva, por ello dio curso a la solicitud de cesación a la detención preventiva. Al respecto, el Vocal demandado considero pertinente remitirse a la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre, que expresa que: "cuando existe una acusación formal por parte del Ministerio Público, se tiene que el imputado remitir a los demás presupuestos establecidos en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal, puesto que ya con la acusación se pasa a la fase del juicio oral y recurso, para ello se debe aplicar la parte in fine del art. 233 del Código de Procedimiento Penal, que establece que en la fase del juicio oral o recurso se debe la detención preventiva solo proceder con la existencia de riesgos procesales" (sic), razonamiento en torno al cual precisó que en el caso de autos el Ministerio Público presentó acusación formal, por lo que el entendimiento de dicho fallo constitucional no había sido tomado en cuenta por la autoridad jurisdiccional al momento de considerar el art. 239.2 del CPP, pues si bien en su fundamentación reconoció en forma expresa que ya se había presentado una acusación formal no advirtió el art. 233 segundo párrafo del CPP -modificado por la Ley 1173 y a su vez por la Ley 1226–, expresa "En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo", por consiguiente, ya no era procedente la cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo, por lo que era evidente la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación tal como fue afirmado por el Ministerio Público, declaró procedente la apelación interpuesta por el Ministerio Público; argumentos en torno a los cuales revocó la el fallo apelado, manteniendo latentes los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2; y, art. 235.2 del CPP, así como la probabilidad de autoría del art. 233.1 y 2 del mismo cuerpo legal. De la contrastación efectuada, en cuanto al primer problema jurídico a través de cual se denuncia que la autoridad demandada al momento de analizar riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, señaló que no se había reconocido el domicilio y trabajo del imputado, ya que presuntamente no existía el requerimiento fiscal o autorización judicial para su verificación, contrario a lo que señalaba el “memorial” y el requerimiento fiscal presentados en dicha audiencia bajo los principios de inmediación y verdad material, que acreditaron que el Fiscal autorizó dicha verificación; sumado a ello, también habría manifestado que al no contar con arraigo natural continuaría latente igualmente el núm. 2) del citado artículo; al respecto, de la ilustración precedente se tiene que la autoridad demandada, aclaró que la documentación presentada por el imputado no habría merecido compulsa por la autoridad inferior, al observarse previamente que no fueron obtenidos con autorización del Ministerio Público o del Órgano Jurisdiccional, situación que además aclaró, no fue objeto de reclamo por parte del hoy impetrante de tutela, lo que daba a entender que se encontraba de acuerdo con el razonamiento asumido, por lo que concordando con el análisis realizado por el a quo, estableció que no se acreditó familia, domicilio y actividad laboral. No siendo evidente por ello, lo alegado por el accionante, quien pretende hacer incurrir en error a esta jurisdicción constitucional, denunciando aspectos que en su momento no fueron configurados en un recurso de apelación, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. Con relación al segundo problema jurídico, se denunció que se mantuvo vigente el peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP, bajo una simple "presunción", sin considerar que presentó una Certificación de Permanencia y Buena Conducta expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario y un Informe Psicológico positivo, y que durante el desarrollo de la investigación el Ministerio Público no encontró otros partícipes ni amplió su acusación formal contra ninguna otra persona, aparte de los imputados quienes ya prestaron sus declaraciones informativas; aspecto en torno al cual, cabe precisar que el impetrante de tutela no explicó concretamente cuál el fundamento subjetivo al que habría arribado la autoridad demandada; sumado a ello, los elementos que extraña como faltos en su valoración, tampoco constituyeron motivo de agravio, pues conforme fue aclarado en el anterior acápite, no planteó impugnación alguna contra el fallo primigenio, por cuanto mal podría exigirse a la referida autoridad pronunciamiento con relación a un aspecto que no fue reclamado en el momento procesal oportuno, lo que motiva sin mayor argumento denegar la tutela solicitada. Respecto al tercer problema jurídico, relativo a un presunto error de apreciación del art. 233 parte in fine y 239.2 del CPP, ya que la autoridad demandada hubiera dado aplicación a la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre, la cual no tendría analogía fáctica, ya que en el caso señalado el Fiscal hubiera solicitado expresamente la detención preventiva de treinta días a un año, en cambio en el presente la solicitud de ampliación fue presentada después de vencer el plazo dispuesto al efecto; fallo en torno al cual sostuvo que el proceso ingresó a la etapa de juicio ante la presentación de la acusación formal, por lo que aplicaría la última parte del art. 233 de la norma de referencia, sin considerar que su presentación constituye sólo un acto conclusivo de la etapa preparatoria y no el inicio de la etapa de juicio oral, pues los actos preparatorios de ésta se inician con la recepción de la acusación y posterior radicatoria, que en el caso fue realizado después de la audiencia de cesación. Al respecto, la autoridad hoy demandada analizando lo obrado por el a quo, señaló que éste dio curso a la dicha solicitud porque evidencio de antecedentes que el 30 de marzo de 2022, se cumplió el plazo dispuesto para la detención preventiva; no obstante, trayendo a colación y plasmando parte del fallo constitucional de referencia, señaló que los alcances del mismo no fueron tomados en cuenta por la autoridad jurisdiccional al momento de considerar el art. 239.2 del CPP, ya que si bien esta autoridad jurisdiccional reconoció la existencia de la acusación formal inobservó que de acuerdo a la previsión contenida en el art. 233 segundo párrafo de mismo cuerpo legal, no procedía la cesación por cumplimiento del plazo. Intelectos que se encuentran conforme a la línea desarrollada por esta jurisdicción constitucional en el marco de la normativa procesal penal vigente, que estableció de manera uniforme y general que no resulta aplicable la consideración del art. 239.2 del CPP, en caso de existir acusación formal por lo que al haberse vencido la etapa preparatoria, la solicitud de cesación a la detención preventiva debe enfocarse en desvirtuar los riesgos procesales; entre las que, puede citarse lo expresado en la SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio, que señaló: “…únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2 del CPP, en cuanto al plazo de la detención preventiva, vencida esta etapa el mencionado término será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3 y 4 del aludido artículo Código Adjetivo Penal; en efecto, en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón a que, ya existe requerimiento de acusación fiscal, corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la cesación a la medida impuesta”. Entendimiento que a su vez fue compartido por la SCP 0965/2021-S4 de 29 de noviembre, al expresar que: “En cuanto al art. 239.2 del CPP -modificado por la Ley 1173–, respecto al tiempo de duración de la detención preventiva, señaló que su contexto se encuentra constreñido a la etapa preparatoria, hasta tanto no exista una acusación; sin embargo, en el caso ya fue emitida acusación fiscal, razón por la que no se podría entrar al análisis de la segunda parte del art. 239 de la aludida norma (…), pero ya cursando acusación la cesación solicitada debe encontrarse sujeta a la destrucción de los peligros procesales”, cuyos razonamientos que se hallan en concordancia con la SCP 0582/2020-S4 de 16 de octubre. Lo que evidencia que, la aludida autoridad realizó una interpretación correcta de acuerdo a la etapa procesal en la que el caso se encontraba como efecto de la presentación de la acusación pública contra el ahora accionante, por lo que carece de relevancia el hecho que la solicitud de ampliación efectuada por el Ministerio Público, haya sido presentada fuera del vencimiento del plazo dispuesto para la detención preventiva, al no ser determinante para el caso. Asimismo, cabe aclarar que existe una errada apreciación del impetrante de tutela al pretender que se considere el inicio de la etapa de juicio oral con la radicatoria de la acusación ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal; toda vez, que la sola presentación de la acusación formal, impide la consideración del art. 239.2 del CPP modificado por la ley 1173, habiendo en el caso el Juez a quo, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva desarrollada el 11 de abril de 2022, constatado bajo el principio de inmediación que dicho requerimiento conclusivo constaba en el expediente, plasmando dicho aspecto en la Resolución 29/2022 de 11 de abril; lo que motiva, bajo los razonamientos expuestos denegar la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto a la pretensión del accionante que en su caso se aplique como precedente obligatorio el Auto de Vista 243/2022, pronunciado por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que fue emitido efecto de la solicitud de cesación a la detención preventiva planteada por Washinton Licares Mayta coacusado dentro del mismo proceso penal, es un aspecto que tampoco en el hipotético caso de haberse concedido la tutela, podía haber sido considerado ni dispuesto, ya que la jurisdicción constitucional no se encuentra llamada a realizar unificaciones de criterios dispares de la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 2 de julio de 2022, cursante de fs. 145 a 146 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1º DENEGAR la tutela solicitada, con base a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Llamar la atención a Charlin Tapia Franco y José René Quezada Ribera, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octava del departamento de Santa Cruz, constituidos como Tribunal de garantías, pues efecto de la concesión dispuesta impusieron que el Vocal demandado aplique los alcances de un fallo emitido por otra Sala Penal, situación que excede sus funciones como Tribunal de garantías al inmiscuirse en labores propias de cada juzgador. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0342_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7701380b39ac47a95aebc9a3300fd81ba65ca60e0818fe8cfccfda5924a07c57

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