Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 13 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a vivir una vida libre de violencia, a la protección reforzada; a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, del principio del interés superior del niño, alegando que el Fiscal Departamental de La Paz, al emitir la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024, que ratificó el Resolución de Sobreseimiento J.H.B.Y. 0021/2024 dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habría incurrido en las siguientes deficiencias constitucionales: i) Con relación a Juan Flores Choque, se observó que el lugar de la agresión no fue determinado con precisión, identificándose los siguientes escenarios: a) Zona Cruz del Sur, calle Batalla de Tumusla (vía pública); b) Av. Guerra del Pacífico y calle Ingavi 1644; y, c) El domicilio de Hilda Verónica Condori Poma, ubicado en zona de Cruz del Sur, av. Vicente Licona 2334; sin embargo, alegándose que son varias agresiones, primero en la zona Cruz del Sur, av. guerra del pacífico y calle Ingavi 1644 (en una fiesta de graduación) al interior de un vehículo; y una segunda, en el domicilio de la nombrada en la zona San José Ingavi, calle Pucarani y av. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 170/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 187 a 190, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al punto vi), conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 de 21 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, disponiendo que dicha autoridad, o quien se encuentre en ejercicio, emita una nueva resolución debidamente fundamentada, salvo que la misma, en cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional, ya se hubiese pronunciado; 3° DENEGAR la tutela respecto a los puntos i), ii), iii), iv) y v), conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; y, 4º Exhortar al Ministerio Público a que, en casos en los cuales la investigación dependa de la declaración de un menor de edad y cuyo trasfondo impliquen desavenencias familiares, la investigación se extienda a la posible influencia de familiares; de forma que la autoridad competente, además de confrontar el contenido de la declaración con elementos objetivos, también pueda atender a la credibilidad de la declaración, a cuyo efecto, por Secretaría General de este Tribunal, notifíquese a la Fiscalía General del Estado para la difusión de esta decisión.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0341/2026-S2 Sucre, 13 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 80650-2026-162-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 170/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 187 a 190, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhoselyn Laura Cerrogrande Roque, Responsable y Franz Silverio Mendoza Condori, Abogado, ambos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia - Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Distrito “1” del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz, en representación sin mandato de AA contra Luis Carlos Torrez Alarcón, Fiscal Departamental de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2025, cursante de fs. 97 a 118 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
El 10 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 00:00, en la zona Cruz del Sur, calle Pucarani (vía pública), fue agredido físicamente por Juan Flores Choque, quien mantenía una relación sentimental con Hilda Verónica Condori Poma -ambos terceros interesados y la última nombrada su madre -, habría agredido físicamente al referido menor; hecho que, conforme los antecedentes, se habrían producido luego de que ambos adultos asistieran a un evento social en el que consumieron bebidas alcohólicas y posteriormente protagonizaran un accidente de tránsito, atribuyéndole la responsabilidad de los conflictos de pareja y de lo ocurrido; en ese contexto, al salir del referido evento, Juan Flores Choque lo insultó y posteriormente le propinó un golpe en el rostro, ocasionándole lesiones que derivaron en tres días de impedimento médico legal, conforme certificado médico incorporado al cuaderno de investigaciones, todo ello en presencia de su progenitora, quien no habría intervenido para impedir la agresión, sino que tolero o permitió su desarrollo. Asimismo, al retorno al domicilio familiar, su progenitora prosiguió con conductas de agresión psicológica y física en su contra, atribuyéndole la responsabilidad de conflictos de carácter sentimental y familiar. En el marco del proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica seguido a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra su progenitora y la pareja de esta, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió la Resolución de Sobreseimiento J.H.B.Y. 0021/2024 de 30 de septiembre; decisión que, al ser impugnada, dio lugar a la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 de 21 de noviembre, pronunciada por el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, mediante la cual se ratificó el sobreseimiento en favor de los investigados. Dicha resolución es cuestionada bajo el argumento de que: a) No se habría realizado una valoración integral de los elementos de convicción, limitándose la referida autoridad fiscal a señalar contradicciones en las declaraciones sin desarrollar una motivación suficiente respecto a la insuficiencia probatoria; y, b) No se aplicó el principio del interés superior del menor ni la debida diligencia reforzada exigible en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, al no haberse efectuado un análisis diferenciado de su condición de vulnerabilidad.
Denunció la lesión de sus derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a vivir una vida libre de violencia, a la protección reforzada; a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, del principio del interés superior del niño; citando al efecto los arts. 15, 58, 60 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3, 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: 1) Se deje sin efecto la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024, y que el Fiscal Departamental demandado emita una nueva conforme a los estándares internacionales de protección a las víctimas menores de edad; y, 2) Que la autoridad demandada ordene al Fiscal de Materia la conclusión de los actos investigativos pendientes dentro del proceso penal de referencia, debiendo dicha autoridad emitir un nuevo pronunciamiento con base en los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de octubre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 179 a 186 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional.
Luis Carlos Torrez Alarcón, Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 133 a 135 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: i) En cuanto a la vulneración de la garantía del debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, se valoraron todos los elementos de convicción colectados por el Ministerio Público y la documentación presentada por los sujetos procesales; asimismo, se fundamentó y motivó la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 conforme a los elementos de convicción colectados. En el apartado “‘II.3. Análisis del Caso Concreto’” (sic), se describieron los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación, siendo valorados íntegramente, estableciéndose que no se logró demostrar, con pruebas fehacientes, de forma cierta y efectiva, la participación y el grado de responsabilidad de los imputados. En ese entendido, se determinó que los hechos denunciados no fueron corroborados con elementos suficientes, advirtiéndose contradicciones en las versiones de la víctima, así como incongruencias con los elementos probatorios colectados, además de la inexistencia de vínculo familiar en uno de los casos, lo que impedía la configuración del tipo penal de violencia familiar o doméstica; ii) Respecto al principio de objetividad, conforme al art. 72 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Ministerio Público no solo debe considerar los elementos que sustenten la acusación, sino también aquellos que eximan de responsabilidad a los imputados; en ese marco, al no existir suficientes elementos de convicción para sustentar una acusación, correspondía emitir el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, en aplicación del art. 278 del CPP, el cual establece que el Fiscal se abstendrá de acusar cuando no encuentre fundamento para ello; iii) En relación con la fundamentación de la resolución jerárquica, esta fue emitida sobre la base de la revisión íntegra del cuaderno de investigación, valorando los elementos probatorios y exponiendo de manera clara, motivada y congruente las razones de la decisión, cumpliendo con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional; iv) Sobre la supuesta incorrecta valoración de la prueba, el análisis fue desarrollado de forma objetiva y congruente en los numerales 3 y 4 del apartado “‘II.3. Análisis del Caso Concreto’” (sic), donde se efectuó una valoración integral de los elementos de cargo y descargo; sin que la parte accionante haya demostrado que dicha valoración se apartó de los marcos de razonabilidad o que se hubieran omitido pruebas de manera arbitraria o se hubiera basado la decisión en prueba inexistente, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional; y, v) Finalmente, la acción de amparo constitucional no tiene por objeto la protección de principios procesales como la seguridad jurídica de forma aislada, sino la tutela de derechos fundamentales; por lo que, al no evidenciarse vulneración de derechos constitucionales, correspondía denegar la tutela solicitada.
Martín Enrique Quispe Mamani -progenitor de AA-, por memorial cursante a fs. 132, y en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitó se conceda la tutela impetrada, expresando que: a) Se adhirió íntegramente a los fundamentos de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como a los medios de prueba ofrecidos; b) La Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 que confirmó el sobreseimiento, constituía el acto ilegal; y, c) La presente acción de amparo constitucional no pretendió sustituir la investigación penal ni ejercer control jurisdiccional sobre el Ministerio Público, sino lograr la restitución de los derechos fundamentales vulnerados de AA, quien goza de protección reforzada conforme a la Constitución Política del Estado y a los instrumentos internacionales aplicables a niñas, niños y adolescentes. Hilda Verónica Condori Poma y Juan Flores Choque -madre de AA y pareja de esta última respectivamente-, en audiencia de garantías, a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento el 30 de septiembre de 2024, así como la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 que la confirmó, se encontraban correctamente fundadas.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 170/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 187 a 190, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024, e instruyendo que la autoridad demandada, en el plazo de cinco días, emita una nueva resolución; con base en los siguientes fundamentos: 1) La Resolución Jerárquica cuestionada no cumplió con los parámetros de fundamentación, motivación y congruencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, evidenciándose una valoración fragmentada e insuficiente de los elementos probatorios acumulados en la etapa preliminar y preparatoria, particularmente respecto a la declaración de la víctima menor de edad, sin aplicar un enfoque de protección reforzada ni el principio del interés superior del menor; y, 2) La autoridad demandada incurrió en una valoración apartada de los marcos de razonabilidad al sustentar su decisión en supuestas contradicciones y en apreciaciones propias de la edad del menor, omitiendo compulsar íntegramente los medios probatorios producidos, lo que configuró la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, así como la afectación al derecho de AA a la tutela judicial efectiva en cuanto a su protección especial frente a hechos de violencia. En vía de enmienda, complementación y aclaración, Hilda Verónica Condori Poma y Juan Flores Choque, terceros interesados, mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2025, a través del buzón judicial, indicó que la Resolución 170/2025 dispuso la revisión del caso; sin embargo, dicho fallo no se pronunció sobre las pruebas y argumentos que presentaron, particularmente respecto a las pericias psicológicas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la prueba testifical y demás elementos que sustentaron la resolución de sobreseimiento; omisión que, vulnera el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal, al no haberse valorado integralmente la prueba existente; por ello, solicitaron la complementación y enmienda de la indicada Resolución, emitiendo pronunciamiento expreso sobre los elementos probatorios señalados y aclarando si dicho fallo podrá ser considerado por un juez de sentencia en caso de que el proceso llegue a juicio. Ante lo cual la Sala Constitucional indicó que, habiendo sido claros y precisos los argumentos de la referida Resolución, declaró, no ha lugar a la solicitud de complementación y enmienda postulada por los terceros interesados.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección (fs. 203 a 208); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa denuncia presentada el 15 de diciembre de 2022 por la Plataforma de Atención Integral a la Familia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SLIM del Distrito “1” del GAM de El Alto, en representación de AA -ahora accionante-, mediante la cual se atribuye a Juan Flores Choque e Hilda Verónica Condori Poma -hoy terceros interesados- la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 6 a 8). II.2. Mediante Resolución de Sobreseimiento J.H.B.Y. 0021/2024 de 30 de septiembre, Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia, dispuso el sobreseimiento en favor de los terceros interesados, señalando que: “…no se tiene elementos de prueba para fundar la acusación y demostrar en Juicio Oral, Público y Contradictorio por este ilícito…” (sic [fs. 71 a 76 vta.]). II.3. A través de escritos presentados en octubre de 2024, Martín Enrique Quispe Mamani -padre del accionante- y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, respectivamente, impugnaron el Resolución de Sobreseimiento J.H.B.Y. 0021/2024, solicitando su revocatoria (fs. 77 a 90 vta.). II.4. Cursa la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 de 21 de noviembre, pronunciada por Luis Carlos Torrez Alarcón, Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, mediante la cual se ratificó la Resolución de Sobreseimiento impugnada (fs. 91 a 95 vta.).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, a vivir una vida libre de violencia, a la protección reforzada; a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; así como, del principio del interés superior del niño, alegando que el Fiscal Departamental de La Paz, al emitir la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024, que ratificó el Resolución de Sobreseimiento J.H.B.Y. 0021/2024 dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habría incurrido en las siguientes deficiencias constitucionales: i) Con relación a Juan Flores Choque, se observó que el lugar de la agresión no fue determinado con precisión, identificándose los siguientes escenarios: a) Zona Cruz del Sur, calle Batalla de Tumusla (vía pública); b) Av. Guerra del Pacífico y calle Ingavi 1644; y, c) El domicilio de Hilda Verónica Condori Poma, ubicado en zona de Cruz del Sur, av. Vicente Licona 2334; sin embargo, alegándose que son varias agresiones, primero en la zona Cruz del Sur, av. guerra del pacífico y calle Ingavi 1644 (en una fiesta de graduación) al interior de un vehículo; y una segunda, en el domicilio de la nombrada en la zona San José Ingavi, calle Pucarani y av. Vicente Licona 2334, donde se lo golpea y amenaza, por lo que son dos agresiones; ii) Juan Flores Choque alega que su madre solo es su compañera de trabajo y no su enamorada, pues conforme el certificado de matrimonio que presentó, está casado, situación que no desvirtúa las agresiones y se contrapone a sus declaraciones; iii) Las agresiones se habrían realizado al interior de un vehículo, pero Juan Flores Choque demostró no tener ninguna movilidad registrada a su nombre, aspecto que tampoco desvirtúa las agresiones; iv) Sobre Hilda Condori Poma, el 10 de diciembre de 2022, lo habría agarrado de la mochila y le propinó un puñetazo, y que al valorar este hecho, se desconoció la presunción de veracidad que corresponde otorgar a la declaración de una persona menor de edad; v) Según su declaración, el 9 de diciembre de 2022, habría ido al colegio en la señalada fecha; no obstante, conforme el informe del Director de la unidad educativa a la que asiste, las clases terminaron el 8 de ese mes y año respecto. Sobre este punto, argumenta que la eventual imprecisión en la fecha no constituye un elemento suficiente para desvirtuar los hechos denunciados; y, vi) Se alega que no hubieron testigos presenciales, omitiendo considerar la declaración de Rosmery Yucra de Sánchez quien manifestó presenciar el hecho de 10 de diciembre de 2022, además de no valorarse el Certificado Médico Forense que acredita la existencia de lesiones en su humanidad ni el Informe Psicológico incorporados al cuaderno de investigaciones. Por su parte, la autoridad demandada sostiene que, la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, señalando que se efectuó la valoración de los elementos de convicción tanto de cargo como de descargo, concluyéndose la insuficiencia probatoria para sustentar una acusación; afirmando además que, la decisión fue emitida en observancia del principio de objetividad, congruencia y legalidad, sin que se advierta apartamiento de los estándares de razonabilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, refirió: “…los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: '…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'" (las negrillas son añadidas).
Siendo que, el Estado tiene el deber de diligencia en la investigación de hechos presuntamente delictuosos, se tiene que, la resolución de sobreseimiento que pone fin al proceso investigativo debe valorar todas las pruebas relevantes recolectadas durante la etapa preparatoria, pues conforme la jurisprudencia expuesta, la víctima no tendrá ya oportunidad de revertir la decisión en atención a la garantía de persecución penal única; sin embargo, cuando se trata de investigaciones basadas fundamentalmente en la declaración de un menor de edad, una investigación diligente no debe limitarse a verificar solo la coherencia de la declaración del menor de edad y su contrastación con lo probado, sino que debe desvirtuar que la misma no hubiese sido influenciada por los padres u otra persona, de ahí que, según el caso, la investigación y evaluación debe alcanzar al entorno familiar a fin de descartar, por ejemplo, la denominada “alienación parental”, etc., de forma que la declaración permita al juzgador valorar no solo el contenido de la declaración, sino que, siendo que la misma puede ser determinante para la resolución de un caso, se tengan elementos para que el juzgador determine su credibilidad.
En el caso concreto se denunció agresiones contra el accionante menor de edad provocados por su madre y la nueva pareja de esta en distintos lugares, habiéndose confirmado por la autoridad demandada el sobreseimiento a favor de los imputados por incoherencias en la declaración del menor de edad cuestionándose: punto i) Con relación a Juan Flores Choque, se observó que el lugar de la agresión no fue determinado con precisión, identificándose los siguientes escenarios: a) Zona Cruz del Sur, calle Batalla de Tumusla (vía pública); b) Av. Guerra del Pacífico y calle Ingavi 1644; y, c) El domicilio de Hilda Verónica Condori Poma, ubicado en zona de Cruz del Sur, av. Vicente Licona 2334; sin embargo, alegándose que son varias agresiones, primero en la zona Cruz del Sur, av. guerra del pacífico y calle Ingavi 1644 (en una fiesta de graduación) al interior de un vehículo; y una segunda, en el domicilio de la nombrada en la zona San José Ingavi, calle Pucarani y av. Vicente Licona 2334, donde se lo golpea y amenaza, por lo que son dos agresiones; punto ii) Juan Flores Choque alega que Hilda Condori Poma -madre del accionante-, solo es su compañera de trabajo y no su enamorada, pues conforme el certificado de matrimonio que presentó, está casado, situación que no desvirtúa las agresiones y se contrapone a sus declaraciones; punto iii) Las agresiones se habrían realizado al interior de un vehículo, pero el imputado demostró no tener ninguna movilidad registrada a su nombre, aspecto que tampoco desvirtúa las agresiones per se en la medida en que pudo ser el vehículo prestado, etc.; y, punto v) Según su declaración el 9 de diciembre de 2022, habría ido al colegio en la señalada fecha, no obstante, conforme el informe del Director de la unidad educativa a la que asiste, las clases terminaron el 8 de ese mes y año respecto. Sobre este punto, argumenta que la eventual imprecisión en la fecha no constituye un elemento suficiente para desvirtuar los hechos denunciados.
Respecto a todas estas observaciones, se tiene que la investigación aportó certificaciones, declaraciones, etc., que denotarían contradicciones en la declaración del accionante menor de edad y si bien per se lo observado, no desvirtúa los hechos, se tiene a su vez que, tampoco se ofreció con claridad en la acción de amparo constitucional qué pruebas o relato alterno existe respecto a los hechos denunciados; en este sentido, debe recordarse que la justicia constitucional no se constituye en una instancia procesal que frente a hechos controvertidos pueda determinar la inocencia o culpabilidad, por lo que corresponde denegar la tutela en la medida en la que esta instancia no puede desvirtuar los argumentos de la autoridad demandada sin hacer una evaluación integral de todo el acervo probatorio, aspecto que corresponde a la jurisdicción ordinaria.
En lo referente al punto iv), referido a que el 10 de diciembre de 2022 Hilda Condori Poma lo habría agarrado de la mochila y le propinó un puñetazo, ignorándose por parte de la autoridad demandada que existe presunción de veracidad de la declaración del menor de edad, se tiene que, dicha presunción no es iuris et de iure, como sucede por ejemplo con la presunción legal, la cual no admite prueba en contrario, sino iure et tantum; es decir que ello puede desvirtuarse en la medida en que la declaración no es una verdad absoluta, sino un elemento que orienta la investigación y confrontación con otras pruebas a recolectarse a partir del contenido de dicha declaración; entonces, no implica en forma alguna la automática prosecución del proceso penal, por lo que al no ofrecerse en la acción de amparo constitucional una justificación sobre porque debe sesgarse la declaración del menor de edad ignorando sus contradicciones, esta instancia no puede encontrar vulnerados los derechos invocados y, por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada.
Finalmente, sobre el punto vi) se tiene que, se alega que no hubieron testigos presenciales, ignorándose que no se consideró la declaración de Rosmery Yucra de Sánchez, quien manifestó presenciar el hecho de 10 de diciembre de 2022, además de no valorarse el Certificado Médico Forense que acredita una lesión en el accionante menor de edad, el Informe Psicológico incorporados al cuaderno de investigaciones; al respecto, y considerando lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, ante hechos controvertidos en los cuales cobra especial importancia los indicios y presunciones, como sucede en el presente caso, la autoridad fiscal, para no afectar los derechos de la víctima, en un sobreseimiento debe desvirtuar todo elemento de convicción que pudiera ser relevante para formular una acusación; en este sentido, dichos elementos no fueron desvirtuados, por lo que, sobre lo mismo corresponde conceder la tutela solicitada a efectos de que los mismos sean valorados y se desvirtúe una posible afectación física y psicológica del accionante menor de edad las cuales tengan relevancia frente al derecho penal.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 170/2025 de 2 de octubre, cursante de fs. 187 a 190, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en cuanto al punto vi), conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto la Resolución FDLP/LCTA/S-37/2024 de 21 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, disponiendo que dicha autoridad, o quien se encuentre en ejercicio, emita una nueva resolución debidamente fundamentada, salvo que la misma, en cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional, ya se hubiese pronunciado; 3° DENEGAR la tutela respecto a los puntos i), ii), iii), iv) y v), conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; y, 4º Exhortar al Ministerio Público a que, en casos en los cuales la investigación dependa de la declaración de un menor de edad y cuyo trasfondo impliquen desavenencias familiares, la investigación se extienda a la posible influencia de familiares; de forma que la autoridad competente, además de confrontar el contenido de la declaración con elementos objetivos, también pueda atender a la credibilidad de la declaración, a cuyo efecto, por Secretaría General de este Tribunal, notifíquese a la Fiscalía General del Estado para la difusión de esta decisión.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0341_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9ac6537f9dca31c000531e8531808383da180c338e5b2ca292cdfc16100f4a31
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