Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 22 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, a la defensa; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravada, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a momento de emitir el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, los Vocales demandados incumplieron los estándares de fundamentación y motivación a momento de emitir la resolución, pues solamente se avocaron a aprobar la determinación de la Jueza a quo con argumentos basados en la retórica y en conjeturas sin sustento, señalando que la calificación del hecho es solamente provisional y que la misma puede variar al tenerse un tiempo de investigación, sin dar una respuesta al cuestionamiento de que la imputación formal estaba formulada de forma incorrecta al no conocer de forma clara y precisa el modo en que la calificación del hecho se adecua al tipo penal de abuso sexual agravado; asimismo, no dieron una explicación por qué consideraban que la imputación formal cumplía las exigencias descritas en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 59/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 79 a 85 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0341/2024-S1 Sucre, 22 de julio de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 50760-2022-102-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 59/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 79 a 85 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franklin Chungara Paniagua contra Claudia Gamarra Hoyos y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 38 a 47, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho.
Dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravada, dicha institución el 8 de junio de 2022 emitió la Imputación Formal en su contra, la cual era contraria a las obligaciones establecidas en los arts. 73 y 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en relación a la fundamentación y motivación de dicha resolución a momento de efectuar la calificación provisional del hecho; pues, solo se evidenció la transcripción de las normas jurídicas y no así el trabajo intelectivo pertinente. Es así que, el 20 de junio de 2022 previo a llevarse a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, interpuso un incidente de nulidad de imputación formal, la cual fue denegada por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, a través del Auto Interlocutorio 248/2022; resolución contra la cual presentó el recurso de apelación incidental, misma que fue declarado no ha lugar por los Vocales demandados por medio del Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, en la cual, los demandados argumentaron que “…la resolución de mérito ha justificado los motivos por los cuales negaba el incidente de nulidad de imputación por cuanto sea analizado el contenido del Art. 302.4 del CPP, ya que se estableció que existe la descripción de la conducta que se atribuye al imputado y de que se tiene identificada la CALIFICACION PROVISIONAL, y que la calificación del hecho es provisional y que puede variar en el curso de la investigación, que tiene tiempo para investigar y en base a aquellas circunstancias inclusive la calificación provisional puede variar” (sic), vulnerando con dicho accionar sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y a la defensa; pues: a) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, los Vocales demandados incumplieron los estándares de fundamentación y motivación a momento de emitir la resolución, pues solamente se avocaron a aprobar la determinación de la Jueza a quo con argumentos basados en la retórica y en conjeturas sin sustento, señalando que la calificación del hecho es solamente provisional y que la misma puede variar al tenerse un tiempo de investigación, sin dar una respuesta al cuestionamiento de que la imputación formal estaba formulada de forma incorrecta al no conocer de forma clara y precisa el modo en que la calificación del hecho se adecua al tipo penal de abuso sexual agravado; asimismo, no dieron una explicación por qué consideraban que la imputación formal cumplía las exigencias descritas en el art. 302 del CPP; y, b) Se vulneró al derecho a la defensa; ya que, para ejercer la misma, la imputación formal debió estar correctamente formulada, no solamente con las normas vigentes, sino también cumpliendo los requisitos de fundamentación y motivación; aspecto que no sucedió, la cual fue ratificada por los demandados, al establecer que en la etapa preparatoria la calificación del hecho puede variar, dejando sin certeza suficiente para poder refutar dicha calificación, ni poder contradecirla, pues no dieron a conocer las razones por las cuales se le sindica dicho acto.
Denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, a la defensa, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio; y, 2) Se emita una nueva resolución.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 74 a 78 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó en contenido in extenso de su acción de libertad.
Claudia Gamarra Hoyos y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, presentaron informe escrito el 28 de septiembre de 2022, cursante de fs. 56 a 57 vta., señalando que: i) La acción de amparo constitucional no es supletorio de otros medios ordinarios, activándose solo en los casos en que se supriman o amenacen suprimir derechos constitucionales; ii) La doctrina señala que la imputación formal se emite una vez finalizada la etapa preliminar y realizada las diligencias preliminares; en la cual, solo es suficiente contar con indicios para identificar el hecho delictivo y la participación del imputado en la comisión del delito; iii) Para efectuar la imputación conforme a las modificaciones realizadas por la Ley 1173, el Ministerio Público debe “identificar objetivamente la existencia del hecho y la participación del imputado” (sic), significando que se debe contar con elementos materiales y reales con la que se llegue a la conclusión de que el hecho sucedió y que el imputado lo cometió o participó en el; y, iv) La descripción de los hechos de la imputación formal debe demostrar una descripción clara de la conducta que se atribuye al imputado; aspectos que, se evidencia en el mencionado Auto de Vista; concluyendo que, no existe una falta de fundamentación en dicha Resolución, pues, se hizo un análisis de la imputación y se determinó que la misma cuenta con un nexo causal sobre el hecho atribuido para efectuar la calificación provisional del tipo penal, solicitando se deniegue la tutela.
Claudia Siry Bejarano Arenas, en audiencia por medio de sus abogados, refirió que: a) No se precisa que se haya demostrado, explicado o fundamentado qué derechos serían vulnerados y la forma en que se estarían vulnerando; b) La acción de amparo constitucional no es un grado de apelación como se pretende hacer valer por parte del impetrante de tutela; c) No existe vulneración alguna de derechos, ya que el peticionante de tutela ejerció su derecho a la defensa, recibiendo respuesta por medio de una resolución de primera instancia a través de una autoridad competente e imparcial, y de igual forma por medio del Auto de Vista ahora cuestionado; y, d) La imputación formal es un acto propio del Ministerio Público, así como la calificación provisional, pudiendo cuestionar los aspectos de fondo en la audiencia de medidas cautelares, debiendo tenerse en cuenta que el hecho que se investiga es un abuso sexual agravado, debiendo priorizarse la misma, siendo la única intención dilatar el proceso, debiendo valorarse el derecho reforzado del que gozan las niñas, niños y adolescentes ante cualquier etapa procesal, el principio de presunción de veracidad y el interés superior, así como el acceso a la justicia pronta y oportuna.
El representante del Ministerio Público, no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia programada, pese a su legal notificación cursante a fs. 51.
El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Tarija, se presentó en la audiencia programada; empero, no realizó intervención alguna.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, mediante Resolución 59/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 79 a 85 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio; y, 2) Se dicte una nueva resolución en el plazo de tres días; en la cual, se verifique si la decisión de la Jueza a quo dio o no respuesta a la nulidad de imputación formal; bajo los siguientes fundamentos: i) No verificaron los elementos incidiarios con las que debieron sustentar la imputación formal, además que no se señala la forma en que la Jueza a quo ha confirmado la existencia de los mismos en dicha Imputación, siendo argumentos retóricos, pues si bien refiere parte de los agravios; empero, no resuelve la petición del imputado en su recurso de apelación, sin tomar en cuenta que la imputación formal es un requerimiento trascendental la cual debe cumplir a cabalidad lo establecido en el art. 302 del CPP; ii) La determinación asumida, no se ajusta al marco de legalidad, pues incumple lo ordenado por el Código de Procedimiento Penal específicamente en el art. 302.4, pues no resguarda el debido proceso como de forma errónea afirman, vulnerando derechos y garantías constitucionales; iii) La decisión que asume el Tribunal de apelación es superficial pues no verifica que la Jueza a quo no analiza cómo debería estar planteado la imputación formal, si la misma cumple o no las previsiones legales; pues, no se señaló ningún día, que si bien parece un error de transcripción pero un Requerimiento Fiscal no puede dar lugar a ese tipo de contradicciones, los que hacen entrar en dudas e incertidumbre; y, iv) Los hechos deben ajustare a lo establecido en el art. 302 del Adjetivo Penal, debiendo ser verosímil, creíble y demostrable para que el imputado asuma defensa, y para que la víctima quede satisfecha con los hechos, y que no sea un acto por simple venganza o una situación que no esté demostrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Imputación Formal de 8 de junio de 2022, suscrita por Aldo Francisco Corrillo Machicado, Fiscal de Materia, dirigido a la Jueza de Violencia Intrafamiliar y Doméstica Segundo de la Capital del departamento de Tarija, en contra de Franklin Chungara Paniagua -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, solicitando la aplicación de medidas cautelares personales en su contra (fs. 1 a 3). II.2. Por Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija; por la cual, declaró no haber lugar al incidente de nulidad de imputación formal presentado por el impetrante de tutela, contra la cual, en audiencia, interpuso el recurso de apelación incidental (fs. 4 a 5 vta.). II.3. Consta el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, emitida por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados- por la cual, determinaron: a) Declarar sin lugar el recurso de apelación incidental; y, b) Confirmaron el Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio, bajo los siguientes fundamentos: (…).
CONSIDERANDO II: DE LA NORMATIVA Y DOCTRINA LEGAL APLICABLE
II.1.- Conforme enseña el Art. 301 del CPP enseña que la primera fase del proceso culmina con una de las formas que previene el precepto precitado 301 donde se establece que el fiscal debe analizar el contenido de las actuaciones policiales para imputar formalmente el delito atribuido, si se cumplen con las exigencias legales, ordenar la complementación de diligencias policiales estableciendo un plazo para aquello, disponer en su caso el rechazo de denuncia querella o actuaciones policiales con el consecuente archivo de obrados o la solicitud al Juez de Instrucción de la aplicación de alguna salida alternativa.
CONSIDERANDO II: DEL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO
III.3.- En ese entendido deben tomarse en cuenta a partir del considerando tercero la aplicación al caso en concreto que conlleva a establecer que la actividad del Ministerio Público no es discrecional o arbitraria sino que está limitado por determinados principios cuáles son el de legalidad y el de objetividad que le impone a investigar o a desarrollar su función en el marco de lo regulado por el Art. 225 de la CPE, defendiendo la legalidad y los intereses de la sociedad por ello es que no puede haber un solo acto del Ministerio Público fuera del marco legal que le constriñe y que en ese entendido es que a tiempo de formular una imputación debe reflexionar desde el ámbito de la teoría del delito respondiendo a su doble perspectiva por un lado a un juicio de desvalor que recae sobre la conducta o la ilicitud o antijuricidad del hecho y por otro lado a un juicio de desvalor sobre el autor o participe de ese hecho que implica la culpabilidad o responsabilidad, entendiendo a la primera como la desaprobación del acto y a la segunda como la atribución de dicho acto a su autor para hacerle penalmente responsable del mismo.
En tal sentido se tiene que la parte recurrente ha interpuesto incidente de nulidad de imputación situación que ha merecido que la Juez ad quo considere y infundados los defectos denunciados y declare sin lugar la incidencia promovida y en este caso corresponde tener presente de que no opera la nulidad por nulidad mismas que sino que debe analizarse si emerge de la supuesta infracción o vulneración a derechos fundamentales toda vez que la moderna doctrina como la jurisprudencia moderna de tribunales españoles y argentinos han venido estableciendo mecanismos respecto a que no deben decretarse nulidades por el mero interés de la ley o por la simple salvaguarda de forma sino que en cualquier caso aún sea para las nulidades absolutas o declaradas de oficio debe observarse el principio de interés por cuánto corresponde abandonar aquel engañoso principio de la nulidad por nulidad misma al que para intentar remediar alguna situación que aparentemente ante nuestros ojos resulta defectuosa pero que necesariamente no afecte el normal desarrollo del proceso. Con relación al agravio que se tiene establecido como la vulneración al debido proceso en cuanto a la motivación debe tenerse también presente que no es necesario de que el examen o el pronunciamiento sea ampuloso sino que permita comprender las razones de la determinación y que el justiciable pueda comprender la decisión asumida a través de la lectura y en ese contexto es que según se tiene de la resolución impugnada se ha establecido de manera clara los justificativos o los motivos por los cuales no se ha acogido el incidente promovido planteado por el recurrente, en ese entendido se ha analizado en cuanto a lo que significa el num.4 del Art. 302 del cual se extraña la calificación provisional de manera clara sea establecido que existe una descripción de la conducta atribuida al imputado así mismo se tiene pues establecido un rango temporal de la presunta comisión del hecho y así mismo se debe resaltar que la imputación formal viene pues cumpliendo con aquella circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos y si bien la imputación formal es dl primer pilar sobre el cual que se conforma todo el proceso penal entonces esta resolución debe ser clara respecto al hecho que se le atribuye al encausado y a su vez a los elementos indiciarios que sustentan la misma de ahí es que se abre la posibilidad del ejercicio de la defensa del encausado puesto que a través del conocimiento de los hechos atribuidos se tiene pues ejercitado el derecho a la defensa y en ese entendido es que podemos establecer que se tiene claridad en cuanto a la imputación formal según lo que ha resuelto el Juez de mérito que a tiempo de analizar detalladamente los elementos que vienen contemplados en el Art. 302 del Procedimiento Penal y qué se cuestionan de la imputación presentada se tiene de manera clara y precisa identificada la calificación provisional qué viene de cara a los hechos también descritos en la imputación formal que ha manera de revisión de los antecedentes remitidos en apelación se desprende pues la circunstancia de tratarse de un hecho que presuntamente ha ocurrido en el mes de octubre del 2021 cuándo se suscita el presunto hecho de abuso sexual agravado, delimitando el pliego de imputación formal las circunstancias y antecedentes del hecho, los elementos de convicción, la calificación provisional de los hechos que dan cuenta del tipo penal de abuso sexual agravado en función a la existencia de los indicios suficientes y participación del imputado y asimismo ponen de relieve la actividad realizada por el Ministerio Público acopiada a los actos investigativos realizados qué configuran el tipo penal de abuso sexual agravado, teniendo entones claro que la Juez de mérito sea referido de manera puntual a aquellos aspectos que hoy se cuestiona como faltos de fundamento y motivación y además que se habría apartado sin considerar que la imputación formal no cumple con las exigencias normativas, sí bien sostiene el recurrente que la imputación no cuenta con una correcta calificación del hecho al respecto cabe señalar que la autoría al momento de la presentación de la imputación formal se lo hace al tenor de lo que establece el 302 del CPP siendo en la circunstancia necesaria únicamente la situación de establecimiento de indicios que en cúmulo positivo mayor al negativo lleven al Ministerio Público a interponer la imputación formal en la consideración de la existencia de elementos suficientes de probabilidad de autoría y en ese aspecto es que se tiene pues con bastante precisión cumplida aquella exigencia por parte del Ministerio Público en cuanto a la imputación formal al señalarse de manera precisa la conducta probable atribuida al imputado qué puede variar en el curso de la investigación si bien se establece como probable autoría en ese contexto cumple pues con las exigencias normativas respaldando las situaciones fácticas, jurídicas que han conllevado y han devenido que la Juez ad quo declare sin lugar el incidente planteado y en ese entendido es que no se advierte que los argumentos o los fundamentos no vayan a responder aquella exigencia de justificación del decisorio más por el contrario la precisión en cuanto a la resolución hoy impugnada que en revisión de la imputación formal establece además que tiene el tiempo para investigar y en base a aquellas circunstancias inclusive la calificación provisional puede variar.
En ese entendido que es que dadas las circunstancias no se encuentra que exista agravio alguno en la determinación asumida por la Juez de mérito que por el contrario ajusta su determinación pues al debido proceso que conlleva justamente al respeto de los derechos y garantías fundamentales de las partes lo cual se advierte cumplido a plenitud a través de la resolución hoy impugnada.
En ese contexto es que el Tribunal de Alzada RESUELVE DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación incidental interpuesto por Franklin Chungara Panique y en consecuencia confirma la resolución impugnada (sic. [fs. 8 a 10 vta.]).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, a la defensa; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravada, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a momento de emitir el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, los Vocales demandados incumplieron los estándares de fundamentación y motivación a momento de emitir la resolución, pues solamente se avocaron a aprobar la determinación de la Jueza a quo con argumentos basados en la retórica y en conjeturas sin sustento, señalando que la calificación del hecho es solamente provisional y que la misma puede variar al tenerse un tiempo de investigación, sin dar una respuesta al cuestionamiento de que la imputación formal estaba formulada de forma incorrecta al no conocer de forma clara y precisa el modo en que la calificación del hecho se adecua al tipo penal de abuso sexual agravado; asimismo, no dieron una explicación por qué consideraban que la imputación formal cumplía las exigencias descritas en el art. 302 del CPP; y, 2) Se vulneró al derecho a la defensa; ya que, para ejercer la misma, la imputación formal debió estar correctamente formulada, no solamente con las normas vigentes, sino también cumpliendo los requisitos de fundamentación y motivación; aspecto que no sucedió, la cual fue ratificada por los demandados, al establecer que en la etapa preparatoria la calificación del hecho puede variar, dejando sin certeza suficiente para poder refutar dicha calificación, ni poder contradecirla, pues no dieron a conocer las razones por las cuales se le sindica dicho acto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; i.1) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; ii) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; iii) La garantía general del debido proceso y el derecho a la defensa; y, iv) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0283/2021-S1 de 21 de julio; 0265/2022-S1 de 19 de mayo; 0116/2023-S1 de 28 de marzo; y, 0289/2023-S1 de 24 de abril, que formularon el siguiente razonamiento: La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante un enfoque interseccional.
La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia.
En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:
…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido).
Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación. Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), siendo uno de sus mandatos, el 1Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad (el resaltado es ilustrativo). 2“…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.
La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.
Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.
También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”.
considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.
Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorias para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art. 19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño 3Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.
4Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 6Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.
Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la Norma Suprema, reconoció un derecho específico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:
…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación...
(…)
…el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable (negrillas son agregadas).
Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:
El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.
En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo).
En ese marco, añadió que en el caso LC vs. Perú -octubre 2011-, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-; y, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, La obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
9Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10.“…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.
En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:
…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.
En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado y subrayado es añadido).
Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235 de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP.
Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10
-ahora 234.7- del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”.
En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 (ahora art. 234.7) del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyó precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:
En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.
Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;
b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos (las negrillas corresponden al texto original).
De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0168/2020-S1 de 27 de julio; 0812/2020-S1 de 2 de diciembre; 0063/2021-S1 de 17 de mayo; 0487/2021-S1 de 29 de septiembre; 0819/2021-S1 de 16 de diciembre; 0001/2022-S1 de 3 de marzo; 0366/2022-S1 de 3 de junio; 1403/2022-S1 de 29 de noviembre; 0008/2023-S1 de 17 de enero; 0760/2023-S1 de 10 de julio; y, 1250/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otros, que formularon el siguiente razonamiento:
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP); lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0447/2020-S1 de 4 de septiembre;
0345/2020-S1 de 18 de agosto; 0087/2021-S1 de 26 de mayo; 0475/2021-S1 de 21 de septiembre; 0830/2021-S1 de 20 de diciembre; 0130/2022-S1 de 26 de abril; 1114/2022-S1 de 5 de octubre; 1438/2022-S1 de 8 de diciembre; 0040/2023-S1 de 13 de marzo; 0961/2023-S1 de 24 de agosto, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.
En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:
…los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in ídem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”. Configuración, contenido o alcance que se fue reproduciendo en la jurisprudencia constitucional, que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es 16 El FJ III.4.1, indica: "La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´.
El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas.
Como ya se ha definido en otras Sentencias Constitucionales, el doctrinario Ticona Póstigo, ha señalado que: `El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo». A criterio del tratadista Saenz, «el Debido Proceso en su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular»´.
Como también ya se expuso en la abundante jurisprudencia constitucional, cualquier proceso administrativo sancionatorio, más aún si este puede derivar en sanciones como la destitución de determinado funcionario público, debe contener los elementos: i) al juez natural, ii) legalidad formal, iii) tipicidad, iv) equidad y v) defensa irrestricta.
El tratadista español, Eduardo García Enterría, al referirse al proceso administrativo sancionador, indicó que: `…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´.
El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…´.
El doctrinario argentino Alberto Binder afirma: `El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás´, concepto aplicable a los procedimientos sancionadores de esencia administrativa.
El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, no aceptándose el extremo de sustanciar asunto alguno sin conocimiento del procesado, situación inaceptable en cualquier sistema jurídico”.
extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad.
Ahora bien, en nuestro nuevo orden constitucional el derecho a la defensa como parte del derecho al debido proceso, es entendida en la jurisprudencia constitucional como la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentar pruebas que estime convenientes en su descargo, hacer uso efectivo de los recursos que le franquea la ley, la observancia de los requisitos mínimos en cada instancia procesal, a fin de que puedan defenderse adecuadamente las personas ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, consiguientemente, los elementos que la componen se disgregan en los siguientes ámbitos: a) El derecho a ser escuchado en el proceso; b) El derecho a presentar prueba; c) El derecho a hacer uso de los recursos; y, d) El derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal. Estos razonamientos se afianzan con la mención de que toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa reconocida en el art. 119.II de la CPE.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, a la defensa; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravada, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a momento de emitir el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) Se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, los Vocales demandados incumplieron los estándares de fundamentación y motivación a momento de emitir la resolución, pues solamente se avocaron a aprobar la determinación de la Jueza a quo con argumentos basados en la retórica y en conjeturas sin sustento, señalando que la calificación del hecho es solamente provisional y que la misma puede variar al tenerse un tiempo de investigación, sin dar una respuesta al cuestionamiento de que la imputación formal estaba formulada de forma incorrecta al no conocer de forma clara y precisa el modo en que la calificación del hecho se adecua al tipo penal de abuso sexual agravado; asimismo, no dieron una explicación por qué consideraban que la imputación formal cumplía las exigencias descritas en el art. 302 del CPP; y, 2) Se vulneró al derecho a la defensa; ya que, para ejercer la misma, la imputación formal debió estar correctamente formulada, no solamente con las normas vigentes, sino también cumpliendo los requisitos de fundamentación y motivación; aspecto que no sucedió, la cual fue ratificada por los demandados, al establecer que en la etapa preparatoria la calificación del hecho puede variar, dejando sin certeza suficiente para poder refutar dicha calificación, ni poder contradecirla, pues no dieron a conocer las razones por las cuales se le sindica dicho acto. Bajo ese marco, de inicio, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0394/2018-S2 de 13 de marzo generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de abuso sexual agravada de infante, niña, niño o adolecente, en el abordaje de la misma se debe considerar estándares internacionales para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de amparo constitucional que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia las mujeres, se encuentra obligado de efectuar un enfoque interseccional, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el impetrante de tutela, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. Aclarado el enfoque que se aplicará en el caso concreto, es preciso hacer alusión a las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en tal sentido se tiene que el 8 de junio de 2022 el Fiscal de Materia presentó imputación formal contra de Franklin Chungara Paniagua -ahora impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, solicitando la aplicación de medidas cautelares personales en su contra, ante lo cual y de forma posterior, el 20 de junio de 2022 la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija declaró no ha lugar el incidente de nulidad de imputación formal incoado por el peticionante de tutela a través del Auto Interlocutorio 248/2022; resolución contra la cual el solicitante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental en audiencia; por lo que, el 7 de julio del mismo año, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora demandados- por medio del Auto de Vista 54/2022 determinaron: i) Declarar sin lugar el recurso de apelación incidental; y, ii) Confirmaron el Auto Interlocutorio 248/2022 (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).
En ese contexto, identificadas las problemáticas, las mismas serán analizadas de forma separada para una mayor comprensión, para posteriormente, como se mencionó líneas arriba, se verificará si las autoridades demandadas a momento de emitir la resolución cuestionada cumplieron o no con la aplicación del enfoque interseccional en apego a los Estándares Internacionales y Nacionales, de la siguiente manera: a. Sobre la primera problemática
El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, a la defensa; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravada, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a momento de emitir el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, incumplieron los estándares de fundamentación y motivación a momento de emitir la resolución, pues solamente se avocaron a aprobar la determinación de la Jueza a quo con argumentos basados en la retórica y en conjeturas sin sustento, señalando que la calificación del hecho es solamente provisional y que la misma puede variar al tenerse un tiempo de investigación, sin dar una respuesta al cuestionamiento de que la imputación formal estaba formulada de forma incorrecta al no conocer de forma clara y precisa el modo en que la calificación del hecho se adecua al tipo penal de abuso sexual agravado; asimismo, no dieron una explicación por qué consideraban que la imputación formal cumplía las exigencias descritas en el art. 302 del CPP.
En ese contexto, es pertinente previamente remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que refiere que:
…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación…
Es decir, que las Resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación.
La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, refirió que:
…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). En ese orden de ideas, conforme lo descrito en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se tiene que los Vocales demandados, a momento de emitir el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, por el cual determinaron: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación incidental; y, 2) Confirmar el Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio, señalaron que:
(…).
CONSIDERANDO II: DE LA NORMATIVA Y DOCTRINA LEGAL APLICABLE
II.1.- Conforme enseña el Art. 301 del CPP enseña que la primera fase del proceso culmina con una de las formas que previene el precepto precitado 301 donde se establece que el fiscal debe analizar el contenido de las actuaciones policiales para imputar formalmente el delito atribuido, si se cumplen con las exigencias legales, ordenar la complementación de diligencias policiales estableciendo un plazo para aquello, disponer en su caso el rechazo de denuncia querella o actuaciones policiales con el consecuente archivo de obrados o la solicitud al Juez de Instrucción de la aplicación de alguna salida alternativa.
CONSIDERANDO II: DEL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO
III.3.- En ese entendido deben tomarse en cuenta a partir del considerando tercero la aplicación al caso en concreto que conlleva a establecer que la actividad del Ministerio Público no es discrecional o arbitraria sino que está limitado por determinados principios cuáles son el de legalidad y el de objetividad que le impone a investigar o a desarrollar su función en el marco de lo regulado por el Art. 225 de la CPE, defendiendo la legalidad y los intereses de la sociedad por ello es que no puede haber un solo acto del Ministerio Público fuera del marco legal que le constriñe y que en ese entendido es que a tiempo de formular una imputación debe reflexionar desde el ámbito de la teoría del delito respondiendo a su doble perspectiva por un lado a un juicio de desvalor que recae sobre la conducta o la ilicitud o antijuricidad del hecho y por otro lado a un juicio de desvalor sobre el autor o participe de ese hecho que implica la culpabilidad o responsabilidad, entendiendo a la primera como la desaprobación del acto y a la segunda como la atribución de dicho acto a su autor para hacerle penalmente responsable del mismo.
En tal sentido se tiene que la parte recurrente ha interpuesto incidente de nulidad de imputación situación que ha merecido que la Juez ad quo considere y infundados los defectos denunciados y declare sin lugar la incidencia promovida y en este caso corresponde tener presente de que no opera la nulidad por nulidad mismas que sino que debe analizarse si emerge de la supuesta infracción o vulneración a derechos fundamentales toda vez que la moderna doctrina como la jurisprudencia moderna de tribunales españoles y argentinos han venido estableciendo mecanismos respecto a que no deben decretarse nulidades por el mero interés de la ley o por la simple salvaguarda de forma sino que en cualquier caso aún sea para las nulidades absolutas o declaradas de oficio debe observarse el principio de interés por cuánto corresponde abandonar aquel engañoso principio de la nulidad por nulidad misma al que para intentar remediar alguna situación que aparentemente ante nuestros ojos resulta defectuosa pero que necesariamente no afecte el normal desarrollo del proceso. Con relación al agravio que se tiene establecido como la vulneración al debido proceso en cuanto a la motivación debe tenerse también presente que no es necesario de que el examen o el pronunciamiento sea ampuloso sino que permita comprender las razones de la determinación y que el justiciable pueda comprender la decisión asumida a través de la lectura y en ese contexto es que según se tiene de la resolución impugnada se ha establecido de manera clara los justificativos o los motivos por los cuales no se ha acogido el incidente promovido planteado por el recurrente, en ese entendido se ha analizado en cuanto a lo que significa el num.4 del Art. 302 del cual se extraña la calificación provisional de manera clara sea establecido que existe una descripción de la conducta atribuida al imputado así mismo se tiene pues establecido un rango temporal de la presunta comisión del hecho y así mismo se debe resaltar que la imputación formal viene pues cumpliendo con aquella circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos y si bien la imputación formal es dl primer pilar sobre el cual que se conforma todo el proceso penal entonces esta resolución debe ser clara respecto al hecho que se le atribuye al encausado y a su vez a los elementos indiciarios que sustentan la misma de ahí es que se abre la posibilidad del ejercicio de la defensa del encausado puesto que a través del conocimiento de los hechos atribuidos se tiene pues ejercitado el derecho a la defensa y en ese entendido es que podemos establecer que se tiene claridad en cuanto a la imputación formal según lo que ha resuelto el Juez de merito que a tiempo de analizar detalladamente los elementos que vienen contemplados en el Art. 302 del Procedimiento Penal y qué se cuestionan de la imputación presentada se tiene de manera clara y precisa identificada la calificación provisional qué viene de cara a los hechos también descritos en la imputación formal que ha manera de revisión de los antecedentes remitidos en apelación se desprende pues la circunstancia de tratarse de un hecho que presuntamente ha ocurrido en el mes de octubre del 2021 cuándo se suscita el presunto hecho de abuso sexual agravado, delimitando el pliego de imputación formal las circunstancias y antecedentes del hecho, los elementos de convicción, la calificación provisional de los hechos que dan cuenta del tipo penal de abuso sexual agravado en función a la existencia de los indicios suficientes y participación del imputado y asimismo ponen de relieve la actividad realizada por el Ministerio Público acopiada a los actos investigativos realizados qué configuran el tipo penal de abuso sexual agravado, teniendo entones claro que la Juez de mérito sea referido de manera puntual a aquellos aspectos que hoy se cuestiona como faltos de fundamento y motivación y además que se habría apartado sin considerar que la imputación formal no cumple con las exigencias normativas, sí bien sostiene el recurrente que la imputación no cuenta con una correcta calificación del hecho al respecto cabe señalar que la autoría al momento de la presentación de la imputación formal se lo hace al tenor de lo que establece el 302 del CPP siendo en la circunstancia necesaria únicamente la situación de establecimiento de indicios que en cúmulo positivo mayor al negativo lleven al Ministerio Público a interponer la imputación formal en la consideración de la existencia de elementos suficientes de probabilidad de autoría y en ese aspecto es que se tiene pues con bastante precisión cumplida aquella exigencia por parte del Ministerio Público en cuanto a la imputación formal al señalarse de manera precisa la conducta probable atribuida al imputado qué puede variar en el curso de la investigación si bien se establece como probable autoría en ese contexto cumple pues con las exigencias normativas respaldando las situaciones fácticas, jurídicas que han conllevado y han devenido que la Juez ad quo declare sin lugar el incidente planteado y en ese entendido es que no se advierte que los argumentos o los fundamentos no vayan a responder aquella exigencia de justificación del decisorio más por el contrario la precisión en cuanto a la resolución hoy impugnada que en revisión de la imputación formal establece además que tiene el tiempo para investigar y en base a aquellas circunstancias inclusive la calificación provisional puede variar.
En ese entendido que es que dadas las circunstancias no se encuentra que exista agravio alguno en la determinación asumida por la Juez de mérito que por el contrario ajusta su determinación pues al debido proceso que conlleva justamente al respeto de los derechos y garantías fundamentales de las partes lo cual se advierte cumplido a plenitud a través de la resolución hoy impugnada.
En ese contexto es que el Tribunal de Alzada RESUELVE DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación incidental interpuesto por Franklin Chungara Panique y en consecuencia confirma la resolución impugana (sic.) En ese contexto, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la resolución ahora impugnada; así tenemos:
1. Sobre la fundamentación
Los Vocales demandados, a momento de emitir el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, por el cual dispusieron declarar no ha lugar el recurso de apelación incidental y confirmar el Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio, basaron su determinación en los arts. 225 de la CPE; y, 301 y 302 del CPP.
En ese contexto, se puede evidenciar que las autoridades demandadas, a momento de emitir el Auto de Vista ahora impugnado, fundamentaron su decisión en las normas constitucionales y legales vigentes, denotándose que dicha determinación cuenta con la fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, correspondiendo denegar la tutela al respecto.
2. Respecto a la motivación
En ese contexto, los Vocales demandados a momento de pronunciar el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, por el cual dispusieron declarar no ha lugar el recurso de apelación incidental y confirmar el Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio, lo realizaron señalando que: a) El examen o el pronunciamiento no debe ser ampuloso, sino debe permitir comprender la decisión con la simple lectura y el contexto, habiéndose dado una explicación clara de los justificativos y motivos por las cuales no se dio lugar al incidente; b) Se analizó el art. 302.4 del CPP, indicando que existe una descripción de la conducta que se atribuye al imputado, como también se encuentra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos; c) La imputación formal se conforma en base del proceso penal, debiendo ser la misma clara en relación a los hechos que se atribuyen al imputado, sustentados en indicios; d) En la resolución cuestionada, se tiene que la Jueza analizó los elementos contemplados en el art. 302 del CPP, pues se tiene precisado de forma clara la calificación provisional de los hechos, y que al ser un caso de abuso sexual agravado, por la existencia de indicios suficientes en relación a la partición del imputado, se tiene que la Jueza de instancia se refirió sobre los antecedentes de forma fundamentada y motivada; y, e) Si bien el imputado, indica que la imputación formal no tiene una correcta calificación provisional del hecho, se debe señalar que la probabilidad de autoría se la realiza a momento de presentar la imputación formal de conformidad a lo que establece el art. 302 del Código Adjetivo Penal, siendo necesario los indicios para que el Ministerio Público pueda presentar o no la imputación formal, además que al existir un plazo para la investigación la misma calificación provisional puede variar.
Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación cuenta o no con la debida motivación; es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y las razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno.
En ese entendido, se puede advertir, que las explicaciones dadas por los Vocales demandados, a momento de declarar no ha lugar el recurso de apelación y por lo mismo confirmar el Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio que resolvió el incidente de nulidad de imputación formal presentado por el impetrante de tutela, se las realizó de manera concisa y clara, tanto en la indicación de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito, como en la calificación provisional del mismo, ya que se menciona en dicha determinación que para que se pueda dar una calificación provisional del hecho solamente basta con contar con simples indicios; por lo que, consideran que la determinación de la Jueza a quo se encontraba debidamente fundamentada y motivada, ya que de manera clara y precisan las autoridades demandadas dan cumplimiento a lo que establece el art. 302.4 del CPP, la cual señala que para poder emitir una imputación formal la misma debe contener “La descripción del hecho o los hechos que se imputan, con indicación de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional; la descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación, ni por categorías jurídicas o abstractas”; es decir, que los elementos insertos en la descripción de los hechos, deben servir de base para una correcta calificación provisional del delito, la cual no debe estar basado en categorías jurídicas abstractas; hechos que en el presente caso sucedió, ya que, tanto el Juez de instancia, así como los Vocales demandados, realizaron no solo una descripción de los fundamentos por los cuales la de instancia consideró que no había lugar al incidente de nulidad de obrados que fue planteado por el accionante; sino también, los Vocales ahora demandados a momento de dar solución al recurso de apelación, también efectuaron ese trabajo intelectivo, lógico-jurídico propio, dando una explicación de manera clara del porque consideraron que los fundamentos de la Jueza a quo son correctas, explicando además que no se vulneró derecho alguno del peticionante de tutela, advirtiéndose que subsumieron su decisión a los alcances de las normas citadas y utilizadas a momento de fundamentar la misma, ya que indicaron de manera general y entendible de qué forma las normas se adecuan a su facultad de que la imputación formal se funda en los indicios y que la misma son base para efectuar la calificación provisional del delito; asimismo, de forma general y tácita dan cumplimiento a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional en lo que se refiere al enfoque interseccional en casos de violencia hacia las mujeres; ya que al tratarse de un delito de abuso sexual agravada la autoridad judicial dio cumplimiento a la obligación indefectible de aplicar en la Resolución que dictó los parámetros jurisprudenciales tanto nacionales como internacionales efectuando una ponderación de los derechos no solo del imputado sino también de la víctima, realizando los pesos y contrapesos de derechos, analizando la situación de vulnerabilidad en que se encontraría la víctima frente al imputado, esto al ser la víctima una menor de edad, aspectos que de forma general y tácita se encuentran plasmados en el Auto de Vista ahora impugnado, cumpliendo con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado al tratarse de hechos de violencia en razón de género, evidenciándose que la Resolución no solo no carece de la motivación denunciada, sino también, que existe referencia general y tácita respecto a los derechos de la víctima al ser mujer que habría sufrido un hecho de abuso sexual, cumpliendo la obligación de motivar las razones de su determinación, pues dieron una explicación lógica-jurídica y las razones por las cuales consideraban que el Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio se encontraba debidamente fundamentada y motivada a momento de declarar no ha lugar el incidente de nulidad de imputación presentada por el accionante; aspectos que se encuentran descritos y explicados en el contenido de la resolución cuestionada, haciendo evidente que el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio se encuentra debidamente motivada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. b. En relación a la segunda problemática
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de su derecho a la defensa; toda vez que, dentro el proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravada, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a momento de emitir el Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio, violentaron dicho derecho; ya que, para ejercer la misma, la Imputación Formal debió estar correctamente formulada, no solamente con las normas vigentes, sino también cumpliendo los requisitos de fundamentación y motivación, aspecto que no sucedió, la cual fue ratificada por los demandados, al establecer que en la etapa preparatoria la calificación del hecho puede variar, dejando sin certeza suficiente para poder refutar dicha calificación, ni poder contradecirla, pues no dieron a conocer las razones por las cuales se le sindica dicho acto.
En ese antecedente, el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en relación al derecho a la defensa, indica que la misma se refiere a:
…la potestad inviolable de la persona a ser escuchado en juicio, a fin de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. En ese contexto, dentro el proceso penal que se le sigue al ahora peticionante de tutela, se tiene que, una vez conocido la causa, el mismo a través de su defensa técnica participó en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 20 de junio de 2022, en la cual en la misma audiencia y conforme lo vertido por el solicitante de tutela previo a llevar a cabo la referida audiencia, interpuso de forma oral el incidente de nulidad de imputación formal; de la cual, surgió el Auto Interlocutorio 248/2022 por la que la Jueza a quo determinó declarar no ha lugar el referido incidente (Conclusión II.2), habiendo interpuesto de forma oral a través de su defensa técnica y en la misma audiencia el recurso de apelación incidental contra el referido Auto Interlocutorio (Conclusión II.2), participando de forma activa en la audiencia de apelación incidental realizada el 7 de julio de 2022 (fs. 6 a 8); de la cual, ante su finalización los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 54/2022 ahora cuestionado (Conclusión II.3).
De dichos antecedentes, se tiene que el accionante, tuvo la oportunidad de negar, contradecir o desvirtuar los hechos que se le atribuyen, ofreciendo y produciendo pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea y patrocinado por un abogado, sin que se le haya negado de forma injustificada o ilegal su actuación y defensa respectiva; por lo que, al no advertir violación alguna, corresponde denegar la tutela solicitada. c. Sobre la aplicación del enfoque interseccional en el caso concreto
Ahora bien, en el presente caso se analizará el asunto a través del enfoque interseccional dentro el proceso penal que nos ocupa tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en ese orden de ideas, se tiene que contra el ahora impetrante de tutela se presentó una imputación formal por el delito de abuso sexual con agravante siendo la víctima una mujer menor de edad, contra la cual el peticionante de tutela interpuso un incidente de nulidad de imputación formal, la cual fue declarada no ha lugar por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija a través del Auto Interlocutorio 248/2022 de 20 de junio, y ante la presentación del recurso de apelación incidental, fue igualmente declarado no ha lugar y confirmado dicha determinación por parte de los Vocales ahora demandados por medio del Auto de Vista 54/2022 de 7 de julio (Conclusiones II.1, II.2 y II.3); evidenciándose que dicha determinación, cuenta con la necesaria fundamentación; así también con motivación exigida; y, además que, al tratarse de un delito de abuso sexual agravada, en la cual la víctima es una menor edad, también se pudo observar que dicha decisión hace una aplicación general y táctica del enfoque interseccional como lo determina el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.
Concluyéndose que la autoridad demandada consideró que en casos de violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes o mayores de edad) es deber de la autoridad judicial aplicar a través de una mirada plural de la discriminación y violencia al entrelazarse la categoría de género y edad, debiendo emplearse el enfoque interseccional ello considerando que la víctima de abuso sexual es una niña, quien merece especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos, consecuentemente se evidencia que las autoridades demandadas cumplieron con los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia; aspectos que, deben ser tomados en cuenta por parte de las autoridades demandadas a momento de pronunciar la nueva Resolución.
Asimismo, a manera de concluir, es necesario aclarar que en el presente caso no se ingresó a efectuar juicios de valor sobre la inocencia o culpabilidad del ahora solicitante de tutela; puesto que, no es competencia de este Tribunal realizar dicha labor, debiendo ser la autoridad jurisdiccional del ramo la que realice la valoración de todos los actuados y poder emitir una decisión conforme a lo establecido en la Ley Sustantiva Penal; en ese antecedente se analizó las denuncias realizadas por el ahora accionante, y en una valoración integral de todo el historial de hechos, se aplicó el enfoque interseccional para la solución del caso concreto.
En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 59/2022 de 28 de septiembre, cursante de fs. 79 a 85 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.
11 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:
12 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
14 El alcance, contenido o los elementos constitutivos del debido proceso se encuentran señalados en la SC 0902/2010-R de
10 de agosto, entre otras.
15 Respecto a la configuración, contenido o alcance de la garantía del debido proceso fue reproduciéndose en la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, expresando: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”, entre otras (las negrillas son añadidas).
17 Respecto al contenido del derecho a la defensa la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, ha entendido como la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.
18 Los elementos que componen el derecho a la defensa se establecieron en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre: “…de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”.
19 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.” 20El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias). Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”
21 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.”
22 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134. 23Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.” 24Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 101.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0341_2024-S1.pdf · páginas 1 a 34.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9b6ae1563d280ca09766579d1373639f10173295110d3857cfeeb1d00bb8625f
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