Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia omisiva, omisión valorativa, aplicación de la legalidad infraconstitucional, a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad; toda vez que, los Magistrados ahora demandados, habiendo admitido mediante Auto 46/2022 de 18 de marzo, la demanda contenciosa administrativa incoada en contra de la RS 230390, emitieron el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022, declarando probado un incidente de nulidad presentado por el INRA, con base a la RA RA-AD 0015/2022, dictada por esa misma instancia para anular las notificaciones realizadas el 6 de enero de 2022, cuando ya operó la prohibición contenida en el art. 82.II del DS 29215; razón por la cual, era obligación del Tribunal Agroambiental respetar dicha norma en su contenido literal. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/22 de 13 octubre de 2022, cursante de fs. 780 vta. a 785 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022 de 28 de junio, conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional, debiendo las autoridades demandadas mantener firme y subsistente el Auto de admisión 46/2022 de 18 de marzo y continuar con la tramitación del proceso contencioso administrativo incoado por la parte hoy accionante, en el marco del derecho al debido proceso.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0341/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 51139-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 107/22 de 13 octubre de 2022, cursante de fs. 780 vta. a 785 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Alberto Miranda en representación legal de José Luis Matías, Ana María y Wilson Haroldo, todos Jiménez Dorado; Marcela Jiménez de Belmonte y Martha Teresa Jiménez de Tavolara contra Gregorio Aro Rasguido y Elva Terceros Cuellar, Magistrados de la Sala Segunda y Primera respectivamente del Tribunal Agroambiental.
Por memoriales presentados el 22 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 56 a 63 vta.; y de subsanación de 27 de igual mes y año (fs. 693 y vta.); la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Fueron notificados el 6 de enero de 2022 con la Resolución Suprema (RS) 230390 de 24 de diciembre de 2008; es así que, estando dentro el término legal establecido en el art. 68 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) –Ley 1715 de 18 de octubre de 1996–, el 4 de febrero de mismo año, instauraron demanda Contenciosa Administrativa en contra del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, impugnando la referida Resolución Suprema ante el Tribunal Agroambiental, la cual fue admitida conforme a derecho mediante Auto de 18 de marzo de 2022.
La notificación de 6 de enero de 2022, con la RS 230390, fue posible en razón a que la Resolución Administrativa (RA) DDSC-UDAJ 27/2021 de 27 de octubre, anuló una ilegal notificación realizada el 3 de diciembre de 2009 con dicha Resolución Suprema, toda vez que, mediante Informe Jurídico DDSC-SAN-INF 1416/2021 de 22 de septiembre, se identificaron omisiones en la diligencia, al no constar los datos importantes como ser el lugar o sitio donde se habría procedido a notificar; ni con qué actuados del proceso de saneamiento se habría notificado; y además, solo se habría notificado al predio “San Silvestre” y no así al predio “Osiñeca”; también se mencionó como notificada a Marcela Jiménez Dorado, hija de la fallecida Mireya Dorado Vda. de Jiménez, sin que la nombrada tenga poder notarial, es decir que, la supuesta notificación constituye un simple proveído lejos de ser una notificación por cédula como exige la formalidad del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-,y la Ley 429 de 31 de octubre de 2013. Corrida la demanda en traslado a la parte demandada, el Director Nacional de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en representación del codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, planteó incidente de nulidad, señalando que la RA DDSC-UDAJ 27/2021 y las notificaciones realizadas con la RS 230390, fueron anuladas y dejadas sin efecto legal mediante RA RA-AD 0015/2022 de 13 de mayo, ya que la misma se habría emitido irregularmente por lo que dejaron sin efecto la RA DDSC-UDAJ 27/2021 y la notificación de 6 de enero de 2022, dejando subsistente la notificación de 3 de diciembre de 2009, motivo por el que los incidentistas mencionaron que la demanda instaurada no cumplía con lo establecido en el art. 68 de la LSNRA, es decir, no se habría impugnado dentro del plazo establecido de treinta días. De manera posterior, cuando el proceso contencioso ya se encontraba en pleno trámite, bajo la jurisdicción del Tribunal Agroambiental al haber sido admitida la demanda, el INRA generó prueba en su favor, emitiendo la RA RA- AD 0015/2022, en base a otro Informe Técnico Legal DGST-JRLL-INF-SAN 1165/2022 de 13 de mayo, ambos emitidos con posterioridad a la interposición de la demanda contenciosa administrativa, dejando sin efecto el Informe DDSC-SAN-INF 1416/2021 y la RA DDSC-UDAJ- 27/2021, desconociendo y vulnerando flagrantemente lo establecido en el art. 82.II del DS 29215 que de manera categórica establece: “II. La interposición de demanda contencioso administrativo, suspende la competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria para el caso concreto”, vulnerando de esta manera lo estipulado en el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que significa que desde el momento en que el Tribunal Agroambiental asumió competencia, el ente ejecutor de saneamiento como es el INRA, perdió toda competencia o potestad para seguir emitiendo Resoluciones; incluso el ente administrativo al seguir emitiendo resoluciones habiendo perdido competencia, adecuó su conducta al tipo penal establecido en el art. 153 del Código Penal (CP).
Las autoridades ahora demandadas, en conocimiento del incidente de nulidad planteado por el INRA, lo resolvieron mediante el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022 de 28 de junio, declarando probado el incidente de nulidad presentado y anulando obrados hasta la admisión de la demanda, y en consecuencia, dispusieron rechazar la demanda contenciosa administrativa, en razón al plazo perentorio establecido en el art. 68 de la LSNRA; que otorga treinta días para la activación de este tipo de demandas; siendo dicha resolución emitida de forma arbitraria vulnerando las reglas de la aplicación de la legalidad infraconstitucional y el principio de legalidad vinculado al debido proceso además de carecer de fundamentación y motivación. El Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022, declaró probado un incidente de nulidad presentado por el INRA, en base a la RA RA-AD 0015/2022, dictada por el propio INRA, para anular las notificaciones realizadas el 6 de enero de 2022, Resolución Administrativa que fue dictada el 13 de mayo de 2022, después de la presentación de la demanda contenciosa el 4 de febrero de ese año; es decir, cuando ya operó la prohibición contenida en el art. 82.II del DS 29215, razón por la cual, era obligación del Tribunal Agroambiental respetar dicha norma en su contenido literal, pues es la primera regla de interpretación de las normas legales, para que una resolución judicial sea válida constitucionalmente y para que importe el respeto al debido proceso. Así, las autoridades hoy demandadas solo se limitaron a realizar una transcripción íntegra del memorial de incidente de nulidad planteado por el codemandado Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, sin que se advierta mínimamente un fundamento o razonamiento de su parte ni realizaron ningún análisis objetivo a los antecedentes que cursan en el mismo proceso de saneamiento, lo que conllevó a una omisión valorativa y de fundamentación, por cuanto no consideraron que la demanda fue admitida de manera legal con base a una notificación legalmente efectuada por el mismo INRA; además, que un incidente de nulidad se plantea contra actos que se hubieran cometido durante el trámite del proceso, vale decir, contra aquellos actos procesales incurridos por un Juez o Tribunal, o la violación de los requisitos, formas o procedimiento que la ley procesal ha previsto para su validez; sin embargo, en ese caso, el INRA emitió la RA RA-AD 0015/2022, cuando el proceso contencioso ya estaba en curso, y es a partir de esa resolución que planteó un incidente de nulidad, cuando en realidad éste debió plantearse contra irregularidades procesales que hubiere cometido el Tribunal Agroambiental a momento de admitir la demanda, lo que nunca ocurrió, toda vez que, el proceso fue admitido correctamente, y si en todo caso, la Resolución Administrativa referida fuera legal, entonces lo que correspondía era plantear una excepción, que es un medio de defensa, pero no así un incidente de nulidad como fue planteado; empero, los Magistrados demandados en ningún momento observaron esos aspectos.
La parte accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, congruencia omisiva, omisión valorativa, aplicación de la legalidad infraconstitucional, a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad; citando al efecto el art. 115.I de la CPE.
Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022 de 28 de junio, disponiendo que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución conforme a derecho, sea con la condenación de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 774 a 781, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, añadiendo que: a) Son propietarios de dos predios, el fundo “San Silvestre” con Título Ejecutorial de 1976, según consta en el expediente 36309, que cursa la carpeta de saneamiento y el predio “Osiñeca” que es otra propiedad contigua que tiene el expediente 9354 y con Título Ejecutorial también inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) el año 1966; b) Fueron notificados con la Resolución Final de Saneamiento, que es la RS 230390, recién el 6 de enero de 2022, aclarando que la notificación a la que hizo referencia la autoridad demandada, es una notificación realizada tres años atrás a Mireya Dorado Vda. de Jiménez y como testigo recibió Marcela Jiménez Dorado, quien no es parte de la presente acción de amparo constitucional; c) El acto arbitrario denunciado es el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, emitido por las autoridades demandadas, que declaró probado el incidente de nulidad interpuesto por el Director Nacional del INRA, anulando obrados hasta el Auto de 10 de febrero de 2022 y otros actuados posteriores como la admisión de la demanda, además de rechazar la demanda contenciosa administrativa porque la misma hubiera sido presentada fuera del plazo perentorio dispuesto por el art 68 de la LSNRA; es decir, las Magistrados demandados, inicialmente admitieron la demanda, se elaboraron las órdenes instruidas, se procedió a las citaciones a las autoridades demandadas y terceros interesados, empero, con el Auto Definitivo dejaron sin efecto el control de calidad efectuado anteriormente; d) Presentaron un recurso de reposición en tiempo oportuno, el mismo que fue rechazado mediante Auto de 4 de agosto de 2022, dejando sin efecto el control de legalidad activado, respecto al trámite de saneamiento de las propiedades “San Silvestre” y “Osiñeca”, ubicados en la provincia Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, que fueron objeto de saneamiento a través de la RS 230390; e) El fundamento del Auto Interlocutorio Definitivo es que, el incidentista habría presentado la RA RA-AD 0015/2022, es decir, una resolución posterior a la admisión de la demanda y a la citación con ésta, en la que dejó sin efecto la notificación de 6 de enero de 2022, realizada por el mismo INRA, y a su vez dejó sin efecto la RA DDSC-UDAJ 27/2021, con la que permitió la notificación con la Resolución Final de Saneamiento el 6 de enero de 2022, dejando subsistente la notificación realizada el 3 de diciembre de 2019 y por tanto se consideraría que la demanda hubiera sido interpuesta fuera del plazo contenido en el art. 68 de la LSNRA; f) El Auto Interlocutorio Definitivo es arbitrario; primero, porque el art. 82.II del DS 29215 suspende la competencia del INRA para el caso en concreto, toda vez que, esta disposición legal establece de forma taxativa, que cuando un trámite de saneamiento que ha concluido con la resolución final de saneamiento, se encuentra bajo control jurisdiccional, bajo un control de legalidad del Tribunal Agroambiental; entonces, este trámite de saneamiento expresado en la RS 230390 en virtud a la notificación realizada el 6 de enero de 2022, se encontraba bajo control de legalidad en sede judicial; g) Considerando el art. 82.II del referido Decreto Supremo, el INRA no tenía competencia para emitir actos administrativos en relación al trámite de saneamiento, pero además, no solo es eso, sino que este informe en el cual se respaldan las autoridades demandadas para dejar sin efecto el control de legalidad que estaba bajo su conocimiento, es nulo por mandato, no solo del referido artículo, sino también en virtud a lo que dispone el art. 122 de la CPE; y, h) Haber dejado sin efecto la admisión de la demanda y la continuidad del proceso contencioso administrativo, es arbitrario porque vulnera las disposiciones legales antes mencionadas, y adicionalmente, el Tribunal Agroambiental en casos absolutamente idénticos, falló de forma diferente.
Elva Terceros Cuellar y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito presentado el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 758 vta. a 763 vta., y en audiencia, a través de sus abogados, informaron lo siguiente: 1) La competencia del Tribunal Agroambiental, para conocer las demandas contencioso administrativas, se encuentra prevista en los arts. 189.3 de la CPE y 36.3 de la Ley LSNRA, misma que se habilita con la presentación de la demanda señalada supra, adjuntado la Resolución Final de Saneamiento cuestionada y la diligencia de notificación con la Resolución antes citada; es decir que, la apertura del Tribunal Agroambiental para conocer procesos contenciosos administrativos se da con la diligencia de notificación practicada a la parte actora con la Resolución Final de Saneamiento en el plazo de treinta días computables a partir de su legal notificación, conforme lo determinado por el art. 68 de la LSNRA, desconocer dicho plazo implicaría alejarse de lo determinado en la normativa agraria; 2) Mediante el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, declararon probado el incidente de nulidad, por cuanto, identificaron que al haberse anulado la notificación efectuada el 6 de enero de 2022, por el propio ente administrativo encargado del proceso de saneamiento, mediante RA RA-AD 0015/2022, quedaba subsistente la notificación con la RS 230390 de 3 de diciembre de 2009; es decir que, se encontraron frente a una notificación de más de trece años de generado el acto administrativo, plazo que al traducirse en más de una década, rompe con el principio de plazo razonable, desnaturalizando la esencia y características del proceso de saneamiento y del propio proceso judicial contencioso administrativo; por lo que, no existió contravención a lo dispuesto en el art. 82.II del DS 29215; máxime, sino podían alejarse del plazo dispuesto en el art. 68 de la LSNRA, para la presentación de los procesos contenciosos administrativos; 3) Concluyeron que el acto administrativo que marcó el inicio de la competencia del Tribunal Agroambiental, se encontraba invalidado, por irregularidades, generando para la administración de justicia incertidumbre, y por lo mismo afectaba al principio de legalidad y seguridad jurídica, poniendo en duda también la legitimidad del actor para instaurar la demanda, y más aún cuando por el principio general de derecho, un plazo razonable y su exigencia responde a la materialización de un proceso justo; 4) No se advirtió que el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, hubiera vulnerado o afectado el derecho al debido proceso en sus elementos de correcta aplicación del ordenamiento jurídico, legalidad y seguridad jurídica de la parte ahora solicitante de tutela, máxime, si en la misma determinación agroambiental observada, señalaron que los hoy accionantes no se refirieron al incidente planteado por la entidad administrativa, pues, aun habiéndose corrido en traslado a las partes, no emitieron pronunciamiento alguno, pese a su legal notificación; en ese sentido, lo vertido por los ahora accionantes es un argumento nuevo recién traído a colación en la presente acción de defensa; 5) La jurisdicción constitucional solo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera; en el caso presente, la parte demandada tuvo la oportunidad de contestar el incidente de nulidad presentado por el INRA; 6) El Tribunal Agroambiental no podía seguir tramitando un proceso contencioso administrativo iniciado en mérito a una notificación que fue dejada sin efecto por las irregularidades que presentaba; máxime si la notificación que se mantenía vigente con la RS 230390, es la realizada el 3 de diciembre de 2009; es decir trece años atrás; 7) Sobre la presunta falta de debida fundamentación y motivación en la resolución ahora cuestionada, en el Auto Interlocutorio Definitivo, fundamentaron y motivaron su decisión en los actuados que fueron puestos a su conocimiento, al identificar una causal de nulidad sobreviniente a través de la RA RA-AD 0015/2022, que anula el Informe Jurídico DDSC-SAN-INF. 1416/2021 de 22 de septiembre, la RA DDSC- UDAJ- 27/2021, y las Notificaciones Personales de 6 de enero y de 23 de febrero, ambas de 2022, quedando subsistente la Notificación por Cédula de 3 de diciembre de 2009, con la Resolución Suprema mencionada; 8) La demanda contenciosa administrativa interpuesta, no cumple con lo establecido por el art. 68 de la LSNRA, estando incólume la notificación con la RS 230390 realizada el 3 de diciembre de 2009; es decir que, a la fecha se habría excedido el plazo para la presentación del contencioso administrativo superabundantemente; 9) No existen elementos que hagan presumir que el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, sea vulneratorio de los derechos enunciados por la parte accionante; puesto que, la determinación asumida en dicho Auto, tiene la debida motivación y congruencia habiéndose desarrollado una sucinta explicación respecto a cuáles fueron los hechos y relacionándolos estos con la norma legal y vigente aplicable al caso concreto; 10) La parte accionante se limitó a señalar que la Resolución cuestionada era carente de fundamentación y motivación sin precisar o identificar qué parte de dicho fallo, tuviera carencia de fundamentación o sería incongruente; además de cuál la relevancia constitucional que tendría como efecto la modificación del fallo asumido; 11) El Auto Interlocutorio Definitivo ahora cuestionado, fue emitido efectuando una revisión de los antecedentes y obedeciendo a la obligación de pronunciar un fallo congruente, velando por los derechos al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación y motivación de las resoluciones, considerando todos los aspectos que fueron necesarios para concluir que existía la necesidad de declarar probado el incidente de nulidad presentado por el INRA; 12) Los argumentos vertidos por la parte impetrante de tutela no gozan de relevancia constitucional; toda vez que, confunde el incidente de nulidad con la interposición de excepciones; 13) Analizaron y resolvieron el incidente de nulidad presentado por el INRA, explicando a cabalidad los fundamentos de derecho y las razones por las cuales consideraron que debía declararse probado dicho incidente, sustentando además su decisión en jurisprudencia constitucional y agroambiental; 14) Sobre el recurso de reposición, el art. 253.I y II del Código Procesal Civil (CPC), dispone que dicho recurso procede contra autos interlocutorios simples y no contra autos interlocutorios definitivos; por lo tanto, al haber interpuesto los ahora accionantes recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, se rechazó el mismo mediante determinación de 4 de agosto de 2022, dentro de la previsión establecida en el art. 253.1 del adjetivo Civil, de aplicación supletoria prevista por el art. 78 de la LSNRA; y, 15) De la jurisprudencia glosada aplicada al caso planteado y siguiendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, se tiene que la parte solicitante de tutela no demostró la supuesta vulneración de derechos con la emisión del Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022; toda vez que, pretende ampararse en lo dispuesto en el art. 82.II del DS 29215, ignorando lo establecido en el art. 68 de la LSNRA, que exige el requisito de la presentación y vigencia de la diligencia de notificación con la Resolución Final de Saneamiento.
Luis Alberto Arce Catacora, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su representante legal, Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA, mediante informe presentado el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 771 a 773 vta., señaló que: i) El Tribunal Agroambiental obró correctamente, toda vez que, no puede basarse la sustanciación de una demanda contencioso administrativa en las notificaciones de 6 de enero y 23 de febrero, ambas de 2022, con la RS 230390, anulada por el INRA, por habérsela efectuado de forma irregular por anular la notificación de 3 de diciembre de 2009, con la Resolución Final de Saneamiento plenamente válida y ejecutoriada hace más de trece años, al haberse notificado a la beneficiaria Mireya Vda. de Jiménez, firmando en constancia la hija Ana María Jiménez, quien ahora es una de las accionantes; ii) La beneficiaria no interpuso recurso alguno, por lo que frente a dichas irregularidades el INRA, anuló las notificaciones de 6 de enero y de 23 de febrero, ambas de 2022, con los cuales los ahora impetrantes de tutela interponen demanda contencioso administrativa, sobre los predios “San Silvestre” y “Osiñeca”; iii) la parte demandante de tutela no toma en cuenta que la RA RA-AD 0015/2022, que anula las notificaciones de 6 de enero y de 23 de febrero de 2022, fue de su pleno conocimiento por la notificación legalmente efectuada por correo electrónico, empero, no se interpuso ningún recurso administrativo llámese revocatorio o jerárquico, dejando plenamente válida la notificación efectuada el 3 de diciembre de 2009, con la RS 230390, que data de hace más de trece años, de lo que se evidenció que el plazo para la impugnación del mismo ha vencido, no correspondiendo ser admitida la demanda contencioso administrativa basada en una notificación declarada nula en sede administrativa; iv) La parte accionante no consideró que para interponer los procesos contenciosos administrativos se debe cumplir con lo establecido por el art. 68 de la LSNRA; por lo que, al haber sido anuladas las notificaciones de 6 de enero y 23 de febrero de 2022, mediante RA RA-AD 0015/2022, se dejó plenamente válida la notificación efectuada el 3 de diciembre de 2009 con la Resolución Final de Saneamiento o RS 230390, habiendo alcanzado su ejecutoria, por lo que, la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer la demanda contenciosa administrativa se encuentra coartada, toda vez que, el plazo para impugnar la Resolución Final de Saneamiento venció trece años atrás; v) El Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022 objeto de la presente acción de amparo constitucional, realizó una debida y legal fundamentación y motivación, que ameritó fallar declarando probado el incidente de nulidad presentado, anulándose obrados, y en consecuencia dispuso rechazar la demanda contenciosa administrativa, en razón al plazo perentorio establecido en el art. 68 de la LSNRA; vi) De lo relacionado se observa la existencia de mala fe por parte del accionante, quien con el argumento de volver a tener conocimiento de la Resolución Final de Saneamiento solicitó notificación, con las peticiones realizadas a la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz, induciendo a los funcionarios a emitir un informe de manera equivocada y sin base legal y mucho menos constitucional de una notificación, pretendiendo que los Magistrados del Tribunal Agroambiental ingresen a revisar un proceso de saneamiento que concluyó el año 2008 y cuya Resolución Final de Saneamiento fue notificada el 3 de diciembre de 2009, conforme al DS 29215; vii) Dentro del proceso de saneamiento de los predios denominados “San Silvestre” y “Osiñeca” ubicados en el cantón San José, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, la funcionaria del INRA Departamental-Santa Cruz, procedió a notificar legalmente por Cédula de 3 de diciembre de 2009 con la RS 230390, conforme dispone el art. 72 inc. b) del DS 29215, a la hija de Mireya Dorado Vda. de Jiménez, Ana María Jiménez, quien firmó la respectiva diligencia en el reverso de la Resolución Suprema indicada, por lo que tampoco puede argüir que la diligencia realizada no identificaría con qué actuado se habría notificado, además quien recibió la citada notificación es una de las accionantes dentro de la presente acción tutelar, por lo que es de pleno conocimiento de los ahora peticionarios de tutela, considerando que cualquier acto procesal irregular o cualquier acto que cause agravio a una de las partes en sus derechos debe formular reclamo oportunamente, caso contrario se entiende que convalidó el mismo; viii) El Tribunal Constitucional emitió amplio lineamiento jurisprudencial con relación a las notificaciones; que establece que, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad, es válida; y, ix) De los argumentos expuestos por la parte accionante, se pudo establecer que los mismos no cuentan con argumentación legal para señalar vulneración a los derechos y garantías constitucionales, reflejando una total falta de sustento en el planteamiento de sus observaciones, no evidenciando vulneración alguna, de los derechos reclamados con la emisión del Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de sus representante legal, en audiencia, señaló: a) El Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022 fue emitido en función a un incidente, en el cual el INRA acompañó la RA RA-AD 0015/2022, que dispuso la anulación de la RA DDSC-UDAJ 27/2021, en la cual se habría dispuesto la notificación con la Resolución Final de Saneamiento de los predios “Osiñeca” y “San Silvestre”, manteniendo subsistente la notificación efectuada el 3 de diciembre de 2009; b) La acción de amparo constitucional no peca más de ser una acción impertinente puesto que el Auto Interlocutorio ahora cuestionado, no ha vulnerado en ningún sentido la normativa aplicable en el procedimiento, en la sustanciación de una demanda contenciosa administrativa, puesto que los argumentos que transcriben en la interposición de la acción, más concretamente, se refieren a que el INRA hubiera emitido un acto apartado de la disposición 82.II del DS 29215, pero este hecho tiene que ser asumido a conocimiento de la instancia llamada por ley, es decir, no por el Tribunal Agroambiental, sino por la misma institución que ha emitido el acto ahora cuestionado; y, c) Solicitó que no se conceda la tutela pues no existe un argumento que hubiera demostrado que el Auto Interlocutorio Definitivo haya sido emitido fuera o apartándose de la normativa legal; toda vez que, el hecho cuestionado radica en el fondo en una resolución administrativa emitida por una institución y no así por el Tribunal Agroambiental, puesto que éste no tenía la facultad de hacer una evaluación respecto a una emisión de una resolución administrativa, ya que para ello la normativa estableció los recursos pertinentes en la vía administrativa. Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA, mediante informe presentado el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 790 a 792 vta., reiteró los extremos señalados en el informe presentado por el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 107/22 de 13 octubre de 2022, cursante de fs. 780 vta. a 785 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, debiendo las autoridades demandadas emitir uno nuevo, bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del Auto Interlocutorio Definitivo cuestionado, se evidenció que producto de un proceso administrativo ante el INRA, los hoy accionantes, el 4 de febrero de 2022, interpusieron demanda contenciosa administrativa contra la RS 230390, demanda que ameritó dos observaciones de 24 de febrero de 2022, subsanada mediante memoriales de 23 de febrero y de 10 de marzo, ambos de ese año; así, a posteriori de estas dos observaciones se emitió el Auto de 18 de marzo de 2022, de admisión de la demanda contenciosa administrativa, notificándose todos los sujetos procesales, demandados y terceros interesados; 2) El 19 de mayo de 2022, el INRA presentó un incidente de nulidad de notificación, argumentando que la RA DDSC-UDAJ 27/2021 y la notificación de 6 de enero del 2022, realizada con la RS 230390, fueron anuladas y dejadas sin efecto legal mediante la RA RA-AD 0015/2022, por lo que al haber sido dejada sin efecto e insubsistente, no corresponde por el conocimiento de la demanda contenciosa administrativa; 3) Se evidenció la existencia de un voto disidente en el que la Magistrada Ángela Sánchez Panoso, después de realizar una labor intelectiva del incidente, dispuso por rechazar el incidente de nulidad en calidad de disidencia y por lo tanto no forma parte del Auto Interlocutorio Definitivo S2a 42/2022; 4) La parte hoy demandada, emitió la Resolución ahora cuestionada, con la existencia de un voto disidente, y decidió declarar probado el incidente de nulidad, cuando la demanda contenciosa administrativa fue presentada el 4 de febrero de 2022, admitida el 18 de marzo del mismo año y a posteriori de dos observaciones, la razón que generó la posibilidad de formulación de un incidente por parte del INRA, es forjada el 13 de mayo del referido año; es decir, poco más de dos meses después de la presentación y admisión de la demanda contenciosa administrativa; 5) Desde la perspectiva constitucional inductiva, el principio de seguridad jurídica refuerza la teoría de que cualquier habitante en el Estado boliviano, no puede estar supeditado a un acontecimiento futuro e incierto, cuando en la aplicación de la ley o seguridad jurídica se trata de la previsibilidad de la norma, que no puede verse lesionada ni limitada por actuaciones procesales posteriores y mucho menos en la vía incidental, cuando el Tribunal Agroambiental tiene la facultad de considerar cuanta prueba le sea ofrecida posteriormente a la admisión, es decir, en el desarrollo y sentencia de la demanda contenciosa administrativa, más no en la vía incidental; empero, lo que hace es considerar aspectos de manera posterior a la presentación de la demanda y cuando al INRA no le revestía competencia alguna; y, 6) El hecho de considerar un acto jurídico emergido, creado o producido dos meses después de la admisión de la demanda contenciosa, vulnera y lesiona el principio de seguridad jurídica, vinculado al principio, derecho o garantía a la igualdad, todos como vertiente del derecho al debido proceso y por esta razón, cualquier otra consideración de orden jurídico constitucional resulta estéril.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 4 de febrero de 2022, Daniela Alejandra Da Costa Cabrera, en representación de Luis Matías y Wilson Haroldo, ambos Jiménez Dorado, Ana María Jiménez de Landívar y Martha Teresa Jiménez de Tavolara – ahora parte accionante– interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la RS 230390 de 24 de diciembre de 2008, misma que fue notificada a los prenombrados a través de su representante legal Hermilo Jaime Zelada Justiniano el 6 de enero de 2022 (fs. 4 a 10). Demanda observada dos veces, mediante providencias de 10 y 24 de febrero de igual año, subsanadas a través de escritos de 23 de febrero y 10 de marzo de igual año (fs. 11 a 15 vta.). Admitiéndose la demandada contencioso administrativa por Auto 46/2022 de 18 de marzo (fs. 16 y vta.). Asimismo, por memorial presentado el 30 de marzo de 2022, la parte demandante amplió su demanda pidiendo la anulación de obrados hasta la Resolución Instructoria 91/2001 de 5 de octubre (fs. 32 a 34 vta.), ampliación admitida mediante Auto 57/2022 de 6 de abril (fs. 35). II.2. Cursa RA RA-AD 0015/2022 de 13 de mayo, emitida por Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA -ahora tercero interesado-, a través de la cual se resolvió anular el Informe Jurídico DDSC-SAN-INF. 1416/2021 de 22 de septiembre, la RA DDSC-UDAJ 27/2021 de 27 de octubre y las notificaciones personales de 6 de enero y de 23 de febrero, ambas de 2022, actuados sustanciados dentro del proceso de saneamiento simple de oficio (SAN-SIM) de los predios denominados “San Silvestre” y “Osiñeca” al interior del polígono 001 ubicado en el cantón San José, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, quedando subsistente la notificación por cédula de 3 de diciembre de 2009, con la RS 230390 (fs. 430 a 431 ANEXO). II.3. Por memorial presentado el 19 de mayo de 2022, el Director Nacional a.i. del INRA –hoy tercero interesado– se apersonó al proceso contencioso administrativo planteando incidente de nulidad para que se resuelva con carácter previo, haciendo conocer la RA RA-AD 0015/2022 (fs. 432 a 435 vta. del ANEXO 3). Providenciado el 23 de mismo mes y año, corriéndose traslado dicho incidente para que respondan en término de ley (fs. 18).
junio, Gregorio Aro Rasguido y Elva Terceros Cuellar, Magistrados de la Sala Segunda y Primera respectivamente del Tribunal Agroambiental -ahora demandados- declararon probado el incidente de nulidad presentado por Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA en representación del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia –terceros interesados–, anulando obrados “hasta fs. 318 inclusive” (sic) disponiendo se rechace la demanda contenciosa administrativa en razón al plazo perentorio establecido en el art. 68 de la LSNRA (fs. 20 a 23 vta.).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia omisiva, omisión valorativa, aplicación de la legalidad infraconstitucional, a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad; toda vez que, los Magistrados ahora demandados, habiendo admitido mediante Auto 46/2022 de 18 de marzo, la demanda contenciosa administrativa incoada en contra de la RS 230390, emitieron el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022, declarando probado un incidente de nulidad presentado por el INRA, con base a la RA RA-AD 0015/2022, dictada por esa misma instancia para anular las notificaciones realizadas el 6 de enero de 2022, cuando ya operó la prohibición contenida en el art. 82.II del DS 29215; razón por la cual, era obligación del Tribunal Agroambiental respetar dicha norma en su contenido literal. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La motivación, así como la fundamentación entre otros, son elementos que componen el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional y deben ser observados por las y los juzgadores al momento de emitir sus resoluciones; en este sentido, sobre esta temática, la SCP 0461/2019-S4 de 12 de julio, se señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de un fallo tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 752/2002-R y 1369/01-R, entre otras).
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere” (las negrillas son nuestras). Asimismo, respecto a la congruencia, la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señaló que, la misma se entiende como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).
En relación al incidente de nulidad, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0249/2012 de 29 de mayo, estableció que: “El incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él, es un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o tribunal deben resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un acto; su característica principal es que se lo tramita de manera paralela al proceso principal. En ese orden, en la SC 0788/2010-R de 2 de agosto, se refirió lo siguiente: ‘…conforme se tiene señalado en los fundamentos expuestos en el punto precedente, es posible y hasta una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y por tanto, sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad, demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, y una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional’. De lo mencionado se puede colegir que el incidente de nulidad es una figura jurídica de aplicación al ámbito jurisdiccional, instancia ante la cual, previo a acudir a la vía constitucional deberá demandarse la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar (…)” (las negrillas nos corresponden). Asimismo, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, determinó que: “La nulidad es la desviación de los medios de proceder, no es un fin en sí misma, sino que invocada, tiene un valor instrumental destinado a reconducir la aplicación del derecho. Las nulidades pueden generarse en el transcurso del trámite del proceso, en la fase de emisión del fallo, en su ejecución o posterior a ella, aun cuando el caso hubiere adquirido calidad de cosa juzgada. A decir de los tratadistas Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Wilson Jaime Villarroel Montaño en su libro, Derecho Procesal Orgánico y Ley del Órgano Judicial: ‘Constituyen vicios de nulidad, por ejemplo, la falta de notificación en la forma prevista por el procedimiento, la omisión de fijación de puntos de hecho en el auto de apertura de la estación probatoria, etc… En rigor, los más importantes vulneran los principios y garantías constitucionales del debido proceso’ (pág. 262). En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: ’…el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad. Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución’. En esa comprensión, ‘es posible y hasta una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso judicial, así esté ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y por tanto, sus derechos fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad, demostrando en el mismo su indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, y una vez agotada la vía incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional’ (SC 0788/2010-R de 2 de agosto). En conclusión, el incidente de nulidad se activa en presupuestos excepcionales, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la jurisprudencia constitucional; pudiendo ser interpuesto en cualquier etapa del proceso, inclusive en la fase posterior a la ejecutoria del fallo, ante la autoridad donde se produjo la irregularidad; y en caso de considerar que las lesiones alegadas persisten, corresponderá plantear contra dicha resolución, el recurso de apelación o de alzada, agotando de esa manera las vías idóneas de impugnación intraprocesal, y en caso de no obtener una resolución favorable que repare sus derechos vulnerados, entonces recién quedará expedita la jurisdicción constitucional; empero, una vez agotados los mecanismos de reclamación en la vía ordinaria; como se señaló, la cosa juzgada pierde su valor cuando fue el resultado de vulneración de derechos y garantías” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto la SCP 0508/2013 de 19 de abril estableció que: “…el anterior Tribunal Constitucional, estableció una jurisprudencia consolidada de los casos en los que opera la nulidad procesal, refiriendo que: ‘…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos «No hay nulidad, sin ley específica que la establezca» (Eduardo Cuoture, «Fundamentos de Derecho Procesal Civil», p. 386); b) Principio de finalidad del acto, «la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto» (Palacio, Lino Enrique, «Derecho Procesal Civil», T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, «en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento» (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, «Nulidades Procesales»)'. Ampliando el entendimiento de las SSCC 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011-R de 16 de marzo, que ha manifestado: ‘…el que demande por vicios procesales, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad’ (SC 0731/2010-R de 26 de julio)” (el resaltado y el subrayado son nuestros).
La SCP 0471/2019-S4 de 12 de julio estableció: “…a través de la SCP 0096/2012 de 19 de abril, se señaló que la seguridad jurídica podrá ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional cuando esté directamente vinculada a un derecho fundamental, ello en los siguientes términos: ‘Ahora bien, el art. 178 de la Norma Fundamental, reconoce a la seguridad jurídica como un principio constitucional, sobre el cual se sustenta la potestad de impartir justicia, así lo entendió la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, al afirmar: «…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad». Razonamiento que nos lleva a concluir que a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional’” (las negrillas son agregadas).
Jurisprudencia reiterada
Al respecto, la SCP 0005/2018-S4 de 6 de febrero, analizó y entendió que: “La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció lo siguiente: ‘…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos e la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico-argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos pertenecen).
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia omisiva, omisión valorativa, aplicación de la legalidad infraconstitucional, a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad; toda vez que, los Magistrados ahora demandados, habiendo admitido mediante Auto 46/2022, la demanda contenciosa administrativa incoada en contra de la RS 230390, emitieron el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022, declarando probado un incidente de nulidad presentado por el INRA, en base a la RA RA-AD 0015/2022 de 13 de mayo, dictada por esa misma instancia para anular las notificaciones realizadas el 6 de enero de 2022, cuando ya operó la prohibición contenida en el art. 82.II del DS 29215; razón por la cual, era obligación del Tribunal Agroambiental respetar dicha norma en su contenido literal. De los antecedentes venidos en revisión y establecidos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que el 4 de febrero de 2022, Daniela Alejandra Da Costa Cabrera, en representación de José Luis Matías y Wilson Haroldo, ambos Jiménez Dorado, Ana María Jiménez de Landívar y Martha Teresa Jiménez de Tavolara –ahora parte accionante– interpusieron demanda contenciosa administrativa en contra de la RS 230390 de 24 de diciembre de 2008, misma que fue notificada a los prenombrados a través de su representante legal Hermilo Jaime Zelada Justiniano el 6 de enero de 2022. Demanda observada dos veces, mediante providencias de 10 y 24 de febrero de idéntico año, subsanadas a través de escritos de 23 de febrero y 10 de marzo de igual año. Admitiéndose la demandada contenciosa administrativa por Auto 46/2022. Asimismo, por memorial presentado el 30 de marzo de 2022, la parte demandante amplió su demanda pidiendo la anulación de obrados hasta la Resolución Instructoria 91/2001, ampliación admitida mediante Auto 57/2022 de 6 de abril. Posterior a ello, mediante RA RA-AD 0015/2022 de 13 de mayo, emitida por Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA –ahora tercero interesado–, se resolvió anular el Informe Jurídico DDSC-SAN-INF. 1416/2021 de 22 de septiembre, la RA DDSC-UDAJ 27/2021 de 27 de octubre y las notificaciones personales de 6 de enero y de 23 de febrero, ambas de 2022, actuados sustanciados dentro del proceso de saneamiento simple de oficio (SAN-SIM) de los predios denominados “San Silvestre” y “Osiñeca” al interior del polígono 001 ubicado en el cantón San José, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, quedando subsistente la notificación por cédula de 3 de diciembre de 2009, con la RS 230390. Resolución Administrativa adjunta al memorial presentado el 19 de mayo de 2022, por el Director Nacional a.i. del INRA, quien se apersonó al proceso contencioso administrativo planteando incidente de nulidad para que se resuelva con carácter previo. Providenciado el 23 de mismo mes y año, corriéndose traslado dicho incidente para que respondan en término de ley. En ese mérito, mediante Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, Gregorio Aro Rasguido y Elva Terceros Cuellar, Magistrados de la Sala Segunda y Primera respectivamente del Tribunal Agroambiental –ahora demandados– declararon probado el incidente de nulidad presentado por Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA en representación del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia -terceros interesados-, anulando obrados “hasta fs. 318 inclusive” (sic) disponiendo se rechace la demanda contenciosa administrativa en razón al plazo perentorio establecido en el art. 68 de la LSNRA.
Ahora bien, expuesta como está la problemática, se entiende claramente que la parte hoy accionante reclama que los Magistrados demandados, habiendo admitido su demanda contenciosa administrativa contra la RS 230390, a raíz de un incidente de nulidad interpuesto por el INRA, sobre la base de una Resolución Administrativa emitida dos meses después de haber sido admitida su demanda, mediante Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, resolvieron declarar probado dicho incidente, anular obrados y disponer el rechazo su demanda contenciosa administrativa en razón al plazo perentorio establecido en el art. 68 de la LSNRA, incumpliendo con dicha determinación lo establecido en el art. 82.II del DS 29215, lo que generó lesión de los derechos invocados. Bajo ese marco, entendiendo que la parte accionante reclama falta de fundamentación, motivación y congruencia, corresponde en primera instancia efectuar una revisión del Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, en cuanto a dichos extremos, siendo necesario establecer los argumentos de la mencionada resolución confutada, que fue pronunciada con base a lo siguiente: i) La RA RA-AD 0015/2022, anuló un acto administrativo irregular, que no se enmarca dentro de los preceptos legales, quedando sin efecto mediante una Resolución de igual jerarquía y emitido por autoridad competente; consecuentemente, la ineficacia en el tráfico jurídico que genera la nulidad referida, afecta al propio acto defectuoso, pero también a aquellos conexos con él, siendo que determinados vicios pueden establecer la nulidad de todo el procedimiento; ii) Como el acto nulo no puede producir los efectos de un acto normal, legal y legítimamente pronunciado, todas las actuaciones que sigan a él y que sean su consecuencia deben ser declaradas ineficaces, es decir sin valor legal, fenómeno conocido en la doctrina como “nulidad derivada”; iii) La competencia del Tribunal Agroambiental, para conocer las demandas contenciosa administrativas, conforme a lo previsto en los arts. 189.3 de la CPE y 36.3 de la LSNRA, se habilita con la presentación de la demanda señalada supra, adjuntando la Resolución Final de Saneamiento cuestionada y la diligencia de notificación con la Resolución antes citada, a efectos del trámite procesal de puro derecho, el cual apertura para conocer y resolver procesos contenciosos administrativos, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 68 de la LSNRA, es decir, en el plazo de treinta días computables a partir de la legal notificación; iv) En el presente caso, se está frente a una notificación con la RS 230390 de 24 de diciembre de 2008, de más de trece años de generado el acto administrativo, plazo que al traducirse en más de una década, rompe con el principio de plazo razonable, desnaturalizando la esencia y características del proceso de saneamiento y del propio proceso judicial contencioso administrativo; por lo tanto, el acto administrativo que marcó el inicio de la competencia de este Tribunal, se encuentra invalidado por irregularidades, generando para la administración de justicia incertidumbre y, por lo mismo afecta al principio de legalidad y seguridad jurídica, poniendo en duda también la legitimidad del actor para instaurar la demanda, y más aún cuando por el principio general de derecho, un plazo razonable y su exigencia responde a la materialización de un proceso justo; y, v) El incidente de nulidad opuesto, contiene toda la trascendencia y relevancia jurídica que amerita una nulidad de obrados, toda vez que, la apertura de la competencia del Tribunal Agroambiental, para conocer procesos contenciosos administrativos, se encuentra prevista en los arts. 36.3 y 68 de la LSNRA; en consecuencia, al haberse anulado la notificación efectuada el 6 de enero de 2022, por el propio ente administrativo encargado del proceso de saneamiento, mediante RA RA-AD 0015/2022, tiene validez y legitimidad, dejándose claro que la referida Resolución Final de Saneamiento, fue notificada el 3 de diciembre de 2009, habiendo alcanzado ejecutoria, por lo que la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer la demanda se encuentra coartada, en razón a que el plazo de impugnación venció hace más de trece años. Así expuestos los argumentos de la Resolución observada a través de esta acción de amparo constitucional, es posible entender que la misma tiene como base de sus argumentos y sustento de su reclamo, la existencia de la RA RA-AD 0015/2022, emitida el 13 de mayo de 2022 a través de la cual, se anula la notificación efectuada el 6 de enero de 2022 con la RS 230390 a la parte hoy accionante, actuado que dio paso a la apertura de la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer la demanda contenciosa administrativa interpuesta contra la mencionada Resolución Suprema; no obstante, considerando que uno de los argumentos centrales de este Auto Definitivo, para rechazar dicha demanda, fue precisamente la consideración de que el acto nulo no puede producir efectos de un acto normal, legal y legítimamente pronunciado, ya que éste fue declarado ineficaz, y por consiguiente se concluyó que aquella notificación con la RS 230390 de 24 de diciembre de 2008, fue materializada hace más de trece años de generado el acto administrativo, y que a decir de las autoridades hoy demandadas, al ser éste el que marcó el inicio de la competencia de ese Tribunal, por el transcurso del tiempo se encuentra invalidado en razón a su vencimiento; afirmación a la que arribaron los ahora demandados con una absoluta falta de explicación sobre la anulación de obrados, pues en todo su entendimiento y contextualización, no existe manifestación alguna sobre cómo es que la emisión de una Resolución con posterioridad a la admisión de la demanda contenciosa permitió que el proceso desemboque en una anulación de obrados, así como tampoco se advierte la norma que prevé ese extremo y en la cual hubiesen amparado su determinación, incumpliendo así con los presupuestos de fundamentación y motivación, que claramente se encuentran desglosados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que en su contenido y aplicación exige que toda resolución exponga la razón de la aplicación de determinada normativa al caso en concreto. Asimismo, en el entendido de que el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, emerge de un incidente de nulidad interpuesto por el INRA en representación del Presidente del Estado Plurinacional –ahora tercero interesados–, se debe tener en cuenta que conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él, siendo éste un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o tribunal debe resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un acto; su característica principal es que se lo tramita de manera paralela al proceso principal, es decir que, la nulidad es la desviación de los medios de proceder; empero, no es un fin en sí misma, sino que invocada, tiene un valor instrumental destinado a reconducir la aplicación del derecho. Bajo ese entendimiento, y acorde al régimen de nulidades procesales, las mismas estaban supeditadas a los principios de trascendencia, legalidad o especificidad y convalidación que las rigen, de ello se entiende que las nulidades que se vayan a disponer en los diferentes procesos puestos a consideración de las instancias pertinentes, deben analizar dichos principios para que sea habilitada la nulidad de obrados; lo mismo sucede en la jurisdicción constitucional, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el cual determinó la necesidad del cumplimiento de determinados principios para que sea procedente la declaratoria de nulidad procesal, como los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia y de convalidación; entonces, considerando dichos parámetros, se advierte que los Magistrados ahora demandados, si bien dispusieron la anulación de obrados y el rechazo de la demanda contenciosa administrativa a partir de un incidente de nulidad, empero no consideraron que aquella nulidad fue producto de una Resolución Administrativa emitida de manera posterior a la demanda incoada, y a su propia admisión en la jurisdicción agroambiental; lo que dio paso a que aquella decisión no se enmarque en los principios de necesario cumplimiento para ese fin, tampoco explicaron las razones por las que consideraron que se cumplían los principios señalados o si el incidente cumplía con ellos; consiguientemente, esa falta de aplicación uniforme de la jurisprudencia, o de una explicación fundada de su alejamiento, genera una vulneración al principio de seguridad jurídica, el cual de acuerdo a lo previsto en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, es el medio de protección contra la actuación arbitraria estatal, siendo posible su protección por estar estrechamente relacionada su vulneración con el derecho al debido proceso, pues dichos precedentes marcan el camino procesal a seguirse para la anulación de obrados y su incumplimiento genera inseguridad jurídica, causando incertidumbre en los litigantes con casos análogos, al no tener certeza de cómo el juzgador actuará frente a su situación jurídica a plantearse y en el presente caso, el accionante busca que se actúe como se podía prever, de acuerdo a dichos precedentes jurisprudenciales. En el marco del análisis realizado de forma precedente se advierte que el Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 042/2022, no cumple con las exigencias y requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada en el indicado Fundamento Jurídico III.1, careciendo por lo tanto, de la debida fundamentación y motivación requerida en todo fallo, por cuanto se evidenció que el mismo no emitió un criterio argumentativo puntual y fundado con relación a la nulidad dispuesta, evidenciándose argumentos y conclusiones que denotan un apartamiento de las exigencias requeridas, a fin de que la Resolución cuestionada contenga una clara exposición de los motivos y las razones específicas que sustenten su determinación, incurriendo en una motivación evasiva, arbitraria e insuficiente, en base a criterios que se apartaron de la finalidad que persigue el proceso contencioso administrativo agroambiental; omisión que lesiona asimismo el debido proceso ante la incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, sobre todo en la conceptualización del proceso contencioso administrativo que tiene por objeto, el control de legalidad de los actos administrativos, así como, que a tiempo de su emisión no se hubieran transgredido las normas legales y reglamentarias del país, impidiendo la materialización de la verdad material de los hechos, vulnerando el derecho a una resolución fundamentada y motivada como elementos del debido proceso lo que indudablemente, reviste de relevancia constitucional. Asimismo, y como corolario del análisis efectuado, se debe remarcar que el art. 68 de la LSNRA, señala que: “Las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento serán impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional, en proceso contencioso-administrativo, en el plazo perentorio de treinta días (30) computables a partir de su notificación”; por lo que, en el caso concreto quedó abierta a partir de la notificación efectuada el 6 de enero de 2022, habiendo cumplido la parte hoy accionante con el procedimiento al adjuntar a la demanda contenciosa administrativa impetrada la Resolución Suprema objeto de la demanda, más la notificación con la misma efectuada a los interesados, elementos con los cuales se apertura la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer y resolver dicho proceso conforme a ley, siendo además ese cumplimiento de requisitos los que dieron lugar a la admisión de la demanda a través del Auto 46/2022 de 18 de marzo y su ampliación mediante Auto 57/2022; por lo que el incidente de nulidad planteado, además de constituirse en una cuestión accesoria conforme el art. 339 del Código Procesal Civil (CPC), que no suspende la prosecución de la causa principal, el mismo fue presentado en base a una Resolución Administrativa emitida con posterioridad a la admisión de la causa, aspecto que en todo caso desconoce los alcances y efectos de lo dispuesto en el art. 82.II del DS 29215 que establece que “La interposición de demandas contencioso – administrativas, suspenden la competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria para el caso concreto”; es decir, que el INRA no tenía competencia para seguir dictando resoluciones dentro del expediente o proceso de saneamiento objeto de la demanda contenciosa administrativa, a partir de la fecha de la admisión de la demanda; aspecto tal, que en efecto vulnera el derecho al debido proceso en la vertiente aplicación de la norma. En ese orden, respecto de la nulidad sobrevenida, las autoridades demandadas tampoco explicaron de manera clara y suficiente, los efectos jurídicos de la RA RA-AD 0015/2022 de 13 de mayo; por la que, se decidió reconocer una nulidad de actuados retrotrayendo los mismos a un estado tal que provocó indudablemente la lesión al principio de acceso a la justicia, ya que a partir de una nulidad como la ocurrida en el caso que se analiza, se generó que la parte accionante se vea imposibilitada de formular la demanda contenciosa administrativa, por una supuesta preclusión de derechos como es la ausencia de plazo de los treinta días que la ley reconoce al administrado para plantear dicha demandada, que bajo un criterio sesgado y arbitrario fue entendido que éste ya había vencido hace más de trece años, bajo una supuesta nulidad que no encuentra sustento en normativa alguna. En efecto, se advierte que los Magistrados del Tribunal Agroambiental, no dieron explicación alguna si resultaba viable que el INRA hubiera promovido la nulidad de sus propios actos, por cuanto fue esa entidad administrativa quien a partir de la emisión de la RA RA-AD 0015/2022 de 13 de mayo, y cuando el proceso contencioso administrativo ya se encontraba en pleno trámite, bajo la jurisdicción del Tribunal Agroambiental; generó el Informe Técnico Legal DGST-JRLL-INF-SAN 1165/2022 de 13 de mayo, dejando sin efecto el Informe DDSC-SAN-INF 1416/2021 y la RA DDSC-UDAJ- 27/2021, cuando el ente ejecutor de saneamiento como es el INRA, había perdido toda competencia o potestad para seguir emitiendo Resoluciones; análisis que en momento alguno tampoco fue realizado por las autoridades hoy demandadas, ya que solo se limitaron a señalar que la ineficacia en el tráfico jurídico que genera la nulidad referida, afecta al propio acto defectuoso, pero también a aquellos conexos con él, siendo que determinados vicios pueden establecer la nulidad de todo el procedimiento, afirmación que indubitablemente contravino los derechos invocados por la parte impetrante de tutela; por lo que, bajo todas las consideraciones precedentemente efectuadas corresponde la concesión de la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/22 de 13 octubre de 2022, cursante de fs. 780 vta. a 785 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 042/2022 de 28 de junio, conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo constitucional, debiendo las autoridades demandadas mantener firme y subsistente el Auto de admisión 46/2022 de 18 de marzo y continuar con la tramitación del proceso contencioso administrativo incoado por la parte hoy accionante, en el marco del derecho al debido proceso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0341_2023-S4.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7457e39d784f6566e62045cbb65fd73fcf430a9417ef4069bc4c18770bb8caac
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →