Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso “…en sus modalidades de derecho a la vida (vivir bien) y legalidad…” (sic); puesto que, desde que se recogió el requerimiento de restitución de la menor de edad AA a su domicilio -medida de protección-, transcurrieron más de setenta y dos horas sin que se ejecute el mismo, al no designarse investigador asignado al caso; ya que, dicho requerimiento debió ser efectuado inmediatamente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; 2) La legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrancia vulneración del derecho alegado por el accionante; 3) Sobre las medidas de protección a otorgarse en procesos penales que deriven de hechos de violencia contra la mujer y/o sus dependientes; 4) Sobre el derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia; 5) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, 6) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Walter Paul Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de El Alto del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que Walter Paul Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia del El Alto del departamento de La Paz, a través del investigador asignado al caso, proceda inmediatamente a ejecutar el Requerimiento de restitución en el hogar de la menor de edad AA de quince años, ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, siempre y cuando aquello aún no se hubiese realizado.
b) Exhortar a Ariel Ramiro Hinojosa Villca, Fiscal de Materia, para que actúe con la debida diligencia en casos que impliquen a mujeres menores de edad en situación de violencia, a cuyo efecto, por Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional notifíquese, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al mencionado Fiscal de Materia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0340/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53948-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por German Quispe Yujra en representación sin mandato de NN contra Walter Paul Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del El Alto del departamento de La Paz.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 5 a 8 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de NN -accionante-en representación de su hija menor de edad AA contra Julio César Paredes Laura y Cristina Huanca Quispe -denunciados-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el Fiscal de Materia dispuso como medidas de protección, el requerimiento de restitución de la menor víctima a su domicilio, quien es adolescente de quince años de edad, el referido requerimiento no fue ejecutado dentro del plazo establecido, debido a la burocracia y formalismo; ya que, no se efectuó la designación de investigador del caso, cuando dicha designación debió ser de manera inmediata, para evitar dilaciones innecesarias; en consecuencia, desde que se recogió el mencionado requerimiento transcurrieron más de setenta y dos horas sin que se ejecute el mismo, inaplicando las medidas de protección. Con relación a Juan Carlos Sarzuri Condori, Sargento, se excusó indicando que la Encargada de archivos de la FELCV, Dirección Regional de El Alto del departamento de La Paz, no le informaron sobre su reasignación como nuevo investigador del caso, conforme al Formulario Único de Denuncia (FUD) 201502022211073.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso “…en sus modalidades derecho a la vida (vivir bien) y legalidad…” (sic); citando al efecto los arts. 15, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Restituir a la menor de edad AA, a su domicilio ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; y, b) Conminar al Director ahora accionado para que dé atención inmediata a las personas que se encuentren en situación de doble vulnerabilidad.
Celebrada la audiencia pública el 17 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El 13 de febrero de 2023, le entregaron un requerimiento de restitución, esa mismo fecha, se dirigió al Módulo Policial del Regimiento 5, Huayna Potosí de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, en dicho lugar, el investigador asignado al caso “Marco Antonio Acpe”, Sargento, se excusó manifestando que se encontraba de descanso y no podía ejecutar el referido requerimiento; por lo que, esperó hasta el 14 de igual mes y año, oportunidad en la que el citado investigador indicó que por orden del Director ahora accionando, se procedería conforme a la jurisdicción y competencia, aclarando que su persona pertenecía a otra jurisdicción y que se comunicaría con el otro investigador Juan Sarzuri Condori, quien indicó que se encontraba de vacación; 2) El 16 del referido mes y año, se encontraron a las 8:00 horas, para ejecutar el requerimiento de restitución de la menor de edad AA. En ese momento, el investigador asignado al caso informó que la Encargada de Archivos de la Dirección Regional de la FELCV de El Alto del mismo departamento, no le entregó el cuaderno de investigación; por lo que, se constituyó en la citada Oficina de Archivos donde le indicaron que por orden del Director hoy accionado, las remisiones se efectúan después de mediodía; posteriormente, se ejecutó el requerimiento de restitución; 3) No resulta procedente afirmar que no se agotó la vía ordinaria, siendo que en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y el Código Niña, Niño y Adolescente, rige la informalidad así como la desformalización, porque el grupo al que pertenece la menor de edad AA es un grupo vulnerable, el cual es objeto de atención prioritaria por parte del Estado; y, 4) Las medidas de protección fueron establecidas; sin embargo, hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad, no fueron ejecutadas; por lo que, solicita garantías para asegurar su cumplimiento.
Walter Paul Lens Altamirano, Director Regional de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 17 de febrero de 2023, cursante a fs. 11; así como en audiencia, manifestó que: i) Remitió siete fojas útiles, entre las que está el Informe 005/23 de igual fecha, emitida por la Encargada de Archivos de la Dirección Regional de la FELCV de El Alto del mismo departamento y el Informe 01/2023 de la referida fecha, pronunciada por el investigador asignado al caso, de la citada Dirección Regional; ii) Conforme al Informe emitido por la Sub Oficial “Colque” Encargada de Archivos, hace conocer que el caso en cuestión recién se le puso en conocimiento el 15 del indicado mes y año, solicitando al Fiscal de Materia el requerimiento para la reasignación de un investigador dentro del plazo de veinticuatro horas; iii) La reasignación del investigador se realizó conforme a sorteo y antigüedad, quien al ser reasignado tomó contacto con el Fiscal de Materia con la finalidad de verificar el proceso penal; iv) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del señalando departamento, refirió que no contaban con un profesional Psicólogo, ni Trabajadora Social para realizar la restitución de la menor de edad AA; es así que, el investigador asignado al caso, inmediatamente hizo conocer al Fiscal de Materia para que se emitan requerimientos para el “RIP” y “laboratorio”, con el propósito de dar cumplimiento a los mencionados requerimientos, con los cuales fueron notificados el mismo día; v) Quedaron en realizar la restitución el 22 de igual mes y año; y, de los Informes presentados por los funcionarios de la dicha entidad municipal estableciendo que se cumplieron los plazos que indicó su autoridad y que el investigador asignado al caso también cumplió con los requerimientos emitidos por esa autoridad; vi) Se cumplió con lo previsto por el art. 60 de la CPE, que establece la obligación de garantizar el interés superior de la niña, niño y adolescente, mediante la asistencia del personal especializado que se constituye en la DNA; y, vii) En ningún momento dio instrucción verbal, escrita, ni se proporcionó hoja de ruta para que se prolongue la investigación, sino que se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Fiscal de Materia. A la pregunta realizada por el Juez de garantías, respondió que la reasignación se realizó “ayer”, -16 de febrero de 2023-, y con el requerimiento fue notificado en la misma fecha, quedando en ejecutar la restitución de la menor de edad AA el “día miércoles”.
EL Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 20/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 22 a 23, al denegar la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) En las acciones de libertad al tener autoridad que ejerce el control de la investigación, cualquier reclamo debe ser realizado ante la citada autoridad; ya que, la acción de defensa no constituye un medio para hacer cumplir resoluciones emitidas por el Ministerio Público o del órgano jurisdiccional; b) En el informe de la Sub Oficial “Colque” Encargada de Archivos, se hizo referencia de que el Fiscal de Materia ya tenía conocimiento de la restitución de la menor de edad AA, la cual se llevó a cabo en coordinación con la DNA del Distrito 7 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; debido a que, se programó realizar la restitución de la referida menor de edad, para el 22 de febrero de 2023; y, c) Al ser el Fiscal de Materia quien dispuso que la citada restitución debió realizarse dentro del plazo de veinticuatro horas, cualquier reclamo debió ser efectuado ante dicha autoridad o en su defecto, acudir ante el Juez de garantías si existe, por el incumplimiento de un Requerimiento Fiscal por parte del brazo operativo de la Policía Boliviana, extremos que hacen un impedimento para ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada. En vía de complementación y enmienda, la accionante solicitó que aclare la interpretación que se le dio a la SCP 0414/2019-S3 de 12 de agosto -que fue mencionada en su memorial-, señalando que no es necesario el principio de subsidiariedad cuando se trata de grupos vulnerables, con la finalidad de poder ingresar al fondo de la problemática planteada; asimismo, se complementó sobre la inaplicabilidad de los arts. 130 y 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establecen de manera clara los casos en los que se aplican las horas y los días ordinarios o extraordinarios; ya que, se hubiese modificado su plazo a horas hábiles. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías aclaró que, la SCP 0414/2019-S3, es aplicable en casos de víctimas de violencia familiar o doméstica, permite ingresar al fondo de la problemática planteada, cuando se trata del derecho a la vida; empero, en el presente caso no se hizo referencia de qué manera se afectó dicho derecho; puesto que, únicamente se emitió un Requerimiento Fiscal y se coordinó la fecha para la ejecución del requerimiento ordenado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 9 febrero de 2023, dirigido al Fiscal de Materia, NN -hoy accionante- en representación de su hija menor AA, solicitó que se cumpla con lo dispuesto en las medidas de protección emitidas el 13 de diciembre de 2022, en virtud de lo establecido por los arts. 35.5 y 87.3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en concordancia con el art. 389 bis del CPP, con la finalidad de cumplir con los estándares de la Constitución Política del Estado, velando por el derecho a vivir bien; ya que, su persona pertenece a un grupo de doble vulnerabilidad y de doble protección; asimismo, pidió la restitución de su bien inmueble; por lo tanto, se proceda a la restitución de su hogar y domicilio, que se encuentra ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz (fs. 3), dicho memorial mereció en respuesta el decreto de 10 del mismo mes y año, en el cual se conminó al investigador asignado al caso a informar, dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento de las medidas de protección y se emita el requerimiento de restitución del domicilio en favor de citada menor de edad; también, se dispuso la notificación a la DNA del Distrito 7 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, con la finalidad de que se encargue del seguimiento y acompañamiento correspondiente (fs. 3 vta.) II.2. A través del Requerimiento Fiscal de 10 de febrero de 2023, suscrito por el Fiscal de Materia, quien requirió al investigador asignado al caso, en atención al memorial presentado por la accionante el 9 de igual mes y año, y con el objeto de velar por los derechos y garantías constitucionales; así como, por el interés superior de la niña, procediera a la restitución en el hogar de la menor de edad AA de quince años, ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, información que debió ser remitida al despacho del citado Fiscal en un plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación (fs. 4). II.3. Consta Requerimiento Fiscal de 14 de febrero de 2023, suscrito por el Fiscal de Materia, quien requirió al Jefe Departamental de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, que por medio de la oficina correspondiente, se procediera a la asignación o reasignación del investigador del proceso investigativo, con el objeto de realizar la prosecución de la causa y una vez que sea notificado con ese requerimiento el investigador asignado al caso debió presentarse en el plazo de veinticuatro horas en el despacho del referido Fiscal para proceder con la revisión del cuaderno de investigación (fs. 13). II.4. Cursa Libro de Registro de Asistentes de 15 de febrero de 2023, en el cual consta que, a las 9:30 horas, de esa fecha, se efectuó la reasignación del investigador asignado al caso (fs. 14); asimismo, corre Libro de Reasignaciones de la “FELCV 25 de julio” de la misma fecha; en la que, se procedió a la reasignación del caso a Juan Sarzuri Condori, existiendo una firma de 16 del mismo mes y año (fs. 15). II.5. Mediante Informe 005/23 de 17 de febrero de 2023, dirigido a Walter Paul Lens Altamirano, Director Regional de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, la Encargada de Archivos de la FELCV de El Alto del mencionado departamento, señaló que, en el primer punto, el 15 del mismo mes y año, a las 9:30 horas, se hizo presente la Asistente del Fiscal de Materia, remitiendo el proceso penal con el FUD 201502022211073, entre otros documentos, tales como el Requerimiento Fiscal de reasignación de investigador, Requerimiento Riscal dirigido al investigador asignado al caso, para la restitución de la menor de edad AA y la reasignación a Juan Carlos Sarzuri Condori; en el tercer punto, indicó que el 16 de ese mes y año, mediante comunicación telefónica se hizo conocer al investigador reasignado sobre el proceso penal y la documentación remitida; por lo que, posteriormente el nombrado se hizo presente en la Oficina de Archivos con el objeto de recepcionar el caso que le fue reasignado; finalmente, en el cuarto punto se hizo constar que, de acuerdo al Requerimiento Fiscal de reasignación, se dispuso que la referida reasignación se efectúe en el plazo de veinticuatro horas (fs. 12). II.6. Por Informe 01/2023 de 17 de febrero, dirigido al Director hoy accionado, el investigador FELCV - Anexo 25 de julio de El Alto del departamento de La Paz, informó que, con relación al proceso penal que le fue reasignado, a denuncia de la accionante contra Julio César Flores Cachi -denunciado-, por el delito de violencia familiar o doméstica, en el que resultó como víctima la menor de edad AA, la misma le fue entregada el 16 de igual mes de 2023, en dicho Informe el investigador asignado al caso señaló que recogió los requerimientos relacionados al cuaderno de investigación -en la que no se encontró el requerimiento de restitución de la menor de edad AA- (fs. 16 y vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso “…en sus modalidades de derecho a la vida (vivir bien) y legalidad…” (sic); puesto que, desde que se recogió el requerimiento de restitución de la menor de edad AA a su domicilio -medida de protección-, transcurrieron más de setenta y dos horas sin que se ejecute el mismo, al no designarse investigador asignado al caso; ya que, dicho requerimiento debió ser efectuado inmediatamente. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La tutela inmediata del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; 2) La legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrancia vulneración del derecho alegado por el accionante; 3) Sobre las medidas de protección a otorgarse en procesos penales que deriven de hechos de violencia contra la mujer y/o sus dependientes; 4) Sobre el derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia; 5) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, 6) Análisis del caso concreto.
La SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: “De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla, esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar. Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad, el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección; conforme a lo establecido en el art. 125 de la CPE, que dispone: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Respecto a esta temática, el razonamiento jurisprudencial reiterado por el Tribunal Constitucional -SSCC 0008/2010-R de 6 de abril, 0080/2010-R de 3 de mayo y 0589/2011-R de 3 de mayo, entre otras- ha precisado que, al tratarse de la tutela del derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, bajo ningún argumento puede aplicarse la excepción de subsidiariedad de la presente garantía jurisdiccional, lo cual compele a esta jurisdicción, efectuar el respectivo trámite, dejando de lado cualquier otro mecanismo ordinario de protección existente para ello. Ahora bien, en relación a qué elementos se adscriben al ámbito de protección del derecho a la vida, la SCP 0033/2013 de 4 de enero refiere que: ʽ…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que disponeʼ . Consecuentemente, garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. En este contexto, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. A partir del desarrollo anterior, se puede establecer que un elemento nocivo al ejercicio de una vida digna, es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo, se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal, que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a este sector de la población. Por lo que, ante la igualdad formal que reconoce el constituyente -art. 13.III de la CPE- y sobre el hecho que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho, que supone reconocer un derecho subjetivo fundamental a recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en las condiciones reales de la existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, resulta extensivo al trámite de la acción de libertad; más aun, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección. Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, señala que: “El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio la que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción. Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales.
Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo, que se desarrollarán a continuación: 1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: ʽ…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionanteʼ; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril, recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre- al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras”. La SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, establece que: “es posible ingresar, de manera excepcional, al análisis fondo de la problemática planteada en la acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos -la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación pasiva-, únicamente en los supuestos en que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0346/2018-S2 de 18 de julio, señala que: “Las medidas de protección son mecanismos procesales que forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo un deber del Estado garantizar las condiciones para que este derecho pueda ser ejercitado. En ese orden, el art. 32 de la Ley 348, sobre la finalidad de las medidas de protección, señala: I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.
violencia y los de sus dependientes. Las medidas de protección contempladas en la citada Ley 348, son mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia contra la mujer y la persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia contra la mujer, independiente de su género; salvaguardando de esta manera, la vida, la integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de la víctima y sus dependientes; las cuales, son de aplicación inmediata. Dichas medidas son emitidas por el Ministerio Público y homologadas por la autoridad jurisdiccional; consecuentemente, de acuerdo a las circunstancias, adquieren un carácter preventivo, así como disuasivo de los efectos de la violencia. Ahora bien, los tipos de medidas de protección se encuentran previstos en el art. 35 de la Ley 348 y se caracterizan por ser medidas integrales; pues, no solo están dirigidas a interrumpir o impedir la violencia física como tal, sino, a otorgar los medios necesarios para afrontar la violencia e inclusive, disponer de los medios económicos necesarios que les permitan cubrir sus propias necesidades y las de sus hijas e hijos. En este marco, el objeto y la finalidad de la Ley 348, de acuerdo a lo establecido por la propia Ley -art. 2-, es determinar mecanismos, medios y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio de sus derechos para el vivir bien. Consecuentemente, la Ley 348 fue promulgada con la finalidad de dar protección a las mujeres en situación de violencia, dado el alarmante índice de casos de violencia que se reporta en nuestro país; cumpliendo además, las normas internacionales sobre Derechos Humanos y las diferentes recomendaciones de los órganos de protección tanto del Sistema Universal como Interamericano de Derechos Humanos con relación a los derechos de las mujeres víctimas de violencia. De ello, se concluye que la mujer es el principal sujeto de protección de la Ley 348, de ahí, inclusive, el nombre de dicha Ley: ʽLey Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violenciaʼ. Sin embargo, es la propia Ley 348, la que, en el art. 5.IV, referido a su ámbito de aplicación, establece que: ʽLas disposiciones de la presente Ley serán aplicables a toda persona que, por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta Ley sanciona, independientemente de su géneroʼ.
Conforme a dicha norma, las disposiciones de la Ley 348 se amplían a toda persona en situación de vulnerabilidad, independientemente de su género; por cuanto, la violencia reprochada en dicha Ley, si bien tiene como sujeto de protección a la mujer, por la violencia y la discriminación estructural que existe contra ella; sin embargo, también puede extenderse a varones, en los casos en los cuáles éste sea víctima de violencia en razón de género. Efectivamente, la violencia en razón de género, no solo debe ser entendida como aquella ejercida contra las mujeres, sino contra todos quienes se aparten de los roles y estereotipos asignados a hombres y mujeres; de tal suerte que, si un varón no ʽcumpleʼ con dichos roles que social, histórica y culturalmente se les asignó -proveedores, jefes de familia, etc.-, y a consecuencia de dicho incumplimiento es sometido a violencia por parte de su entorno, indudablemente también será víctima de violencia en razón de género; y por lo tanto, debe ser protegido por la Ley 348. Sin embargo, debe aclararse que los casos de violencia contra la mujer son mayores; pues, como se tiene señalado, fue histórica y culturalmente discriminada, de ahí, la preeminencia de su protección; de donde se concluye que en los casos en los que los varones aleguen violencia en razón de género, deberá demostrarse su situación de vulnerabilidad a consecuencia de las agresiones y violencia ejercida en su contra a producto de los estereotipos y roles de género, que lo sitúan en una desventaja y subordinación en su entorno; para ello, será conveniente efectuar el análisis de cada problema jurídico en su contexto y motivaciones propias, que serán diferentes en cada caso, debiendo demostrarse de manera objetiva dicha situación de vulnerabilidad; pues, si ésta no se presenta, corresponderá que el caso sea resuelto a partir de las normas penales y procesales penales. De lo que se concluye, que las medidas de protección fueron diseñadas por el legislador para proteger a las víctimas de violencia en razón de género, sea este femenino o masculino, que se encuentre en situación de vulnerabilidad frente a su agresor o agresora. Por otra parte, la Ley 348 considera como víctimas de violencia de género a las hijas e hijos de la víctima, a quienes amplía su ámbito de aplicación; y quienes al igual que las mujeres, fueron catalogados normativa y jurisprudencialmente como grupo vulnerable, sobre quienes, en el contexto de violencia hacia la mujer, pueden constituir las relaciones de poder del hombre hacia la mujer, un factor por el que se producen y del que deriva, así el art. 61 de la Ley 348, prescribe: ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
La SCP 0478/2021-S1 de 24 de septiembre, establece que: “La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales en el que predominó y continua predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica, ya que en el caso de la mujer no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia, puesto que su situación no es asimilable, a otros sectores poblaciones que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad basada en la distribución de roles sociales que ha ido trascendiendo históricamente, lo cual engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello nos demuestra que la violencia hacia las mujeres y en particular la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que ha adquirido, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, menciona que: ‘la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos’. También, se señala que esta clase de violencia ‘constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre’. Esta Declaración entiende por ‘violencia contra la mujer’ todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Así los Estados, por una lado, identifican los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones y los ubica en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Elementos que han sido evidentes para el constituyente boliviano, y que ha incidido en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en artículo 15 la disposición que señala: ‘I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado’. El reconocimiento de sus derechos a una vida digna y acceso a la justicia, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas (medidas legislativas, administrativas, etc.) que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional en su tarea es el referido al principio de interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas conforme no sólo al texto constitucional, sino también las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE, y la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estos contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación, se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y las obligaciones que genera para el Estado: Debida diligencia: El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), instrumento jurídico internacional del sistema universal de derechos humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, emitió la Recomendación 19, en la que se afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo Comité, en la Recomendación 33, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de ‘Belem do Para’ -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. La Convención Belem do Pará ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia y en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, que está obligado a realizar acciones (legislativas, administrativas y judiciales) para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos la violencia en la familia. En este marco, los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia, pues ha generado normas de desarrollo internas contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera especial en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos: (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la Investigación, señalando en el art. 59 que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello aún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia y la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El Capítulo III de la referida Ley, ‘Persecución penal’, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que establecen la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. Por otra parte, en el Título V, ‘Legislación penal’, en el Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. (…) 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. En el mismo capítulo, respecto a las directrices de procedimiento, el art. 87 establece que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán, entre otras, las siguientes directrices: (4) ʽObligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeresʼ. Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley, que determina que todos los delitos contemplados en la Ley 348 son delitos de acción pública, de ahí la obligación no sólo de perseguir de oficio, sino también de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de la Ley 348, que bajo el nombre de ‘Responsabilidad del Ministerio Público’, señala que: Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo. De lo anotado se concluye que, en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Ahora bien, sobre el derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, la jurisprudencia constitucional señaló que consiste en: ‘…la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica’ -Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo, entre otras-. En cuanto a las perspectivas por las que puede ser abordado este derecho, que no tiene un carácter limitativo, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, estableció que el mismo implica: ‘1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’. Por lo que, en situaciones de violencia en razón de género y en el marco del principio y estándar de la debida diligencia, el derecho de acceso a la justicia implicará no solo la posibilidad que tiene toda mujer en situación de violencia acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia sino también recibir una respuesta efectiva tanto en la investigación, sanción y reparación de sus derechos; respuesta efectiva que alcanza aquellas solicitudes de medidas de protección; exigencia que no se limita a dictarlas u otorgarlas; sino a lograr su ejecución. Por otra parte, es a partir del estándar de la debida diligencia, que la jurisprudencia constitucional ha señalado que para su acceso no es necesario agotar los medios de impugnación existentes y que es posible la presentación directa de la acción de libertad o de amparo constitucional, por el riesgo existente para los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de la víctima (En ese sentido, se tienen las SSCCPP 33/2012 y 19/2018-S2, entre otras)” (las negrillas son nuestras).
Sobre la protección a víctimas niñas y adolescentes mujeres en proceso penales la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, señala que: “III.4.1. El enfoque interseccional El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: ʽ…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...ʼ. La misma Sentencia, en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: ʽ…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…ʼ. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas. En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, y Fernández Ortega y Otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre: 139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como ʽreprochable o reprobable jurídicamenteʼ, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción ʽtradicionalʼ sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas. El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que: Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros. Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito. Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y mora. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro. Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ʽLos Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niñoʼ. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
(…), tanto en el ámbito público como privado. De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable. Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los Estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que: …en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ʽlos y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concretoʼ. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ʽ…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña perteneceʼ. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, ʽhan de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechosʼ. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional
Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; entre los cuales están: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexualʼ. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: ʽ…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescenteʼ. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) III. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas). El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica: La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…) 10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;
11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: ʽ…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujerʼ. Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres: ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas son nuestras).
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso “…en sus modalidades de derecho a la vida (vivir bien) y legalidad…” (sic); puesto que, desde que se recogió el requerimiento de restitución de la menor de edad AA a su domicilio -medida de protección-, transcurrieron más de setenta y dos horas sin que se ejecute el mismo, al no designarse investigador asignado al caso; ya que, dicho requerimiento debió ser efectuado inmediatamente.
De la revisión de antecedentes, se tiene el memorial de 9 febrero de 2023, dirigido al Fiscal de Materia, la accionante solicitó que se cumpla con lo dispuesto en las medidas de protección emitidas el 13 de diciembre de 2022, en virtud de lo establecido por los arts. 35.5 y 87.3 de la Ley 348, en concordancia con el art. 389 bis del CPP, con la finalidad de cumplir con los estándares de la Constitución Política del Estado, velando por el derecho a vivir bien; ya que, su persona pertenece a un grupo de doble vulnerabilidad y de doble protección; asimismo, pidió la restitución de su bien inmueble, por lo tanto se proceda a la restitución de su hogar y domicilio, que se encuentra ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, dicho memorial mereció en respuesta el decreto de 10 de febrero de 2023, en el cual se conminó al investigador asignado al caso a informar, dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento de las medidas de protección y se emita el requerimiento de restitución del domicilio en favor de la citada menor de edad; asimismo, se dispuso la notificación a la DNA del Distrito 7 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, con la finalidad de que se encargue del seguimiento y acompañamiento correspondiente (Conclusión II.1.); por lo que, a través de Requerimiento Fiscal de la referida fecha, suscrito por el Fiscal de Materia, quien requirió al investigador asignado al caso, en atención al memorial presentado por la accionante el 9 de igual mes y año y con el objeto de velar por los derechos y garantías constitucionales; así como, por el interés superior de la niña, procediera a la restitución en el hogar de la menor de edad AA de quince años, ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del señalado departamento, información que debió ser remitida al despacho del citado Fiscal en un plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación (Conclusión II.2). Por otro lado, consta Requerimiento Fiscal de 14 de febrero de 2023, suscrito por el Fiscal de Materia, quien requirió al Jefe Departamental de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, que por medio de la oficina correspondiente, se procediera a la asignación o reasignación del investigador del proceso investigativo, con el objeto de realizar la prosecución de la causa y una vez que sea notificado con ese requerimiento el investigador asignado al caso debió presentarse en el plazo de veinticuatro horas en el despacho del referido Fiscal para proceder con la revisión del cuaderno de investigación (Conclusión II.3.); es así que, cursa Libro de Registro de Asistentes de 15 de febrero de 2023, en el cual consta que, a las 9:30 horas, de esa fecha, se efectuó la reasignación de investigador asignado al caso; asimismo, corre Libro de Reasignaciones de la “FELCV 25 de julio” de la misma fecha, en la que se procedió a la reasignación del caso a Juan Sarzuri Condori, existiendo una firma de 16 del mismo mes y año (Conclusión II.4.).
Mediante Informe 005/23, dirigido al Director ahora accionado, la Encargada de Archivos de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, señaló que, en el primer punto, el 15 del mismo mes y año, a las 9:30 horas, se hizo presente la Asistente del Fiscal de Materia, remitiendo el proceso penal con el FUD 201502022211073, entre otros documentos, tales como el Requerimiento Fiscal de reasignación de investigador, Requerimiento Fiscal dirigido al investigador asignado al caso, para la restitución de la menor de edad AA y la reasignación a Juan Carlos Sarzuri Condori; en el tercer punto, indicó que el 16 de ese mes y año, mediante comunicación telefónica se hizo conocer al investigador reasignado sobre el cuaderno de investigación y la documentación remitida; por lo que, posteriormente el nombrado se hizo presente en la Oficina de Archivo con el objeto de recepcionar el caso que le fue reasignado; finalmente, en el cuarto punto se hizo constar que, de acuerdo al Requerimiento Fiscal de reasignación, se dispuso que dicha reasignación se efectúe en el plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.5.). Asimismo, por Informe 01/2023 de 17 de febrero, dirigido al Director hoy accionado, el investigador FELCV - Anexo 25 de julio de El Alto del departamento de La Paz, informó que, con relación al proceso penal que se le reasigno, a denuncia de la accionante contra Julio César Flores Cachi -denunciado-, por el delito de violencia familiar o doméstica, en el que resultó como víctima la menor de edad AA, la misma le fue entregada el 16 del mismo de 2023, en dicho Informe el investigador asignado al caso señaló que recogió los requerimientos relacionados al proceso penal -en el que no se encontró el requerimiento de restitución de la menor de edad AA- (Conclusión II.6.). Previamente a realizar cualquier consideración de fondo, corresponde manifestar que, sobre la legitimación pasiva, se pudo advertir que Ariel Ramiro Hinojosa Villca, Fiscal de Materia, fue la autoridad que emitió el requerimiento de asignación o reasignación de investigador dirigida al Director ahora accionado; empero, no fue accionado en la presente acción de libertad; en ese entendido, conforme lo establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible ingresar de manera excepcional al fondo de la problemática planteada, respecto a quien no hubiese sido dirigido la acción de defensa; sin embargo, este comprometido con la evidente vulneración de los derechos del accionante; por lo que, en el presente caso se analizara además el accionar del Fiscal de Materia. En ese entendido y al ser la pretensión de la accionante que se restituya a la menor de edad AA -víctima- al domicilio ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, se tiene que dicha medida de protección fue dispuesta por el Fiscal de Materia a través del decreto de 10 de febrero de 2023, en aplicación al art. 35.5 de la Ley 348, que dispone: “5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo, solicite, con las garantías suficientes para proteger su visa e integridad”; por lo que, en la misma fecha emitió Requerimiento Fiscal requiriendo al investigador asignado al caso, proceda a la restitución en el hogar de la menor de edad AA de quince años, ubicado en la zona Renacer Kolla Launas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto de igual departamento; sin embargo, al entenderse que no existía un investigador en el caso de la accionante; por lo tanto, no hubo quien ejecute el Requerimiento Fiscal de restitución, el Fiscal de Materia, recién el 14 de similar mes y año, emitió referido requerimiento dirigido al Director ahora accionado, para que, por la oficina correspondiente proceda a la asignación o reasignación de investigador en el proceso investigativo, a objeto de realizar la prosecución de la causa y una vez que sea dicho investigador debió pasar en el plazo de veinticuatro horas por su despacho a efectos de revisar el cuaderno de investigación, Requerimiento que fue entregado en la Oficina de Archivos de la FELCV Dirección Regional de El Alto mencionado departamento, el 15 de ese mes y año, a las 9:30 horas, juntamente con el Requerimiento para la restitución de la menor de edad AA, así se tiene del Informe 005/23, y del libro de “registro de asistentes”; es decir que, el Fiscal de Materia entregó al Director hoy accionado el Requerimiento de reasignación juntamente con el de restitución de la referida menor de edad; siendo por ello, atribuible al Fiscal de Materia que el Requerimiento de restitución no hubiese sido ejecutado del 10 al 15 del mismo mes y año; en ese entendido, el indicado Fiscal no atendió con la debida diligencia la situación de la víctima menor de edad AA, quien es presunta víctima de un hecho de violencia en el seno familiar, cuando el Estado a través de todas sus instancias correspondientes está obligado a proteger a las mujeres; más aun, cuando son menores de edad, al presentar doble situación de vulnerabilidad, asumiendo medidas especiales, tal como son las medidas de protección, que se constituyen en mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia (Fundamento Jurídico III.3.), con la debida diligencia, por tratarse de medidas de aplicación inmediata, en procesos judiciales por violencia en razón de género, esto para impedir el riesgo existente para los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica de la víctima en consideración de su condición de adolescente mujer; por lo que, el Fiscal de Materia vulneró los derechos a una vida libre de violencia de la menor de edad AA y el derecho al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia que implica en situaciones de violencia y en el marco del principio y estándar de la debida diligencia, la respuesta efectiva a aquellas solicitudes de medidas de protección que no se limita a dictarlas u otorgarlas, sino a lograr su ejecución. Ahora bien, se tiene que el Director ahora accionado, mediante la sección correspondiente, realizó la reasignación el caso a Juan Carlos Sarzuri Condori como investigador de la FELCV - Anexo 25 de julio de El Alto del departamento de La Paz, dicha reasignación fue comunicada al nombrado el 16 de febrero de 2023, así se tiene del Informe de 005/23 y del libro de reasignación de la “FELCV-25 de julio”, extremo que fue realizado en un tiempo prudente y en el marco del requerimiento de 14 de igual mes y año, que otorgó el plazo de veinticuatro horas, para que el nuevo investigador se apersone a la Oficina del Ministerio Público a revisar el cuaderno de investigación; sin embargo, el Director hoy accionado señaló en la audiencia de esta acción la libertad, que la ejecución del Requerimiento de restitución en el hogar de la menor AA de quince años, ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, fue agendada para el 22 del mismo mes y año, luego de los feriados por carnaval, cuando el 17 de ese mes y año -un día después de tener conocimiento del caso el investigador reasignado-correspondiente a un “día viernes”, debió ejecutarse el referido Requerimiento al tratarse de la protección de una menor de edad adolescente mujer en estado de violencia, quien como señaló, en el memorial en la cual solicitó su restitución a su domicilio, no contaba con un lugar donde pernoctar, vestimenta y enseres básicos de limpieza; por lo que, si bien del indicado Director reasignó a un investigador asignado al caso de manera adecuada, consintió el accionar dilatorio en el que incurrió el nombrado, sin considerar la situación de riesgo en la que se encontraba la citada menor de edad víctima ante la falta de efectivización de la medida de protección de restitución a su domicilio, la cual es de cumplimiento inmediato; en consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada también respecto al Director ahora accionado, por falta de la debida diligencia para llevar a cabo la ejecución del Requerimiento de restitución en favor de la menor de edad AA, quien cuenta con prioridad en recibir protección y acceso a una asistencia pronta y oportuna. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Walter Paul Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de El Alto del departamento de La Paz, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que Walter Paul Lens Altamirano, Director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia del El Alto del departamento de La Paz, a través del investigador asignado al caso, proceda inmediatamente a ejecutar el Requerimiento de restitución en el hogar de la menor de edad AA de quince años, ubicado en la zona Renacer Kolla Lagunas, Av. Rosa Chávez 8052, Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, siempre y cuando aquello aún no se hubiese realizado.
b) Exhortar a Ariel Ramiro Hinojosa Villca, Fiscal de Materia, para que actúe con la debida diligencia en casos que impliquen a mujeres menores de edad en situación de violencia, a cuyo efecto, por Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional notifíquese, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al mencionado Fiscal de Materia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0340_2026-S1.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): f7b0ca45bd25cb948bf441fe3b96164f3d7f3f7c009c9564ac8fa72534c462ad
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