Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Juez ahora demandado no llevó a cabo la audiencia de revisión de su situación jurídica fijada para el 10 de abril de “2022” -lo correcto es 2023-; por lo que, el 4 de mayo del mismo año, solicitó cesación de su detención preventiva, ante lo cual se señaló audiencia al efecto para el 16 de igual mes y año; empero, pese a que las partes procesales se encontraban presentes se suspendió dicho acto procesal para el 25 de mayo de 2023, ante lo cual interpuso recurso de reposición, que no mereció pronunciamiento alguno; mientras tanto se halla privado de libertad indebidamente; dado que, ya cumplió el plazo estipulado para su detención preventiva, lo que le genera un estado de indefensión e incertidumbre jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 124 a 125, pronunciada por el Juez de Sentencia, contra la Violencia hacia La Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos (CORRESPONDE A LA SCP 0339/2026-S3 (viene de la pág. 8). jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, conminando a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, que en lo posterior enmarque su actuar en el principio de celeridad y cumpla los plazos previstos en la normativa legal en cuanto a señalamiento de audiencias de personas privadas de libertad, así evitar se reiteren conductas reñidas por el orden constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55708-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 124 a 125, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Clotilde Guzmán Castillo en representación sin mandato de Alfredo Mario Irrazabal Guzmán contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 110 a 112 vta., el accionante a través de representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de genocidio y otros, el 7 de octubre de 2022, se presentó imputación formal; es así que, mediante Auto Interlocutorio 445/2022 de 9 de octubre, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses, señalando audiencia de revisión de su situación jurídica para el 10 de abril de 2022; sin embargo, dicho acto procesal no fue llevado a cabo. Razón por la cual, el 4 de mayo de 2023, solicitó su cesación de la detención preventiva con base en lo previsto en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que mereció el decreto de 5 de igual data, señalando audiencia al efecto para el 16 de mayo de 2023; sin embargo, pese a estar todas las partes procesales presentes, de manera extraña se suspendió dicho acto procesal; ante lo cual, interpuso recurso de reposición; sin que exista pronunciamiento alguno, sino simplemente la Secretaria del Juzgado; señaló que, se suspendería “…con nota marginal sin fecha de audiencia…” (sic), siendo notificados con el decreto de 16 de mayo del mencionado año; al no ser instalada la audiencia ni desarrollada la misma, encontrándose el impetrante de tutela indebidamente procesado, dejándolo en completa indefensión e incertidumbre.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo su libertad inmediata y se restablezca las formalidades legales y se cumpla el plazo de señalamiento de audiencia al estar detenido preventivamente.
Celebrada la audiencia pública de 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 121 a 123, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de libertad y en virtud al informe de la autoridad ahora demandada y la documental adjuntada; señaló que, se tiene conocimiento del nuevo señalamiento de audiencia para el 23 de mayo de 2023, sin tener presente que la jurisprudencia; establece que, se debe señalar a los tres días de la solicitud.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por Informe escrito presentado el 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 120 señaló que: a) El impetrante de tutela es imputado dentro del proceso penal denominado “CASO SENKATA” causa que, cuenta con ciento cuarenta y uno cuerpos, teniéndose programado audiencia para revisar su situación jurídica y la solicitud de cesación de la detención preventiva, siendo la razón de no remitir los antecedentes; b) La acción tutelar presentada no se ajusta a las previsiones de lo establecido en los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ya que, no se está lesionando ningún derecho fundamental o garantía constitucional; toda vez que, la audiencia fue programada en virtud a la tablilla de audiencias del despacho judicial; y, c) Es de conocimiento del abogado defensor, que el día de la audiencia se esperó un tiempo aproximado de media hora para instalar el acto procesal; sin que, se conecten del recinto penitenciario, y ante la falla del sistema de internet se suspendió y reprogramó el acto procesal.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia La Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 13/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 124 a 125, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, se dé estricto cumplimiento del art. 239.2 del CPP, señalando audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, una vez conocida de la presente resolución. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Una vez suspendida la audiencia del 16 de mayo de 2023, por el Juez ahora demandado, se evidencia del acta de dicho acto procesal, que se reprogramó dicha audiencia para el 25 de mayo de 2023; lo que no se encuentra, dentro del plazo estipulado en la normativa procesal, ya que se halla señalado fuera del plazo de cuarenta y ocho horas; tampoco, se presentó la tablilla de audiencias que demuestre que no habría espacio en la agenda del despacho judicial “…o como también establecer la suplencia de la autoridad jurisdiccional o personal de apoyo jurisdiccional, aspectos que se extrañan” (sic); y, 2) Razonamiento que guarda relación con lo establecido en el art. 115 de la CPE, que establece que toda persona será protegida de manera oportuna y efectiva por los administradores de justicia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo Sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sortero de la presente causa.
De la revisión de antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia del Auto Interlocutorio 445/2022 de 9 de octubre, pronunciado por Ángel Rene Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alfredo Mario Irrazabal Guzmán -ahora accionante-, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San pedro de La Paz, por el lapso de seis meses, señalando audiencia para considerar su situación jurídica para el 10 de abril de “2022” -siendo lo correcto 2023- (fs. 2 a 7).
II.2. Mediante memorial presentado el 4 de mayo de 2023, el solicitante de tutela, solicitó cesación de la detención preventiva (fs. 10 vta.), que mereció el Decreto de 5 de mayo de 2023, emitido por Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- que señaló audiencia para el 16 de mayo de 2023 (fs. 11). II.3. Se tiene el Acta de Audiencia Virtual de Consideración de Cesación de la Detención Preventiva de 16 de mayo de 2023, que en la parte final la autoridad judicial -ahora demandada- dispuso el señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica del impetrante de tutela para el 25 de mayo de 2023 (fs. 118 a 119).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Juez ahora demandado no llevó a cabo la audiencia de revisión de su situación jurídica fijada para el 10 de abril de “2022” -lo correcto es 2023-; por lo que, el 4 de mayo del mismo año, solicitó cesación de su detención preventiva, ante lo cual se señaló audiencia al efecto para el 16 de igual mes y año; empero, pese a que las partes procesales se encontraban presentes se suspendió dicho acto procesal para el 25 de mayo de 2023, ante lo cual interpuso recurso de reposición, que no mereció pronunciamiento alguno; mientras tanto se halla privado de libertad indebidamente; dado que, ya cumplió el plazo estipulado para su detención preventiva, lo que le genera un estado de indefensión e incertidumbre jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, respecto a la acción de libertad innovativa señaló que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (Las negrillas nos corresponden). Por su parte la SCP 0620/2024-S4 de 17 de septiembre, citando a la SCP 0585/2013 de 21 de mayo, también manifestó: “…En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa- permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012, 'la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada'.
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas son nuestras).
La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción; señalando que, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0117/2019-S2 de 8 de abril y 0319/2019-S2 de 29 de mayo, entre otras.
Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, la CPE en su art. 23.I, reconoce el derecho a la libertad personal como un derecho fundamental primario que debe ser protegido de manera especial; lo que, se materializa a través de la acción de libertad, concebida como un mecanismo tutelar de carácter sumarísimo destinado a resguardar este derecho frente a vulneraciones o también amenazas. En ese marco, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado diversas modalidades de esta acción de libertad, entre ellas la traslativa o de pronto despacho, así como la innovativa, que tiene por finalidad corregir las dilaciones indebidas en la tramitación de solicitudes vinculadas a la libertad personal y evitar que en lo posterior se reiteren conductas reñidas por el orden constitucional. Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional referida; estableció que, toda autoridad judicial como también administrativa que conozca peticiones relacionadas con la libertad física tiene el deber ineludible de tramitarlas y resolverlas con la mayor celeridad posible, o al menos dentro de plazos razonables; en consecuencia, la vulneración del derecho a la libertad no se produce únicamente por una decisión negativa, sino también por la demora injustificada en emitirla, pues dicha dilación implica una restricción indebida del derecho, prolongando ilegítimamente concretar su situación jurídica de la persona que se halla con privación de libertad. En el caso concreto, se advierte que la autoridad judicial incurrió en una dilación injustificada al no llevar a cabo las audiencias señaladas para definir la situación jurídica del accionante; que ante la solicitud de cesación de detención preventiva presentada por el solicitante de tutela, el 4 de mayo de 2023 (Conclusión II.2), la autoridad demandada señaló audiencia para el 16 de igual data, sin considerar el plazo legalmente estipulado en el CPP en su art. 239.2 y Parte Final “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”; menos el principio de celeridad que, debe regir en los casos donde se hallen involucrados privados de libertad; en dicho acto procesal pese a la concurrencia de las partes que hacía posible la realización de la audiencia, la misma fue suspendida sin causa válida; lo cual, motivó a la interposición del recurso de reposición (Conclusión II.3). El Juez ahora demandado, además de omitir resolver el recurso de reposición interpuesto y diferir nuevamente la consideración del caso recién para el 25 del citado mes y año, evidencia una falta de diligencia incompatible con los principios de celeridad y eficacia, al haberse demostrado que la lesión al derecho a la libertad personal deriva de la demora indebida en la tramitación y resolución de su situación jurídica; correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada en ambas modalidades de pronto despacho e innovativa; considerando que, si bien la autoridad ahora demandada señaló nueva audiencia para resolver la solicitud de cesación a su detención preventiva del impetrante de tutela; empero, la lesión al derecho a la libertad ya fue consumada al no haber desarrollado la misma para la revisión de su situación jurídica señalada; en principio, para el 10 de abril de 2023; y ante la solicitud de cesación de su detención, omitió considerar para su señalamiento, la norma prevista en el art. 239.2 del CPP; es decir, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; y, posteriormente, suspender la realización de la audiencia fijada y señalar nueva fecha para el 25 de mayo de 2023, sin cumplir el plazo de cuarenta y ocho horas. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2023 de 19 de mayo, cursante de fs. 124 a 125, pronunciada por el Juez de Sentencia, contra la Violencia hacia La Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme con los fundamentos (CORRESPONDE A LA SCP 0339/2026-S3 (viene de la pág. 8). jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, conminando a Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, que en lo posterior enmarque su actuar en el principio de celeridad y cumpla los plazos previstos en la normativa legal en cuanto a señalamiento de audiencias de personas privadas de libertad, así evitar se reiteren conductas reñidas por el orden constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0339_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6ee65feb415478f0545af52e0af7d64f3d53cf6c7025d29d35f3fa44bcb676d5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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