Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos libertad y “dignidad”, en mérito a que la autoridad y funcionaria administrativas demandadas, no dan cumplimiento al Mandamiento de libertad que el Juez de Instrucción Penal Quinto de La Paz, emitido en su favor, el 15 de junio de 2022, orden judicial que fue conocida por los demandados el mismo día. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o no la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 19 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamento Jurídicos de la presenté fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2024-S4 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48847-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2022 de 19 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Willy Freddy Mancilla, contra Franz Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz; y, Paola Aguilar, Encargada de Archivos y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de junio de 2022, cursante de fs. 11 a 13 vta., el impetrante de tutela manifestó lo siguiente:
Sometiéndose a procedimiento abreviado, fue condenado a cumplir pena privativa de libertad de literal años, por los delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias y robo en grado de tentativa, con lo cual y previa activación de una primera acción de libertad –ante la dilación ocasionada por el Juez de la causa–; el Juez de Instrucción Penal Quinto, mediante Resolución 211/2022 de 15 de junio, le otorgó el perdón judicial, emitiendo el mismo día, Mandamiento de libertad en su favor, ya que en la sustanciación del referido proceso se encontraba guardando detención preventiva. Sin embargo, y pese a que, el mismo día –15 de junio de 2024– mediante la Oficina Gestora de Procesos N° 3, la señalada orden judicial ingresó a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela, su libertad no fue materializada, por lo cual considera encontrase privado de la misma de manera ilegal.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la “dignidad” citando al efecto los arts. 22, 73.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se restablezcan sus derechos invocados, y que sea protegido oportuna y efectivamente por las autoridades jurisdiccionales.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de junio de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 17 a 21; presentes la parte accionante y la funcionaria administrativa del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz –hoy demandada–; y ausente la autoridad administrativa demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, ratificó de manera íntegra su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en que, son cuatro días, en los que se encuentra ilegalmente privado de su libertad, puesto que el 15 de junio de 2022, debió materializarse el Mandamiento de libertar emitido por el Juez de la causa en favor suyo.
Franz Laura Berrios, Director Departamental del Régimen Penitenciario de La Paz, pese a notificación cursante a fs. 15, no remitió informe alguno. Paola Aguilar, Encargada de Archivos y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, en audiencia tutelar señaló que: a) Tuvo conocimiento del Mandamiento de libertad en favor del hoy accionante el 17 de junio de 2022, después de verificar los archivos, remitió su informe a las 17:00 del mismo día al agente policial encargado de elaborar el informe final; b) En los registros de archivos y Kardex el accionante se encuentra identificado con el código M-6632, este código cuenta con dos mandamientos, el primero de 3 de junio de 2022 de detención preventiva dentro del proceso penal en el cual es investigado por el presunto delito de allanamiento de domicilio, y el segundo, es un mandamiento de apremio de 21 de agosto de 2017, ante incumplimiento de asistencia familiar; c) Su función, únicamente es emitir los informes ante la existencia de alguna solicitud, en este caso ante la existencia de un Mandamiento de libertad en favor del accionante, siendo el Director el Recinto Penitenciario de San Pedro el “Coronel Machicado” (sic), quien tiene la facultad de ejecutar las órdenes judiciales; y, d) Tienen una dependencia con el Director Departamental de Régimen Penitenciario, por lo tanto, no cuenta con legitimación pasiva, ya que no tiene la atribución de dar cumplimiento a los mandamientos de libertar.
El Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 15/2022 de 19 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos: 1) Una vez que se ha emitido en favor de la persona privada de libertad el correspondiente Mandamiento de libertad, este debe ejecutarse de manera inmediata, ya que al no hacerlo se priva de este derecho a una persona a la que se le ha restituido su libertad; 2) Es cierto que el Director de Régimen Penitenciario tiene algunas atribuciones respecto a la población carcelaria, pero no es la autoridad indicada que deba, verificar el Mandamiento de libertad, mucho menos dar cumplimiento a esta orden judicial; 3) Seguramente el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no tiene conocimiento sobre la existencia del Mandamiento de libertad, aspecto que es responsabilidad del hoy accionante, quien debió dirigirse a la autoridad llamada por Ley para el cumplimiento de la orden judicial; y, 4) No existiendo ninguna documentación que permita establecer que el accionante antes de presentar la presente acción de tutela, hubiere reclamado esta situación al Juez contralor de garantías, y en aplicación de la subsidiariedad excepcional que indica que deben agotarse los recurso internos, es que amerita denegar la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de libertad emitido el 15 de junio de 2022, por el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, en cumplimiento de la Resolución 211/2022 de 15 de junio, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del hoy accionante por los presuntos delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias y robo agravado en grado de tentativa, señalando que, “MANDA Y ORDENA. Al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, para que ponga en libertad al ciudadano que responde al nombre de Willy Freddy Mancilla” (sic); cursando al efecto, sello de recepción de la Dirección del Recinto Penitenciario San Pedro de la misma fecha a horas 15:44 (fs. 2).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos libertad y “dignidad”, en mérito a que la autoridad y funcionaria administrativas demandadas, no dan cumplimiento al Mandamiento de libertad que el Juez de Instrucción Penal Quinto de La Paz, emitido en su favor, el 15 de junio de 2022, orden judicial que fue conocida por los demandados el mismo día. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o no la tutela solicitada.
Autoridad competente para su ejecución En referencia al cumplimiento de los mandamientos de libertad, el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), señaló que: “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan”. Ahora bien, respecto a las condiciones de cumplimiento de los mandamiento de libertad y la Autoridad determinada por Ley a dar cumplimiento a esta orden judicial, la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, estableció que: “…resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento’, línea jurisprudencial que ha sido replicada en diversas Sentencias de este Tribunal. Así la SCP 1306/2014 de 30 de junio, señaló que: ‘Sobre el cumplimiento inmediato de los mandamientos de libertad, en el art. 39 de la LEPS, se señala que: «Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan», disposición que tiene por finalidad garantizar los derechos de las personas privadas de libertad pero sobre todo el principio de celeridad, vale decir, que se restituya el derecho a la libertad de la manera más pronta posible; sin embargo, ya el anterior Tribunal Constitucional estableció dos aspectos que deben ser observados a momento de cumplir esta disposición legal y que de ninguna manera puede ser interpretada como restrictiva de la libertad, es así que como primer punto se señaló que los encargados de recintos penitenciarios de manera previa a la ejecución del mandamiento de libertad deben verificar si en el file de la persona privada de libertad no existe otro mandamiento que restrinja el derecho a la libertad y segundo, deben verificar si el mandamiento presentado es auténtico” (el resaltado es nuestro). En relación a la autoridad encargada de verificar las citadas condiciones, a fin de cumplir con el mandamiento de libertad la SCP 0187/2018-S2 de 14 de mayo, sostuvo que: “…los arts. 58 y 59.9 de la LEPS, establecen que el Director del establecimiento penitenciario es el responsable del manejo y funcionamiento del mismo, por encontrarse a su cargo; constituyéndose en una de sus atribuciones mantener actualizado el registro penitenciario; lo cual concuerda con lo previsto en el art. 2.8 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, aprobado por Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002, que señala como una atribución de los funcionarios de la administración penitenciaria y de los administradores de justicia, la de: ‘Mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad, incluyendo su identidad, las razones de su privación de libertad y la autoridad responsable, y el día y hora de su admisión y puesta en libertad’; por consiguiente, recibido un mandamiento de libertad, emanado de autoridad competente, los encargados de las prisiones, están obligados a su cumplimiento inmediato, con la finalidad de evitar lesionar derechos y garantías del detenido; debiendo verificar si existen o no, otros mandamientos contra el imputado; y si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, se tiene que solicitar sin demora, toda la información que sea pertinente y revisar los registros existentes antes de dar curso al mismo” (las negrillas nos pertenecen).
En cuanto a la legitimación pasiva en acción de libertad, la SCP 0831/2019-S4 de 12 de septiembre, aludiendo a la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, sostuvo que: “…La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R” (el resaltado nos pertenece).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos invocados, alegando que, tanto el Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz como la Encargada de Archivos y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz –ambos demandados–, pese a haber conocido del Mandamiento de libertad emitido en su favor, no dan cumplimiento al mismo, pues trascurridos cuatro días de lo señalado –coincidente con la interposición de esta acción de libertad–, continúa privado de su libertad. En ese contexto de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se hace evidente la existencia de un mandamiento de libertad librado por el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz el 15 de junio de 2022, mismo que manda y ordena al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, ponga en libertad a Willy Freddy Mancilla, hoy accionante, cursando al efecto en el mismo mandamiento, sello de recepción del Centro Penitenciario San Pedro, a las 15:44 del mismo día. En ese marco, es importante señalar que, resoluta implícito el deber jurídico que tiene el Director del Centro Penitenciario de dar cumplimiento inmediato a los mandamientos de libertad puestos en su conocimiento, debiendo únicamente verificar si la orden judicial es auténtica y si no existe otra orden judicial en contra del privado de libertad que evite que éste recobre el referido derecho; por consiguiente, el Director del establecimiento penitenciario es el responsable del cumplimiento de la orden judicial como es responsable del manejo y funcionamiento de los archivos y kardex para proceder a la verificación antes señalada, deber que incumbe además de mantener actualizado el registro penitenciario con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial de libertad de manera pronta y oportuna, con la finalidad de evitar lesionar derechos y garantías del detenido (Fundamento Jurídico III.1). En ese entendido, queda claro que es el Director del Centro Penitenciario, la autoridad que por Ley tiene la atribución de dar cumplimiento a los mandamientos de libertad, y sobre quien recae cualquier responsabilidad ante la dilación en la ejecución de estas órdenes judiciales, y que en el presente caso, es coincidente con el Mandamiento de libertad librado en favor del hoy accionante que de manera específica establece que, quien debe dar cumplimiento a la referida orden, es el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.1); sin embargo, el impetrante de tutela, activo la presente acción de libertad en contra del Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz y de la Encargada de Archivos y Kardex del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; autoridad y funcionaria, que como se analizó ut supra, no cuentan con la atribución de efectivizar el Mandamiento de libertad, en cuestión. Por lo cual, y tomando en cuenta que, la acción de libertad debe estar dirigida contra la autoridad pública que presuntamente cometió el acto ilegal o la omisión indebida que dio lugar a la lesión de los derechos tutelados por este mecanismo de defensa constitucional; es decir, que se debe cumplir con la legitimación pasiva, que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción de libertad (Fundamento Jurídico III.2). En análisis del presente caso, dado que la parte accionante interpuso esta acción de tutela contra una autoridad y funcionaria que no cuentan con la atribución de dar cumplimiento al Mandamiento de libertad, siendo que, en este caso la Autoridad que tiene dicha facultad es el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, no se tiene por cumplida la legitimación pasiva, por lo cual, sin emitir mayores criterios, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 19 de junio, cursante de fs. 22 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamento Jurídicos de la presenté fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0339_2024-S4.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): ba7dceee24574f2c070384d583223a514742206c05e6366f2284589121d43c9a
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →